Policías penitenciarios apoyan pago administrativo de deudas salariales

La ANEP ha constatado un abrumador respaldo por parte de la mayoría del personal de la Policía Penitenciario, al acuerdo que les permite el pago administrativo de deudas salariales acumuladas durante unos 10 años, por una cantidad global de 3.200 millones de colones.

De esta cifra, mil millones se cancelarán en la segunda quincena de diciembre de este año 2014. Los restantes 2.200 millones se gestionarán vía presupuesto extraordinario a tramitarse en la Asamblea Legislativa, en el primer trimestre del año próximo 2015.

Los primeros contactos efectuados por la ANEP al respecto, con diputados y diputadas de diferentes fracciones parlamentarias, han mostrado una gran anuencia para la aprobación de ese presupuesto; valorándose su contenido social y laboral que nada tiene que ver con la cuestión político-partidista.

Se trata de honrar una gran deuda contraída por el Estado con uno de sus cuerpos de servidores públicos más abnegados y sacrificados del país: la Policía Penitenciaria. Y esto no tiene color político.

Con dicho acuerdo de pago en sede administrativa, el personal a cargo de la seguridad carcelaria del país, ya no tendrá que sufragar honorarios de abogados por procesos judiciales en desarrollo, de resultado incierto y que les obligaba a una espera de 4 años, en promedio.

Tal circunstancia les permite no pagar, más bien economizarse, por cuota litis, una suma oscilante entre los 100 y los 500 millones de colones; según las tarifas de 10, 15, 20 y hasta 25 por ciento que se les estaba pidiendo para tramitarles en vía judicial tal pago de deudas.

Tales cantidades de plata ya no llegarán a los bolsillos personales de quienes estuvieron promoviendo la vía judicial como “única” para saldar tales deudas; elementos que han estado manifestando su oposición a este acuerdo, justo e histórico.

Además, el acuerdo logrado al efecto entre los ministerios de Justicia y de Trabajo con la ANEP, el pasado jueves 19 de noviembre, generará una enorme economía en compleja tramitología, cara y desgastante, que implicaba la tramitación judicial del pago de tales deudas.

Tanto la administración de la cartera de Justicia como la misma gestión procesal del Poder Judicial, se liberarán de erogaciones multimillonarias pues el pago en sede administrativa es más barato, más corto y le hace llegar al trabajador el 100 % de lo que se le debe.

Igualmente, con el acuerdo en mención, se espera para febrero entrante la primera versión de un manual de puestos para la Policía Penitenciaria que les posibilite similitud salarial con sus homólogos de la Fuerza Pública; y, además, no les será modificado su tradicional e histórico horario de servicio, conocido como “7 × 7”.

No se debe autorizar el abusivo aumento que pretende Riteve

Ante las pretensiones de la empresa monopólica privada a cargo de la revisión técnica vehicular, de un aumento de 200 % en la tarifa por tal servicio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su rotunda oposición considerando las siguientes razones:

El pretendido aumento golpeará, sensiblemente, los bolsillos de la clase trabajadora, con empleo formal o sin él; toda vez que tanto los vehículos livianos como los camiones de carga son inherentes a las actividades laborales y productivas de miles y miles de costarricenses que viven, en estos momentos, restricciones salariales y encarecimientos productivos por diversas razones.

Un aumento de semejante irracionalidad y magnitud en las tarifas actuales de la revisión técnica vehicular, echa más leña a la hoguera de la cada vez más candente fogata de la inconformidad popular ante el altísimo costo de la vida; por demás, en escenarios crecientes de desigualdad.

No debe la desprestigiada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ceder a las pretensiones de alza de tarifas de Riteve SyC, sin que se sepa cuál será la metodología real para el cálculo del ajuste que debe establecer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); proceso éste que tal entidad debe hacer con total transparencia, erradicando episodios de opacidad que a lo largo del tiempo han mediado para la instauración del monopolio privado de la revisión técnica vehicular.

Por otra parte, la indicada firma ha acusado al país ante el tribunal extranjero, nada objetivo ni neutral, conocido como Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), porque supuestamente se le deben a la citada transnacional unos 260 millones de dólares, al no haber obtenido autorizaciones para semejantes incrementos tarifarios de exorbitantes pretensiones. En consecuencia, no deben aumentarse las arcas de Riteve mediando tal proceso jurídico-internacional.

