Categoría: Institucional

Luego de soportar durante tres años diversos abusos laborales por parte de la coordinadora de la Finca Experimental Diamante, Xinia Solano, los trabajadores han recuperado la tranquilidad laboral, gracias a diversas e insistentes denuncias interpuestas por la Seccional ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Así lo manifestó Alex Vargas, Presidente de la Seccional ANEP-Finca Experimental Diamante quien indicó que una visita del MTSS a la finca pudo verificar el abuso y maltrato psicológico al que eran sometidos los trabajadores.

“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pudo constatar que tanto las agresiones verbales, como psicológicas eran reales. Además, tuvimos una repuesta muy buena por parte de la nueva Viceministra del MAG (Gina Paniagua), ya que el 27 de junio la señora cuestionada abandonó la finca”, dijo Vargas.

La Finca Experimental Diamante es una propiedad ubicada en Guápiles dentro del Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología (INTA), ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según indicó Vargas el pasado mes de marzo, la situación de acoso laboral se venía presentando desde hace tres años, cuando asumió la dirección de la finca, Xinia Solano Fernández, situación que se agravó aún más, cuando los trabajadores decidieron agremiarse a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y establecer su seccional con el objetivo de proteger su integridad y derechos laborales.

“Teníamos una amenaza de despido de 10 compañeros del sindicato por tratar de defender nuestros derechos. Desde que ella (Xinia Solano) llegó constantemente se nos ha agredido verbalmente, nos humilla, nos ha dicho en varias ocasiones que tiene principios nacistas. Incluso hasta nos trata de retrasados, estúpidos, que no servimos para nada”, aseveró Vargas en su momento.

Sin embargo, actualmente esta situación ha cambiado para los trabajadores de la Finca Experimental Diamante y su ambiente laboral ha dado un giro, no solo para el bienestar de los trabajadores si no para el crecimiento y desarrollo de la finca.

“Gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y la ANEP que nos ha ayudado montones en este asunto, ahora tenemos un nuevo coordinador interino, Pablo Acuña; que en realidad nos trata muy bien, tenemos un ambiente laboral bastante bueno, tenemos una paz, una tranquilidad, los trabajadores dicen que el cambio es tota, l ya que la situación con Xinia era muy complicada día a día. Ahora Pablo nos respeta y toma en cuenta a la Seccional con reuniones y negociaciones para darle un mejor mantenimiento a la finca”, detalló Vargas.

Según indicó el Presidente de la Seccional, con la presencia de Xinia Solano la finca estaba por cerrar, debido que áreas como el laboratorio, la granja porcina y los potreros dejaron de prestar servicios, sin embargo a la fecha se volvieron a abrir.

Otro de logros y esfuerzos que resaltan los trabajadores, es la obtención de la certificación de Carbono Neutro entregada por la EARTH, lo que potencia en gran escala a la Finca Experimental Diamante.

“Creemos que ahora debemos seguir luchando por un mejor bienestar, no sabemos si Pablo va a seguir con nosotros, no sabemos quién viene de coordinador cuando termine su gestión, si será nuevamente doña Xinia, entendemos que cuenta con un permiso, pero seguimos con una nueva esperanza porque los trabajadores han notado el cambio para bien desde que ella salió”, aseveró Vargas.

Ahora la intención de la Seccional ANEP-Finca Experimental Diamante, es lograr que las autoridades del MAG nombren de forma permanente a Pablo Acuña como coordinador, ya que su presencia al mando de la finca a potencializado el bienestar, crecimiento y desarrollo de la finca.

La Finca Experimental Diamante es una propiedad ubicada en Guápiles dentro del Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología (INTA), ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),

Representantes de la Seccional ANEP-Tiendas Libres, que se ubican en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se reunieron con Carlos Alvarado Quesada, Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para exponerle algunos puntos sobre el manejo de dichas tiendas a cargo de la entidad.

