Patria Justa se reunió con Ministro de la Presidencia por acciones de la ARESEP contra leyes laborales

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa se reunió este jueves 3 de setiembre en Casa Presidencial, con el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, con el propósito de expresarle a éste y a todas las máximas autoridades políticas que Patria Justa se opone, radicalmente, a las actuales acciones ya en ejecución y otras por venir promovidas desde la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en contra del Estado de Derecho que todavía está vigente en el país, en contra de la propia Constitución Política de Costa Rica, en contra de las leyes laborales y su jurisprudencia, así como en contra de los tratados que el país tiene firmados y ratificados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Albino Vargas Barrantes, Coordinador de Patria Justa, indicó que “las ilegales, provocadoras e incendiarias acciones de la ARESEP para desconocer derechos socio-laborales consolidados en instrumentos clásicos del Derecho Laboral Colectivo, como lo son las Convenciones Colectivas de Trabajo, a la hora de considerar ajustes tarifarios (como lo está haciendo en el caso de la RECOPE y otras que anuncia ya en la prensa nacional), pulverizan la paz social y abren paso a la confrontación social abierta con consecuencias insospechadas”.

“No puede la ARESEP, a riesgo, repetimos, de incendiar el país, saltarse la Constitución Política, legislar saltándose el parlamento, abrogar el Código de Trabajo y renegar del Derecho Internacional en materia laboral; con su provocadora acción de desconocer la legislación laboral colectiva plasmada en nuestra propia carta magna y en contra de la propia filosofía que la anima, cual es la del Estado Social de Derecho, de Bienestar cuya esencia no ha podido ser modificada por quienes lo desean convertir en Estado Neoliberal, puro y duro; y que, por las dificultades que afrontan para tal propósito, prefieren el dictado de facto, saltándose la legalidad y la Constitución, abriendo vía libre a, nuevamente lo reiteramos, a incendiar el país con la confrontación social abierta”, dijo Vargas.

Por su parte Fabio Chaves, Subcoordinador de Patria Justa y Coordinador General del FITICE, indicó que el Gobierno de la República no puede quedarse “viendo los toros desde la barrera” en esta delicadísima situación

“En nuestra perspectiva, representa el banderazo de salida para una huelga general, la cual podría ser liderada por las organizaciones sindicales del ICE y de RECOPE, junto a las otras a las cuales la ARESEP les está anunciando hoy mismo medidas del mismo corte antijurídico e ilegal; así mismo ampliar la agenda del movimiento con otros puntos igualmente explosivos y que están en desarrollo, como la cruzada contra los recortes presupuestarios irreflexivos, irracionales, irresponsables y desestabilizadores”, manifestó Chaves

Ante esta situación, en Patria Justa consideran pertinente que el Gobierno de la República debe actuar con urgencia, con verdadera urgencia y, como primera medida, proceder a ejecutar la recomendación parlamentaria que se formuló en el seno de la Comisión de Control del Gasto Público de la Asamblea Legislativa para la destitución de la actual directiva de la ARESEP. Según Albino Vargas “hemos llegado a un punto tal que el dilema entre la continuación provocadora de su permanencia vs. la paz social. El Gobierno debe escoger”.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA ha propuesto el diálogo social en el tema del Empleo Público; varias de las organizaciones integrantes de este conglomerado están en negociaciones de sus propias convenciones colectivas; además han planteado una revisión estratégica de la evaluación del desempeño; entre otras acciones propositivas para buscar la mejor salida para la clase trabajadora, para el país, para la paz social.

ANEP pedirá intervención de la Defensoría

El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, ha anunciado con bombos y platillos que el proyecto de presupuesto “general de la República” para el 2016, será el más “austero” en los últimos 10 años, pues apenas tendrá un “imperceptible”crecimiento del 0.5 % con respecto al del 2015.

Además, anunció que antes de su llegada al parlamento, prevista para mañana martes 1 de setiembre, ese proyecto de presupuesto “general de la República” ya fue recortado (“macheteado”), en casi 400 mil millones de colones. Exactamente, 384.650 millones de colones, equivalentes a un 1.40 % de Producto Interno Bruto (PIB).

