Por primera vez en décadas, un notable acontecimiento ocurrirá este lunes 1º de mayo cuando obreros bananeros procedentes de diferentes lugares del país se juntarán en San José, sellando así una alianza de trabajo para luchar por un profundo proceso dignificador de sus condiciones de empleo.
Los trabajadores bananeros procedentes de la zona de Sarapiquí laboran en empresas transnacionales ubicadas en esa región y sus homólogos de la zona atlántica, se aglutinaron en organizaciones sindicales pertenecientes al Colectivo Sindical Patria Justa. También en la conmemoración del 1º de mayo se presentarán trabajadores de plantaciones piñeras.
Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) este simbólico acontecimiento de unión obrera de trabajadores bananeros no ocurría desde, según registros históricos, hace casi cuatro décadas (tal vez más).
La actividad iniciará en la explanada del Correo Central, al pie del monumento al expresidente Juan Rafael Mora Porras, a las 9:30 a.m. sitio escogido por el Colectivo Sindical Patria Justa para concentrarse antes de partir al desafile.
Diputados con pendientes
Por otra parte, Patria Justa y ANEP le recuerdan a los representantes de la Asamblea Legislativa que terminan su tercera legislatura del período parlamentario-constitucional 2014-2018, con dos dos grandes deudas de justicia social para con la clase trabajadora costarricense.
Primero, a nivel de salarios mínimos, no se ha dado la discusión, ni aprobación del expediente legislativo Nº 19.312, que busca el aumento de los salarios mínimos que se pagan en el sector privado costarricense.
Otro de los grandes pendientes de los legisladores y las legisladoras es la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma constitucional, con el cual el 1º de mayo solamente sería para la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora.
Actualmente, con la rendición de cuentas presidencial el 2 de mayo, sólo falta que la elección del nuevo directorio legislativo se haga días antes de tal celebración, de forma tal que, le sea devuelto a la clase trabajadora la celebración del 1º mayo.
Los diferentes grupos sindicales, laborales y sociales conformantes del Colectivo Sindical Patria Justa harán un acto oficial conmemorativo del Día del Trabajador en la explanada del Correo Central, donde iniciará la concentración a partir de las 8 a.m.
A las 10 a.m., los grupos sindicales que conforman Patria Justa se dirigirán hacia el Parque Central para confluir en tal punto con los y las participantes de las otras corrientes sindicales que se congregarán en el Parque La Merced; así, todos juntos, culminaremos el desfile en la Plaza de la Democracia.
La tarde de este miércoles el Poder Ejecutivo acordó enviar a sesiones extra ordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Nº 20.232, el cual busca reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración.
El apoyo del Ejecutivo se dio en la reunión que sostuvieron en Casa Presidencial, la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración con la Directora de Migración y Extranjería, Gisela Yockchen; la Viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz y el Viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora.
Para Gerardo Mora, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración el apoyo del Poder Ejecutivo es indispensable para poder incluir a este cuerpo policial como uno de los beneficiarios del impuesto a las Personas Jurídicas como ya lo son la Fuerza Pública, El Ministerio de Justicia y el Organismo de Investigación Judicial.
Gerardo Mora sobre apoyo del Ejecutivo.
Por su parte, Gisela Yockchen, Directora de Migración y Extranjería la iniciativa del sindicato los llena de mucha satisfacción, ya que contar con estos recursos a futuro será de mucha ayuda para fortalecer la Policía Profesional de Migración, a la vez que se refirió sobre la selección del personal para este cuerpo policial.
Gisela Yockchen sobre apoyo del Poder Ejecutivo
La Directora de Migración y Extranjería recalcó que también se debe aumentar el número de oficiales migratorios, debido al creciente número de vuelos directos provenientes de diversos destinos para mejorar la atención en los aeropuertos, pero también fue enfática en señalar que todos los problemas que se presentan en los aeropuertos de más tránsito del país no se le puede achacar solo a la Policía Profesional de Migración.
Gisela Yockchen sobre faltante de personal
El Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración concuerda con Yockchen sobre la necesidad de más personal para atender la demanda del presente y del futuro.
Gerardo Mora sobre faltante de oficiales
Cabe destacar que la ANEP con el apoyo de 19 diputados de diversas bancadas presentaron el pasado 29 de marzo en la corriente legislativa el proyecto de ley para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración, por lo que el apoyo del Poder Ejecutivo viene a significar un enorme avance.
Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5%al OIJ del Poder Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.
Es importante destacar el apoyo y gestión del Diputado, Edgardo Araya; así como el Asesor Legislativo de la ANEP, Roberto Zeledón.
El Artículo 11 vigente indica:
“ARTÍCULO 11 (10).- Destino del impuesto Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:
a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.”
Como se puede observar, los Sres. Legisladores y las Sras. Legisladoras establecieron que la proporción de recursos indicada en el inciso a) del Artículo 11 se destina al Ministerio de Seguridad Pública, siendo que quedó excluido el Ministerio de Gobernación y Policía, que corresponde a una cartera separa, en términos presupuestario, respecto al Ministerio de Seguridad Pública.
