Alerta Mujeres: El pago por maternidad reducirá su aguinaldo

El Gobierno de la República enviará para estas sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa un anteproyecto que pretende que la CCSS pague el 100% por maternidad.

Si la CCSS paga las cuatro cuotas mediante subsidios, se reducirá el aguinaldo de las mujeres en un 33% ya que los patronos pagarían sólo el equivalente a ocho salarios. Pero aún hay más, por cada hijo o hija, las mujeres perderían cuatro cuotas para su pensión. En ambos casos esto constituye una clara discriminación laboral.

Este proyecto obedece al interés que tiene el gobierno para beneficiar a los patronos y “supuestamente hacer el país más competitivo” una vez que se apruebe el TLC. Implica una modificación al artículo 95 del Código de Trabajo. Si esto es sin haberse aprobado el TLC qué pasará una vez aprobado ¿se seguirán burlando los derechos de las y los trabajadores? ¿Se seguirá debilitando el estado solidario? Se seguirá ampliando la brecha entre ricos y pobres, haciendo cada vez más ricos a los patronos a costa del estado costarricense y de las y los costarricenses?

Me parece que hay que darle seguimiento a este anteproyecto porque se votaría en estos días.
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Comunicado de CEFEMINA
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RECHAZAMOS QUE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS REQUIERA DEBILITAR LA CCSS

El reconocimiento de una licencia de maternidad de cuatro meses es un derecho conquistado por las mujeres de la que nuestro país se enorgullece en foros internacionales.

En contraste, es un secreto a voces que muchas empresas despiden a trabajadoras embarazadas a pesar de que esto esté expresamente prohibido por el Código Laboral vigente.

En las últimas semanas se ha informando en los medios de comunicación sobre una propuesta de modificación del artículo 95 del Código de Trabajo para que sea la Caja Costarricense del Seguro Social quién asuma el 100% de los costos de las licencias por maternidad, cuando en la actualidad se comparten por igual entre esta institución y la empresa donde labora la mujer. Se argumenta que así no habrá riesgos para las empresas que contraten mujeres, lo que promoverá su contratación y se desalentarán los despidos ilegales por embarazo.

Si bien la eliminación del aporte empresarial al pago de la licencia de maternidad podría facilitar una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, supondría al mismo tiempo una importante e injustificable descapitalización de la Caja del Seguro. Esta institución es fundamental para las mujeres, y en general para toda la población, y su debilitamiento solo puede repercutir negativamente sobre el derecho a la salud y el derecho a gozar de una jubilación digna. Un mayor debilitamiento de la CCSS solo puede profundizar la tendencia a trasladar a las familias, en realidad a las mujeres, muchas tareas de cuido de personas enfermas que debiera asumir el sistema de salud.

CEFEMINA repudia la idea de que avanzar en el campo de los derechos laborales de las mujeres implique retroceder en otros derechos ya conquistados para mujeres y hombres.

Sorprende que voluntariamente el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Ingeniero Eduardo Doryan, promueva esta propuesta, cuando en sus manos tiene un estudio que demuestra que es factible aliviar el riesgo económico para las empresas sin descapitalizar a la Caja.

En efecto, si el costo correspondiente a la parte patronal de la licencia de maternidad (medio salario) no fuera financiado en cada caso particular por la empresa donde labora la mujer embarazada, sino que todas las empresas y durante todos el tiempo aportaran un monto para las licencias de maternidad, todas y todos saldríamos ganando.

Ganaríamos las mujeres que, en efecto, seríamos menos frecuentemente blanco de discriminación y despidos ilegales. Ganaría la CCSS que no se desfinanciaría ya que no tendría que incurrir en mayores costos. Ganarían las empresas, ya que no tendrían que aumentar considerablemente sus gastos cuando una trabajadora gozara de la licencia de maternidad. En este sentido se beneficiarían particularmente las pequeñas empresas, para las que un medio salario durante cuatro meses consecutivos puede representar un aumento considerable de su planilla.

¿Cuánto tendría que aumentar la cuota patronal mensual en este caso? Para una planilla de un millón de colones el aumento se estima que sería de únicamente 3000 colones [1]. Con esto cualquier empresa se garantiza que el embarazo de un número cualquiera de sus trabajadoras no afectará sus costos.

CEFEMINA rechaza que con la disculpa de proteger los derechos de las mujeres se quiera debilitar la CCSS.

Denunciamos que el Presidente de la CCSS en lugar de defender la institución se apresure a proteger los intereses de las empresas.

Exigimos que se modifique la ley para distribuir el aporte patronal a las licencias de maternidad entre todas las empresas.

