El oficial ha sido sometido a 32 cirugías para reconstruirle su brazo.
Categoría: Acción Sindical
ANEP denuncia aparente incumplimiento de horario laboral por Directora del Archivo Nacional
La ANEP y su Seccional en el Archivo Nacional denunciaron ante la Procuraduría de la Ética a la Directora del Archivo Nacional, Virginia Chacón Arias por aparente incumplimiento en su horario laboral, la denuncia fue presentada el 20 de septiembre del presente año.
Según indicó Javier Valerín, Promotor de la ANEP la funcionaria se habría acogido a una modalidad de tele trabajo aprobada por el Ministro de Cultura, sin embargo para la Seccional esa modalidad no es es cumplida por la funcionaria.
Ante esta situación la Procuraduría de la Ética recomendó al Ministerio de Cultura y Juventud abrir una investigación al respecto.
Respuesta Procuraduría ante denuncia contra Directora del Archivo Nacional by EugenioGuerrero on Scribd
El gobierno se decidió por el lado del capital y pone en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, condena la funesta decisión política del Gobierno de la República y del propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, al decidirse a favor del capital y poner en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora, tanto la del sector Público como la del Privado, en estos delicados asuntos de la relación incongruente entre el déficit fiscal y el empleo público y la clase trabajadora, en general.
Mediando los buenos oficios del Partido Liberación Nacional (PLN), a través de la labor promocional ejecutada por la diputada Sandra Pizsk Feinzilber en contra del empleo público, el Gobierno se “casa” ahora con la ideología del diputado Otto Guevara Guth, para emprenderla contra toda la clase trabajadora.
En esto del déficit fiscal que no es culpa de la clase trabajadora, es ésta la que está de manera totalmente injusta siendo responsabilizada y castigada por algo de lo que nunca ha tenido culpa. ANEP ha demostrado, reiterada y sólidamente y hasta la saciedad, que el déficit fiscal no es causado por los salarios públicos.
Es totalmente perversa la idea de combinar el ataque artero a los pluses salariales del empleo público, con la elevación del impuesto sobre las ventas del 13 al 15 %, renunciando a la transformación radical y por el fondo del impuesto sobre la renta al capital; exonerando con ello del pago del ajuste fiscal a los detentadores de la concentración de la riqueza que han acumulado en demasía en los últimos años, por los más diversos mecanismos, empezando por las enormemente gigantescas cifras del robo de impuestos.
El beneplácito y la complacencia que está mostrando el diputado Otto Guevara Guth por el proyecto de empleo público promovido por el PLN (Sandra Piszk Feinzilber), es clara indicación de que el Gobierno pactó con él, exonerar de imponer gravámenes tributarios más que necesarios al capital; reforzando la estructura tributaria regresiva que hace pagar a los que menos tienen y que son los que han venido pagando más, proporcionalmente hablando.
Pauperizar el salario de los empleados públicos, especialmente los salarios de los puestos que llevan más de 30 años “enganchados”, golpear a los trabajadores municipales quitándoles sus convenciones colectivas y reduciéndoles la expectativa de una cesantía mayor a 8 años; golpear a la clase trabajadora del sector privado, especialmente a la tercera parte de la misma a la cual ni se le paga el salario mínimo, poniéndola a pagar más por el impuesto sobre las ventas; no es más que indicación de que el Gobierno se decidió por el lado del capital y puso al lado obrero en la pira, en la hoguera.
Quienes conocen del tema por ser expertos en el mismo, saben que con base en el Coeficiente de Gini que mide la desigualdad en una sociedad, el país se encamina hacia la desigualdad perfecta, pues estamos ya en un índice de 0.52 %, acercándonos al 1 y alejándonos del 0 (cero, o igualdad perfecta). Esta colusión política antiobrera potenciará el rumbo del país hacia esa desigualdad perfecta de que nos habla este indicador.
Solamente la más grande movilización social, laboral y obrera; solamente la más grande unidad sindical en la acción, permitirá enfrentar con mayor éxito este ataque a la integración social de una Costa Rica totalmente fragmentada y en ruta desbocada hacia la desigualdad; hoy dramáticamente reflejada en los crímenes en los barrios populares, en el desempleo del 20 y resto de la población trabajadora, en la fuerte penetración del narcotráfico y del crimen organizado producto de la falta de oportunidades; así como en el congelamiento de los salarios.
Le indicamos a todos los compañeros empleados públicos y a todas las compañeras empleados públicos que el momento más difícil de toda la historia del empleo público ha llegado.
Proyecto de Ley dejaría a los policías con salario mensual aproximado de ¢350.000
Sindicatos de los cuerpos policiales del país anunciaron este martes en conferencia de prensa la rotunda oposición a los proyectos de ley que atentan contra el empleo público y que se encuentran en la Asamblea Legislativa, especialmente el proyecto de Ley N° 19.923 “Racionalizar el Gasto Público”.