Al no incorporarse el Ministerio de Gobernación y Policía como parte de los entes a los que se destinan recursos del tributo en cuestión, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) no recibirá recursos provenientes de esta nueva fuente.
La ANEP y su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, con el apoyo de 19 diputados presentaron el día de ayer (29 de marzo) un proyecto de ley para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración.
La ANEP con el apoyo de 19 diputados presentaron el día de ayer (29 de marzo) un proyecto de ley para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración.
Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5%al OIJ del Poder Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.
Para Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración este es un gran paso para fortalecer a este cuerpo policial que ha sido olvidado, pese a cumplir un trabajo estratégico para el país.
Además, en la mesa de negociación se llegó a un acuerdo con respecto al nombramiento de dos profesores.
Eduardo Peraza, presidente de la Seccional ANEP-CUN Limón explicó con detalle en que consistieron dichos acuerdos, los cuales fueron avalados por la Decana a.i Karleny Clark Nelson, del Colegio Universitario de Limón, (CUNLIMON).
El pasado jueves con el apoyo de la ANEP estos compañeros realizaron una manifestación pacífica en las afueras de la sede principal de AyA en Pavas, ante la molestia del cambio sin aviso del formato de la profilaxis laboral.
Enfatizando en el carácter respetuoso que como seres humanos, como mujeres luchadoras bajo las banderas del Movimiento Sindical Costarricense en el seno de las respectivas corrientes sindicales que tutelan su diario quehacer, sus personas nos merecen; hemos decidido formularles el presente emplazamiento público, con respetuosa vehemencia, a fin de que se retiren de la farsa que ha montado la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de un supuesto “diálogo social” acerca del futuro del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el más importante del país.
Ni ustedes mismas, ni las entidades sindicales que están representando en ese supuesto “diálogo social”, merecen ser arrastradas en su buena fe de vocación negociadora (que también es la nuestra); por ciertos intereses espurios en unos casos y de gran opacidad y oscuridad en otros, que pretenden que se legitime y se valide con el beneplácito sindical, la injusta medida que de manera arbitraria y unilateral ya tomó la directiva de la Caja de rebajarle el 1 % del salario bruto, a la totalidad de la clase trabajadora asalariado de los sectores público y privado y de los asegurados voluntarios, a partir del próximo 1 de junio; con la finalidad de que no se sepa toda la verdad, toda la real verdad, de las verdaderas razones del porqué la situación financiera de IVM-CCSS ha llegado hasta el punto en que está ahora, generándose un quiebre abrupto en su estabilidad financiera a partir del año 2007, cuando se traía un camino de seguridad al respecto.
Sin menoscabar la credibilidad de los contenidos del estudio de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), acerca de los desafíos futuros de corto, de mediano y de largo plazo de la sostenibilidad financiera de IVM; lo real es que aparentemente, se ha producido un gigantesco hueco en sus finanzas que podría llegar, léase bien, hasta el billón de colones; es decir, un millón de millones de colones (1.000.000.000.000), prácticamente 3 puntos de Producto Interno Bruto (PIB); generado a partir del 2007 cuando una cadena de decisiones negligentes (para llamarlas con “suavidad), erróneamente tomadas por la Dirección Actuarial de la CCSS (que todavía sigue siendo la misma), generaron este descalabro financiero que ahora pretenden cobrarle a la población trabajadora cotizante para IVM. ¡No es justo! ¡No debemos cohonestar esta situación con un beneplácito sindical.
Doña Martha y Doña Olga: Pese a la inteligencia que les caracteriza, podrían ser ustedes arrastradas a avalar decisiones ya no solamente de una rebaja salarial generalizada del 1 %; sino que podrían involucrarlas en que avalen, también, la pretensión de los intereses que aquí estamos denunciando, para tomar medidas paramétricas como elevar la edad de retiro o para que se reduzcan los beneficios, disminuyendo sistemáticamente el monto de la pensión.
Se les quiere arrastrar a ustedes, solamente al escenario de la cuestión demográfica y del asunto de la informalidad no cotizante, de manera tergiversada; cuando, en realidad, es que no se quiere que el país conozca y, especialmente, los trabajadores amenazados de la inminente reducción salarial del 1 %, la realidad del porqué el hueco en las finanzas de IVM, de ese millón de millones de colones, de ese billón, de esos 3 puntos PIB; cifra que es conservadora pero que conforme se profundice las investigaciones y los análisis en desarrollo podría ser espantosamente mayor.
La seriedad profesional, la rigurosidad académica y la procedencia institucional-social del prestigioso equipo de costarricenses que está poniendo al servicio de la ciudadanía esa espeluznante realidad financiera de IVM-CCSS, debe conducir a todo el Movimiento Sindical, sin importar las corrientes que a su interior le caracterizan, para asumir una posición profundamente obrera y ciudadana de enorme lealtad con la clase trabajadora de nuestro país.
