ANEP realizará acto conmemorativo por entrada en vigencia de la RPL

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), llevarán a cabo un sencillo, emblemático y emotivo acto en saludo al acontecimiento histórico más relevante para el mundo de las relaciones obrero-patronales de nuestro país, desde la promulgación del Código de Trabajo, en 1943: Hablamos de la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), este martes 25 de julio de 2017, ¡74 años después!

El evento acontecerá este próximo miércoles 26 de julio, en las afueras de la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en Barrio Tournón.

La ceremonia en sí está prevista para que dé inicio a las 9 de la mañana, ¡en punto!

La RPL le da un gran papel conciliador y mediador al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), elevando su rol político en nuestra sociedad pues le potencia su función promotora del Diálogo Social y la Negociación Efectiva. Por eso se escogió su sede central para destacar este cambio de corte estratégico que sufrirá el MTSS en favor de la paz social y del desarrollo de la Democracia.

La ANEP agradece el gran honor que nos hicieron los ilustres ciudadanos seguidamente citados, aceptando nuestra invitación para presentarse a este acto y expresar un corto mensaje a la audiencia presente, y desde sus propias perspectivas sociopolíticas, acerca del significado de la Reforma Procesal Laboral (RPL) para la Democracia, para el Diálogo Social y para la justicia laboral realmente pronta y cumplida, que no es más que fomentar la inclusión social y ayudar a atajar el crecimiento de la desigualdad:

-Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República.

-Rafael Ortiz Gabregas, Expresidente de la Asamblea Legislativa.

-José María Figueres Olsen, Expresidente de la República.

-Alfredo Hasbum Camacho, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

-José María Villalta Florez-Estrada, Exdiputado de la Asamblea Legislativa.

-Mauricio Castro Méndez, Experto en Derecho Laboral.

-Carmen Moreno González, Directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.

Entrevista: Mauricio Castro sobre entrada en vigencia de la RPL

La Reforma Procesal Laboral (RPL) se cocinó a fuego lento: 17 años de negociaciones culminaron con la aprobación definitiva de la Ley No. 9343, aprobada en diciembre del 2015 por la casi unanimidad de legisladores y legisladoras.

Esta ley reforma más de 300 de los 600 artículos del Código de Trabajo costarricense. ¿Cómo se logró una reforma de esta dimensión? El proceso inició con sistemáticas denuncias sindicales sobre la ausencia de instrumentos adecuados para tutelar los derechos laborales en la década de los 90 del siglo pasado.

Delegaciones en Guápiles, Matina y López Mateo en mal estado

Las malas condiciones de infraestructura han empeorado en la delegación de Guápiles.

En enero del presente año, la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados por delegaciones que se encuentran en mal estado, entre ellas la delegación de Guápiles.

“Se ordena a Gustavo Mata Vega, en su condición de Ministerio de Seguridad
Pública, o a quien ocupe su cargo, que dentro del plazo de Dieciocho meses,
contados a partir de la notificación de esta sentencia, ejecute las acciones y gire las ordenes que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Salud en las “ordenes sanitarias” emitidas, conforme se detalla en el considerando IV”, indicó la Sala.

Recientemente, la Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó la intervención del Ministerio de Salud por la persistencia de las malas condiciones en los puestos de trabajo policial en Matina, López Mateo y Guápiles.

Delegaciones en mal estado Guápiles, Matina y López Mateo by Yariela Novo on Scribd

La huelga del Poder Judicial: Un error político-legislativo de graves y dolorosas consecuencias para la sociedad

La huelga de los empleados y de las empleadas judiciales, con un impresionante y abrumador respaldo, llega hoy, lunes 24 de julio de 2017, a su sexto día. La ANEP lamenta las consecuencias dolorosas derivadas de este movimiento huelguístico, inédito en toda la historia del Poder Judicial de Costa Rica.

Sin embargo, la culpa no es ni del personal judicial en huelga, como tampoco lo es de los diversos gremios y sindicatos que le representan.

