La Seccional ANEP-Fuerza Pública hizo un fuerte llamado a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar para que saque del recorte al presupuesto anunciado bajo la Directriz Nº 003-H, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ya que esto afectará drásticamente la seguridad ciudadana y beneficiará al hampa.
Así lo manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública quien indicó que el único beneficiado con los recortes a la seguridad es el crimen organizado.
“Limitar, recortar y congelarle el presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública es darle ventaja al narcotráfico y al crimen organizado. Es dejar en indefensión a los habitantes de este país en momentos en que tenemos un incremento en homicidios y actividad delictiva; por lo que hacemos un llamado vehemente a la Ministra de Hacienda para que deje sin efecto cualquier recorte de presupuesto al MSP”, manifestó Anchía.
Según el representante sindical el recorte afectaría directamente la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y su actividad operativa, reduciendo por ejemplo retenes en carretera, mantenimiento de unidades, adquisición de equipo para los oficiales, alquiler y mantenimiento de delegaciones, contratación de nuevos policías, entre otros aspectos.
“En materia de seguridad ciudadana esto es completamente contraproducente, parece que el equipo de la Ministra de Hacienda no lo tiene claro. Otro aspecto a tomar en cuenta es que para el 2019 el MSP tendrá un déficit entre 8 mil y 9 mil millones de colones”, indicó Anchía.
Ante esta situación la Seccional ANEP-Fuerza Pública no descarta realizar una manifestación de policías, similar a la del 2017, para que la Ministra de Hacienda de marcha atrás al recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad Pública.
El Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, Gerardo Mora se reunió con el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto con el objetivo de mostarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración.
Durante la reunión se trataron temas como faltante de personal, cursos policiales, inclusión en cursos de escalas jerarquicas del Estatuto Policial, así como apoyo al proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración.
Durante la reunión el Ministro de Seguridad reconoció las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, pero a la vez, indicó las carencias económicas existentes en el MSP para poder brindar el apoyo necesario y debido a es cuerpo policial.
Conversamos con Gerardo Mora sobre los alcances de la reunión sostenida en el despacho del Ministro de Seguridad Pública.
A continuación el desgloce de los puntos abordados en la reunión.
1) Solicitar apoyo al Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente:
a) incremento en la visitación turística aeropuertos y puertos; b) problemas con el fenómeno de inmigrantes; c) Problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados; d) la trata ilegal y el tráfico de personas; e) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas; f) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos, g) el conflicto en Crucitas, h) la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio, así como el aumento de ventas ambulantes, i) la falta de infraestructura.
El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.
2) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía, dé los Cursos que la Policía Profesional de Migración requiere.
Actualmente hay aproximadamente 100 Oficiales de Alta sin el Curso Básico Policial y para este año aparentemente no se ha programado que la Escuela Nacional de Policía imparta el Curso de Alta, la ENP no ha enviado información a la Unidad de Capacitación de Migración para cuando está programado dicho curso.
Con el propósito de no afectar la operación policial, solicitamos con todo respeto que por la vía de convenio faciliten personal policial para que sustituyan a los Oficiales que asistirán a realizar el Curso Básico Policial de Alta, así como oficiales para reforzar las oficinas policiales regionales.
3) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía incluya a la Policía Profesional de Migración en los Cursos de Escalas Jerárquicas del Estatuto Policial.
Escala Básica: a) Agente de Policía b) Inspector de Policía c) Sargento de Policía
Oficiales Ejecutivos: a) Sub intendente b) Intendente o Capitán
Oficiales Superiores a) Comandante b) Comisionado c) Comisario
4) Propuesta de Curso Introducción a los conocimientos Generales de la Función Policial Migratoria:
La Policía Profesional de Migración se encuentra en una transición, en donde sus oficinas policiales serán comandadas por funcionarios estrictamente con nombramientos policiales, en aras de cumplir con lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, en su artículo 18 y el Reglamento de la Policía Profesional de Migración, así como la Ley General de Policía 7410 y su estatuto policial.
