Compartimos la carta enviada al Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera.
1-2015-TISA-Al Presidente de La República-solicitud de Información Sobre El TISA
Categoría: Acción Sindical
Comisión bipartita analizará manual de puestos
La Seccional ANEP-Policía Penitenciaria se reunió con la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez y representantes de dicha cartera, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde se estableció un acuerdo para la revisión del Manual de Puestos previo a su envío a la Autoridad Presupuestaria.
En dicho acuerdo se estableció una comisión bipartita de carácter técnico para analizar los contenidos de fondo del Manual de Puestos para lo Policía Penitenciaria. Además, en la reunión quedó claro que no hay ningún compromiso inter-partes.
En la reunión también estuvieron presentes el Viceministro de Trabajo, Harold Villegas y el Director de Asuntos Laborales, Eugenio Solano.
Seccional Saloneros hace un llamado a las cámaras para ponerse al día con el reglamento del 10%
La Seccional ANEP-Saloneros hace un llamado a todos los empresarios gastronómicos del país, dueños de restaurantes, bares, sodas, cafeterías , centros nocturnos y similares, así como a las Cámaras y asociaciones representantes de los mismos, tales como: Cámara Costarricense De Restaurantes y Afines (CACORE), Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Cámara Costarricense De Hoteles (CCH), entre otros, a ponerse al día con las nuevas disposiciones que dicta el Reglamento a la Ley 9116, Ley que protege el salario de los saloneros y el 10% de servicio. Dicho Reglamento ya publicado en el Diario Oficial la Gaceta, en el mes de marzo del 2015.
Así lo manifestó Ricardo Moreno Niño, Presidente de la Seccional ANEP-Salonero, quien indicó que a partir de esta fecha del comunicado, se dará un tiempo considerable, suficiente, y prudente, para que todos los empresarios cuenten con el Reglamento a la Ley 9116, y sus nuevas disposiciones.
“En un máximo de tres meses a la fecha, comenzaremos a hacer valer nuestros derechos y hacer respetar la ley que nos protege. En conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se harán las respectivas inspecciones correspondientes a las denuncias presentadas a nuestro Sindicato y Seccional ANEP-Saloneros, por nuestros afiliados. Este comunicado es con el fin de que los empresarios gastronómicos no aduzcan, desconocimiento, a la Ley 9116 y su reglamento, fingiendo amnesia y demencia al caso.”, detalló Moreno.
El Presidente de la Seccional ANEP-Saloneros, también detalló que los representantes de la Junta Directiva de la Seccional, harán una gira por el país visitando los principales centros turísticos, para dar charlas y poner al día a sus afiliados, con el objetivo de despejar todas sus dudas al caso y hacer valer sus derechos.
Jefes de fracción del PAC y FA se comprometen a trabajar en una agenda social
Propuesta para reajuste salarial del sector Privado rondará el 2 %
Este lunes 1 de junio de 2015, a las 4 de la tarde, el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano de carácter tripartito adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), recibirá las diferentes propuestas sindicales para el reajuste por costo de vida que deben sufrir los salarios mínimos que se pagan en el sector privado de la economía; reajuste que es valedero para el segundo semestre del presente año 2015 y que debe entrar a regir el día 1 de julio próximo.
En el caso de la corriente sindical que representamos desde la propia ANEP, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), en unidad con las entidades laborales de similar naturaleza jurídica, se presentará una propuesta que rondará el 2 %. Hablamos de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), así como de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT). La propuesta, además, cuenta con la simpatía y el respaldo del colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA.
Los detalles técnicos que sustentan tal cifra serán expuestos al momento de la audiencia a las partes sindicales.
Posteriormente, será el sector patronal el que hará su propuesta y una semana después, por lo general, la representación gubernamental definirá para cuál lado se inclina si fracasa la búsqueda de un acuerdo tripartito. Usualmente, la votación en el seno del CNS queda 2 a 1 (patronos-gobierno contra trabajadores). En el caso de la presente administración gubernativa Solís Rivera, ésta será la tercera fijación en materia de salario mínimo.
Este ritual institucional que se ha venido repitiendo cada seis meses a lo largo de los últimos años (es más, prácticamente toda la vida, pues de obligada observancia legal); hace que en la actualidad y dada la situación sociopolítica del país que muestra altos niveles de desempleo (abierto y encubierto), de precariedad laboral, de violaciones sistemáticas a los derechos laborales básicos fundamentales, de alto endeudamiento salarial y de avance impetuoso de la informalidad; amén de la constatación del crecimiento sistemático de la desigualdad, por un lado y, por otro, de la concentración de la riqueza; hace que, repetimos, queden en evidencia fuertes vacíos acerca de una profunda discusión sobre el carácter de los salarios mínimos que se aplican en el sector Privado y en el marco de esta gran deuda social según lo hemos puntualizado.
