Conversamos con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública quien nos detalla los motivos de la denuncia y lo señalado por la Auditoría Interna del MSP.
Informe de Auditoría
Informe de Auditoría Interna Del MSP Sobre Uso de Vehículos by EugenioGuerrero on Scribd
Advertencia Uso de Vehiculos -Contraloria by EugenioGuerrero on Scribd
Las solicitudes fueron planteadas debido a conflictos laborales que se han presentado en los municipios de Cartago y Guatuso. En el primer caso, existen dudas entre los trabajadores que realizan la recolección desechos sólidos.
Mientras tanto, la Municipalidad de Guatuso representada por la alcaldesa Ilse Gutiérrez Sánchez, se ha negado al establecimiento de la organización sindical mediante negativas al otorgamiento de las facilidades sindicales para el funcionamiento de la seccional.
“En la Municipalidad de Cartago se nos ha denunciado que, desde el pasado mes de febrero de 2017, todo el personal de desechos sólidos ha estado ejecutando jornadas laborales de hasta 15 horas diaria, principalmente los días lunes y martes de cada semana. En tal sentido, planteamos sobre las decisiones administrativos para el pago del tiempo extraordinario que, aparentemente, no ha sido reconocido”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Vargas agregó, que circulan presuntas afirmaciones del propio despacho de la Alcaldía Municipal de Cartago acerca de que no se le estaría prorrogando el nombramiento interino a aquellos servidores municipales que hayan participado en una reunión sindical promovida por la ANEP, en tiempo libre y/o, se hayan asociado a esta organización sindical.
En el acto también participaron Carmen Moreno González, Directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana; Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Hasbum Camacho; monseñor Javier Román Arias, Obispo de Limón, Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y el Magistrado Presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), llevarán a cabo un sencillo, emblemático y emotivo acto en saludo al acontecimiento histórico más relevante para el mundo de las relaciones obrero-patronales de nuestro país, desde la promulgación del Código de Trabajo, en 1943: Hablamos de la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), este martes 25 de julio de 2017, ¡74 años después!
El evento acontecerá este próximo miércoles 26 de julio, en las afueras de la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en Barrio Tournón.
La ceremonia en sí está prevista para que dé inicio a las 9 de la mañana, ¡en punto!
La RPL le da un gran papel conciliador y mediador al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), elevando su rol político en nuestra sociedad pues le potencia su función promotora del Diálogo Social y la Negociación Efectiva. Por eso se escogió su sede central para destacar este cambio de corte estratégico que sufrirá el MTSS en favor de la paz social y del desarrollo de la Democracia.
La ANEP agradece el gran honor que nos hicieron los ilustres ciudadanos seguidamente citados, aceptando nuestra invitación para presentarse a este acto y expresar un corto mensaje a la audiencia presente, y desde sus propias perspectivas sociopolíticas, acerca del significado de la Reforma Procesal Laboral (RPL) para la Democracia, para el Diálogo Social y para la justicia laboral realmente pronta y cumplida, que no es más que fomentar la inclusión social y ayudar a atajar el crecimiento de la desigualdad:
-Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República.
-Rafael Ortiz Gabregas, Expresidente de la Asamblea Legislativa.
-José María Figueres Olsen, Expresidente de la República.
-Alfredo Hasbum Camacho, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
-José María Villalta Florez-Estrada, Exdiputado de la Asamblea Legislativa.
-Mauricio Castro Méndez, Experto en Derecho Laboral.
-Carmen Moreno González, Directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
La Reforma Procesal Laboral (RPL) se cocinó a fuego lento: 17 años de negociaciones culminaron con la aprobación definitiva de la Ley No. 9343, aprobada en diciembre del 2015 por la casi unanimidad de legisladores y legisladoras.
Esta ley reforma más de 300 de los 600 artículos del Código de Trabajo costarricense. ¿Cómo se logró una reforma de esta dimensión? El proceso inició con sistemáticas denuncias sindicales sobre la ausencia de instrumentos adecuados para tutelar los derechos laborales en la década de los 90 del siglo pasado.
Las malas condiciones de infraestructura han empeorado en la delegación de Guápiles.
En enero del presente año, la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados por delegaciones que se encuentran en mal estado, entre ellas la delegación de Guápiles.
“Se ordena a Gustavo Mata Vega, en su condición de Ministerio de Seguridad
Pública, o a quien ocupe su cargo, que dentro del plazo de Dieciocho meses,
contados a partir de la notificación de esta sentencia, ejecute las acciones y gire las ordenes que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Salud en las “ordenes sanitarias” emitidas, conforme se detalla en el considerando IV”, indicó la Sala.
Recientemente, la Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó la intervención del Ministerio de Salud por la persistencia de las malas condiciones en los puestos de trabajo policial en Matina, López Mateo y Guápiles.
