La actividad se hizo en conjunto con autoridades de INCOFER
Categoría: Acción Sindical
MSP despedirá a policías que queden embarazadas durante curso básico policial
Así lo establece el contrato de adiestramiento de la Escuela Nacional de Policías para el Curso Técnico Básico Policial en su punto cuarto, inciso b referente a Causas de Disolución, situación que para la Seccional Anep-Fuerza Pública violenta la normativa de Trabajo y la propia Constitución Política.
Dicho contrato, entregado a la ANEP por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), indica que para “la disolución de contrato se tendrá por razones suficientes, sin responsabilidad para ambas partes: b) la incapacidad de la servidora por estado de gravidez”. Esto pese a existir un salario de por medio desde que se firma dicho contrato y se ingresa a la Escuela Nacional de Policías.
Para Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública es sumamente grave que se de esta situación en la Escuela Nacional de Policías.
“Nos parece sumamente grave que en un contrato se establezca la posibilidad de despedir a una compañera por embarazo, totalmente contrario a lo que establece nuestra carta magna en su artículo 71, así como lo que establece la Ley de Trabajo en el artículo 94 y la nueva Reforma Procesal Laboral referente a la protección en fueros especiales”, indicó Anchía.
Precisamente, el artículo 94 del Código de Trabajo indica que “Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia”.
Incluso Anchía indicó que, en mayo del año anterior, la Seccional presentó un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional por el despido de una oficial de policía por estado de embarazo, la cual se encontraba realizado el Curso Básico Policial. En la resolución Nº 2017009592 la Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso y ordena al MSP a reinstalar a la oficial, además debe pagar los daños, costos y perjuicios causados.
“Nos preocupa que a pesar de ese fallo de la Sala Constitucional no se ha realizado la modificación reglamentaria, irrespetando lo que establece el Código de Trabajo en nuestro país. Recordemos que una vez que se firma el contrato con la Escuela Nacional de Policía se establece una relación laboral con el MSP”, finalizó Anchía.
La Secciona ANEP-Fuerza Pública presentará una solicitud ante la Dirección Jurídica del MPS para que procedan a realizar la corrección correspondiente. En caso de no hacerlo acudirán a las vías ordinarias del derecho.
Trabajadores de la Municipalidad de Cañas logran acuerdos tras 12 horas de huelga
Desde las 6 de la mañana de este lunes 15 de enero trabajadores operativos y administrativos de la Municipalidad de Cañas, con el apoyo de ANEP, iniciaron un movimiento de huelga que se extendió por 12 horas, el cual finalizó con un acuerdo satisfactorio.
La molestia de los trabajadores se debió al incumplimiento de la Convención Colectiva por parte del Alcade, Luis Fernando Mendoza.
Dentro de los incumplimientos de la Alcaldía a los trabajadores se enuentran: el no pago de la peligrosidad, un reajuste salarial por costo de vida del 2%, así como la implementación de una poliza colectiva de vida. Esto pese a darse un acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre las partes.
Reymol Jiménez sobre molestias de trabajadores
Este movimiento representa el primero de su tipo bajo el amparo de la Reforma Procesal Laboral, ya que la ANEP estará solicitando en las próximas horas ante un juez de trabajo la legalidad del movimiento por incumplimiento jurídico.
Ante estas acciones la Alcaldía abrió el espacio de diálogo a eso de las 2 de la tarde con la mediación de un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tras 4 horas de negociación se establecieron los acuerdos que llevó al levantamiento de la huelga.
Albino Vargas sobre acuerdos
Dentro de los acuerdos alcanzados se establece el respeto por parte de la administración de la Convención Colectiva, así como la implementación de una póliza colectiva de vida. Respecto al reajuste salarial se establecerá una comisión entre las partes, que tendrá hasta el 30 de mayo para presentar una propuesta.