En épocas de un legítimo reclamo ciudadano por la transparencia en la gestión pública, se debe conocer con exactitud la actual composición accionaria de Riteve SyC; de modo tal que podamos saber qué sociedades y qué personas, nacionales y/o extranjeras, tienen intereses en la actividad lucrativa con carácter de monopolio privado que es, hoy día, la revisión técnica vehicular. Muy necesario es saber si sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social se cumplen a cabalidad y sin escamoteo alguno.

Hacemos un llamado a los automovilistas, los dueños de camiones de carga, microbuseros y similares, a organizarse para que se defiendan, para lo cual la ANEP les ofrece su apoyo y experiencia.

Situación precaria de infraestructura y salud ocupacional en la aduana de Peñas Blancas

La Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda realizó, el pasado 23 de octubre, una gira a la frontera norte de nuestro país, específicamente al puesto de aduanas ubicado en Peñas Blancas, donde pudo constatar las condiciones precarias de infraestructura y salud ocupacional en las que se deben de desempeñar los y las trabajadoras de este puesto aduanero.

Entre las principales falencias detectadas por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda en el puesto aduanero de Peñas Blancas se encuentran:

• La estructura del Andén donde aparcan los furgones está muy dañada, incluso existe el temor de que se venga abajo en cualquier momento, ya que las bases de la misma presenta una serie de daños, que no han sido reparados por mucho tiempo, pese a las reiteradas denuncias.

• La caseta de control de la Aduana fue demolida, y están ocupando una caseta que pertenece al MAG, las condiciones de las mismas no son nada saludables, a la par hay un árbol grande donde se ve la caja de breaker, toda la parte eléctrica se nota muy mal, la ventana con forro de madera, archivos en pésimas condiciones.

• En el sector sur de la Aduana no existe aguja de control, los vehículos pueden huir sin que nadie los detenga. En la noche los oficiales de seguridad ponen un tarro con un pedazo de malla anaranjada para cerrar el paso, porque ni siquiera conos tienen. En el invierno el paso por las agujas sur y norte sufre de inundaciones, provocando que los usuarios que entran o salen del país deban de hacerlo sobre un río de agua porque no hay salida de aguas pluviales, o sea cunetas o alcantarillas.

• Condiciones de Salud Ocupacional. En las casetas de la aguja sur, existen problemas serios de estructura, los documentos del depósito están amontonados en una pequeñísima bodega, que a la vez es donde está el servicio sanitario sin uso por las condiciones que presenta, incluso, cualquiera puede sustraer documentos y nadie se da cuenta.

• Existe una plaga de lagartijas, que llena todos los escritorios y zonas de trabajo de excremento, provocando que los y las funcionarias trabajen en condiciones insalubres. Además que no cuentas con aire acondicionado, ni siquiera abanicos. Sumado al mal estado de los servicios sanitarios, que presentan condiciones insalubres.

• Los funcionarios que utilizan las habitaciones destacadas para ellos, no cuentan con abanicos, mucho menos aires acondicionados, cuentan con una sola lavadora para muchos funcionarios, en cambio la casa de la gerencia y subgerencia cuentan con buen aire acondicionado, con buenas lavadoras, y si el aire se les arruina inmediatamente lo reparan.

Ante esta situación, la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda emitió un informe dirigido al Ministro de Hacienda, Helio Fallas; al Director del Servicio Nacional de Aduanas, Rafael Bonilla; así como a la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda, Dina Víquez, haciéndoles constar las condiciones precarias en que se encuentra dicho puesto aduanero y la necesidad de su inmediata intervención.

“En las anteriores administraciones del Ministerio de Hacienda, se han hecho denuncias sobre lo que sucede en las Aduanas, sin embargo las respuestas nunca han sido satisfactorias, ni nunca han resuelto la situación. Basta con indicar que en la parte de infraestructura, las inversiones millonarias en remodelaciones del Servicio Nacional de Aduanas quedan tan mal que, al poco tiempo están deterioradas por el mal trabajo realizado, y en realidad no se nota cuál ha sido la remodelación realizada. Por ello nos cuestionamos: ¿Cuál es la supervisión ejercida por el Departamento de Arquitectura?, si es que ha habido alguna; ¿Existe alguna garantía al respecto?”, manifestaron en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda.