La huelga estalla cuando se deshonró, en sede legislativa, un acuerdo político establecido entre diputados y diputadas de diversas fracciones con el cuerpo gremial del Poder Judicial, para introducirle reformas al sistema de pensiones de este conglomerado laboral-judicial, a partir de un proyecto elaborado por sus mismas representaciones obrero-sindicales. Un proceso así habría garantizado un proceso diáfano y sólido, de diálogo social y de negociación efectiva.

La ruptura de tal acuerdo y su corolario, la imposición del proyecto generado con la visión de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), y teniendo como base, según se dice, un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR), le dio fuerza social, laboral, moral y ética al movimiento del personal judicial costarricense.

Y aquí cabe introducir un nuevo elemento polémico que tiene que ver con la “incuestionabilidad” de los estudios científico-técnicos elaborados en la UCR: ya vimos la polémica en desarrollo acerca de los cuestionamientos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), le formuló al estudio de este centro universitario en contra del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nos preguntamos: ¿podría estar pasando lo mismo con el estudio de pensiones de la UCR sobre el sistema de pensiones del Poder Judicial y su sostenibilidad en el mediano y largo plazos? ¿Por qué los señores diputados que deshonraron su acuerdo con los gremios judiciales le dieron “carta de ciudadanía”, a ciegas, al estudio de la UCR sobre las pensiones judiciales, desatando así esta huelga?…

La reacción laboral de los y de las judiciales no podía ser otra, puesto que sus dirigentes se esmeraron en demasía por presentar un proyecto que no tendría que depender de las golpeadas finanzas del Estado central, pues ellos mismos los estarían sufragando. Además, el proyecto de los gremios y sindicatos judiciales acaba con las denominadas pensiones de lujo que han imperado en este poder de la República.

Mientras el país se va hundiendo en una creciente crisis fiscal que amenaza con un descalabro similar al ocurrido en países como Portugal y como Grecia; ciertos diputados se enfrascan en una discusión sobre un sistema de pensiones específico, como el de los y de las judiciales, que nada tendría que ver con el descalabro, ya en perspectiva de corto plazo, de las finanzas centrales del Estado, según lo expresa la tesis del proyecto gremial objeto de un acuerdo político-legislativo ahora deshonrado y causa fundamental de esta huelga, polémica e histórica.

ANEP está haciendo un vehemente llamado público a las distinguidas diputadas Marcela Guerrero Campos y Natalia Díaz Quintana, así como a los señores diputados Franklin Corella Vargas y Johnny Leiva Badilla para que ¡paren esta huelga!, rectificando de su deshonra al acuerdo firmado con los gremios judiciales, causa fundamental del estallido de este movimiento ya histórico.

ANEP celebra, por el contrario, que la sensatez política en un tema de tanta sensibilidad y explosividad social, haya motivado a las señoras diputadas doña Sandra Piszk Feinzilber y a doña Maureen Fallas Alvarado, así como al señor diputado Jorge Arguedas Mora, para abogar por mantener el acuerdo de respetar la iniciativa gremial sobre las pensiones judiciales.

Desde la noche del primer día de esta huelga, el pasado miércoles 19 de julio, la ANEP envió al personal judicial del país un primer mensaje de apoyo y de solidaridad; apoyo y solidaridad que hemos reiterado en estos días; apoyo y solidaridad que seguiremos brindando.

Más allá, repetimos, de las consecuencias dolorosas de esta huelga, que nos conmueven profundamente, se debe reparar en su génesis y cómo la deshonra de un acuerdo político-legislativo, no es más que certificar el ensanchamiento creciente de la distancia entre gobernantes y gobernados.

La ANEP celebra que ya otras agrupaciones del Movimiento Sindical Costarricense se hayan pronunciado en apoyo al movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras judiciales de nuestro país.

