La huelga de los empleados y de las empleadas judiciales, con un impresionante y abrumador respaldo, llega hoy, lunes 24 de julio de 2017, a su sexto día. La ANEP lamenta las consecuencias dolorosas derivadas de este movimiento huelguístico, inédito en toda la historia del Poder Judicial de Costa Rica.
Sin embargo, la culpa no es ni del personal judicial en huelga, como tampoco lo es de los diversos gremios y sindicatos que le representan.
La huelga estalla cuando se deshonró, en sede legislativa, un acuerdo político establecido entre diputados y diputadas de diversas fracciones con el cuerpo gremial del Poder Judicial, para introducirle reformas al sistema de pensiones de este conglomerado laboral-judicial, a partir de un proyecto elaborado por sus mismas representaciones obrero-sindicales. Un proceso así habría garantizado un proceso diáfano y sólido, de diálogo social y de negociación efectiva.
La ruptura de tal acuerdo y su corolario, la imposición del proyecto generado con la visión de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), y teniendo como base, según se dice, un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR), le dio fuerza social, laboral, moral y ética al movimiento del personal judicial costarricense.
Y aquí cabe introducir un nuevo elemento polémico que tiene que ver con la “incuestionabilidad” de los estudios científico-técnicos elaborados en la UCR: ya vimos la polémica en desarrollo acerca de los cuestionamientos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), le formuló al estudio de este centro universitario en contra del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Nos preguntamos: ¿podría estar pasando lo mismo con el estudio de pensiones de la UCR sobre el sistema de pensiones del Poder Judicial y su sostenibilidad en el mediano y largo plazos? ¿Por qué los señores diputados que deshonraron su acuerdo con los gremios judiciales le dieron “carta de ciudadanía”, a ciegas, al estudio de la UCR sobre las pensiones judiciales, desatando así esta huelga?…
La reacción laboral de los y de las judiciales no podía ser otra, puesto que sus dirigentes se esmeraron en demasía por presentar un proyecto que no tendría que depender de las golpeadas finanzas del Estado central, pues ellos mismos los estarían sufragando. Además, el proyecto de los gremios y sindicatos judiciales acaba con las denominadas pensiones de lujo que han imperado en este poder de la República.
Mientras el país se va hundiendo en una creciente crisis fiscal que amenaza con un descalabro similar al ocurrido en países como Portugal y como Grecia; ciertos diputados se enfrascan en una discusión sobre un sistema de pensiones específico, como el de los y de las judiciales, que nada tendría que ver con el descalabro, ya en perspectiva de corto plazo, de las finanzas centrales del Estado, según lo expresa la tesis del proyecto gremial objeto de un acuerdo político-legislativo ahora deshonrado y causa fundamental de esta huelga, polémica e histórica.
ANEP está haciendo un vehemente llamado público a las distinguidas diputadas Marcela Guerrero Campos y Natalia Díaz Quintana, así como a los señores diputados Franklin Corella Vargas y Johnny Leiva Badilla para que ¡paren esta huelga!, rectificando de su deshonra al acuerdo firmado con los gremios judiciales, causa fundamental del estallido de este movimiento ya histórico.
ANEP celebra, por el contrario, que la sensatez política en un tema de tanta sensibilidad y explosividad social, haya motivado a las señoras diputadas doña Sandra Piszk Feinzilber y a doña Maureen Fallas Alvarado, así como al señor diputado Jorge Arguedas Mora, para abogar por mantener el acuerdo de respetar la iniciativa gremial sobre las pensiones judiciales.
Desde la noche del primer día de esta huelga, el pasado miércoles 19 de julio, la ANEP envió al personal judicial del país un primer mensaje de apoyo y de solidaridad; apoyo y solidaridad que hemos reiterado en estos días; apoyo y solidaridad que seguiremos brindando.
Más allá, repetimos, de las consecuencias dolorosas de esta huelga, que nos conmueven profundamente, se debe reparar en su génesis y cómo la deshonra de un acuerdo político-legislativo, no es más que certificar el ensanchamiento creciente de la distancia entre gobernantes y gobernados.
La ANEP celebra que ya otras agrupaciones del Movimiento Sindical Costarricense se hayan pronunciado en apoyo al movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras judiciales de nuestro país.
Particularmente, en el ámbito del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, resaltamos el pronunciamiento ya emitido por nuestra organización hermana, el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE).
ANEP hace un llamado a la totalidad de las organizaciones sindicales y sociolaborales costarricenses para que nos apersonemos a la gran marcha de los y de las judiciales que tienen previsto realizar este próximo miércoles 26 de julio.
San José, lunes 24 de julio de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