Centro Feminista de Información y Acción

CEFEMINA

17 de Julio de 2007

[1] Estimación realizada a partir dato en Martínez, Juliana y Castro, Mauricio “El financiamiento de la maternidad en el trabajo. ¿Cómo eliminar el efecto boomerang y expandir los logros alcanzados? Documento elaborado para el foro sobre Financiamiento de la Maternidad en el Trabajo, San José, 2001.

Aumento salarial del 5.00 % para sector público

La Asociación Nacional de Empleados del Sector Público y Privado (ANEP) solicitó a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público un incremento salarial para los burócratas de 6,38%.

Dicho porcentaje toma en consideración el 4,65% con que cerró la inflación acumulada en el primer semestre de este año, más una deuda económica con dicho sector que tiene la presente administración, que es de 1,73%.

Sin embargo y dado de que se trataba de una negociación el 5.00 % acordado significó un 1.00% más de lo que pretendía el gobierno.

A continuación el acuerdo firmado por los representantes sindicales con los del gobierno.

En ARCHIVOS ADJUNTOS copia del acuerdo original firmado.

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ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTORBLICO PARA REVISIÓN SALARIAL DEL II PERIODO 2007

ACUERDO 1
Se acuerda realizar un incremento salarial para los servidores públicos del Gobierno Central de un 5.00 % a la base, retroactivo al 1° de julio del 2007, el cual se pagará en la primera quincena de setiembre del año en curso. La Autoridad Presupuestaria según su proceder administrativo y técnico, hará extensiva a las instituciones que corresponda las resoluciones que respecto de las disposiciones del presente Acuerdo, emita la Dirección General de Servicio Civil. Asimismo, autorizará el aumento anterior para las instituciones cubiertas por su ámbito.

ACUERDO 2
Asimismo, se acuerda que para los futuros incrementos salariales el Poder Ejecutivo reconocerá, la inflación acumulada y conocida del semestre anterior al momento de la fijación, llámese- según sea el caso de enero a junio y de julio a diciembre de cada año. Para aplicar esta metodología de incrementos salariales con relación a la inflación acumulada, se utilizará el índice de Precios al Consumidor (IPC) dados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los futuros ajustes se aplicarán en la segunda quincena de los meses de Enero y Julio, de cada año respectivamente.

ACUERDO 3
El Poder Ejecutivo convocará y apoyará en el periodo de sesiones extraordinarias del mes de agosto del 2007, en la Asamblea Legislativa la modificación al artículo 5 de la Ley de Salarios do la Administración Pública, a fin de hacer realidad el rompimiento del tope de 30 Anualidades.

ACUERDO 4

El Poder Ejecutivo se compromete a más tardar al mes de diciembre del 2007 a presentar una propuesta técnica respecto al estudio de revaloración salarial de los Profesionales del Gobierno Central, a efectos de procurar cerrar las brechas salariales existentes dentro del Sector Público.

ACUERDO 5
Se acuerda que las subcomisiones constituidas según acta de reunión del 6 de junio del 2007, continúen analizando y estudiando los temas que han venido desarrollando a lo interno de las subcomisiones. Para ello se reunirán mensualmente en la fecha que cada una determine. Las conclusiones de esos estudios serán presentados a la Comisión de Negociación de la Política Salarial del Sector Público, para que analice, defina y decida sobre dichos estudios.

ACUERDO 6
Se acuerda que el incremento establecido en el acuerdo I se aplicará a los pensionados y pensionadas con cargo al presupuesto nacional, de acuerdo con lo que establezcan las leyes correspondientes para cada régimen.

ACUERDO 7
Se acuerda mantener el 8,19% sobre el salario total por concepto de salario escolar, el cual será cancelado en la segunda quincena de! mes de Enero, siguiendo las regulaciones existentes.

En fe lo de anterior firmamos a las 16:00 horas del día 9 de agosto del 2007.

EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO:
Guillermo Matamoros Carvajal, Viceministro de Trabajo.
José Luis A raya Alpízar, Viceministro de Hacienda
José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil

EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO
Rodrigo Aguilar Arce
José Antonio Barquero Mora
Edgar Morales Quesada
Edgar Durán Delgado
Xiomara Rojas Sánchez
Luis Serrano Estrada

Declaración Sindical Latinoamericana sobre el Impacto de la Ronda Doha en el Desarrollo

Las organizaciones sindicales abajo firmantes hemos venido dando seguimiento al proceso de negociaciones de la OMC, y, particularmente, a las de Acceso a los Mercados para los Productos No Agrícolas (AMNA/NAMA). En declaraciones anteriores, hemos señalado nuestra gran preocupación respecto de que lo que prometía ser una Ronda de Desarrollo se convierta en todo lo contrario: un impedimento estructural al logro de un desarrollo sostenible que de respuesta a las necesidades y los derechos de los sectores más pobres y de los trabajadores y trabajadoras de nuestros pueblos, tal cual ha sido planteado por el sindicalismo de las Américas en La Plataforma Laboral de las Américas.