Para los trabajadores de los cuerpos policiales, el proyecto contempla dos artículos (12 y 14) que vendrían a precarizar aún más el salario que reciben. Además, a esto se unen los recortes presupuestarios que perjudican la seguridad ciudadana en todos los ámbitos.
Por ejemplo, el artículo 12 del régimen de disponibilidad estipula que: “el porcentaje de personal de la institución sujeto al régimen de disponibilidad no podrá ser superior al 20% del total de funcionarios de la institución”.
Mientras que el artículo 14 establece que: “El incentivo por excelencia en el desempeño se reconocerá a aquellos servidores que hayan recibido la máxima calificación, como resultado de la evaluación del desempeño según la escala definida, en los niveles de evaluación (…)”.
El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía explicó que, aunque la intención de los legisladores es aplicarlo solo a trabajadores de nuevo ingreso, esto provocaría desigualdad entre trabajadores con las mismas funciones, por lo que es inviable en un país de derecho.
“En el caso de un oficial de la Fuerza Pública con escala básica (agente1) este proyecto afectaría el salario mensual. Por ejemplo, dejaría de percibir ¢75.000 mensuales de disponibilidad y ¢6.500 en anualidades aproximadamente. Para nadie es un secreto que los cuerpos policiales son los más mal pagamos del Poder Ejecutivo y nadie ha hecho nada por eso. El salario promedio de un policía con los pluses incluyendo la disponibilidad ronda los ¢500.000 mensuales”, dijo Anchía.
Los cuerpos policiales sindicalizados, entre ellos la Policía Municipal de San José, Guardaparques, Policía Profesional de Migración, Policía Aeroportuaria, Vigilancia Aérea, Policía de Tránsito, Policía Penitenciaria y Fuerza Pública crearon una alianza para que los proyectos que atentan contra en empleo público no sean aprobados.
Ricardo Carpio, representante de la Seccional ANEP-Policía Municipal de San José indicó que una de las observaciones es que con la propuesta pretenden violentar la autonomía de las municipalidades.
“Quieren involucrarse y hacer que las municipalidades pierdan autonomía no solo administrativa sino también financiera, ya que nos afectaría en términos de disponibilidad, dedicación exclusiva, entre otros rubros”, agregó Carpio.
Roberto Molina, del sindicato de Guardaparques detalló que desde la creación de la Ley de los Parques Nacionales en la década de 1970 han trabajado sin que se les reconozca la disponibilidad, el riesgo policial, ni las horas extras.
“Un guardaparques trabaja jornadas hasta de 18 horas diarias, no nos reconocen ni horas extra y ya no aguantamos. Los más de 300 guardaparques ya tomamos una decisión y si tenemos que cerrar los parques nacionales lo vamos hacer”, recalcó.
Los funcionarios de los cuerpos policiales resaltaron que han pasado de reunión tras reunión con las distintas autoridades para que se dignifique el trabajo policial, sin embargo, a la fecha siguen sin recibir una respuesta.
ANEP emite sus impresiones sobre a la propuesta del texto sustitutivo del Proyecto de Ley N° 19.506
Acerca de la “nueva” versión del proyecto contra el Empleo Público, expediente legislativo No. 19.506.
Primeras impresiones de la ANEP
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pone a disposición de las honorables personas integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP en el sector Público, de los delegados y de las delegadas sindicales de la organización, de quienes nos honran con su membrecía a la ANEP en el Estado costarricense, del personal del sector Público, en general; la más reciente versión del principal proyecto en contra del Empleo Público, el que ataca los pluses salariales y las cesantías superiores a 8 años; lucha fuerte que hemos estado dando durante ya más de dos años, como consta ampliamente y por las más diversas formas y medios.
Esta “nueva” versión fue divulgada hasta el día de ayer, jueves 29 de setiembre y, por tanto, necesita de un análisis con rigor de parte de la ANEP. No obstante, les compartimos las siguientes impresiones sumamente generales obligados por la gravedad de las circunstancias.
PRIMERO: EL déficit fiscal no es culpa de los salarios públicos. Mucho menos de los salarios públicos financiados con el mal llamado presupuesto general de la República. ANEP lo ha demostrado hasta la saciedad y nadie ha descalificado los argumentos de la ANEP al respecto. Prestigiosas personalidades de gran solidez académica, ética e intelectual así nos lo han reconocido en privado. Esta tesis de la ANEP ha sido adoptada por todas las corrientes sindicales nacionales, incluso las que nos adversan.
