Este martes 25 de mayo de 2010, por primera vez en su historia institucional, se dará un paro de labores del personal de la Municipalidad de Garabito (Jacó); movimiento que tiene fundamento en la desobediencia del actual Alcalde, don Marvin Elizondo Cordero, quien pretende desconocer los acuerdos negociados en el marco de la primera Convención Colectiva de Trabajo suscrita en tal institución con la ANEP, contándose para ello con la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El indicado jerarca entre otras violaciones a la ley laboral, obliga al personal de Aseo de Vías a laborar en domingos sin reconocimiento de horas extras. Además desconoció la negociación salarial de este primer semestre de 2010, pese a que su despacho estuvo representado en este proceso.
Finalmente, el movimiento laboral pretende llamar la atención de la comunidad de Garabito a cerca de varios procesos judiciales que enfrenta el señor Alcalde Elizondo Cordero, los cuales están relacionados con presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus deberes.
San José, 24 de mayo de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General de la ANEP
Édgar Morales Quesada Secretario General Adjunto de la ANEP
“Esta es la primera, ojo, la primera de una serie de medidas que vamos a tomar en contra de una empresa que no solo no respeta los derechos laborales, sino que despide a trabajadores por sindicalizarse y denunciar una serie de deficiencias en el servicio que dan a la ciudadanía”, dijo Guillermo Keith Bonilla, dirigente de ANEP.
Según el dirigente sindical la idea era solo hacer una pequeña protesta de 30 minutos como primera acción. No quiso adelantar otras acciones para que la empresa no tome represalias contra los otros trabajadores que aún laboran y que están con mucho temor de ser despedidos también.
“No sé, a lo mejor el lunes en el plantel principal en Montecillos de Alajuela lleguemos de madrugada, en la terminal en Alajuela o quizás volvamos aquí en San José, eso debemos coordinarlo con la comunidad alajuelense que también se está organizando”, dijeron otros trabajadores que no dieron su nombre por temor a ser despedidos.
Por lo pronto las acciones legales se están llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo, “vamos a defenderles, ha sido una medida característica de las empresas que hacen trabajar a las personas 18 o 20 horas diarias, les paga las ocho de Ley, dos o tres de extras y las otras se las roban a los trabajadores”, dijeron dirigentes sindicales.
“Hacemos un llamado a la comunidad, a la ciudadanía, a las personas usuarias de este servicio y que viven día a día el pésimo servicio que se brinda, que tome conciencia sobre la explotación laboral a que tienen sometidos a estos choferes”, concluyó Keith Bonilla.
Conferencia de Prensa: Jueves 3 de junio de 2010, a las 10 a.m., en el Hotel Ambassador, en donde se darán a conocer detalles de la gran Mnifestación de la Clase Trabajadora Municipal.
Volante en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha.
ANEP convocó a las diferentes organizaciones sindicales que tienen afiliados y afiliadas en las municipalidades para analizar la situación de la “Ley de Privatización de Servicios Municipales”, sus efectos negativos en la ciudadanía en general y el peligro que representa para la estabilidad laboral de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país. La representatividad de las municipalidades participantes, al haber delegados de todo el país, llenó de optimismo a los y las presentes ante el reto que significa esta importante lucha.
Privatización = desempleo
Uno de los principales y más inmediatos efectos negativos sobre la población laboral de las municipalidades de todo el país es la privatización de los servicios que se brindan a las comunidades. Recolección de basura, aseo de vías, seguridad, obras, cajas, administración e información, puestos administrativos en general, son algunos de los que podrían ser entregados a empresas privadas y los trabajadores actuales despedidos.
Esta situación, creada por el des-gobierno de los Arias y que tendrá continuación en el de la Presidenta Chinchilla, llevará a la calle a miles de personas.
Con la “promesa” de que algunos pueden ser recontratados, muchos se preguntan, ¿en qué condiciones laborales?.
Privatización = aumento de tarifas e impuestos
La ciudadanía en general se verá seriamente afectada. Primero con el aumento del desempleo provocado por las privatizaciones. Segundo con el aumento de tarifas e impuestos, ya que las empresas saquearán las arcas municipales, sin que los servicios mejoren de calidad y por el contrario sean peores. Un ejemplo de esto es la carretera a Caldera, empresa privada que recarpetea una calle y la cobra como nueva, pero también aumenta seriamente las tarifas de peaje.
Los acuerdos de la Asamblea
Decenas de delegados y delegadas intervinieron haciendo propuestas concretas de lucha contra esta Ley, entre ellas:
1. Luchar por la revocatoria de la Ley 16.385
2. Presentar o apoyar un Recurso de Inconstitucionalidad contra la ley, mismo que sería elaborado por el diputado del F.A – José María Villalta (Debe estar listo en dos semanas).