Los oficiales de la Policía Profesional de Migración, deberán de contar con la preparación debida para cumplir con las potestades emanadas por la ley citada, es por ello que nace la necesidad de que en la Dirección general de Migración y Extranjería (DGME), exista un Curso Básico de Conocimiento Generales de la Función Policial Migratoria, pero especializado en la materia, que sea capaz de profesionalizar y perfeccionar sus conocimientos en el área técnico policial y jurídico, para que surja un resultado acorde a las necesidades institucionales, que permita discernir y decidir situaciones diversas en el campo migratorio y elevar la calidad del servicio policial migratorio a nivel profesional. La propuesta de este Curso Básico, va enfocado a solventar en poco más de DOSMESES Y MEDIO, este tipo de necesidades, utilizando en todo momento los recursos en cuanto a instalaciones, personal y material didáctico de nuestra institución, y deberá de ser impartido por profesionales en las diferentes oficinas, ya que existe un material humano de mucho valor, experiencia y conocimiento.
La Seccional ANEP-Alunasa entregó la tarde de este viernes una carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump donde manifiestan la grave situación económica-social por la que están pasando 277 trabajadores de la empresa Alunasa, situación que se complicó aún más, con la declaratoria realizada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. al indicar que la empresa venezolana fue utilizada para lavar dinero.
Según indica la carta, dicha declaratorio del Departamento del Tesoro provocó que el sistema bancario costarricense procediera de forma inmediata a cerrar todas las cuentas bancarias de Alunasa lo que imposibilitó el pago de salario a los trabajadores.
“Esto se da pese a que en dicha declaratoria no se puntualiza ninguna acción concreta en la que Alunasa hubiese sido utilizada para realizar el ilícito referenciado”, indica el documento. Otro de los puntos que detalla la Seccional ANEP-Alunasa, es que a la fecha no existe ninguna investigación judicial en nuestro país contra la empresa de Aluminios radicada en Juanilama de Esparza por lavado de dinero.
“El 29 de junio, recibimos un comunicado oficial de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica, en el mismo nos indican que, no existe al día de hoy en esta fiscalía adjunta ninguna investigación penal abierta o en trámite, en relación con los señalamientos extraídos de la noticia difundida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”, indica el escrito.
Además, en la carta la Seccional ANEP-Alunasa detalla la forma de operación de la empresa de Aluminio en nuestro país, a la vez, que apelan a la sensibilización del Presidente de los Estados Unidos en busca de una solución a esta situación que mantiene a decenas de familias sin recibir sustento y la actividad económica de un pueblo completamente desacelerada.
“Es muy importante aclarar, que Alunasa es una empresa que opera bajo el régimen de zona franca en Costa Rica, con un perfil de empresa privada, que aunque ciertamente su dueño es el estado de Venezuela, no mantenemos ningún tipo de relación más allá de la referente al negocio que nos ocupa. Cabe enfatizar, que el dinero producido mediante nuestra operación productiva y comercial, es utilizado en su totalidad para mantener las operaciones de nuestra empresa, principalmente en salarios, compra de insumos y otras operaciones comerciales relacionadas con la empresa, agilizando la economía local, tomando en cuenta que una gran parte de nuestros proveedores, son otras empresas ubicadas en Costa Rica, tanto en el sector privado como en el público”, indica la Seccional.
La carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos de América fue entregada al representante Diplomático-Agregado Laboral de la Embajada de Estados Unidos, Tim Huson, quien visitó la ANEP para tratar diversos temas referentes a la situación social-económica que atraviesa Costa Rica.
Roger González, operador de equipo móvil se presentó este miércoles al municipio, en compañía del abogado de la Anep, Gustavo Hernández, Jorge Campos promotor de la ANEP y el regidor municipal Luis Salazar para hacer efectiva su reinstalación, sin embargo esta fue rechazada por el director del procedimiento municipal.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestiona los fallos de la Sala Constitucional con respecto al tope de la cesantía de ocho años en el sector público, debido a que dichos pronunciamientos han afectado la autonomía del sector municipal y la negociación en las Convenciones Colectivas de Trabajo.