Esteban Solís Hernández, Presidente de la Seccional ANEP-Tiendas Libres indicó que este es el primer acercamiento que tienen con el actual jerarca de la institución, por lo que uno de sus objetivos era presentarse ante el Presidente, y a la vez mostrar la forma de trabajar de la seccional y los puntos que se quiere defender.

“Entre esos puntos se encuentra: información que se nos han negado, ya que queremos realizar varias denuncias, sin embargo necesitamos de esa información para poder sustentarlas. Las denuncias sería sobre subcontrataciones que realizó el IMAS referente a ciertos negocios que tienen internos. Es un tema nuevo que se generó hace escasos dos meses”, manifestó Solís.

El Presidente de la Seccional indicó que otros de los temas tratados con el jerarca del IMAS, abordan situaciones laborales, negociaciones que tiene la institución con proveedores dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, así como la administración de las Tiendas Libres y el tipo de trabajo que desempeñan los trabajadores; en cuestión de horarios y funciones.

“También buscamos que se evalúe y califique toda nuestra jefaturas, ya que en ventas es totalmente sabido que los vendedores deben de tener buena relación con estos, porque somos un equipo. Sin embargo no contamos con esa relación y desconfiamos totalmente de la administración, pero si deseamos retomar esa relación y mantener un clima de confianza”, dijo el Presidente de la Seccional.

Otro de los objetivos de la Seccional ANEP-Tiendas Libres es establecer una Convención Colectiva de Trabajo en busca de un clima de trabajo que permita un mejor desempeño tanto para los trabajadores, el IMAS y las tiendas.

Por lo menos, ¡déjennos que expresemos nuestra profunda indignación! El periódico La Nación da cuenta en su edición de este día jueves 17 de julio de 2014, que la “CCSS prorroga contratos a empresa investigada”, por un presunto intento de fraude con facturas de piezas de ortopedia en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Se trata de la firma Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda.

Se indica en la información periodística que la Caja, pese al cuestionamiento que pesa sobre tal empresa, ha decidido comprarle a la misma insumos ortopédicos por la cantidad de unos 500 mil dólares. Adicionalmente, se tiene en perspectiva una compra por 1.240 millones de colones, indica la mencionada información de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha estado involucrada en la denuncia del intento de fraude en el Hospital Calderón Guardia por el cual dicha firma está siendo investigada, razón por la cual nos sentimos con autoridad moral para condenar, fuertemente, esta decisión que vemos como éticamente incorrecta y que vemos como un golpe a la prédica de transparencia en la cosa pública que dice defender el presente Gobierno de la República.

Aunque caiga en el vacío, formulamos fuerte emplazamiento público a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que se refiera al tema con contundencia y nos explique si tuvo que ver en la toma de seguirle comprando a dicha firma empresarial, envuelta en un caso de presunta corrupción de enorme magnitud y que podría ser el más grave a nivel de un hospital nacional clase “A”.

A la vez, particularmente, nuestro emplazamiento público va dirigido a la señora Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidente Ejecutiva de la CCSS; y en el mismo sentido, siempre con respeto pero con vehemencia en uno y en otro caso, también es necesario que el ciudadano don Mario Devandas Brenes, representante sindical en el seno de la directiva de la Caja, se refiera al tema.

Desde nuestra perspectiva y como una de las organizaciones integrantes del proceso de propuesta social multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”; este tipo de circunstancias nos reafirma nuestra percepción de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vive una especie de secuestro por parte de poderosos grupos corporativo gremiales, internos y externos, que han convertido la necesidad del pueblo trabajador de tener acceso universal a la Salud Pública, como un Derecho Humano fundamental, en un negocio particular que acreciente el patrimonio personal de unos cuantos.

Lamentamos profundamente y condenamos con energía este proceder, llamando la atención en cómo es que a nombre de la institución sale en defensa de esta cuestionable compra, un funcionario tecnócrata de segundo nivel y no la máxima jerarquía político-institucional.

Finalmente, el deterioro de la transparencia que si presenta en muchos negocios que se hacen con los servicios públicos deja en evidencia que lo legal anda por un lado; y los aspectos ético-morales de la cosa pública, van por otro. Con situaciones como ésta nos convencemos más de ello.

