San José, 23 de febrero de 2009.
S.G. 07-09-1189-09
¡URGENTE!
Doctora
Viviana Martín Salazar
Ministra
Licenciado
Fernando Ferraro Castro
Viceministro
Ministerio de Justicia y Gracia
Su despacho
Estimada y honorable señora Ministra:
Estimado y honorable señor Viceministro:
Con gran respeto para sus autoridades, les expresamos atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Ha llegado a nuestras manos el documento_ “Proyecto Piloto de Investigación Criminológica Penitenciaria-Centro de Atención Institucional La Reforma”_ (Resumen Ejecutivo), elaborado por la máster Martha E. González Madriz; documento al cual le hemos dado ya una primer lectura, causándonos gran impacto por lo que decidimos indicarle a vuestras ilustres autoridades la enorme preocupación que nos ha generado su contenido, dentro del cual sobresale el que se refiere al Centro de Atención Institucional La Reforma, citado algunos párrafos cuya lectura es de gran impacto.
Antes resulta importante indicar que tal proyecto obedeció a una solicitud expresa del señor Director del Instituto Nacional de Criminología para que se realizase una “investigación tanto cuantitativa como cualitativa sobre esta población (personas sentenciadas a altos montos)i para que en el seno del Departamento Técnico podamos discutir y analizar sobre los hallazgos encontrados en cuanto a la realidad que enfrenta este tipo de población que va en franco crecimiento”.
Ahora bien, tal y como se indica en el apartado _“Método de investigación utilizado_” y a la hora de abordar el caso del CAI-La Reforma, indica la autora que “Se consideró que debería asumirse de manera responsable, un hecho que ha venido denunciándose por múltiples medios (internos y externos a la institución) y durante varios años, de que el Sistema Penitenciario Costarricense se encuentra desde hace ya diversos períodos en franco proceso de crisis a lo que los últimos acontecimientos de la realidad nacional y mundial tiende a profundizar y agudizar; por lo que éstos son momentos para privilegiar el camino a las soluciones más que a sumirse en las frustraciones y privaciones que ha traído consigo la crisis.
Resulta también notoria la frase de que “Es así, como vemos que las prisiones en el país están siendo tomadas en los espacios de convivencia por la población. El Estado los saca de sus lugares de residencia o convivencia y les brinda lugares que les permite consolidar su organización violenta”.
Ahora sí, podemos entrar a lo que se determina con respecto al CAI-La Reforma. Veamos:
El Centro Penitenciario La Reforma, es el centro en donde se alberga la mayor cantidad de personas privadas de libertad (alrededor de 2000) en su mayoría sentenciada y de personal técnico, administrativo y de seguridad.
Cuenta con una estructura organizativa de alta complejidad operativa. Se podría homologar con la de la Dirección General de Adaptación Social; y aseverar, que reproduce en su interior las dificultades de manejo de la Dirección General (Oficinas Centrales), como son: canales de comunicación inexistentes o deteriorados, ambiente y cultura organizacional con niveles de violencia verbal, psicológica, de género, de amenaza a la estabilidad laboral, de sentidos favoritismos y de dogmatismos, por señalar algunos; aislamiento, distanciamiento, deslegitimación y pérdida de credibilidad de las bases en personas jefas y/o estructuras (INC, DGAS, Despacho; etc); pero con la enorme diferencia y agravante que es a la gente del Centro (Personal/Población) a la que se le ubica en grave peligro en su integridad física, porque de la salud psicológica, laboral y orgánica, ya está trágicamente dañada, y de continuar persistiendo las condiciones insalubres en que se encuentran ya se estaría calificando de fatalidad. Valga señalar que lo anterior se aplica igualmente, pero con distintos grados y áreas, a otros centros y oficinas, ya que se entiende a partir de la teoría del Análisis Institucional, que La Reforma es un emergente institucional, es el que por sus condiciones infraestructurales y organizativas logra denunciar de diversas maneras y medios su calamitosa realidad operativa organizacional, y ante la ausencia de respuesta oportuna, integral y sistemática, se llega al extremo de la actuación institucional de denuncia en el ámbito penitenciario: las muertes, ya no solo de población, sino de personal.
Se encuentra el personal del Centro La Reforma laborando en condiciones indeseables: el temor, la desconfianza, incredibilidad, en las autoridades superiores en general, condiciones infraestructurales insuficientes e impropias para la atención de las personas, sin espacios para la reflexión o la producción teórica, la ausencia de capacitación y de formación actualizada en materia criminológica y de temas como derechos humanos, no solo en cuanto a su normativa sino comprendida como una forma de ver al mundo, en donde la persona es sujeta de dignidad y respeto.
Es en este personal, por lo consiguiente, en donde se logra observar como el denominador común Institucional “el miedo” utilizado como recurso para el control, la paralización e inmovilización, no obstante y a pesar de ello logra, este personal, elevar la denuncia y demostrar una vez más su compromiso con el encargo social.
Este miedo sumado a la ausencia de capacitación, acompañamiento, seguimiento en materia penitenciaria, del para qué, cómo y por qué del trabajo en el Sistema, ha llevado a que los ámbitos de convivencia de la población hayan sido usurpados por ellos. Y como lógica consecuencia, los grupos organizados han asumido el control del Centro de manera violenta e intimidatoria no solo hacia el personal sino hacia la gran mayoría de los que se convierten en soldados de estos grupos: les venden la comida, las llamadas telefónicas, pueden denunciar solamente en temas propios de los servicios que presta la institución no de la dinámica interna, utilizan las debilidades humanas como son las personas con problemática de drogadicción o sexual, han establecido una red de comunicación con altos niveles de eficiencia entre los distintos Centros de la Institución, y logran organizar acciones delictivas de toda índole, tanto intra, Inter. O extra institucional, a pesar de ello y por ingerencia del personal, se logra que algunos de los programas y personas privadas de libertad logren “sacar su cabeza” y puedan ser productivos y creativos. Esta realidad siempre ha existido, es propia de la cultura carcelaria, el problema son los grados y ámbitos de control de la población de la dinámica institucional en relación con la del control del personal penitenciario.
Para incrementar nuestra preocupación acerca de la alta situación de riesgo y de vulnerabilidad en que se encuentra el CAI-La Reforma, los tres párrafos siguientes del mencionado son lo suficientemente elocuentes:
Se encuentra una figura llamada “el gestor” que es el que se convierte en el enlace del personal con la población penal, es el que ingresa a los ámbitos, es decir, de hecho se está valorando la vida del personal en diferentes estratos, ¿por qué unas personas no ingresan a los ámbitos por temor a ser violentados y otros son obligados por su ubicación institucional?, esta persona no cuenta, evidentemente, con el soporte técnico y administrativo necesario para el desempeño de su función y con la formación técnica especializada, deficiencia de la que no escapa el departamento de seguridad en general, ya que la función de seguridad penitenciaria es diametralmente diferente al de la seguridad policial civil, pero en este caso con estas personas gestoras, se les está ubicando en un riesgo constante que abre la posibilidad de utilizar vías no recomendables para asegurar su subsistencia laboral y emocional.
Cabe señalar acá, que La Reforma, es atendida durante las noches con un número intrépido de vigilancia, aproximadamente 280 funcionarios para un Centro con la complejidad de Reforma. En tanto, la queja generalizada del personal en general (de todos los departamentos, incluyendo Oficinas Centrales), es que en Oficinas Centrales se encuentran ubicados/as personal de seguridad (alrededor de 50), sin mayor conocimiento de la materia penitenciaria desempeñando funciones entre otras de “inteligencia”, que aparentemente no tienen mayor incidencia en lo cotidiano y mediano plazo en el Sistema Penitenciario.
A nivel administrativo, la situación no es diferente, un escaso número de personal en los distintos departamentos, en algunos solamente se pueden localizar dos funcionarios/as, otros como el de nutrición, se encuentran un reducido numero de cocineros/as, por lo que deben recurrir a la población para poder solventar las necesidades, infringiendo por necesidad en algunos momentos, directrices en este sentido, de solamente ubicar a población para el trabajo de picado y pelado de alimentos. No cuentan con reconocimiento real de sus funciones, siendo que algunos asumen labores de jefatura sin el reconocimiento salarial que justamente les correspondería, pero que deben responder como tales cuando sucede algún percance, cosa que en transportes es constante, por el mal estado de la flotilla y el insuficiente número de vehículos VS número de carros y buses que respondan a las necesidades reales en las áreas técnicas, administrativas y de seguridad.
La ANEP como entidad laboral representativa de un importante grupo laboral de servidores y de servidoras del Sistema Penitenciario Nacional que se desempeñan en el mencionado centro, no puede dejar pasar desapercibido los ya no solamente preocupantes, sino más bien alarmantes, contenidos del citado estudio, por demás, realizado por una excelente profesional con amplia trayectoria de servicio público institucional con especialidad en la materia analizada.
Además, la ANEP no ha estado ajena a la grave situación denunciada. Con fecha 7 de noviembre de 2006, a la entonces señora Ministra de Justicia y Gracia, la licenciada Laura Chinchilla Miranda, le indicamos lo siguiente, mediante nuestro oficio S.G. 05-07-0947-06; carta que le enviamos con el planteamiento de la idea para la realización de un “congreso penitenciario”; idea que pretendió ser materializada, sin resultado alguno, al término de la gestión de la Licda. Chinchilla Miranda. Veamos lo que en ese momento apuntamos y en el contexto de la dolorosa pérdida, en medio de un intento de fuga, de un compañero policía penitenciario. Dijimos:
“Tal y como se lo manifestáramos recientemente, vía telefónica, la ANEP considera oportuno, prudente y necesario un franco diálogo, respetuoso y abierto, entre su autoridad y el personal de los distintos segmentos laborales que brinda servicio en el Centro de Atención Institucional La Reforma, lo más pronto posible, a raíz de los dolorosos acontecimientos que todos conocemos.
En principio nos llenó de esperanza una carta enviada por su despacho, al señor Rodolfo Ledezma, Director de La Reforma, en la cual le indica que tal reunión estaría para el próximo 14 de noviembre, a las 10.30 a.m.; pero, se trataría de una reunión con una pequeña parte del personal del mencionado centro, cuya designación haría el señor Ledezma por indicación suya, señora Ministra.
Esto no fue el espíritu de nuestra solicitud, ni tampoco el que anima el escrito que un elevado número de personas trabajadoras de La Reforma le dirigiera a usted en días pasados y a propósito de los mismos dolorosos acontecimientos.
En los actuales momentos de tensión laboral, de incertidumbre institucional y de inseguridad sobre la propia vida de quienes laboran en La Reforma, es necesario que tal reunión sea totalmente abierta a todo el personal (con las lógicas restricciones cotidianas en pro de la seguridad carcelaria); de forma tal que la autoridad ministerial representada por su persona tenga una noción real, de viva voz y no filtrada, del sentir del personal de base de tal centro en estos momentos.
Una reunión como la que planteamos, no está en contradicción para que en un segundo momento y en otro día, usted desarrolle la reunión que plantea inicialmente con las estructuras jerárquicas del mencionado centro; porque esa sería la lógica decisión del Sr. Rodolfo Ledezma, de convocar solamente al personal con responsabilidades de jefatura, si se atiene al contenido de su carta del día 3 de noviembre.
La Reforma, los restantes centros penales, en general, y el Sistema Penitenciario Nacional en cuanto tal, ocupan de un proceso de profunda reestructuración participativa, dentro del cual aspectos de corto y mediano plazo, se combinen con decisiones estratégicas a largo plazo.
Es obvio que el desarrollo cuantitativo y cualitativo del proceso criminal hoy en día, más su trasnacionalización, ha dejado a la política pública penitenciaria en total precariedad: escasez de personal (especialmente técnico y profesional), carencia de recursos, instalaciones precarias e insalubres, bajos salarios, recargo de casos, ausencia de estímulos, etc.
Es más, creemos urgente la realización de una especie de Congreso Penitenciario, con alta participación del personal de base, para que a través de una serie de jornadas de reflexión, el país defina nuestras políticas públicas de atención al proceso criminal bajo las nuevas condiciones que presenta, producto del proceso de globalización económica y de deshumanización social que vivimos en la Costa Rica de hoy.
Por otra parte, debe considerarse que el personal penitenciario, si bien conserva admirablemente altas dosis de mística, se siente en total estado de indefensión, ante la acumulación de una serie de factores que han llevado a la labor penitenciaria a estados de indignidad y de cruel invisibilización para quienes no están en las altas esferas de decisión jerárquica cotidiana.
Vistas así las cosas, señora ministra y señor viceministro, es imperioso un abordaje urgente de la situación que expone el informe de la máster Martha E. González Madriz; y, particularmente, a la organización que nos honramos en representar, nos urge que ustedes nos reciban en audiencia para que se definan una serie de acciones compartidas que apunten en la dirección de la búsqueda de soluciones. Al respecto, queremos compartir con ustedes, respetuosamente, algunas sugerencias de nuestra parte.
Finalmente, no creemos que la invisibilización de la situación planteada, la descalificación subjetiva del informe mencionado; y, peor aún, algún nivel de persecución que se pretenda desatar en contra de la citada profesional, sean medidas que ayuden a enfrentar el grave problema aquí planteado.
Una vez más, les reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
C.c.
Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í.
Lic. Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria.
Msc. Rómulo Castro Víquez, Director de Recursos Humanos, Adaptación Social.
Lic. Alexánder Obando Meléndez, Director, Instituto Nacional de Criminología (INC).
Bach. Ronald Herrera Martínez, Director, Centro de Atención Institucional La Reforma.
Msc. Martha E. González Madriz.
Defensoría de los Habitantes de la República.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Junta Directiva Seccional ANEP-Personal de Salud-Sistema Penitenciario Nacional.
Personal, Centro de Atención Institucional La Reforma.
Archivo.
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Estudio completo
