Personas con discapacidad otra vez a la calle

Este día lunes 25 de febrero, un importante grupo de compatriotas, personas con discapacidad, se reunirán en el Parque Central de esta ciudad capital, a las 9 de la mañana, sitio desde el cual marcharán, en sillas de ruedas principalmente, hacia la Asamblea Legislativa.

La actividad está propiciada por el grupo “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO; lográndose que el “Movimiento Mefi-Boset” (el nuevo agrupamiento de personas con discapacidad), se una al evento. Asimismo, ambas entidades tienen el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Según los representantes del “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO, “los proyectos de ley presentados en el congreso, referentes a la población con discapacidad no han sido consultados adecuadamente a la misma. Esto como lo establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”. Se trata de la ley de la República No. 8661.

Esta razón motiva la actividad de este lunes 25 de febrero. “Asimismo, se desea resaltar que la consulta actualmente se realiza en un plazo de ocho días hábiles. Esto en detrimento del derecho de las personas con discapacidad a expresar su voluntad especialmente si requieren de apoyos técnicos tales como formatos de audio, LESCO, braille, entre otros”, según lo indican los impulsores de esta marcha que, como se indica, cuentan con el respaldo de la ANEP.

Finalmente, agregan que “Así se hace patente la indiferencia de la que, por década, ha sido objeto este grupo. Con ello se invisibiliza a personas que, de contar con las herramientas adecuadas, podrían ejercer su derecho a expresar eficazmente su criterio en temas que les competen”.

El Movimiento de Vida Independiente y el Proyecto MORPHO, así como el Movimiento Mefi-Boset y la propia ANEP, tienen el pleno convencimiento de que esta acción, la anterior y otras que vendrán, marchando en la calle, han de servir como herramienta para lograr los cambios sociales que necesita la población con discapacidad y que son urgentes en la materia.

ANEP indica que el ciudadano don Carlos Barrantes Ulloa puede ampliar sobre el particular, localizándosele en los siguientes números celulares: 84 01 80 41 y 87 66 71 08.

¡El Juicio lo ganó la ANEP y punto!

El compañero trabajador de la Policía Penitenciaria, Gerardo Cascante Vargas, con 26 años de laborar para la institución, dio un paso al frente y contra viento y marea, de la mano de la asesoría jurídica de la ANEP, logró el reconocimiento legal del pago de todos los llamados a Disponibilidad que él desempeñó, desde el año 2001 y que él pudo demostrar que las laboró, aportando la certificación oficial que así lo acreditó; pues él fue llamado a atender situaciones en la semanas en que estaba libre, porque si a un policía penitenciario le convocan en su tiempo libre a atender situaciones de cualquier naturaleza, eso es horas extra.

La Disponibilidad es la obligación de todo policía penitenciario por estar expectante, disponible para ser llamado en cualquier momento, porque su compromiso es de ser un policía de 24 horas, casi sin tener derecho a una privada.

Esta histórica sentencia demostró que una cosa muy distinta es el tiempo extra, otra, radicalmente diferente, es la Disponibilidad. Incluso, aún dentro del penal, si el tiempo de descanso sufre interrupciones, no se puede alegar disponibilidad, eso es tiempo extra.

El Estado, por tanto, deberá pagarle al citado compañero (quien además es el actual Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria), un monto por tal concepto que está por ser determinado; pero que, de manera histórica, abre paso para que todos los compañeros y para que todas las compañeras de la Policía Penitenciaria puedan hacer lo mismo que él hizo: demandar pago por Disponibilidad, por todas las veces de todos estos años en que han tenido que ejercerla; siempre y cuando logren la debida acreditación para entablar las correspondiente demanda, es decir, presentar la prueba requerida para abrir el proceso legal.

La ANEP, sin costo alguno, llevará los casos de quienes siendo afiliados o afiliadas a la organización, así nos lo pidan, siguiendo las instrucciones de rigor. ANEP no cobrará ni un centavo adicional por llevar estos juicios. Con el pago de la cuota de afiliación es suficiente.

ANEP alerta contra la presencia de elementos sin escrúpulos, ajenos a la cultura y a la vida laboral institucional y sindical de la Policía Penitenciaria, que pretenden lucrar, hacer plata, “pirateando” el gran esfuerzo de pensamiento jurídico-intelectual que hizo la ANEP para convencer a los jueces de que la Disponibilidad no es un pago por laborar horas extra.

