La concentración de trabajadores iniciará a las 8 a.m. frente al Correo central y al pie de la estatua de Juanito Mora. Luego desfilará hacia la Asamblea Legislativa y finalizará con un convivio.

La concentración de trabajadores iniciará a las 8 a.m. frente al Correo central y al pie de la estatua de Juanito Mora. Luego desfilará hacia la Asamblea Legislativa y finalizará con un convivio.
La ANEP planteará en la reunión que las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, un ajuste del 18% por riesgo policial a los trabajadores y en caso de dársenos la razón, que dicho reconocimiento se haga de forma inmediata y retroactivo.
La petición obedece a estudios e investigaciones que abarcan el pago real del riesgo indicado, el cual no ha sido reconocido como debiera ser.
ANEP y Policía Penitenciaria cara a cara en el Ministerio de Trabajo
El documento contempla la autorización de recolectar 160 mil firmas, es decir, un 5% del padrón electoral para convocar a referéndum por iniciativa ciudadana el proyecto de Ley No. 19.312, cuyo objetivo es la transformación y elevación del actual sistema del salario mínimo.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), autorizó el proceso para la recolección de firmas con miras a la realización de un referéndum para que la actual Asamblea Legislativa proceda a votar el proyecto de ley No. 19.312, para la transformación y elevación del actual sistema del Salario Mínimo que tiene aplicación en todo el sector Privado de la economía.
Es importante aclarar a la opinión pública nacional y, en específico, a toda la clase trabajadora del sector Privado, que la iniciativa al respecto es del Colectivo Sindical Patria Justa; que presentó la solicitud al TSE el pasado mes de octubre.
Ahora, la tarea de las diversas agrupaciones sindicales será la recolección de 160 mil firmas, que corresponden al 5% del padrón electoral, con el objetivo de convocar a referéndum por iniciativa ciudadana el proyecto de Ley No. 19.312, para la transformación y elevación del actual sistema del Salario Mínimo.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa indicó que esta decisión del Tribunal Supremo de Elecciones tendrá honda repercusión internacional y, muy especialmente, en el ámbito de la Unión Europea.
“El Colectivo Sindical Patria Justa, con mucha seguridad, entusiasmo y alegría, se dispondrá en próximos días a analizar con cuidado los retos de difusión masiva y organizativos que implica la recolección de las 160 mil firmas que exige el proceso para el referéndum sobre el proyecto de ley para la elevación del salario mínimo vital en el sector privado. En tal sentido, respetuosamente, formulamos un llamado público a todas las agrupaciones integrantes del Movimiento Sindical costarricense, verdaderamente consecuentes con sus postulados, para que nos juntemos en esta noble causa destinada a la clase trabajadora y obrera del sector privado” manifestó Vargas.
El Coordinador de Patria Justa finalizó indicando que es el momento para que se unan las voluntades, las fuerzas y las grandes capacidades organizativas de los sindicatos del sector Público; con el objetivo de realizar “una gigantesca jornada de solidaridad obrera con nuestros hermanos y con nuestras hermanas de la clase trabajadora del sector Privado, misma que, abrumadoramente y como bien sabemos, vive terriblemente limitada y reprimida para poder ejercer, plenamente y sin temor alguno, sus derechos constitucionales a la Libertad Sindical, por demás, un Derecho Humano fundamental, universalmente reconocido”.
Ante los lamentables hechos presentados en Playas del Coco, Guanacaste, donde una turba de “cobardes” aprovecharon la vulnerabilidad de la zona y de la noche para arrebatarle la vida a un joven de 21 años; la Seccional ANEP-Fuerza Pública hace un llamado vehemente al Ministro de Seguridad Pública, para que tome cartas en el asunto ya que a este hecho se suman otros escenarios violentos que se registraron en distintas zonas del país.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública explicó que el MSP anunció previo a la Semana Santa el plan de operaciones el cual debió contemplar la movilización masiva de vacacionista a zonas turísticas. Asimismo dicho plan tuvo que incluir los antecedentes de las zonas y la situación social.