En el tema de la peligrosidad, la Alcaldía se compromete a elaborar un instrumento (formulario) para que sea enviado a los jefes de departamentos y, una vez llenado será presentado a la vicealcaldesa para que esta lo presente a la empresa Servicios Empesariales MDM para la elaboración de un informe, el cual será presentado al Consejo Municipal para hacer de su conocimiento el pago de la peligrosidad.
Felicitamos a la Seccional ANEP-Municipalidad de Cañas y los trabajadores que participaron de este movimiento.
Acuerdo Municipalidad Cañas by EugenioGuerrero on Scribd
Posición de la Seccional ANEP- PPME ante largas filas en aeropuerto del país y controles migratorios
La Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y la ANEP ha venido denunciando la falta de personal e infraestructura necesaria en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, tanto en los puestos fronterizos como en los principales Aeropuertos del país.
Para tal efecto hemos realizado reuniones con la Viceministra de Gobernación, las Directoras de Migración y Extranjería que han pasado por la Dirección y la actual.
Ademas, se han realizado reuniones con la Autoridad Presupuestaria quienes aprobaron sólo 50 plazas de 320 que se solicitaron en la administración de la Licenciada Kathya Rodríguez. A esto se suma que hasta ahora se están reponiendo a los compañeros que se han pensionado o han despedido, así como a los que han fallecido, por lo que el faltante de personal es el mismo.
A raíz de la puesta en marcha del nuevo sistema visible, hicimos la observación de que primero había que reformar el Artículo 37 de la Ley General de Migración y Extranjería para poder realizar el cambio, porque sino se estaría haciendo contrario a nuestra legislación.
Nos manifestaron que era un plan piloto sin fecha límite para evaluar. Es decir, no se preocuparon por la infraestructura y tampoco por aumentar personal.
Como hemos visto la gran preocupación y afectación de la ciudadanía y algunas organizaciones por las largas filas que se están presentando en los controles migratorios para entrar y salir del país, queremos pedirle a Coriport, AERIS, ALA (Asociación de Líneas Aéreas), Cámara de Hoteles, Empresarios Turísticos, Aviación Civil y a todos en General; que nos apoyen y soliciten al Poder Ejecutivo que convoque el Expediente No.20323 que le dará recursos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Así mismo solicitamos al Director de Aviación Civil que nos incluyan en la mesa de diálogo para buscar una solución al problema de hace muchos años, como lo es el faltante de Personal en la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Gerardo Mora Ordóñez.
Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Directivo Nacional de ANEP.
Restringen ingreso de representante sindical en la Escuela Nacional de Policía en Guápiles
Escoltado y vigilado, como sí ingresara a un centro penal de máxima seguridad, esta fue la descripción que brindó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública en su visita este viernes 12 de enero a la Escuela Nacional de Policías, ubicada en Guápiles.
Anchía indicó que se trasladó al recinto policial a visitar a un afiliado de la ANEP, para conversar sobre una serie de situaciones laborales, pero incluso durante la reunión con el afiliado debió ser acompañado por un oficial.
El Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública también crítico la forma en que se está manejando el entornó en la Escuela Nacional de Policías, ya que, según este, obligan a los y las oficiales a ingresar desde el día domingo por la noche al recinto, cuando por horario deberían de hacerlo a partir del lunes,” incluso se les impide el ingreso de alimentos para pasar la noche ya que no les brindan la cena el domingo; y hay compañeros y compañeras que se trasladan desde zonas alejadas”
Conversamos con Mainor Anchía sobre estas y otras situaciones que se presentaron en su visita a la Escuela Nacional de Policía. Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:
IVM-CCSS: ¿Volverá la confrontación?
Provocadora, imprudente y de enorme carga confrontativa es la inviable insistencia de algunos integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de imponer la repudiable tesis de elevar la edad para la pensión a los 65 años y de reducir el monto de la misma del 60 % a un 40 %, según se da a conocer en este día.
Parecería una burla al esfuerzo de una multiplicidad de sectores que se involucraron en una mesa de diálogo y que, en principio, concertaron en que ni la edad ni el monto se tocarían en lo más mínimo pues según se informó, se apostó por otras medidas alternativas para darle sostenibilidad al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en los próximos 20 años.