SEGUNDO: Esta “nueva” versión lleva, todavía, el número de expediente legislativo 19.506. Sin embargo están considerando cambiarle el número, pues al igual que el expediente legislativo No. 19.923 (el del primero de mayo pasado cuando la “alianza” opositora se tomó el control del directorio legislativo), ese número 19.506 ya se considera satanizado, también. Creemos que en próximas horas le cambiarán el número para intentar despistarnos.
TERCERO: Notemos que el título de esta “nueva” versión del expediente legislativo 19.506: LEY PARA REGULAR LAS REMUNERACIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE Y EL AUXILIO DE CESANTÍA EN EL SECTOR PÚBLICO” deja claro las intenciones del proyecto: ataque a los pluses salariales y ataque a cesantías mayores a los 8 años actualmente existentes.
CUARTO: Con un vistazo general a este “nuevo” texto notamos que el proyecto no se estaría metiendo con los pluses salariales del gremio médico cubierto por la Ley No. 6836, puesto que la ley salarial médica solamente podría modificarse mediante un proyecto de ley específico para variarla. Nos alegramos de que el pueblo trabajador médico y las otras profesiones incluidas en tal ley, ya no estarían corriendo riesgo con sus salarios. Sin embargo, muy bien apunta el refrán popular del “alegrón de burro”, el cual aplicamos a esta circunstancia. Esta “nueva” versión del proyecto en contra del Empleo Público, No. 19.506 representa un agrietamiento inicial en materia de los derechos laborales consolidados en el sector Público, pues abre la puerta para ataques futuros al Empleo Público. Bastaría que a este proyecto, si llega a ser ley, en futuras legislaturas se le introduzca un artículo para atacar otros derechos sociales y salariales consolidados que ahora no estarían siendo tocados, en cualquier sector. Para el caso específico del resto del personal de la CCSS, el que no cubre la indicada legislación médica, la amenaza sigue con la misma gravedad inicial en este “nuevo” proyecto 19.506. Seguimos convencidos de que la mejor defensa obrera en toda esta situación es la estrategia de la unidad sindical en la acción.
QUINTO: Por otra parte, el honorable cuerpo de servidores públicos del Magisterio Nacional si bien quedaría comprendido en el “nuevo” texto, una primera revisión nos indica que no estarían metidos en las dimensiones en que se esperaba. En todo caso, son las autoridades sindicales del Magisterio Nacional, las únicas vocerías legítimas en tal sentido. Lo del “alegrón de burro” indicado en el párrafo anterior, también cabe para el caso de este punto quinto. Y también en este caso, seguimos convencidos de que la mejor ofensa obrera en toda esta situación es la estrategia de la unidad sindical en la acción.
SEXTO: Si estuviésemos en lo correcto, en términos generales de lo que apuntamos en los puntos cuarto y quinto, el “nuevo” texto ataca, esencialmente, los salarios del sector profesional del Gobierno Central, entes adscritos al mismo y los otros poderes del Estado; también, todo el sistema salarial de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y lo que se refiere al personal no profesional de este poder. También ataca, esencialmente, todo el sistema salarial de las municipalidades del país; y, podría generar repercusiones muy negativas en las universidades públicas del Estado.
SÉTIMO: El mayor golpe salarial de este “nuevo” texto estaría afectando, en esencia, los salarios del Estado central a nivel de Poder Ejecutivo, especialmente aquellas categorías salariales que han estado por muchos años “enganchadas”. Igualmente, estaría afectando a las municipalidades, especialmente en las expectativas de cesantías mayores a 8 años que representa un gran aporte para la edad jubilatoria de personal de campo de salarios bajos, tanto del campo operativo como administrativo. Además, este “nuevo” proyecto acaba con la autonomía de la negociación salarial en la esfera municipal.
OCTAVO: Este “nuevo” texto, en absolutamente nada, ni en la más ínfima de las milésimas, resuelve el grave problema del déficit fiscal. Las reducciones salariales que se darían de aprobarse, solamente generarán daño socioeconómico a las personas trabajadoras asalariadas que golpeará. Jamás de los jamases, el déficit fiscal se puede resolver por la vía del empleo y de los salarios. Ni despidiendo a todos los maestros, ni despidiendo a todos los policías, ni despidiendo a todos los profesionales y no profesionales de los ministerios, el déficit fiscal se resolvería. Y, por supuesto, nada tienen que ver las municipalidades del país con el déficit fiscal, por tanto, este “nuevo” proyecto lo que hará es generar daño en los sectores laborales estatales más humildes, salarialmente hablando.
NOVENO: Este “nuevo” texto, al igual que los anteriores de similar naturaleza, es profundamente ideológico desde la perspectiva del pensamiento neoliberal. Se trata de precarizar el empleo público, se trata de bajar el nivel de los salarios estatales para que se acerquen lo más posible, a los salarios del sector privado; es decir, una homologación salarial hacia abajo. El empobrecimiento salarial permite una mayor acumulación de riqueza de quienes ya, de por sí, la vienen concentrando en los últimos años. Entonces, la verdadera centralidad de esta discusión sobre el empleo público y los pluses es ideológica, no fiscal.
DECIMO: Este “nuevo” texto, este proyecto contra el Empleo Público es una necesidad política del presente Gobierno, desesperado como está por lograr cambios tributarios de fondo. Por ejemplo, el presente Gobierno está cediendo al chantaje político del grupo parlamentario neoliberal de oposición, el cual le pide “la sangre” de los empleados públicos a cambio, por ejemplo, de aprobarle que el impuestos sobre las ventas aumente del 13 al 15 %, denominándose impuesto al valor agregado (IVA). En tal sentido destaca el papel que está ejecutando el Partido Liberación Nacional (PLN), con su actual fracción parlamentaria y en la persona de la honorable legisladora doña Sandra Piszk Feinzilber, promotora ejecutiva de este tipo de proyectos.
ONCEAVO: Tal chantaje político, de materializarse en ley, agravará más la desigualdad imperante en nuestra sociedad. Aumentar tal impuesto del 13 al 15, golpeará a los que menos tienen puesto que éste es el impuesto más injusto de todos dado que no discrimina, al pagarse, en capacidad de ingreso de las personas. Por otro lado, este “nuevo” texto, al golpear a empleados públicos con los salarios más bajos, los empobrecerá doblemente: deberían pagar más por el aumento de ese impuesto pero con menos salario producto de eventuales reducciones del mismo que supone para los trabajadores estatales involucrados en este “nuevo” texto”. Además, subir el indicado impuesto golpeará duramente a la clase trabajadora del sector privado, asalariada o no asalariada. Es férrea la posición política de la ANEP en cuanto a no prestarnos para legitimar, bajo ninguna circunstancia, ni en lo más mínimo, estos procesos neoliberales de precarización del empleo y los salarios y de fortalecer la naturaleza profundamente regresiva del sistema tributario costarricense.
DOCEAVO: Corresponderá a las bases dirigentes de la ANEP en el sector Público, sus juntas directivas seccionales, los delegados y las delegadas sindicales y otras personas trabajadoras con responsabilidades en esta problemática, tomar las decisiones finales de cara a este “nuevo” proyecto en contra del Empleo Público. La ANEP, en tal sentido, tendrá un Consejo Consultivo Nacional, de emergencia, en próximos días; para que éste, junto a la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación defina lo pertinente.
San José, viernes 30 de setiembre de 2016.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Seccional ANEP-SINART gana reconocimiento de la cesantía
En la administración pasada, un ex ministro de trabajo rechazó el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo para los empleados del Sinart.
Dicho artículo establecía que la cesantía debía de reconocerse por un máximo de 12 años.
Ante esto la ANEP y su seccional en el Sinart lucharon para que se respetara la Convención, dando frutos recientemente con la resolución del Ministerio de Trabajo que revoca la medida de la pasada administración.
Escuche las declaraciones de Fernando Vargas, presidente de la Seccional ANEP-Sinart.
Violentan libertad sindical en Municipalidad de Sarapiquí
Seccional ANEP Banhvi tuvo primer acercamiento con la Gerencia General
Sindicato de Traileros eligió Junta Directiva
El Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP realizó el pasado sábado 21 de mayo en la zona de Grecia, la Asamblea Ordinaria para elegir Junta Directiva con el objetivo de afrontar nuevos retos laborales que se avecinan para los traileros, como el que sostienen actualmente con la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos.
Durante la actividad los traileros eligieron a Marco Murcia como Presidente de la Seccional, quien ya cuenta con experiencia sindical.
La elección de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Traileros-Seccional ANEP se da en medio de la pugna que sostienen con la Dos Pinos solicitando empleo para los traileros costarricenses, ya que la empresa le estaría entregando los fletes a traileros centroamericanos.
Marco Murcia, Presidente del Sindicato Nacional de Traileros Seccional ANEP, indicó que la molestia del gremio es enorme, ya que cumplen con todo los pagos de impuestos y requisitos que solicita el país para transitar con los vehículos como el pago de la revisión técnica vehicular y marchamo, algo que no pagan los traileros centroamericanos.
Precisamente este lunes los traileros esperan la respuesta de la Dos Pinos ante la propuesta presentada por el sindicato, esto luego de la manifestación de nueve horas realizada frete a la cooperativa de leche en el Coyol de Alajuela el pasado lunes 16 de mayo, que derivó en una apertura al diálogo en horas de la noche.
Los traileros indicaron que se sienten discriminados en el transporte de productos de esta cooperativa hacia Centroamérica, ya que se otorga preferencia a traileros extranjeros que les están ejerciendo una ruinosa competencia desleal a los trabajadores costarricenses, llevándolos a la quiebra.
