Categoría: Institucional

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en su Seccional ANEP-INS hay gran consternación ante las revelaciones periodísticas de los últimos días, específicamente aparecidas en La Prensa Libre; con respecto al comportamiento del actual Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), don Guillermo Constenla Umaña, a partir de una denuncia que esta organización presentó en el seno de la Procuraduría de la Ética.

Tal denuncia indica que (entre otros aspectos que consideramos graves), dicho jerarca laboró estando incapacitado médicamente hablando y que durante tal lapso se le mintió a un juez para eludir una presencia física en un proceso laboral dada su condición de patrono, alegando enfermedad cuando, repetimos, estaba trabajando.

La Procuraduría de la Ética ha indicado que esta situación, trabajar estando incapacitado, es violatoria de la ley y desnaturaliza el derecho que le da nuestro sistema de Seguridad Social a una persona trabajadora para que, mediando incapacidad, recobre plenamente su salud y se reinserte a su trabajo en condiciones óptimas.

Aunado a lo anterior tenemos que la circunstancia de que dicho jerarca haya amenazado de muerte a colegas suyo de la directiva del INS, es un asunto de extrema gravedad; como también lo es el que una trabajadora de esta institución haya perdido su empleo por, precisamente, trabajar estando incapacitada.

Indigna, preocupa y consterna que la propia Presidenta de la República celebre que el señor Constela trabaje de manera incapacitada, en clara contravención a decisiones judiciales contundentes que lo prohíben y que dejan el despido como la sanción correspondiente.

De la misma forma, esta indignación, esta preocupación y esta consternación es la misma al enterarnos de la descalificación presidencial al informe de la Procuraduría de la Ética en los casos del Segundo Vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg; así como del Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo; altos personeros de gobierno a los que se les imputa haber infringido normas “_Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública_”, aprobada en el año 2004, contando con el voto de la hoy Presidenta que en ese entonces era diputada.

Por todo ello creemos que la Presidente debe ordenar la destitución del Presidente Ejecutivo del INS; o bien, pedirle que presente su renuncia; ó, que el señor Constela la presente él mismo por su propia decisión.

Si la señora Presidenta ha decidido ya convivir, tolerar, avalar las transgresiones a la ética y a la transparencia en el ejercicio de la función pública de parte de su equipo de Gobierno al más alto nivel, las consecuencias pueden ser gravísimas. Desde la sociedad civil debemos decir lo contrario, manifestarlo una y otra vez, aunque nada pase.

El deterioro de la credibilidad de la Presidenta de la República asume características peligrosas para la institucionalidad democrática.

“Es criminal quien sonríe al crimen; quien lo ve y no lo ataca; quien se sienta a su mesa; quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan el sombrero interesado; quienes reciben de él el permiso de vivir.”
José Martí

Wálter Quesada Fernández
Rafael Ángel Mora Solano
Giovanny Ramírez Guerrero

Nos referimos al artículo titulado “_Undeca firme y consecuente en la defensa de la salud del pueblo_”, publicado en la sección de opinión del Diario Extra, el pasado 22 de junio y firmado por Martha Rodríguez, Secretaria General Adjunta de esa organización, en donde con enojo desmedido desenfunda su pluma (suponemos que lo escrito es de su autoría), como si se tratara de un duelo contra el compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

El pecado de Albino Vargas fue haber hecho un llamado de autocrítica y autorreflexión a toda la dirigencia sindical de la Caja Costarricense del Seguro Social, incluida la misma ANEP, en su columna del miércoles 30 de mayo último, y titulada “_La Caja y el chorizo de mezclar lo público con lo privado_”; en vista de la grave crisis que afecta a esta institución y enfocada en tres aspectos que en nuestro criterio carcomen a la Caja, a saber: 1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidistas. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

Al parecer es en el punto tres en donde doña Martha no está de acuerdo, por lo que suponemos que sí avala el enfoque del resto de lo escrito, lo cual ya es muy bueno. Pero, doña Martha se rasga las vestiduras y llama al compañero Albino Vargas “_traidor_”, por haber escrito el siguiente párrafo:

“_Autocríticamente debemos asumir nuestras propias responsabilidades gremiales siendo cómplices por omisión (para decirlo lo más “suavemente” posible) de que esto estuviera pasando, durante tanto tiempo, ante los ojos de prácticamente todas las agrupaciones sociolaborales y profesionales que tienen vida al interior de la Caja. Algunas agrupaciones hemos decidido asumir nuestra responsabilidad histórica en el actual marco de condiciones críticas que enfrenta la CCSS y proponer medidas correctivas a todo esto, pero sin quitar derechos laborales consolidados que ya tiene la inmensa mayoría de la población trabajadora institucional que no es integrante de los “estamentos reales” del gremialismo corporativo que forma parte del segmento más rico del país. Ha llegado la hora de hablar claro de todo esto: la Caja es del pueblo, no de los dirigentes sindicales_”.