PRIMERO: Es urgente aprobar legislación para que el reajuste por costo de vida al salario mínimo, aunque sea raquítico, indigno e insuficiente, se respete plenamente por todos los patronos. No son pocos los casos en que a la persona trabajadora se le indica que ese reajuste a su salario mínimo no le corresponde porque le están pagando, por ejemplo, mil colones más del mínimo al momento de la fijación. Esta especie de escamoteo debe censurarle legalmente.
SEGUNDO: Debe precisarse que el reajuste semestral por costo de vida a los salarios mínimos que se deben pagar en el sector privado, oculta que hay que hacer algo para incrementar el poder de compra de los mismos, su poder adquisitivo; es decir, urge una revaloración salarial extraordinaria para subir el actual nivel del monto de los salarios mínimos, de tal suerte que los subsiguientes reajustes semestrales por costo de vida partan de ese nuevo nivel. Esta gran decisión política puede adoptarse por medio de una ley y/o por medio del acuerdo del Gobierno con la parte laboral representada en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), ya que es de esperarse que la parte patronal jamás apoyará una decisión de tanta justicia obrera como lo es incrementar el poder de compra del salario mínimo. En algunos momentos, varios países latinoamericanos han adoptado decisiones de este tipo, pues se sabe que hay una relación directa entre el incremento del poder de compra del salario y la reactivación productiva, especialmente para el mercado interno; algo de lo cual y en el caso costarricense, es de gran urgencia.
TERCERO: La persona trabajadora asalariada, especialmente la de ingresos medios y bajos, percibe (en muchos casos de manera dramática), la distancia entre la cifra oficial de inflación semestral por costo de vida, con la realidad financiera del bolsillo y del presupuesto familiar. “La plata no alcanza”, es la frase preferida para definir el deterioro del poder de compra del salario y la disminución de su capacidad adquisitiva. Por ende, es urgente nuevas metodologías de medición del costo de la vida que el gobierno debe implementar, generando una nueva reactualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a fin de adaptarlo más para una medición más real de lo que ocurre, en verdad, en el seno de la economía familiar de las personas asalariadas.
¿”CAMBIO?” Si hay un aspecto en que la mayoría del pueblo trabajador y, especialmente, su clase trabajadora asalariada percibiría, el verdadero contenido de la palabra y del concepto “CAMBIO” es éste, el de los salarios mínimos; pero, para ello, se requiere de un gran coraje presidencial y gubernamental para enfrentar ese poder corporativo-empresarial que, sin haber ganado elección alguna, pretende seguir imponiendo su hegemonía en las grandes decisiones de política pública que tienen que ver con el bienestar de las mayorías.
Carta abierta a la Directora General del Archivo Nacional
29 de mayo de 2015
Honorable señora
Licda. Virginia Chacón Arias
Directora General del Archivo Nacional
Estimada señora:
La Junta Directiva de la ANEP-Archivo Nacional le extiende el más respetuoso y cordial saludo, y se permite manifestarle algunas inquietudes y reflexiones surgidas a la luz de la reunión de personal de la Dirección General del Archivo Nacional, celebrada el pasado martes 26 de mayo del 2015, convocada por su digna autoridad.
1. Como representantes de la organización sindical del Archivo Nacional le manifestamos nuestra preocupación por la crisis presupuestaria que enfrenta la institución. El respeto de la institucionalidad ha sido una bandera de lucha de la ANEP y nosotros como organización y como funcionarios y funcionarias, anhelamos de que el cumplimiento de la misión no se vea obstaculizado por este tipo de situaciones.
2. En concordancia con la política gubernamental de defender e impulsar la transparencia en la función pública, creemos que como funcionarios públicos y como funcionarias públicas, estamos llamados a brindar cuentas de nuestro accionar, sin que esto genere molestia o indisposición, en cualquier circunstancia en que se nos pida, por parte de cualquier entidad política, social y cívica; e, incluso, por ciudadanía en general. De tal manera, y a propósito de su comentario de que esta directiva sindical se reunió en diferentes ocasiones con la exministra Elizabeth Fonseca Corrales para “difundir chismes”, queremos indicarle que estas reuniones se dieron dentro del marco de espacios formales de discusión que la exjerarca fomentó ante las diferentes seccionales sindicales de la ANEP del sector Cultura; espacios a los que acudimos previa invitación del indicado despacho ministerial.
3. Estamos sumamente sorprendidos, al igual que el resto del personal, de que en la reunión general del día 26 de mayo se hayan tratado temas inherentes a la organización sindical; y que de su parte usted intentara forzar a los directivos de esta seccional a pronunciarse sobre diversos asuntos que usted planteó a manera de catarsis, frente a todos los funcionarios y de todas las funcionarias de la institución. Los comentarios que hemos recibido posterior a dicha reunión, son de sorpresa toda vez que este asunto no se explicitó como punto de agenda del contenido de su convocatoria al personal.
4. Sus manifestaciones en contra de los miembros de nuestra organización sindical quedaron expuestas frente a todo el personal. Ante ello pensamos que podría ser importante y necesario que un tercero, con potestad legal para ello, pudiera ejercer sus buenos oficios mediadores a fin de armonizar las relaciones obrero-patronales; considerando que su digna autoridad pareciera evidenciar la molestia que la causa la existencia y el accionar de nuestra organización sindical.
5. Creemos que ventilar en una agenda encubierta la problemática existente, genera división en un momento en que todos los funcionarios y todas las funcionarias del Archivo Nacional debemos estar unidos en la lucha por solucionar el grave problema presupuestario que enfrenta la institución; recordando que con usted a la cabeza, el país nos ha confiado la preservación de una institución cultural, patrimonio nacional y memoria histórica de la nación; razón más que fundamental para presentar una posición unificada demandando que la sociedad honre su compromiso de preservar su propia historia en el seno del Archivo Nacional, honrando el pasado que nos fuera legado y preservándolo para las generaciones siguientes, dándonos los recursos presupuestarios suficientes para ello.
6. De esta reunión clave para discutir el tema de la crisis presupuestaria, el personal salió desmotivado pues esperaba una intervención asertiva de su parte. Sin embargo, la discusión planteada por usted generó incomodidad pues estuvo cargada de frases, exabruptos e incluso de un comentario que resultó indignante y de mal gusto para las funcionarias de la institución. La instamos, respetuosamente, a que en aras de su investidura y de la dignidad del honroso cargo que usted ostenta, se manifieste frente a sus colaboradores en términos de respeto y asertividad, pues le resta elegancia y decoro a un espacio tan importante como lo es una reunión general del personal.
7. En este momento de lo que se trata es de unir esfuerzos y de convocar a los funcionarios y a las funcionarias en su totalidad. Por por ello la instamos a cerrar filas con todo el personal en esta difícil coyuntura. Estamos seguros de que la ANEP, desde su accionar nacional, estará en disposición de contribuir con nuestra seccional si se generan líneas de acción compartidas y concertadas para solucionar la problemática que nos atañe en este momento con respecto a la situación del presupuesto.
8. Finalmente, queremos dejar en claro que tanto la ANEP como esta seccional en apego al marco jurídico y normativo del país, respeta la independencia de las auditorías internas y su importante papel en momentos en los cuales la ciudadanía es más celosa con respecto a la transparencia en el ejercicio de la función pública. Además, dejamos constando que nos pareció muy perjudicial su comentario sobre la labor del ente contralor de la Administración Pública, respecto al resultado de la evaluación que obtuvo esta institución.
Nos ponemos a su disposición para lo que considere conveniente.
Junta Directiva Seccional ANEP-Archivo Nacional.
Lucha en dos escenarios: El Parlamento y la Calle
Con gran satisfacción y mucha esperanza, nos hemos enterado de que la honorable señora Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República, ha alzado su calificada voz, con la autoridad ética y moral que implica tal magistratura cívica legitimada por la institucionalidad republicana que nos rige como sociedad, advirtiendo contra los recortes que se asoman en el horizonte de cara al presupuesto general de la República para el 2016 y que se debatirá en los próximos meses en la Asamblea Legislativa.
Efectivamente, hace ya bastantes semanas que la ANEP viene advirtiendo en contra de los recortes presupuestarios abusivos e irracionales, así como en contra de las políticas drásticas de austeridad que, como bien lo apunta la señora Defensora, atentan contra los mismos Derechos Humanos Fundamentales; algo inaudito para un país como Costa Rica que pregona, urbi et orbe, su adhesión incondicional a tales postulados universalmente reconocidos.
El oportunísimo señalamiento de la Defensoría nos da una gran autoridad moral y ética para las organizaciones sindicales y sociales que nos preparamos para enfrentar la tramitación legislativa venidera del presupuesto de la República, con el ejercicio de la Democracia de la Calle.
Las posiciones diputadiles fundamentalistas de corte neoliberal y extremista contra el presupuesto del 2016 ya, incluso sin conocer el detalle de ese proyecto de presupuesto, afinan sus criminales tijeras para recortes, a diestra y siniestra, por el orden de 600 millones de dólares; más de 300 mil millones de colones. La cantidad a recortar podría ser mucho mayor, llegándose al extremo de poder en peligro vidas humanas: ¡un verdadero crimen social!
Tal suma de recorte en perspectiva por parte de los saboteadores fiscalistas de la paz social y de la institucionalidad pública que tiene relación directa con la promoción y protección de los Derechos Humanos de gran parte de la población costarricense; incrementará el sufrimiento de la hoy atormentada ciudadanía obrera y laboral básicamente, por la alta carestía de la vida, las restricciones salariales, el desempleo y el trabajo precario, el alto endeudamiento y, en general, por el crecimiento de la desigualdad.
Organizaciones sindicales exigen rescindir contrato de estudio actuarial del IVM
Entre las organizaciones que denuncia se encuentran: Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de C.R. (SIFUPCR), Sindicato de Trabajadores de la Salud y Afines (SITHOSAJUDI), Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Puriscaleños tomaron el CTP por molestia en servicio de autobús y logran acuerdo
Cerca de 60 personas de diversas comunidades de Puriscal tomaron por espacio de cuatro horas la sede del Consejo de Transporte Público (CTP), solicitando una intervención inmediata al pésimo servicio de autobús que presta la empresa TRAMAYCA entre Puriscal y las zonas de Santa Marta, Cervatana, Jilgueral, La Palma, Salitrales y Bocana.
Tras las medidas de presión y prácticamente cerrar las oficinas del Consejo de Transporte Público, los vecinos fueron recibidos por Mario Zárate, Director del CTP y Mario Calderón, Director de la Policía de Tránsito para tratar de llegar a un acuerdo.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que luego de varias horas de negociación las partes acordaron realizar tres inspecciones a las unidades de la empresa TRAMAYCA que prestan el servicio de autobús en las comunidades puriscaleñas.
“Se acordó realizar tres inspecciones en los próximos 45 días calendario. En estas inspecciones participaran personeros del Consejo de Transporte Público, oficiales de la Policía de Tránsito e integrantes del Comité de Transportes integrado por los vecinos de las diversas comunidades afectadas, la inclusión de estos últimos en busca de transparencia en los proceso de inspecciones”, manifestó Vargas.
Dentro de las molestias que elevaron los vecinos, este martes 26 de mayo, ante el CTP se encuentran: un aumento injustificado del 130% en la tarifa del servicio, incumplimiento de horarios, gran afectación a los usuarios, autobuses en mal estado; con goteras, puertas de emergencia amarradas con mecate, unidades que se varan con regularidad, otras incluso hasta se han quemado en pleno servicio.
Miguel Ángel Vega Marín, adulto mayor y vecino de la comunidad de Santa Marta, indicó que las unidades se encuentran en mal estado, y los vecinos temen que estas se queden sin frenos cuando circulen por las pendientes pronunciadas en el trayecto para llegar a Puriscal provocando un fatal accidente, incluso detalló que en una ocasión y en pleno viaje una de estas unidades se empezó a incendiar atentando contra la seguridad de los usuarios.
“Todas las unidades están en pésimo estado, en una ocasión venia en una de estos buses y se empezó a quemar, para poder apagar el incendio tuvieron que tirarle tierra mientras se esperaba la llegada de los bomberos, pese a esto la unidad siguió circulando. Otras tienen goteras, no se cumplen horarios, a esto se une el mal trato que recibimos por parte de los choferes, especialmente la población adulta mayor”, manifestó Vega.
El apoyo y asesoramiento de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a los vecinos de Puriscal, es parte del proyecto de Sindicalismo Ciudadano que está impulsando nuestra organización, para que las comunidades denuncien las anomalías y situaciones adversas que sufren diariamente.
“Lo que paso hoy en el Consejo de Transporte Público debe ser un ejemplo para todas las comunidades del país, especialmente las de zona rural que sienten que les toman el pelo a sus denuncias y necesidades ante diferentes instituciones. Esto es parte del Sindicalismo Ciudadano que pretendemos ejecutar en la ANEP con las diversas comunidades que así lo soliciten y necesiten”, finalizó Vargas.
Ahora la ANEP y los vecinos de las comunidades afectadas en la zona de Puriscal estarán garantes para que se cumpla a cabalidad el acuerdo firmado este martes en el Consejo de Transporte Público.
Emplazamiento público al Presidente de la Repùblica por procedimientos de cateterismos intermediando tráfico de influencias
Carta abierta: Emplazamiento público sobre procedimientos de cateterismos intermediando tráfico de influencias
Estimado señor Presidente:
Los serios problemas que experimenta nuestra querida Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no se solucionarán mientras quienes tienen el mandato de definir y ejecutar estas soluciones no vivan en pie de igualdad con el resto de la población, las consecuencias de no arreglarla.
Por eso y como señal concreta de que en este país en lo que atañe a la Seguridad Social y Salud todos somos iguales, consideramos que es su deber como máxima autoridad político-ejecutiva del país tomar en sus manos dos medidas.
La primera es destituir de su cargo al señor Oscar Fallas Camacho, delegado del Estado ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De acuerdo a lo denunciado en el marco de la comisión parlamentaria que investiga la crisis en el servicio de Cardiología del Hospital México, concretamente por parte de quien preside esta comisión, el señor diputado Jorge Rodríguez Araya, a don Oscar se le practicó un cateterismo sin que tuviera que hacer fila en la dramática lista de espera que, como ha sido denunciado, ya generó la muerte ingrata e injusta de ciudadanos costarricenses, precisamente, por la inoperancia de un sistema que les llevó a la muerte cuando podrían haberse salvado.
El Gobierno de la República que usted preside no debería correr el riesgo de aparecer como cómplice de una situación tan delicada: avalar que esta persona se mantenga en el puesto es avalar que las autoridades tengan un acceso de “primera clase”, mientras que el resto de la población tiene que contentarse con hacer filas y ver amenaza su vida en la “tercera clase”.
Antes de dedicarse a la carrera política, señor Presidente, usted unió esfuerzos con las organizaciones sindicales que los suscritos representamos y junto a otras prestigiosas entidades de diversos sectores sociales, generamos el proceso de “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”; destacándose el grave problema del “secuestro” en la formación de especialistas por parte de una alta élite médico-corporativa que tiene gran responsabilidad en la crisis del indicado servicio hospitalario en el ámbito de la Cardiología.
Ahora usted tiene la oportunidad de comenzar a tomar cartas en un asunto alarmante y caótico en el que hasta ahora ningún gobierno incluso el suyo, señor Presidente ha querido enfrentar abiertamente. Tal vez es porque se requiere controlar al poderoso “cártel” que controla la formación de “super especialistas” en este país.
Se trata de una situación oscura que el proceso “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja” dejó en evidencia (como a usted le constó de primera mano en la investigación que realizamos); y que ha sido denunciado de manera reciente y de manera valiente por el directivo laboral don Mario Devandas Brenes.
La segunda medida tiene que ver con el directivo patronal, el señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, quien es representante corporativo en la directiva de la Caja por parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
Se trata este caso de un directivo que, al culminar su mandato, habrá estado como directivo de la institución durante 12 años. Se trata también de un directivo al que la misma denuncia legislativa apunta se le habría llevado a cabo vía tráfico de influencias no solo un cateterismo, sino ¡dos!
¿Qué incentivo personal puede tener este directivo para solucionar las listas de espera siendo que la Caja le resuelve a él este problema, tomando una medida hecha para su propia necesidad personal? ¿Y qué podría pasar cuando esta misma persona maneja licitaciones o contratos?
La dirección de la UCCAEP tiene una gran oportunidad: separar “paja de trigo” y mostrar su apego a criterios éticos claros. Esta oportunidad debería expresarse en la separación inmediata del cargo de este directivo.
El que usted le plantee esta oportunidad al órgano patronal es también en su propio interés: el cansancio ciudadano frente a las situaciones de injusticia es grande y la crispación también. Más aún porque las altas esferas de la Caja están repletas de personas denunciadas ante el Ministerio Público que sólo premios por estas acciones incorrectas reciben. La impunidad genera frustración y la frustración cuando menos se la espera, genera explosión. Los conatos al respecto de queja ciudadana contra la Caja, en expresión de calle, ya los estamos viendo.
Para empeorar aún más la magnitud del tráfico de influencias y la discriminación en la aplicación de procedimientos cruciales para la vida entre quienes tienen “amigos” y/o “nombre” y quiénes no, ahora resulta que el propio director médico del Hospital México, el doctor Douglas Montero, ¡también recibió una intervención de cateterismo sin tener que sufrir el calvario de la listas de espera!, según la denuncia diputadil.
Señor Presidente: Usted bien sabe que la Caja está en peligro. Lo que ha sido denunciado con relación a la crisis del servicio de Cardiología del Hospital México debería servir para decretar una especie de “estado de emergencia” para la institución. En un caso como este, no inmiscuirse es ser cómplice… ¿De qué lado queda usted?
