Acerca de la “nueva” versión del proyecto contra el Empleo Público, expediente legislativo No. 19.506.
Primeras impresiones de la ANEP
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pone a disposición de las honorables personas integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP en el sector Público, de los delegados y de las delegadas sindicales de la organización, de quienes nos honran con su membrecía a la ANEP en el Estado costarricense, del personal del sector Público, en general; la más reciente versión del principal proyecto en contra del Empleo Público, el que ataca los pluses salariales y las cesantías superiores a 8 años; lucha fuerte que hemos estado dando durante ya más de dos años, como consta ampliamente y por las más diversas formas y medios.
Esta “nueva” versión fue divulgada hasta el día de ayer, jueves 29 de setiembre y, por tanto, necesita de un análisis con rigor de parte de la ANEP. No obstante, les compartimos las siguientes impresiones sumamente generales obligados por la gravedad de las circunstancias.
PRIMERO: EL déficit fiscal no es culpa de los salarios públicos. Mucho menos de los salarios públicos financiados con el mal llamado presupuesto general de la República. ANEP lo ha demostrado hasta la saciedad y nadie ha descalificado los argumentos de la ANEP al respecto. Prestigiosas personalidades de gran solidez académica, ética e intelectual así nos lo han reconocido en privado. Esta tesis de la ANEP ha sido adoptada por todas las corrientes sindicales nacionales, incluso las que nos adversan.
SEGUNDO: Esta “nueva” versión lleva, todavía, el número de expediente legislativo 19.506. Sin embargo están considerando cambiarle el número, pues al igual que el expediente legislativo No. 19.923 (el del primero de mayo pasado cuando la “alianza” opositora se tomó el control del directorio legislativo), ese número 19.506 ya se considera satanizado, también. Creemos que en próximas horas le cambiarán el número para intentar despistarnos.
TERCERO: Notemos que el título de esta “nueva” versión del expediente legislativo 19.506: LEY PARA REGULAR LAS REMUNERACIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE Y EL AUXILIO DE CESANTÍA EN EL SECTOR PÚBLICO” deja claro las intenciones del proyecto: ataque a los pluses salariales y ataque a cesantías mayores a los 8 años actualmente existentes.
CUARTO: Con un vistazo general a este “nuevo” texto notamos que el proyecto no se estaría metiendo con los pluses salariales del gremio médico cubierto por la Ley No. 6836, puesto que la ley salarial médica solamente podría modificarse mediante un proyecto de ley específico para variarla. Nos alegramos de que el pueblo trabajador médico y las otras profesiones incluidas en tal ley, ya no estarían corriendo riesgo con sus salarios. Sin embargo, muy bien apunta el refrán popular del “alegrón de burro”, el cual aplicamos a esta circunstancia. Esta “nueva” versión del proyecto en contra del Empleo Público, No. 19.506 representa un agrietamiento inicial en materia de los derechos laborales consolidados en el sector Público, pues abre la puerta para ataques futuros al Empleo Público. Bastaría que a este proyecto, si llega a ser ley, en futuras legislaturas se le introduzca un artículo para atacar otros derechos sociales y salariales consolidados que ahora no estarían siendo tocados, en cualquier sector. Para el caso específico del resto del personal de la CCSS, el que no cubre la indicada legislación médica, la amenaza sigue con la misma gravedad inicial en este “nuevo” proyecto 19.506. Seguimos convencidos de que la mejor defensa obrera en toda esta situación es la estrategia de la unidad sindical en la acción.
QUINTO: Por otra parte, el honorable cuerpo de servidores públicos del Magisterio Nacional si bien quedaría comprendido en el “nuevo” texto, una primera revisión nos indica que no estarían metidos en las dimensiones en que se esperaba. En todo caso, son las autoridades sindicales del Magisterio Nacional, las únicas vocerías legítimas en tal sentido. Lo del “alegrón de burro” indicado en el párrafo anterior, también cabe para el caso de este punto quinto. Y también en este caso, seguimos convencidos de que la mejor ofensa obrera en toda esta situación es la estrategia de la unidad sindical en la acción.
SEXTO: Si estuviésemos en lo correcto, en términos generales de lo que apuntamos en los puntos cuarto y quinto, el “nuevo” texto ataca, esencialmente, los salarios del sector profesional del Gobierno Central, entes adscritos al mismo y los otros poderes del Estado; también, todo el sistema salarial de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y lo que se refiere al personal no profesional de este poder. También ataca, esencialmente, todo el sistema salarial de las municipalidades del país; y, podría generar repercusiones muy negativas en las universidades públicas del Estado.
SÉTIMO: El mayor golpe salarial de este “nuevo” texto estaría afectando, en esencia, los salarios del Estado central a nivel de Poder Ejecutivo, especialmente aquellas categorías salariales que han estado por muchos años “enganchadas”. Igualmente, estaría afectando a las municipalidades, especialmente en las expectativas de cesantías mayores a 8 años que representa un gran aporte para la edad jubilatoria de personal de campo de salarios bajos, tanto del campo operativo como administrativo. Además, este “nuevo” proyecto acaba con la autonomía de la negociación salarial en la esfera municipal.
OCTAVO: Este “nuevo” texto, en absolutamente nada, ni en la más ínfima de las milésimas, resuelve el grave problema del déficit fiscal. Las reducciones salariales que se darían de aprobarse, solamente generarán daño socioeconómico a las personas trabajadoras asalariadas que golpeará. Jamás de los jamases, el déficit fiscal se puede resolver por la vía del empleo y de los salarios. Ni despidiendo a todos los maestros, ni despidiendo a todos los policías, ni despidiendo a todos los profesionales y no profesionales de los ministerios, el déficit fiscal se resolvería. Y, por supuesto, nada tienen que ver las municipalidades del país con el déficit fiscal, por tanto, este “nuevo” proyecto lo que hará es generar daño en los sectores laborales estatales más humildes, salarialmente hablando.
NOVENO: Este “nuevo” texto, al igual que los anteriores de similar naturaleza, es profundamente ideológico desde la perspectiva del pensamiento neoliberal. Se trata de precarizar el empleo público, se trata de bajar el nivel de los salarios estatales para que se acerquen lo más posible, a los salarios del sector privado; es decir, una homologación salarial hacia abajo. El empobrecimiento salarial permite una mayor acumulación de riqueza de quienes ya, de por sí, la vienen concentrando en los últimos años. Entonces, la verdadera centralidad de esta discusión sobre el empleo público y los pluses es ideológica, no fiscal.
DECIMO: Este “nuevo” texto, este proyecto contra el Empleo Público es una necesidad política del presente Gobierno, desesperado como está por lograr cambios tributarios de fondo. Por ejemplo, el presente Gobierno está cediendo al chantaje político del grupo parlamentario neoliberal de oposición, el cual le pide “la sangre” de los empleados públicos a cambio, por ejemplo, de aprobarle que el impuestos sobre las ventas aumente del 13 al 15 %, denominándose impuesto al valor agregado (IVA). En tal sentido destaca el papel que está ejecutando el Partido Liberación Nacional (PLN), con su actual fracción parlamentaria y en la persona de la honorable legisladora doña Sandra Piszk Feinzilber, promotora ejecutiva de este tipo de proyectos.
ONCEAVO: Tal chantaje político, de materializarse en ley, agravará más la desigualdad imperante en nuestra sociedad. Aumentar tal impuesto del 13 al 15, golpeará a los que menos tienen puesto que éste es el impuesto más injusto de todos dado que no discrimina, al pagarse, en capacidad de ingreso de las personas. Por otro lado, este “nuevo” texto, al golpear a empleados públicos con los salarios más bajos, los empobrecerá doblemente: deberían pagar más por el aumento de ese impuesto pero con menos salario producto de eventuales reducciones del mismo que supone para los trabajadores estatales involucrados en este “nuevo” texto”. Además, subir el indicado impuesto golpeará duramente a la clase trabajadora del sector privado, asalariada o no asalariada. Es férrea la posición política de la ANEP en cuanto a no prestarnos para legitimar, bajo ninguna circunstancia, ni en lo más mínimo, estos procesos neoliberales de precarización del empleo y los salarios y de fortalecer la naturaleza profundamente regresiva del sistema tributario costarricense.
DOCEAVO: Corresponderá a las bases dirigentes de la ANEP en el sector Público, sus juntas directivas seccionales, los delegados y las delegadas sindicales y otras personas trabajadoras con responsabilidades en esta problemática, tomar las decisiones finales de cara a este “nuevo” proyecto en contra del Empleo Público. La ANEP, en tal sentido, tendrá un Consejo Consultivo Nacional, de emergencia, en próximos días; para que éste, junto a la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación defina lo pertinente.
San José, viernes 30 de setiembre de 2016.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