Doctora
María del Roció Sáenz Madrigal
Presidenta Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Asunto: Denuncia sobre mal manejo de sistema de becas de la CCSS con posible daño patrimonial millonario en perjuicio de la institución.

Estimada doctora: Reciba, en primer término, un respetuoso saludo a nombre de la organización sindical que nos dignamos representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Deseamos compartir con su digna autoridad, nuestra profunda preocupación al haber recibido en esta organización, una nueva denuncia relacionada con el uso de los recursos económicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); denuncia que tiene que ver con una situación presuntamente anómala sucedida en el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), entidad con dependencia de la Gerencia Médica institucional.

Este asunto tiene fundamento en el documento “Análisis de la situación actual de las operaciones de beneficio para estudio. Segundo semestre del 2013”, llegado a la ANEP, indicando el mismo haber sido elaborado por el área de soporte técnico a los procesos de investigación e innovación tecnológica, del Cendeisss.

El dato principal refiere a que de 1439 becados por el sistema de auxilio reembolsable de la CCSS manejado en esta dependencia, más de 400 no cancelaron ese auxilio; o sea, la institución dejó de cobrar cerca de 625 millones de colones, con el agravante de que algunos de quienes recibieron el beneficio de ser los becados se encuentran pensionados, algunos ya no trabajan para la CCSS o murieron. Esta información corresponde solamente al último trimestre del año 2013.

El fondo de becas ha girado cerca de dos mil millones de colones a becarios, dinero evidentemente que se lo deben a la institución, y que como se demuestra en este informe, es dinero muy difícil de cobrar por “aspectos técnicos”, por un lado; y, por otro, por indolencia y/o falta de voluntad política, como más adelante le daremos a conocer y a partir de que adjuntamos a este oficio, copia del estudio referido y de construcción profesional interna.

El problema es que no existe un sistema informático que permita llevar un control de la recuperación de esos auxilios que deben reembolsar quienes tienen una beca de estudio aprobada por la institución, mismas que de resultar necesario hasta debieran pasarse a cobro judicial; acciones que resultan urgentes debido a que las becas son ayudas de estudio y no significa que quienes gocen del privilegio de obtenerlas puedan evadir sus compromisos en perjuicio patrimonial de la institución, aspecto que estamos seguros usted comparte con nosotros.

En el año 2006 se emigró de sistema SPH al SICERE; entonces, la Gerencia de Pensiones a la cual se le asignó la atención de lo relativo a las becas, junto a los créditos hipotecarios, no atendió oportuna y diligentemente la situación de cobro y control del sistema, que mantiene serias deficiencias operativas.

Existe un antecedente de gestión del entonces Director Ejecutivo del Cendeisss, doctor Álvaro Salas Fernández, persona que según se nos informó habría advertido al director financiero institucional, don Iván Guardia y al Gerente de Pensiones de ese momento, la necesidad de concertar un encuentro para tratar el tema, reunión que aparentemente nunca se realizó. Parece ser que ninguno de estos personeros de la institución asumió responsabilidades administrativas delegadas sobre todo lo relativo al otorgamiento de las becas, También sabemos que el doctor Salas decidió jubilarse y dejó en otras manos “la brasa caliente”, que ahora sin duda compromete su gestión al frente de la institución.

El asunto es tan grave que para saber cuánto adeuda cada becario se debe recurrir a un estudio individual, “a pie”, donde podría o no aparecer con deudas como producto de las deficientes condiciones del sistema de cobro. De toda esta situación está enterada la auditoria institucional y la propia Gerencia Médica.

Es necesario dar revisión a los antecedentes, conclusiones y recomendaciones de este estudio del que podríamos concluir que casi un 90% de los dineros girados para becas, podrían nunca ser cobrados en evidente daño patrimonial a la institución (páginas 10, 11, 50, 51 del informe).

Al darse el nombramiento de la doctora Sandra Rodríguez Ocampo, como sucesora en el cargo del ya mencionado doctor Salas, el equipo profesional que elaboró este estudio, se lo entregó. Se nos informa, además, que la doctora Rodríguez Ocampo reunió al personal para felicitarlo y agradecer la elaboración del estudio pero, aparentemente, no gestionó nada para corregir lo delicado que expone, situación que estamos solicitando se investigue a profundidad.

Debe llamarse a rendir explicaciones a la señora politóloga Lorena Delcor Domínguez, quien se desempeña como la jefe del Departamento de Becas de la institución, para que demuestre cuáles son las razones para que no se actúe respecto al riesgo que corren estos fondos de la institución.

Asimismo creemos necesario sea esclarecido a qué se debe la falta de controles y directrices de la Gerencia Médica a cargo de la doctora María Eugenia Villalta, situación que con prontitud deberá conocer tanto la nueva junta directiva de la CCSS, así como esa Presidenta Ejecutiva.

Es de su conocimiento que nuestra representada viene impulsando, junto a otras entidades de la sociedad civil, la iniciativa social “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja” y este tema pude tener relación con los conflictos de interés enunciados en dicha propuesta. En tal sentido, creemos en la corrección a la brevedad posible de este tipo de problemas mismos que colocan en serio riesgo no sólo las finanzas de la CCSS, para que se evite la corrupción y las deficiencias de gestión con los recursos que deben ser usados para fortalecer la institución, emblema de la seguridad social costarricense.

Nuestra organización sindical ANEP no descansará en denunciar cada vez que sea necesario este tipo de asuntos que, por razones obvias, nos obligan a proteger la fuente y que han sido ignorados muchas veces por administraciones anteriores y algunas veces hasta toleradas, situación que no dudamos cambiará con su llegada a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Le agradecemos nos informe sobre las acciones que se realicen al respecto. Le indicamos que adjunto a la presente va el estudio en mención, copia en físico que le hacemos llegar, tanto como a la señora Gerente Médico de la Caja, doña María Eugenia Villalta Bonilla. Las otras autoridades a las cuales les enviamos copia de esta denuncia, pueden tener acceso a la misma por previa solicitud para envío en físico, también, o en vía electrónica.

Sin más de momento, nos suscribimos con la debida consideración y respeto de su autoridad.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP
Responsable ANEP-CCSS

Ante los diversos cuestionamientos suscitados en los últimos días contra la Defensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, planteamos que lo mejor es que en tal circunstancia, que doña Ofelia renuncie porque siendo la Defensoría una de las pocas entidades de nuestra institucionalidad que todavía tiene prestigio ante la ciudadanía, someterla a un proceso de cuestionamiento por la controversia en que ya está sometida su máxima autoridad, es mejor que ésta renuncie.

Leyendo las declaraciones en los diversos medios de comunicación, se notará que las evidencias son muy fuertes y que las declaraciones de doña Ofelia incrementan las sospechas de realidad en lo denunciado.

Cuando se discutió en el parlamento su designación, por vez primera, hicimos pública nuestra oposición, junto a otras entidades sociales de diverso orden y varios ciudadanos y varias ciudadanas que, en ese momento, le asociaban muy fuertemente a ella con los hermanos Arias Sánchez y lo que ellos venían representando, en un escenario de alta confrontación social y de gran polarización en el marco del proceso del TLC con los Estados Unidos y luego del “fraudurendum” del 7 de octubre de 2007.

Conforme fueron transcurriendo los primeros cuatro años de gestión de doña Ofelia nuestra opinión varió al punto de que, en el marco de su reelección, públicamente admitimos que nos habíamos equivocado al habernos opuesto a su nominación primera, pues los resultados positivos en materia de defensa de derechos de la población habitante estaban a la vista.

Particularmente, diversas gestiones de ANEP ante la Defensoría de los Habitantes de la República fueron muy bien tratadas. Es más, doña Ofelia logró su reelección con una “lujosa” votación parlamentaria.

En el arranque de su segunda gestión, ya la ANEP le había tocado dos veces la puerta: con ocasión del conflicto sociolaboral en la Municipalidad de San José, a raíz del repudiado y cuestionado contrato privatizador con la empresa PASA en el servicio de limpieza urbana y de recolección de basura, lo que generó una huelga de un día sumamente fuerte; y, a la vez, ligado con ello, la muerte de un ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral y de presunta ilegalidad contractual por parte de esta empresa y con la “venia” de algunas jefaturas de la propia municipalidad. La Defensoría está tramitando positivamente ambas situaciones denunciadas por la ANEP ante ella.

Más recientemente y ya al final de la misma, en la huelga de una semana de la Municipalidad de Santa Ana, hemos tenido una intervención oportuna de la Defensoría, que se da luego de una llamada telefónica nuestra a doña Ofelia.

Ahora bien, como es bien conocido, la ANEP ha convertido en una de sus principales banderas de su lucha, el tema tributario, la evasión de impuestos y abogamos por una “revolución tributaria”, por una Transformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas); y dentro de esta concepción, nosotros hemos venido diciendo que el robo de impuestos en todas sus formas debe ser concebido como un crimen contra toda la sociedad. Por ello pensamos que es tal la controversia de doña Ofelia en este asunto de denuncia pública, que ella debe renunciar.

Hoy domingo nos enteramos de que el distinguido ciudadano don Roberto Mora, “el cobrador de la Caja”, persona que con una extraordinaria valentía viene denunciando a los evasores de la Caja, nos informa de que las tres sociedades empresariales de doña Ofelia objeto de investigación, no están inscritas en la Caja por lo que habrían evadido su responsabilidad patronal para con la misma. Igualmente, la ANEP ha estado dando su aporte en la defensa de la Caja, con propuesta alternativa y rompiendo tabúes que hasta enemigos nos ha traído.

Nosotros debemos reconocer, como apuntamos, que siempre doña Ofelia siempre le abrió a la ANEP sus puertas, en los momentos delicados en los que las tocamos para temas y luchas de nuestra agenda reivindicativo-laboral de carácter sindical y de la agenda que tenemos en el plano sociopolítico, según nuestra visión de país. Le estamos muy agradecido por ello y por ésta vía dejamos constancia pública.

Este miércoles 4 de junio una representación importante de líderes sindicales de la ANEP en AyA, se reunieron con doña Yamileth Astorga, nueva Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, para darle a conocer nuestra visión, tanto gremial como política, del devenir de la institución.

De nuestra parte estuvieron presentes representantes sindicales de Buenos Aires, Golfito, Liberia, Nicoya, Guadalupe, Escazú, Coronado, entre otros, así como el promotor Alvaro Valverde Granados y nuestro Secretario General Albino Vargas Barrantes.

El principal logro de esta reunión, además de que la misma reunión que en sí es un hecho trascendental, fue la conformación de una comisión técnica que evaluará lo que sucede a nivel gremial en diversas áreas de AyA, sobretodo lo que tiene que ver con las condiciones del personal técnico de las plantas de tratamiento de aguas.

Joaquín Rojas, representante sindical, presentó un documento con más de 120 firmas, donde solicitan revisar temas como lo salarial, las jornadas laborales, la diferenciación en las vacaciones, así como la discriminación que sufren respecto a la remuneración por peligrosidad.

Además, cada representante compartió con la Presidencia Ejecutiva las problemáticas propias de cada región desde infraestructura, vehículos, falta de materiales, el poco desarrollo de los sistemas acuáticos y la relación que existe entre la institución con las Asadas.

Nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, exaltó la importancia política de la reunión con la Presidencia Ejecutiva, “estamos ante una relación de nuevo tipo, una gran apertura de doña Yamileth, ella ha comprendido la oferta de la ANEP de trabajar temas país, como en el ámbito de la desigualdad, en el ámbito del cambio climático relacionado al papel del sindicato en el seno del AyA, así como la eficiencia y la eficacia de los servicios prestados por la institución”.

Por su parte doña Yamileth Astorga valoró positivamente el encuentro, “la mayoría de planteamientos de los trabajadores ya los hemos venido identificando y hay que atenderlos, pero sobretodo involucrando a los trabajadores en la búsqueda de la solución de los problemas”.

Para esto la Comisión Técnica nombrada se reunirá el 9 de julio, y así iniciar el proceso conjunto de mejoramiento del AyA.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los problemas del derrame con diésel ocurridos en los tanques del Hospital Calderón Guardia aún se mantienen, debido a que las labores y acciones de mitigación, emprendidas por la administración, no han dado resultados satisfactorios, por lo que teme que tanto los pacientes y los trabajadores todavía estén consumiendo el vital líquido contaminado con ese hidrocarburo.

Geovanny Ramírez, directivo de la ANEP, manifestó que en la emergencia de abril lo que aprobó la administración médica fue cortar el tanque viejo de diésel a la mitad y poner otro de una capacidad menor, aspecto que no elimina el riesgo de contaminación, porque todavía se encuentra a la par del que suministra agua potable al establecimiento médico.

La alerta de la presencia del diésel en el agua del Calderón Guardia se dio a inicios de abril, lo cual motivó la suspensión de cirugías y se restringió el ingreso de visitantes, al tiempo que se pidió ayuda directa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para contar con agua para los pacientes y trabajadores.

“Todavía hay contaminación del tanque más pequeño, lo que complica más el asunto. Lo que hicieron fue un trabajo temporal, lo cual no está bien”, afirmó Ramírez, quien añadió que es un problema que tiene años y no se le ha dado la importancia que amerita.

En febrero del 2012, la Contraloría General de la República (CGR), ante ampliación de contratación tramitada por el entonces director del Calderón Guardia, Luis Paulino Hernández, para la realización de mejoras paliativas al tanque de diésel, contrató a la empresa Sistemas Electromecánicos Felipe y Felipe S.A., mismas que habían arrancado en el 2010 con la misma entidad.

570 A 760 LITROS

En un informe rendido el 21 de abril por el Departamento de Ingeniería de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se indica: “Se estima que el volumen de contaminación con diésel es entre 570 a 760 litros”.

Añade el documento, del cual tiene copia DIARIO EXTRA, que los tanques de agua potable no cuentan con la impermeabilización de las paredes y están contaminados internamente. Sin embargo, debe considerarse que los productos impermeabilizantes son para evitar contaminación con agua, no con hidrocarburos. “Los componentes del sistema de almacenamiento y distribución de agua potable del hospital se debe reubicar a una distancia de protección mayor a 31 metros (100 pies), de tanque de combustibles, sistema de alcantarillado sanitario, tanques sépticos, estaciones de servicio y cualquier sitio de almacenamiento de químicos”, detalla el estudio de Recope, del 21 de abril.

“Sentimos que hubo algo irregular al contratar a una empresa que hace un mal trabajo, que desde el principio debió garantizar la seguridad en el uso del diésel y no contaminar el agua. Se le canceló $300 mil por un trabajo muy mal hecho y luego ¢80 millones por el lavado y secado de tanques. Hay que investigar qué hay detrás de las contrataciones”, aseguró Ramírez.

Según comentó, ninguna de las recomendaciones emitidas por Recope fueron acatadas por la administración del hospital, que en su momento estuvo al mando del grupo interventor.

Cuestionó además el hecho de que no se tomara en cuenta, en el momento de la emergencia, a los ingenieros y arquitectos del centro médico, que en más de una ocasión habían alertado sobre el problema de contaminación que podría darse al estar los dos tanques tan cerca.

Ramírez apuntó que el 5 de junio la ANEP tendrá una reunión con la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, para exponerle varios temas, entre los que se encuentran los problemas y posibles actos de corrupción y de conflicto de intereses que se están dando en ese establecimiento, por lo que se le solicitará que de manera conjunta interpongan una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR), a fin de que se sienten las responsabilidades del caso.