ANEP se siente segura y acepta propuesta del Gobierno

La propuesta de reajuste salarial para la clase trabajadora que labora en el sector Público que formuló ayer, jueves 24 de julio de 2014, el Gobierno de la República, cumple las expectativas que miles de empleados públicos tenían al respecto; expectativas que fueron recogidas en la propuesta presentada días atrás, por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), intermediando la interlocución de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), con asiento ésta directo en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

Un 4 % para el sector profesional, como lo propone el Gobierno, es sumamente necesario y es visto con muy buenos ojos por este grupo laboral gubernamental.

Por otra parte, un 5.14 % de reajuste para los puestos más bajos de la estructura salarial del Gobierno Central (como vigilantes de escuelas y colegios, policías, cocineras de las cárceles, asistentes de pacientes, servidoras de los CEN-CINAI, choferes y oficinistas entre otros puestos de esta naturaleza), hace justicia a un reiterado clamor de la ANEP para solventar la gran precariedad salarial de las personas trabajadoras del sector Público que ocupan estos puestos.

Esta aspiración, más que legítima, sería todavía mucho más real y factible, de materializarse otra lucha sostenida de la ANEP desde hace bastantes meses: independizar las modificaciones salariales a la base de puestos como los mencionados, de las modificaciones salariales a la base de los profesionales en Ciencias Médicas del país, especialmente los que laboran para el Gobierno Central y para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Si el actual Gobierno de la República va adelante con esta tesis, como lo anunció en su oferta de reajuste salarial para el sector Público, dada a conocer este jueves 24 de julio, la ANEP le respaldará con contundencia absoluta.

El “desenganche”, como popularmente se conoce nuestra propuesta en el tema, es un asunto que va más allá de la justicia salarial negada durante mucho tiempo a quienes han venido ganando menos en el seno de la estructura salarial del Régimen de Servicio Civil y en la propia estructura salarial no médica de la misma Caja; sino que también tiene efectos positivos en materia fiscal.

ANEP lamenta que algunos “dirigentes” sindicales opuestos a la necesaria tesis del “desenganche”, expresen más los intereses del poderoso gremio médico que el de sus propios representados, “condenando” a éstos a una precariedad salarial que ya no es sostenible por más tiempo. Es más, tales “dirigentes” realizan en la mesa de negociación una defensa del gremio médico más “ardorosa” que los propios dirigentes del mismo.

La materialización del “desenganche”, que si bien es cierto no es una “varita mágica”, abre las posibilidades para discutir con más libertad esas modificaciones urgentes en los salarios base de puestos como los indicados más arriba, a fin de adecuarlos a percentil de mercado, sin necesidad de que tal adecuación se refleje en los salarios base médicos hasta cuatro veces más.

La ANEP le reitera al honorable cuerpo médico nacional, a la abrumadora mayoría de quienes lo integran y que laboran con total apego al juramento hipocrático y a la más contundente honestidad y transparencia, que nuestra posición por el “desenganche” no es contraria a la Ley de Incentivos Médicos.

La propuesta de la ANEP es para una separación, una ruptura del vínculo entre una modificación al salario base de un policía (por ejemplo, penitenciario y/o de la Fuerza Pública), con respecto al salario base médico.

Con pocos detalles por ajustar, la ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), está lista para firmar con el Gobierno un acuerdo salarial en los aspectos indicados, pues se siente sumamente segura de expresar el sentir de sus miles de representados en este sensible tema salarial.

Solicitamos explicaciones a la Ministra de Justicia y Paz por contratación de asesores

Honorable señora
Licda. Cristina Ramírez Chavarría
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora ministra:

Reciba en primera instancia, un cordial y sumamente respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El pasado 8 de mayo de 2014, luego de juramentarse como Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera hizo firmar a cada una de las personas integrantes de su gabinete, el documento “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”; importantísima iniciativa que desde que tuvimos conocimiento de ellas, en ANEP la aplaudimos. No dudamos de que usted, señor Ministra, también firmó este compromiso.