Particularmente, en el ámbito del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, resaltamos el pronunciamiento ya emitido por nuestra organización hermana, el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE).

ANEP hace un llamado a la totalidad de las organizaciones sindicales y sociolaborales costarricenses para que nos apersonemos a la gran marcha de los y de las judiciales que tienen previsto realizar este próximo miércoles 26 de julio.

San José, lunes 24 de julio de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Seccional Nacional ANEP-AyA visitó región Chorotega

Durante la visita la Seccional Nacional ANEP-Acueductos y Alcantarillados pudo verificar las condiciones laborales de los trabajadores, así como el estado de la infraestructura de los planteles.

Conversamos con Edwin Marín, Presidente de la Seccional sobre la gira realizada y los resultados obtenidos.

Además, durante la visita la Seccional pudo constatar el avance del proyecto para dotar de un nuevo plantel en la ciudad de Nicoya, el cual contará con todas las disposiciones de salud ocupacional, así como la nueva infraestructura en Santa Cruz. Esto gracias a una lucha de la Seccional en pro de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y visitantes al recinto.

Conversamos con Germán Santamaría, Vicepresidente de la Seccional sobre el proceso de construcción de los edificios.

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IVM-CCSS: Directivos de la Caja también son integrantes de la directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias

Seis integrantes de la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son, a su vez, integrantes de la directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias (OPC-CCSS) de esta entidad.

Los señores Adolfo Gutiérrez Jiménez, José Luis Loría Chaves, Renato Alvarado Rivera, Rolando Barrantes Muñoz, Mario Devandas Brenes; así como la señora María del Carmen Soto Hernández, ocupan esos cargos directivos simultáneamente, devengando dietas por cada una de las sesiones en que participan en ambas instancias.

Otro de los aspectos interesantes que esta circunstancia que la ANEP ponen en conocimiento público, para que se considere dentro del marco integral de la discusión sobre el futuro del sistema de pensiones más importante del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja; es que siendo estas personas directivas de la Caja se autonombraron para ocupar esos cargos directivos en la operadora de pensiones de la institución, en los distintos momentos en que se dieron tales designaciones.

Ocurre que la asamblea de accionistas de la operadora de pensiones de la Caja es la que nombra su junta directiva; y tal asamblea de accionistas de la OPC-CCSS no es más ni menos que la propia junta directiva de la Caja. La ANEP entiende que se pudieron designar otras personas que no fueran directivas de la Caja para ser directivas de su OPC. ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué esta doble designación? No tenemos la respuesta en este momento.

Mientras que la directiva de la Caja tiene nueve integrantes, su operadora tiene 10. En ambos casos, analizando la composición de tales directivas y cómo se mueven sus alianzas internas, para la ANEP resulta claro que es la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, más conocida por sus siglas UCCAEP, la entidad que tiene el poder real en ambas instancias.

Según información recabada por la ANEP, don Renato Alvarado Rivera, funge como Presidente de la directiva de la OPC-CCSS, desde el 15 de junio de 2004. Él es representante patronal y responde a los intereses de la UCCAEP, lógicamente.

En antigüedad en esa directiva le sigue el señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, nombrado desde el 24 de agosto de 2006, teniendo ahora el cargo de Vocal 1. Él es representante patronal y responde a los intereses de la UCCAEP, lógicamente.

José Luis Loría Soto sigue en antigüedad, nombrado el 21 de diciembre de 2010, siendo ahora Vocal 4. Él es representante cooperativo pero está aliado con la UCCAEP.

Don Mario Devandas Brenes fue nombrado como Tesorero de la directiva de la OPC-CCSS, el 18 de diciembre de 2014. Él es representante sindical.

Por su parte, don Rolando Barrantes Muñoz y doña María del Carmen Soto Hernández, están en la directiva de esa operadora desde el 18 de abril de 2015; él, como Secretario de su directiva; y, ella como Vocal 2. Él es representante del Gobierno. Ella es representante solidarista y por lógica política está aliada con el empresariado UCCAEP.