ANEP alerta de que algunos de esos individuos supuestamente son abogados pero no acreditan ningún grado profesional ante el Colegio de Abogados de Costa Rica. ANEP alerta de que este tipo de gentes, carentes de principios, tienen una investidura sindical bastante cuestionada y, lo que es peor, se burlaron de la justa lucha de la Policía Penitenciaria, dada de la mano de la ANEP, a favor de que se pagara la deuda de homologación del año 2009, que, como bien sabemos, terminó con un rotundo triunfo al lograrse una ley de la República. Todo ello lo logró la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Si usted, compañero o compañera de la Policía Penitenciaria, desea reclamar el pago de Disponibilidad de ocasiones anteriores, diríjase a la oficina de seguridad de su centro penal (y también a los otros donde estuvo laborando anteriormente), para que le certifiquen todos los días que usted ha brindado Disponibilidad, desde que usted empezó a laborar, incluso. Esta certificación es vital para abrir el proceso judicial.

Con la certificación en mano, busque al compañero o a la compañera que ejerce como Delegado o Delegada Sindical de la ANEP-Policía Penitenciaria, pídale el formulario de “Otorgamiento de Poder Legal”, poniendo los datos que se le piden y firmándolo como lo hace en la cédula. Llene tres formularios: uno se lo dejará usted, otro la persona delegada y el tercero será entregado a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP para empezar el proceso.

ANEP buscará sentarse con las autoridades del máximo nivel de cartera de Justicia y Gracia para proponerles firmar un acuerdo de forma tal que se regule el pago de la Disponibilidad de ahora en adelante. A la vez, intentar llegar a acuerdos para saldar cada una de las deudas individuales y tratar de evitar costosos procesos legales que afectarán las finanzas institucionales y las del Poder Judicial mismo. Pero como esto no es seguro, es mejor empezar a abrir los procesos legales.

Espere en próximos días la reunión de su centro de trabajo. Hablaremos directamente con usted al respecto para mejorar la información y aclarar dudas.

Recuerde que como Policía Penitenciario tenemos dos luchas más que dar en el corto plazo:

PRIMERA: Que el Gobierno nos aplique el incremento salarial extraordinario, de 15 mil colones en promedio, que está recibiendo en estos momentos la Fuerza Pública (homologación).

SEGUNDA: Que se modifique el artículo 12 de la ley salarial médica para que nuestros próximos reajustes salariales, generales o particulares, se “desenganchen” de la estructura salarial de los y de las profesionales en Ciencias Médicas del país, sin que por ello estas personas pierdan ni un solo centavo de sus actuales salariales y ni un solo centavo de sus correspondientes pluses.

ANEP presenta denuncia contra Rolando González

EXTRACTO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA EN CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

San José, 21 de febrero de 2013.

Licenciada
Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Contralora General
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Los hechos y circunstancias a que se refiere esta petición son los siguientes:

Que el señor Rolando González Ulloa quién fungía como Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), podría haber incurrido en una serie de actos y prácticas que podrían configurar posibles irregularidades en su función como Presidente Ejecutivo de la institución mencionada, estamos adjuntando las pruebas correspondientes y procedemos a continuación a detallar los hechos:

1- Cobro de suma millonario por concepto de vacaciones acumuladas y no disfrutadas:

Al hacer efectiva su renuncia a partir del 02 de febrero de 2013 se procedió con el pago de sus prestaciones en las cuales además de sus extremos normales, se le reconoció el rubro de vacaciones acumuladas no disfrutadas, monto que significó el 85% del pago de esas prestaciones, es decir, la suma de ¢ 3.863.868.81, de los ¢4.561.233.00 que fue el total de lo pagado.

Don Rolando estuvo por aproximadamente 3 años en la Presidencia Ejecutiva de la institución y entendemos que este tipo de funcionarios del alto nivel jerárquico en instituciones públicas se rigen por lo que establece el Código de Trabajo, y están excluidos de Convenciones Colectivas y Reglamentos Autónomos de Trabajo. Es decir, don Rolando tenía como sumo por cada año de laborado en el INDER, un periodo de 15 días de vacaciones; entendemos que el monto pagado por vacaciones corresponde a 36 días de vacaciones, de ser así hablamos de que se están pagando poco más de dos periodos acumulados.