Con base en estas posiciones, hemos realizado durante el primer semestre de este año contactos a nivel nacional y en Ginebra con los negociadores comerciales de nuestros países, para solicitarles que no cedan a las presiones que vienen ejerciendo los Estados Unidos y la Unión Europea a favor de que accedan a apertura de mercados muy superiores a las que éstos mismos están dispuestos. En el plano técnico de la actual negociación, hemos apoyado el enfoque del Grupo NAMA 11, donde Brasil, Argentina y Sudáfrica, junto a otros países en desarrollo, han venido rechazando aquella propuesta, optando por la aplicación del principio de “reciprocidad menos que plena”, para que exista una diferencia de al menos 25 puntos entre el coeficiente de corte arancelario aplicable a los países desarrollados y en desarrollo, así como mayores niveles de flexibilidad sobre las líneas arancelarias que los países podrían excluir de la apertura. Del mismo modo, hemos planteado que estas condiciones son independientes de los resultados de la negociación agrícola, para que eventuales concesiones de los países desarrollados en esta materia no sean consideradas monedas de cambio a favor de su propuesta en el campo industrial.

Las novedades más recientes agravan este panorama: primero ( el 25 de junio), una propuesta presentada por los gobiernos de Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, y México, junto a otros países asiáticos, ha ido en dirección a debilitar la oposición del grupo NAMA 11, a favor del enfoque de Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora (el 17 de julio), el presidente del grupo NAMA ha presentado a consideración de los miembros su propuesta de modalidades a ser negociada, la cual toma igual camino que la anterior, planteando un coeficiente de aproximadamente 20, reduciendo nuestros aranceles consolidados a un nivel promedio del 12%, lo cual, a nuestro entender, es demasiado bajo. Esto no sólo redundará en reducciones de las tasas aplicadas en varias de nuestras industrias sino que también reducirá el importante espacio de política que se necesita para construir y diversificarlas en el futuro. Asimismo, la propuesta acepta reducidos niveles de flexibilidades sobre las líneas arancelarias que los países podrían excluir de la apertura arancelaria y no ofrece ninguna posibilidad de que estás puedan ser modificadas en el tiempo.

En este escenario, toma gran relevancia los contenidos de la Resolución emitida por la Confederación Sindical Internacional (Consejo General, 20-22 junio) en cuanto a acrecentar la oposición del movimiento sindical a estos enfoques, mediante un trabajo activo en el plano nacional que incorpore ahora el pedido a los Ministerios de Trabajo de que soliciten un trabajo conjunto de la OIT y la OMC, dirigido a disponer de un profundo análisis ex ante de las consecuencias sobre el trabajo decente y el desarrollo sostenible de la liberalización comercial que se esta impulsando en la Ronda de Doha.

Por otra parte, el sindicalismo deberá continuar exigiendo a los gobiernos nacionales un enfoque diferente respecto de los términos en que han negociado con EEUU y se aprestan a negociar con la UE, tratados de libre comercio que, en la práctica, siguen el modelo OMC Plus”, en el sentido de que introducen los temas actualmente en negociación multilateral, e incluso los llevan más allá. Existen actualmente varias manifestaciones positivas de esta estrategia: l*a resistencia que las organizaciones sindicales costarricenses vienen desarrollando ante la firma del gobierno de ese país del DR-CAFTA, a través de una amplia alianza con organizaciones sociales y empresariales*; la campaña de organizaciones sindicales y campesinas mexicanas dirigidas a modificar al capitulo agrícola del TLCAN; la lucha del sindicalismo colombiano y norteamericano para evitar la ratificación del TLC entre ambos países, situación que presenta el agravante de la violación de derechos humanos y sindicales que han permitido el asesinato de dirigentes sindicales colombianos..

Como ha señalado la CSI, en su comunicado reactivo a la presentación de la propuesta del presidente del Grupo NAMA, la enorme desconexión existente entre el enfoque allí adoptado y el actual debate sobre estrategias de desarrollo y creación de trabajo decente en los países en desarrollo, no podrán derivar en un resultado a favor del desarrollo en las actuales negociaciones de la Ronda Doha. Frente a este escenario, reclamamos a nuestros gobiernos no aceptar la actual propuesta de modalidades de NAMA.