Los cuestionamientos de la ANEP hacia la Sala se basan en que las cesantías superiores a los 8 años existen y están contempladas en la Ley de Protección al Trabajador (LPT), en el Estatuto del Servicio Civil para restructuraciones, en el caso de privatizaciones (Incop), en las Asociaciones Solidaristas (incluidas las del sector público) y en las Convenciones Colectivas.
“La jurisprudencia reiterada de la Sala IV ha sido que lo que está en Convenciones Colectivas de Trabajo se considera Ley de la República y por tanto, la misma Sala ha refrendado o ratificado todas las cesantías superiores a ocho años cuando se presentan acciones de inconstitucionalidad”, explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
Para el sindicato, la Sala Constitucional podría estar aplicando “discriminación antisindical” ya que a las asociaciones solidaristas del sector público no se les ha puesto un tope de cesantía, y estas últimas también requieren del aporte estatal.
“¿Cómo reaccionaría la Sala Constitucional? ante la eventualidad de una acción de inconstitucionalidad contra la propia Ley del Solidarismo y contra la Ley de Protección al Trabajador dado que ambas contemplan topes de cesantía superiores a ocho años y sin ningún límite”, agregó Vargas.
La ANEP reitera que el sector municipal no tiene ninguna responsabilidad del déficit fiscal, a la vez que, insiste ante la opinión pública que la cesantía mayor a los 8 años no es un privilegio o gollería, por lo que los trabajadores municipales estarían dispuestos a ir a las calles en fecha próxima “para defender lo que la Sala Constitucional siempre les dio”.
Estos cuestionamientos realizados por la ANEP se hicieron junto a trabajadores afiliados de diversas municipalidades, quienes asistieron a la conferencia de prensa.
Henry Varela, Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás sobre afectación
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la empresa G4S solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar una inspección laboral en la empresa de seguridad privada ante posible riesgo laboral y explotación obrera.
La solicitud fue realizada la tarde de este martes 3 de julio en la cual el sindicato expresa. “Con suma urgencia solicitamos la intervención oportuna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a sus dignos cargos, en el ámbito de Inspección de Trabajo; ante la circunstancia delicada que nos denuncia la Junta Directiva de la Seccional ANEP-G4S, empresa privada que brinda servicios de seguridad; específicamente en cuanto a la situación de severo riesgo laboral y probable situación de sobreexplotación obrera, que sufren varios trabajadores de seguridad a los cuales se les está recargando funciones pues fueron contratados para labores típicas de seguridad y ahora están siendo empleados como cobradores en los peajes de la autopista Ruta 27, dado que la firma titular de esta concesión de obra pública, conocida como Global Vía contrató los servicios de G4S para fines de seguridad”.
Para la ANEP y su seccional G4S esta situación es anómala toda vez que los oficiales de G4S no tienen ningún sistema de seguridad que les proteja de asaltos y otro tipo de agresiones que sufren durante el desempeño de ese doble rol laboral.
“Específicamente, podemos demostrar que cuatro trabajadores ya fueron asaltados, y uno de ellos está en cama con una bala dentro de su pierna. Por otra parte, el tiempo de almuerzo de los oficiales no está siendo respetado y sus alimentos los están ingiriendo dentro de la propia caseta, es decir mientras almuerzan siguen trabajando. Por otra parte, si algún oficial necesita ir al baño, debe cruzar la pista con el riesgo que ello conlleva, cuando se supone que, por el protocolo del servicio de seguridad, el servicio sanitario debe estar anexo a la caseta de seguridad. Como es lógico suponer, también no existe un reconocimiento salarial para esa doble tarea”, indica la solicitud.
Ante este escenario la ANEP solicita de forma urgente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una pronta inspección laboral en defensa de los trabajadores de esta empresa.