La clase trabajadora cotizante de IVM-CCSS tiene todo el derecho a saber cuáles fueron cada una de esas negligentes decisiones, que aparentemente generaron ese hueco en sus finanzas del billón de colones; la clase trabajadora cotizante de IVM-CCSS tiene derecho a saber quiénes las tomaron y porqué siguen ocupando los mismos cargos todavía hoy en día; la clase trabajadora cotizante tiene derecho a saber por qué reina tanta impunidad al respecto hasta la fecha, para que una década después, a partir del año 2007, comenzara la crisis en la estabilidad financiera que traía el IVM hasta ese entonces.
Finalmente, no comprendemos cómo el sindicalismo puede ceder el carácter monopólico de representación obrera en favor de los intereses económico-sociales de la clase trabajadora, cuando tal carácter le fue otorgado por una historia más que centenaria con mucho derramamiento de sangre; otorgado por la legislación obrero-social internacional y nacional emitida por décadas y décadas; otorgado por nuestra propia Constitución Política; y compartir la interlocución clásica que le corresponde para circunstancias como la presente, con otros movimientos de naturaleza filosófica-político-legal radicalmente distinta a la naturaleza del sindicalismo, como lo son el solidarismo y el cooperativismo, por más respetables que nos sean los mismos.
Una cosa es la estructura jurídico-constitucional que determina la toma formal de decisiones por parte de la Junta Directiva de la CCSS; pero otra muy distinta, es la metodología para un diálogo social que represente sectores relevantes de nuestra sociedad política, de nuestra sociedad civil (espacio éste que puede comprender al cooperativismo y al solidarismo) y ¡el sector sindical en cuanto tal como legítimo y exclusivo representante obrero! ¡Ésta es la diferencia!
Y todavía más, aparte de ceder ese carácter monopólico de representación obrera que la historia y las leyes le otorga al sindicalismo; sentarse en la misma mesa con un representante cooperativista presuntamente involucrado en el descalabro que ha sufrido el INFOCOOP; y, sentarse con una persona del solidarismo presuntamente cercana a la corriente más históricamente represora de la organización sindical bananera; en nuestro criterio respetuoso representa una afrenta a todo el sindicalismo.
Con nuestro reiterado respeto, les exhortamos a abandonar esa farsa de diálogo social sobre el futuro de IVM y a que construyamos una unidad sindical en la acción para primero, obligar a que la Caja revierta su arbitraria decisión de la rebaja salarial del 1 %; y, en segundo lugar, para que se destape, en su real dimensión y amplitud, la realidad financiera actual de IVM y las razones y los responsables del hueco gigantes de un billón de colones en sus finanzas. El “paciente” IVM está enfermo; pero no lo puede curar quién lo “enfermó”; debe curarlo la sociedad.
ANEP, SINAE y el Colectivo Sindical PATRIAJUSTA le exhortamos, respetuosamente, a ver este video “LA VERDAD INCÓMODA DE IVM”, dejando al desnudo las verdaderas razones por las cuales pretende la Junta Directiva de la CCSS imponerle a toda la clase trabajadora un zarpazo (rebajo) salarial del 1 por ciento a partir del próximo 1 de junio.
La Caja nos pretende cobrar la mala “praxis” financiera de la gestión actuarial de IVM durante la última década, a partir de 2007, generándose un “hueco” financiero de, escuchen bien, de un millón de millones de cólones, UN BILLÓN!, 3 puntos de Producto Interno Bruto (PIB). Esta espeluznante realidad fortalece la negativa de PATRIAJUSTA y de ANEP de participar en esa farsa de “diálogo social” que está desarrollando la directiva de la Caja pues lo único que quiere es que el Sindicalismo le legitime ese rebajo salarial del 1 por ciento y tratar de que no salga a flote la real verdad de lo que está pasando con las finanzas de IVM.
Este video es demoledor. Páselo al máximo, por favor, y súmese al movimiento de resistencia que estamos impulsando para que, por un lado, la Caja anule el rebajo salarial que ya acordó; para qué haya un verdadero diálogo con la sociedad; para que este descalabro financiero de UN BILLÓN DE CÓLONES EN IVM-CCSS no quede impune. “El paciente enfermo, IVM, no puede ser curado por quien lo ha enfermado”.
En una Asamblea Extraordinaria convocada por la Seccional ANEP-INAMU los afiliados al sindicato despejaron algunas de sus dudas con respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la Convención Colectiva de Trabajo de la institución.
La actividad llevada a el viernes 7 de abril, en el Auditorio del Edificio Cooperativo, contó con la presencia de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP quien detalló el escenario político actual que enfrentan las convenciones colectivas.
Por su parte, Rafael Mora asesor político de la ANEP explicó desde la perspectiva sindical el por qué la acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Otto Guevara debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos.
Uno de los argumentos de la ANEP es la aplicación de la libertad sindical y del abuso de ciertos sectores políticos de la acción de inconstitucionalidad para limitar el derecho de la negociación colectiva bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Otro de los puntos abarcados en la agenda de la Asamblea tuvo que ver con las pólizas que brinda la ANEP a través de un convenio con el INS y el informe de acciones realizadas durante el 2016 (trámites legales que ha gestionado la seccional).
Durante la asamblea, también se anunció a los afiliados la existencia de un espacio físico ubicado en los Yoses donde la Seccional se reúne dos veces al mes.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.