¿Qué tiene de injurioso, de afrenta, o de traicionero ese párrafo?, ¿Por qué no se sintió usted doña Martha o los compañeros de Undeca más bien identificados con la segunda parte de ese párrafo, es decir, dentro de las organizaciones que han decidido asumir su responsabilidad histórica proponiendo medidas correctivas para afrontar esta crisis, y denunciando anomalías y corrupción, como dice usted lo han hecho desde UNDECA?
En verdad nos parece que las motivaciones de su escrito no tienen que ver estrictamente con la columna de don Albino, sino más bien, con una estrategia inducida por otros de confrontar y por qué no decirlo hasta declarar la guerra a una organización sindical que como la ANEP, siempre ha caminado a la par de UNDECA, como organizaciones hermanas de clase y en defensa de la seguridad social; llegando a un nivel de empatía política tal que tanto la misión como la visión estratégica que la ANEP ha definido para sí misma, UNDECA la adoptó y hasta un banner tiene en su sede central señalando la coincidencia de ideas estratégicas.

En la ANEP no nos estamos autonombrando los “_salvadores_” de la Caja y aunque tenemos una menor afiliación que UNDECA, la nuestra es representativa y eso nos da el derecho a opinar y a crear dentro de nuestra afiliación una sensibilización social de profundo rostro humano con relación a la grave crisis de la seguridad social en nuestro país.

Priva en este momento un llamado al diálogo, al respeto mutuo entre dos organizaciones que como UNDECA y ANEP, tienen una gran responsabilidad sobre el futuro de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Un importante grupo representativo de vendores de lotería se manifestaría este lunes 2 de julio, a partir de las 8 de la mañana en las afueras de la sede central de la Junta Protección Social (JPS), para protestar por la próxima entrada en vigencia de la lotería electrónica, luego de un cuestionado refrrendo por parte de la Contraloría General de la República (CGR), pese a que la Procuraduría General de la República (PGR), había indicado que este tipo de juegos de azar no debia salir del control directo de la JPS.

Los vendedores de lotería se sienten amenzados con su exclusión definitiva de esta actividad, dado que el contrato que la JPS ha firmado con la trasnacional que manejará la lotería electrónica, habla de que esta es una primera etapa, generándose así sentimientos de miedo de que una “segunda“ etapa sea la entrega de la lotería en papel,

Como bien sabemos la JPS juega un estratégico papel para combatir la exclusión social de gtrupos vulnerables de la población y la introducción de la lógica mercantil en lo que debe ser sus ámbitos de promoción del juego de azar con fines sociales, provoca protestas y movimientos como éstos.

La ANEP ha decido respaldar a los vendedores de loteríaen su protesta de este lunes 2 e insta a todo el personal de la JPS a sumarse a la actividad durante el rato que esta protesta ha de durar.

San José, 25 de junio del 2012.

Señores miembros de nuestra Junta Directiva:
Dr. Guillermo Constenla Umaña
Sr. Luis Casafont Flores
Dra. Eugenia Chaves Hidalgo
Masc. Edgar Brenes André
Lic. Luis Alonso Gutiérrez Herrera
Sr. Henry Ramírez Azofeifa
Lic. Moisés Valitutti Chavarría

Estimados señores y señora Directores:

Con gran preocupación nos hemos enterado el día de hoy, a través de un diario de circulación nacional, las gravísimas situaciones que acontecen en el órgano colegiado, máximo jerarca administrativo del INS.

Como organización representante de la Fuerza Laboral del INS, hacemos un respetuoso llamado a la cordura, al respeto y a priorizar en la atención de los asuntos para los cuales prestaron juramento. La buena salud de la Junta Directiva es un asunto de todos, incluyendo el Consejo de Gobierno y la Presidencia de la República.

