Categoría: Institucional

Estimados compañeros y compañeras:

Durante estos días, la Administración Superior viene informando por medio de los directores nacionales y regionales, sobre la situación actual del CNP.

De lo conversado, no se escuchan noticias que no se hubieran dicho antes, ya sea en esta o en pasadas administraciones. No obstante, asombra la falta de esperanza que se transmite en el mensaje, y que se puede resumir en una frase: El CNP agoniza.

Veamos el razonamiento; con base en lo informado:

1. Según se ha dicho, la Junta Directiva del CNP, tomó un acuerdo para vender el Plantel Central, debido a que la situación financiera es caótica. No obstante, esta venta no ayudará en mucho a resolver la situación, dado que no se puede tomar ese dinero para los gastos operativos. Únicamente se puede utilizar para inversiones. Ergo, venderemos nuestra casa, para alquilar en otro lado, y si es posible, hacer una nueva casa, supuestamente en los terrenos del PIMA. ¿Alguien le encuentra lógica a esa decisión?

2. Se aplicará la modernización, tal cual se ha venido planteando, con sus muchos defectos y escasas virtudes. Pero no es seguro que ayude en mucho, dado que la estructura propuesta no conlleva una racionalidad del gasto. ¿Alguien puede explicar tanta tozudez para ejecutar una reestructuración, que al fin y al cabo, parece no traer beneficios claros a la institución?

3. Se plantea la urgencia de contraer la planilla del CNP – FANAL en un plazo de 15 días (para finales de agosto o mediados de setiembre), debido a que el gasto en salarios, se supone, sobrepasa el 90% del presupuesto institucional. Con esta medida se espera ahorrar ¢100 millones mensuales. Pero tampoco va a servir de mucho, ya que el déficit institucional, según se dice, asciende a ¢250 millones mensuales, y el déficit global asciende a ¢24 mil millones. ¿Alguien puede explicar por qué se somete al personal a semejante estrés, por una medida que parece que no va a solventar la crisis?

4. Está en trámite un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, donde se supone van a refundir al CNP con el PIMA, y por consiguiente se derogará la Ley Orgánica del CNP. Por consiguiente, el país se quedará sin la entidad garante de la seguridad alimentaria, INDISPENSABLE para todos los costarricenses. Nuestros agricultores y agricultoras perderán la posibilidad decontar con un circuito comercial (PAI), que les garantice precios adecuados, y nuestras instituciones perderán la opción de comprar directamente a los proveedores. Aunado a ello, no habría justicia en la distribución del ingreso. ¿Alguien puede explicar el razonamiento técnico, para que algunos “ilustrados” propongan que el CNP se refunda con PIMA, siendo que PIMA es una instancia de compra venta de productos agrícolas, y CNP es una institución de desarrollo a nivel nacional? Tan sencillo como comparar la ley de ambas entidades.

5. A pesar de la caótica situación del CNP, por razones más políticas que técnicas, se trasladaron las plantas Liberia y Térraba, a organizaciones que, según se tiene conocimiento, no cuentan con las condiciones agro empresariales, capacidad organizativa, ni experiencia para administrar dicha infraestructura. No obstante, se admite que dichas plantas están a modo de “préstamo en precario”, partiendo del supuesto que si las organizaciones no responden cabalmente al manejo de las mismas, entonces se devolverán al CNP. Alguien puede explicar ¿cómo es posible que se traslade infraestructura valiosísima, a organizaciones que se sabe no tienen suficiente capacidad ni experiencia para administrar proyectos de ese tamaño? Estas poco acertadas decisiones politizadas no son nuevas. En el pasado se prestó o trasladó valiosísima infraestructura a manos de organizaciones que hoy día ya no están o se encuentran en crisis financiera. Solo dos ejemplos: Planta La Rita a Asociación Manos Unidas, Planta El Molino a la Corporación Hortícola.

6. Se traslada físicamente el Sistema de Información de Mercados al PIMA y la Dirección Calidad Agrícola a Planta la China. ¿Alguien puede explicar el razonamiento técnico para dichos traslados? ¿Dónde queda la metodología de atención integral aprobada por la Junta Directiva?

7. No se tienen opciones para sacar esto adelante, dado que simple y llanamente no hay apoyo político. Este es el punto álgido del problema institucional. La falta de apoyo político es lo que ha llevado al CNP a la crisis en que está sumido. ¿Qué hace entonces el político que nombró el Consejo de Gobierno, si viene sin ningún apoyo político? ¿Qué intereses se mueven detrás de tanta falta de interés, donde el que sale perdiendo es el país como un todo, ya que no se contará con una entidad garante de la seguridad alimentaria, que aporta al desarrollo del sector rural y promueve una mejor distribución del ingreso?

A raíz de los puntos anteriores, es razonable cuestionarse seriamente si esta situación caótica, crítica y confusa, realmente responde a un asunto estructural – financiero del CNP. La respuesta rotunda es NO.

El CNP viene enfrentando desde hace varias administraciones, el embate del interés de una clase política empresarial, cuyos tentáculos pretenden tomar todos los negocios que hoy día tiene el Estado. Con el agravante de que ganan unos pocos, pero salimos perdiendo todos los costarricenses.

Como funcionarios del CNP, pero sobre todo, como costarricenses, da profunda pena quienes están tomando estas decisiones, dado que sus desacertadas decisiones van a implicar un alto costo para el país, incidiendo sobre la alimentación básica de nuestros hijos e hijas, las generaciones actuales y posiblemente en las generaciones futuras.

Es indispensable tomar conciencia sobre las implicaciones a nivel nacional del menoscabo de una institución como el CNP, y la posible derogatoria de una ley tan rica para nuestros micro, pequeños y medianos agricultores… pero tan odiosa para los intereses de algunos malos costarricenses, políticos – empresarios.

Nuestro deber es trabajar y dar lo mejor de nosotros para sacar adelante esta institución. Apoyar las iniciativas que busquen consolidarla y mejorar los servicios prestados a nuestros clientes. Aportar ideas, ser proactivos, ser honestos, dar siempre un paso adelante… para que esta institución dé a Costa Rica, lo que realmente merece: calidad, desarrollo, servicio.

Atentamente;

Junta Directiva
Sindicato Pro – Trabajadores
Del Consejo Nacional de Producción y Fábrica Nacional de Licores
(SIPROCNP)

EL MERCADO ELECTRICO COSTARRICENSE

Lic. Elías José Lizano Jarquín
20-08-2012
Ex-Director J.D. del ICE-CNFL-RACSA-INCOFER

Señor Presidente Ejecutivo del ICE: Ing. Teófilo de la Torre Arguello; Miembros de la Junta Directiva del ICE; Gerente General del ICE.

c.c. Diputados (as), Jefes de Fracción en la Asamblea Legislativa.
Sindicatos ICE: FIT, ASDEICE, ANTTEC, SIICE
Cooperativas de Electrificación de Costa Rica.

Respetadas personas:

A.-INTRODUCCIÓN

El SECTOR PRIVADO y el PODER EJECUTIVO, han conducido desde el año 2010, algunos SUPUESTOS sobre la “conveniencia” que traería privatizar el 55% del SECTOR DE ENERGÍA DEL PAIS — Actualmente dicho porcentaje es un 30% (leyes #7.200 y #7.508) —. Esas suposiciones originaron los Proyectos de Ley General de Electricidad y de Contingencia, enviados al Congreso de la República por la Presidenta de la República y el Presidente Ejecutivo actual del ICE. Los SUPUESTOS son:

1° EL AUMENTO DEL PIB COSTARRICENSE EXIGE MÁS OFERTA ELÉCTRICA.
2° LA VOLATIBILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO AMENAZA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA.
3° LA VENTA DE ELECTRICIDAD AL MER MEJORA LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.
4° LA LIBRE COMPETENCIA Y EL LIBRE MERCADO LOGRAN TARIFAS MÁS REDUCIDAS DEL SERVICIO.
5° LAS INVERSIONES DE LA CO-GENERACIÓN SON LA ÚNICA ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO.
6° ES URGENTE DUPLICAR LA OFERTA ELÉCTRICA PARA EL AÑO 2021.
7° El ICE es un MONOPOLIO COSTOSO, CADUCO E INEFICIENTE.
8° EL CALENTAMIENTO GLOBAL EXIGE MÁS PRIVATIZACIÓN.

B.- LA POLÍTICA DEL ESTADO Y EL MERCADO ELÉCTRICO

Organizaciones y personas, hemos explicado en extremo, los motivos objetivos para desechar la idea de privatización del Sector Eléctrico Nacional. Recordemos que el ICE nació como respuesta del Estado hacia las Corporaciones Privadas suministradoras de energía eléctrica en Costa Rica de mediados del Siglo XX, por cuanto éstas rechazaron ampliar la cobertura del servicio a todo el territorio nacional, al no poder lucrar sumas superiores a las que el país podía honestamente reconocerles.

Comprendamos que la expansión capitalista no puede perdurar si las rentas privadas no guardan un justo equilibrio con la Rentabilidad Social, y que el Desarrollo Sostenible y el Derecho a la Inclusión, no son viables, si los “desreguladores de oficio”, insisten en desconocer el colapso de la ideología del libre mercado, incluyendo el de los supuestos que devastaron en años recientes, los principales sistemas financieros del mundo.

Nuestra política de Estado debe ser pragmática, y medir el éxito económico por el bienestar que gozan todos los ciudadanos. Este éxito debe concretar un acertado y decente equilibrio fiscal, con estabilidad en los tipos de cambio, y niveles de empleo/desempleo articulados a los requerimientos de una población en crecimiento. Este pragmatismo obliga a responderle a los retos con una indiscutible formación educativa para nuestras juventudes, y un mayor acervo de capital productivo, como el que muestra nuestro Parque de Generación Eléctrica. Se debe idear cómo aumentar la productividad de las empresas y de los trabajadores, y acrecentar una mayor multiplicación del ingreso nacional. Es indudable que el país debe limitar, dentro de un rango equitativo, la fuga de divisas que ocasiona la exportación de bienes y servicios de las Inversiones Extranjeras Directas asentadas en nuestro medio, y de las empresas locales, esto por los beneficios que se derivarían para la expansión del crédito interno, la contención inflacionaria y la economía en general.

Es urgente que la Clase Política gobernante, renuncie a las presiones extranjerizantes de privatización de las empresas públicas nacionales, y al impropio uso de los Bienes Colectivos, tales como el Agua, y el Espectro Radioeléctrico, por ser un valioso clamor popular, y también por representar una excelente decisión estratégica. El Poder Ejecutivo, como parte de esa Clase Política, está obligado a sanear las finanzas “desordenadas” de los Entes Descentralizados, porque resulta urgente alimentar las escalas de inversión en los campos económicos y sociales más rentables, y desaparecer los compromisos derivados de los diferentes ciclos electorales.

Es aceptable para una sana convivencia, que el faltante de dinero para defender la inversión social y las mejores alternativas económicas para toda la población, sea solucionado con aumentos en las tasas del Impuesto sobre la Renta, dado que la imposición indirecta (IVA u otros) obliga a la mayoría de los ciudadanos a comprimir sus gastos, perjudicando los alcances positivos del Producto Interno Bruto, lo cual es funesto.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS SUPUESTOS

1° EL AUMENTO DEL PIB COSTARRICENSE EXIGE MÁS OFERTA ELÉCTRICA
6° ES NECESARIO DUPLICAR LA OFERTA ELÉCTRICA PARA EL AÑO 2021

1° La desaceleración de la Economía Global —incluyendo China— estima un crecimiento del PIB costarricense inferior al 5% anual para el mediano plazo (CEPAL), eliminando las expectativas del año 2008 de superar un 8%. La OCDE estima que Europa y los EE.UU. durarán unos “cuantos años más” en recuperar las condiciones económicas del año 2007, hundirán porcentajes importantes de las exportaciones de la América Latina, y desacelerarán los flujos de inversiones en el Continente. La crisis de las economías desarrolladas fue provocada especialmente por sus altos endeudamientos y las prácticas especulativas de mercado.

