¿Y el aumento salarial?

Los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de San José no se cansan de tomar las calles como medida de presión para que se respeten sus derechos laborales.

Ahora es el atraso injustificado en la aplicación del ajuste salarial del segundo semestre para los empleados públicos lo que ha provocado la toma de las calles por parte de este colectivo laboral. Un atraso que parece ser a propósito por parte de la alcaldía y del Concejo Municipal, que se potencia con la no aprobación por parte de la Contraloría al presupuesto extraordinario del municipio josefino.

Se realizó una importante marcha en los alrededores del Parque Metropolitano La Sabana, con paradas estratégicas frente a la Contraloría, para recordarle a la señora contralora que no olvidamos su mala saña contra la clase trabajadora municipal al provocar el fin de la cesantía sin límite de años. También se visitó Canal 7, donde se le pidió al noticiario realizar una seria investigación con anomalías en contratos en la municipalidad.

La protesta trabajadora continuará hasta las 5 de la tarde donde se trasladarán los trabajadores y trabajadoras al Concejo Municipal para lograr un acuerdo en firme para resolver los problemas planteados por la seccional de la ANEP en el Gobierno Josefino.

Honrar el Código de Trabajo con la RPL

Hemos aceptado la honrosa invitación que se nos hizo de parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que en este sensible y emotivo acto, conmemoremos los 70 años de entrada en vigencia de la ley laboral más importante de toda la historia nacional: nuestro Código de Trabajo; pilar fundamental de una institucionalidad democrática y de una paz social que, muy a pesar nuestro, cada vez se ven más amenazadas.

Rendimos homenaje a aquellos ilustres costarricenses, líderes del proceso sociopolítico que permitió la promulgación, en 1943, del Código de Trabajo: El Presidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, Arzobispo de Costa Rica; y Lic. Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Vanguardia Popular (Partido Comunista).

Pero, también, debemos rendir homenaje a los líderes anónimos, a los hombres y a las mujeres de la clase trabajadora de entonces que, en la calle y convocados por los sindicatos de la época, bajo el concepto de lo que muchos años después llamamos la “Democracia de la Calle”, desfilaron por las calles capitalinas del San José de los primeros años de la década de los 40 del siglo pasado, para que se promulgara el Código de Trabajo.

En la celebración del 70 aniversario del Código de Trabajo, hacemos la más vehemente exhortación a la señora Presidenta de la República, licenciada Laura Chinchilla Miranda para que se apruebe, definitivamente, la Reforma Procesal Laboral (RPL), que viene a ser la más grande transformación del Código de Trabajo desde 1943; modernizándole y actualizándole a la realidad sociolaboral y productiva de hoy, en correspondencia con los compromisos asumidos por el país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT); compromisos refrendados por ella misma cuando expuso en la propia sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, durante su visita en el año 2012.

A la vez, recordamos con respeto, tanto a la señora Presidenta Chinchilla Miranda, como a su propia fracción parlamentaria (al igual que al respecto de las otras agrupaciones legislativas), que su propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Dr. Olman Segura Bonilla, ha solicitado la aprobación final de la RPL. De la misma forma, se ha pronunciado la misma Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica.

Debemos recordarle, públicamente a la Presidenta Chinchilla Miranda que sus objeciones a la RPL, expuestas mediante su veto presidencial, ya fueron subsanadas y han desaparecido del todo sus “preocupaciones” sobre la cuestión de las huelgas en los servicios públicos. Este asunto, para la “tranquilidad” presidencial, quedó como siempre ha estado desde que nació a la vida jurídica el Código de Trabajo, en 1943. ¡Nada cambió! A la vez, la mandataria debe tener presente que la RPL recibió, antes de su veto, los dos debates de ley constitucionalmente exigidos y en ambos casos, se obtuvo “lujosa” mayoría parlamentaria interpartidista.

Finalmente, es bueno recordar, “urbi et orbe”, que la RPL se emite luego de un largo proceso (15 años, específicamente), de negociación intersectorial y pluri-institucional a lo largo de los últimos gobiernos. Se trata de uno de esos grandes acuerdos nacionales tan necesarios para una sociedad que como la costarricense vive, actualmente, en alta tensión.

