Seccional ANEP Sistema Penitenciario Nacional Por Justicia y Paz
Buenas señor Ministro París:
Reciba de la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, nuestro más cordial saludo.
Con el propósito de contribuir a un cambio en la cultura institucional, entre uno de sus componentes el de la transmisión de la información en nuestra Institución, le solicitamos lo más pronto posible se nos informe sobre lo siguiente.
Hemos recibido información que ha generado en miembros del personal de la Reforma y de otros Centros que ya cuentan con la información, dudas y preocupación acerca de algunas acciones de orden técnico – político que fueron, aparentemente, externadas el pasado viernes 9 de setiembre al Consejo técnico de la Reforma por parte de don Fernando Ferraro, Viceministro de Justicia y don Eugenio Polanco, Director General de Adaptación Social.
Estas acciones son:
1- Egresar a 3000 privados y privadas de libertad del Programa Institucional.
2- Reabrir un Programa como el q se denominaba libertad vigilada, y que por la escasez de personal van a capacitar a 30 policías penitenciarios con estudios universitarios para q le den acompañamiento a los y las privadas de libertad.
3- A corto plazo hacer valoración masiva para sacar 1000 privados de libertad, antes de navidad.
Desconocemos el origen de las mismas, de los procesos de consulta que los sustentan y propuesta metodológica con la que se implementarían las supuestas acciones. Por lo que le solicitaríamos nos indique el camino para poder conseguir las actas de los Órganos en los que de previo se hayan discutido y aprobado tales acciones, pues como le indicáramos en sesión de trabajo realizada en días pasados, que no ha sido posible conseguir las actas de los Órganos de decisión y de consulta.
Con su persona, el pasado 11 de agosto se contrajeron varios e importantes compromisos, tendientes a eficientar la gestión de nuestra Institución. Uno de éstos fue el de crear un espacio de participación y discusión amplio y democrático con el personal de la Dirección General de Adaptación Social , sobre el presente y futuro de nuestra Institución que hasta la fecha no se ha concretado, por lo que nos preocupa que se continúe tomando decisiones sin el respaldo de los procesos de consulta necesarios en la presente coyuntura.
La Seccional de ANEP, del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, considera que una decisión de tal calibre por su incidencia en la vida nacional requiere no solo de determinación para hacerla, sino también de buscar el mayor conceso posible, en primer lugar al interior de nuestra organización y paralelamente fuera de ésta. De lo contrario se nos podrían estar viniendo problemas más serios. Son muchos frentes los que están abiertos, requerimos de organizarnos eficientemente para obtener los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.
De igual manera a nuestra Seccional le alarma que se conciba una propuesta técnico-política que generaría, posiblemente, nuevas cargas laborales sin contar con el soporte administrativo y político respectivo. Nuestra Institución ha venido desde hace muchos años postergando e irrespetando al personal, tanto en sus necesidades como en su derecho a participar en las decisiones institucionales que les afectan de manera directa y sobre todo aportando y guiando el rumbo correcto, que es en definitiva por lo que el Estado Costarricense nos paga nuestro salario. El personal, don Hernando, es el recurso más importante de cualquier organización y hasta la fecha ha sido menospreciado y maltratado.
Los retos que se nos presentan son enormes, por lo que tenemos que ir trabajando en crear las condiciones necesarias para que el personal nos comprometamos y organicemos de acuerdo con los objetivos institucionales (tácticos, operacionales, estratégicos) y establezcamos los estímulos acordes a nuestra gigantesca tarea, si es que la Administración Penitenciaria y nuestro país realmente están comprometidos con dar el salto cualitativo que nuestro Estado Social de Derecho requiere para el Sistema Penitenciario Nacional.
La ausencia de participación del personal y de otros sectores, organizaciones de la sociedad civil y de otros poderes del Estado, ha sido, si no el más importante, si uno de los factores de mayor impacto en la pérdida de rumbo del Sistema Penitenciario; en la capacidad de gestionar los recursos presupuestarios; de planificación institucional, entre otros.
Las supuestas acciones técnicas, propuestas, pueden ser parte de las buenas prácticas penitenciarias que se están revalorando y readecuando a la realidad presente, pero reiteramos requieren una amplia participación del personal penitenciario y de decisión política que trasciende al mismo Ministerio de Justicia y Paz.
Nos unimos a las palabras de doña Rocío Aguilar, Contralora General de la República, cuando indica en entrevista del pasado 11 de setiembre en La Nación, titulada “_No se trata solo de otorgar los recursos_”:
“_…Debemos pasar de buscar solo directivos honorables, que es lo básico, y pensar en quiénes ponemos a tomar las decisiones en asuntos estratégicos…” “ …A nosotros nos preguntan cosas del abecé del funcionario: si son responsables del control interno o de aprobar estados financieros. Son preguntas que uno ni se imagina en un director de una empresa privada que ni siquiera tenga claridad en la responsabilidad que asumen al estar sentados en la mesa directiva de una institución. No solo es ir de acompañante.”, “…Usted se encuentra instituciones que tienen recursos sin ejecutar; hay instituciones con una planificación maravillosa, pero la gestión no lo permite._”
Y acota. “_… todos los funcionarios estamos obligados a satisfacer el interés público. En la medida en que nosotros no ejecutemos adecuadamente esos recursos, faltamos a ese deber_”.
Por ultimo don Hernando, al hacer estas consultas; como ya lo hemos externado en múltiples, nos mueve el interés de coadyuvancia en la mejora de las condiciones laborales e Institucionales.
Esperamos su pronta respuesta.
Rigoberto Gutiérrez Bravo Presidente de la Seccional
Marta E. González Madriz Vicepresidenta de la Seccional
Rafael Barquero Segura, trabajador de la Municipalidad de Alajuelita es acosado por las autoridades municipales, que pretenden desalojarlo de su casa, la cual se ubica en los predios de un plantel de la Municipalidad, el cual cuida desde hace más de 10 años.