Signatarios

Adolfo Aguirre
Secretario de Relaciones Internacionales
Central de Trabajadores de Argentina
CTA Argentina

Confederación General del Trabajo
CGT RA Argentina

João Antônio Felício
Secretario de Relaçiones Internacionales
Central Unica de Trabajadores
CUT Brasil

Gilbert Brown Young
Secretario General
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
CTRN Costa Rica

Arturo Martínez
Presidente
Central Unitaria de Trabajadores
CUT Chile

Apecides Alvis Fernández
Presidente
Confederación de Trabajadores de Colombia
CTC Colombia

Carlos Rodríguez
Presidente
Central Unitaria de Trabajadores
CUT Colombia

Jaime Arciniega Aguirre
Presidente
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CEOSL Ecuador

Unión Nacional de Trabajadores
UNT México

Confederación Regional Obrero Campesina
CROC México

Roberto González
Secretario General
Central Sandinista de Trabajadores
CST Nicaragua

Guillermo Puga
Secretario General
Confederación de Trabajadores de la República de Panamá
CTRP Panamá

Victor Torres
Secretario General
Convergencia Sindical
CS Panamá

Julio Cesar Bazán
Secretario General
Confederación Unitaria de Trabajadores
CUT Perú

Juan José Gorriti Valle
Secretario de Relaciones Internacionales
Confederación general de Trabajadores del Perú
CGTP Perú

Juan Castillo
Coordinador
Plenario Intersindical de Trabajadores Comando Nacional de Trabajadores
PITCNT Uruguay

Manuel Cova
Secretario General
Confederación Trabajadores de Venezuela
CTV Venezuela

Rodrigo Aguilar
Coordinador
Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe
CSACC

Juan José Gorriti
Secretario General
CCSA
Coordinadora de Centrales Sindicales Andina

José Ramírez
Sec. General
Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario, Cuero y Calzado/Organización Regional Interamericana
FITTVCC/ORI

Jocelio Drummond
Secretario Regional Inter-Americano
Internacional de Servicios Públicos
ISP Américas

Antonio Rodriguez Fritz
Secretario Regional
Internacional del Transporte
ITF-Américas

Sergio Novais
Presidente Regional
Intenacional de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas ICEM para América Latina y el Caribe

Jorge Campos Miranda
Regional Director for Latin America and the Caribbean
International Metalworkers’ Federation

Victor Báez Mosqueira
Secretario General
Organización Regional Interamericana de Trabajadores
CSI ORIT

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Declaración Sindical Latinoamericana sobre el Impacto de la Ronda Doha en el Desarrollo (pdf) en ARCHIVOS ADJUNTOS

Fuente: ORIT

ANEP propondrá un alza salarial de 6,38%

Krissia Morris Gray
kmorris@ prensalibre.co.cr

La Asociación Nacional de Empleados del Sector Público y Privado (ANEP) le solicitará a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público un incremento salarial para los burócratas de 6,38%.

Dicho porcentaje toma en consideración el 4,65% con que cerró la inflación acumulada en el primer semestre de este año, más una deuda económica con dicho sector que tiene la presente administración, que es de 1,73%.

Así lo explicó Edgar Morales Quesada, secretaria general de la ANEP, quien manifestó que no están dispuestos a aceptar un porcentaje en el que solo se reconozca la inflación, debido a que irá en contra de los bolsillos de los trabajadores.

Dentro de la propuesta que presentarán ante la Comisión Negociadora de Salarios del sector Público, solicitarán que la Dirección General de Servicio Civil proceda al ajuste técnico de homologación salarial de los empleados que menos ganan en el sector público con sus similares en el sector privado.

“No aceptaremos solo un reconocimiento de la inflación, el Gobierno deberá pagar la deuda salarial existente, que en lo que llevamos de la administración Arias Sánchez es de 1,73%. Deben reconocer dicho porcentaje para poder llegar a la negociación del primer semestre de 2008 con una deuda cero”, afirmó Morales.

Reiteró que la riqueza nacional debe ser distribuida de manera equitativa, al tiempo que la política que debe aplicar la administración es la salarios crecientes.

Otro de los aspectos que solicitarán es que para el primer periodo de sesiones extraordinarias sea convocado el proyecto que busca el rompimiento del tope de anualidades de los empleados del sector público, que en la actualidad está en 30 años.

Al mismo tiempo plantearán un ajuste de anualidades, pues mientras que existen sectores que se les reconoce un 5% existen otros que es del 1,9%.

Morales señaló que también se le pedirá a la instancia resolver el problema salarial de los trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que pese a habérseles aprobado en su momento un reajuste salarial del 9,81%, tras 36 días de huelga, todavía están ganando menos que sus homólogos en otras instancias.