Al igual que en el año 1943, hubo algunos sectores empresariales y productivos, recalcitrantemente opuestos al Código de Trabajo; sectores que siempre creyeron que la explotación obrera inmisericorde les daría paz social. Todo lo contrario. La paz social que se ocupa para un “buen ambiente” de negocios, solamente es posible con Justicia Social y con Justicia Laboral. La RPL apunta en esa dirección, tal y como lo reconocen los más amplios y diversos sectores. Ponerle hoy escuchas a algunas voces productivas que no llevan razón para torpedear la aprobación final de la RPL, cuando tuvieron tanto tiempo en hacer bien visibles sus objeciones, mismas que por cierto, son inexactas por no llevar razón y ser demagógicas; no significa nada más y nada menos que indicar que los acuerdos sociales no valen nada, que cualquier esfuerzo al respecto no tiene sentido y que, si al final se logra algo, se puede deshonrar la palabra y la firma empeñada, en la más absoluta impunidad política. Así no habrá paz en este país y se legitiman otras vías para la obtención de verdadera justicia con inclusión social. ¡En el 70 aniversario del Código de Trabajo, la Reforma Procesal Laboral debe aprobarse ya!

San José, miércoles 11 de setiembre de 2013.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Pronunciamiento por el atraso en el pago salarial en AyA

Ing. Yesenia Calderón Solano, Presidenta Ejecutiva
MBA. Javier Vargas Tencio, Gerente General
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (A y A)

Estimada señora y estimado señor:

Respetuosos saludos para ambas dignas autoridades. Es más que evidente y notorio la gran preocupación e indignación que embarga en estos momentos a la población trabajadora institucional, por el impago de su salario mensual, asunto éste de amplio conocimiento público. La organización que nos honramos en representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hace suyas estas más que justificadas reclamaciones, considerando que para las personas trabajadoras asalariadas, especialmente aquellas de ingresos medios y bajos, la paga salarial es vital y se consume, prácticamente, apenas llega por las consabidas derivaciones producto del alto costo de la vida y, adicionalmente, un deterioro del poder de compra del salario, suficientemente demostrado.

Se necesita con suma urgencia, a nuestro juicio, lo siguiente: 1) Emitir, con toda contundencia, el momento exacto del depósito del pago en este mismo día, viernes 30 de agosto de 2013. 2) Indicar las medidas administrativas y técnicas que se están adoptando para evitar la repetición de estas deplorables situaciones. 3) Indicar si las causales son subjetivas (imputables a una persona); y/o, si se trata de una falla técnica de imposible control humano en el momento en que se presenta, para lo cual se necesita saber su origen, la procedencia del equipo y la empresa proveedora para demandar eventuales resarcimientos. 4) Indicar si esta es la situación, si se tramita un cambio de proveedor tecnológico y el monto de inversión previsto.

La ANEP considera necesario indicar que respaldará, con contundencia, la reclamación laboral actualmente en desarrollo.

4 mil millones sin cobrar en la Municipalidad de Liberia

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia, con el respaldo de la ANEP central, informamos a las trabajadoras y los trabajadores de nuestra institución, así como a la opinión pública liberiana y nacional; las cinco razones por las cuales este miércoles 28 de agosto de 2013, no trabajadores y estaremos en paro laboral, demandando una gestión municipal eficiente y con decoro, como nos la merecemos los liberianos y las liberianas.

PRIMERO: Que este cantón guanacasteco está catalogado como de alto desarrollo económico, caracterizado en los últimos años por un exponencial crecimiento inmobiliario industrial y empresarial. Por tanto, es inaudito e imperdonable que el pendiente de cobro de esta municipalidad sea superior a los cuatro mil millones de colones, sin que las autoridades municipales hagan nada para implementar un plan de emergencia para la recuperación de tan astronómica suma. Tal como lo denunciara la Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia y que fuera publicado en la edición del pasado jueves 22 de agosto de 2013, en el popular Diario Extra, el periódico de mayor circulación en Costa Rica.