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, indicamos a la opinión pública nacional, al personal de los servicios públicos cubiertos por ese presupuesto “general de la República”; así como a la población usuaria de los mismos, especialmente aquella que más ocupa de ellos por sus condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, lo siguiente:

PRIMERO: En realidad, no se trata del presupuesto “general de la República”. La Asamblea Legislativa solamente tiene incidencia en el 40 % de la presupuestación general anual de todo el Estado. El otro 60 % se tramita, en discrecionalidad, por la “poderosa”Contraloría General de la República (CGR). Debería llamarse, lo que llega mañana al parlamento, el presupuesto “general de la Administración Central del Estado”.

SEGUNDO: Reiteramos nuestra más rotunda oposición a los recortes de carácter irreflexivo, irresponsable, irracional y desestabilizadores. Especialmente, nos enfocamos en los siguientes ámbitos de política pública que ya han venido sufriendo este tipo de recortes y que más “macheteadas” presupuestarias de esta naturaleza, harán crisis total en la prestación de importantes servicios públicos destinados, supuestamente, a combatir la exclusión y la desigualdad. Veamos estos ejemplos:

El deterioro de la atención de los chiquitos que se atienden en los CEN-CINAI

La naturaleza violenta que muestra ya el deterioro del Sistema Penitenciario Nacional, haciendo dramática la convivencia intramuros carcelarios, tanto para su personal como para la población privada de libertad, agravándose con más recortes.

Los riesgos de profundizar deterioro en programas de atención primaria y preventiva en Salud, especialmente los de la cartera ministerial de Salud; en zonas altamente vulnerables, como las costeras y las fronterizas, mismas que están excluidas de los beneficios del crecimiento económico; regiones en las cuales se manifiestan enfermedades que el país había ya erradicado.

El aumento de los riesgos de convivencia civil en comunidades vulnerables y marginadas, por el deterioro presupuestario de la Seguridad Ciudadana (Fuerza Pública); comunidades que según nuestra perspectiva vienen “mexicanizándose”.

El incremento de la debilidad de la política pública en cuanto a control migratorio, pues la carenciada situación de financiamiento presupuestario, especialmente en cuanto a la necesidad de más recurso humano.

La “matazón” en las carreteras nacionales seguirá generando gran dolor y enormes costos pues el debilitamiento de la política pública en materia de seguridad vial (Policía de Tránsito), llega ya a niveles intolerables.

Más recortes presupuestarios en los ya extenuados programas institucionales de los parques nacionales y de las áreas de conservación, arriesgan su propia existencia y la economía turística que generan.

TERCERO: En tal sentido y como primera acción, tocaremos las puertas de la Defensoría de los Habitantes de la República, para que su jerarca, Monserrat Solano Carboni nos ayude a auscultar la profundidad y la gravedad de recortes (los que ya hizo el Poder Ejecutivo y los que podrían darse en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa). Nos motiva a acudir a esta entidad, los contenidos de la nota que con fecha 19 de mayo de 2015 (su oficio DH-0338-2015), la indicada funcionaria le dirigió a Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda, en torno a toda esta problemática.

CUARTO: Es imperioso que el país sepa con toda claridad cuál es el nivel de endeudamiento que Costa Rica tiene en estos momentos; cuál es la realidad del principal y cuál es el monto de intereses a pagar durante el 2016 en ese presupuesto “general de la República”. Necesitamos saber qué estamos sacrificando para honrar una deuda y unos intereses, verdaderamente expoliadores, de las finanzas del Estado.

QUINTO: Realizaremos nuestro mayor esfuerzo por informar plenamente para un involucramiento activo tanto a los grupos sociolaborales afectados por estos recortes, de la población usuaria de los mismos y de otras organizaciones de diversa naturaleza; buscando una gran unidad civil, al menos en la acción, para enfrentar esta difícil coyuntura; coyuntura que, esencialmente, tiene fundamento en un sistema tributario integralmente regresivo que castiga a los que menos tienen y los que no tienen ninguna responsabilidad en ello, con esto del déficit fiscal.

Salida de “reos no peligrosos”es una medida “desesperada”

La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, ha comunicado al país la salida del encierro total en prisión de unas 1.500 personas privadas de libertad, hacia regímenes de libertad vigilada, en condición de semi-institucionalización.

La aspiración meramente cuantitativa de reducir la sobrepoblación carcelaria, de un 52 % a un 20 %, con la indicada decisión, por más bien intencionada que se esté fundamentando e, incluso, invocándose un “cambio de paradigma”; no resuelve el grave problema de fondo, ya puntualizado por ANEP hace bastante tiempo y, ahora, agravado por el fundamentalismo neoliberal sobre el manejo nacional del déficit fiscal.

Al respecto, desde la ANEP planteamos lo siguiente:

1) Seguimos defendiendo nuestra posición acerca de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis. No es un problema de una determinada administración gubernativa. Tiene que ver con cuestiones estructurales. Básicamente, la relación-contradicción entre prisión vs desigualdad; entre hacinamiento vs tratamiento; entre derechos humanos vs exclusión intramuros carcelarios; entre crecimiento del internamiento penitenciario vs. reducción sistemática de recursos humanos, materiales e infraestructurales.

2) La aplicación de recortes presupuestarios para el 2016, por el orden de los 24 mil millones de colones, puede considerarse como el preludio de situaciones realmente peligrosas a lo largo del año entrante, mismas que podrían repercutir en pérdida de vidas humanas al interior de las cárceles; amén del incremento en el deterioro de la convivencia cotidiana intramuros carcelarios por las carencias de todo tipo y la acumulación de tensiones y de alto estrés, tanto en el seno del propio personal penitenciario como en la comunidad privada de libertad; y, a la vez, incidiendo en la conflictividad creciente en las relaciones entre ambas.

3) Debemos considerar que la estrategia inter-gobiernos de debilitamiento del Sistema Penitenciario Nacional, inversamente proporcional al crecimiento de la criminalidad y la sofisticación de la misma, así como la tendencia judicial hegemónica del encierro; podría estar sirviendo para potenciar intereses privatizadores de las cárceles nacionales y/o de sus servicios, alegándose “incapacidad” estatal e “insostenibilidad” presupuestaria. Ya en el pasado hubo una intentona al respecto.

En consecuencia, Hacemos un llamado a toda la población trabajadora del Sistema Penitenciario Nacional; a su personal profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad; a sus jefaturas y a su correspondiente personal subalterno; para que en gran unidad por la supervivencia institucional, exijamos, en la calle y en fechas próximas, vía movilización pacífica, la restauración de los 24 mil millones ya recortados, la primera “macheteada” en el proyecto de presupuesto para el 2016, cuando la cartera de Hacienda tramitó las peticiones presupuestarias originales de su homóloga de Justicia y Paz.

Igualmente, hacemos un llamado a los diputados y a las diputadas para que más allá de los posicionamientos ideológico-políticos en el tema del déficit fiscal, no apliquen al Sistema Penitenciario Nacional un segundo recorte, una segunda “macheteada”; y, por el contrario, restauren los 24 mil millones y cercenados.

Por el contrario, les solicitamos que reparen en la gravedad de una de las instituciones de la política costarricense más sacrificadas por estos enfoques fiscales de recortes presupuestarios por el recorte mismo: el Sistema Penitenciario Nacional; cuyo personal, prácticamente invisibilizado socialmente, desempeña un quehacer en condiciones totalmente precarias y peligrosos para sus propias vidas; pero, a la vez, ha sido su compromiso abnegado y su vocación de sacrificio por el país, lo que ha evitado tragedias mayores en las cárceles nacionales.

SINAE, ANEP y Rerum Novarun presentan recurso de amparo contra la CCSS y la SUPEN

Compartimos el Recurso de Amparo, así como las propuestas realizadas por SINAE, ANEP y la Confederación Rerum Novarum.

Recurso de Amparocontra La CCSS y SUPEN

Posición y Propuestas Sobre La Situación Del Régimen de Pensiones de La CCSS

Solicitamos intervención inmediata ante retención indebida de salarios de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privado (ANEP), en representación de la Seccional ANEP- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas, hacemos un llamado a las autoridades y Concejo Municipal de Puntarenas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que realicen una intervención inmediata ante la retención indebida de salarios de los funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

Esto luego de que a nuestras oficinas llegará la denuncia de las personas funcionarias del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas, indicando que el día de ayer miércoles 26 de agosto se les manifestó verbalmente que se les retendrán sus salarios.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que cunde el pánico para estos padres y madres jefes de hogar, que laboran en el Comité, ante estas manifestaciones informales y temerarias.

“Aparentemente por recomendación de la Auditoria Municipal y ante las anomalías en la gestión de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas esta solicitó el cese de transferencia de recursos al Comité. Esto incluiría las partidas por pagos de salarios y honorarios de las personas trabajadoras del Comité”, manifestó el Secretario General de la ANEP

Según Vargas, por más de año y medio la ANEP y su Seccional Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas han venido denunciado, llamado al diálogo, y acudido a diversas instancias (Procuraduría de la Ética Pública, Ministerio de Trabajo, Medios de Comunicación, Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, etc.) denunciando la gravedad de las anomalías y el daño que se ha generado a la Hacienda Pública por parte de las sucesivas Juntas Directivas del Comité, de los atropellos y acoso sistemático hacia las personas funcionarias, de las violaciones a las libertades sindicales y de los millonarios compromisos económicos que por años el Comité ha acumulado en contra de sus funcionarios.

“Ahora, para cerrar con broche de oro, se retienen los salarios de las personas funcionarias del Comité sin perjuicio ni consecuencia para los verdaderos responsables por todos estos daños: La Junta Directiva del Comité. Hemos dicho vehementemente y repetidamente que en la administración pública se requieren personas honestas, con experiencia y carrera en la gestión y administración de los bienes públicos, que los cargos públicos no son trampolines para fines politiqueros ni arribistas”, dijo Vargas.

Ante esta situación la ANEP y su Seccional ANEP-Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas exigen la intervención directa, inmediata y sin dilación de las autoridades municipales de Puntarenas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que:

1. Se ordene ipso facto el desembolso de las partidas presupuestarias de salarios, servicios especiales y honorarios para el pago de los salarios de los funcionarios administrativos, instalaciones y entrenadores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

2. Que se ordene diligentemente ante las instancias correspondientes y conforme a derecho las denuncias y acciones civiles y penales que corresponda sobre el daño a la Hacienda Pública en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

3. Que se inhabilite de manera inmediata a todos los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas de los cargos que hoy ocupan y rindan cuentas de su gestión.

“La situación que hoy denunciamos, viola derechos constitucionales y derechos humanos fundamentales, las autoridades remitidas en la presente tienen todas las facultades para evitar que a los trabajadores y trabajadoras del Comité Cantonal de Deportes y Recreación se les retenga el salario”, finalizó el Secretario General de la ANEP.

Adjuntamos solicitud de intervención enviada al Ministro y Viceministro de Trabajo, así como a las autoridades municipales de Puntarenas

ARESEP emite explosiva resolución violentista contra el sistema laboral de RECOPE, con repercusiones en el ICE

La Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), acaba de emitir una provocadora, peligrosa y arbitraria decisión de no reconocer 20.363 millones de colones en el margen de gastos de operación solicitados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE); parte de los cuales, exactamente 4.700 millones, corresponden a la honra de una serie de compromisos laborales y sociales inherentes al sistema de relaciones obrero-patronales imperante en esta empresa pública y según el Estado de Derecho actualmente vigente en nuestro país en materia de Negociación Colectiva.

La temeridad y osadía de la ARESEP con esta provocadora resolución, es de tal magnitud pues se salta preceptos fundamentales del pacto social-laboral de RECOPE, vía su Convención Colectiva de Trabajo; instrumentos de orden constitucional y de rango internacional, más allá de las controversias político-ideológicas de un tema de Empleo Público, según los planteamientos públicos diversos de las últimas semanas.

Ni Sala Constitucional, ni la Contraloría General de la República, ni la propia Asamblea Legislativa se han atrevido a derogatorias de facto de estos sistemas de relaciones laborales en el Empleo Público, como lo hace la ARESEP con esta, repetimos, “explosiva” resolución.

La ilegal, arbitraria y abusiva resolución de la ARESEP provocaría una gran desestabilización sociolaboral a lo interno de las instituciones afectadas, alterando su paz interna y socavando la prestación eficiente y eficaz de los respectivos servicios públicos, afectando a los consumidores de los mismos, los mismos que dice “defender” la ARESEP.

Además, una eventual consolidación de esta aventura desestabilizadora de derogatoria de facto de regímenes de empleo público, vía solicitudes de reajustes tarifarios, no hará más que profundizar la brecha de la desigualdad y la potenciación de la confrontación social.

Para hacer más grave la situación, la misma lógica violentista que aplica ARESEP contra una solicitud tarifaria en el caso de RECOPE, se ve venir para el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de otras institucionales sometidas a la ARESEP.

Rechazamos, radicalmente, esta perversa maniobra de la ARESEP de pretender la derogatoria de facto de los sistemas de relaciones laborales en empresas públicas a partir de peticiones de ajustes tarifarios que desvinculan los costos de operación de los costos sociolaborales.

La gravedad de esta situación obliga a las organizaciones firmantes a entrar en estado de consulta permanente para diseñar la serie de acciones en los más diversos ámbitos de oposición a, repetimos, las abusivas pretensiones de ARESEP: tanto en la político, como en lo jurídico-legal; considerando, incluso, la más amplia movilización y la eventual acción conjunta, ICE y RECOPE, en diversos escenarios de movilización y de calle.

