Diariamente nos llegan las copias de los mensajes enviados a Oscar Arias, de todos los rincones del mundo, en solidaridad con la clase trabajadora costarricense, para que se apruebe el Proyecto de Ley 3.475 sobre Libertades Sindicales.
Agradecemos a las organizaciones sindicales, sociales y personalidades, de diversas partes del mundo, por estos mensajes solidarios.
Puede leerlo y bajarlo de aquí o de ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha.
Días atrás se dio a conocer al país, una alianza entre varios de los principales cuerpos de policía costarricenses, el inicio de una lucha conjunta entre éstos por un mejoramiento sustancial de salarios; ante el grave deterioro de los mismos por restricciones de política salarial acumuladas durante los últimos años, ante la carestía en el costo de la vida y ante el creciente riesgo de perder la vida en las diferentes tareas de seguridad ciudadana que ejecutan esos cuerpos policiales; reajustes salariales que, además, se tornan sumamente necesarios para desestimular al máximo el riesgo de corrupción entre este tipo de personal de servicio público tan esencial para la democracia costarricense.
En dicha alianza por una justicia salarial, están participando la Policía Penitenciaria, la Fuerza Pública, la Policía de Migración y la Policía de Tránsito.
Representantes gremiales de cada uno de estos cuerpos policiales, aglutinados junto a la ANEP, sostendrán una crucial reunión con el señor Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga Chaves, mañana jueves 18 de junio, a las 4:30 de la tarde, en la oficina de dicho jerarca.
Sin duda alguna, los resultados de tal reunión serán determinantes, pues el clima de intranquilidad laboral está creciendo en los mencionados cuerpos policiales y no se descartan acciones de movilización, debidamente planificadas con el cuidado necesario, a fin de sensibilizar a la opinión pública y al mismo Gobierno de que tales demandas salariales, completamente justas, deben ser atendidas sin mayor dilación, a fin de avanzar en el proceso de dignificación plena de la labor policial costarricense.
San José, miércoles 17 de junio de 2009.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
San José, 15 de junio de 2009.
Honorables señores
Consejo Nacional de Salarios
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Presente
Estimados señores:
Con motivo de la nueva fijación salarial que ha de establecerse para la clase trabajadora del sector Privado y valedera para el segundo semestre del año 2009, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) presenta a este honorable Consejo nuestra propuesta al respecto de Aumento Salarial.
Nótese que hablamos de un Aumento Salarial, no de un “ajuste”, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años, dejando un rezago que se ha venido arrastrando durante décadas y que este Consejo ha dejado de conocer, cuando su deber debió ser el de equiparar esas diferencias con la realidad.
Es necesario un incremento sustancial en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras asalariadas de nuestro país. Creemos firmemente en que ha llegado el momento para establecer una Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos, como una de las principales medidas a adoptar en esta época de crisis.
Es por ello que debemos hacer mención a la propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, dada a conocer al país el pasado 24 de abril y de la cual la entidad que representamos es suscribiente para indicarles lo siguiente:
“La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial. Una mayor restricción salarial, puede ser vista como razonable de forma inmediata, pero generará en el corto y mediano plazo una mayor contracción del mercado interno, y por lo tanto de la capacidad empresarial para sobrevivir la crisis…
Por otra parte,_ “…es necesario mantener el poder adquisitivo a partir de la variación de una canasta de consumo fundamental, lo cual requiere que los ajustes salariales no respondan a la inflación sufrida, sino que el costo inflacionario se reparta equitativamente entre empleadores y personas trabajadoras, a partir de un aumento parcial de la inflación adelantada”._
Algo grave ha venido pasando con los indicadores actuales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cuyos índices de variación de precios mensualmente conocidos no guardan congruencia con la realidad que emerge de los debilitados bolsillos de las personas trabajadoras; al punto de que se constata el fuerte endeudamiento que la clase trabajadora ha tenido que acumular, por ejemplo, con la utilización de tarjetas de crédito que hoy suma más de quinientos ochenta mil millones de colones de deudas a los grupos usureros prestamistas, quienes hacen clavos de oro con la miseria de los trabajadores a falta de un salario digno que les permita vivir decentemente.
Los ajustes salariales no responden a la inflación arrastrada, sino que el costo inflacionario se ha cargado a las clases más bajas, mientras que el Estado asume posiciones paternalistas para favorecer los grupos de poder político y económico, los cuales se agachan cuando vienen las vacas flacas amparándose a_ “papá Estado”_; pero cuando están las vacas gordas deciden no repartir las ganancias, lo que se ha constituido en una práctica de privatizar las ganancias y socializar las perdidas.
Entre tanto eso sucede, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), predice centenares de miles de desempleados a nivel mundial (entre doscientos diez y doscientos treinta y nueve millones), de los cuales muchos miles corresponderán a Costa Rica, situación que ya estamos viviendo, sin que el Estado asuma una posición confrontativa que permita palear la crisis.
Esto quiere decir que el Estado asume la posición más fácil de entregar el patrimonio nacional, lejos de procurar la creación de empleos y de políticas sociales; lejos también de dinamizar la economía nacional poniendo en práctica las políticas sociales de desarrollo que permita mantener un blindaje protector para enfrentar el desempleo, como lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo.
El actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) que maneja el INEC necesita de adaptaciones estructurales en cuanto al concepto de canasta de consumo fundamental y la relación de la misma con las realidades de aquel segmento de la clase trabajadora de bajos salarios (que es el mayoritario); lo cual no permite tener una visión clara de la situación que viven la gran mayoría de las personas trabajadoras asalariadas de los segmentos medio y bajo. Ello conduce a que los índices que hoy nos presentan no se ajusten a una realidad vivida por la gran mayoría laboral en el día a día, cual es la del divorcio entre una realidad salarial determinada y la realidad del mercado que no hace distinción alguna entre capacidades de ingreso.
Si a lo antes expuesto le agregamos la situación que a diario viven miles de trabajadores con jornadas extenuantes no pagadas; sin que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) asuma la posición que debe y que es para lo que fue creado; podemos asegurar que cualquier aumento que se fije no está razonablemente ajustado a la realidad de la que nosotros hablamos: la del deterioro del poder adquisitivo vs. un indicador de variaciones de precios inmisericorde con las realidades salariales medidas y bajas, las de apabullante número entre quienes dependen de un salario para su existencia cotidiana.
Estas crudas realidades salariales difícilmente puedan ser mitigadas en los actuales momentos, dado que (entre otros factores), la acción colectiva no se puede impulsar ante la ausencia de libertades sindicales en la empresa privada; ausencia que es del conocimiento del MTSS, de los tribunales, de los empresarios y de la_ “gran”_ prensa, pero que todos juntos callan en nombre de la “Democracia”, a sabiendas de que el Derecho Sindical es un derecho consagrado en nuestra Constitución Política.
PROPUESTA
Ante esta situación, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), considera que el Consejo Nacional de Salarios debe de asumir una posición positiva y ajustarse a la realidad nacional, no al informe que rinde INEC como parámetro único, porque como lo señalamos anteriormente, este olvida elementos no contemplados en lo que debería ser una real canasta de consumo fundamental.
Por lo antes expuesto, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), solicita un aumento del 5% para el sector privado, en general; y un 6%, para la cajuela de café y para la recolección de coyol.
p/ Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Albino Vargas Barrantes
Presidente CSJMP
Luis Ángel Serrano Estrada
Vicepresidente CSJMP
San José, domingo 14 de junio del 2009.
S.G. 07-09-1586-09
¡URGENTE!
Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Casa Presidencial-Residencia Rohrmoser
Sus despachos
Estimado señor:
Con respeto pero con mucha vehemencia, le estamos haciendo una exhortación pública, un llamado de cara a la ciudadanía, un fuerte emplazamiento, para que usted, Sr. Presidente, en función del compromiso que asumió, en junio de 2006, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT); permita que la Asamblea Legislativa decida, de una vez por todas, el futuro del proyecto de ley No. 13.475, sobre Libertades Sindicales, dando paso a la necesaria, imprescindible e impostergable votación; evitando episodios bochornosos como el del pasado jueves 11 de junio, cuando diputados y diputadas de la fracción oficialista, leales a usted, una y otra vez, impedían el desarrollo de la sesión legislativa de la fecha para que no se diese la la votación de dicho proyecto.
Esa maniobra parlamentaria oficialista no debe ni puede repetirse más. Sr Presidente Arias: permita que la democracia transcurra como debe ser y dé usted la línea correspondiente a su fracción para que se materialice la votación sobre el proyecto de ley 13.475. Es absolutamente evidente que no se tienen ya argumentos, ni de forma ni mucho menos de fondo, para que se siga impidiendo tal votación.
Desde esta organización hemos realizado un seriesísimo, consistente y sólido esfuerzo profesional, para demostrarle a los diputados y a las diputadas que se oponen a tal proyecto, especialmente los y las oficialistas, que los pobres argumentos de la cúpula empresarial que objetan el mismo, no tienen razón de ser.
Lo que pasa y esto lo decimos con mucho respeto, parece que, a diferencia suya, parte importante de su gente en el parlamento no lee, no estudia, no analiza y, por tanto, exhibe tal precariedad argumental que no pueden sostener el debate; por tanto, acuden a una especie de filibusterismo parlamentario “sombreado”, solapado, como es interrumpir las sesiones a punta de recesos sacados de la manga, inventados, espurios, para luego, ya descaradamente, no hacer quorum. Así ocurrió en la parte final de la sesión legislativa del pasado jueves 11, de lo cual el suscrito fue un testigo presencial directo de cómo, sin ya vergüenza alguna, se actuaba para que no hubiese quorum.
El proyecto 13.475 está listo para votarse desde ya ya bastantes días. Ya no quedan razones de ningún tipo, señor Presidente, para que se siga impidiendo su votación. La OIT acaba de darle una especie de ultimátum al país por la reiterada conducta de los últimos gobiernos, incluyendo el suyo, de engañarle, de manipularle, de mentirle, en cuanto al cumplimiento de una serie de compromisos de carácter laboral, incluyendo éste, el proyecto de ley 13.475, que desarrolla el convenio No. 98-OIT, ley de Costa Rica desde 1960.
El país entero sabe que su sueño, como usted lo ha dicho sin ambages, es que la señora Laura Chinchilla Miranda, fuese la próxima persona en la silla presidencial. Un eventual gobierno de esta ciudadana ó de cualquier otra persona, heredará, sin quererlo ni merecerlo, la enorme irresponsabilidad de, por ejemplo, no aprobar el proyecto de ley 13.475.
OIT, en su conferencia anual próxima, y a un mes de asunción de las nuevas autoridades, en junio de 2010, podría condenar, con la más fuerte sanción de la normativa de tal organismo internacional, a Costa Rica si, por un año más, el país le sigue tomando el pelo. Las nuevas autoridades gubernamentales se verán en un aprieto de una magnitud impresionante, con un descrédito internacional difícil de reparar, dado que estamos en puertas de la condena más enérgica que estable el sistema OIT para países que, consuetudinariamente, son violadores de sus normas.
Señor Presidente: No sabemos cuán cierta es la especie que corre acerca de que usted ya no cree en aquel lema suyo de que “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”, según lo estuvo usted pregonando en los últimos años. O bien, si ahora su convicción más profunda es la de la “dictadura en democracia”, como lo pregonó en un momento de la campaña electoral pasada.
Sin embargo, el bloqueo del devenir parlamentario, ya sea por medio del filibusterismo abierto ó del filibusterismo solapado, es una conducta perniciosa para la democracia, por más formal que ésta sea; y, peor aún, si ante la carencia de argumentos, la debilidad de posiciones y la pobreza intelectual, quien pierde es todo un país cuya imagen, cuya credibilidad y cuya honra, se ha de manchar ante la comunidad mundial de naciones; mancha que adquiere relieves dramáticos si la deshonra proviene, nada más y nada menos que de compromisos presidenciales asumidos ante esa comunidad internacional, como es su caso, don Oscar, en este asunto del proyecto de ley 13.475; un proyecto con una década de trámite parlamentario y que su elaboración fue de consenso con la máxima organización empresarial cupular, con el gobierno de turno y con las principales corrientes sindicales nacionales.
Nuevamente, con todo respecto y con gran vehemencia, señor Presidente, permita que se vote el proyecto de ley 13.475, honre así su compromiso personal asumido en la sede de la OIT, en junio de 2006; y, sobre todo, evítele al gobierno que vendrá después del suyo, contratiempos, bochornos y desprestigio total, por una condena inminente que dañará a Costa Rica internacionalmente, poniéndonos en grave vergüenza y en los primeros puestos de la agenda de innumerables organizaciones mundiales defensoras de los Derechos Humanos. ¿Cómo le explicaría esto usted a su candidata presidencial predilecta, doña Laura, si fuese ella quien le sucediera a usted a la cabeza del Poder Ejecutivo?…
Reiterándole nuestro respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
cc.: Diputados y diputadas, Asamblea Legislativa.
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Lic. Bruno Stagno Ugarte, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
cc.: Excelentísimos señores obispos, Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
cc.: Excelentísima Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).
cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Candidata a la Presidencia, Partido Liberación Nacional (PLN).
cc.: Dr. Ottón Solís Fallas, Candidato a la Presidencia, Partido Acción Ciudadana (PAC).
cc.: Organización Internacional del Trabajo (OIT).
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJM).
cc.: Movimiento Sindical y Social Costarricense.
cc.: Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
cc.: Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO).
cc.: Cámara de Empresarios Por Costa Rica.
cc.: Confederación Sindical Internacional (CSI).
cc.: Confederación Sindical de las Américas (CSA).
cc.: Federación Sindical Mundial (FSM).
cc.: Federación Sindical Mundial-América.
cc.: Internacional de Servicios Públicos (ISP).
cc.: Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.
Acuerdo preliminar entre los Sindicatos y el Gobierno que debe ser ratificado el próximo miércoles 17 de junio, a partir de la 1:00 p.m. cuando APSE lleve la respuesta de sus bases.
La negociaciónse realizó en el Ministerio de Hacienda y estuvieron presentes el Ministro de esa institución Sr. Guillermo Zúñiga Cháves, Alvaro González Alfaro, Ministro a.i. de Trabajo, José Joaquín Arguedas Herrera, Director de Servicio Civil, José Luis Araya Alpízar, Viceministro de Hacienda, por parte del Gobierno.
Por la parte sindical la Central Social Juanito Mora Porras, ANEP, APSE, UNATROPYT, UNDECA, ANDE, CENTRAL RERUM NOVARUM, entre otros.
Acuerdos
1.- Se acepta el reajuste salarial por reestructuración para las clases “no profesionales” del Título 1 presentado por la Dirección General de Servicio Civil y que deberá regir a partir del día 1 de julio de este año, pagadero en la segunda quincena de setiembre de 2009.
2.- Un rejuste extraordinario del 4.88% a la base para las clases no profesionales del Título 1 y Título 2 del Estatuto del Servicio Civil y de las instituciones homologadas al régimen de Servicio Civil, pagadero en dos tractos: un 2.44% a partir de julio y pagadero en la segunda quincena de setiembre de 2009 y un 2.44% a partir del 1 de enero de 2010, pagadero en la segunda quincena de enero de 2010.
Adicionalmente, no estaba contemplado, se acordó:
3.- Para la clase de puesto de conserje de centro educativo, debe considerar, para efectos de reestructuración en el nuevo salario base, el 2.5% por concepto de traslado del pago por ampliación del curso lectivo ( por compensación de vacaciones).
4.- El Gobierno reitera su compromiso de honrar el pago del percentil 45 a los profesionales del Gobierno Central a partir de julio del 2009 tal y como se había acordado.
Documento completo, firmado preliminarmente en, ARCHIVOS ADJUNTOS
Semanas atrás, el Ejecutivo había planteado una reestructuración de las clases de puestos no profesionales (como administrativos, algunas jefaturas, choferes, secretarias, técnicos 1, 2 y 3, entre otras), mismo que transforma a cerca de 400 tipos de puestos en 29, todo a través del Servicio Civil. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no se vio con buenos ojos en su totalidad, ya que la mayoría de los trabajadores se quedan como están y no reciben un aumento.
“Nosotros lo que planteamos fue un ajuste en base a un estudio realizado por el mismo Servicio Civil que señala diferencias salariales desde un 70 a un 124% según el tipo de trabajo, pero el gobierno se ha negado a reconocer la equiparación de salarios”, dijo Edgar Morales, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
Cabe destacar que en 2006 el Gobierno procedió a realizar una equiparación con los trabajadores profesionales del sector público, homologando las condiciones entre gobierno central e instituciones que funcionan con el Servicio Civil.
GRAN DEUDA
El dirigente sindical explicó que si bien están de acuerdo en parte con la reestructuración de puestos, es importante que las autoridades consideren asumir al menos una parte de la deuda con los trabajadores, para lo cual proponen que se trate de forma gradual en las próximas negociaciones salariales del sector público comenzando por el próximo mes de julio. Según se indicó, si un trabajador gana ¢200 mil en promedio la deuda pública con ellos es de ¢100 mil.
Es por ello que la ANEP planteó también que en la próxima negociación salarial se reconozca un 4,88% adicional a la reestructuración.
Morales fue enfático en que el Gobierno había indicado que no tenía recursos para enfrentar una equiparación salarial, sin embargo criticaron que les niegue recursos para salarios a los trabajadores públicos, cuando “ofrecen piñatas por la entrega de instituciones públicas como el caso de Japdeva o se despilfarren recursos en carreteras costosas con problemas de diseños obsoletos, como el caso de Caldera”.
Este viernes los dirigentes sindicales sostendrán una reunión con las autoridades del Ministerio de Hacienda, quienes darán una respuesta a sus planteamientos, dependiendo de ello se realizará una asamblea general de trabajadores donde se decidirá si se toman medidas de presión o no para dar la lucha en este tema.
Fuente: Diario Extra
Marcela Villalobos Ramírez
mvillalobos@diarioextra.com
En lo que respecta a los trabajadores peones, quienes tienen una base salarial de ¢186,850,00. Comprobamos que sus bases salariales se encuentran por debajo del mínimo de ley, en ¢5.735.oo. En otras palabras, la nueva base salarial será de ¢192.585,oo.
Ahora necesitamos hacer las gestiones del caso para garantizar que se aplique ese reajuste lo más rápidamente a nuestros salarios, así como exigir el pago del retroactivo de ese dinero a partir de diciembre del año pasado.
A pesar de que la apelación la hicimos a todos los diferentes puestos o grupos ocupacionales, Recursos Humanos solamente analizó la situación de los peones; sin embargo, ya iniciamos con el proceso de exigir que se haga el estudio a todos los puestos de trabajo en el A y A.
Compañeros del A yA: Queda comprobado que el trabajo constante con entrega, honestidad y transparencia da resultado. Los trabajadores requieren de verdaderos sindicatos que los defiendan y, no de sindicatos pro-patronales que solamente se encargan de sobrevivir a costa de los trabajadores; pero, mientras seamos más en la ANEP, lograremos muchos triunfos. Decide ya, afíliate a la ANEP y juntos lucharemos por mejores condiciones para todos.
Con respecto al PERCENTIL del sector no profesional, el gobierno propone una reorganización, o sea pasar de los casi 500 puestos de trabajo no profesionales a 29 (unirlos en grupos) y darnos un aumento del 2.86%. Nuestra propuesta es que para este año el aumento sea del 4.88%. En todo caso, lo que logremos será fruto de la movilización de los trabajadores no profesionales. Compañero: esté atento a las jornadas de movilización y defienda su salario.
¡Sin lucha no hay triunfo!
¡El gobierno no regala nada!
¡Atención!, ciudadanía usuaria de los servicios de esta institución:
!Atención!, población trabajadora de esta institución:
Un importante grupo de trabajadores de la empresa de seguridad privada, Consorcio de Información y Seguridad, cansados de sufrir presuntas violaciones constantes a sus derechos, fundaron un sindicato al amparo de la ANEP, el pasado 10 de mayo de 2009. Para hacerlo se basaron en la Constitución Política, en el Código de Trabajo, en los convenios que el país ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los postulados cristianos de diversas encíclicas papales.
A pesar de que todos los trámites para la inscripción del sindicato fueron realizados de acuerdo a la normativa vigente para tales casos, la empresa violó todas esas disposiciones y procedió al despido de varios de los promotores de la creación del sindicato. Argumentaron una “reestructuración de personal”, lo cual dejó en evidencia su mala fe, pues los despedidos son afiliados al recién creado sindicato, incluyendo a cuatro miembros de su junta directiva.
Hacemos del conocimiento público este acto que atenta contra las libertades democráticas y que deja en mal predicado a una empresa que vende servicios a instituciones del Estado costarricense, como el ICE, el A y A y el INA.
Al proceder al despido antisindical, la empresa Consorcio de Información y Seguridad actuó en contra del convenio 98 de la OIT, sobre Libertad Sindical. Igualmente, también se violenta el convenio 94, igualmente de la OIT, en cuanto a las obligaciones de Seguridad Social que deben observar las empresas cuando tratan con el Estado. Ambos convenios son leyes de la República, aprobadas por la Asamblea Legislativa; y, en el caso del convenio 94, tiene hasta una directriz presidencial que lo refuerza, la No. 34 del Poder Ejecutivo.
Llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras del ICE, del A y A y del INA, así como a la población en general, sobre todo la ciudadanía usuaria de estos servicios, para que le brinden su apoyo a los trabajadores despedidos, solicitándole a la empresa su restitución y condenando esas conductas que violan las libertades democráticas y todos los tratados de Derechos Humanos.
Usted puede llamar al teléfono 2527 7027, pidiendo por el reintegro de las personas trabajadoras despedidas a sus respectivos puestos de trabajo; o bien, enviar un corto mensaje por fax, al 2221 1498.
Comité de Solidaridad con los Trabajadores despedidos por la empresa Consorcio de Información y Seguridad
1. El proyecto de ley 13.475 no extiende el fuero sindical a las personas que se afilien a un sindicato. Las personas trabajadoras que se encuentran protegidas por ese fuero, son las personas ya establecidas por el artículo 367 del Código de Trabajo (art. 367 bis del proyecto).
2. El proyecto continúa permitiendo el despido de las personas protegidas por fuero sindical, si éstas incurren en alguna de las causales de despido que establece el Código de Trabajo; pero establece que esa causa justa de despido, debe probarse de previo en un debido proceso (artículos 367 bis y 368 del proyecto).
3. La persona trabajadora que se afilie a un sindicato podrá ser despedida mediante el pago de las prestaciones laborales, tal y como hasta hoy en día se viene haciendo (artículos 85, inciso d); y 367 vigentes del Código de Trabajo). Es decir, en el caso de las personas trabajadoras afiliadas a un sindicato sin cargo directivo alguno, el patrono seguirá teniendo la libertad de despido.
4. Sin embargo, si el despido se produce POR su afiliación sindical, se trataría de un despido nulo (art. 363 del proyecto); de la misma forma en que actualmente un despido de un trabajador por otras causas de discriminación es absolutamene nulo (art. 624 vigente del Código de Trabajo).
Esto no hace más que reglamentar lo que la Sala Constitucional estableció por voto 5000-93 al decir que:
“Atendiendo a la letra y al espíritu de todas las disposiciones transcritas resulta evidente que la protección especial dada a los representantes de los trabajadores, a quienes se les concede: protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido, constituye lo que en la materia se conoce como un fuero especial en beneficio particular, de dichos representantes y como protección de los derechos de los trabajadores mismos, quienes verían menoscabados sus derechos humanos fundamentales si sus líderes no fueran inamovibles mientras ostenten el mandato válidamente concedido y pudieran ser despedidos unilateralmente por decisión patronal, sin que mediara causal legal objetiva que justificara el rompimiento del contrato laboral. +Desde esa perspectiva y en vista del interés social comprometido, el pago de las denominadas prestaciones sociales es insuficiente para amparar el despido el cual, cuando proceda debe fundamentarse en una causal comprobada que demuestre mediante el debido proceso, que el representante como tal, ha violado sus obligaciones particulares y generales.+” (Sala Constitucional, voto 5000-93).
“En virtud de este artículo, la utilización de cualquier medio tendiente a menoscabar la labor de la representación laboral, y en especial el despido, debe considerarse contraria a derecho, pues el retiro de un representante de los trabajadores implica indefensión de los representados y la obstaculización de toda negociación colectiva que éstos pudieran realizar, máxime en aquellos casos en que los patronos procedan al retiro porque consideren que un representante determinado es peligroso para sus intereses particulares. +La Sala reconoce el derecho de los patronos de reorganizar su empresa y de reducir gastos, tendientes a estabilizar su economía, pues no aceptarlo sería violentar el derecho constitucional a la libertad de comercio, pero en un Estado Social de derecho como el vigente en Costa Rica, no pueden vulnerarse impunemente las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.+” (Sala Constitucional, voto 5000-93).
Aunque hasta el momento se ha venido considerando la situación de los representantes de los trabajadores, sindicalizados o no, cabe decir que con igual sustento normativo y con igual criterio debe resolverse el despido de los simples trabajadores cuando la causal, expresa o tácita, sea su pertenencia a una asociación o sindicato, porque ello también viola sus derechos fundamentales, vale decir que la vinculación a dichas organizaciones, como simples afiliados, pone en juego valores superiores de convivencia y armonía social y laboral frente a los cuales el resarcimiento económico, representado por el pago de las prestaciones sociales, carece de validez legal, ello porque la voluntad patronal queda constitucional y legalmente inhibida o limitada desde la perspectiva general de los derechos humanos de los trabajadores y desde la perspectiva específica del derecho laboral, que tutela el interés público general. (Sala Constitucional, voto 5000-93).
Por tanto, queda absolutamente claro que el fuero sindical es para las personas trabajadoras integrantes de una directiva sindical, no así para las personas afiliadas al sindicato las cuales pueden ser despedidas en cualquier momento, a juicio del empleador, previo pago de prestaciones legales. Lo que no puede hacer el empleador, de ahora en adelante, es despedir a la persona trabajadora dirigente sindical, sin la argumentación debida, sea, debido proceso.
San José, 9 de junio de 2009.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Lic. Mauricio Castro Méndez
Coordinador
Unidad de Asesoria Jurídica (UAJ)-ANEP
San José, 01 de junio del 2009
STS-001-2009
Licenciada
Maryurie Mora González
Directora
Presupuesto Nacional
Autoridad Presupuestaria
Su despacho
Estimada Licenciada:
Es de nuestro conocimiento que al Ministerio de Salud se le han aprobado 250 nuevas clases de puestos para el año 2009, para ampliar la plantilla del recurso humano en la Área Rectoras de dicha entidad.
Por lo anterior le solicitamos e la manera más atenta, se nos facilite la información sobre la cantidad de puestos, la clase de puestos y la asignación presupuestaria aprobada por la Autoridad Presupuestaria al Ministerio de Salud, con el objetivo de informar a nuestra membresía de trabajadoras sociales quienes nos han solicitado nuestra intervención en este caso para un mejor manejo de la información y evitar posibles malentendidos.
Agradeciéndole su fina atención, con el respeto de siempre,
Atentamente;
Msc. Zaida Sánchez Rojas
Secretaría de Organización
Seccional ANEP-Trabajadoras Sociales-Ministerio de Salud
NOTIFICACIONES: Al apartado 1784-2100, Guadalupe, a nuestro correo electrónico seccionaltrabajadorassociales@anep.or.cr, y/o al fax 2257-8859.
C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP
Guillermo Murillo Castillo, Promotor responsable ANEP-Ministerio de Salud
Trabajadoras Sociales del Ministerio de Salud
Archivo
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