No nos cansaremos en insistir en que la Fiscalía General de la República desempolve la denuncia interpuesta hace ya 7 años para determinar si con las finanzas de IMV habría ocurrido algunas prácticas de riesgo financiero que estarían generando los problemas que el mismo dicen que está enfrentando en la actualidad; denuncia que el anterior jerarca de esta entidad “metió debajo de la mesa” pero que la nueva autoridad de la misma, la señora Emilia Navas Aparicio, dijo que la reactivaría.
Obvio es que doña Emilia ha estado muy recargada de trabajo; pero, con todo respeto, le hacemos un llamado público para que no se retrase más activar este expediente, ahora que hay tanta confianza ciudadana en que la transparencia retornó a la Fiscalía General de la República.
Contra el rechazo generalizado de la clase trabajadora cotizante para IVM-CCSS, se le impuso una reducción salarial del 1 % que ya entró en vigencia; reduciendo en el caso del reajuste por costo de vida para la empresa privada, el cual quedó en menos del 2.43 % que se definió para que entrara en vigencia este pasado 1 de enero. A la clase trabajadora del sector Público, sin su reajuste establecido, le espera lo mismo: reducción salarial por el 1 % de aumento en el aporte obrero a este sistema de pensiones.
ANEP y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA formula un llamado a toda la clase trabajadora, pública y privada, para que estén alertas y se apresten a movilizarse a fin de cerrarle el paso a este tipo de intentonas que lo que pretenden es privatizar IVM para entregarlo a las insaciables pretensiones de los sectores financieros del país que anhelan tener acceso a sus multimillonarios fondos.
Igualmente, reiteramos la imperiosa necesidad de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar este reto y otros que amenazan con deteriorar todavía más la situación sociofinanciera del pueblo trabajador de nuestro país.
San José, lunes 8 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Patria Justa alerta a toda la clase trabajadora
El Superintendente de Seguros, don Tomás Soley Pérez, en una arremetida más en contra del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la Seguridad Social costarricense, asesta una cuchillada artera (Resolución SGS-R-2100-2017) al Régimen de Riesgos del Trabajo (RT) administrado durante más de noventa años por el INS.
Don Tomás Soley Pérez resolvió que la Reserva de Capital que el INS ha dispuesto para consolidar y promover constantes mejoras a la infraestructura y a los servicios que ofrece el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT), cambie su naturaleza; y, por tanto, que esta Reserva de Capital ya no siga respaldando al RT y su solidez económica, sino que pase a formar parte del capital ordinario del INS y así sea destinado a otras necesidades institucionales.
Desde la reforma de 1982 (introducción del Título IV al Código de Trabajo), obra del humanista socialcristiano don Germán Serrano Pinto (q.d.D.g.), las distintas administraciones del INS se han dedicado a fortalecer los servicios de salud en materia de riesgos del trabajo.
Entre otras mejoras, con la creación del complejo de La Uruca (Casa de Salud y Albergue Temporal), la construcción de dispensarios médicos por todo el país, la construcción del Hospital del Trauma (el hospital en su naturaleza más moderno de Centroamérica y uno de los mejores de América Latina), la creación de una red de servicios de salud con siete centros médicos incrementando el personal de trescientos a mil quinientos servidores, programas de especialización médica a nivel internacional, bajando la tarifa del seguro en forma sostenida durante la presente administración; y consolidando un proyecto muy agresivo y extenso de prevención de accidentes y de enfermedades laborales, además del apoyo en constante crecimiento a la Comisión de Salud Ocupacional a nivel nacional.
Don Tomás ha decretado una especie de saqueo en perjuicio de la clase trabajadora costarricense (y migrante); en deterioro de la calidad de la atención de sus accidentes laborales, de sus enfermedades del trabajo, de la salud ocupacional y de la prevención de los riesgos laborales.