En lo inmediato, exigimos al Gobierno de la República la inmediata destitución del Regulador General de la ARESEP, Dennis Meléndez Howell, por la emisión de resoluciones de este carácter que, aparte de expresar una profunda ignorancia en materia del Estado de Derecho en ámbito sociolaboral; expresan una actitud de corte totalitario, completamente inaceptable para una sociedad democrática como la costarricense; amén de mostrar serias falencias en cuanto uso de los mecanismos de la regulación.

Policías Penitenciarios irán a la calle ante negativa del pago adeudado por disponibilidad

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales Policía Penitenciaria y Sistema Penitenciario Nacional, convocan a todo el personal de la Policía Penitenciaria a sumarse a la marcha del próximo 31 de agosto en la Ruta 27, ante la negativa del Ministerio de Justicia y Paz de pagar 2.290 millones de colones correspondientes al segundo tracto de la deuda por disponibilidad.

Los dineros para realizar dicho pago corresponden a 900 millones de colones reservados por el Ministerio de Justicia y Paz, mientras que los 1.390 millones restantes, fueron aprobados extraordinariamente por el Poder Legislativo y firmado el pasado 19 de agosto por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

Gerardo Cascante, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, indicó que es una barbaridad que el Ministerio de Justicia y Paz, a última hora, se niegue a girar los dineros adeudados por concepto de disponibilidad, máxime cuando ya se cuenta con los recursos para realizar dicho pago.

“Condenamos y denunciamos enérgicamente de que se pretenda, a última hora y con artimañas administrativas no realizar el pago correspondiente a todos los compañeros y compañeras Policías Penitenciarios, además de desacreditar las certificaciones aportadas que comprueban las horas laborabas por concepto de disponibilidad, por lo que hacemos un llamado a todos los Policías Penitenciarios a que nos manifestemos el próximo lunes 31 de agosto en la Ruta 27”, manifestó Cascante.

Por su parte Ligia Solís, Presidenta de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, indicó que es inaudito que a estas alturas el Ministerio de Justicia y Paz, alegue que debe comprobar si las boletas por disponibilidad presentadas por los oficiales son falsas o bien indicar que va a reconocer menos horas de las indicadas en dichas boletas.

“Es claro que cada boleta con el tiempo de horas laboradas por disponibilidad va firmada por el Director de la Policía Penitenciaria, las boletas son claras y no existe falsificación alguna. Tampoco es justo que ahora aleguen que van a apagar menos horas de las que se registraron en las boletas. Ya existe un compromiso por parte del Ministerio de Justicia y debe cumplirse”, manifestó Solís.

ANEP ha estado recibiendo varias llamadas de denuncia por parte de Policías Penitenciarios, un claro ejemplo es el de la oficial Yadira Valverde Castro, quien labora en el CAI-Virilla, a esta oficial le certificaron 108 horas laboradas por disponibilidad, sin embargo a la hora de consultar por su pago le indican que sólo le reconocieron 39 horas.

Para los representantes de la ANEP en la Policía Penitenciaria, este actuar del Ministerio de Justicia y Paz solo deja una serie de dudas e interrogantes sobre el manejo que se le ha dado a los dineros correspondientes al pago por disponibilidad.

“Esto es muy extraño. ¿Será qué se gastaron los 900 millones de colones para saldar estas deudas? ¿Qué usos se le dio a los 1.390 millones de colones que la Asamblea Legislativa aprobó, extraordinariamente? Necesitamos contundentes explicaciones porque todo está indicando que serán los y las integrantes de la Policía Penitenciaria quienes han de pagar los platos rotos”, manifestaron los representantes de ANEP en la Policía Penitenciaria.

Ante esta situación ANEP reitera el llamado a los y las compañeras de la Policía Penitenciaria a manifestarse el próximo lunes 31 de agosto en la Ruta 27.

ANEP-Municipalidad de Oreamuno molesta por mala gestión del municipio

En el caso del exalcalde Redondo la municipalidad le adeudaba algunas responsabilidades patronales, que sumaban alrededor de 3 millones de colones, sin embargo el municipio se negó a pagar el monto. Ante esto el alcalde llevó el caso ante los Tribunales de Trabajo, ganando la demanda por lo que el monto se incrementó a los 41 millones de colones.