SEGUNDO: Que ante la equivocada decisión política de este gobierno local al no actualizar una plataforma sobre revaloración de propiedades que fueron declaradas en su momento con sumas ridículas, se ha provocado que los grandes empresarios y terratenientes no paguen proporcionalmente sus impuestos, cayendo la carga impositiva municipal sobre los pequeños y medianos patentados que sí tributan.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, esta municipalidad ha realizado una serie de recortes presupuestarios en áreas estratégicas de gran sensibilidad social, como recolección de basura, caminos, calles y maquinaria; tal como fuera denunciado, también y en su oportunidad, por la Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia, ante la Contraloría General de la República (CGR).

CUARTO: Que son reiterados los incumplimientos con respecto a derechos laborales y sociales consolidados vía Convención Colectiva de Trabajo (CCT); tales como como dotación de uniformes. Por el contrario, presupuestan recursos para cumplir con un convenio viciado y cuestionado con el Ministerio de Seguridad Pública para compra de motocicletas, cuando en esta entidad abundan recursos económicos.

QUINTO: Que hubo varios nombramientos de personal cuestionados realizados por el alcalde anterior, sin que la administración actual haya iniciado un proceso de investigación al respecto.

Con nuestro movimiento,
llamaremos la atención de la ciudadanía liberiana.

Con nuestro movimiento,
denunciaremos una cara de la gran injusticia social que afecta a Liberia: los “grandotes” no tributan lo que deben y los políticos locales se lo permiten.

Con nuestro movimiento,
Defenderemos el Estado de Derecho que rige a Costa Rica, especialmente en lo laboral.

Con nuestro movimiento,
aportamos a la Gran Manifestación Municipal Nacional que la ANEP tiene en preparación, ante tanto ataque que recibe la clase trabajadora municipalista del país.

UNIDAD, ORGANIZACIÓN, SOLIDARIDAD Y LUCHA
Nos darán la victoria

Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia

Sala IV falla en contra del personal de la Municipalidad de San José

Por 4 votos contra 3, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la señora Contralora General de la República (CGR), Licda. Martha Acosta Zúñiga, quien cuestionó que en la Municipalidad de San José, su personal tuviera derecho a la cesantía sin tope de años, tantos como se hubiese laborado para la misma.

A favor de la Contralora General, votaron los magistrados Fernando Cruz C., Fernando Castillo V., Paul Rueda L. y Aracelly Pacheco S. Por la tesis laboral, se inclinaron sus homólogos Gilbert Armijo Sancho, Ernesto Jinesta Lobo y José Paulino Hernández Gutiérrez.

La sentencia No. 11087, de las 15:30 horas del 21 de agosto de 2013, establece en su parte dispositiva lo siguiente: “Por mayoría se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional las frases ‘sin límite de tiempo’ y ‘sin límite de años’ contenidas en los artículos 27 y 28 de la Quinta Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de San José”.

Por los contenidos de dicho fallo, la Sala IV acepta para los trabajadores y para las trabajadoras de la Municipalidad de San José, un tope de 20 años.

Desde la perspectiva laboral defendida por la ANEP en estos casos, el fallo de la Sala IV, al ser tan dividido tiene una legitimidad endeble; no obstante, deja ver que las tesis neoliberales en materia de Derecho Laboral, siguen siendo hegemónicas en su seno; y, por tanto, la reversión de derechos, nuevamente, se certifica desde el más alto tribunal de la República.

Esta línea de la Sala IV en materia de cesantía puede abrir paso al cuestionamiento en su propia sede de otros sistemas de cesantía en los cuales el tope de años ya está sin límite:

El sistema solidarista, particularmente el que está en el sector Público que se alimenta de fondos públicos y a los que se aplicaría esa famosa “proporcionalidad” y “razonabilidad” de que habla la Sala Constitucional.

El pago de cesantía por reestructuraciones institucionales, bajo el sistema de Servicio Civil.

La liquidación anual de la relación laboral en muchas empresas privadas pero con recontratación para el año siguiente y así de manera sucesiva.