Lejos de criterios subjetivos personalistas, ustedes están llamados a honrar la tradición de buen nombre, hidalguía y prestigio del órgano director.

El ejercicio de la dirección del INS es un asunto técnico, profesional, nunca un tinglado para amenazas personales. La dirección del INS debe ser una gestión apegada a la ley y sobre los Directores pesa la grave responsabilidad de hacerla cumplir.

Nos extraña que habiéndose presentado el evento, los mismos señores Directores no intervinieran para que las aguas volvieran a su cauce.

Todo órgano colegiado supone la confrontación de diferentes puntos de vista, criterios, visiones, precisamente para ello son órganos de varios miembros a quienes la ley exige requisitos personales y profesionales.

Que no se permita la exposición de criterios alternos a la mayoría, es un síntoma grave en el ejercicio de la conducción del INS y en general de la sana conducción de un pilar de la institucionalidad democrática en Costa Rica.

Al estructurar el régimen de superior dirección de esa forma, lo que se busca es garantizar que no impere la visión personalista, autoritaria de un solo sujeto.

Nuestro llamado es a sanar las heridas que pudieron abrirse en el debate, a respetar la independencia de criterio de cada Director, a permitir con absoluto respeto, el libre ejercicio de la superior vigilancia de la gestión institucional y a no caer en conductas que mancillen el trato cordial que debe ser la norma.

Nunca es tarde para arreglar las cosas y en este caso se impone la Institucionalidad y los altos intereses de la Patria.

Reiteramos el llamado a todos los miembros de la Junta Directiva para que se permitan reparar la necesaria armonía a lo interno del órgano. Lo peor que puede pasar es que un tercero venga a resolver lo que ustedes están en capacidad y obligación de lograr.

DIRECTORIO EJECUTIVO DEL SINDICATO UPINS.
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Licenciado
Jorge Luis Vargas Espinoza
Director General
Imprenta Nacional

Estimado señor:

De parte de nuestra organización sindical, nos es grato saludarlo de la manera más respetuosa.

En la Imprenta Nacional existe una comisión que está trabajando en un proyecto de reestructuración, liderada por las señoras Marta Porras, encargada de la Oficina de Recursos Humanos y Lourdes Hernández Sanso, de la Oficina de Planificación; proceso que en un principio sólo iba a abarcar la actualización del organigrama institucional, para lo cual tal comisión de reestructuración le concedió una audiencia a la representación oficial de la ANEP en la institución, Seccional ANEP-Imprenta Nacional, para que hiciera aportes al mismo.

Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que dicha comisión amplió su ámbito de intervención y de acción y que, por tanto, el proceso de reestructuración ya no es parcial sino que es integral.

Decimos que es una reestructuración integral, entre otras cosas, porque como ya es de su conocimiento, el señor Orlando Brenes, supervisor de Offset presentó un proyecto que busca cerrar el departamento de Fotomecánica, mismo donde laboran dos de nuestros dirigentes sindicales de la seccional de la ANEP. Es más, de manera anticipada el señor Brenes ya ha externado públicamente su interés de cerrar un departamento por lo que el proceso pierde legitimidad, al haber adelantado un criterio sumamente subjetivo.

Como usted entenderá, nuestra organización sindical tiene mucha experiencia en este tipo de procesos de reestructuración y, por lo general, se prestan para, si nos permite expresar una opinión popular, “_sacadas de clavos_”; principalmente de los mandos inferiores que sin criterio técnico, legal e incluso político, hacen planteamientos que muchas veces van en detrimento de los trabajadores y de las trabajadoras, lo cual, como ya sabemos, enrarece la atmósfera institucional y abre paso a focos de conflictividad.

Para el caso de la Imprenta Nacional, ya son muchas las intentonas de hacer una reestructuración integral, sin embargo, por este tipo de errores que son comunes, como el del señor Brenes Zúñiga han dado al traste para que dicho proceso se pueda implementar, sobre todo porque el mismo debe contemplar a la Convención Colectiva de Trabajo, que en su Capítulo VII, artículo 36, inciso B dice textualmente:

ARTÍCULO 36.

B) La Imprenta garantiza la estabilidad laboral a los dirigentes sindicales de la ANEP, entendiéndose los directivos de la seccional y los miembros de la Junta Directiva, por motivo de sus actividades eminentemente sindicales; sus plazas no podrán ser eliminadas de los presupuestos ordinarios ni extraordinarios. En caso de reorganización de personal, éstos como tales no podrán ser removidos de sus puestos ni aún trasladados; pero si lo podrá hacer la Imprenta siempre y cuando exista acuerdo entre ambas partes.

Como usted entenderá, el señor Brenes Zúñiga, en su ignorancia nunca observó más allá de lo que obliga la Convención en el mencionado artículo 36; es más, ni siquiera informó a los interesados del Departamento de Fotomecánica de sus planes. Para nosotros esto es persecución sindical y acoso laboral.

Así las cosas, de la manera más respetuosa, le solicitamos que antes de mandar dicho proyecto de restructuración a Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), nos permita una copia del mencionado proyecto; e incluso, nos permita un tiempo prudencial hacer las observaciones de rigor que sean necesarias a todo el proyecto de reestructuración, sobre todo para que no transgreda en nada el artículo29, inciso B, de la Convención Colectiva de Trabajo. De más sobra decir que por ley tenemos derecho a una participación activa en dicho proceso.

Nos ponemos a sus órdenes para lo que considere pertinente.

Fundamentamos nuestra solicitud en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y en el artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha suscrito con la Imprenta Nacional.

Quedando en espera de su pronta respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestra mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

CONTRATO CON GTECH ES LA PRIVATIZACION DE LA LOTERIA ELECTRONICA Y SE ENTREGA EN FORMA ILEGAL A UNA TRANSNACIONAL

En sesión de Junta Directiva del 12 de octubre de 2010 (acta Nº 34) nombra la Junta Directiva la Comisión que elabora el Cartel de Licitación de la lotería electrónica.

Esta comisión fue la que en su momento llevo las recomendaciones a la Junta Directivo para que se tomaran los acuerdos necesarios, para que fuera designado la empresa CONSORCIO G-TECH, como adjudicataria de la licitación en cuestión.

El martes 8 de marzo del 2011 (acta nº9) se aprueba el Cartel de Licitación Pública “_DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA LOTERÍA ELECTRÓNICA EN LÍNEA Y TIEMPO REAL_”,

La Junta Directiva concesiona (Licitación Nº2011 LN-000002-PROV) a la empresa Consorcio GTECH – BOLT GAMING, mediante esta Licitación Pública en sesión de Junta Directiva del 9 de agosto de 2011, Acta 28. Este contrato ya fue refrendado por la CGR.

De PROVEDURIA JPS : indicaron a la C.G.R. que la justificación de estudios técnicos entre los que enumeran la masificación, procurar la generación de mayores recursos para los diferentes programas sociales, contrarrestar los juegos ilegales con una oferta alternativa de productos para nuestros clientes; aducen también que la lotería electrónica internacional nunca ha sido explotada a través de microcomputadoras en cambio son terminales de venta especializadas de venta de lotería electrónica, sin embargo cabe recalcar que cuando la JPS incursiono en esta modalidad para el año 2007, fueron los servidores de la misma y los equipos de los canales de distribución (con Microcomputadoras) los que han llevado hasta el día de hoy a ser un negocio exitoso; según INFORME DE LABORES 2010 – 2011 ( VEASE PRESENTANCION DE LABORES 2008 – 2010):

“_Los productos de Lotería Electrónica están experimentando un crecimiento importante en ventas. Es decir, la taza de crecimiento acumulada desde enero hasta junio del 2011, (en comparación a las ventas acumuladas desde enero a junio del 2010) ha crecido en más de un 49%, dato que demuestra el excelente desempeño de las ventas de los productos electrónicos en el presente año._”

Dado todo lo anterior y debido a la adjudicación de estos productos a la empresa internacional G-TECH, la cual sería la encargada de administrar y expandir masivamente las loterías electrónicas de la Junta de Protección Social; incluyendo en un futuro provisorio, las loterías pre impresas llámese CHANCES – LOTERIA NACIONAL.