Dijo que lo mismo ocurre con los trabajadores del Consejo Nacional de la Producción (CNP).

También exigirán que se proceda a dar los recursos económicos respectivos para que se pueda dar el mejoramiento salarial de los trabajadores del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y de los que laboran en el sistema penitenciario.

“Fernando Berrocal, ministro de Seguridad había dicho que a los trabajadores de ese ministerio les iba a mejorar los salarios en un 10%, pero nosotros consideramos que debe ser mínimo un 15%, sin contar el aumento que se dará para el segundo semestre, pero también debe mejorar los salarios de los empleados penitenciarios que están ganando menos que los de Seguridad Pública. Nosotros nos presentaremos ante la Comisión y exigiremos cada uno de los puntos establecidos”.

Fuente: La Prensa Libre

Salvadoreños cada vez peor con TLC

Frente Sindical Salvadoreño, FSS
Miembro de la Plataforma Sindical Común Centroamericana
Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños, CATS
Miembro de la Confederación Centroamericana de Trabajadores CCT y afiliado a la
Confederación Sindical Internacional, C.S.I.
Central de Trabajadores Democráticos, CTD
Miembro de la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe CSACC y afiliada a la Confederación Sindical Internacional. C.S.I

EXPRESAMOS PUBLICAMENTE

Nuestra preocupación e indignación por el desarrollo de una dictadura civil que atenta contra la frágil y deteriorada democracia alcanzada por los acuerdos de paz. Esto se manifiesta a partir de:

Se ha profundizado el alto costo de la vida, el desempleo, la pobreza, la inseguridad ciudadana, la corrupción, la violación de las libertades sindicales (pese haber ratificado los convenios de la Organización Internacional de Trabajo), los servicios públicos están inalcanzables, existe un desabastecimiento de medicinas en los hospitales, las instancias tripartitas son infuncionales y no existe un mecanismo que de inicio al dialogo social como premisa que posibilite el entendimiento de carácter nacional.

Contrario a ello la presidencia de La Republica mantiene una campaña publicitaria mediática millonaria, que no solo es pagada con nuestros impuestos sino que es engañosa de la verdadera realidad que vivimos las mayorías populares y su finalidad es profundizar las contradicciones pues por ningún lado se ve su sentido humano.

La prepotencia y abuso de autoridad por parte del Presidente de la Republica, Sr. Elías Antonio Saca y su gabinete de gobierno están provocando niveles de confrontación que no contribuye al país en el desarrollo de las libertades que pregonan defender.

Las recientes acciones represivas y capturas ilegales de dirigentes y dirigentes sociales por parte de la PNC, atenta contra la libertad que a todo ciudadano y ciudadana nos confiere nuestra Constitución de La Republica y Tratados Internacionales.

Ante esta critica situación las organizaciones firmantes,

DEMANDAMOS

1. El respeto y vigencia de las libertades y derechos que nos otorga la Constitución de La Republica y el cese a su trasgresión.

2. La inmediata libertad de los dirigentes capturados y las dirigentes sociales capturadas arbitrariamente por los cuerpos represivos reciente y anteriores.

3. No a la privatización del Sistema de Salud y Agua

4. Alto a los abusos de poder y a la guerra de terror por parte del Presidente de La Republica y su gabinete de gobierno.

5. No mas desempleo que produce inmigraciones y miseria en mas de 3 millones de salvadoreños (as)

6. Alto a la corrupción de cuello blanco

7. Crear mecanismos de entendimiento, dialogo y concertación nacional que posibilite el rescate del espíritu de los acuerdos de paz, que es la construcción de un país para todos y todas en democracias, con empleo y una vida digna, es decir un país en libertad pero para todos y todas.

8. La apertura del Foro de Concertación Económico Social a fin de que juntos encontremos las RAICES que dan origen a las contradicciones y al nuevo desarrollo de nuestra sociedad.

EXHORTAMOS

a) A todos los trabajadores y trabajadoras, organizaciones sindicales y sectores sociales a sumar esfuerzos y rescatar nuestro legitimo derecho de organizarse para defender los derechos sociales, económicos, laborales y el derecho a la vida

b) A la Organización Internacional del Trabajo y las Embajadas y Delegaciones Diplomáticas acreditadas en nuestro país a interponer sus buenos oficios para evitar que la ayuda internacional y la solidaridad económica del mundo civilizado continué el fortalecimiento de una dictadura civil que puede acarrear daños y heridas igual o mucho mas grave de las que provocaron las dictaduras militares.