La misma Ley de Protección al Trabajador (LPT), que tiene una ruptura que aunque es parcial, no tiene límite, es sin tope (el 3%).

Por ello debemos rechazar, de manera contundente, que sistemas de reconocimiento de cesantía sin tope, como el que ha estado vigente en la Municipalidad de San José, sea un “privilegio”.

Vistas así las cosas, la ANEP condena, de la manera más vehemente, este nuevo ataque desde la sede constitucional contra los derechos laborales largamente conquistados por décadas de lucha obrera y social; amén de ignorar la esencia de la normativa jurídica que el país debe observar en el campo del Derecho Laboral, dada su pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta situación ha de engrosar el expediente costarricense que tal entidad global le tiene abierto al país, por su reiterado comportamiento violador de esta legislación.

La indignación cunde en el seno de la familia laboral de la Municipalidad de San José, que reaccionará con fuerza al respecto y ante la sede de la propia Sala IV. Esto se verá en próximos días.

Además, se fortalece la percepción de que todos los derechos laborales en el ámbito municipal están bajo ataque, de múltiples formas y que, por tanto, la necesidad de una Gran Manifestación Nacional Municipal, en fecha próxima, a lo largo y a lo ancho del país, es sumamente necesaria.

Vendedores de lotería logran importantes acuerdos

Les compartimos el acuerdo logrado en la noche de este jueves 23 de agosto de 2013, mismo que permitió levantar el movimiento de huelga que durante cuatro días, sostuvieron los vendedores y las vendedoras de lotería, quienes confiaron en nuestra querida organización para el desarrollo de este movimiento.

Celebramos el hecho de que se dio la unión entre la Seccional ANEP – Vendedores de Lotería con la Seccional ANEPJPS. Es un asunto de gran complejidad, que marca una especie de “parte-aguas” en las relaciones del gremio de las personas vendedores de lotería con la Junta de Protección Social (JPS).

Este proceso permitió calibrar la profundidad de las intentonas de privatización de toda el negocio estatal de la venta de la lotería oficial de bien social, a través de un contrato en proceso de firma que permitiría transformar a este más que centenaria institución, misma que ha sido declarada como Benemérita, en una especie de “call center”.

La ANEP ve este acuerdo como el inicio de un proceso frontal de defensa institucional y hace un vehemente llamado a todo el personal de la JPS, así como a los y las integrantes del gremio de personas vendedoras de la lotería, para que nos unamos y articulamos una estrategia al respecto, para tan gigante desafío, tal y como quedó demostrado con las denuncias que en el cuarto día de huelga hicimos ante la prensa nacional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Principales acuerdos:

1- La JPS propondrá al Poder Ejecutivo, en un plazo de 15 días, la derogación del decreto que permitía se jugaran todos los enteros de lotería, aún aquellos que no habían salido de la Junta.

2- La JPS promete no aumentar de precio la lotería en el corto plazo.

3- Una pronta eliminación del sorteo diario que se da al mediodía, en la modalidad de “Nuevos Tiempos”.

4- Estudio de impacto financiero para poder aumentar la comisión de los vendedores a más del 12%.

5- Análisis del estudio actuarial, con participación de la ANEP, de la edad de pensión para los vendedores de lotería.

6- Devolución del 100% del material que no se pueda vender por parte de los vendedores.

Mano negra en la Rueda de la Fortuna

Parte de una serie importante de denuncias que se están presentando en este momento por temas relacionados a la Junta de Protección Social.

El exempleado del área de informática y tecnologías de la JPS ya está siendo investigado a fondo por la entidad y parece se le va a abrir un proceso legal penal. La manipulación del proceso electrónico que escogía a las personas que participan en el programa de premios se realizó en reiteradas ocasiones semana tras semana.

Esto indica la fragilidad de los controles y de los sistemas que tiene la JPS en relación a los procesos electrónicos de los juegos y concursos que realiza, y como esto se puede prestar para negocios tan oscuros como el lavado de dinero.

Esta investigación nunca hubiera salido a la luz pública si la ANEP no denuncia lo sucedido.