Es un despojo de ciento treinta mil millones de colones (130.000.000.000, equivalentes a un 0.40 de Producto Interno Bruto PIB); enorme cantidad de dinero que ahora el INS no podrá destinar al mejoramiento constante del régimen RT
La información que tenemos nos lleva a que el origen de este despojo es un supuesto documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), mismo que ha ordenado al Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como al propio al Gobierno de la República, debilitar el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT); para que al bajar los requerimientos de capital e inversión, la empresa privada pueda llenar los requisitos mínimos e instalarse en el mercado, ofreciendo servicios deteriorados de atención de riesgos laborales y bajo la lógica egoísta del capitalismo salvaje.
Nos preguntamos: ¿Habrá aquí algún tipo de movida para favorecer a la empresa Oceánica de Seguros su inserción en materia de ofrecimiento de seguros de riesgos del trabajo? ¿Tendría algún nexo la funesta decisión de don Tomás con la no menos funesta decisión de la Junta Directiva de la Caja de asegurar su patrimonio con tal firma privada y no con el INS? ¿Estaremos entrando ya en un escenario de un ataque estratégico coordinado contra la institucionalidad y contra la estabilidad financiera del INS; institución que a pesar de la imposición del TLC con Estados Unidos, sigue siendo la líder del mercado en todas sus modalidades?…
Aprovecharon que en este momento el pueblo se concentra en la celebración de la Natividad de Nuestro Señor y en las festividades del fin de año, y que se toma un merecido descanso, para consolidar este saqueo a la Seguridad Social.
Don Tomás, Gobierno de la República: los derechos a la salud laboral de las trabajadoras y de los trabajadores son sagrados.
¿Qué pretende don Tomás? ¿Hacer méritos con los neoliberales para que le renueven el nombramiento por cinco años más, con su salario de más de nueve millones de colones al mes?
Han venido debilitando y privatizando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), golpeando el Régimen de Pensiones y ahora quieren acabar con el Régimen de Seguridad Social en materia de salud laboral.
Hacemos un llamado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Costa Rica, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a la Iglesia Católica, a todos los verdaderos cristianos, a los candidatos a la Presidencia de la República y sus partidos políticos, para enfrentar unidos este nuevo despojo que pretende el capitalismo salvaje con esta maniobra sucia y cobarde de la Superintendencia de Seguros (Sugese.
El régimen social costarricense de la salud laboral es un modelo que es ejemplo a nivel mundial y consolida una forma de redistribución de la riqueza en favor del pueblo trabajador.
No dejemos que los ricos egoístas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos roben esta conquista histórica del Estado Social de Derecho.
ENFRENTEMOS TODOS JUNTOS ESTA MANIOBRA EN CONTRA DE LA CLASE TRABAJADORA COSTARRICENSE
LUCHEMOS POR FORTALECER EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EN FAVOR DE LA SALUD DEL PUEBLO TRABAJADOR
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
José Luis Soto Rodríguez, Secretario General, Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS)
COLECTIVO SINDICAL PATRIA JUSTA
La CCSS pone en altísimo riesgo el patrimonio de todos los costarricenses
Primero el Diario Extra y La Nación después, dieron cuenta a la opinión pública nacional que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de su Junta Directiva y de su Director Financiero, el señor Gustavo Picado Chacón, que contrataron a la firma privada Oceánica el seguro de bienes patrimoniales de la institución, conocido como TODO RIESGO para cubrir poco más de $ 2.000 millones en infraestructura de la CCSS.
Al respecto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), integrantes ambas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, manifestamos:
La Ley de la República No. 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, establece en su artículo 7 que: “El Estado ejercerá la actividad aseguradora por medio del INS y las sociedades anónimas que se establezcan entre bancos públicos y el INS. En virtud del principio de unicidad del Estado, tanto el Gobierno Central como las demás instituciones del Sector Público, reconocen al INS como la única empresa de seguros del Estado. Para ello, el Estado contratará directamente con el INS todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades, siempre que el INS ofrezca condiciones más favorables considerando prima, deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del respaldo financiero y respaldo de reaseguro”.