Ingeniero Abundio Gutiérrez Matarrita Presidente Junta Directiva Junta de Protección Social Su despacho
Estimado y honorable señor:
En primer término, reciba usted nuestro más atento y respetuoso saludo.
En ejercicio de nuestro derecho de petición y justicia administrativa establecidos en la Constitución Política, en su artículo 27; así como en la Ley 8220, derechos que protegen institutos jurídicos como el Recurso de Amparo y la vía Contenciosa Administrativa cuando establecen los mecanismos para ejercer el derecho de pronta respuesta; el suscrito, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), debidamente legitimado para ejercer la defensa de intereses y derechos de los empleados de la Administración de Cementerios de la Junta de Protección Social, conforme lo dispone el artículo 10 inciso, b) de la ley 8508.
Todo lo anterior obedece a que se nos ha informado de que un grupo de trabajadores ha propuesto la formación de una SAL (Sociedad Anónima Laboral).
Así las cosas, el derecho de petición y pronta respuesta, protegido en el artículo 27 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, impone al funcionario público la obligación jurídica de responder las peticiones de cualquier persona en asuntos de su competencia como el caso que nos ocupa, por lo anterior.
Solicito en vía administrativa y de acuerdo a oficio G-2103 del 11 de agosto del 2011, y acuerdo JD-357-2011, en forma urgente se convoque lo más pronto posible a la instalación de la comisión negociadora con el fin de determinar las reglas del juego, los puntos de agenda y el orden de la misma.
Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,
Cuatro compañeros, trabajadores agrícolas que se afiliaron a nuestro sindicato, fueron despedidos en días pasados por el hecho de estar afiliados a la ANEP.
La patronal, junto con el Comité Permanente, persiguieron, amedrentaron y terminaron deshaciéndose, de la “amenaza” sindical, ajusticiando, además, con la colocación de sus nombres en Listas Negras, para que no puedan volver a encontrar trabajo en la agroindustria de la región.
Despidos de sindicalistas en empresa piñera Agromonte
La empresa piñera Agromonte, S.A. despidió a cuatro trabajadores por promover la afiliación del personal asalariado, al sindicato Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La organización sindical en esta compañía, cuyas plantaciones están ubicadas en Boca Arenal de San Carlos, surgió desde finales del año 2010 como consecuencia de las precarias condiciones laborales de las personas asalariadas, en su mayoria migrantes.
Los trabajadores despedidos, César Martínez, Ezequiel Díaz, Javier Pineda y José Sánchez, acudieron al Despacho en la Asamblea Legislativa del Frente Amplio, donde conversaron con el Diputado José Maria Villalta.
“_Nosotros estábamos afiliando compañeros al sindicato, pero no sabiamos que eso podía ser considerado un delito con causal de despido_”, dijeron.
Relataron que los miembros del Comité Permanente del solidarismo, se les acercaron y les dijeron que “_mejor renunciaran al Sindicato, porque de lo contrario se enviaría un correo electrónico a todas las demás empresas y no conseguirían trabajo en ningún lugar_”.
En opinión del Diputado Villalta, estos lamentables hechos evidencian, una vez más, que en Costa Rica no hay libertad de afiliación sindical en el sector privado y comprueba la existencia de lo que se conoce en las empresas como “_listas negras_”, que constituyen un verdadero atropello a los derechos humanos.
La ANEP, según informó el dirigente Guillermo Keith, está denunciando estos despidos como práctica laboral desleal, tanto en la vía administrativa como en la judicial. Además harán la denuncia que corresponde ante la opinión pública internacional.
“_Afiliarse a un sindicato o promover la afiliación sindical, no son motivos de despido. Esto ha sido ratificado incluso por un reciente fallo de la Sala IV_”, afirmó el Diputado Villalta, por lo que considera que se estaría frente a una arbitrariedad injustificada de la empresa piñera y que se deben respaldar las acciones legales de la ANEP.
La Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega informa a todas y todos los trabajadores del AyA y a la comunidad nacional que:
1- Desde alrededor de siete meses, nosotros como representantes de las y los trabajadores del AyA en la Región, hemos llevado adelante la defensa de nuestros legítimos derechos laborales en contra de las constantes y peligrosas actuaciones de acoso laboral por parte del Director Regional interino para la Región Chorotega del AyA Sr. Néstor Valderomar Barrantes.
2- En esos siete meses se han interpuesto diferentes recursos a las autoridades competentes del AyA en aras de darle solución al problema de acoso y persecución laboral; nuestras gestiones lograron que la administración del AyA iniciara las investigaciones del caso, sin embargo, a la fecha no se nos han dado el resultado de las mismas.
3- La Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega acudió, también, a denunciar los hechos de acoso laboral a las oficinas del MTSS en Liberia.
4- El día veinte y nueve de julio del año dos mil once, el MTSS mediante resolución D.R.CH 058-2011, a la luz la justicia, da con lugar y nos concede la razón de los hechos denunciados.
5- Efectivamente las acciones de intimidación y acoso laboral que viene efectuando en contra de las y los trabajadores del AyA en la Región Chorotega el Sr. Valderomar Barrantes son reflejo de una política equivocada de la administración del AyA que sin medir el estudio laboral correspondiente puso a dirigir la tan importante Región Chorotega a una persona que contaba con antecedentes de abuso laboral en al menos otra institución pública.
Por este medio instamos de forma generala todos los funcionarios públicos a defender sus derechos laborales, y en particular a las y los trabajadores del AyA les hacemos un llamado para indicarles que la ANEP estará vigilante de las injusticia laborales que se puedan cometer en el AyA.
Invitamos a la administración superior del AyA a seguir el ejemplo de eficiencia y eficacia con que el MTSS llevó adelante la problemática del AyA en la Región Chorotega y de una vez indique las acciones a seguir para solucionar la indignante actuación de el Sr. Valdelomar Barrantes.
Edgar Chacón Villalobos Presidente Seccional ANEP/AyA/Región Chorotega
Este video muestra la situación de dos compañeros, trabajadores de la industria piñera, que fueron despedidos recientemente por negarse a utilizar un equipo de protección para la fumigación, que ellos consideraban no era lo suficientemente seguro para protegerles contra los agroquímicos.
La realidad es que estos dos compañeros eran de los pocos que quedaban en esta compañía de varios que se sindicalizaron en la ANEP para proteger sus derechos. Ya anteriormente habían despedido a otros 21 trabajadores sindicalizados, aduciendo diversos motivos.
También muestra como las piñeras siguen utilizando agroquímicos prohibidos, que los esconden durante las revisiones para poder certificarse verde, y como se expone a algunos trabajadores con seguro (en planilla con la CCSS) a esos químicos y no a los trabajadores sin seguro, osea, personas que se contratan ilegalmente fuera de planilla.
La persecusión sindical y el maltrato a los trabajadores y trabajadoras de la piña es real.
Video de ANEPtv (Nota: El video dice 7 de agosto cuando en realidad es 8 de agosto de 2011)
Con el fin de perjudicar a las personas trabajadoras municipales, pero principalmente a los trabajadores más humildes de recolección de desechos y aseo de vías, el Concejo Municipal busca evadir la negociación salarial atentando con su autonomía.
Perdiendo de perspectiva no solo los temas jurídicos, legales que amparan la negociación salarial con sus trabajadores y trabajadoras, sino también la condición humana de solidaridad y sensibilidad ante la injusticia, las y los miembros de del Concejo Municipal de Vázques de Coronado, envía nota a la Procuraduría General de la República, PGR, para que emita un criterio si de si puede o no negociar ajustes salariales ya que “…la mayoría de sus funcionarios devengan salarios que sobrepasan los múnimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
Nada más alejado de las regulaciones que la misma Constitución Política y el Código Municipal establecen en sendos artículos que permiten la negociación salarial a los entes municipales.
Nada más alejado del más elemental razonamiento con respecto al concepto de “salario mínimo”.
Nada más cercano a la pérdida de toda sensibilidad humana ante las miserables condiciones humanas en viven los trabajadores más mal pagados de las instituciones municipales, los peones, recolectores y de aseo de vías…aún ganando el salario mínimo.
Siete regidores y regidoras municipales de Coronado no solo ponen en riesgo la autonomía municipal, sino que además dejan patente ante la PGR, el MTSS y ante la opinión pública su incapacidad para negociar y llegar a acuerdos con las personas trabajadoras municipales.
Queda patente, además, que las personas que llegan a puestos de regidores en los gobiernos locales no tienen ni la formación ni la sensibilidad para ocupar tan importantes cargos, y pone en tela de duda las acciones en favor de sus propias comunidades.
Las constantes noticias de Alcaldes y regidores investigados, condenados y encarcelados, en muchos municipios del país, dan fe de la anterior afirmación.
Queda claro que las comunidades deben asumir con mayor responsabilidad la elección de sus representantes a la Alcaldía y el Concejo Municipal.
Queda claro también que los y las trabajdoras municipales deben no solo apoyar a aquellos candidatos honorables a esos cargos, sino que además deben organizarse aún más para defenser sus derechos como quedó desmostrado con el paro realizado la madrugada de hoy por los trabajadores del Plantel Municipal de Coronado.
Nota del Concejo Municipal a la PGR
Nota que será entregada la noche del lunes 8 de agosto al Concejo Municipal. _________________________________
San José, Coronado, 8 de agosto de 2011.
Señores y señoras: Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO
Estimados señores y señoras:
Tenemos en nuestro poder copia de la nota CM-816-2011, de fecha 3 de agosto de 2011, firmada por la señora Nidya Arroyo Mora, Secretaria del Concejo Municipal, donde traslada a la Procuraduría General de la República, para su pronunciamiento el “ACUERDO 2011-066-023”.
El ACUERDO del Concejo Municipal se refiere, según entendemos, a la capacidad de esa Municipalidad para definir su propia política salarial, indicando que “en vista de que las municipalidades son entes semiautómomos y la mayoría de sus funcionarios devengan salarios que sobrepasan los mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos.”
Lo anterior, necesariamente nos lleva a solicitar de sus respetables autoridades, se proceda a derogar el acuerdo de comentario, retirar la consulta que se elevó a la Procuraduría y votar favorablemente el ajuste de salarios por costo de vida, correspondiente al II Semestre de 2011.
Fundamento constitucional y jurídico en que amparamos nuestra solicitud:
1- Las municipalidades no son entes semiautónomos, como se afirma en el acuerdo elevado a la Procuraduría. Todo lo contrario, las municipalidades gozan de plena autonomía y por aquello de que persistan dudas, transcribimos los siguientes artículos de nuestra Constitución Política:
“*Artículo 170*.-Las corporaciones municipales son autónomas…”.
“*Artículo 169*.-La administración de los intereses y servicios locales, en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal…”.
“*Artículo 175*.-Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución.”
Como se puede palpar a simple vista, las municipalidades tienen plena capacidad y autonomía para gobernarse, con la única sujeción a la fiscalización de la Contraloría General de la República en materia de presupuesto y gasto. Por tanto, las municipalidades y particularmente ésta, la del cantón de Vásquez de Coronado, tiene plenas facultades constitucionales para fijar su propia política de clasificación y valoración de puestos, y por tanto, de salarios.
2- La Constitución Política y el Código Municipal otorgan autonomía política, administrativa y financiera a las municipalidades y además les faculta para modificar los presupuestos ordinarios para ajustar salarios, cuando se pruebe que el costo de la vida ha aumentado según los índices de precios del INEC. Veamos lo que dispone el Código Municipal:
“*Artículo 2º* -La Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.”
“*Artículo 4º* -La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.”Código Municipal.
“*Artículo 100*.-…Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente, según los índices de precios del Banco Central y la Dirección General de Estadística y Censos.”
Según datos del INEC, el índice de precios acumulado para el Primer Semestre de 2011 fue de un 2.78%. Con fundamento en ello el Consejo Nacional de Salarios acordó un ajuste en los salarios mínimos del 2.50% para las y los Profesionales, y de un 3.55%, para las y los No Profesionales; mismo que rige a partir de julio pasado para la clase trabajadora del Sector Privado.
Para el Sector Público, el Gobierno por Decreto, ya que no hubo negociación, estableció un ajuste salarial por costo de vida, inflación vencida, de un 2.78; ajuste que rige por costo de vida, esto es, para que los salarios recuperen lo perdido por la inflación acumulada en los primeros seis meses de este año.
Este tipo de ajuste salarial semestral y por inflación o costo de vida, tiene el sano propósito de evitar el deterioro en los salarios y aplica para todo el Sector Público, independientemente de la escala de salarios mínimos que se tenga en cada institución, pudiendo este ajuste ser mejorado, en aquellas instituciones o empresas del Estado que la ley faculte para hacerlo y cuenten con los recursos financieros necesarios.
Como vemos nada le impide a este honorable Concejo, aprobar un ajuste salarial, por costo de vida, superior al Decreto de Gobierno, siempre y cuando demuestre a la Contraloría que existe la partida financiera necesaria que soporte dicho ajuste salarial.
3- El Artículo 32 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente y por tanto ley Profesional, a la que debe atenerse las partes involucradas, establece en sus incisos b, c y d la forma en que deben realizarse los ajustes salariales en la Municipalidad de Vásquez de Coronado.
4- Con relación al criterio solicitado a la Procuraduría General de la República; es importante indicar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece requisitos que deben cumplir las consultas, para que puedan ser atendidas, admitidas o evacuadas por ese Órgano Asesor.
El artículo 4º de ese cuerpo normativo sentencia: “Artículo 4º. – Consultas: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quiénes podrán realizar la consulta directamente.”
También la jurisprudencia administrativa de la PGR ha señalado que además del criterio jurídico, la consulta debe ser formulada por el jerarca administrativo del respectivo órgano u institución pública.
La consulta formulada por ese Concejo a la PGR, adolece de dos requisitos fundamentales para su admisibilidad, sea la opinión jurídica de la asesoría legal y la firma del jerarca correspondiente, lo que hará, a nuestro juicio, que la PGR, en el mejor de los casos, devuelva la consulta con los señalamientos del caso, o bien proceda con su archivo.
No dejamos de apuntar demás, que dicha consulta nos resulta odiosa y hasta ofensiva para quiénes aplaudimos y defendemos la Autonomía Municipal, al dejar entrever “que las municipalidades son entes semiautónomos”, desconociendo los fundamentos de nuestra Carta Magna y el propio Código Municipal.
Estimables señoras y señores Regidores:
En razón de lo expuesto, solicitamos a sus respetables autoridades se proceda a revocar el ACUERDO 2011-066-023, tomado en la Sesión Ordinaria 066, celebrada por ese Concejo, el pasado 26 de julio de 2011, y conforme a ello se proceda al retiro de la consulta formulada a la PGR, y se tome el acuerdo de ajustar las bases salariales de toda la clase trabajadora, que labora, en la Municipalidad de Coronado en un 3%. Ajuste que regirá a partir del 1 de julio del presente año.
Sin más y agradeciendo sus atenciones, respetuosamente
Santos Román Brenes Presidente Seccional ANEP – Municipalidad de Coronado
c.c. Alcaldía Municipal. c.c. Junta Directiva Nacional ANEP. c.c. Junta Directiva Seccional ANEP – Municipalidad de Coronado c.c. Trabajadores y trabajadoras Municipalidad de Coronado.
En Asamblea General celebrada el 21 de julio del presente año, se escogió la Junta Directiva de nuestra Seccional Sindical para el período 2011-2012, la cual quedó integrada por:
Gustavo Herrera como Presidente de la Seccional Giovanni Beluche como Secretario de Organización Manuel Vargas como Secretario de Divulgación y Actas Ericka Agüero como Secretaria de Formación Sindical Yanneth Segura como Secretaria de Finanzas. Grace Zúñiga como Vocal 1 Salvadora Díaz como Vocal 2
Fortalecer nuestro gremio
Una de las principales metas de nuestra Junta Directiva será fortalecer nuestra organización gremial, a partir de los logros alcanzados por los y las compañeras que nos han antecedido. Hoy somos una universidad nacional, que se constituye en alternativa para nuestra juventud y esto se alcanzó garantizando la estabilidad laboral a pesar de la incertidumbre que causó el paso de CUNA a UTN.
Pero no debemos bajar la guardia, se avecinan nuevos y grandes retos. Nuestra Casa de Estudios deberá crecer para responder a la demanda, para ello se requiere un presupuesto consecuente con nuestras aspiraciones de dar una formación académica de excelencia, como lo merecen nuestros/as estudiantes. La estabilidad laboral, los ajustes salariales que garanticen una vida digna, los implementos, la infraestructura y las condiciones laborales también dependerán de que contemos con un presupuesto adecuado.
Ya vimos como las otras universidades tuvieron que enfrentar una ardua lucha por presupuesto. No nos llamemos a engaños, para los neoliberales del gobierno de la República la educación es un negocio y no un derecho. Por eso la defensa de la educación pública, que es la opción de las familias humildes para que sus hijos e hijas estudien, es una tarea que nos espera. Sólo la unidad interna de los y las trabajadoras de la UTN, en alianza con las otras universidades, será la garantía de que las conquistas alcanzadas perduren y se profundicen.
Por la unidad de la familia universitaria
A nuestras autoridades, les decimos que pueden contar con esta Junta Directiva en todas las metas que se propongan para seguir construyendo este bello sueño de consolidar a la UTN. Queremos ser parte de las decisiones que nos afectan, cuenten con nosotros y nosotras. Pero, también les expresamos respetuosamente, que no lo dudaremos un instante para defender a nuestros agremiados ante cualquier injusticia, siempre guiados por el diálogo y la buena voluntad.
Enviamos un saludo respetuoso a la recién constituida Federación de Estudiantes de la UTN, serán nuestros aliados naturales porque compartimos la misma aspiración de construir una universidad al servicio del pueblo, donde la justicia y la equidad social sean nuestros valores. Promoveremos la unidad con todas las organizaciones sociales de las diferentes sedes de nuestra UTN, porque somos una sola familia. Desde ya les proponemos la creación de un Consejo de Seccionales de la UTN, donde podremos articular acuerdos de interés para toda esta gran familia que está dispersa en diferentes partes del territorio nacional.
Nuestro método de trabajo
Nuestro método de trabajo será la consulta a nuestras bases, las reuniones de Junta Directiva serán a puertas abiertas, cualquier agremiado tendrá la libertad de participar. Aspiramos a editar un Boletín periódico cuyas páginas estarán disponibles a todas las corrientes de opinión. Deseamos fortalecer nuestro sindicato con la mayor democracia participativa, la consulta permanente a las bases, que nuestras bases decidan. Promoveremos el pluralismo de ideas y la equidad entre hombres y mujeres. Todas las voces y opiniones son bienvenidas.
¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por la unidad de la familia universitaria!
Para contactar a la Seccional favor llamar a Gustavo Herrera al teléfono 8372-7839 o a Giovanni Beluche al teléfono 8869-6514.
Video de ANEPtv (última manifestación de fuerza sindical)
ACTA DE ACUERDOS
REUNIDOS EN EL AUDITORIOALFONSOVILCHEZMARTINEZDELINSTITUTONACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) POR LA CAJACOSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dra. Ileana Balmaceda, Presidenta Ejecutiva, Dra. Rosa Climent Martin, Gerente Médica, Lic. José Alberto Acuña Ulate, Gerente Administrativo, Lic. Guillermo Abarca Agüero, Director Bienestar Laboral, Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Actuarial y Económica, Lic. José Luis Valverde Morales, Director Comunicación Organizacional y el Lic. William Ramírez Umaña, Jefe Área Asesoría Laboral. Por el Frente de Organizaciones Sindicales: POR AESS: Álvaro Salazar Morales, Carlos Mena Mora, Itzel Picado Coto, Helbet Ramírez Umaña, Rogena Walters Calvin, ,POR UNIÓN MÉDICA NACIONAL: Carlos Rodolfo Abarca Picado, Dr. Edwin Solano Alfaro, POR SIPROCIMECA: Dr. Amaral Sequeira Enriquez, Lic. Jorge Eduardo Salazar Martínez, por FOCASS: Juan Carlos Durán Castro, POR SITEPP: Luis Angel Serrano, Sandra Soto Ferreira- POR ANEP: Lic. Mauricio Castro Méndez Giovany Ramírez G., POR SINAE: Yolanda Tenorio González, Juan Carlos Herrera Miranda, PORSISS Carlos Alberto Gómez Ramos, PORSINAESPA Rafael Rodriguez López-PORSINASS Inés Corrales Corrales, José Alberto Bolaños Villalobos, POR ANPE: Dra. María Esther Hernández Solís, Dr. Rodrigo López García, POR SINTAF: Ricardo Solano Madrigal, Luis Rizo Prendas, POR UNDECA: Luis Chavarría Vega, Martha Elena Rodríguez González, Carlos Guillermo Báez Sossa, Lic. Manuel Hernández Venegas.
PRIMER TEMA: Rebajo de tiempo no laborado.
ACUERDO PRIMERO: Las autoridades suscribientes del presente acuerdo asumen el compromiso de presentar a Junta Directiva para conocimiento y aprobación, de forma que se rebajen los días no laborados con motivo de la huelga de los días 19, 20, 21 y 22 del presente mes, de acuerdo a los días de participación de cada funcionario, en los siguientes términos:
Los días 19 y 20 de julio, por motivo de cierre de planilla se aplicará el rebajo en el pago correspondiente al día 29 de julio del año en curso.
El día 21 de julio se aplicará en el pago del 12 de agosto y el día 22 de julio en el pago del 09 de setiembre del año en curso.
SEGUNDO TEMA: Cumplimiento normativas laborales y acuerdos suscritos concordantes con la normativa
ACUERDO SEGUNDO: Las autoridades institucionales suscribientes de la presente acta ratifican el respeto de la Normativa de Relaciones, las normativas laborales específicos de los diferentes grupos laborales; así como el cumplimiento de los acuerdos suscritos por los representantes institucionales con las diferentes organizaciones.
A su vez, la Gerencia Administrativa instruye a la Dirección de Bienestar Laboral para que en un plazo de quince días, convoque a los suscribientes de este Acuerdo, con la finalidad de analizar y resolver las discrepancias en los temas de la Normativa de Relaciones Laborales, las normativas especìficas y los acuerdos suscritos; de forma que se derogue, aclare o modifique cualquier disposición que se oponga a lo establecido en las normativas o acuerdos suscritos.
Del resultado de las sesiones de trabajo se presentará un informe de las partes a la Presidenta Ejecutiva.
TERCER TEMA: Incapacidades
La institución en estricto apego al principio de legalidad, reconoce el dictamen de la Procuraduría General de la República y el criterio de la Contraloría General de la Republica, respecto al tema de las incapacidades.
Reserva sindical:
Sin perjuicio del acuerdo que a continuación se consigna, los sindicatos se reservan el derecho de presentar las acciones administrativas y judiciales que correspondan, relacionadas con la anterior manifestación de la representación patronal.
Las partes aquí representadas acordamos conformar una comisión bipartita de alto nivel, cuyo cometido principal será el siguiente:
1. Analizar las diferentes alternativas jurídicas y hacer las recomendaciones pertinentes que permitan solventar la ausencia de la contribución al seguro IVM para todos los contribuyentes del país, cuando las incapacidades superen los 30 días consecutivos.
2. Esta comisión dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de la CCSS, analizará y planteará las recomendaciones jurídicas pertinentes en cuanto a las condiciones, beneficios y extremos laborales.
La Comisión estará integrada por tres representantes de cada parte, quienes podrán hacerse acompañar por asesores técnicos. En el caso de la representación institucional será coordinada por el Gerente Financiero o su representante.
Esta Comisión se instalará y empezará a funcionar el próximo viernes 29 de julio de 2011 y a partir de esta fecha, deberá rendir el informe final, con productos terminados, correspondientes dentro de los tres meses siguientes al acto de constitución formal de esta Comisión.
CUARTO TEMA: Deuda del Estado y Sector Privado
Las partes acuerdan la conformación de una comisión integrada por dos representantes de cada parte, la representación institucional será el Gerente Financiero o su representante, con el propósito de analizar y conocer los alcances y composición de la Deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social y Sector Privado, en caso de ser necesario se podrán hacer acompañar de técnicos y expertos en la materia. Se programará reunión en un plazo de un mes.
QUINTO TEMA: Garantía de asignación presupuestaria
La representación institucional garantiza la asignación presupuestaria en los diversos establecimientos de salud, para el ejercicio del presente año. De igual manera aquellos centros de trabajo que muestren alguna situación particular, la misma será puesta en conocimiento de la Gerencia Médica, la que conjuntamente con la Gerencia Financiera establecerán cuando corresponda, las medidas que la solvente.
Todo lo anterior en el marco de la Política de Aprovechamiento Racionalización de Recursos Financieros aprobada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social siempre y cuando no haya menoscabo en la atención del usuario.
SEXTO TEMA: No represalias a los trabajadores
La representación institucional como ha sido la costumbre garantiza conforme al artículo 71 de la Normativa de Relaciones Laborales la no adopción de represalias ni sanciones a los trabajadores que se sumaron al presente movimiento de huelga.
SETIMO TEMA: Levantamiento del movimiento de huelga
La representación de los sindicatos suscribientes acuerdan el levantamiento del movimiento a partir del día Sábado 23 de Julio del 2011, al ser las 13:00 p.m, con el compromiso de que los trabajadores en el acto se incorporarán a sus puestos de trabajo.
Las autoridades brindarán todas las facilidades que requieran los sindicatos para comunicarles a los trabajadores el contenido de este acuerdo.
Leído lo anterior por todas las partes lo aprueban y firmamos al ser las trece horas del día 23 de julio del 2011.
Dra. Ileana Balmaceda Arias Presidenta Ejecutiva
Dra. Rosa Climent Martin Gerente Médica
Lic. José Alberto Acuña Ulate Gerente Administrativo
Lic. Guillermo Abarca Agüero Director Bienestar Laboral
Lic. Luis Guillermo López Vargas Director Actuarial y Económica
Lic. William Ramírez Umaña Jefe Área Asesoría Laboral
Lic. José Luis Valverde Morales Director Comunicación Organizacional
La huelga realizada por los trabajadores y trabajadoras de la CCSS ha generado muchísima información. Les compartimos diversos artículos al respecto.
Estos son los Culpables, doña Laura Respuesta por don Luis Alberto Jaén a doña Laura Chinchilla
Como doña Laura parece indecisa en buscar a los culpables del desastre de la Caja, se los vamos a enseñar para que haga algo con ellos.
1.- El Lic. Otto Fallas Monge fue Ministro de Trabajo de Figueres de 1953 a 1958. En ese mismo año 1958 en que termina su mandato, escribió un libro llamado Los Seguros Sociales y la Dignidad Humana y ahí dice que “_…los últimos gobiernos no le han pagado a la Caja las cuotas que le debían, lo que la ha debilitado mucho_”. Esos últimos gobiernos eran el gobierno de la Junta de Figueres de 1948 a 1949, el gobierno de Ulate de 1949 a 1953 y el nuevo gobierno de Figueres de 1953 a 1958, en el que Otto Fallas fue Ministro de Trabajo.
2.- Salvo algunas variaciones iniciales, las cuotas de la Caja fueron fijadas en dos colones y medio por ciento sobre todos los salarios, tanto para los trabajadores como para los patronos y el Estado desde la administración de Teodoro Picado y en ese tiempo se dictó también la Ley N° 43 de 13 de diciembre de 1945 que sigue vigente, que dispuso que si de los impuestos a favor de los seguros sociales establecidos en el artículo 24 de la Ley Constitutiva de la Caja, sobraba dinero después de pagar las cuotas que le correspondían al Estado, el sobrante debía entregarse al fondo de pensiones de la Caja para reforzarlo. En 1971, la Junta Directiva de la Caja dispuso rebajar las cuotas del Estado a sólo veinticinco céntimos, en vez de dos colones y medio como era hasta entonces y los gobiernos empezaron a dejarse las diferencias , violando la Ley N°43 ya citada. En ese año 1971 gobernaba Figueres, el Presidente de la Junta Directiva de la Caja era Danilo Jiménez Veiga y era miembro de esa Junta Directiva de la Caja Rafael Angel Calderón Fournier.
3.- Siendo Presidente, Carazo se metió un día a una sesión de la Junta Directiva de la Caja y de esa reunión conjunta con el Poder Ejecutivo, salieron varios acuerdos para mejorar los beneficios a los asegurados y para elevar la cuota del Estado, de veinticinco céntimos como se había acordado en tiempo de Figueres, a tres colones con veinticinco céntimos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. A Carazo le siguió Monge y a Monge Oscar Arias y desde la época de este último, la cuota del Estado volvió a veinticinco céntimos por ciento sobre todos los salarios. Este robo lo mantuvieron todos los gobiernos siguientes, o sea, Calderón Fournier, José María Figueres, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco y ahora lo sigue manteniendo Ud. doña Laura, un poco disminuido, porque con el mayor cinismo, la cuota del Estado fue elevada de veinticinco céntimos a cuarenta y un céntimos en tiempo de Abel Pacheco y para que ese “aumentazo” empezara a regir 5 años después, o sea, que Oscar Arias se libró de pagarlo y el aumento le tocó pagarlo a Ud.
Aprovechando la ocasión, y ante la publicación que Ud. firma en los diarios de hoy domingo, me permito decirle respetuosamente que los asegurados no queremos “_más y mejores opciones de salud_” sino la única opción del seguro social, pero oportuna, completa y eficiente.
Me permito también señalarle que es cierto que los gastos de la Caja han venido creciendo, naturalmente, por el aumento de la población principalmente, pero sus ingresos han venido disminuyendo proporcionalmente, no sólo por la evasión que han venido haciendo los gobiernos, o mejor dicho, por la apropiación indebida que han hecho los gobiernos de los recursos de la Institución en la forma descrita anteriormente, sino también por el abuso con los fondos aportados por los patronos y por los trabajadores, tomando como préstamos casi la totalidad de los fondos de inversión cuando por ley sólo pueden obtener hasta el veinte por ciento de esos fondos, y lo que es muchas veces peor, tomando para financiamiento de los gobiernos hasta los fondos del régimen de salud, que no son de inversión y que sólo deben ser destinados para el fin específico para el que fueron creados. Además, y eso ya es altamente delictivo, las condiciones en que los gobiernos han tomado esos “_préstamos_” han sido abiertamente contrarias a las disposiciones de la ley, llegando al extremo en tiempo de José María Figueres, de sacarle 32 mil millones de colones a la Caja del Fondo de Salud, y empezando a pagar por ellos un rendimiento de 87 céntimos por ciento anual. No me equivoco: 87 céntimos por ciento… anual.
Con solo que Ud. le ordene a doña Iliana Baldioceda que la Junta Directiva de la Caja restablezca la cuota del Estado al monto que la puso Carazo, y su gobierno pague puntualmente como dice la ley y no tome los fondos de Salud para bonos baratos del gobierno, se acaba el problema financiero de la Caja.
Con todo respeto, señora Presidenta.
Luis Alberto Jaén Céd. 1-367-350 Tel. 22 58 26 18 FAX 22 58 21 16 _________________________________________________________
Rescatar la Caja Manuel Rojas Bolaños
Lo que está pasando en la Caja Costarricense de Seguro Social es algo que se veía venir desde hace muchos años. Decisiones equivocadas, deudas no cubiertas por gobiernos, morosidad privada, intentos de privatización o semiprivatización, expoliación de recursos y otras agresiones han terminado por llevar a la institución a la difícil situación en que se encuentra, amenazando la salud de todo el país.
Por enésima vez se vuelve a hablar de comisiones técnicas y propuestas integrales de reestructuración, pero la verdad es que muchos diagnósticos se han realizado y muchas propuestas se han hecho, con escasos resultados prácticos. El problema es que no se trata de un asunto meramente de ingeniería organizacional, sino que también lo ideológico y lo político están presentes. No se puede olvidar, además, que alrededor de la Caja y su destino gira una maraña de intereses económicos de la más diversa índole, porque es mucho el dinero que está en juego. También internamente se mueve una madeja de intereses de los diversos estamentos de profesionales médicos y funcionarios que operan en los diferentes niveles de atención.
Ahora todos piden acciones para salvar y transformar la Caja, pero aunque unos y otros parece que están hablando de lo mismo, lo cierto es que están pensando en cosas diferentes. Lo que puede estar conjeturando una persona identificada con el modelo solidario que dio origen a la Caja seguramente es muy diferente a lo que proponen individuos y grupos que consideran que los servicios médicos deben estar sujetos a las leyes del mercado, y que, primordialmente, deben ser proporcionados por la empresa privada. Probablemente entre estos dos extremos hay una gama de posiciones intermedias.
Por eso, cuando se habla de una comisión de expertos para que elaboren una propuesta, hay que preguntar quiénes son y cuáles pueden ser los intereses que representan. Porque, con todo respeto, no hay expertos en el vacío, químicamente puros. En todo caso, la discusión sobre el rumbo que ha de tomar la Caja no puede quedar solamente en manos de expertos, políticos, empresarios y sindicatos. Es un asunto que atañe a la mayoría ciudadana que contribuye al funcionamiento de la institución, y que, diaria y pacientemente acude a EBAIS, clínicas y hospitales, soportando largas colas y demoras en las citas especializadas, porque no tiene otra posibilidad de recibir atención médica.
Mientras la institución se deteriora, hay personas concretas que sufren por falta de atención médica oportuna y de calidad, como el padre de un lector de estas columnas, que sufrió una quebradura de cadera a sus ochenta años, y que yace dos semanas hospitalizado sin que, hasta la hora en que escribo estas líneas, se haya programado su operación. Me pregunto cuántos de los que opinan sobre la crisis de la Caja alguna vez habrán tenido que enfrentar situaciones como la que señalo.
¡Hay que rescatar la Caja para el pueblo! manuel.rojasb@yahoo.com ________________________________________________________
Huelga es para rescatar principios de la Caja y cobrar deudas Carlos Salazar, www.elpais.cr
San José, 19 jul (elpais.cr) – Los sindicatos del sector salud, que acuden hoy a la huelga, denunciaron que el Gobierno de Costa Rica ha lanzado una “cortina de humo“ en torno a la discusión sobre incapacidades, y aclararon que no es el principal punto de las reivindicaciones de los trabajadores.
Juan Carlos Durán, del Frente de Organizaciones de la Caja y la Seguridad Social (Focass), acusó a la presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de hacer el “trabajo sucio del Gobierno“, y sostuvo que la demanda principal es rescatar los principios históricos de la institución fundada en 1941.
“El Gobierno debe garantizar el pago de las deudas con la institución, despedir a los gerentes que han venido realizando una mala gestión y señalar a los responsables de la crisis“, dijo Durán a Elpais.cr.