Además, estamos pidiendo investigación relacionada con los datos que parcialmente nos han llegado de que la JPS ha perdido en 27 días solamente 417 millones de colones con el tema de los nuevos tiempos y la lotería electrónica, mientras que la compañía privada transnacional GTech si está teniendo muchas ganancias con este proceso que se privatizó.

Saloneros buscan apoyo en Defensoría y en Casa Presidencial

El 10% de la factura que se nos cobra en bares, sodas y restaurantes es para los saloneros y saloneras que nos atienden. ¿Se ha puesto usted a pensar si realmente ese dinero llega a los bolsillos de estos trabajadores?

La realidad nos dice que no. Los patronos y dueños de estos negocios, por ley, son simplemente receptores de ese dinero, que se cobra en las facturas, pero les es prohibido tocar ni un sólo colón del mismo. Por supuesto esta prohibición les importa un bledo, y el 10% se utiliza para pagar proveedores, inmobiliario, platos y vasos rotos. Se reparte entre todo el personal, incluido el guarda de seguridad, y muchísimas veces sólo se reparte una parte de ese 10%, o como nos narró una trabajadora, sólo les dan el derecho de cobrar los fines de semana, el resto del dinero a la bolsa del jefe.

Este problema va acompañado de otras tantas complicaciones más, como lo que viven las saloneras, discriminadas por su condiciones de mujeres a ser las encargadas del aseo, también el no pago de horas extras, o la cotización de menos cantidad de salario en la CCSS. También los empresarios, escudados en el ingreso que implica la propina, muchas veces no pagan el salario mínimo, violentando las normas básicas de la convivencia laboral de nuestro país.

Es por esto que la seccional ANEP – Saloneros está en la búsqueda de apoyos para hacer las modificaciones legales pertinentes para que se respete de manera real su derecho a la propina. Ya han tocado la puerta de la Defensoría de los Habitantes y de Casa Presidencial. En el primer caso la misma doña Ofelia Taitelbaum les recibió en su despacho y ordenó toda una serie de acciones que incluyen un estudio de inconstitucionalidad de la ley aprobada en diciembre, que fue promovida por ANEP, pero que ahora entendemos contenía artículos que del todo no solucionaban el tema.

La primer acción prometida por la Defensoría es un llamado al Ministerio de Trabajo, que no ha accionado en ningún momento a favor de los trabajadores y trabajadoras de este gremio, sino más bien siempre apoyando al empresariado. Tanto así que el propio Ministerio contestó que no podía hacer nada por este tema, ya que la propina no es salario y que eso era suficiente justificación para su inacción.

En Casa Presidencial se les indicó que tienen varias vías para tratar de resolver este tema, como el de canalizar los ingresos por el 10% mediante el Banco Popular, y ciertas medidas de control a los patronos que estarían anunciando en una proxima reunión.

En Costa Rica hay más de 100 mil saloneros y saloneras. Ellos y ellas merecen de una vez por todas se les respete su derecho a un trabajo digno y a unos ingresos justos, con el pago de la totalidad del 10% que generan con su servicio.

Antisindicalismo en acción en Correos de Costa Rica

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
CORREOS DE COSTA RICA S. A.

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Conocedores del proceso de formulación del Reglamento Interno de Trabajo de Correos de Costa Rica S. A. y de los avances del mismo deseamos exponerles lo siguiente:

a) En Costa Rica existe un régimen de Libertad Sindical de carácter democrático que implica la pluralidad de organizaciones sindicales, así como el derecho de las personas a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales de su preferencia.

b) Este régimen democrático de Libertad Sindical implica que no pueden establecerse tratos discriminatorios ni diferenciados para las organizaciones sindicales, sobre todo una organización como la nuestra con un amplio grado de reconocimiento nacional tanto como internacional en relación a la protección del Derecho al Trabajo y demás garantías constitucionales de las trabajadoras y de los trabajadores, en especial de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas.

c) De igual forma, toda persona que haya sido electa o designada como representante sindical tiene por ley de la República y por mandato constitucional, de acuerdo a lo establecido por la Sala Constitucional, no sólo una protección especial contra actos anti sindicales y Prácticas Laborales Desleales; sino que, además, tiene derecho al otorgamiento de facilidades necesarias para el desempeño de esa representación, lo cual se expresa en nuestro respaldo técnico, jurídico y político para ejercerlo en las diferentes instituciones donde ejercemos nuestro trabajo sindical

d) La violación a este tipo de derechos y obligaciones representa una violación a la Libertad Sindical, tutelada por los convenios internacionales ratificados por el país, así como por su Constitución Política y el Código de Trabajo.

e) Participación de los y de las representantes legítimos de los trabajadores en Correos de Costa Rica en el proyecto de Reglamento Interno. Aunque la elaboración de un Reglamento es potestad del patrono, los trabajadores y las trabajadoras pueden emitir su criterio a través de los sindicatos legítimamente constituidos. De no existir los mismos, a través del Comité de Trabajadores (as) que se debe conformar en la empresa, para ese efecto.

f) UN COMITÉ NO SERÁ INTEGRADO CUANDO YA EXISTA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEBIDAMENTE CONSTITUIDOS que representen a los trabajadores y a las trabajadoras.

g) La participación de los trabajadores en la elaboración de un “Reglamento Interior de Trabajo” se limita únicamente a integrar entre ellos, ante la presencia de un funcionario del Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un órgano con el fin de que procedan a estudiar el proyecto de reglamento y realicen las observaciones que consideren procedentes, en virtud de que se les esté negando o lesionando algún derecho del cual son titulares.

h) Las observaciones que la parte obrera realice al proyecto se deben sujetar únicamente a aspectos relacionados con la pérdida o lesión de algún derecho obrero y no a situaciones que antojadizamente deseen incluir en el Reglamento o excluir de éste los trabajadores, pues como se indicó anteriormente, es facultad única y exclusiva del patrono la elaboración de este conjunto de normas internas.

Dicho órgano que representa legítimamente a sus compañeros, después de que reciba la copia del proyecto enviada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, contará con un plazo de diez días naturales, para que proceda a estudiar y analizar el proyecto y haga llegar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, por escrito y debidamente fundamentadas, las observaciones que considere procedentes; si las hubiere, y si no existen objeciones que plantear, deberá también comunicar tal situación.

Así las cosas, es claro que nuestro ordenamiento jurídico faculta el otorgamiento de facilidades a los representantes sindicales para el ejercicio de sus funciones, incluyendo la participación en el ente de revisión del Reglamento Interno de Trabajo de Correos de Costa Rica, donde se regula principalmente las sanciones a los trabajadores y, además, no deberá estar en contraposición de nuestra Convención Colectiva.

Es claro, entonces, que existe una norma jurídica que expresamente autoriza y, a la vez, obliga a los diversos entes públicos y empresas públicas, otorgamiento de este tipo de protecciones y de facilidades y que debe ser acatada por imperio del principio de legalidad, sin discriminación alguna para toda organización sindical y para toda persona que haya sido nombrada o designada como representante sindical. De no respetar la norma jurídica vigente se estará ante una grave violación del Derecho Sindical y promoviendo abierta o solapadamente PRACTICAS LABORALES DESLEALES”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que acudimos a su despacho para solicitarle respetuosamente lo siguiente:

1- Se nos facilite un borrador del Proyecto de “Reglamento Interno de Trabajo”.

2- Conocedores de la norma jurídica y de nuestras obligaciones, sabemos que no puede realizar comités de trabajadores para este caso particular, cuando existen sindicatos legalmente constituidos. Por tanto, solicitamos ser convocados a estas discusiones y ser parte del órgano de revisión del mismo.

3- Que se desista de la ilegal idea de promover un “comité de trabajadores” para este y para otros propósitos que podrían tener intereses nefandos.