La Seccional de ANEP-Fuerza Pública envió una carta al Presidente de la República, Carlos Alvarado solicitando mejores condiciones laborales y mayor protección jurídica para los oficiales de la Fuerza Pública. El documento fue enviado en respuesta al mensaje brindado por el mandatario mediante frecuencia policial.
Audio Mainor Anchía
Compartimos la carta enviada al Presidente de la República
San José, 29de junio del 2018 CO-UDO-FP-06-354-2018
Sr. Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República Gobierno de Costa Rica
Honorable señor;
Primeramente, reciba un atento y respetuoso saludo; seguidamente, el infrascrito Mainor Anchía Angulo, portador de la cédula de identidad número 6-0236-0798 en mi condición de Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados “ANEP”, y, además, como Presidente de la Seccional ANEP Fuerza Pública, me apersono ante su distinguida autoridad administrativa, de conformidad con el artículo Nº 27 de la Constitución Política, así como el canon Nº 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, para lo siguiente:
En días recientes fuimos testigos de un acto que nos parece se podría considerar histórico, al menos el suscrito no tiene en su memoria, recuerdo alguno de un Presidente de la República, que se haya dirigido a la población Policial, mediante la frecuencia nacional, así mismo, por medio de las redes sociales. En su mensaje, su distinguida persona externó, entre otras cosas, un agradecimiento para el trabajo que desempeñan nuestros cuerpos policiales, al mismo tiempo, manifestó: “queremos llevar dignidad a ese trabajo, que ustedes hacen y respeto (…) y sepan de mi parte, que cuentan con el respaldo del gobierno de la República y de todos los costarricenses”.
En tal sentido, nuestra organización sindical, y la Seccional ANEP Fuerza Pública, desde hace algunos años, hemos venido haciendo énfasis en la necesidad de dignificar el trabajo de nuestros policías. Sin embargo, a la fecha seguimos con serios problemas de infraestructura, edificaciones que se alquilan a un alto costo, sin contar con las características de una delegación policial, delegaciones que permanecen en condiciones “precarias”, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de nuestros policías. Por otro lado, se mantiene un altísimo nivel de desarraigo familiar, lo cual potencia la desintegración familiar, en los hogares de nuestros policías.
También, y no menos importante, se hace necesario dotar de mayor protección jurídica el trabajo de nuestros buenos policías, para lo cual se hace necesario impulsar algunas reformas legales, que sería oportuno, surjan desde el Poder Ejecutivo, o en su efecto, de la cartera de Seguridad Pública. Para tales efectos, ofrecemos nuestra modesta experiencia en el conocimiento de la materia policial, así como en lo que, desde nuestra organización, hemos venido estudiando y planteando, desde hace varios años.
Señor Presiente, la Ley General de Policía número 7.410, establece en el numeral 44 inciso g): “Otorgar el apoyo legal oportuno y razonable, en las causas judiciales incoadas contra los funcionarios policiales, y darles el seguimiento a las resultas del proceso”. La interpretación nuestra del artículo citado, es que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante su Departamento Legal, debería brindar apoyo letrado a nuestros funcionarios, en las causas judiciales incoadas, en razón de sus funciones. En tal sentido, nos parece oportuno plantear lo siguiente: Es necesario definir los tipos de procesos en que se pueda brindar ese apoyo en causas judiciales, por ejemplo: la mayoría de los casos incoados contra nuestros policías, obedecen a un presunto abuso de autoridad, el cual deviene de la actuación policial, del contacto que muchas veces resulta inevitable con el infractor de las normas de convivencia social.