3. Movilización de las 89 Municipalidades y llevar 10000 trabajadores del sector municipal a la Asamblea Legislativa el martes 8 de junio con el apoyo del PAC y FRENTEAMPLIO.
4. Lograr reuniones con todos los regidores municipales del país y explicarles lo nocivo del proyecto.
5. Realizar una reunión el martes 18 a las 5 p.m en las oficinas de ANEP, con todas las seccionales sindicales municipales para dar a conocer las propuestas, articular las acciones y conformar una comisión de dirección.
6. Realizar reuniones con los trabajadores/as municipales en todo el país con representantes de los diferentes gremios del sector municipal.
La Comisión nombrada al efecto de coordinar las acciones entró a funcionar esta misma semana.
¿Qué es y qué significa esta Ley privatizadora?
La licenciada Paula Calderón Devandas, de la Unidad Jurídica de ANEP, explicó en forma sencilla y clara los contenidos de la Ley y sus consecuencias en la clase trabajadora municipal y la ciudadanía en general.
ANEPtv te ofrece la intervención de la Licda. Paula Calderón Devandas COMPLETA debido a su importancia actual.
Solo el viernes anterior cinco funcionarios recibieron una carta similar, dos de ellos con altos puestos en la auditoría y tres más auxiliares de enfermería en INS -Salud.
Freddy Sandí, secretario general de la Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), indicó que estos no serían los únicos trabajadores a los que la administración despediría, pues otros 60 funcionarios también serían cesados el próximo 30 de mayo.
“Se estaría violando la Constitución Política a lo que es la parte del debido proceso y a la Convención Colectiva que establece que todo acto de despido debe tener un motivo específico, aquí pareciera que el motivo es político”, denunció.
Según el dirigente, el personal del INS no solo está “desmotivado” sino “atemorizado y harto de la administración del miedo” a lo interno.
Curiosamente, los empelados despedidos han planteado denuncias en instancias como la Sugese, contra los jerarcas del INS por procedimientos que consideran son ilegales y traería serios problemas a la entidad aseguradora.
¿FAVORES POLÍTICOS?
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que manejan información que revela que estos despidos obedece a favores políticos asumidos durante la campaña.
“Habría una fila de unas 60 personas que esperarían ser colocadas en el INS por compromisos de campaña.
Estamos emplazando no solo a don Guillermo, sino también a doña Laura para que aclaren esta presunción que corre por los pasillos del Instituto y que sería sumamente grave”, enfatizó.
ACCIONES
La Upins acudirá a instancias como la Sala Cuarta en busca de revertir el despido injustificado, al tiempo que pedirán la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que se abra un proceso de conciliación y se revierta los despidos.
Fuente: Diario Extra Marietta Espinoza M mespinoza@diarioextra.com Foto: Luis Morales
La alternativa Cumbre de los Pueblos que comenzó en Madrid el día de ayer 13 de mayo, alarmada ante la grave y sistemática agresión que sufre SINTRAJAP, Sindicato que agrupa a trabajadores de los muelles del Caribe costarricense; decidió incluir el tema en su agenda e invitar al dirigente José Luis Castillo como un gesto de solidaridad.
La medida se toma en respuesta a la imposición de una estrategia de corte neoliberal que pretende destruir el sindicato e imponer, por la vía de la “homologación”, un remedo de Convención Colectiva favorable a los designios privatizadores, en vez de afianzar las garantias sociales de los trabajadores de los muelles.
Esa estrategia diseñada durante el mandato de Oscar Arias Sánchez, lleva un sello de corte neoliberal que conduce al despido masivo, la pérdida de derechos adquiridos y sobre todo una gran inestabilidad laboral.
Por otro lado, la recien nombrada ministra de Trabajo, Sandra Pisk, no ha dado señales de cambio en la posición del gobierno de Laura Chinchilla. Las repercusiones de esta estrategia trascienden a SINTRAJAP, ya que afectan en conjuto a todo el movimiento sindical, sobre todo en materia de respeto al derecho de libre organización en sindicatos, tanto en el sector privado como estatal.
Claro rechazo
En la convocatoria a la Cumbre de los pueblos se reafirma que su objetivo es el rechazo a las políticas neoliberales, en especial a los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y América Latina, que la próxima semana celebran su cumbre bianual en esta capital. Paralelo a cumbre de gobiernos
Este foro alternativo se celebra en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe y está previsto que el domingo se produzca ya un encuentro con “presidentes progresistas” latinoamericanos. También ese día habrá una manifestación “Contra la Europa del capital”, que partirá de la Plaza de Cibeles y acabará en la Puerta del Sol.