San Salvador Julio 2007

UNIDAD EN LA ACCION Y POR UNA VERDADERA INTEGRACION

FSS-PSCC CATS-CCT CTD-CSACC

Central General de Trabajadores se solidariza con ANEP

RESOLUCION DE LA CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES (CGT)
SOBRE LOS ATAQUES DE LA NACION CONTRA LA ANEP

Con respecto al artículo aparecido en el periódico “La Nación”, en su edición del día 20 de julio del año en curso en su página 4A, La Junta Directiva de la Central General de Trabajadores (CGT) en su sesión ordinaria realizada el propio 20de julio, acuerda manifestar públicamente:

Primero:
Que según se informa en el artículo periodístico, la Fiscal de la ANEP, hizo una denuncia contra el manejo de recursos económicos de la organización sindical ante el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS.

Segundo:
Que el compañero Luis Salas Sarkis suscribió la denuncia, haciendo uso de sus derechos como afiliado de la ANEP, a fin de que se investigara lo que considera son irregularidades de cara al funcionamiento interno de la organización y lo regulado en su Estatuto Orgánico.

Tercero:
Que tanto el proceder de la fiscal de la ANEP como la de sus afiliados, corresponde al ámbito interno de la organización y son expresión de la autonomía sindical, por lo que la actuación del compañero Salas Sarkis, no tiene relación alguna con el cargo que ocupa como Secretario General de la Central General de Trabajadores, organización que no ha tenido conocimiento de la existencia de ninguna denuncia contra la ANEP.

Cuarto:
Que dentro del marco de la campaña sucia que ha venido haciendo el periódico La Nación, desconocemos por qué medios, ésta tuvo conocimiento de la denuncia presentada y se refiere a ella de manera tendenciosa, con el único fin de perjudicar la imagen de las organizaciones sindicales que embanderamos la lucha contra el TLC.

Quinto:

Que más grave aún es la tergiversación que hace La Nación al relacionar las discusiones y cuestionamientos internos del manejo financiero de ANEP, ligándolas falsamente a las actividades legítimas de la ANEP en el marco de la campaña por el No al TLC, objetivo que compartimos plenamente con las y los compañeros de ANEP.

Sexto:
Que si bien la CGT como organización de trabajadores, clasista y combativa, ha tenido y tiene diferencias políticas y metodológicas con la actual dirección de la ANEP, se opone y repudia de manera enérgica la campaña que el periódico La Nación ha hecho contra esta organización sindical, ya que está utilizando el sensacionalismo y el amarillismo en el manejo de las noticias periodísticas.

Séptimo:

Que en respeto a la autonomía sindical, es a las y los afiliados de la ANEP, en su fuero interno, y específicamente en su Asamblea General, a quienes corresponde de manera soberana decidir el curso que dará a las denuncias mencionadas.

Multitudinaria asamblea de ANEP ratificó decisiones políticas, organizativas y financieras tomadas en la lucha contra el TLC y en la defensa de la institucionalidad del Estado Social de Derecho

1. 1.462 representantes de los 69 gremios componentes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aprobaron el informe financiero presentado en la Asamblea General Nacional Ordinaria de Fin de Período, celebrada el pasado viernes 20 de julio; rendición de cuentas que presentó la Junta Directiva Nacional saliente, del período 2005-2007. Solamente se registró un voto en contra.

2. El prácticamente unánime respaldo de las bases dirigentes de la ANEP, a la gestión de la administración de las finanzas realizada en los dos últimos años, especialmente en cuanto a los fondos de las reservas dispuestos para financiar la lucha contra el TLC; pulverizó los intentos gobiernistas y de la oligarquía mediática por descalificar el papel de esta organización, en la más grande lucha cívica de la historia nacional que se da en estos momentos y de cara al referéndum del 7 de octubre.

3. Las finanzas de la ANEP están sólidas. Sus reservas monetarias y sus activos son muy importantes. Adicionalmente, está próximo a desarrollarse en Manuel Antonio, Quepos, un proyecto de centro turístico recreativo, bajo el concepto de Economía Social, que dará mayor sostenibilidad financiera a la organización para el desarrollo de su futuro accionar. Como patrono, la ANEP está al día en cuanto a sus responsabilidades con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

4. Las finanzas de la ANEP están limpias, son dineros de la clase trabajadora que no provienen de evadir impuestos con supuesta compra venta de rotativas, ni de sucios juegos con modificaciones de tipo de cambio, ni sufrimos “pérdida” de libros de contabilidad; ilícitas actividades de práctica común en la oligarquía mediática.