Es claro que, aunque la prima que cobrada el INS era un poco mayor (entendemos que un monto cercano a $ 259.000 que lo que cobro Oceánica); los demás elementos reglados por la Ley NO podían ser desconocidos por los altos funcionarios técnicos de la CCSS que recomiendan a la Junta Directiva contratar con otra aseguradora desconocida en el medio.
La calidad del respaldo financiero del INS respecto a Oceánica y la calidad del respaldo de reaseguros, sencillamente no son comparables. Pero aun así, con argumentos tan risibles, como que:
a. La oferta de Oceánica fue mas baja en prima que la del INS (poco menos de $ 259.000)
b. La Oferta del INS venía en “días naturales” y “no hábiles”.
Los señores de la CCSS, encabezados por su Director Financiero, Gustavo Picado Chacón, pese a las implicaciones económicas, jurídicas, y propiamente del riesgo en juego que conlleva esta contratación, recomiendan y avalan contratar con Oceánica. Y la Junta de la CCSS lo aprueba. ¡Esto es lo peor!
Resaltamos también que el propio auditor interno de la CCSS, el señor Jorge Arturo Hernandez, manifestó su oposición a esta contratación con Oceánica. ¡No lo escucharon en Junta Directiva de la Caja!
Para que los y las costarricenses tengan un claro ejemplo:
Si sucediera un evento, similar al del Hospital de Puntarenas como hace unos años, y hubiese que indemnizar a la CCSS, digamos con $ 15 millones, por los daños; el INS asume dicha responsabilidad y paga en un período corto y como corresponde. La pregunta es: ¿tendríamos la misma seguridad con esta otra compañía cuyo respaldo financiero local es infinitamente menor al del INS y no se sabe que reaseguradores utiliza? La afectación para los usuarios de la CCSS es evidente.
El asunto está en que NO podemos esperar a que se sucedan siniestros y a ver si paga o no paga. ¡Con el INS eso jamás sucedería! Es nuestra aseguradora. Y los más importante: el INS cuenta con LA GARANTIA DEL ESTADO DE COSTA RICA, pero Oceánica NO tiene dicho respaldo. Y esto, señores y señoras, en estas sumas aseguradas es determinante. Pese ello la CCSS se fue con Oceánica.
PROCESO DE CONTRATACIÓN
Nos llama la atención que la CCSS abre un proceso de contratación de seguros, entendemos que por primera vez pues, históricamente, venía contratando con el INS de forma continua. En las valoraciones de criterios para elegir el elemento determinante fue el precio; NO las garantías ni respaldos financieros, ni trayectoria. Tampoco lo fue lo que el Art. 7 de la ley de seguros citada señala. Curiosa y presuntamente, nos parece todo esto como el clásico compadre hablado. Eso deberá ser investigado a profundidad.
Pesó más una diferencia de $ 259.000,00 (doscientos cincuenta y nueve mil dólares) en un contrato de $ 2.000 (dos mil millones de dólares) cuya prima anual cobrada por el INS fue de $ 2.135.731 y Oceánica de $ 1.876.591. Todavía el Director Financiero de la CCSS dice que “hubo un importante ahorro”. ¡Por favor señores, sean más serios y no se burlen de los costarricenses!
Insistimos y creemos que hubo mala fe de los técnicos de la CCSS al no contratar con el INS, bajo el pírrico argumento de que era más cara y que el plazo de vigencia de la oferta venía en días naturales y no hábiles. ¡Qué poca seriedad!
Es posible que “legalmente” todo esté correcto. Pero, y adónde quedó lo que presuntamente habría sido inmoralmente incorrecto, amañado, compadrado y, sobre todo, malintencionado del concurso; que no previno variables de valoración usualmente acostumbradas como: RESPALDO Y FORTALEZA FINANCIERO, GARANTIAS DE CAPITAL, REASEGUROS, EXPERIENCIA, ETC. De haberlo hecho, sin duda nunca hubiesen contratado a una aseguradora de tercera categoría y poner en riesgo el patrimonio de la CCSS.