2° La Demanda Eléctrica Nacional creció 3.94% en el lapso 2000-2011. El ICE estima para el 2012-2021, un aumento de 4.32% promedio, a cubrir por los P.H. Diquís y Reventazón (936 MW)y sus complementos geotérmicos, eólicos, de biomasa, y Gas Natural —Después del año 2021, se desarrollarían los P.H. Saveegre y Pacuare (338 MW)—. Esta Institución procesa a la fecha, una subasta para proyectos privados de energía de hasta 100 MW de potencia eólica, y de 40 MW de potencia Hidroeléctrica (sin embalses).

3° La potencia instalada de los Cogeneradores al año 2011 es de 374 MW, o 14% del total del país. Las Entidades Públicas (ICE, Cooperativas, Municipalidades) tienen 2.276.2 MW. Las Plantas Térmicas agregan una capacidad de 656.3 MW, o un 25% de la potencia disponible. El Sistema Nacional registra 2.590 MW de Capacidad Efectiva al 31-12-11, y ésta crecería a 4.219 MW, aplicando una Tasa Compuesta del 5% hacia el año 2021, para un salto del 63% respecto del año 2011, que se ajusta a la tendencia mundial —Consejo Nacional del Petróleo de USA—.

2° LA VOLATIBILIDAD EN LOS PRECIOS DE LOS HIDROCARBUROS AMENAZA LA ECONOMÍA
8° EL CALENTAMIENTO GLOBAL EXIGE MÁS PRIVATIZACIÓN

4° El Consejo Nacional del Petróleo de los EE.UU. estima un aumento de entre el 50% al 60% en el consumo de energía global para el año 2030, justificado por el aumento de la población mundial y sus estándares de vida (…), lo cual exige ajustar el mix energético actual, que lo compondrían el carbón, la energía nuclear, la biomasa, el petróleo, el gas natural, lo eólico, lo fotovoltaico, y el hidrógeno.

5° Se estima que el petróleo inicia su declive en el año 2015, y que los problemas de la volatilidad de sus precios continuará. Esta circunstancia, Costa Rica puede enfrentarla consumiendo más GAS NATURAL LICUADO (GNL), y produciendo más energía EÓLICA y GEOTERMICA, como complemento a la HIDROELECTRICIDAD, para el lapso 2012-2030. EE.UU. está dando prioridad al consumo del G.N. dadas sus ventajas comparativas. En Costa Rica el beneficio inmediato es la reducción del costo financiero que conlleva mantener una Reserva o Potencia de Seguridad en MW en el Sistema Eléctrico, y de la Oferta total de KWh como un todo. El empleo del G.N. soluciona el RIESGO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL, y trae ventajas adicionales al mermar la importación de hidrocarburos, y bajar los niveles tarifarios. El precio del GNL importado es casi un 70% más bajo que los precios de los hidrocarburos, y su producción en Costa Rica fijaría un costo marginal orientado a O.

6° La firma Consultora Internacional SNC-LAVALIN estudió el uso del GNL en la generación eléctrica de Costa Rica (marzo 2012), involucrando específicamente la operación de la P.T. Moín (252 MW), y sus conclusiones fueron muy positivas. Por otra parte, el Dr. Roberto Dobles, Ex – Jerarca del MINAET, afirmó: “A fines del año 2011, el Gas Natural se cotizaba en U$D 20.82 por barril equivalente al barril de petróleo crudo, con un precio de U$D 97.95. A esta fecha, RECOPE pagó por los derivados del petróleo, las siguientes cantidades unitarias: Gasolina Regular U$D 188.63; Diesel U$D 172.02; Bunker U$D 106.91. El GN propicia la reducción de los costos de mantenimiento de los equipos, y agrega competencia comercial, progreso social, calidad de vida y sostenibilidad que el modelo aferrado al petróleo”.

7° La Cogeneración Privada local ha omitido analizar las consecuencias del agotamiento del potencial hidroeléctrico nacional. Los grandes proyectos hidroeléctricos con embalse como Diquís (623 MW), Reventazón (292 MW), Pacuare (158 MW), Saavegre (180 MW), Expansión Cachí (263 MW), y Expansión de Río Macho (140 MW), alcanzan el límite sensible de 7.100 MW explotables que se distribuyen en 19 Cuencas Hidrográficas, pero que están restados por 1.700 MW hidroeléctricos y 780 MW geotérmicos, que se localizan en “Reservas Indígenas” y Parques Nacionales.

8° El ICE debe ofrecer explicaciones —por razones de sostenibilidad futura del Sistema Eléctrico Nacional—, de cuál es el desglose de proyectos específicos que pueden estar contenidos en el POTENCIAL BRUTO hidroeléctrico de 25.500 MW —para las 34 Cuencas Hidrográficas del país—.

9° La venta al exterior de electricidad por parte de Co-generación Privada hacia América Central, no sería de conveniencia estratégica para Costa Rica dadas las limitaciones antes explicadas de límites en el uso de fuentes renovables, y en virtud de que agregan mayor consumo de hidrocarburos de alto precio para la Reserva del Sistema, que aumentaría conforme se agrave el CALENTAMIENTO GLOBAL.