En principio el punto más vulnerable para la actividad laboral de los vendedores de lotería electrónica, es que la Ley 8718 en su transitorio I, indica lo siguiente:

1. LA LEY 8718 INDICA: TRANSITORIO I.- Los vendedores de lotería que a la fecha de publicarse la presente Ley disfruten de un porcentaje de descuento de un doce por ciento (12%) por la distribución de los productos de la Junta de Protección Social, en adelante seguirán recibiendo, como mínimo, ese porcentaje como un derecho adquirido. Los demás casos serán regulados según lo indicado en la presente Ley.

No obstante lo anterior, a la empresa G-TECH se le dará un 22% del total de las ventas, siendo un 12.79% la comisión, es decir a GTECH no solo se le mejora la comisión por venta en comparación con los vendedores nacionales, sino que además se lleva una parte importante de los fondos públicos que se recolectan por esta actividad.

Los contratos sostenidos con los diferentes canales de distribución de lotería electrónica que actualmente están vigentes según nota enviada el 20 de abril del 2012 a la Contraloría General de la Republica indica que para el mes de mayo dará por concluidos todos los contrato, falacia o contradicción, porque a la fecha no han sido notificados los interesados; así mismo en el contrato y las negociaciones la JPS y G-TECH, hace alusiones de la comisión a cancelar a los puntos de venta, actuales canales de distribución de un 5% hasta un 8%, donde los contratos suscritos con la JUNTA directamente son de un 12% como lo estipula la ley.

En nuestro criterio la JPS, le está facilitando el negocio en forma ilegal porque violenta su propia ley de creación y hasta pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, a una empresa Norteamericana – Italiana que hasta el momento no tienen ningún ligamen o arraigo con este país excepto por una inscripción ante el registro público de una empresa denominada CONSORCIO G-TECH-BOLD GAMING, dejando así a más de 215 familias y subsecuentes sin el derecho al trabajo, engrosando las listas de los desempleados del país y en el peor de los casos siendo esas familias una carga más para el país y las supuestas acciones sociales que realiza la JPS, por tratarse en muchos casos de individuos con problemas de inclusión laboral.

Los fondos que maneja la JPS, son fondos públicos y tiene que ser administrados por este ente, en el menor término que se tenga, como hasta ahora a estado funcionando; es decir la venta de los productos que la junta vende tienen que estar en las arcas del estado y no en manos de “_otros_” como se interpreta en el acta 09-11 JUNTA DIRECTIVA JPS, los intereses que sobre pesa en los montos que e manejarían con 1000 terminales por el largo y ancho del país, por términos de dos a una semana son excesivos.

“_ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las pre impresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión o autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva._” (adjuntamos dictamen de Procuraduría del año 1997).

Por lo anterior, nos estamos oponiendo a este contrato y cuestionaremos en estrados judiciales y cualesquiera otros la legalidad del mismo. Además estaremos manifestándonos el próximo 4 de Julio frente a la Junta de Protección Social de San José.

De cara a la feroz competencia en el manejo de correspondencia y paquetería, tanto física como virtual, Correos de Costa Rica se propone modernizar la institución, para hacerla más competitiva y que no muera en el proceso.

Lamentablemente, la experiencia nos ha dado la enseñanza de que estos procesos de rediseño de instituciones públicas siempre vienen acompañados de “sacrificados”, siempre trabajadores y trabajadoras que se ven de pronto sin empleo.

Gracias a la gestión de la seccional ANEP – Correos, y al trabajo de la ANEP en su conjunto, se llegó a un acuerdo firmado por la patronal y la representación sindical para que este proceso de modernizar Correos no implique el despido masivo de personal.

Junto a este acuerdo se logró visibilizar que es inaceptable ningún tipo de acoso laboral, de maltrato ni al personal ni a las personas que utilizan los servicios de la institución. También, se acordó el mejoramiento tanto en la estructura del Correos, así como en su infraestructura, equipamiento tecnológico, y capacitación de personal, para alcanzar los más altos estándares de servicio.

Se logró, además, el acuerdo de involucrar a la representación sindical en el proceso, compartiendo toda la información sobre los proyectos que se ejecutan.

Hay un reconocimiento de la poca competitividad que tienen los salarios en Correos de Costa Rica, y se asumió esto como un reto para mejorar la situación económica del personal.

La actividad sindical en Correos de Costa Rica nunca ha sido fácil, mucho menos desde que se transformó en una Sociedad Anónima. Pero la contundencia del trabajo de nuestra Seccional ha hecho posible este acuerdo, el cual estará supervisado en todo momento por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.