Recemos para que no suceda ningún evento catastrófico antes del 31 de octubre del 2018, fecha en que vence este nefasto contrato CCSS-Oceánica.
CEMENTAZO, OCEÁNICA, JCB Y TEMAS AFINES.
Es probable que los técnicos de la CCSS, encabezados por su Director Financiero, Sr. Gustavo Picado Chacón, vivan en otro país que no es el nuestro. Esto lo decimos porque pareciera que no notaron que alrededor de esta aseguradora, Oceánica, pesan un sin numero de cuestionamientos en torno al tema del “Cementazo” por emitir garantías a favor de las empresas del Sr. Juan Carlos Bolaños Rojas (Grupo JCB), en un caso que se investiga en la Asamblea Legislativa, La Fiscalía General de la República, la Procuraduría de la Ética, entre otros.
Esta affair de una desconocida compañía de seguros que incursiona en importantes contrataciones públicas con la CCSS, bancos públicos y privados , llama poderosamente la atención en momentos en que todos nos cuestionamos los llamados tráficos de influencias en la esfera pública, mismos que hoy tienen al país de cabeza y a los partidos políticos tradicionales en coma. No hablamos del proceso de elecciones, que es el espejo de toda esta inmundicia que “hiede” a podredumbre. ¿Será este contrato de la CCSS con Oceánica un capítulo más de esta peste de tráfico de influencias? Veremos…
RESPALDO AL INS
Como organizaciones sindicales responsables, respaldamos al INS en este tema en particular y creemos que casos como estos NO pueden suceder a futuro. El INS es la aseguradora de los y las costarricenses, cuenta con la garantía del Estado y las leyes son claras respecto a la contratación de todas las entidades públicas con el INS. ¿O es que ahora se volvió un botín los seguros del Estado con compañías privadas? ¡Estamos informados y estaremos alertas!
DEBER DE LA JUNTA DIRECTIVA CCSS DE EXPLICAR LO SUCEDIDO.
ANEP y UPINS, con el aval del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, solicitarán a la CCSS rendir las explicaciones de este nuevo desastre. Valoraremos llevar al Ministerio Público este asunto, una vez conocida la respuesta de la Junta Directiva de la Caja.
San José, jueves 21 de diciembre de 2017.
Canal 13 mantendrá misa y rosario en su programación
La decisión habría sido tomada este jueves 14 de diciembre en Sesión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), donde participó la Defensora de las Audiencias, Natalia Rojas para dar explicaciones de la recomendación para eliminar de la promoción la Misa y el Rosario.
Luego de la reunión sostenida con Rojas, el Consejo habría tomado la decisión de dar marcha atrás a la decisión por considerar que no existe una propuesta concreta que refleje la pluralidad de contenido de la que se habló para sustituir la misa y el rosario.
La Seccional ANEP-SINART fue una de la principales opositoras a esta decisión. Conversamos con Sergio Castro, Vicepresidente de la Seccional ANEP-SINART sobre el trabajo realizado por el sindicato.
*CONSEJO EJECUTIVO
SESIÓN 044-2017
14 de diciembre de 2017
ACUERDO No 2*
Considerando que:
1. El Consejo Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART, S.A.), reafirma su compromiso con la neutralidad y el respeto por el pluralismo religioso consagrado en la Constitución Política y la Ley Orgánica del SINART, S.A. (Ley No. 8346, “Ley Orgánica del SINART”,), artículo 4, inciso c), así como por la libertad de credo y las prácticas religiosas de las personas trabajadoras del SINART, S.A. y la sociedad costarricense en general.
2. En atención a los principios rectores y las competencias definidas en la Ley No. 8346, el Consejo Ejecutivo, órgano responsable de “fijar las políticas, los principios básicos y las líneas generales de programación y administración”, acordó sustituir la transmisión de las ceremonias religiosas por nuevos contenidos de carácter neutral y participativo, que reflejen la pluralidad y diversidad de las expresiones religiosas que se practican y coexisten en el país, al amparo del marco de legalidad vigente (Acuerdo No. 2 de la Sesión Ordinaria N° 037-2017 del 19 de octubre de 2017).
3. Lo decisión del Consejo Ejecutivo se tomó a partir del criterio sobre la transmisión de contenidos religiosos en los medios de comunicación del SINART, S.A., elaborado por la Defensoría de las Audiencias de los Medios de Comunicación del SINART, S.A., solicitado por el mismo Consejo Ejecutivo, como parte de su agenda de trabajo.
4. La Defensoría de las Audiencias de los Medios de Comunicación del SINART, S.A. actúa como un órgano asesor del Consejo Ejecutivo; instancia de auto regulación, al servicio de las audiencias del SINART, S.A., que cumple la función de atender y canalizar las quejas de las personas consumidoras de los contenidos que producen y transmiten nuestros medios de comunicación, cuando consideran que son discriminatorios o lesionan derechos fundamentales. La funcionaria Nathalia Rojas fue designada en el cargo como resultado de un proceso público de selección y evaluación de atestados ordenado y dirigido por el mismo Consejo Ejecutivo.
5. La Comisión Institucional de Programación del SINART, S.A. trabaja en el diseño de programas para radio y televisión que respondan al objetivo de ofrecer a nuestras audiencias contenidos alternativos, pluralistas y que garanticen el principio de neutralidad religiosa, así como en la búsqueda y evaluación de contenidos producidos por casas internacionales, para recomendar su compra y programación.
6. La empresa no hace propias las manifestaciones que cualquiera de sus colaboradoras o colaboradores haya emitido a título personal antes de iniciar labores en el SINART, S.A. o en el presente contexto. Las comunicaciones oficiales fueron emitidas mediante comunicados de prensa fechados 6 y 8 de diciembre de 2017, respectivamente, por lo que lamentamos el tratamiento que, a pesar de las declaraciones emitidas oportunamente, dieron algunos medios de comunicación y que provocaron el malestar y la indignación de nuestras audiencias.
Con fundamento en lo anterior, el Consejo Ejecutivo del SINART, S.A. acuerda:
1. Lamentar que el acuerdo No. 2 de la Sesión Ordinaria No. 037-2017 del 19 de octubre de 2017, que procura una programación neutral y respetuosa de la pluralidad religiosa, se haya prestado para un tratamiento irresponsable de parte de algunos medios de comunicación y de actores sociales y políticos. Son lamentables también algunas manifestaciones individuales de personas ciudadanas que rayan en el más inadmisible irrespeto e intolerancia.
2. Reafirmar su compromiso con el principio de neutralidad y pluralismo religioso como derrotero en la programación de los medios del SINART, S.A. Esta afirmación de principio no supone en ningún caso eliminar las referencias a la fe, a la figura de ningún Dios ni a la religiosidad de las personas ciudadanas. Los medios del SINART, S.A. deben abrir las puertas a contenidos que reafirmen todas las expresiones espirituales que apunten a una cultura de paz y a una convivencia desde el respeto y la tolerancia.
3. Ordenar a la Comisión de Programación Institucional del SINART, S.A. mantener en la parrilla de TRECE Costa Rica Televisión, la misa dominical y el rosario, hasta tanto esta instancia presente al Consejo Ejecutivo una propuesta de programación con enfoque integrador y participativo, que atienda el principio de neutralidad y pluralismo religioso, ordenado por su Ley Orgánica. En consecuencia, se suspende la entrada en vigencia del acuerdo No. 2 de la Sesión Ordinaria No. 037-2017 del 19 de octubre de 2017.
4. Solicitar a la administración del SINART, S.A. promover un proceso de consulta pública. La propuesta que realice la Comisión Institucional de Programación deberá recoger el criterio de aquellos sectores de la sociedad y entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo que puedan tener una opinión sobre este tema.
5. No hacemos propias las manifestaciones o expresiones emitidas a título personal por las personas trabajadoras del SINART, S.A. en el marco de esta discusión, y que se alejan del criterio contenido en las comunicaciones oficiales emitidas por la empresa.