El mismo nos indica en su apartado “4 – Asesores”, lo siguiente: “Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la contratación”. (La negrita es nuestra).

Este relevante enunciado nos da base para solicitar a su digna autoridad ministerial y siempre en el marco del debido respeto, que nos brinde información oficial y por escrito acerca de decisiones de su despacho para, presuntamente, contratar personal, en condición de asesor del mismo y bajo condición asalariada pero a remunerarse con fondos del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le ha otorgado al país para infraestructura penitenciaria, básicamente.

Hasta la ANEP ha llegado información que deseamos comprobar en cuanto a su veracidad de que usted, señora Ministra, tendría y a más de una persona en su despacho en tales condiciones, entre ellas un ciudadano de nombre Javier Rodríguez.
La ANEP está por hacerle llegar a su digna autoridad, en próximos días, un documento de mayor profundidad sobre este tema del préstamo del BID, considerando el penoso palmarés tico ante los expertos de esta entidad multilateral de crédito, de ser de los países más lentos a la hora de ejecutar dinero para infraestructura; y de obviar (en muchos casos), los criterios técnicos del personal de las instituciones ejecutoras y/o beneficiarias, o lo más grave aún, ni siquiera tomar el parecer de éstos y no transparentar y dar rendición de cuentas de la gestión que se realice, como es la obligación legal y ética. Tenemos la sospecha de que en el caso que nos ocupa, vamos por esa; situación que vista integralmente, junto a otros casos de similar naturaleza, casi que podría definirse como vergonzosa situación nacional.

Volviendo al punto central de la presente, reiterando que nos basamos en el indicado “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, amén de que estamos invocando el artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; por tanto, la ANEP le solicita lo siguiente:

Primero: Si en su despacho trabaja una persona de nombre Javier Rodríguez.

Segundo: Si es así, efectivamente, entonces, rogamos informarnos de lo siguiente: a) Fecha de ingreso; c) plaza que ocupa; c) cargo que ostenta; d) fuente financiera de su salario; e) monto total bruto del mismo; e) descripción de funciones.

Tercero: Idéntica solicitud de datos según el apartado segundo anterior, para una segunda, para una tercera o para más personas que estuvieran en su despacho, colaborándole a usted, cuyos salarios estuvieran sufragados con el préstamo del BID en referencia.

Cuarto: Si su digna autoridad ha ordenado el traslado de personas trabajadoras de la institución que han estado ubicadas en centros penales de atención directa a población privada de libertad. Si así fuese, respetuosamente queremos información de quiénes son, puestos que ocupaban, labores que van a ocupar bajo línea directa de mando de su parte; y cómo se repondrán esas sustracciones de personal en un escenario crítico de escasez de recurso humano calificado y asistencial ante una creciente población penal que en lo cuantitativo y en lo cualitativo, fortalece la situación de crisis del Sistema Penitenciario Nacional que ANEP viene planteado desde el gobierno anterior.
Nuevamente reciba la señora Ministra de Justicia y Paz nuestra máxima consideración y respeto, quedando en espera, dada la urgencia del caso, de su respuesta lo más pronto posible.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Trabajadores de tiendas libres se reunieron con el Presidente del IMAS

Representantes de la Seccional ANEP-Tiendas Libres, que se ubican en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se reunieron con Carlos Alvarado Quesada, Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para exponerle algunos puntos sobre el manejo de dichas tiendas a cargo de la entidad.

Esteban Solís Hernández, Presidente de la Seccional ANEP-Tiendas Libres indicó que este es el primer acercamiento que tienen con el actual jerarca de la institución, por lo que uno de sus objetivos era presentarse ante el Presidente, y a la vez mostrar la forma de trabajar de la seccional y los puntos que se quiere defender.

“Entre esos puntos se encuentra: información que se nos han negado, ya que queremos realizar varias denuncias, sin embargo necesitamos de esa información para poder sustentarlas. Las denuncias sería sobre subcontrataciones que realizó el IMAS referente a ciertos negocios que tienen internos. Es un tema nuevo que se generó hace escasos dos meses”, manifestó Solís.