Delegaciones en mal estado Guápiles, Matina y López Mateo by Yariela Novo on Scribd
La huelga de los empleados y de las empleadas judiciales, con un impresionante y abrumador respaldo, llega hoy, lunes 24 de julio de 2017, a su sexto día. La ANEP lamenta las consecuencias dolorosas derivadas de este movimiento huelguístico, inédito en toda la historia del Poder Judicial de Costa Rica.
Sin embargo, la culpa no es ni del personal judicial en huelga, como tampoco lo es de los diversos gremios y sindicatos que le representan.
La huelga estalla cuando se deshonró, en sede legislativa, un acuerdo político establecido entre diputados y diputadas de diversas fracciones con el cuerpo gremial del Poder Judicial, para introducirle reformas al sistema de pensiones de este conglomerado laboral-judicial, a partir de un proyecto elaborado por sus mismas representaciones obrero-sindicales. Un proceso así habría garantizado un proceso diáfano y sólido, de diálogo social y de negociación efectiva.
La ruptura de tal acuerdo y su corolario, la imposición del proyecto generado con la visión de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), y teniendo como base, según se dice, un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR), le dio fuerza social, laboral, moral y ética al movimiento del personal judicial costarricense.
Y aquí cabe introducir un nuevo elemento polémico que tiene que ver con la “incuestionabilidad” de los estudios científico-técnicos elaborados en la UCR: ya vimos la polémica en desarrollo acerca de los cuestionamientos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), le formuló al estudio de este centro universitario en contra del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Nos preguntamos: ¿podría estar pasando lo mismo con el estudio de pensiones de la UCR sobre el sistema de pensiones del Poder Judicial y su sostenibilidad en el mediano y largo plazos? ¿Por qué los señores diputados que deshonraron su acuerdo con los gremios judiciales le dieron “carta de ciudadanía”, a ciegas, al estudio de la UCR sobre las pensiones judiciales, desatando así esta huelga?…
La reacción laboral de los y de las judiciales no podía ser otra, puesto que sus dirigentes se esmeraron en demasía por presentar un proyecto que no tendría que depender de las golpeadas finanzas del Estado central, pues ellos mismos los estarían sufragando. Además, el proyecto de los gremios y sindicatos judiciales acaba con las denominadas pensiones de lujo que han imperado en este poder de la República.
Mientras el país se va hundiendo en una creciente crisis fiscal que amenaza con un descalabro similar al ocurrido en países como Portugal y como Grecia; ciertos diputados se enfrascan en una discusión sobre un sistema de pensiones específico, como el de los y de las judiciales, que nada tendría que ver con el descalabro, ya en perspectiva de corto plazo, de las finanzas centrales del Estado, según lo expresa la tesis del proyecto gremial objeto de un acuerdo político-legislativo ahora deshonrado y causa fundamental de esta huelga, polémica e histórica.
ANEP está haciendo un vehemente llamado público a las distinguidas diputadas Marcela Guerrero Campos y Natalia Díaz Quintana, así como a los señores diputados Franklin Corella Vargas y Johnny Leiva Badilla para que ¡paren esta huelga!, rectificando de su deshonra al acuerdo firmado con los gremios judiciales, causa fundamental del estallido de este movimiento ya histórico.
ANEP celebra, por el contrario, que la sensatez política en un tema de tanta sensibilidad y explosividad social, haya motivado a las señoras diputadas doña Sandra Piszk Feinzilber y a doña Maureen Fallas Alvarado, así como al señor diputado Jorge Arguedas Mora, para abogar por mantener el acuerdo de respetar la iniciativa gremial sobre las pensiones judiciales.
Desde la noche del primer día de esta huelga, el pasado miércoles 19 de julio, la ANEP envió al personal judicial del país un primer mensaje de apoyo y de solidaridad; apoyo y solidaridad que hemos reiterado en estos días; apoyo y solidaridad que seguiremos brindando.
Más allá, repetimos, de las consecuencias dolorosas de esta huelga, que nos conmueven profundamente, se debe reparar en su génesis y cómo la deshonra de un acuerdo político-legislativo, no es más que certificar el ensanchamiento creciente de la distancia entre gobernantes y gobernados.
La ANEP celebra que ya otras agrupaciones del Movimiento Sindical Costarricense se hayan pronunciado en apoyo al movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras judiciales de nuestro país.
Particularmente, en el ámbito del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, resaltamos el pronunciamiento ya emitido por nuestra organización hermana, el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE).
ANEP hace un llamado a la totalidad de las organizaciones sindicales y sociolaborales costarricenses para que nos apersonemos a la gran marcha de los y de las judiciales que tienen previsto realizar este próximo miércoles 26 de julio.
San José, lunes 24 de julio de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
