Categoría: Acción Sindical

Motociclistas revisarán proyecto para regular seguro

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*ANA V. AMENÁBAR C.
aamenabar@diarioextra.com*

Durante la cita, los motorizados tendrán la oportunidad de analizar la propuesta de proyecto de ley que será presentado en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas en donde se solicita entre otras cosas un tratamiento especial para aquellas motos que por su cilindraje sirvan únicamente como medio para trabajar. Estas son las que se encuentran entre un rango de 99 centímetros cúbicos y los 149 centímetros cúbicos.

Según dato en manos del Comité Cívico, el cual se encuentra adscrito a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), la mayoría de estas motos se utilizan como herramienta de trabajo, como en el caso de los mensajeros y reparto, quienes gracias a esta labor contribuyen en el proceso productivo nacional. En total este tipo de motos representa el 60% de la flotilla nacional.

Dentro del proyecto se plantea la creación del Sistema Especial de Mensajería Motorizada, el cual comprenderá a las motocicletas entre 50 y 149 centímetros cúbicos que sean inscritas como tales ante la Dirección de Tránsito por sus propietarios.

Uno de los puntos que se deben concretar es el que respecta al artículo 4, en el cual se establece lo siguiente: “El Instituto Nacional de Seguros, con base en un estudio técnico actuarial podrá rebajar de un 10% hasta un 15% de prima del seguro obligatorio de las motocicletas inscritas bajo este sistema, pudiendo aplicarles una bonificación en caso de no incurrir en accidentes de tránsito durante el periodo vigente del mismo”.

Dentro de los requisitos para poder optar por esta modalidad, los motociclistas deberán entregar facturas timbradas a cada servicio de mensajería que realicen, además, deberá presentar certificación emitida por el Registro Nacional de Bienes Muebles indicando las características y en especial la cilindrada de la moto; asegurarse individualmente ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

Adicionalmente se plantea que deban adquirir un seguro de riesgo de trabajo, cuya cobertura corresponderá al salario reportado por el interesado y haber aprobado el curso especializado de educación vial.

La cita será a partir de las 4 de la tarde en la sede de Anep, que se localiza en calle 20 (350 metros al norte del Hospital Nacional de Niños).

Esta normativa se da como parte de los acuerdos a los que se llegaron a finales del año pasado, luego de la gran marcha de motociclistas, en la que exigían que se les redujera el monto de la prima para la póliza.

Municipalidad de Nicoya a huelga

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Desde primeras horas del próximo día martes 28 de agosto de 2012, el personal de la Municipalidad de Nicoya, tanto del ámbito administrativo, como del ámbito operativo de campo, nos veremos en la necesidad de paralizar las funciones que le damos a nuestra querida comunidad nicoyana; dado que ya estamos llegando al noveno mes del año 2012 y no se nos ha reajustado el salario como corresponde, para así hacerle frente al alto costo de la vida que, como bien sabemos, en zonas geográficas como la nuestra, es más caro que en el área central del país.

Ha pasado ya todo el primer semestre del año 2012 y nada de aumento salarial. Vamos por la mitad del segundo semestre del presente año y nada de aumento salarial. Don Marco Antonio Jiménez Muñoz, Alcalde de Nicoya, irrespeta al sindicato, no quiere hablar del tema; y, por el contrario, amenaza a quienes, como trabajadores y como trabajadoras que estamos bajo su cargo, nos atrevemos a denunciar este tipo de situaciones.

Por tanto, hemos dejado de laborar para que dicha autoridad respete a su conglomerado laboral; para que respete a la organización sindical del personal: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya; sentándose a negociar una salida al punto.

A usted ciudadano, a usted ciudadana que nos honra leyendo esta comunicación, le pedimos su apoyo. Le pedimos su solidaridad. Le pedimos que nos respalde. Puede hacerlo por varios medios:

Teléfono de despacho del alcalde 2685-5089
Fax del despacho de alcalde 2685-5989
Teléfono celular del alcalde 5702-8378

Quienes le servimos a usted, desde la Municipalidad de Nicoya, lamentamos mucho tener que llegar a este punto. Son incontables las veces en las cuales hemos apelado al diálogo y a la negociación. Lastimosamente, don Marco Antonio Jiménez Muños, el alcalde de Nicoya, no nos toma en serio; dice que “no hay plata” para aumentos, cuando sabemos que sí la hay para pagar consultores, por ejemplo. Le agradecemos su comprensión.

IDA adjudica contratación a empresa morosa con la CCSS

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En este momento no importa si se puso al día como lo hizo o no, lo que importa es determinar si la empresa estaba en mora antes de la contratación, porque sólo ese detalle la excluye de la posibilidad de ser contratada por la institución.

Nos parece muy grave que se haya cometido ese error, porque es un requisito básico para que una empresa sea contratada, sobre todo en momentos en que la Caja está en peligro de quiebra y que el gobierno habla de elevar la edad de pensión y de otras medidas para tratar de sacar la institución de la crisis en que se encuentra.

Lo que más nos preocupa es que en el cartel de licitación aparecía un texto en que se indicaba que las organizaciones avalaban la licitación, dichosamente hablamos con el compañero que nos representa en esa instancia para que nos excluyeran, precisamente por el temor que se nos involucrara en alguna situación anómala y no tuviéramos la posibilidad de solicitar las explicaciones correspondientes.

Nos parece que el IDA debe investigar este hecho y tomar las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir ese tipo de errores.

Walter Quesada Fernández
Presidente Seccional ANEP-IDA
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Nota tomada del blog El Infierno en Costa Rica…

IDA adjudica contratación a empresa morosa con la CCSS

ACTUALIZACIÓN: Posterior a esta publicación, el Bufete aludido se puso al día con la CCSS.

Saludos queridas almas: Cualquier pobre diablo puede consultar la página de morosos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pero tal parece que en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) no hacen ese pequeño ejercicio antes de adjudicar una contratación.

En la Gaceta del día de hoy, salió una adjudicación por casi 100 millones de colones para la elaboración de las bases jurídicas del recién creado Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y se la dieron a la firma Bufete Cervantes y Asociados, que casualmente aparece moroso en la página de la CCSS con un monto cercano al medio millón de colones. Según el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, esa empresa no podría licitar ni para venderle una hoja de papel al Estado.

Este pobre diablo no entiende como es posible que no exista alguien que revise estas cosas antes de dar por ganadora a una empresa en una licitación. Definitivamente, con amigos así, para qué enemigos de la CCSS.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2012LA-000008-01
Contratación de Servicios para la Elaboración de las Bases Jurídicas que regirán el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) con base a la Ley 9036

Adjudicar a favor de la Oferta Nº 1 presentada por Bufete Cervantes y Asociados, cédula jurídica 3-101-161139, por un monto total de ¢99.500.000,00 (noventa y nueve millones quinientos mil colones exactos), con un plazo de ejecución de 2.5 meses; por cumplir técnica y legalmente, según acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo Nº 9 de la Sesión Ordinaria 029-2012, celebrada el 13 de agosto del 2012. Área de Contratación y Suministros.—Rafael Fernández Bolaños.—1 vez.—(IN2012082298).

ANEP denuncia conflicto de intereses en el INS

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó el 10 de agosto una denuncia ante la Contraloría General de la República contra Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), y Eugenia Chaves Hidalgo, miembro de la junta directiva de la institución, por aparente conflicto de intereses y una posible “violación” a las normas de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su reglamento.

Según datos en poder de DIARIO EXTRA, los demandantes solicitan a la Contraloría que se abra una investigación en contra de los funcionarios mencionados anteriormente, pues al parecer Constenla aparece en “varias” sociedades anónimas de carácter privado.

Incluso Albino Vargas, secretario general de ANEP, y Rafael Ángel Mora Solano, miembro de la junta directiva de la Seccional ANEP-INS, aducen que el jerarca del INS “figura” como presidente y dueño de Distribuidora de Materiales Matesa S.A., la cual aparece con la cédula jurídica 3-101-035805.

“La Contraloría nos contestó que la tomaron para la respectiva valoración y que en un plazo perentorio darán respuesta a nuestra solicitud. Nosotros sacamos la certificación literal de la sociedad a las 10 de la mañana el 9 de agosto del 2012, en otras palabras, hace 7 días, lo que significa que está totalmente vigente”, explicó Mora.

Para los denunciantes el tema no termina ahí, pues afirman que Chaves Hidalgo, miembro de la directiva del INS, presuntamente aparece como fiscal de dicha sociedad y según los representantes de ANEP el esposo de la funcionaria, José Fabio Pérez Merino, figura como tesorero y al parecer “acompaña” a Constenla en “otras” sociedades anónimas.

En el alegato de su denuncia, los miembros de ANEP indican que los dos integrantes del INS podrían “violentar” ante estos hechos el artículo 37 del Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el cual indica: “Los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de empresas privadas, ni figurar registralmente como sus representantes o apoderados, ni tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas o que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con estas últimas”.

Como prueba, Vargas y Mora presentaron la certificación literal de personería jurídica de Distribuidora de Materiales Matesa S.A. y la conformación de la junta directiva del INS, que incluso aseguran fue copiado de la página de Internet de la institución.

AMPLIARON ACUSACIÓN

En esta ampliación de la denuncia que hicieron Vargas y Mora, específicamente ayer, ante la Contraloría, manifiestan que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en su artículo 22 inciso 2 establece: “No podrán ser designados como miembros los que estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive, o pertenezcan a la misma sociedad mercantil en nombre colectivo o de responsabilidad limitada, o formen parte del directorio de una misma sociedad por acciones”.

“Agregamos en una segunda denuncia para ampliar la investigación que sin poder nosotros aún confirmarlo, pero que indudablemente será motivo de investigación, que la sociedad anónima ya citada podría haber estado inscrita como proveedora potencial en la Dirección General de Bomberos, órgano desconcentrado cuya junta directiva también es presidida por el señor Constenla”, finalizó. DIARIO EXTRA intentó conocer la versión del INS, incluso conversamos con la oficina de prensa, que al cierre de edición nos envió un correo electrónico en el que indicó que Constenla se encuentra fuera del país, por eso no pudo atender nuestra solicitud.

Jerarca de A y A suspendido con altísimo salario

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Con fecha 13 de agosto de 2012, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha enviado una nota al señor Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), el MBA. don Javier Vargas Tencio, cuestionando el proceder de esta entidad en torno al caso del señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, quien es el actual Director Regional de A y A para la Región Chorotega, denunciado por presunto acoso laboral y presunto abuso de poder, al punto de que la entidad se vio obligada a suspenderlo del cargo hace ya diez meses.

Tal suspensión es con goce de salario devengando un monto mensual de 2 millones 4 mil colones. Si a esta cifra sumamos los aportes de orden patronal por concepto de Seguridad Social, se llega a, prácticamente, los 3 millones de colones mensuales que salen del presupuesto institucional de A y A. Luego de diez meses de tal suspensión, la cantidad erogada por los 30 millones de colones y seguirá subiendo mes a mes, dineros que salen de los abonados que pagan puntualmente la tarifa por servicio de agua y de alcantarillado.

Lo sorprendente del caso es que A y A, que sepamos, no ha iniciado ninguna gestión de despido pese a la gravedad de los cargos que se le imputan al jerarca mencionado.

Dicho alto funcionario también ha sido denunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), junto con otros dirigentes políticos del partido en el Gobierno, por “simulación de gastos en campaña política”, tal como se publicó en la prensa nacional, en un caso en que se imputa al Partido Liberación Nacional (PLN), por “falsos alquileres”.

Entre las situaciones de presunto acoso laboral y de presunto abuso de poder más importantes que han afectado y continúan afectando a la región Chorotega, bajo la conducción del señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, el personal afectado ha mencionado lo siguiente:

  • Trámite de compra de arma de fuego de parte del Director Regional, el señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, con aprobación de su superior inmediato, con la intensión, según su justificación, de “resguardar su seguridad” ante un grupo pequeño de funcionarios no de acuerdo con las acciones administrativas (Oficio RCH-SG-2011-006).
  • Sus decisiones generaron grandes problemas en razón de que no respetaba la normativa vigente, haciendo incurrir en errores a los funcionarios.
  • Movimientos injustificados de personal, de forma antojadiza y sin seguir un debido proceso, aislándolos y degradándolos.
  • Maltrato verbal a funcionarios, utilizando vocabulario vulgar.
  • Persecución sistemática a ciertos funcionarios.
  • Limitación de recursos a algunos funcionarios lo que imposibilitaba el desarrollo de sus actividades y posteriormente la apertura de procedimientos disciplinarios, así como el atraso y acumulación de trámites en la Región, afectando directamente a los clientes de A y A.

Las informaciones recabadas por la ANEP en este caso, indican que el citado jerarca tiene un fortísimo compadrazgo político oficialista del gamonalismo localista del cantón de Liberia, lo que le sirve de “escudo” para evitar que se dé la apertura de una gestión de despido como estima la ANEP que ya debería haberse realizado.

Estamos seguros de que si se tratase de un trabajador o una trabajadora de base, ya sea que fuese una persona profesional, o de los niveles operativos o administrativos, se habría actuado con celeridad y contundencia.

La ANEP espera que esta denuncia pública motive a las autoridades políticas centrales de A y A, en especial a su Gerencia General, a resolver esta situación que día a día va en detrimento del patrimonio institucional.

Electa Seccional Nacional de la ANEP en AyA

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Unos 50 trabajadores de diferentes áreas de Acueductos y Acantarillados (AyA) y de las más diversas zonas del país se hicieron presentes a la Asamblea Nacional ANEP – AyA, que se celebró este viernes 17 de agosto en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Dicha reunión gremial tenía como máximo objetivo elegir a la primer Seccional Nacional de la ANEP en AyA.

Los trabajadores y trabajadoras expusieron sus diversas problemáticas laborales, desde la persecución sindical, como la no promoción en su centro de trabajo por ser afiliados a la ANEP, hasta las más diversas situaciones cotidianas, como los problemas de transporte, lo absurdo de sistemas de marca de ingreso al trabajo, entre muchas otras cosas.

También hubo autocrítica, ya que se evidenció que los problemas que se viven en Acueductos no son sólo por posiciones patronales, sino también por la apatía y el desinterés de muchos trabajadores, lo que se refleja en una menor convocatoria de la que se tenía esperada para esta Asamblea.

A la actividad fue invitado el abogado Esteban Monge Flores, de CEDARENA y miembro de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA), presentó la Agenda Legislativa del Agua, un grupo de tres procesos legislativos que pretenden mejorar el manejo del Recurso Hídrico en nuestro país. ANDA busca el apoyo de la ANEP para que forme parte de la Alianza. Se logró un acuerdo de nombrar una persona representante que saldrá del seno de la Seccional Nacional ANEP – AyA.

También estuvo presente en la actividad el diputado por el Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, que se refirió sobre el papel de la clase trabajadora del AyA como protectora de la salud en nuestro país. “La lucha por los recursos hídricos apenas está comenzando en Costa Rica, donde el recurso está mermando, sobretodo por políticas mal dirigidas que ponen en peligro el agua”, dijo el diputado de izquierda.

La nueva Seccional Nacional ANEP – AyA buscará posicionar a Acueductos como el más importante ente rector de la salud en nuestro país, sabiendo que el agua es un derecho humano y que sin agua no hay vida.

La actividad terminó con el canto de cumpleaños a nuestro sindicato que este 19 de agosto cumple 54 años de haber sido fundado.

Seccional Nacional ANEP – AyA

  • Jesús Sibaja Bustamante – San José
  • Edwin Marín Bonilla – San José
  • Olivier Ruíz Rueda – Ciudad Neily
  • Jacob Esquivel Alfaro – Pérez Zeledón
  • Joaquín Rojas Chacón – San José
  • Víctor Avila Morales – San Vito
  • Alejandro Sáenz Jiménez – Limón
  • Edward Duarte Delgado – Golfito

Sopa para cárceles costó ¢63 millones por desorden

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Pasta de tomate, fajitas de maíz tostadas y mucho queso rallado: esta es la lista de ingredientes de una sopa azteca para las cárceles del país, que costó ¢63 millones a Adaptación Social, según la seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional.

El presupuesto de alimentación de este año para las cárceles es de ¢7.200 millones. Los funcionarios aseguran que el menú para ellos es el mismo que se sirve a los privados de libertad.

El sindicato reclamó por ese gasto pues asegura que, aunque presos y funcionarios se deleitaron con ella, no estaba incluida en el presupuesto.

La agrupación afirmó que la sopa fue la salida que usaron los encargados de la alimentación para evitar que se botase una gran cantidad de pasta de tomate que estaba a punto de caducar.

Según su reclamo, el vencimiento de ese y otros productos se debe a un desorden con las compras de alimentos en la entidad.

Además, aseguró que, después de todo, la pasta de tomate sí se venció y que, por ello, la institución tuvo que realizar una nueva compra para reponer el producto y preparar comida.

No obstante, autoridades del Ministerio de Justicia refutaron que se haya realizado una segunda adquisición.

Eugenio Polanco, viceministro de esa cartera y director de Adaptación Social, arguyó además que nunca se cocinó dicha sopa. “Con costos estamos para darles alimentación básica a los privados de libertad. No sé de dónde saca la información el sindicato”, dijo Polanco.

El funcionario reconoció que sí había una cantidad de pasta de tomate a punto perecer.

“En enero se pidió que se consumiera porque debía ser preferiblemente antes de su fecha; se vencía como entre marzo y abril”, dijo el viceministro.

Según Polanco, luego de ser aprovechada en diferentes platillos, quedaron 960 kilos que sí se vencieron; pero alegó desconocer cuál era el costo.

Mientras, el gremio asegura que el desperdicio fue de 1.200 paquetes de cuatro kilos cada uno.

De acuerdo con sus datos, cada kilo tiene un costo de ¢3.090.

Controversia. A su vez, Martha Eugenia González, vicepresidenta de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), afirmó que cuando los encargados de la alimentación se dieron cuenta de que la mezcla de tomate caducaría, ordenaron gastarla en la sopa.

“Se vence la pasta, y entonces resulta que deben comprar otra vez porque ya habían comprado las tortillas y el queso”, manifestó la funcionaria.

Según el informe de ese grupo, el gasto fue: ¢50,3 millones en queso, ¢915.000 en tortillas y ¢11,8 millones en la nueva compra de pasta de tomate.

Manuel Fernández, director administrativo de Adaptación Social, sostuvo que no hubo segunda compra, sino que, tras un análisis técnico, al producto se le dio un periodo de gracia.

Alegó que tampoco era obligatorio cocinar sopa azteca.

Fernández añadió que la gran cantidad de pasta de tomate se adquirió a finales del año pasado con el fin de que alcanzara para los primeros meses de este año.

Polanco, por su parte, justificó esa decisión en que el Ministerio de Hacienda entrega el presupuesto en tramos. “Entonces, lo que se hace es comprar un poco más en el último trimestre para cubrir”, argumentó.

Alertas. Los miembros del sindicato sostuvieron que hay otros productos que expiraron.

El 5 de julio, Freddy Zúñiga, funcionario del área de nutrición, realizó un análisis en el que, dijo, halló que la mantequilla y el ponche de frutas en la cárcel La Reforma también expiraron.

Según Zúñiga, como las compras se realizan en las mismas fechas, los productos de otros centros también están vencidos.

¿Por qué trasladar dependencias del MINAE al INBIO?

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Licenciado
René Castro Salazar
Ministro
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de nuestra parte.

Nuestra organización se ha enterado por diferentes medios de comunicación de la iniciativa promovida por el despacho ministerial a su digno cargo, en cuanto a trasladar una serie de unidades productivas a un edificio común, buscando una reducción de gastos operativos y una mejor gestión institucional.

Preocupa a nuestra organización que el edificio propuesto para hacer el traslado de unidades muy importantes de ese Ministerio sean las instalaciones que actualmente ocupa el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO), el cual se encuentra ubicado en la provincia de Heredia.

Y es que unidades tan importantes como lo son las relacionadas con el Viceministerio de Agua y Mares, como lo es la Dirección de Agua (la cual atiende una importante cantidad de usuarios por día y que siempre ha estado brindando sus servicios en San José), pareciera no ser la mejor opción que sean trasladadas a una provincia; máxime si tomamos en cuenta lo que establece el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Reglamento de Organización de la Dirección de Agua que dispone que la oficina central de esta dirección deberá estar en San José como capital del país. A las dos unidades institucionales indicadas, se adicionarían según se nos ha indicado, el propio Instituto Meteorológico Nacional (IMN), así como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Pensamos que lo mejor es obtener de su parte una versión oficial antes de emitir criterios definitivos. Al respecto, sí parece prudente que se considere lo siguiente:

1. ¿Cuáles son los estudios que fundamentan un traslado de dependencias del MINAE a la sede del INBIO?

2. ¿Por qué el INBIO?

3. ¿Cuánto dinero “economizaría” el MINAE?

4. ¿Cuánto hay que pagarle al INBIO por concepto de alquiler u otros?

5. ¿Qué contiene, integralmente hablando, un eventual contrato con el INBIO?

6. ¿Cuáles son las dependencias del MINAE que, definitivamente, se han de instalar en la sede del INBIO?

7. ¿Cómo se ha previsto el traslado del personal trabajador asalariado de cada entidad sujeta a cambiar de sede?

8. ¿Se les dará transporte colectivo institucional?; ¿se les dará el dinero, contante y sonante, por un desembolso adicional para el pasaje de autobús cotidiano al aumentar las distancias del desplazamiento?

9. ¿Se ha previsto algún riesgo de tipo jurídico en cuanto a que algunas de las entidades a trasladarse, por ser de naturaleza “nacional”, tengan su sede en otra ciudad que no es la capital de la República?

10. ¿Cómo se hará con la población usuaria de las diferentes dependencias para que se enteren de tales traslados?

11. ¿Cuáles serán las facilidades de desplazamientos de la población usuaria de los servicios de las dependencias a trasladarse?

12. ¿Se ha considerado las dificultades de tránsito, de tiempo, de costos de transporte para estas poblaciones usuarias?

13. Cualesquiera otra información adicional que permita tener una mayor comprensión de lo que estamos planteando.

Como verá usted, señor Ministro Castro, son bastantes las interrogantes que han surgido al respecto y que es sumamente importante que sean respondidas en el menor plazo posible. En todo caso, oficialmente y por esta vía, nos urge ser atendidos por su digna autoridad al respecto.

Quedando en espera de su importante respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Exigimos el manual de puestos en Migración y Extranjería

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Informamos y ponemos en conocimiento a nuestros afiliados y afiliadas de la Policía de Migración y Extranjería, que después de 4 años, para tener listo el manual de clase de puestos y nuevas bases salariales, es una barbaridad que no haya salido a un este documento, imprescindible para las mejoras salariales de los trabajadores y trabajadoras.

El día 6 de agosto se dio una reunión de convocatoria con el señor Viceministro de Hacienda y cuál fue la sorpresa, que las jefaturas de dicha institución no sabían porque se les convocó, no tenían siquiera conocimiento del proceso de la elaboración del Manual de Puestos.

Los funcionarios que laboran para migración, representados por la Seccional de la ANEP, estamos cansados de tanta burla, y mientras tanto, seguimos poniendo en riesgo nuestras vidas en la calle, ganado un sueldo de hambre, por esta razón hay que prepararse para un movimiento en los últimos días nos mas espera y nos mas mentiras.

Exigimos mejoras en la Municipalidad de Puriscal

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Señor
Manuel Espinoza Campos
Alcalde
Municipalidad de Puriscal

Estimado señor:

Reciba el saludo cordial de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a la vez exponemos lo siguiente:

Primero: Atendiendo la solicitud de la ANEP el día 24 de julio del presente año, se llevó a cabo reunión con su persona y con la señora Vice Alcaldesa de la Municipalidad a su cargo, así como los miembros de la Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Municipalidad de Puriscal y la compañera Iris Cervantes Paniagua, responsable de atender a las personas afiliadas en la indicada municipalidad.

Segundo: En dicha reunión se trataron temas y se tomaron acuerdos para atender, entre otros, los siguientes:

a) Compra de armas para los Oficiales de Seguridad.
b) Mejoras en la planta física del plantel municipal.
c) Actualización al Reglamento de Viáticos.
d) Compra y entrega de uniformes para los oficiales de seguridad y los trabajadores operativos.
e) Solicitud de colaboración por parte de la Dirección General de Servicio Civil, a fin de analizar posible reclasificación a las clases de puestos que ocupan los Oficiales de Seguridad en la Municipalidad de Puriscal.

Tercero: En cuanto a los puntos a), c) y d); al día de hoy no tenemos conocimiento de las gestiones que ha realizado la Administración en atención de los mismos.

Cuarto: Referente al punto b), extraoficialmente se nos ha indicado que la profesional municipal responsable, ha indicado que no se pueden realizar mejoras en el lugar donde se encuentra el plantel por cuanto ahí existe una naciente de agua. Al respecto le solicitamos se busque las opciones factibles a fin de proporcionar a los trabajadores que se ubican en el plantel, loas condiciones apropiadas para su estancia en dicho lugar, o que se analicen otras posibilidades que ayuden a dar solución al problema.

Quinto: Los miembros de la Seccional ha hecho entrega, ante la Alcaldía, del Reglamento actual con el objetivo que se le hagan las correcciones pertinentes y se cumpla con los trámites correspondientes para su aplicación.

Sexto: Con respecto al punto e), los trabajadores y los compañeros de la Seccional, han recopilado la información necesaria y la han entregado en la Alcaldía, a fin de contar con el expediente que se llevará a la Dirección General de Servicio Civil, para el asesoramiento respectivo en aras de hacer justicia a los oficiales de seguridad.

De manera respetuosa le solicitamos se nos informe las gestiones que, como máxima autoridad administrativa, ha llevado a cabo en cumplimiento a lo acordado en la indicada reunión.