A estas seis personas con ese doble rol, integrantes de la directiva de la CCSS y de su operadora OPC; se les unen en la junta directiva de ésta última cuatro personas más: Fabiola Abarca Jiménez, Carlos Montenegro Godínez, Annette Arguedas Fallas y Alejandra Ávila Artavia. Es decir, la OPC-CCSS tiene 10 personas en su directiva las cuales sesionan una vez por semana.

A su vez, el señor directivo de la Caja y de la OPC, don Renato Alvarado Rivera, forma parte del comité de inversiones de la operadora; don Mario Devandas Brenes está integrando su comité de riesgos; mientras que los señores Adolfo Gutiérrez Jiménez y don José Luis Loría Chaves, forman parte del comité de auditoría de la OPC-CCSS. Por cada sesión de estos comités también se devengan dietas.

La ANEP tiene entendido que la dieta que se paga por ser directivo de la Caja es muy inferior a la que se reconoce por ser directivo de su OPC. Por un sentido de responsabilidad en próximo comunicado daremos a conocer los montos exactos en cada caso, aunque no es difícil obtener esos datos.

El Secretario General de la ANEP se apersonó, sin cita previa, en la sede de la OPC-CCSS, ubicada en el Barrio Dent de esta ciudad, en la tarde del pasado viernes 14 de julio, siendo amablemente atendido por el señor Héctor Maggi Conte, Gerente General de la OPC-CCSS. Los datos objetivos que aparecen en este comunicado fueron suministrados por este jerarca.

Es criterio de la ANEP, en el marco de la discusión que se está dando en torno a la sostenibilidad futura del sistema de pensiones IVM-CCSS, debatir sobre la conveniencia, la oportunidad y responsabilidad ética de que exista este tipo de nombramientos dobles; así como que se analice si se habría incurrido alguna irregularidad cuando se hicieron las auto-designaciones que venimos comentando.

La ANEP solicitará en esta semana que viene copias de las actas de la asamblea de accionistas de la OPC-CCSS para tener oportunidad de analizar más en detenimiento esta circunstancia, de forma tal que podría ser prudente y necesario reformas a la Ley de Protección al Trabajador (LPT), misma que dio origen a las OPC y su sistema de directivas.

La ANEP se pregunta si este caso de la OPC de la Caja, en cuanto a esos auto-nombramientos, no estaría mostrando similitudes con el caso de las dobles (y hasta triples) nominaciones y nombramientos ocurridos en el seno de los puestos directivos en las subsidiarias del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), caso que se encuentra bajo investigación.

La Operadora de Pensiones Complementarias (OPC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), funciona como subsidiaria de ésta, es de su propiedad; y, en tal sentido, siendo ambas entidades tan estratégicas tanto para el sistema nacional de la Seguridad Social como para el sistema financiero del país, podría pensarse que estas dobles posiciones directivas incrementarían y sobredimensionarían poderes de influencia, de incidencia, de presión que gestarían circunstancias de concentración de poder, individual y/o colectivo, como para bloquear eventuales propuestas de reformas en aras del bien común que lesionarían intereses corporativos muy fuertes que se manejan al interior de ambos espacios decisores, tanto en de la directiva de la CCSS como el la directiva de su OPC y, como indicamos líneas arriba, la incidencia de la UCCAEP es sumamente fuerte en ambos espacios.

ANEP hizo una llamada telefónica este sábado que pasó a don Mario Devandas Brenes, mencionado en este comunicado y quien nos atendió gentil, amable y transparentemente cuándo le preguntamos sobre el particular. Él nos dio sus impresiones al respecto, destacando que él ha venido planteando reformar este sistema directivo de las OPC.

El tema queda expuesto y esperamos referirnos a otros tópicos conexos al mismo en posteriores comunicaciones públicas de este tipo.

San José, domingo 16 de julio de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP