La Auditoría Interna de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmó a la Seccional ANEP-AyA que, a partir del 1 de noviembre del año en curso, realizará una auditoria especial por la situación que se presenta en los tanques de almacenamientos de agua potable ubicados en Barrio el Carmen de Puntarenas, los cuales presentan graves daños de filtración lo que provoca el desperdició de poco más de 4 litros de agua por día.
Edwin Marín, Presidente de la Seccional ANEP-AyA manifestó que la posible solución de la administración será la construcción de nuevos tanques.
La Seccional ANEP-AyA visitó el viernes 8 de setiembre las instalaciones donde se ubican los tanques, donde pudo constatar la situación que llevó a la denuncia, la cual fue expuesta en varios medios de comunicación.
Otro de los cuestionamientos realizados por la Seccional, es que la empresa encargada del mantenimiento de los tanques no ha realizado un efectivo trabajo pese al alto costo del mismo.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de alzar la voz de alerta, nos complace la decisión tomada en la mesa de dialogo del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de no aumentar la edad de pensionarse ni el número de cuotas.
“En ANEP nos sentimos muy contentos y satisfechos de haber pegado el grito a cielo en el momento oportuno y de haber lanzado una voz de alerta más que necesaria y prácticamente obligar a que se hablará con claridad ante tantos meses y semanas de un diálogo muy en las sombras”, expresó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas indicó que no hay espacio político, ni la posibilidad material de cristalizar semejantes ideas en contra de la clase trabajadora, a la vez, que hizo un llamado a la Fiscal General a.i. Emilia Navas para que revise la demanda penal interpuesta en el Ministerio Público contra los presuntos responsables del “descalabro” del régimen IVM, la cual lleva un estancamiento de 5 años.
Cabe destacar el buen accionar de esta Seccional, ya que el trabajo duro y esfuerzo para mejorar las condiciones laborales de sus compañeros los ha llevado a obtener la Convención Colectiva, Salario Escolar y otros reconocimientos. Estas acciones han permitido el crecimiento de la Seccional en afiliación, así como un buen clima con la administración municipal.
Conversamos con Graciela López Cordoba, electa como nueva Presidenta de la Seccional y que anteriormente fungió como Secretaria de Divulgación y Comunicación.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública envió una solicitud a la Fiscal General a.i. Emilia Navas para que se revise dos causas contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) presentadas por aparentes nombramientos y ascensos irregulares en altos puestos, así como malversación de fondos públicos.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional-ANEP Fuerza Pública, explicó que la primera causa presentada ante la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción se da por aparentes nombramientos y ascensos irregulares de altos jerarcas, la cual fue extrañamente sobreseída por prescripción presuntamente en el año 2016, pese a contar con pruebas contundentes y tres informes del OIJ que permitían la posibilidad de acusar y elevar a juicio. A la fecha la seccional no ha sido notificada oficialmente de esa decisión.
“La denuncia contó con una importante información documental que se presentó en el 2014 y que para el año 2015 ya contaba con un informe de la Sección de Fraudes del OIJ, la cual recabo importante información para el caso al realizar secuestro de documentos”, dijo Anchía
Otro de los cuestionamientos realizados por la Seccional ANEP-Fuerza Pública es que el caso pasara por manos de al menos tres fiscales en dos años.
“Esto amerita un análisis del por qué se dio de esta manera, en esta causa hubo tres fiscales, algo que nos parece irregular. Incluso el último fiscal asignado en el año 2017 solicita informes a la Sección de Fraudes del OIJ a la vez que notifica a la Procuraduría General de la República para que se convierta en parte; esta última institución solicita constituirse en victima en la causa. Pese a esto la fiscalía pide un sobreseimiento por prescripción en el 2016, es decir no hay congruencia” explicó Anchía.
Respecto al segundo caso, la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó una denuncia con dos causas ante la Fiscalía de Fraudes por presunta malversación de fondos públicos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) mientras se atendía la emergencia en Isla Calero en el año 2014, por la compra de vehículos y activos que fueron asignados a otras zonas del país, así como por el presunto faltante millonario en bodegas del MSP de jackets para los oficiales de la Fuerza Pública.
En ambos casos la Fiscalía de Fraudes solicita un desistimiento y de encontrarse nueva prueba podría ser abiertos. Decisión que deja un sin sabor en la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
“Consideramos que no es correcta esa decisión, las pruebas son contundentes. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Emergencia se contó con la prueba testimonial de un Auditor del Ministerio de Seguridad Pública quien se presentó en dos ocasiones ante la Fiscalía a ratificar nuestra denuncia. En el caso de la jackets se presentaron informes de auditoría interna del MSP que demostraban el faltante de las mismas, lo que dejaba en pérdidas para la institución de casi 250 millones de colones”, detalló Anchía.
Anchía indicó, que incluso en el caso de la CNE, el Ministerio de Seguridad Público solicitó el despido del auditor interno declarándolo desleal a la institución, orden firmada por el entonces Ministro de Seguridad, Celso Gamboa.
Piden investigar La Seccional ANEP-Fuerza Pública no descarta la intromisión de personas ajenas a la investigación, ya que para ellos ambos casos tuvieron un desenlace cuestionable y extraño, pese a las contundentes pruebas documentales y testimoniales presentadas.
“Hemos recibido informaciones que no podemos acreditar, pero tampoco descartar, que señalan que en ambas causas se pudo presentar algún tipo de injerencia, es una presunción que no podemos dar por un hecho, por esta razón solicitamos a la Fiscal General que ambas causas sean revisadas y analizadas. Incluso en la causa de la Comisión y las jackets recibimos una llamada anónima de una persona de la Fiscalía de Fraudes anticipando que se estaba ordenando el sobreseimiento de dicha causa. Esa misma persona me indica que esa decisión no es correcta”. Finalizó el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Durante una Asamblea Ordinaria los afiliados de la ANEP en la Municipalidad de Alajuela eligieron a la Junta Directiva de la Seccional que los representará por dos años.
ANEP pregunta: ¿Qué se está negociando a espaldas de la clase trabajadora?
ANEP alerta a la población trabajadora cotizante del Régimen de Pensiones IVM-CCSS de que podría estarse pactando drásticos cambios contra el trabajador en materia de pensiones de IVM-CCSS. Así se desprende de nota de prensa escrita de la mañana de este día, martes 24 de octubre de 2017.
Por tanto, en ANEP nos vemos en la obligación moral y apelando a la ética obrera, de formular vehemente emplazamiento público a los sindicalistas sentados por el Gobierno, por la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y por la patronal UCCAEP, para que le hablen con la verdad a sus propios representados de lo que han venido negociando sobre las futuras pensiones de la Caja.
Todo está siendo manejado en medio de una gran opacidad. Urge que estos sindicalistas den cuenta pública de lo que han venido planteando ellos mismos y lo planteado por los sectores contrarios al interés obrero con los cuales están negociando sentados en la misma mesa.
¿Cuáles explicaciones pidieron sobre el origen de los problemas financieros que afrontó IVM-CCSS como para que ahora nos pretendan imponer pensionarnos hasta los 67 años y con 40 por ciento?
Que nos expliquen qué está pasando, que están negociando, no solo a sus representados directos, los trabajadores de la Caja, sino a los propios trabajadores indefensos sin organización sindical en las empresas privadas que ni siquiera saben el nombre de los que dicen ser sus “representantes” en esa “mesa” de diálogo.
San José, lunes 23 de octubre de 2017. S. G. 17-21-0099-17
Honorable señora Licda. Emilia Navas Aparicio, Fiscal General de la República, a. í. MINISTERIO PÚBLICO Poder Judicial
Asunto: Seguimiento a denuncia contra jerarcas de CCSS-Expediente 12-000046-0615-PE.
Estimada señora: En primer término, le expresamos el mayor respeto de parte de la organización sindical que nos honramos en representar.
Consta en el expediente indicado supra, oficio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), del año 2012, suscrito por cerca de doscientos cincuenta delegados y delegas sindicales nombrados por esta organización y de todo el país, a efecto que esa Fiscalía General de la República investigase con prioridad los graves hechos de presunta corrupción que la respectiva denuncia endilga a altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Delación que, a nuestro entender, evidencia que la crisis de liquidez del Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y el estado de salud de un significativo número de asegurados.
Asimismo, que para “solventar” tal crisis jerarcas institucionales se habrían valido de su importante cargo para aprobar (con conocimiento de causa y presunto conflicto de interés), subsidios ilegales del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la rentabilidad de este régimen de pensiones.
No obstante, pese a que los hallazgos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Comisión de Notables Expertos son coincidentes con los hechos denunciados, y a que la Comisión Especial Legislativa que investigó las causas de tal crisis identificó a algunos de los presuntos responsables; esa Fiscalía General de la República aún no omite un dictamen al respecto, siendo que la mayoría de los funcionarios denunciados continúan en sus puestos, tomando decisiones sobre recursos equivalentes al trece por ciento del PIB anual del país.
En ese sentido, al tiempo que aplaudimos su designación en tan importante cargo, de manera atenta y respetuosa reiteramos nuestro interés de que ese Ministerio Publico brinde la prioridad que amerita a la investigación de cita.
Finalmente, será para nosotros enorme honor de su parte que su digna autoridad nos conceda una cita en fecha próxima y de su conveniencia, pues tenemos enorme interés en ahondarle en la naturaleza de nuestras preocupaciones en cuanto al problema planteado en esta denuncia.
Suscribe de usted, con toda consideración, reiterándole nuestro respeto,
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