Entonces aparte de que se están pagando periodos acumulados, lo cual pareciera no estar acorde con los pronunciamientos en esa materia por parte de la Contraloría General de la República; estamos adjuntando oficios firmados por el mismo Rolando González, a los funcionarios del INDER indicándoles que esta totalmente prohibido tener más de un periodo vigente de vacaciones, al parecer aquí lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa. Por lo que creemos que este pago no procede, podría ser irregular y debe la Contraloría proceder con su investigación.

2- Estructura paralela en nombramientos de personal:

A continuación estamos adjuntando documentación que demuestra una serie de hechos presuntamente ilegales que han ocurrido en el Instituto de Desarrollo Rural ( INDER) en materia de nombramientos y en el manejo de fondos públicos, motivados por razones de índole política, durante la Administración del señor Rolando González Ulloa, ex Presidente Ejecutivo, y que se continúan perpetrando durante la Administración del señor Víctor Julio Carvajal Garro ahora Presidente pero que fungió como Gerente del primero durante su Administración.

Nos referimos al oficio ARH-267-13, del 19 de febrero de 2013, en donde queda en evidencia una serie de nombramiento que podrían ser irregulares, y sobre los cuales se pronuncia el jefe de recursos humanos del INDER, señor Ronald Aguilar Soto.

3- Compra de tres pizarras interactivas:

Tenemos información y además estamos adjuntando las facturas de la compra de tres pizarras interactivas para uso exclusivo de la Presidencia, la Gerencia y la Junta Directiva que fueron comprados bajo la Presidencia de Don Rolando. Estas pizarras tuvieron un costo superior a la ¢5.000.000,00 cada una, en total se pago una factura por las tres pantallas de ¢15.929.487.90.

No podemos más que cuestionar la compra de este tipo de artículos y su necesidad institucional en un momento en donde se han girado fuertes directrices de contención del gasto por parte del Gobierno en toda la institucionalidad para evitar precisamente compras y gastos innecesarios y sin justificación. Es importante mencionar que se desconoce algún estudio o informe técnico que justifique la compra de estos equipos, por lo que creemos fundamental que la Contraloría investigue estas compras y determine responsabilidades en caso de haberlas.

4- Caso de asignación de una parcela del IDA con intervención del señor Rolando González Ulloa a un tercero en donde podría mediar un posible tráfico de influencias:

Se trata del caso de la familia conformada por el señor Sergio Jiménez Rodríguez y la señora Sheila de los Angeles Cordero Arias, los cuales cumplían con todos los requisitos de adjudicación de una parcela y para sorpresa de ellos, cuando creían que la parcela se les adjudicaría, apareció el IDA haciendo otro estudio para adjudicar la propiedad a otra familia por solicitud por solicitud del entonces Presidente Ejecutivo señor Rolando González Ulloa, según consta en oficio OSG-30-2013 de fecha 01 de febrero de 2013, y firmado por el Jefe a.i de la oficina territorial de Guatuso, señor Daniel Alvarado Acuña, que indica lo siguiente:

“Pese a todo lo expuesto anteriormente, se cuenta con una solicitud verbal por parte del Presidente Ejecutivo don Rolando González Ulloa, para que se realice el estudio de selección y se estudie la posibilidad de que dicha parcela sea adjudicada al señor Olger Chávez Morales, cédula 6-292-106 y la señora Andreina Obregón Salazar, cedula 1-1432-481; por tal razón a nivel de la Dirección Regional, a través de la Unidad Agraria, ya se está trabajando en ese sentido”.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Rafael Àngel Mora Solano
Asesor Político

Se va a campaña dejando interrogantes

Invitación a conferencia de prensa

Mañana jueves 21 de febrero, a las 10:00 de la mañana y en esta sede, plantearemos ante la opinión pública nacional un emplazamiento al ciudadano don Rolando González Ulloa, quien recientemente dejara la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), antes Instituto de Desarrollo Agrario (IDA); para asumir la gerencia general de la campaña electoral del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), don Johnny Araya Monge.

El Lic. Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP; y el señor Rafael Ángel Mora Solano, Asesor Político de la Secretaría General de la ANEP, indicarán, en lo específico, qué dejó sin “aclarar” el indicado exalto jerarca gubernamental cuando se fue del INDER para la campaña de don Johnny Araya Monge.

Gremios policiales se ven afectados por Incentivos Médicos

Representantes de los gremios policiales de la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía de Migración y los encargados de la seguridad en los centros educativos del Ministerio de Educación Pública se manifestaron, en conferencia de prensa, pidiendo el “desenganche” de la Ley de Incentivos Médicos de sus negociaciones salariales.

Los representantes policiales reafirman la posición de nuestro sindicato, en que no se está pidiendo ningún tipo de intervención en los salarios médicos, sino desligar de ahora en adelante esta ley con las negociaciones salariales de su gremio.

La solicitud expresa es reformar el artículo 12 de dicha ley salarial, artículo que afecta directamente a trabajadores y trabajadoras que, por poner un ejemplo, ganan de salario base cerca de 250 mil colones, en contraposición a los salarios millonarios de los médicos.

Son cientos de policías de todos los ámbitos que se ven afectados por este tema. El Gobierno dice que la Ley de Incentivos afecta cualquier tipo de negociación con ellos, ya que cualquier aumento repercute proporcionalmente en el salario médico. Dos ejemplos puntuales son el aumento de 15 mil colones que recibirá la Fuerza Pública, que se traducen en hasta 60 mil colones en algunos doctores, o el caso de Seguridad del MEP, que no logran finalizar la negociación del plus salarial por peligrosidad ya que esto implica, también, un aumento a los galenos.

En la ANEP seguimos con nuestra lucha, no contra el gremio médico, sino por la justicia salarial de los trabajadores y trabajadoras con menores ingresos, como lo son los gremios policiales.

Municipalidades en las calles este 12 de febrero

Este martes 12 de febrero de 2013, a partir de las 9 de la mañana, diversos grupos de trabajadores municipales se manifestarán, pacíficamente, en las afueras de la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La idea es dejar un mensaje dirigido hacia los honorables jueces del máximo tribunal de la República, en el sentido de que no lleva razón la acción de inconstitucionalidad que presentó a finales del año pasado, de manera totalmente sorpresiva, la señora Contralora General de la República, Licda. Martha Acosta Zúñiga, en contra de la cesantía sin tope existente en las municipalidades de San José y de Turrialba, en el marco de sus respectivas convenciones colectivas de trabajo.

En las municipalidades existen gran preocupación y enorme agitación dado que se considera que la indicada acción de inconstitucionalidad es el preludio de otras por venir, también cuestionando cesantías municipales sin tope ó con tope mayor a ocho años; abriéndose paso a cuestionar otros derechos laborales conquistados en años de lucha y hasta la misma existencia de los indicados instrumentos del Derecho Colectivo de Trabajo.

El “tabú” de la cesantía sin tope fue roto en Costa Rica desde hace bastante tiempo, de diferentes maneras: a) mediante el sistema solidarista; b) muchas empresas privadas liquidan anualmente a su personal y lo vuelven a contratar; c) la Ley de Protección al Trabajador (LPT), así lo hizo, aunque parcialmente (3 %); d) vía negociación colectiva en el sector Público (topes de 12, de 15, de 20 años); e) en municipalidades sin tope, a través de la Convención Colectiva de Trabajo.

Por tanto, no lleva razón la señora Contralora General de la República, al calificar como “odioso privilegio” ante la Sala IV, que en las municipalidades de San José y de Turrialba, toda la vida la cesantía ha existido sin tope, como derecho real. Es más, en su propia entidad, la Contraloría General de la República, según tenemos entendido, la cesantía sin tope existe vía sistema solidarista. ¡Qué paradoja!

Para el personal municipal de Costa Rica, especialmente la gran mayoría del mismo que son trabajadores operativos, de campo, la cesantía sin tope es un pequeño “capitalito” al momento de pensionarse, pues la pensión les queda muy baja al ser, también, bajos sus salarios. Con ese “capitalito” podrán tener un nivel de vida en la tercera edad de más dignidad.

Valga indicar que el salario mensual de la señora Contralora General de la República, es de unos 5 millones 400 mil colones. En tres meses, su ingreso salarial total es de unos 16 millones 200 mil colones.

Para un trabajador municipal de campo, un recolector de basura (en las municipalidades de San José y de Turrialba), esa cantidad equivale a unos 40 años de trabajo continuo, si hablamos de un salario bajo de 400 mil colones por mes; lo que es similar a hablar de 40 de cesantía: unos 16 millones de colones; suma prácticamente igual a tres meses de salario de tan distinguida jerarca pública.

De ahí la profunda indignación que la acción de inconstitucionalidad de la señora Contralora haya causado tanto enojo. Esta es la razón de ser del evento de protesta de calle de este martes 12 de febrero y de los que luego seguirán.

Se esperan manifestantes provenientes de las municipalidades de San José, Turrialba, Goicoechea, Santa Ana, Moravia, Curridabat, Coronado, Montes de Oca, Limón, Nicoya, Guácimo, Aserrí (entre otras).

Los y las manifestantes entregarán un manifiesto ante la alta magistratura de la Sala IV, esperando que alguno de sus dignatarios les reciba.

Salarios médicos y gremios policiales

Este próximo miércoles 6 de febrero, a las 2 de la tarde y en la sede central de la ANEP, en calle 20, líderes gremiales policiales darán una conferencia de prensa para referirse al tema de la vinculación entre sus ajustes salariales y el salario del personal médico nacional.

Las personas participantes en esta conferencia, son líderes laborales de reconocida representatividad en la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía Especial de Migración y la Policía de Tránsito.

Además, se espera una representación del gremio de los agentes de seguridad que cuidan las instalaciones educativas (escuelas y colegios), del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El caso de los salarios de los profesionales cobijados por la ley 6836

El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE); ha venido analizando los distintos enfoques que sobre el tema han surgido y en este sentido considera:

1- En primera instancia dejamos claro que el SINAE no cuestiona los salarios de los Profesionales en Ciencias Médicas y los de otros gremios que se han venido adhiriendo a la ley 6836.

2- Reivindicamos el esfuerzo humano y económico que hacen por el estudio los servidores/as del sector salud y en especial el de los médicos. Pero creemos fervientemente que la excelencia académica, la profesionalización y la continua actualización científica del recurso humano debe generar un mejoramiento y un impacto positivo real en los servicios de salud públicos que brinda la Caja al pueblo. Este es uno de los mecanismos ideales para rebatir la tesis de que los servicios públicos son malos y es una arma poderosa para la defensa de la seguridad Social, ya que la mirada del pueblo sobre la Caja se cargaría de positivismo.

3- Es sano transparentar ciertos aspectos que solo conocemos los que estamos adentro y nos atrevemos a decir la verdad, lo cual puede ser descalificado con calificativos poco decentes o expresiones fuertes y delicadas, pero grotescas en el fondo, que solo buscarán distraer a la gente del problema que nos atrevemos a plantear. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un microbiólogo, una nutricionista, un profesional en enfermería, un auxiliar de enfermería, un asistente de pacientes o en general de casi toda la planilla de la Caja, que otorgan su jornada laboral completa a la seguridad social y marcan religiosamente su entrada y salida. Situación que no sucede con el gremio médico en general y cuyos casos son un mal endémico mayor para un grupo pequeño y selecto de médicos especialistas, que nada, ni nadie los controla.

Este descontrol administrativo corroe los cimientos de nuestro sistema de salud y enturbia la mirada del pueblo para con la Caja cuando un paciente espera largo tiempo en la consulta externa y ha sido citado a una hora y es atendido dos horas después, cuando solicitan un examen de diagnóstico complejo o peor aún esperan una cirugía. Esto debe cambiar y además esto no es hablar de salarios o incentivos, es decir, el profesional debe ganar como tal, pero debe mejorar su trabajo para con el patrono (pueblo); que es el que financia con impuestos y el pago de sus cuotas el seguro de salud, que es de donde se financia su salario.

O sea, ganar bien no es el problema, el tema es que no se puede servir a dos amos, a la medicina privada y a la pública a la vez, eso debe empezar a cambiar y el cuerpo médico del país tiene la palabra en este tema, ya que más allá de tener engrosada la billetera, la chequera, la cuenta bancaria o muchas tarjetas, es un deber humano y cristiano servir con ética a la seguridad social entendiendo que esta es una manera de luchar contra las fuerzas mercantilistas que ven en la salud un sello de colones o dólares exclusivamente.