5. Las finanzas de la ANEP se manejan transparentemente y se invierten en la lucha obrera, social y cívica.

6. Las finanzas de la ANEP seguirán dando aporte a la lucha contra el TLC y en defensa de la institucionalidad del Estado Social de Derecho, por disposición política contundente de las bases dirigentes de la organización, reunidas en Asamblea General, su máximo organismo soberano.

7. Los y las asambleístas presentes, igualmente, de forma unánime, ratificaron el Informe de Labores del período en rendición de cuentas, 2005-2007; legitimando cada una de las acciones que se tomaron en estos dos años de intensa lucha social, tanto a nivel gremial, como a nivel sociopolítico, que son los dos planos en que la ANEP desarrolla su accionar.

8. Especial realce tuvo la aprobación de todas las decisiones tomadas por la directiva saliente, con relación al papel de la ANEP en la lucha cívica contra el TLC, tanto políticas y organizativas como financieras.

9. Por otra parte, la Asamblea General Nacional de la ANEP resolvió, con base en las normas del debido proceso, demandar cuentas a quienes, siendo integrantes de la agrupación, se prestaron y se unieron al juego de la conjura en contra de la independencia, de la autonomía, de la estabilidad y del prestigio y la credibilidad de la organización, intentando ponerla al servicio del “yes al TLC”.

10. Esta nueva conjura contra la ANEP, centrada en el manejo de sus finanzas, que ha sido derrotada de manera contundente; surgió luego de que otra de igual signo, la de que se recibían dineros del exterior para financiar la lucha contra el TLC (especialmente del Gobierno de Venezuela), también les fracasó a los sectores del “yes al TLC”.

11. Finalmente se procedió a elegir, con una única abstención, a las nuevas autoridades de la organización, para el período que va del 1 de agosto del 2007 al 31 de julio del 2009.

San José, 23 de julio de 2007.

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

SALARIOS MINIMOS PARA EL SECTOR PRIVADO 2007

Estos son los Salarios Mínimos decretados para el Segundo Semestre del 2007.

Rige a partir del 10 de julio de 2007.

También los Salarios de Guardas para el mismo período.

Bájatelos de ARCHIVOS ADJUNTOS

Para cualquier consulta, por favor comuníquese con ANEP-Sector Privado, Tel: 257-8233 o visítenos 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños, Frente a Coopeservidores R.L., Casa Sindical Mario Blanco Vado.

Sindicatos piden destituir a nuevo presidente del CNP

Tatiana Gutiérrez Wa-chong
tgutierrez@ prensalibre.co.cr

El presidente de la Seccional de Anep-IDA, Walter Quesada Fernández, denunció a Guido Vega por una serie de irregularidades que se aprobaron cuando él era directivo.

Las críticas por el nombramiento de Guido Vega Molina como presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP) no se hicieron esperar, ya que según denunció el presidente de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Walter Quesada Fernández, él formó parte de una serie de adjudicaciones irregulares que se dieron durante el periodo 1994-1998.

Según Quesada, es injusto que unos 30 funcionarios del IDA que presuntamente se vieron involucrados en actos de corrupción estén siendo sometidos a desgastantes y tediosos procesos administrativos con la finalidad de esclarecer los hechos de apropiación de las tierras del estado, mientras que a otros la administración de Óscar Arias Sánchez los premia con cargos políticos.

“Nosotros denunciamos, desde 1998 hasta 2000, ante las diferentes instancias, la Contraloría General de la República (CGR), la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa y el Comité de Ética que Vega había formado, parte de la piñata de tierras que se hizo en el IDA, cuando yo era secretario general de la Unión Nacional de Empleados del IDA; sin embargo, las autoridades nunca investigaron nada”
, comentó.

Al funcionario público se lo acusa de haber formado parte de la Junta Directiva del IDA cuando se dieron los más sonados casos en la institución (1996-1998), que avaló con su voto una serie de traspasos y adjudicaciones que hoy están siendo cuestionados, entre los que se pueden mencionar la adjudicación del área de la casona de La Rambla de Sarapiquí a una asociación criadora de cocodrilos y la entrega de varios lotes a funcionarios del IDA de Orotina.

Así como la adjudicación del área no parcelable del asentamiento Rancho La Paz a favor de la Asociación de Desarrollo Sostenible Conservacionista Ecoturística del Pacífico Central y la entrega de 70 hectáreas a la Asociación Ambientalista Griega en el asentamiento Andrómeda.

Quesada aseguró que algunas de ellas son asociaciones fantasma y que en estas actas de Junta Directiva se puede encontrar también como participante a Francisco Jiménez Villegas, quien forma parte del cuerpo de asesores del diputado Salvador Quirós Castro, quien dicho sea de paso fue cuestionado por su presunta participación en la adjudicación de tierras a varias personas de un asentamiento en Los Ángeles de Pital. Sin embargo, ninguna de estas denuncias ha sido investigada por la Contraloría General de la República (CGR) ni por nadie.

Fuente: La Prensa Libre

ANEP cuestiona reestructuración en el INS

25 de junio de 2007

Doctor
Guillermo Cónstenla Umaña
Presidente Ejecutivo
Licenciado
Luis Ramírez Ramírez
Gerente General
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Presente

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, esperando que su gestión lleve por buen camino los destinos del Instituto Nacional de Seguros.

Como es de conocimiento institucional, la administración dirigida por ustedes lleva más de un año en un proceso de reestructuración interna, proceso que comenzó en la administración anterior (administración del Lic. Luis Javier Guier), pero que se detuvo por la denuncia que la ANEP presentó ante la Contraloría General de la República, por una serie de irregularidades en el proceso y la implementación de la misma. No obstante lo anterior, su administración acaba de comunicar en los últimos días a los puestos de jefaturas superiores que el “proceso de reestructuración institucional” había sido aprobado finalmente por la
Junta Directiva del INS.

Proceso que nuevamente vuelve incurrir en nuestro criterio en una serie de posibles anomalías, llevado e impulsado por pocas personas conocedoras del ámbito institucional y del manejo y responsabilidades de la administración de los seguros como ente estatal, debidamente regido por una serie de normas jurídicas que ustedes conocen muy bien, pero que lamentablemente vuelven a obviar e irrespetar.

Además, es un proceso en donde los funcionarios del INS, que si conocen de seguros y de la problemática de la administración de los mismos, no fueron tomados en cuenta, y como lo dijimos han venido personas inexpertas, con “buen discurso” pero sin conocimiento, a liderar y direccionar dicho proceso. Y no podríamos llamar o decir que se le dio participación a los trabajadores y trabajadoras porque fueron convocados a una reunión para que nos comunicaran como iba a ser la reestructuración y al que no le pareciera “ mejor que no estorbara”.

Este proceso nuevamente antojadizo, sin mayores estudios de fondo, respaldado por notas de dos páginas de las dependencias encargadas de participar en la elaboración de procesos de reestructuración, para decir que cumplimos, es mucho más peligroso y aberrante que los anteriores, porque cede las responsabilidades propias del INS a terceros, y además está generando un impacto no cuantificable dentro del personal de la
Institución y que también ha afectado de una u otra forma el desarrollo normal de la actividad de las diferentes dependencias, principalmente en el área de producción, debido a que otra vez se procede con el desmantelamiento acelerado de la estructura departamental para pasar a la estructura plataformal, o de Agencia Central, esta vez sin capacitación a los funcionarios y profundizando el debilitamiento de la estructura institucional debidamente aprobada por MIDEPLAN y la Contraloría General de la República en su momento.

Reiteramos la enorme preocupación de la organización que representamos, principalmente por la ligereza con que se lleva, la falta de procesos paralelos que den seguridad de que la estructura propuesta va a rendir frutos positivos, así como el impacto económico que en el campo tecnológico pueda darse, (_que por cierto procedieron a realizar una gran cantidad de cambios estructurales, traslados de personal, trasladaron competencias a las Comercializadoras de Seguros y la base tecnológica del INS tan criticada por la actual administración sigue siendo la misma y así quieren hacer creer al pueblo costarricense que el INS se transformó y dará mejor servicio_) y por supuesto el impacto que podrían sufrir los trabajadores del INS, consecuencia lógica de los procesos de reestructuración.

Por lo anterior, estamos solicitando con el aval y en nombre de la
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP), de la cual somos representante en el INS, copia fiel de las actas de discusión y el acuerdo de la actual Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, que avala, respalda y da fundamento al proceso de reestructuración interno que vive la Institución en estos momentos; solicitud que hacemos en el marco de lo que establece la legislación nacional, principalmente en lo que indica la Ley General de Administración Pública, así como más recientemente la Ley de Control Interno y la Ley de Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Por otro lado, quisiéramos se nos indique cuales son los fundamentos jurídicos sobre los cuales se realiza la actual reestructuración del Instituto Nacional de Seguros.

Sin más por el momento y agradeciendo su colaboración al respecto, se despiden,

Atentamente,

Victor Ríos Sanabria
Presidente Seccional ANEP-INS

Rafael Angel Mora Solano
Delegado de ANEP-INS

Nota: Para comunicaciones en el Dpto. de Seguros de Incendio, en el departamento de Diversos y Marítimo y en las oficinas de ANEP.

(Original firmado)

CC: Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros
Señor Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Junta Directiva Seccional ANEP-INS.