10° Los países de América Central que consumen alrededor del 55% promedio de hidrocarburos en su Generación Eléctrica, están mayormente urgidos de variar sus MATRICES ENERGÉTICAS, por razón de estancamientos económicos futuros. El BID y Bloomberg New Energy and Finance, revelan que Costa Rica ocupa el (8°) lugar de 26 países en cuanto a la nación con mayor contenido de fuentes renovables en América Latina; Nicaragua ocupa el (2°); Brasil el (1°) y Panamá el (3°).

11° La Producción Eléctrica nacional emplea un 74% de Hidroelectricidad, 13.1% de Geotermia, 4% de Eólica y 9% de hidrocarburos, para un total de 91% de la producción lograda con fuentes renovables al año 2012. EE.UU. utiliza un 50% de carbón e hidrocarburos, 24% de gas natural, 20% nuclear y 6% de hidroelectricidad. En América Latina, el 68% de la producción de energía es de fuentes NO renovables, y en el Planeta es de 87%. En la U.E. es de 90%, en USA de 94%, y en Japón de 97%. El Mundo emplea un 18% de energías renovables, y en China la proporción es del 17%, en EE.UU. del 11%, y en Japón del 9%. En América Central y Panamá (excepto Costa Rica), el 65% de su producción de KWh proviene de fuentes térmicas.

12° El consumo del agua potable en el mundo tiene GRAVES RIESGOS. China se ha apropiado mediante la erección de gigantescas Plantas Hidroeléctricas, de las aguas de los cinco grandes ríos del Continente Asiático —Indo, Brahmaputra, Irrawaddy, Salween y el Mekong—. Contrariamente en América del Sur, la explotación de las Cuencas transfronterizas se ha solucionado por la vía de la “compartición”, al repartirse Brasil y Paraguay, los beneficios económicos de la explotación de la Planta Hidroeléctrica de Itaipú (Río Paraná). Costa Rica puede intentar una vía de compartición para aprovechar las aguas del Río San Juan, cuya Cuenca tiene 24.500 Km2 que pertenecen a Nicaragua y 14.000K2 a nuestro país.

13° Los combustibles fósiles y el agua potable tienden a ser gravemente escasos hacia el año 2050, según datos disponibles, y el país debe entonces encontrar soluciones en su caso.

3° LA VENTA DE ELECTRICIDAD AL MER MEJORA LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
4° LA LIBRE COMPETENCIA Y LIBRE MERCADO ASEGURA TARIFAS MÁS REDUCIDAS DEL SERVICIO.

14° La Ley # 7.848 permitió el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Centroamericano, autorizando la creación del MER o Mercado Eléctrico Regional, y la infraestructura para inter comprar y vender electricidad en América Central, todo dentro del objetivo político de aumentar la integración de Costa Rica a los planes conjuntos centroamericanos, generados esencialmente por el BID.

15° El modelo nacional de producción eléctrica, ha sido señalado como ineficiente, regulado, cerrado, integrado o vertical, incapaz de producir las “ventajas” que si “ofrece” un modelo no integrado, mixto, de apertura, de libre competencia, y con nula REGULACIÓN. Una apertura mayor se vislumbra más rentable con la Cogeneración si además ésta exporta energía, y provee en línea las demandas de los Altos Consumidores de la Región. Esta comparación está sujeta a la ideología ultra-liberal, escuela de pensamiento que como se dice en el punto© introductorio, ha fracasado a nivel global. No obstante, si se decide proceder con la nueva apertura, debe quedar claro que la Cogeneración Privada sufragará los costos en USD de una propia Reserva de Seguridad de su Sistema, y acarreará las pérdidas de Transmisión de energía que perjudiquen las finanzas del ICE. También es menester puntualizar que el Estado no cubrirá las deficiencias de cobertura en que incurra la empresa privada, mucho menos si éstas perjudican las exportaciones a otros países. Y por último, de prevalecer que el ICE debe comprar energía a los Cogeneradores, entonces el costo marginal de la producción de estos, debe ser inferior al costo marginal que determine el ICE en su propio sistema, previo proceso de regulación contable, sustituto de los modelos matemáticos actuales de ARESEP.

16° El modelo eléctrico de Costa Rica produce rentas atractivas para los prestamistas internacionales, y la seguridad de una “repatriación aceptable del dinero colocado”. Es decir, el sistema actual muestra mayor contundencia en términos de competitividad, y favorece la productividad del país.

17° Costa Rica disfruta de una cobertura eléctrica del 99.6% para un millón doscientas mil familias. El sistema ha llegado a una plenitud de productividad envidiable, gracias al aprovechamiento de las economías de escala, y al control de los costos reales necesarios para producir y vender la electricidad, alejados de los mecanismos especulativos de oferta y demanda. En esto es lamentable que ARESEP no haya contribuido a paralizar los abusos que en materia presupuestaria se dieron en el período 2006-2010, exageraciones que alteraron el mecanismo de venta al costo, y que ahora es urgente ajustar.

18° Se ha demostrado que la Co-generación Privada ha vendido el 100% de su producción total de energía al ICE —generada en Plantas sin embalses—, en los períodos de Invierno cuando el agua es abundante, y comercializa sólo un 30% o 40% de esa producción en los meses de Veranos, obligando a la Entidad a responsabilizarse plenamente por los costos de las Reservas del Sistema, que consumen hidrocarburos. Esta condición dificulta al ICE producir la electricidad con su propia “agua almacenada”, con lo cual los costos se multiplican innecesariamente para el país. La Cogeneración además produce que al consumidor se le cobre dos veces el renglón de margen de ganancia, lo cual es una carga abusiva contra el consumidor. En todo caso, la Cogeneración nunca ayudó a reducir el consumo de hidrocarburos en la generación eléctrica.

19° Una alternativa para el país es desarrollar un Proyecto Hidroeléctrico con Embalse, Eólico, de Gas Natural o con otros recursos de consumo sostenido, que compense la producción energética actual de la Co-Generación. Esta escogencia garantiza una mejor asignación de los recursos escasos del país, de acuerdo con la más actualizada Teoría Económica.