En caso de que sea correcta nuestra interpretación, además, por ser la función Policial, una materia que se vincula directamente con el ámbito Penal, nos parece debería invertir la Administración en capacitar a los abogados y abogadas de la Dirección de Apoyo Legal Policial, en materia Penal. Lo anterior, por cuanto, en su mayoría, nuestros abnegados funcionarios, de la supra citada dirección, carecen de dicha especialización. Es así señor Presidente, como se le podría comenzar a dar un mayor y más efectivo respaldo a nuestros policías. Sin omitir, que nosotros les brindamos asesoría y respaldo letrado, por medio de nuestra Unidad Jurídica, en materia laboral, administrativa y contenciosa.
En otro orden de ideas, pero no menos importante, es menester solicitar se nos aclare la aplicación de la Directriz Presidencial 003-H, publicada en la Gaceta del 06 de junio del año en curso, en relación con nuevos alquileres, así como otras medidas que podrían afectar Derechos Humanos laborales de nuestros policías, así como del personal administrativo, que labora en las delegaciones policiales. En tal sentido, preocupa a esta representación sindical, que se detenga la implementación de la Segunda Etapa del Manual de Clases Policiales, lo cual podría acarrear desmotivación, así como generar demandas judiciales por concepto de diferencias salariales.
Si bien existen otros temas importantes, por lo pronto, hacemos mención de los aquí supra citados, quedando en espera de su atención y atentos a lo que se requiera de nuestra parte.
Sin más, me suscribo respetuosamente. Señalo como medio para escuchar notificaciones el correo electrónico, mainoranchia@anep.or.cr
Cordialmente;
Lic. Mainor Anchía Angulo Directivo Nacional ANEP Representante Sindical
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) continúa con su crecimiento en la comunidad obrera de plantaciones agrícolas, y el pasado domingo conformó su tercera seccional en este ámbito bajo el nombre seccional ANEP-Ananas Export Co.
Juramentación
La conformación de esta seccional se dio en el cantón de Río Cuarto de Grecia donde sus afiliados se dedican a la labor piñera.
Los otros dos seccionales en funcionamiento son las ANEP-OBAS (Obreros Bananeros y Agrícolas de Sarapiqui); y la ANEP-OPAS (Obreros Piñeros y Agrícolas del Sur).
Declaraciones nuevo presidente
La Seccional ANEP-ANANASEXPORT CO. se convierte en la Seccional número 146 del conglomerado nacional ANEP. Les damos la bienvenida a estos trabajadores que son un ejemplo de dedicación, esfuerzo y lucha. ¡Bienvenidos a la familia anepista!
Sindicatos analizarán agenda de trabajo presentada por el Gobierno
La Unidad Sindical entregó al Gobierno de la República, un pliego de peticiones que permitirían dar a apertura a la mesa de diálogo multisectorial, que propondría soluciones consensuadas al déficit fiscal.
La entrega se hizo esta mañana, en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
A su vez, la Unidad Sindical recibió de parte del Gobierno, la propuesta de una agenda de trabajo en temas fiscales, la cual será analizada por las diversas organizaciones.
Los temas fiscales de la agenda presentada por el Gobierno son: el IVA, Impuesto al Salario, Renta Global, así como evasión y elusión fiscal, exoneraciones, pensiones de lujo y normativa de contención del crecimiento del gasto público.
Durante la reunión, los diversos representantes sindicales le hicieron ver al Gobierno la necesidad de un análisis de los puntos en discusión para emitir una respuesta, misma que se estaría emitiendo el próximo lunes 9 de julio a las 10.a.m. en una nueva reunión.
Uno de los puntos que cuestionaron las organizaciones sindicales, es que el Gobierno sugiere una mesa de diálogo bilateral con la presencia de la Iglesia Católica como garante, mientras los Sindicatos solicitan una mesa multisectorial.
La Unidad Sindical también solicitó que se retire de la corriente legislativa el expediente N°20.580 “combo fiscal” y que den marcha atrás con la solicitud de declaración ilegal de la huelga del pasado 25 de junio y que se garantice un diálogo diáfano, en un escenario exento de ataques contra la clase trabajadora y, particularmente, el empleo público.
Sobre este pliego, el Gobierno también deberá emitir una respuesta el próximo 9 de julio.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