Prioridades
Durante la Cumbre se reunirá el Tribunal Permanente de los Pueblos para “denunciar públicamente los crímenes cometidos por las empresas transnacionales europeas y sus impactos en los pueblos de Latinoamérica”.
En su cuarta edición, la Cumbre de los Pueblos hará especial hincapié en la problemática de Honduras, por el golpe de Estado del año pasado; de Haití, devastado por un terremoto en enero pasado, y del pueblo griego, “como símbolo de la voz popular que se está levantando en contra las políticas neoliberales”.
Infórmese:
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Fuente: uniglobalunion.org
Visita:www.anep.cr con información diversa y videos sobre la problemática de JAPDEVA
El pasado lunes 10 de mayo de 2010, fue presentada en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, una denuncia penal contra los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; contra el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro González Alfaro; así como en contra de los actuales jerarcas, Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, y Francisco Jiménez Reyes, Ministro de Obras Públicas y Transportes; aunque en estos dos últimos casos la acusación está relacionada con los cargos que ostentaban, respectivamente hablando, Ministro de Coordinación Institucional y Presidente Ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
Efectivamente, los demandantes consideran que, eventualmente, la llamada “indemnización” ofrecida a las actuales personas trabajadoras de JAPDEVA, por un total de 137 millones de dólares (80 mil millones de colones), a cambio de que se acepte la privatización, vía concesión, de los muelles de Limón y de Moín, podría constituir un acto corrupto al violentarse la siguiente legislación:
Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley No. 8422; con presunta violación de los artículos 52, 56, 57, 58, 64 (artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, reformados);
Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227; con presunta violación del artículo 199, incisos 1 y 2;
Reglamento a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, No. 32333; por presunta violación al artículo 1, inciso 5, los puntos a), b) y e);
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131; por presunta violación a los artículos 110, incisos d) y h); así como los artículos 115 y 116.
Al presuntamente violentarse la mencionada legislación, podría haberse incurrido en delitos como tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, influencia en contra de la Hacienda Pública, penalidad del corruptor, malversación, entre otros.
El pasado martes 11 de mayo, a las 2 de la tarde y en su despacho, el Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz recibió, en sus propias manos, copia del recibido de la demanda, pudiéndose explicarle, con más detalles, las motivaciones, los alcances y los fundamentos de la misma.
Firman la demanda los señores Luis Ángel Serrano Estrada, Francisco Aguilar García y Albino Vargas Barrantes, todos pertenecientes a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP); demanda que fue formulada, intelectualmente hablando, por el Lic. Geovanny Hernández Mora
De prosperar la demanda en cuanto a su admisión, podría abrirse paso para presentación de nuevas acusaciones, específicamente por prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley), en contra de otros funcionarios de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que en el caso del “Golpe de Estado “ a la legítima junta directiva del sindicato SINTRAJAP, estuvieron dictando resoluciones ilegales.
Vea texto completo de la demanda en www.anep.or.cr
San José, 13 de mayo de 2010.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
La huelga que por 6 días y medio mantuvieron trabajadores y trabajadoras en defensa de su convención colectiva, terminó esta mañana luego de varias horas de negociaciones entre representantes del Gobierno y la ANEP.
La negociación se centró sobre el tope de cesantía que se establece en la Convención Colectiva de Trabajo de la Imprenta Nacional, cuya tramitación original tuvo gravísimos vicios de procedimiento imputables al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, sin embargo el tope quedó establecido en 20 años.
En la renegociación de la Convención las partes involucradas, trabajadores y gobierno, acordaron bajar de 20 a 12 años ese tope para corregir tal error. El Ministerio de Hacienda vetó este arreglo en las últimas horas del Gobierno anterior.
Trabajadores y sindicato habían demostrado una clara actitud de flexibilidad al acceder bajar el tope de 20 a 12 años, pero ya no aceptarían bajar aún más. Esta situación provocó la huelga que justamente terminó este medio día, 13 de mayo de 2010, tras varias horas de negociaciones.
¿Cómo quedó?
Según manifestó Mauricio Castro Méndez, asesor jurídico de ANEP, “la negociación no fue fácil, pero había disposición de ambas partes para llegar a un arreglo.”
“Finalmente el gobierno acepta no modificar el tope de cesantía, queda en 20 años como estaba y se conforma una Comisión que entrará a resolver este tema en un térmiono de quince días.
No habrán represalias hacia las personas que estuvieron en huelga (98%) y no se harán reducciones de salario por la misma.
Por parte de los trabajadores, estos se comprometen a acelerar el trabajo acumulado, trabajar el tiempo que sea necesario para normalizar todo el proceso y lograr salir con el Diario La Gaceta mañana mismo.”, dijo el Asesor Legal de ANEP.
Según Castro Méndez el acuerdo fue aprobado por los y las trabajadoras en Asamblea General y se iniciará la renegociación sobre la Convención Colectiva de inmediato.
La huelga que trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Nacional iniciaron el pasado miércoles 5 de mayo, continúa por cuarto día consecutivo a la espera de que las autoridades gubernamentales decidan negociar y solucionar el conflicto.
El movimiento nace a raíz de que la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo encontró la oposición y el veto por parte del Ministerio de Hacienda sobre el artículo relacionado al pago de cesantía. Esto pese a que los ministerios de la Presidencia y de Trabajo y Seguridad Social avalaron el artículo incluido en la más reciente renegociación de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en la institución.
Cerca del 98% del personal se encuentra en huelga indefinida hasta tanto no se resuelva el conflicto con el mencionado artículo convencional. No se descarta la prolongación de la misma, hasta huelga de hambre, si las negociaciones no son claras y transparentes.
“La Gaceta”, diario oficial del Gobierno, ha dejado de circular, se afectan también otros importantes procesos de publicación y edición de documentos oficiales que deben pasar para su impresión en la Imprenta Nacional.
Negociación frustrada
El pasado jueves 6 de mayo se realizó, en la propia Casa Presidencial, una reunión para buscar una solución al indicado conflicto, y que para la dirigencia sindical de ANEP en la Imprenta no puede ser otra que respetar el largo recorrido por el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo en el que ya había acuerdo preliminar y estuvo a punto de firmarse.
El artículo convencional vetado por Hacienda y que dio origen al estallido de esta huelga, originalmente estableció, por acuerdo de partes, un tope de cesantía de 20 años, siguiendo los parámetros que al efecto la mismísima Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala Cuarta), ha fijado al respecto cuando se tratan temas de cesantía en las convenciones colectivas de trabajo.
La ANEP y su Seccional ANEP-Imprenta Nacional, accedieron, de buena voluntad, con transparencia, a tolerar que la tramitación errónea de este proceso en su fase inicial, abriera una nueva negociación en el punto de cesantía para, finalmente, quedar en los 12 años.
Este “veto” del Ministerio de Hacienda es considerado de irracional por la dirigencia sindical ya que “si lo vemos desde la perspectiva del rompimiento del tope de la cesantía que, aunque parcial, es generalizado para toda la clase trabajadora asalariada con empleo formal, tanto del sector Público como del Privado, al amparo de lo así establecido en la Ley de Protección al Trabajador.”
La huelga continuará pese que las nuevas autoridades del gobierno de Laura Chinchilla solicitaron “tiempo para acomodarse”.
“No hay gran cambio, son las mismas personas en diferentes puestos, conocen bien la problemática y saben que tenemos la razón. Ha sido una larga negociación, ya estábamos por firmar la Convención y de último momento Hacienda sale con esto que ha sorprendido a todo el mundo.”, dijo Luis Leal Ruiz, Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, y agregó que van a defender sus derechos hasta con una huelga de hambre si es necesario.
No es nada nuevo
Para Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de ANEP, la situación con la Convención Colectiva de la Imprenta no es nada nuevo, “forma parte de las políticas neoliberales que quieren acabar con todos los derechos humanos y las garantías sociales que protegen a los y las trabajadoras. Ya lo vimos con el acto bochornoso de los Arias contra la Convención Colectiva de SINTRAJAP, las acciones de los Libertarios y los empresarios en contra de todo derecho y garantías laboral, vienen por las Convenciones, el aguinaldo, las horas extra, viene por todo.”
Por lo pronto la huelga continuará esta semana ya que será hasta el viernes que el Gobierno de Laura Chinchillase reinicie las negociaciones. La votación entre trabajadores y trabajadoras definió la continuidad de la huelga hasta tanto no se dé la negociación y se resuelva el conflicto.
Licenciado Fernando Herrero Acosta Ministro Ministerio de Hacienda Su despacho
Estimado señor ministro:
Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-Hacienda, deseándole éxito en sus funciones como la máxima autoridad de tan importante y estratégico ministerio.
La Seccional ANEP-Hacienda ha venido trabajando en una serie de proyectos de importancia para los funcionarios y para las funcionarias del Ministerio de Hacienda, como son el proyecto de Convención Colectiva de Trabajo, el Reglamento de la Junta de Relaciones Laborales que se encuentra en el Reglamento Autónomo de Servicios, así como el proyecto para enfrentar el Mobbing en la institución.
Estamos impulsando la creación de la Comisión de Salud Ocupacional con la participación sindical (inexistente a la fecha lo cual se ha denunciado en innumerable ocasiones, sin que se resuelva el problema de las condiciones laborales del personal de la Aduanas; especialmente la grave situación que representan los muchos problemas de índole estructural en la mayoría de los edificios aduaneros. Por otra parte, tenemos el tema de la Policía de Control Fiscal, debiendo pedir en este caso la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por presuntas prácticas laborales desleales cometidas por su actual director.
Es bueno hacer de su conocimiento que en atención a los principios ético-filosóficos que animan a esta organización en su posición de defensa de los servicios públicos, participamos en la Comisión de Valores.
Asimismo le solicitamos, muy respetuosamente, estudiar y analizar la nueva estructura de la Dirección General de Tributación, dándose la creación de 13 Direcciones, 4 Direcciones Regionales, y 11 Administraciones Tributarias Territoriales (incluyendo la de Administración Tributaria de San José que, a su vez, comprende la Administración Tributaria San José Oeste, Administración Tributaria San José Este, Administración Tributaria San José Sur); así como oficinas adscritas a la administraciones tributarias territoriales.
Al analizar el documento nos damos cuenta de la duplicidad de funciones que tienen esas direcciones y nos cuestionamos en cuánto le va a salir al país mantener los edificios y los salarios de las personas funcionarias que ocuparían en las direcciones, así como de cuánto será la recaudación real tomando en cuenta que también está pendiente lo de la Tributación Digital, por lo que no tendría razón de ser la creación de tantas dependencias de Tributación.
Finalmente, aunque preferimos que usted nos honre en fecha próxima recibiéndonos en su despacho para formularlo con mayor profundidad, está el asunto de lo que en nuestro criterio es la urgente necesidad nacional de una transformación tributaria estructural para abrir un tránsito hacia la progresividad sólida y sostenible para la necesarísima política social que Costa Rica requiere, en aras de la inclusión social ante el peligroso avance del ya certificado proceso concentrador de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. En esto, responsable y seriamente planteamos que la ANEP tiene mucho qué decir al respecto.
Anticipadamente le expresamos nuestro agradecimiento por su valiosa atención y le reiteramos nuestros más sinceros deseos de éxito en su gestión.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
José Manuel Gómez Sánchez Presidente Junta Directiva Seccional ANEP-Hacienda
Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República. Junta Directiva Nacional de ANEP. Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Hacienda. Personal del Ministerio de Hacienda. Archivo.
En conferencia de prensa, realizada en ASDEICE, se dió a conocer la acusación penal interpuesta, ante la Fiscalía General de la República, contra los altos funcionarios públicos que ofrecieron la mordida de los 80 mil millones de colones (137 millones de dólares), en el asunto de la privatización-concesión de los muelles de Limón y de Moín.
Geovanny Hernández Mora, vicepresidente de ASDEICE, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Presidente de la Central Social Juanito Mora Porras, Luis Angel Serrrano Estrada, Presidente de SITECO, Francisco Aguilar García, Presidente de ASDEICE, interpusieron denuncia formal penal contra Oscar Arias Sánchez, expresidente de la República, Rodrigo Arias Sánchez, exMinistro de la Presidencia, Alvaro González Alfaro, exMinistro de Trabajo, Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro de Coordinación Institucional y contra Francisco Jiménez Reyes, exPresidente Ejecutivo de JAPDEVA , por actos que atentan contra la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422.
La denuncia penal contra los Arias y otros
Comunicado de SINTRAJAP
Seguiremos luchando porque nuestra causa es justa
El visto bueno otorgado por el Ministerio de Trabajo a la convención colectiva en JAPDEVA, pactada entre una supuesta junta directiva del sindicato impuesta por el gobierno Arias Sánchez y las autoridades de JAPDEVA, fue la última agresión consumada por el fenesido gobierno arista en contra de los trabajadores del país, concretamente en contra de los muelleros que se negaron a aceptar el chantaje y el soborno; con tal de que acepten la entrega de los muelles a las transancionales.
El contenido del decreto fue resuelto hasta el último día de gobierno de Oscar Arias, con lo cual el ahora expresidente dejó en claro el ensañamiento contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Ante esta situación la JUNTADIRECTIVA legalmente electa, reafirma su disposición de seguir luchando por revertir esta agresión y retomar el control sobre los derechos laborales y sociales de nuestros afiliados.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