5° LAS INVERSIONES DE LA CO-GENERACIÓN SON LA ÚNICA ALTERNATIVA DE CRECIMIENTO
7° El ICE ES UN MONOPOLIO COSTOSO, CADUCO E INEFICIENTE.

20° En carta entregada al Ing. Teófilo de la Torre, Presidente Ejecutivo del ICE, el pasado 27 de febrero del año en curso, relacionada con las inversiones de los Cogeneradores en el Sub-Sector de Energía, puntualizamos lo siguiente:

• La Cogeneración no ha llenado en 20 años la responsabilidad de dotar al SEN del 30% de la energía que le fuera autorizado, y su participación hoy en día es de 14%.

• La mayoría de las casi 27 plantas de la Cogeneración trabajan “al filo de agua”, es decir, carecen de embalses, por lo cual no son eficientes para atender la Oferta Eléctrica Total.

• La Regulación no ha hecho el trabajo de que costo medio y marginal en la producción de MWh de la Co-generación, sea inferior al costo medio y marginal obtenido por el ICE.

• Los costo del Respaldo en MW del SEN y sus pérdidas de transmisión y distribución, corren a cargo del Instituto y no de los Cogeneradores.

• Hasta la fecha, la Cogeneración no ha involucrado en el financiamiento de Hidroeléctricas con embalses, en contratos de riesgos conjuntos con el ICE.

• La Cogeneración no ha mostrado al público coeficientes de rendimiento operacional, principalmente su Tasa de Capital Operativa, endeudamientos y rentabilidad de gestión.

21° A la Co-Generación local o extranjera, NO la valoramos como una alternativa beneficiosa para el país, por cuanto responde a los impulsos de la maximización del lucro. Esta actitud, origina una confrontación con la opción de obtener los precios más reducidos posibles en el mercado, en las cantidades y calidades correctas, si la venta de los KWh se realizan al costo real registrado.

UNA PUNTUALIZACIÓN

22° El ICE por razones de ineficacia en su gestión reciente, exageró los niveles de gastos y presupuestarios de varios años. Se han identificado costos y gastos directos e indirectos muy altos y pérdidas financieras, en relación al objetivo de lograr los costos mínimos en el servicio. El Ministerio Público, la Contraloría General y la Aresep, han recibido denuncias de esta situación, y no ha habido resoluciones. Es obvio que estos excesos de haberlos, son responsabilidad directa de la regulación —Aresep y Sutel—, la cual no ha controlado los niveles de gastos no propios o innecesarios, o ímprobos.

23° El Grupo ICE terminó su ejecución operativa del año 2011, con una pérdida significativa de más de 22 mil millones de colones (U$D 44 millones), la cual se reducirá suprimiendo erogaciones en el año 2012 por la suma de 80 mil millones de colones (U$D 160 millones). Resulta obligación de los Reguladores, observar este cumplimiento. La expansión de la planilla habida del año 2007 al año 2010 —concretada en 3.800 plazas nuevas—, responde a un crecimiento de trabajadores cercano al 25% en ese lapso. Estas contrataciones deberían contar con análisis serios de productividad para arribar a soluciones de ajuste y equilibrio financiero.

Me repito y suscribo atentamente.

LIC. ELIAS JOSÉ LIZANO JARQUÍN
Lic. en Ciencias Económicas y Sociales de la U.C.R; Administrador de Proyectos F.G.V.; Contador Público Autorizado 556; Cédula 102840824; Correo: lizano.e@gmail.com; Teléfono 2227-3923
Vecino de Zapote, Cantón Central de San José.

En este momento no importa si se puso al día como lo hizo o no, lo que importa es determinar si la empresa estaba en mora antes de la contratación, porque sólo ese detalle la excluye de la posibilidad de ser contratada por la institución.

Nos parece muy grave que se haya cometido ese error, porque es un requisito básico para que una empresa sea contratada, sobre todo en momentos en que la Caja está en peligro de quiebra y que el gobierno habla de elevar la edad de pensión y de otras medidas para tratar de sacar la institución de la crisis en que se encuentra.

Lo que más nos preocupa es que en el cartel de licitación aparecía un texto en que se indicaba que las organizaciones avalaban la licitación, dichosamente hablamos con el compañero que nos representa en esa instancia para que nos excluyeran, precisamente por el temor que se nos involucrara en alguna situación anómala y no tuviéramos la posibilidad de solicitar las explicaciones correspondientes.

Nos parece que el IDA debe investigar este hecho y tomar las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir ese tipo de errores.

Walter Quesada Fernández
Presidente Seccional ANEP-IDA
____________________________________________________________________________________

Nota tomada del blog El Infierno en Costa Rica…

IDA adjudica contratación a empresa morosa con la CCSS

ACTUALIZACIÓN: Posterior a esta publicación, el Bufete aludido se puso al día con la CCSS.

Saludos queridas almas: Cualquier pobre diablo puede consultar la página de morosos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pero tal parece que en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) no hacen ese pequeño ejercicio antes de adjudicar una contratación.

En la Gaceta del día de hoy, salió una adjudicación por casi 100 millones de colones para la elaboración de las bases jurídicas del recién creado Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y se la dieron a la firma Bufete Cervantes y Asociados, que casualmente aparece moroso en la página de la CCSS con un monto cercano al medio millón de colones. Según el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, esa empresa no podría licitar ni para venderle una hoja de papel al Estado.

Este pobre diablo no entiende como es posible que no exista alguien que revise estas cosas antes de dar por ganadora a una empresa en una licitación. Definitivamente, con amigos así, para qué enemigos de la CCSS.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2012LA-000008-01
Contratación de Servicios para la Elaboración de las Bases Jurídicas que regirán el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) con base a la Ley 9036

Adjudicar a favor de la Oferta Nº 1 presentada por Bufete Cervantes y Asociados, cédula jurídica 3-101-161139, por un monto total de ¢99.500.000,00 (noventa y nueve millones quinientos mil colones exactos), con un plazo de ejecución de 2.5 meses; por cumplir técnica y legalmente, según acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo Nº 9 de la Sesión Ordinaria 029-2012, celebrada el 13 de agosto del 2012. Área de Contratación y Suministros.—Rafael Fernández Bolaños.—1 vez.—(IN2012082298).

Con fecha 13 de agosto de 2012, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha enviado una nota al señor Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), el MBA. don Javier Vargas Tencio, cuestionando el proceder de esta entidad en torno al caso del señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, quien es el actual Director Regional de A y A para la Región Chorotega, denunciado por presunto acoso laboral y presunto abuso de poder, al punto de que la entidad se vio obligada a suspenderlo del cargo hace ya diez meses.

Tal suspensión es con goce de salario devengando un monto mensual de 2 millones 4 mil colones. Si a esta cifra sumamos los aportes de orden patronal por concepto de Seguridad Social, se llega a, prácticamente, los 3 millones de colones mensuales que salen del presupuesto institucional de A y A. Luego de diez meses de tal suspensión, la cantidad erogada por los 30 millones de colones y seguirá subiendo mes a mes, dineros que salen de los abonados que pagan puntualmente la tarifa por servicio de agua y de alcantarillado.

Lo sorprendente del caso es que A y A, que sepamos, no ha iniciado ninguna gestión de despido pese a la gravedad de los cargos que se le imputan al jerarca mencionado.

Dicho alto funcionario también ha sido denunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), junto con otros dirigentes políticos del partido en el Gobierno, por “simulación de gastos en campaña política”, tal como se publicó en la prensa nacional, en un caso en que se imputa al Partido Liberación Nacional (PLN), por “falsos alquileres”.

Entre las situaciones de presunto acoso laboral y de presunto abuso de poder más importantes que han afectado y continúan afectando a la región Chorotega, bajo la conducción del señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, el personal afectado ha mencionado lo siguiente:

• Trámite de compra de arma de fuego de parte del Director Regional, el señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, con aprobación de su superior inmediato, con la intensión, según su justificación, de “resguardar su seguridad” ante un grupo pequeño de funcionarios no de acuerdo con las acciones administrativas (Oficio RCH-SG-2011-006).

• Sus decisiones generaron grandes problemas en razón de que no respetaba la normativa vigente, haciendo incurrir en errores a los funcionarios.

• Movimientos injustificados de personal, de forma antojadiza y sin seguir un debido proceso, aislándolos y degradándolos.

• Maltrato verbal a funcionarios, utilizando vocabulario vulgar.

• Persecución sistemática a ciertos funcionarios.

• Limitación de recursos a algunos funcionarios lo que imposibilitaba el desarrollo de sus actividades y posteriormente la apertura de procedimientos disciplinarios, así como el atraso y acumulación de trámites en la Región, afectando directamente a los clientes de A y A.

Las informaciones recabadas por la ANEP en este caso, indican que el citado jerarca tiene un fortísimo compadrazgo político oficialista del gamonalismo localista del cantón de Liberia, lo que le sirve de “escudo” para evitar que se dé la apertura de una gestión de despido como estima la ANEP que ya debería haberse realizado.

Estamos seguros de que si se tratase de un trabajador o una trabajadora de base, ya sea que fuese una persona profesional, o de los niveles operativos o administrativos, se habría actuado con celeridad y contundencia.

La ANEP espera que esta denuncia pública motive a las autoridades políticas centrales de A y A, en especial a su Gerencia General, a resolver esta situación que día a día va en detrimento del patrimonio institucional.

Unos 50 trabajadores de diferentes áreas de Acueductos y Acantarillados (AyA) y de las más diversas zonas del país se hicieron presentes a la Asamblea Nacional ANEP – AyA, que se celebró este viernes 17 de agosto en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Dicha reunión gremial tenía como máximo objetivo elegir a la primer Seccional Nacional de la ANEP en AyA.

Los trabajadores y trabajadoras expusieron sus diversas problemáticas laborales, desde la persecución sindical, como la no promoción en su centro de trabajo por ser afiliados a la ANEP, hasta las más diversas situaciones cotidianas, como los problemas de transporte, lo absurdo de sistemas de marca de ingreso al trabajo, entre muchas otras cosas.

También hubo autocrítica, ya que se evidenció que los problemas que se viven en Acueductos no son sólo por posiciones patronales, sino también por la apatía y el desinterés de muchos trabajadores, lo que se refleja en una menor convocatoria de la que se tenía esperada para esta Asamblea.

A la actividad fue invitado el abogado Esteban Monge Flores, de CEDARENA y miembro de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA), presentó la Agenda Legislativa del Agua, un grupo de tres procesos legislativos que pretenden mejorar el manejo del Recurso Hídrico en nuestro país. ANDA busca el apoyo de la ANEP para que forme parte de la Alianza. Se logró un acuerdo de nombrar una persona representante que saldrá del seno de la Seccional Nacional ANEP – AyA.

También estuvo presente en la actividad el diputado por el Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, que se refirió sobre el papel de la clase trabajadora del AyA como protectora de la salud en nuestro país. “La lucha por los recursos hídricos apenas está comenzando en Costa Rica, donde el recurso está mermando, sobretodo por políticas mal dirigidas que ponen en peligro el agua”, dijo el diputado de izquierda.

La nueva Seccional Nacional ANEP – AyA buscará posicionar a Acueductos como el más importante ente rector de la salud en nuestro país, sabiendo que el agua es un derecho humano y que sin agua no hay vida.

La actividad terminó con el canto de cumpleaños a nuestro sindicato que este 19 de agosto cumple 54 años de haber sido fundado.

Seccional Nacional ANEP – AyA

• Jesús Sibaja Bustamante – San José
• Edwin Marín Bonilla – San José
• Olivier Ruíz Rueda – Ciudad Neily
• Jacob Esquivel Alfaro – Pérez Zeledón
• Joaquín Rojas Chacón – San José
• Víctor Avila Morales – San Vito
• Alejandro Sáenz Jiménez – Limón
• Edward Duarte Delgado – Golfito

Licenciada
Ofelia Taitelbaum Yoselewicz
Defensora
Defensoría de los Habitantes de la República

Estimada señora Defensora:

Quien suscribe Albino Vargas Barrantes, portador de la cédula de identidad número 1-457-390, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y en representación nuestras seccionales, la Seccional de Vendedores de Lotería y la Seccional de la Junta de Protección Social y con base a lo que establecen los artículos números 12 y 13 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, procedemos a presentar formal solicitud de intervención de esa defensoría en la situación que a continuación detallamos:

En sesión de Junta Directiva de la Junta de Protección Social del 12 de octubre de 2010 (acta Nº 34) nombra dicha Junta Directiva la Comisión que elabora el Cartel de Licitación de la lotería electrónica.

Esta comisión fue la que en su momento llevo las recomendaciones a la Junta Directiva para que se tomaran los acuerdos necesarios, para que fuera designado la empresa CONSORCIO G-TECH, como adjudicataria de la licitación en cuestión.

El martes 8 de marzo del 2011 (acta nº9) se aprueba el Cartel de Licitación Pública “_DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA LOTERÍA ELECTRÓNICA EN LÍNEA Y TIEMPO REAL_” La Junta Directiva concesiona (Licitación Nº2011 LN-000002-PROV) a la empresa Consorcio GTECH – BOLT GAMING, mediante esta Licitación Pública en sesión de Junta Directiva del 9 de agosto de 2011, Acta No. 28. Este contrato ya fue refrendado por la Contraloría General de la República.

De la Proveeduría de JPS, indicaron a la Contraloría General de la República que la justificación de estudios técnicos entre los que enumeran la masificación, procurar la generación de mayores recursos para los diferentes programas sociales, contrarrestar los juegos ilegales con una oferta alternativa de productos para nuestros clientes; aducen también que la lotería electrónica internacional nunca ha sido explotada a través de microcomputadoras en cambio son terminales de venta especializadas de venta de lotería electrónica, sin embargo cabe recalcar que cuando la JPS incursiono en esta modalidad para el año 2007, fueron los servidores de la misma y los equipos de los canales de distribución (con Microcomputadoras) los que han llevado hasta el día de hoy a ser un negocio exitoso, esto se demuestra en el Informe de Labores del 2010 – 2011 ( VEASE PRESENTANCION DE LABORES 2008 – 2010 en la página de internet de la JPS) que indica lo siguiente:

“_Los productos de Lotería Electrónica están experimentando un crecimiento importante en ventas. Es decir, la tasa de crecimiento acumulada desde enero hasta junio del 2011, (en comparación a las ventas acumuladas desde enero a junio del 2010) ha crecido en más de un 49%, dato que demuestra el excelente desempeño de las ventas de los productos electrónicos en el presente año._”

Dado todo lo anterior y debido a la adjudicación de estos productos a la empresa internacional G-TECH, la misma sería la encargada de administrar y expandir masivamente las loterías electrónicas de la Junta de Protección Social; incluyendo en un futuro provisorio, las loterías pre impresas llámese CHANCES – LOTERIA NACIONAL.

Todo este actuar por parte de la Junta lesiona y vulnera la actividad laboral de los vendedores de lotería electrónica, y es que la Ley 8718 en su transitorio I, indica lo siguiente:

1. LA LEY 8718 INDICA: TRANSITORIO I.- Los vendedores de lotería que a la fecha de publicarse la presente Ley disfruten de un porcentaje de descuento de un doce por ciento (12%) por la distribución de los productos de la Junta de Protección Social, en adelante seguirán recibiendo, como mínimo, ese porcentaje como un derecho adquirido. Los demás casos serán regulados según lo indicado en la presente Ley.

No obstante lo anterior, a la empresa G-TECH se le da en el contrato un 12.79% la comisión, es decir a GTECH no solo se le mejora la comisión por venta en comparación con los vendedores nacionales, sino que además se lleva una parte importante de los fondos públicos que se recolectan por esta actividad.

Los contratos sostenidos con los diferentes canales de distribución de lotería electrónica (es decir los vendedores de lotería electrónica) que actualmente están vigentes según nota enviada el 20 de abril del 2012 a la Contraloría General de la República, indica que para el mes de mayo se dará por concluidos todos los contratos, cosa que a la fecha no ha sido notificada a los interesados; así mismo en el contrato y las negociaciones entre la Junta de Protección Social y la Transnacional G-TECH, hace alusiones de que la comisión a cancelar a los puntos de venta cuando estén bajo la administración de G-TECH, sería de un 5% hasta un 8%; mientras que la comisión de los contratos suscritos entre la JUNTA y los vendedores actuales es de un 12% como lo estipula la ley.

En nuestro criterio la JPS, le está facilitando el negocio a esta transnacional en forma ilegal porque violenta su propia ley de creación y hasta pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, transnacional que dicho sea de paso es una empresa Norteamericana – Italiana que hasta el momento no tiene ningún ligamen o arraigo con este país excepto por una inscripción ante el registro público de una empresa denominada CONSORCIO GTECH-BOLD GAMING. Pone entonces con este contrato la Junta de Protección Social en un grave estado de indefensión a los vendedores de lotería y estaría dejando así a más de 215 familias y subsecuentes sin el derecho al trabajo, engrosando las listas de los desempleados del país y en el peor de los casos siendo esas familias una carga más para el país; hay que recordar que muchos discapacitados (ciegos, minusválidos entre otros) dependen exclusivamente de la venta de loterías pues ese es su trabajo.

Los fondos que maneja la JPS, son fondos públicos y tienen que ser administrados por este ente, en el menor término que se tenga, como hasta ahora ha estado funcionando y según lo establece la ley; es decir los ingresos que recibe la Junta por la venta de los productos tienen que estar en las arcas del estado y no en manos de “_otros_”. Pero resulta que si se lee el contrato firmado entre la Junta y GTECH, encontramos que esto queda abierto, entendemos que podría superar hasta 8 días, para que esta empresa entregue los fondos públicos que se recolectan por medio de la venta de lotería electrónica, violentando con ello lo que establece la ley No. 8718, que indica que los vendedores tienen de plazo 24 horas para depositar los dineros de la venta; es decir podríamos estar en frente de un gran “_jineteo_” de dinero público.

Por otro lado es importante recordar lo que dice la ley de loterías en su artículo No. 2:

“_ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las pre impresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión o autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva_”.

De este artículo nos parece de primordial importancia resaltar, que según el mismo, la administración de las loterías corresponde en forma exclusiva a la Junta de Protección Social; y es que la Junta de Protección Social de San José es la institución de bien social más antigua de Costa Rica y su fin es contribuir con el fortalecimiento del sistema de bienestar, seguridad social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población que se beneficia del producto de sus actividades, es decir, de la administración de todas las loterías que existen en el territorio nacional. Por lo anterior, es contundente deducir que este fin social tan importante no puede ser trasladado a una transnacional como GTECH, cuyo único fin es el lucro.

Es importante recordar el fallo de la Contraloría General de la República de fecha 10 de setiembre de 1998 que indica lo siguiente:

“_CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. San José, a las quince horas con treinta minutos del diez de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.————
Recursos de objeción interpuestos por DELTA IMPORTADORA Y EXPORTADORA, S.A., en representación de GTECH Latin American Corporation, ASESORES INTERNACIONALES EN JUEGOS IGC, S.A. y por GBM DE COSTA RICA, S.A., en contra del cartel modificado de la LICITACION PUBLICA Nº095-98, promovida por la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE para la CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION Y OPERACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION DE LOTERIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA EN TIEMPO REAL, CON INVERSIÓN PROPIA.—
.———————————————-
II.- POR CUANTO: En tiempo y forma, la FIRMA ASESORES INTERNACIONALES EN JUEGOS IGC, S.A. interpuso recurso de objeción al cartel modificado de la presente licitación, basado en lo siguiente: 1) La naturaleza de la Lotería Electrónica: En la lotería electrónica, el equivalente de los billetes tradicionales son los registros electrónicos en la memoria de la computadora central. En su criterio, quien administre los equipos, administra los billetes, aunque los sorteos los haga la Junta, por lo que un aspecto esencial de la Lotería quedaría bajo el control del adjudicatario a quien, de acuerdo con la licitación, le corresponde la “responsabilidad total…por la administración y operación de todas las fases del sistema de proceso de información, incluyendo el equipo, software y los servicios ofrecidos en la oferta, y que otro elemento técnico o de recursos humanos que se requiera para el satisfactorio funcionamiento.” Alega que, conforme al pronunciamiento de la Procuraduría General de la República NºC-057-97 del 17 de abril de 1997, el Procurador General de la República estableció que la Administración de la lotería debe corresponder en forma directa y total a la Junta, de modo que no cabría una contratación como la que se propone, en que una parte esencial del sistema queda en manos del operador. Aduce que lo único compatible sería un arriendo de los equipos, software y el suministro de servicios de capacitación, pero no lo que se propone en cartel. 2) El cartel encubre una forma ilícita: En criterio de la objetante, la figura empleada por la Junta transgrede el pronunciamiento citado de la Procuraduría General, el cual transcribe parcialmente, por cuanto convierte al adjudicatario en “cogestor empresarial”, que corre con todos los riesgos, ya que hará todas las inversiones, y cuyo pago de “servicios” es un porcentaje de los ingresos brutos, que podrían comprometer, incluso, la utilidad de la propia Junta. Por consiguiente, en su criterio, la Junta sólo podría solicitar el arriendo de los equipos, con suministro de servicios de capacitación para operar con su propio personal los equipos de software, como alega que ocurre en países con normas legales similares a las de Costa Rica, pero no mediando una participación en los ingresos que convierta al adjudicatario en cogestor empresarial, asumiendo los riesgos (y en su caso, la ganancia) que por ley corresponde asumir a la Junta. Al adjudicatario, en su opinión, sólo debería corresponderle suministrar bienes y servicios como un elemento más del costo de la operación, cuya gestión le corresponde íntegramente a la Junta_.”

Como se desprende de la lectura anterior, ya en el año 1998 habían querido meter a esta transnacional a administrar los juegos de la lotería que le corresponde a la Junta de Protección Social administrar.

Un último, un tema que es más que prioritario tratar, tiene que ver con el riesgo para la salud pública que conlleva el contrato con esta transnacional, y es que en la actualidad no hay más de 190 puestos que venden lotería electrónica, y a la empresa GTECH, se le están autorizando más de 1000 puestos (entendemos que serían como 1400 puestos); esto sin lugar a dudas traerá una promoción excesiva de los juegos de azar, pues además esta empresa invertirá una gran cantidad de dinero (aproximadamente más de $2 millones de dólares) en la promoción de los juegos, conllevando esto un aumento de los problemas por ludopatía (adicción a los juegos de azar) que afectaría en forma impactante a nuestra sociedad. Aquí tendríamos que confrontar este contrato con lo que establece la reciente ley que aborda el problema de la ludopatía.

Por lo anterior, solicitamos en forma respetuosa pero vehemente una urgente intervención de la Defensoría de los Habitantes en este asunto que estamos denunciando, por considerar que hay una serie de graves afectaciones no solo para los trabajadores vendedores de lotería, sino para toda la población en general. Además estamos adjuntando alguna documentación importante para su análisis en esta denuncia.