Reiteró que los representantes del Gobierno han manipulado la información, reduciendo la discusión al tema de las incapacidades de los trabajadores de la Caja.
Los trabajadores de la institución recibían la totalidad de su salario aunque se incapacitaran, pero la Procuraduría General de la República (abogado del Estado), en un pronunciamiento ordenó a la Caja no pagar ese beneficio, que no reciben los demás sectores laborales.
“Este tema de las incapacidades lo podemos negociar, no es el primero de la lista“, sostuvo Durán al ser consultado a las 9:45 de la noche, vía telefónica.
Aseguró que los representantes del Gobierno no han querido comprometerse a elaborar un cronograma de pago real por todas las deudas, como la acumulada por más de mil millones por concepto de pago establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Durán dijo que la delegación gubernamental tampoco ha hecho esfuerzos para proponer un saneamiento en la institución, dirigida por políticos en los últimos años.
Igualmente, advirtió que casos especiales de incapacidades es un asunto que puede ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que trabajadores están en riesgo permanente de contagiarse de enfermedades.
“Este asunto debe valorarse en verdadera dimensión, y la Defensoría de los Habitantes debe participar en el estudio de este caso“, añadió Durán.
Para el dirigente de Focass, rescatar los principios históricos de la CCSS es lo fundamental, y por eso iniciará la huelga indefinida este martes a las seis de la mañana. Además, insistió en la necesidad de que la empresa privada ponga al día los centenares de millones que debe a la institución.
Durán prevé que en algunos centros de salud la totalidad del personal no se sumará a la huelga, mientras que en otros será muy fuerte, “pero en el transcurso de las horas irá creciendo“.
“El llamado es a huelga indefinida“, insistió el dirigente de las organizaciones sindicales. __________________________________________________________
Movimiento Ciudadano en Defensa de la CCSS
A la Opinión pública Medios de comunicación Señores Federación de Organizaciones de la Caja y la Seguridad Social Señores Comité de Defensa de la Seguridad Social Gobiernos Municipales Asamblea Legislativa Dra Ileana Balmaceda Arias Caja Costarricense del Seguro Social
Ante la situación de crisis que vive la Caja Costarricense del Seguro Social e interesados y interesadas en formalizar un proceso de representación legítima de las personas usuarias de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, hemos constituido el
Considerando:
-Que es indispensable que tanto el Estado como las empresas privadas, cancelen sus deudas multimillonarias con la Caja Costarricense del Seguro Social, para lograr salvar esta institución responsable de velar por la salud del pueblo costarricense.
-Que está deuda impacta negativamente provocando un mal servicio con largo tiempo de espera para las citas, falta de especialistas, medicamentos, equipo e infraestructura necesaria para garantizar la atención pronta y oportuna de la salud de la población y la prevención de enfermedades, impactando directamente en la calidad de vida de la ciudadanía en general .
-Que la deuda del Estado (gobierno e instituciones autónomas) con la Caja, según las estimaciones independientes, asciende a ¢821 mil millones, mientras las de las empresas privadas llega a ¢160 mil millones, sin que el gobierno anuncie medidas para procurar su cancelación.
-Que la cifra propuesta por la Presidenta Chinchilla es apenas un paliativo que no alcanza para cubrir siquiera el déficit proyectado de este año, que asciende a más de ¢92 mil millones.
-Que el anuncio de la Presidenta Chinchilla sobre la entrega de ¢85 mil millones, para aliviar el déficit de la institución en el año 2011, es engañoso, pues lejos de cancelar las deudas con la CCSS, lo que hace es adelantar la entrega de recursos correspondientes a próximos años. Además de aludir que se dejaran de lado otras necesidades igual sentidas por la población por atender la deuda en una mínima parte que el Estado tiene con la CCSS, situación que vemos injusta porque los y las trabajadoras siguen haciendo frente a sus cuotas obrero patronal.
Por tanto
Este movimiento no considera correcto afirmar que la crisis de la institución este ocurriendo debido solo al crecimiento de la planilla o al costo de ésta en un intento de responsabilizar a los y las trabajadoras del seguro social la crisis de la institución, en cuanto es la misma administración de la Caja Costarricense del Seguro Social la que debe tener control del crecimiento, gestión y pago de la misma.
Se recuerda a la población en general que se han creado hospitales como los de Alajuela y Heredia o el de la Mujer, que requerían aumento de personal. En otros casos como en la Dirección de Pensiones si se abultó el personal por razones políticas más que por necesidades técnicas o profesionales.
La población demanda personal de salud de alta calidad, atención oportuna y acabar con las grandes listas de espera, mejores medicamentos, más y mejores hospitales y en general instalaciones para atender los problemas de la salud como los EBAIS. Para todo esto se necesitan recursos. Para salvar la Caja el primer paso es la cancelación de las deudas con esta institución que nos pertenece a todas y todos los costarricenses.
Llama a reanudar el diálogo entre los Sindicatos y la Caja e involucrar a organizaciones sociales, con el fin de llegar a acuerdos donde se incluya la revisión de salarios elevados que ostenten trabajadores de esta institución incluyendo los puestos de jerarquía para que beneficie a la Caja como institución, al personal y sobre todo a la población que requiere atención.
Solicitamos a las entidades competentes y movimientos sociales que se nos incluya en las consultas a efecto de aportar en el rescate y defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social con el fin de aportar en el balance adecuado para resolver la crisis que aqueja a nuestra querida institución.
Hacemos un llamado a la población en general a movilizarse en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social como garante de la salud de la población, por lo consiguiente garante de vida.
Stella Chinchilla Alejandra Flores Gladys Muñoz José Solano Anthony García Carlos Vega Beatriz Castro Francisco Cordero Federico Picado Enid González Eugenia Solis José Murillo Luis Ángel Serrano Adelia Vargas Marvin Ballestero Inge Kitzing Luz María Fonseca
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