Y aunque para el MSP “todo estaba listo para garantizar la seguridad de los vacacionistas”, el sitio donde se presentó la tragedia, el cual es muy visitado en temporada alta carecía de personal policial para resguardar la seguridad de los visitantes.
“Constatamos en libros de asistencia que el día del suceso (Viernes Santo) únicamente se mantenían en servicio en el puesto policial; el oficial de Guardia, el chófer y el acompañante de la patrulla. También, pudimos constatar que se mantenían atendiendo otra incidencia al momento del ataque. Es por ello que es falso que los policías fueran “cómplices” del homicidio por no detener la cobarde e ilegítima agresión provocada por una turba en contra de un joven”, aseveró Anchía.
El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública indicó que el sindicato lleva algunos años advirtiendo la necesidad de planificar sobre una línea de prevención estratégica que parta de estudios en materia de criminalidad y se contemplen los factores y hechos que originan el fenómeno delictivo.
“Entendemos que es natural que la delincuencia, en algunas ocasiones, va un paso delante del sistema de justicia y las tácticas de prevención del crimen. Pero al analizar el fenómeno criminal y la creciente actividad en Costa Rica, se puede determinar la necesidad de realizar cambios en los planteamientos operativos de prevención para combatir el crimen”, dijo el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública
Además agregó “Hemos advertido ante la opinión que la Fuerza Pública está en manos de personas sin formación, ni carrera policial. Señalamos que algunos obtuvieron sus puestos y rangos de manera irregular y advertimos que esa práctica se mantiene en el tiempo a vista y paciencia de los jerarcas de turno”.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública ha entregado en reiteradas ocasiones información al ministro de Seguridad para que revise y ajuste modelos de atención, roles, jornadas laborales, planificación, liderazgos y motivación en la Fuerza Pública.
“Es hora de que el Ministro de Seguridad tome decisiones”, finalizó Anchía.
Se supone que en próximas horas el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera anunciará el nombre de la persona que ocupará el máximo cargo político en la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), luego de la abrupta salida, por renuncia forzosa, de su anterior titular, el Lic. Víctor Morales Mora.
Ante tal circunstancia y a riesgo de que tal designación ya esté formulada al momento de escribir el presente comunicado de prensa, sí pensamos que es correcto que formulemos una apreciación pública al efecto y desde la perspectiva de la corriente sindical en la cual militamos: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Debe la nueva máxima jerarquía político-ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), darle prioridad absoluta a todos los aspectos pertinentes para la habilitación institucional inherente a la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), histórico acontecimiento previsto para julio del año entrante 2017.
En tal sentido y como inmediato quehacer, debe el nuevo o la nueva jerarca del MTSS abocarse a la lucha para que en el presupuesto 2017, el MTSS tenga los recursos financieros necesarios para fortalecer a esta institución al respecto; entidad tan debilitada por los últimos gobiernos inspirados, abiertamente, en el dogma neoliberal, pero que con la RPL en vigencia está destinada a asumir un rol estratégico en la puesta en práctica del diálogo social a todo nivel, especialmente, en el conflicto obrero-patronal y su resolución final en sede administrativa, primordialmente.
La nueva autoridad del MTSS debe mantener una posición muy equilibrada, con relación a los dos actores fundamentales del mundo del trabajo: el sector empresarial y el sector sindical. No debe incurrir en el error de su antecesor de tener una proclividad manifiesta y subjetiva a favor del sector corporativo-privado tradicional, acostumbrado éste a través de sus gremios más notables, a “mangonerar” el MTSS.
En tal sentido, queda mucho espacio para el diálogo obrero-patronal consistente y transparente, en temas como el desempleo, el empleo juvenil, el crecimiento de la informalidad, la política salarial, la salud ocupacional, por ejemplo.
Destaca en nuestro criterio que la nueva autoridad dedique enormes energías a favor del elevamiento del salario mínimo en el sector privado de la economía, toda vez que en escenario de supuesta inflación “cero” y de sensible caída en el precio internacional de petróleo, más la estabilidad macroeconómica de que se está “haciendo gala”, no ha generado disminución sensible en productos de la canasta básica alimentaria y en servicios públicos esenciales; todo lo cual ha generado una mayor acumulación de la rentabilidad privada, especialmente de la actividad comercial de abasto directo a las familias trabajadoras.
No hay duda de que, en otro ámbito de alta sensibilidad en la coyuntura sociopolítica actual del país, el papel del MTSS en el tema del Empleo Público se torna fundamental, pues toda la discusión al respecto está “atrapada” por ideólgicas cuestiones político-partidistas que no está midiendo la tormentosas consecuencias sociales futuras, en lo inmediato y mediato, de seguir tan senda de exclusión del papel de las principales organizaciones sindicales del sector Público en tal sentido.
Específicamente, el nuevo o la nueva jerarca ministerial del MTSS debe dedicarse, con ahínco y firmeza, a que nuestro país honre su compromiso de Estado adquirido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la institucionalización plena de las políticas que ésta está promoviendo para la humanización del empleo y de las condiciones de trabajo, conocida como “TRABAJO DECENTE”. Estamos hablando de un compromiso de país y no de una iniciativa transitoria de gobierno.
Finalmente, estimamos que debe darse una interna congruencia plena en la política ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que la política pública actualmente en vigencia, conocida como ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA, se impulse ahora con mayor énfasis y mayor articulación institucional con sentido estratégico, pues es real que está destinada a servir como eje fundamental a fin de atenuar impactos tan negativos para la Democracia como el crecimiento de la desigualdad, del desempleo y de la informalidad.
El Colectivo Sindical Patria Justa entregó la mañana de este lunes, a la Representante de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Carmen Moreno, una denuncia sobre la intromisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en las Convenciones Colectivas, misma que violenta la Constitución Política, los convenios internacionales y toda la legislación laboral costarricense.
Se trata de una queja oficial contra el Estado costarricense debido a la resolución de ARESEP que afecta directamente a los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), al Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) y al Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y Telecomunicaciones (SITET).
La solicitud hecha a la Representante de la OIT, es que el Comité de Libertad Sindical acoja la queja y se pronuncie al respecto.
“Estamos ante una reforma de facto del Estado Social de Derecho, sin que mediara una reforma constitucional, ni ningún fallo de un tribunal superior”, aseguró el asesor legal de Patria Justa, Esteban Calvo.
La representación de la OIT se comprometió a tramitar la queja e informar a las partes de que el trámite está en curso.
La Procuraduría de la Ética Pública remitió una denuncia de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sobre pagos de pluses salariales en el Comité de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ) al Ministerio Público para que abra un proceso penal.
La solicitud de investigación fue presentada por Albino Vargas, Secretario General de la ANEP ante la Procuraduría de la Ética, quien la acogió para estudio bajo el expediente Nº No DEP-111-2014.
El ente anticorrupción al considerarla pertinente le dio traslado al Ministerio Público y se encuentra en etapa preparatoria del proceso penal en la Fiscalía de Fraudes del Primer Circuito Judicial de San José bajo el expediente Nº 15-000643-619-PE.
De acuerdo con los antecedentes, en los resultados de las Juntas Directivas de los años 2010 al 2014 se dio el reconocimiento del pago de pluses salariales de dedicación exclusiva y disponibilidad por sumas millonarias a favor de altos funcionarios del Comité de Deportes, quienes ocupaban puestos de directores y jefaturas.
Sin embargo, parte de las supuestas irregularidades es que en todos los casos no se cuenta con el contrato que estipula la Ley para legalizar y autorizar el pago estos pluses salariales.
“En algunos particulares ni siquiera existe un acuerdo ni la orden de un superior jerárquico para la aplicación del pago de los pluses salarios, en otros casos se paga más de lo que corresponde porcentualmente por ley y en otros escenarios las personas no contaban con los requisitos académicos para obtener esos pluses salariales”, comentó Germán Hernández, dirigente sindical de la ANEP.
Así lo pudo constatar la Seccional ANEP-Fuerza Pública en un recorrido realizado por dichas delegaciones de la capital, en donde la realidad que predican los altos jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública contrasta enormemente con las condiciones en las que deben de desempeñar sus labores estos efectivos.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.