El Presidente de la Seccional indicó que otros de los temas tratados con el jerarca del IMAS, abordan situaciones laborales, negociaciones que tiene la institución con proveedores dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, así como la administración de las Tiendas Libres y el tipo de trabajo que desempeñan los trabajadores; en cuestión de horarios y funciones.

“También buscamos que se evalúe y califique toda nuestra jefaturas, ya que en ventas es totalmente sabido que los vendedores deben de tener buena relación con estos, porque somos un equipo. Sin embargo no contamos con esa relación y desconfiamos totalmente de la administración, pero si deseamos retomar esa relación y mantener un clima de confianza”, dijo el Presidente de la Seccional.

Otro de los objetivos de la Seccional ANEP-Tiendas Libres es establecer una Convención Colectiva de Trabajo en busca de un clima de trabajo que permita un mejor desempeño tanto para los trabajadores, el IMAS y las tiendas.

Servicio Civil toma decisiones sobre interinazgos

El pasado 16 de julio una representación de la ANEP se reunió con el señor Hernán Rojas, Director General del Servicio Civil, para conocer los planes estatales respecto a las plazas que están ocupando miles de personas en carácter de interinos, así como las plazas vacantes en el servicio público.

A la reunión asistieron el Directivo Nacional William Arias, trabajador del MINAE, así como los representantes sindicales Ligia Solís y Rigoberto Gutiérrez, ambos laborando en el Ministerio de Justicia. Por parte del Servicio Civil acompañaron al señor Rojas doña Miriam Rojas, Subdirectora e Ileana Sánchez Jefa de Despacho.

El Servicio Civil está buscando el total cumplimiento de la ley, para esto ha realizado un llamado a todas las instituciones para que deje de realizar nombramientos de interinos “por fuera” sin solicitar al propio Servicio que sea este quien envíe a la persona indicada según las listas de espera. Además, establecieron como prioridad acabar con todas las plazas en interinazgo posibles, sacando los cientos de cargos a concurso, nombrando ternas para determinar un nombramiento en propiedad.

Esta resolución, que está completamente apegada a la ley, vendrá en detrimento de muchísimas personas que han ocupado durante años las plazas de interinos, pero que no están en los primeros puestos de las listas de espera, o que lamentablemente ni siquiera se han preocupado por ingresar al Servicio Civil, que no han realizado los exámenes de rigor y que no han presentado sus atestados.

El señor Director don Hernán Rojas fue enfático en que en esta administración se prohibió totalmente la realización de pruebas extraordinarias, y mucho menos la inclusión “a dedo” de las personas que están ocupando en este momento la plaza interina en la terna que participará por la plaza en propiedad. Hace un llamado a respetar el derecho que tienen las personas que han seguido “las reglas de la ley”, aunque sabe que esto determinará que muchas personas se queden sin trabajo.

“La única forma que una persona se quede en esa plaza de interino es que dicha plaza no salga a concurso, pero eso no pasará ya que estamos haciendo el llamado a los Ministerios para que obligatoriamente pidan las ternas para llenar esa plaza en propiedad”. Así lo definió el Director de Servicio Civil.

Respecto al congelamiento de plazas, se dejó claro en la reunión que se cumplirá con la petición del Gobierno de la República de congelar todas las plazas vacantes, incluidas las que así queden después del proceso de pensión de actuales funcionarios y funcionarias. El pasado 15 de julio la Presidencia de la República giró la orden de congelar el 85% de las plazas vacantes del sector público, lo que sería alrededor de unas 2 mil plazas.

En ANEP creemos necesario el cumplimiento de la ley y en eso acuerpamos el sentir del Servicio Civil. Pero en este caso no sólo está en juego seguir los dictados legales, sino que también hay un alto costo humanitario que se debe resolver, ya que cientos de personas se quedarán sin trabajo, algunas con más de 10 o 15 años de servicio público. Personas que no tendrán la posibilidad de volver a acceder a fuentes de empleo ya que tienen más de 35 o 40 años y bien se sabe hay una discriminación por edad en el mercado laboral.