Incluso mencionaron que es importante recalcar, que la Administración Superior gasta excesivos viáticos en giras del Departamento de Arquitectura y sobre todo, de las cuadrillas de la Sección de Mantenimiento, y no se ven resultados de las reparaciones o de los mantenimientos preventivos o correctivos.

“Un ejemplo de algo que paso en Peñas Blancas es que fueron a reparar el tanque de agua potable y resulta que no llegaba agua a las tubería de la oficina, ni a las baterías sanitarias, y tuvieron que regresar a repararlo. Lo que pasó fue que taparon al revés el ingreso de agua, y por esto regresaron a arreglar lo que supuestamente ya habían corregido”, indicaron.

El informe presentado por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda a los jerarcas de esa cartera pretende obtener respuestas claras, concretas, sobre qué es lo que realmente va a realizar esta administración para mejorar la infraestructura de las Aduanas, así como las condiciones de las habitaciones de las funcionarias y los funcionarios que pernoctan en la Aduana de Peñas Blancas.

Patria Justa presentó su agenda de trabajo

La coalición sindical Patria Justa presentó, este viernes 07 de noviembre en la sede del Museo del Jade, sus estrategias de cara a las mesas de dialogó con el Gobierno de la República, que representan un esfuerzo de articulación para la incidencia política de los sectores sociales.

La actividad contó con una muy buena afluencia de personas integrantes de los diversos sindicatos que integran Patria Justa, nos referimos a: ANEP, FIT-ICE, SINAES, SITRAPEQUIA y UPINS. Además, se espera que en los próximos días SINTRAJAP se una a esta coalición, lo que significaría un músculo más en la lucha por posicionar el sindicalismo costarricense.

Precisamente, en la actividad Ronaldo Blear, Secretario General de SINTRAJAP dirigió unas palabras a los presentes agradeciendo el apoyo brindado por Patria Justa durante la huelga en la lucha por la soberanía de los muelles en la zona atlántica de nuestro país, a la vez que afirmaba el interés de SINTRAJAP de unirse a la coalición sindical Patria Justa.

Patria Justa es el fruto de un proceso de varios meses, que se inició para rearticular las acciones de un grupo de organizaciones sindicales que trabajaron juntas en la elaboración de las “10 medidas para salvar la Caja”, las negociaciones de la Reforma Procesal Laboral y en la agenda que se le presentó al hoy Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, en su condición de Presidente electo, el 5 de mayo; agenda conocida como “Manos a la obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”.

Como resultado del trabajo conjunto, decidimos estrechar acciones que le permitieran al sindicalismo costarricense reposicionarse como sujeto sociopolítico con capacidad de incidir en la transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en las dimensiones: económica, ecológica, ambiental, política y sociocultural.

“Patria Justa” aspira a incidir en el nuevo escenario político nacional que se abrió como resultado de las elecciones de 2014 y buscamos sumar otros esfuerzos surgidos desde diversos espacios de la sociedad civil; los cuales promueven luchas que concuerdan con nuestra valoración de la coyuntura y nuestros propósitos de acción.

Urge responder unidos frente a la coyuntura

Preocupa que la Administración Solís Rivera esté evidenciando que no estaba preparada para asumir el aparato institucional y muestra señales de debilidad frente al bloque “anti derechos laborales”; a lo que se suma que no se ha ocupado de sus compromisos con la Caja, a la reforma tributaria, y otros temas país.

Reconocemos que hay un problema real de endeudamiento que se lleva la mayor parte del presupuesto, pero no se va a resolver quitando las anualidades, la dedicación exclusiva, otros pluses al conjunto de los trabajadores de los servicios públicos.

Está en curso una ofensiva de la derecha política y empresarial en contra de las anualidades, las horas extras y los pluses salariales; y, en general, contra los servicios públicos.

Esta situación pasa por varios tamices que obligan a un análisis puntual. La trampa de ellos es presentar a los empleados públicos como si todos fueran iguales. Hay que distinguir a los jerarcas del sector Público que ganan los salarios más altos (prácticamente similares a sus pares del sector Privado), vs. el resto de trabajadores que reciben remuneraciones medias y bajas.

La Administración Solís Rivera debe reorientar las pretendidas soluciones al déficit fiscal del foco de los recortes indiscriminados en la errónea dirección apuntada; porque ese enfoque, además de lesionar los derechos laborales, llevará a la paralización institucional del país en el mediano plazo.

La lógica neoliberal lo que plantea es la desaparición del sector Público y la coyuntura del presupuesto les cayó como anillo al dedo.

El enfoque que proponemos es el de centrar las acciones en la optimización de los recursos del sector Público atendiendo, por ejemplo, la inversión y la recaudación fiscal, así como la definición de nuevos parámetros para medir la gestión fiscal, energética, entre otros.

En lo concreto, proponemos el establecimiento de una mesa nacional para discutir el tema de la optimización de los recursos públicos, el tema de la eficiencia y la eficacia, el tema de rendición de cuentas.

Para nuestro agrupamiento gremial, el verdadero tema de la discusión es el modelo de desarrollo país, la verdadera razones del déficit fiscal, la verdadera discusión del tema tributario, la reducción de la desigualdad, el modelo energético, el fortalecimiento de los seguros solidarios del Estado, entre otros.

Estamos en contra de las medidas propuestas de recortes, sean con hacha o con bisturí, sin sentido y sin visión de país que no van a resolver el fondo de la problemática nacional, sino que va a empeorar las cosas.

Queremos una discusión de eficacia, eficiencia, optimización de los recursos, gestión e inversión, papel de los jerarcas, en fin una discusión estructural.

Contenidos de la agenda “Patria Justa”

1- Corrupción.
2- Soberanía energética.
3- Estabilidad y derechos laborales en el empleo público.
4- Defensa de la Seguridad Social: Caja (CCSS) y Riesgos del Trabajo.
5- Reforma Procesal Laboral
6- Transformación tributaria estructural
7- Internacionalización de la economía y amenazas contra los derechos laborales derechos laborales.

Usted puede descargar la agenda completa y detallada de Patria Justa en el contenido relacionado que aparece al final de esta nota.

Encuentro de dirigentes sindicales municipales de ANEP

Este viernes 31 de octubre representaciones sindicales de las más de 50 municipalidades donde ANEP tiene presencia se reunieron en un gran Encuentro Sindical Municipal.

La idea es poder compartir con la mayor cantidad de líderes y lideresas de base temas importantes para dirección política del sindicato, como el Tratado Internacional de Servicios Públicos, conocido como TISA, el tema de la ley de transferencias municipales o temas relacionados con la oferta sindical, como los cambios positivos en el seguro colectivo de vida que ofrece el INS a la afiliación de la ANEP.

Uno de los temas más importantes tratados en el encuentro fue la exposición de la compañera Rosa Rivera, asesora legal de la ANEP y ex lideresa sindical en la municipalidad de Garabito, sobre la ley de transferencias municipales y como la aplicación de la misma viene a afectar el trabajo en los Gobiernos Locales.

Para ANEP es muy importante continuar con estos encuentros sectoriales, ya que las y los dirigentes de base aprovechan para realizar mesas de trabajo para coordinar acciones, poner en común problemáticas y sus respectivas soluciones. Crear estos canales de comunicación y de trabajo es fundamental para encausar la lucha en el área municipal, donde viven tantos problemas los trabajadores y trabajadoras.

Más de 16 mil trabajadores de la CCSS deben superar el interinazgo

Señores y señoras
Honorable Junta Directiva

Honorable señora
Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal
Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Estimadas señoras y estimados señores:

Con todo respeto, dejamos constancia expresa de nuestra mayor consideración para vuestras dignas autoridades.

Las organizaciones sindicales que nos honramos en representar y firmar la presente, enlazadas estratégicamente en el marco de la coalición socio-sindical “PATRIA JUSTA”; y, en consideración a la información recabada sobre la existencia de 16.500 (dieciséis mil quinientas) personas trabajadoras asalariadas funcionarias de la institución, quienes se encuentran en condición de interinato; les formulamos vehemente exhortación oficial por esta vía para que, con suma urgencia, se proceda a corregir esta injusta situación de inestabilidad laboral.

Según tenemos entendido, estas 16.500 personas funcionarias asalariadas de la Caja en su condición de interinas, tienen un promedio de ocho años de antigüedad laboral, ocupando códigos presupuestarios en tal condición de interinas; debido a la falta de políticas de empleo claras y posiblemente heredadas de la administración anterior (y/o de gestiones gubernativas trasanteriores), situación que les coloca en una condición de vulnerabilidad y de inestabilidad laboral, la cual debe corregirse con urgencia.

Fuentes oficiales confiables nos han indicado que como producto de la puesta en funcionamiento de un manual que reglamenta cómo deben efectuarse los nombramientos en propiedad en la institución, lejos de ayudar a resolver la problemática, ha permitido el crecimiento acelerado de funcionarios que no pueden tener estabilidad en sus empleos y que desde luego, se trata de mano de obra muy calificada y necesaria que viene trabajando años de manera interina en la institución.

Hablamos de, aproximadamente, 3800 médicos, 3200 enfermeras profesionales y 2500 auxiliares de enfermería; así como 9000 personas funcionarias que vienen prestando servicios en áreas como registros médicos y estadísticos, de apoyo en oficina, secretarial, aseo, vigilancia, misceláneos, entre otros.

Adicionalmente, las oficinas de recursos humanos no cuentan con suficiente capital humano para hacer frente a la dinámica concursal y, en algunas zonas del país es unipersonal. Esto significa que una sola persona debe realizar todas las tareas derivadas de las relaciones de trabajo de todos los funcionarios que laboran para determinadas unidades.

Es necesario urgir a esa honorable junta directiva institucional para que resuelva, cuanto antes, esta lamentable situación, estableciendo los mecanismos necesarios de planeación y ejecución para que sea garantizada la estabilidad laboral de tantos trabajadores y de tantas trabajadoras, quienes a diario se encuentran ofreciendo sus servicios para la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS).

Evidentemente, hablamos de personas trabajadoras a las cuales se les tiene en una situación de inseguridad jurídica laboralmente hablando; ocasionando con ello atrasos salariales y penurias familiares como consecuencia de la falta de atención al problema y de una poca considerada acción en relación a las políticas laborales que derivan de la junta directiva institucional.

Exigimos, con respeto pero con vehemencia, que a la mayor brevedad se defina políticas claras y efectivas que vengan a resolver de manera definitiva este penoso problema de un importante segmento laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); solicitándoles, a la vez, que se nos reciba lo más rápidamente posible para comprender la naturaleza de los desafíos que esta situación está generando, amén de poder aportar en la solución del problema y, con base en la legitimidad que nos asiste para proteger los intereses socioeconómicos y reivindicativo gremiales de muchas de esas personas trabajadoras interinas de la Caja que han depositado su confianza en nuestras organizaciones.

Al acudir a ustedes, invocamos el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no sin antes agradecerles por anticipado su valiosa atención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP

Harold Chinchilla Castro
Secretario General SINAE

Lenín Hernández Navas
Secretario General Adjunto SINAE

Comisión de Interinos de la ANEP presentó propuesta al Gobierno

La Comisión de Interinos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), efectuó su tercera asamblea, con una buena participación de trabajadores en condición de interinos, donde dieron a conocer la propuesta presentada al Gobierno de la República para tratar de buscar una solución para estos trabajadores.

La presentación de la propuesta y la realización de la tercera Asamblea se llevó a cabo en la conferencia Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y según comentó William Arias, Coordinador de la Comisión de Interinos de la ANEP, la idea es tomar medidas de presión para efectuar los nombramientos de trabajadores de interinos e interinas del país.

“El panorama es complicado porque ya se está venciendo la prorroga que habían otorgado para no abrir las ternas, la idea es tomar medidas de presión para ver si se puede ampliar esa prórroga ya sea seis meses o un año”, dijo Arias.
El Coordinador de Interinos de la ANEP detalló, que la propuesta es pasar a todos los interinos en propiedad o bien buscar la manera jurídica para que estos trabajadores puedan ser miembros en propiedad.

Precisamente dicha propuesta se basa en tres puntos, el primero de estos consiste en Un Decreto Ejecutivo de nombramientos de todos los interinos con las condiciones de idoneidad académica. El segundo, que la Dirección del Servicio Civil se aboque a efectuar los exámenes pertinentes a los interinos que así lo requieran. Mientras el tercer punto busca una extensión de la Prorroga DG 508-2014 por un periodo de seis meses a un año mínimo, debido al incumplimiento del punto 1 y 2 de la misma.

Actualmente la Comisión de Interinos de la ANEP está integrada por un aproximado de 367 trabajadores interinos pertenecientes a diversas instituciones del Gobierno.

Si usted es un trabajador interino y desea unirse a la Comisión de la ANEP puede comunicarse con William Arias al número telefónico 856722627 o bien a las oficinas centrales de la ANEP, ubicadas en Calle 20 Norte, 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, frente a Coopeservidores.

Puede descargar la propuesta de forma completa en el enlace siguiente.

Recursos, planificación, modernización… Métodos para combatir la criminalidad

Nosotros conocemos y entendemos la dinámica policial, comprendemos su entorno y a partir de esto, hacemos nuestro análisis de la criminalidad que tiene hoy “sumergido” a nuestro país en una incidencia delictiva que está cobrando vidas humanas con un promedio de dos decesos por día, se presume esto es producto de la actividad del narcotráfico y las “guerras” entre pandillas o grupos dedicados a esta actividad que disputan territorio, sin embargo, lamentablemente inclusive se vieron afectadas personas inocentes, que no tienen ninguna relación con grupos delictivos.

Por el incremento de la actividad delictiva, nos parece oportuno analizar desde todas las aristas posibles este “fenómeno”, por ejemplo; Nosotros hemos señalado, sobre las condiciones desventajosas en que trabajan nuestras y nuestros compañeros de la Fuerza Pública.

Es claro que el aumento en las actividades del crimen organizado, está implícito el incremento en los decomisos de drogas, esto por cuanto es evidente que nuestro territorio dejo de ser zona de “transito” para convertirse en zona de almacenaje, y con esto se asocia de manera directa la criminalidad actual.

La situación del momento, y la naturaleza policial deben ser observarse y ejecutarse con seriedad, nunca nos pareció razonable que nuestros policías fueran enviados a “vender copos” por citar un ejemplo, pero podríamos señalar otras situaciones que se dejaron de hacer o se hicieron mal, y hoy se está recogiendo la “cosecha”, por eso decíamos que la anterior administración, estaba trabajando a base de “mercadeo de imagen” y eso policialmente no es suficiente, ¿Por qué no se tenían identificados esos grupos delictivos? ¿Cómo se fueron formando? Vemos como en Limón ya no fue suficiente con anunciar la “toma” de la provincia, ¿nos volvimos previsibles?. Es tiempo de cambiar modelos…

Se deben evaluar los programas de prevención y contención, recordemos que la tarea principal de la Fuerza Pública, es prevenir la comisión de actos delictivos, y en esto debemos señalar, se necesita de estrategias operativas que no sean fácilmente identificables por la delincuencia, que igual monitorea las actividades policiales.

Es imperativo, permitir la contratación de nuevas plazas policiales, por cuanto conocemos en promedio mensualmente sesenta funcionarios dejan sus puestos por diferentes razones, claro es preciso mejorar los filtros y los procesos de selección que minimicen el riesgo de que un funcionario a escasos dos años de servicio, este inmenso en actos de corrupción.

Hoy la realidad nacional nos dicta es preciso planificar sobre cómo se mueve la criminalidad, y sobre cómo podemos dotar de adecuada capacitación a nuestros policías, para ejercer un verdadero combate a la actividad delictiva.

Esto conlleva la necesidad de modernizar y adecuar al momento histórico la malla curricular de la Escuela Nacional de Policía.

También es necesario “aterrizar” con la implementación del manual de clases policiales que se anunció desde finales del 2013, y buscar la fórmula para que este beneficie a la mayoría posible, esta expectativa, está generando desazón, incertidumbre, desánimo y desvía la atención de las y los funcionarios, que esperan obtener un salario mejor, acorde a los riesgos que se viven cotidianamente.

Por eso una vez más señalamos, no se debe recortar presupuesto en Seguridad Ciudadana, en eso estamos de acuerdo con el señor Ministro, y confiamos en que ejecute pronto los cambios que en materia de planificación y dirección el país requiere en materia de seguridad, que establezca mejores mecanismos de control interno y rendición de cuentas, para garantizar el buen uso de los recursos, apoyamos el presupuesto de seguridad ciudadana, porque están en juego la Seguridad y la Paz Social.

En estos tiempos, ninguna “diferencia” político-ideológica, debe estar sobre el interés general y el bien común.