4- Más allá de los argumentos legales que hasta ahora han sido utilizados con suma astucia política y que establecen “que estamos en un Estado de derecho”; buscando sustentar la legalidad de la Ley que cubre al cuerpo médico y otros profesionales, debe quedar claro que este es solamente un eje por el cual inteligentemente se trata de manejar el actual debate, siendo lo cierto, que este manejo jurídico no debe servir de excusa para que la gran masa salarial del país haya realizado en los últimos 25 años luchas justas por salarios y estas hayan servido para que un grupo muy reducido de Profesionales respetables se haya beneficiado sin asolearse lo necesario. ASI NO SE VALE.

Ya que este grupo ha sorteado fácilmente todas las etapas más duras de crisis económicas por las que ha transitado el país en los últimos 25 años (las razones y los culpables de las crisis no están en debate ahora) pero dicho en sencillo, desde que se creo la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (a la cual nunca han asistido hasta donde conocemos, representación de los Médicos, ni otros profesionales adheridos a esta ley); casi todas, por no decir que todas las negociaciones surgidas de huelgas y movilizaciones o bien los decretos de Gobierno en el tema salarial han beneficiado a este grupo, sin que hayan tenido que salir a las calles a exigir justicia y aumentos salariales dignos. ESTO NO PUEDE, NI DEBE SEGUIR ASÍ.

5- Rechazamos de antemano cualquier intento que busque descalificar nuestra visión, tratando de hacerla ver como traición o renuncia a las elementales ideas que profesa el sindicalismo, puesto que decir, la verdad es un principio bíblico para millones de seres humanos y revolucionario para otro tanto. En razón de tal principio dejamos establecido que tenemos pleno conocimiento y claridad que el abordaje y posible solución de los salarios que surgen de la ley en cuestión no implica sanar los problemas estructurales generados por un enfoque de desarrollo neoliberal, ni solucionar el avance exponencial de la pobreza con su consecuente efecto de concentración de la riqueza y mucho menos aún reformar una estructura tributaria regresiva y antiobrera, solamente decimos que no es justo que casi todo la población económicamente activa, o por lo menos una buena parte de esta, siga llevando la peor carga en los peores momentos de vacas flacas solamente por el pecado de no ser profesionales.

6- El SINAE aboga porque el Gobierno de la República y demás autoridades implicadas en este tema, concreten acciones que tengan por objetivo romper el vínculo legal entre la ley de los Profesionales y el resto de trabajadores/as NO PROFESIONALES. Y debe entender el gremio profesional y de igual forma la gran mayoría de la masa trabajadora no profesional que más allá del debate legal, este tema contiene elementos éticos, morales y de justicia social y cristiana.

Debe quedar claro que el hecho de haber planteado el tema nunca tuvo, ni tiene como fin crear enemistades sociales y humanas ya que entendemos claramente que la verdad es un ingrediente esencial para convivir en armonía y sentar las bases para mejorar la justicia y la equitativa distribución de los recursos es un acto que tiene absoluta coherencia y esta cargado de valentía.

7- Somos del criterio que los profesionales y en especial los médicos (que en su mayoría laboran para la CCSS); deben empezar a valorar seriamente dos temas: A) Acceder a marcar su tarjeta de entrada y salida al trabajo como lo hacen todos los mortales; B) plantearse seriamente empezar a laborar religiosamente los tres turnos hospitalarios como lo hacen la mayoría de los seres humanos que laboran para la CCSS. Esto puede conllevar a dar pasos efectivos en la eliminación de las listas de espera en cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas. Tema que requiere una revolución interna dentro de este gremio como señal de reanudar y robustecer su compromiso ético y moral con un pueblo que financia su sustento con impuestos y cuotas a la seguridad social y por otro lado implica que el Gobierno y las autoridades de la Caja asuman la cuota que les corresponde para promover UN NUEVO PACTO SOCIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

8- Para finalizar decimos que observamos tres salidas concretas en este tema:

A) La primera es que los representantes de los gremios médicos decidan de manera ética y moral iniciar conversaciones con las autoridades competentes (según lo mencionó el Presidente de la Unión Médica en la entrevista en Telenoticias), para lograr desenganchar la normas de los profesionales de los no profesionales.

B) La segunda sería una posición radical del gremio médico, que al verse atrincherado por las circunstancias de la coyuntura actual, decida hacer un llamado a un movimiento de huelga a sus agremiados/as, para lo cual de manera inteligente tratarían de involucrar a otros sectores para que les ayuden a enfrentar el momento y así repetir de nuevo la historia de los últimos 25 o más años, GANAR sin salir asolearse lo justo en la calle.

C) Y la tercera sería que los sindicatos en general promuevan una gran huelga nacional para que se aplique la fórmula de cálculo de los profesionales cobijados por la ley 6836 a todos/as los/as trabajadores/as del sector público y privado. Salida que al final sino cambian las reglas del juego actuales en lo jurídico, terminaría la dirigencia sindical llevando a un ejercito NO PROFESIONAL a una guerra que terminará ayudando a un sector profesional que muy pocas veces pone la carne en el asador.

En todos casos la decisión esta en manos del Gobierno, de los representantes de los gremios médicos y del resto de dirigentes sindicales del país.

DECIR LA VERDAD ES UN ACTO RIESGOZO, PERO SI TIENE COHERENCIA Y BUSCA PROTEGER A LAS MAYORÍAS, ES UN ACTO QUE TIENE EL VISTO BUENO DEL CREADOR.

Yolanda Tenorio González
Secretaria General SINAE

Juan Carlos Durán Castro
Representante Sindical SINAE/CTRN

Todo listo para manifestación en silla de ruedas

Realizando grandes sacrificios, venciendo no pocos obstáculos y en medio de grandes limitaciones, un importante número de costarricenses, ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y que usan silla de ruedas para su desplazamiento, se juntarán este lunes 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en las afueras del edificio central de la Municipalidad de San José, en avenida 10 de esta ciudad, para llevar a cabo lo que podría ser un acontecimiento histórico en el marco de las protestas sociales de estos tiempos.

Otras personas con otro tipo de discapacidades se harán presentes. Todas ellas reclaman reiterados incumplimientos de entes públicos involucrados en la plena aplicación de los contenidos de la Ley No. 7600; especialmente, en cuanto a la construcción de rampas en autobuses y en aceras citadinas; ya no solamente para facilitar el desplazamiento de quienes deben usar silla de ruedas, sin también de quienes se ven obligados a usar muletas.

Estas personas, que cuentan con el respaldo político y logístico de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se han agrupado en lo que ellas mismas han denominado el Movimiento “Mefi-Boset”, nombre bíblico que hace alusión al rey Saúl, de Israel, uno de cuyos hijos era una persona con discapacidad.

Con esta primera acción, el Movimiento “Mefi-Boset” espera convertirse, a partir de ahora, en una verdadera alternativa de lucha social de esta importante población costarricense, aglutinando a todos sus sectores y grupos, para lograr una plena reivindicación de sus derechos, sin ninguna interferencia político-partidista. De hecho, en la manifestación de este lunes 28, asistirán otras representaciones que se han motivado a participar en esta cruzada.

Dentro del plan original previsto para esta acción habrá un cambio: El punto de llegada será la Asamblea Legislativa (no la Sala IV inicialmente se había pensado). Esto por cuanto se pretende la promoción de una ley que haga verdaderamente sancionatorio los imcumplimientos de las estipulaciones de la Ley No. 7600, especialmente en materia de construcción de rampas.

El Movimiento “Mefi-Boset”-ANEP; pretende que se introduzca en esa ley, vía una nueva ley, un artículo que penalice las diferentes negligencias e imcumplimientos reiterados, tanto por parte de los entes públicos involucrados en la atención de la problemática de las personas con discapacidad; así como como personalizar, individualizar esos incumplimientos, poniéndoles nombre y apellidos, llevándoseles a los tribunales que corresponda.

Esta idea-proyecto, será dejada por los y por las manifestantes en la Oficina de la Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, a fin de que sea acogida multipartidariamente y que se apruebe lo más rápidamente posible; pues, repetimos, no se quiere que se convierta en una iniciativa con tinte partidista específico.

El recorrido será, como indicamos, desde la sede central de la Municipalidad de San José, para doblar en la esquina de la iglesia católica de Las Ánimas, pasando frente a la Junta de Protección Social (JPS); llegando a la avenida segunda a la altura del Hospital Nacional de Niños, pasando luego por el San Juan de Dios. Finalmente, desde el parque La Merced hasta la sede del parlamento.

La ANEP solicitó el apoyo de la Cruz Roja Costarricense, entidad que gustosamente ayudará en asistencia para los y las manifestantes de ser necesario, lo cual agradecemos desde ya.