Por esto nos parece urgente mantener el canal de negociación abierto con el Servicio Civil para buscar en conjunto una solución satisfactoria para la mayor cantidad de gente posible, quienes tienen derecho sobre su proceso legítimo en la lista de elegibles del Servicio Civil y también sobre quienes están en este momento ocupando una plaza de interino en la función pública.

Parte de este esfuerzo es lograr una reunión lo más abierta posible con las personas interinas, la cual se está convocando para el próximo 30 de julio a las 2 de la tarde en las oficinas centrales de ANEP, donde participarán representantes del Servicio Civil que explicarán a detalle las acciones a seguir en lo inmediato para así poder saciar dudas al respecto.

Policías brindan su versión de los hechos

En ANEP creemos en el debido proceso, sobretodo en la función pública, donde todo procedimiento administrativo debe llevarse a cabo en respeto total a las leyes establecidas en nuestra patria, sin linchar públicamente a quienes laboran en nuestro aparato estatal, sin señalar culpables sin un proceso legítimo.

Celso Gamboa, Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, en conferencia de prensa, expuso como mentirosos y culpables de simulación de delito a cuatro policías que se vieron involucrados en hechos todavía por esclarecer, ocurridos el día 11 de julio aproximadamente a la 1 de la madrugada frente a los condominios Villa Di Marco, en Barrio Dent, donde habita el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera.

En dichos eventos se dio un disparo de arma de fuego que le produjo herida en una pantorrilla a uno de los oficiales. Los policías dieron su versión de los hechos, al indicar que el disparo se realizó desde una motocicleta en movimiento en vía pública. El Ministro Gamboa sostiene que la versión es mentira y se les acusa, a los cuatro policías, de simulación de delito.

El Ministro ya los declaró culpables en los medios de comunicación y en ANEP creemos que como el Ministro llevó a ese estrado lo ocurrido, a las cámaras de televisión y micrófonos y páginas periodísticas, pues los policías también tienen derecho de decir lo ocurrido en el mismo espacio.

CCSS sigue comprando a empresa ligada a presunto fraude

Por lo menos, ¡déjennos que expresemos nuestra profunda indignación! El periódico La Nación da cuenta en su edición de este día jueves 17 de julio de 2014, que la “CCSS prorroga contratos a empresa investigada”, por un presunto intento de fraude con facturas de piezas de ortopedia en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Se trata de la firma Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda.

Se indica en la información periodística que la Caja, pese al cuestionamiento que pesa sobre tal empresa, ha decidido comprarle a la misma insumos ortopédicos por la cantidad de unos 500 mil dólares. Adicionalmente, se tiene en perspectiva una compra por 1.240 millones de colones, indica la mencionada información de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha estado involucrada en la denuncia del intento de fraude en el Hospital Calderón Guardia por el cual dicha firma está siendo investigada, razón por la cual nos sentimos con autoridad moral para condenar, fuertemente, esta decisión que vemos como éticamente incorrecta y que vemos como un golpe a la prédica de transparencia en la cosa pública que dice defender el presente Gobierno de la República.

Aunque caiga en el vacío, formulamos fuerte emplazamiento público a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que se refiera al tema con contundencia y nos explique si tuvo que ver en la toma de seguirle comprando a dicha firma empresarial, envuelta en un caso de presunta corrupción de enorme magnitud y que podría ser el más grave a nivel de un hospital nacional clase “A”.

A la vez, particularmente, nuestro emplazamiento público va dirigido a la señora Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidente Ejecutiva de la CCSS; y en el mismo sentido, siempre con respeto pero con vehemencia en uno y en otro caso, también es necesario que el ciudadano don Mario Devandas Brenes, representante sindical en el seno de la directiva de la Caja, se refiera al tema.

Desde nuestra perspectiva y como una de las organizaciones integrantes del proceso de propuesta social multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”; este tipo de circunstancias nos reafirma nuestra percepción de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), vive una especie de secuestro por parte de poderosos grupos corporativo gremiales, internos y externos, que han convertido la necesidad del pueblo trabajador de tener acceso universal a la Salud Pública, como un Derecho Humano fundamental, en un negocio particular que acreciente el patrimonio personal de unos cuantos.

Lamentamos profundamente y condenamos con energía este proceder, llamando la atención en cómo es que a nombre de la institución sale en defensa de esta cuestionable compra, un funcionario tecnócrata de segundo nivel y no la máxima jerarquía político-institucional.

Finalmente, el deterioro de la transparencia que si presenta en muchos negocios que se hacen con los servicios públicos deja en evidencia que lo legal anda por un lado; y los aspectos ético-morales de la cosa pública, van por otro. Con situaciones como ésta nos convencemos más de ello.

Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo

Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo
En concordancia con el decreto N°35730-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 10 de marzo de 2010, la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), le compete recomendar políticas en esta materia, además de actuar como instancia de negociación en relación con los ajustes de salarios y sus componentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y posibilidades financieras, así como ser una instancia de análisis de la política salarial del sector público.

Lo anterior conlleva a la interpretación de que la CNSSP debe de tener un trabajo de carácter permanente y no solo ser convocada cada semestre para discutir exclusivamente los ajustes por costo de vida, como en la práctica se ha dado en las anteriores administraciones.

Asimismo interpretamos que para ellos debe definirse una estrategia de negociación cuando menos a cuatro años plazo y que sus contenidos precisamente se discutan en el tiempo y con agilidad que se convenga en un programa de acción en ese sentido, avalado por ambos sectores.

El movimiento sindical, mantiene la expectativa de que efectivamente se pueda trabajar en función de una política y no solo la visión del ajuste salarial como tal, y en relación a ellos extremamos algunos elementos que no son nuevos y que los hemos ido colocando a lo largo del tiempo, los cuales deben de servir de base de discusión para la determinación de esa política esperada.

Ante ese escenario, como Central Social Juanito Mora Porras, presentaremos ante las organizaciones que integra la CNSSP, los siguientes elementos:

I-Ajustes salariales en función del crecimiento de costo de vida

II-Crecimiento de Salario Real: Ajustar anualmente un porcentaje del PIB.

III- Un ajuste extraordinario a los sectores no profesionales mientras se realiza un estudio de mercado sobre dichas categorías ocupacionales.

IV- Actualización Percentiles.

V- La Redefinición del sistema de los salarios.

VI- Revisión a los porcentajes de la escala de anualidades que emite el Servicio Civil.

VII- Dedicación exclusiva y prohibición.

VIII- Carrera Profesional.

IX- Zonajes.

X- Viáticos.

XI- Incentivos por productividad.

XII- Políticas de gestión de servicios públicos.

Tomando en consideración los elementos anotados consideramos que:

1- Se requieren determinar una calendarización que permita discutir los temas presentados, así como los que presente el Gobierno, de tal manera que se pueda llegar a definir de una política cuatrienal.

2- La propuesta anterior requiere de un espacio de tiempo importante, en virtud de los estudios que tuviese que realizarse.

Por tanto proponemos:
1- Otorgar un ajuste salarial del 4,14% a la base de todas las categorías ocupacionales del sector público a partir del 1 de julio de 2014 equivalente al porcentaje de crecimientos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el primer semestre 2014.

2- Para aquellas categorías de trabajadores de estratos: Operativo, Calificado y Técnico otorgar un ajuste técnico adicional del 1,86%.

3- El Gobierno de la República utilizará los mecanismos que considera pertinentes para que el ajuste técnico que se otorga a los no profesionales no produzca efectos favorables a categorías de profesionales, sean en Gobierno Central, como instituciones autónomas.

Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya y Alcaldía logran acuerdo

Tras varias horas de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya llegaron, este lunes, a un acuerdo con la Alcandía del cantón guanacasteco, tras varios cuestionamientos de los trabajadores.

Según los trabajadores, la Alcaldía no respetaba algunas normas presentes en la Convención Colectiva, así como las horas laborales. Otra de las peticiones por parte de los colabores, es con respecto al deterioro del equipo que utilizan para realizar sus labores y los rumores de la privatización del servicio de recolección de basura.

Iris Cervantes Paniagua, Promotora Sindical de la ANEP, indicó que se llegó a un acuerdo satisfactorio en tres de los cuatro temas mencionados.
“Se llegó al acuerdo de que se respete el Artículo 94 de la Convención Colectiva, el cual permite que la municipalidad brinde un apoyo económico a los funcionarios municipales que hayan perdidos familiares (padres, conyugues o hijos). Otro de los temas acordados es mejorar los uniformes de los trabajadores respecto a calidad”, dijo Cervantes.

Respecto a la maquinaria en mal estado, las partes acordaron realizar un préstamo para la adquirir una niveladora y dos vagonetas para mejorar la eficiencia de las obras y las necesidades de la comunidad.

Con las jornadas laborales, Cervantes indicó que ya existe un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, que indica que se debe de respetar la jornada establecida en la Convención Colectiva, por lo que el Alcalde se comprometió a realizar un estudio para analizar la factibilidad económica del municipio, para pagar, en caso que sea necesario, las horas extraordinarias a los trabajadores.

Sobre la privatización del Servicio de Recolección de Basura, la Promotora Sindical indicó, “en la audiencia quedó claro que ese es el objetivo del municipio para el 2015, argumentado que cuentan con un estudio que muestra la factibilidad de la privatización, por lo que ANEP solicitó al alcalde nicoyano dicho estudio para su valoración y análisis, lo que si garantizó es que no habrá despido de personal”.

Renuncia de Sub Director Nacional de la Policía Penitenciaria

Las intenciones del Lic. Pablo Bertozzi Calvo, el “Comisionado Bertozzi” (como gusta que le llamen), de despedir policías penitenciarios, que él habría planteado en la sesión del Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria este jueves anterior, día 10 de julio; hicieron insostenibles por más tiempo, llegando ya a “un punto de no retorno”, las contradicciones en el seno de la Dirección Nacional de la Policía Penitenciaria, pues el Subdirector de ésta, don Danilo Mesén Salas, funcionario formado en el seno del Sistema Penitenciario Nacional, donde ya ajusta más de 35 años de experiencia en el manejo de la seguridad carcelaria del país, no habría avalado procedimientos autoritariamente abusivos, de sesgo prepotente, ajenos a toda forma humanista; tal y como se aprecia ya en el estilo confrontativo de gestión que realiza el alto jerarca policial Bertozzi, cuya llegada se percibe como una “intrusión policial distorsionante” para la dinámica convivencial cotidiana en el manejo de los procesos intramuros carcelarios de las personas privadas de libertad, según diversos profesionales de las Ciencias Sociales que trabajan en la institución.

La salida de Mesén, dada a conocer por la ANEP pocos minutos después de que se produjera, luego de las 4 de la tarde de este jueves 10 de julio de 2014, confirma lo que es de sobra sabido entre quienes saben de materia penitenciaria:

“La función penitenciaria es una función civil, no militar ni policial. La naturaleza y objetivos de la función militar como la función policial, no son los de la función penitenciaria. Cada una de estas tres profesiones requiere una específica selección, formación y capacitación de funcionarios. Excelentes militares o excelentes policías no son excelentes funcionarios penitenciarios”.

Este criterio no es de la ANEP. Este criterio fue emitido por una de las personalidades más respetadas, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial, por la profundidad de su conocimiento en materia penitenciaria y criminológica, gran especialista en este campo: el Dr. Elías Carranza, actual Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, conocido por sus siglas ILANUD.

Accesando al sitio web del ILANUD, nos encontramos el documento “Las cárceles en América Latina y el Caribe: ¿Qué hacer?, ¿Qué no hay que hacer?”; una ponencia del Dr. Elías Carranza que presentó en Tokio, Japón, el pasado mes de junio, ante el United Nations Asia and Far East Institute por the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI), entidad que es el equivalente del ILANUD para el sureste asiático.

La aguda sordera que ya manifiesta la máxima cúpula político-ministerial de la cartera de Justicia y Paz ante esta realidad objetiva de lo que significa la naturaleza del trabajo al interior del Sistema Penitenciario Nacional de Costa Rica, obliga a la ANEP a intensificar sus esfuerzos, en los más diversos órdenes, para que sea la calle la que hable a través de un gran número de policías penitenciarios y de funcionarios no penitenciarios (profesionales, técnicos y administrativos), en próxima manifestación.

ANEP, que no es un sindicato patronal y que tampoco promovemos ni defendemos a persona alguna del actual cuerpo policial penitenciario como para que sustituya al Sr. Bertozzi (ni siquiera al señor Mesén), ha venido detectando el creciente malestar laboral por la “intrusión policial distorsionante” en la dinámica penitenciaria representada por este señor; en contraposición de lo que dictan los profundos estudios de entidades universalmente reconocidas en la materia, como el ILANUD que, ¡oh gran paradoja!, tiene su sede en nuestro país y a una distancia muy corta del despacho de la señora Ministra de Justicia y Paz.

Se escuchan fuertes rumores de que la “intrusión policial distorsionante” del Sr. Bertozzi podría ser de tal nivel que se le designaría como Director General de Adaptación Social, dejándosele en recargo la Dirección Nacional de la Policía Penitenciaria; concentración de poder que ha de profundizar su carácter verticalista, alimentando más cualitativamente el escenario de confrontación interna. ANEP no eludirá su responsabilidad en tal sentido pese a que ya el Sr. Bertozzi cuenta con algunas amistades sindicalistas de corte propatronal y oportunista que ya han salido a defenderle.

ANEP defiende principios y en tal sentido, como organización sindical histórica en el Sistema Penitenciario Nacional sabemos lo que su personal resiente con esta “intrusión policial distorsionante”, la primera que registra la historia institucional desde la reforma penitenciaria de los años 70.

Choferes de autobús siguen denunciando abusos

Diario Extra reportó en su edición del pasado jueves 6 de julio de 2014, acerca de que choferes de bus de la empresa Tuasa denuncian presuntos atropellos patronales, consistentes en deducciones abusivas y sumarias del salario, bajo acusaciones de que habría apropiaciones indebidas por parte del trabajador, de dineros cobrados por pasajes según los datos de las barras electromagnéticas; procedimiento empresarial de inobjetable naturaleza ilegal pues ni siquiera contempla un debido proceso.

En la ANEP y de manera constante recibimos, por diversos medios, quejas en tal sentido de muchos trabajadores integrantes de este gremio laboral importantísimo para la economía de este país; pero uno de los más sobreexplotados laboralmente.

Por ejemplo, el pasado martes 8 de julio y por vía fax, la ANEP recibió denuncias de atropellos de tal naturaleza en el caso de la empresa Tapachula, misma que realiza servicios de transporte de autobús a la comunidad del cantón de Santa Ana (ver documento de denuncia adjunto a la presente nota).

Nosotros emplazamos, con vehemencia, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que intervenga en atención a las reiteradas denuncias de los choferes de autobús; procediendo a convocar, con urgencia, a las principales cámaras autobuseras y, especialmente, a las empresas cuestionadas; así como debe convocar a las organizaciones sindicales de alta representatividad, como la ANEP, y que han venido planteando y denunciando este problema ante la opinión pública nacional.

A solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, sin ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

A su vez, el pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, como la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las 11 horas 4 de mayo de 2011, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente: “Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

Por otra parte, ANEP oficializará en próximas horas respetuoso pero fuerte emplazamiento público al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús, mismo que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP); para que en ese “modelo” incluya todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata; incluso éste asunto de los ilegales y abusivos rebajos salariales sumarísimos.