Esperando una positiva respuesta de su parte,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Despido en el MTSS contra nuestro Delegado Sindical

Honorable señor Olman Segura Bonilla, Ministro,
Honorable señor Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral,
Honorable señor Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director Nacional de Asuntos Laborales
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Honorable señor Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General,
Dirección General de Servicio Civil
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Estimados y respetados señores: Oficialmente y por esta vía, así habilitada la misma por disposiciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), como opción legítima para interpelar a la Administración; acudimos ante vuestros despachos en protección de los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de nuestro asociado, el señor ROY CASTILLOPEZ, funcionario en calidad de interino del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien ostenga el cargo de Delegado Sindical Oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) para el MTSS, así debidamente acreditado ante el Departamento de Organizaciones Sociales del propio MTSS; a quien se la adelantó que no será nombrado en propiedad, precisamente por su actividad sindical en nombre de la ANEP, tal y como se lo indicó a las 8 horas y 25 minutos de la mañana del pasado viernes 9 de agosto, cuando ante su propio escritorio se apersonó la señora Eugenia Segura, Subdirectora de Asuntos Laborales del MTSS, para indicarle a nuestro dirigente sindical lo siguiente: “Roy, necesito decirle que el viernes pasado (viernes 9 de agosto de 2013, aclaración nuestra)… llegó la terna suya, y usted no venía en ella, y las tres personas que se presentaron aceptaron el puesto, por lo que se se escogió a uno de ellos… ve Roy lo que pasa por ser sindicalista, no lo enviaron en la terna…”. (la negrita es nuestra).

El Delegado Sindical Oficial de la ANEP para el MTSS, don Roy Castillo López, nos relató que la mencionada señora Segura se presentó ese viernes 9 a la oficina por él ocupabada en momentos en los cuales él atendía a la ciudadana Mayra Chavarría Benavidez, pidiéndole ella un campo antes de ésta salir y que se quedara afuera de la oficina para poder conversar con don Roy, a quien le espetó el comentario que hemos subrayado en el párrafo anterior. Don Roy percibió que tal comentario, la señora Segura lo pronunció en “forma sarcástica, mordiente y humillante, con un rostro que reflejaba la satisfacción de lo que iba a decir…”. Son las palabras que don Roy emplea en su denuncia ante esta Secretaría General de la ANEP.

Para esta Secretaría General de la ANEP la denuncia de don Roy Castillo López nos merece toda credibilidad, constantando la naturaleza de su desempeño ético como servidor público y su afán de compromiso reiterado y probado con la causa sindical defendida por la ANEP al amparo del amplio espacio del Derecho y de los Derechos Humanos para ejercer actividad sindical en este país.

Para la ANEP causa estupor que en el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de forma tan flagrante, se manifiesten conductas antisindicales y que se utilice vilmente el Derecho Constitucional al Trabajo para “cobrarle” a uno de sus servidores su militancia sindical institucional y, su militancia sindical bajo la bandera de la ANEP. Esto inadmisible desde cualquier punto de vista y la ANEP lo rechaza contundentemente, con toda la fuerza moral, ética y política que nos asiste al respecto.

Dada la gravedad de esta situación, jamás vivida por la ANEP en sus relaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), solicitamos, con suma urgencia: PRIMERO: Una audiencia con el señor Ministro y con el señor Viceministro del Área Laboral, del MTSS en el menor plazo posible. SEGUNDO: Que la Dirección General de Servicio Civil anule la terna que dejará sin empleo a nuestro Delegado Sindical don Roy Castillo López. TERCERO: Que se abra un expediente administrativo a la señora Eugenia Segura, por la comisión de Prácticas Laborales Desleales en contra de la ANEP en el MTSS. CUARTO: Que se investigue para determinar cuáles otros funcionarios, junto a la señora Segura, pudieron discutir este asunto a propósito de la terna que envió la Dirección General de Servicio Civil y si hubo algún tipo de incidencia para dejar por fuera de la misma a nuestro Delegado Sindical don Roy Castillo López.

Esta es nuestra primera comunicación oficial al efecto, sin perjuicio de abrir otras instancias y procesos, institucionales y extrainstitucionales, porque semejante barbaridad antisindical es inconcebible que suceda al interior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Con todo respeto y vehemencia, servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP