Nota del M.Sc. Luis Carlos Amador Brenes, Director de la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música, convocando a concurso para las plazas en la OSN.
La Asociación Sindical de Empleados de IFAM, ASEIFAM
La Asociación de Profesionales de IFAM, ASPI,
Comunican a la opinión publica lo siguiente:
FABIO MOLINA MIENTE
a. Los salarios del año 2009 divulgados en medios de prensa por el señor Molina Rojas son falsos. Evidencia de lo anterior es que en tres casos como los de las compañeras Vilma Monge, Bellanira Solís y del compañero Olman Piedra, las diferencias entre lo dicho por el señor Presidente de IFAM y la realidad fundamentada en las acciones de personal de estos funcionarios son de ¢980.334, ¢735.651 y ¢1.002.121 respectivamente. ¿Qué pretende el señor Molina con inflar los salarios de los trabajadores del IFAM? Es importante resaltar que los “asesores de confianza” del Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo, tienen una demanda presentada contra IFAM, para el reconocimiento del beneficio de homologación de salarios.
*b.*Los funcionarios del IFAM no tienen privilegios. El privilegio que falsamente el señor Molina nos endilga es pretender un salario igual al promedio de nuestra misma clase en otras instituciones del Estado. La homologación salarial de la cual fue objeto un grupo de funcionarios y funcionarias del IFAM se dio mediante una resolución judicial y tiene como objeto dar cumplimiento a principios constitucionales de igualdad, a igual trabajo igual salario. En la práctica, esta resolución ordenó homologar el salario de los funcionarios de nuestra Institución con el salario de sus similares en otras Instituciones del Estado, no más, no menos. ¿Será que el señor Molina considera que un conserje del INS –por citar un ejemplo-debe ganar más que un conserje del IFAM? y peor aún, ¿Califica como un privilegio el trato igualitario entre iguales?
c. El IFAM no está quebrado como lo pregona el señor Presidente Ejecutivo del IFAM, mintiéndole a sus superiores y al país entero. La Liquidación de Presupuesto al 31 de diciembre del año 2008, refleja un superávit acumulado superior a los ¢6.000.0 millones
d. Miente el señor Molina al indicar como origen de la falsa debacle financiera del IFAM, el tema salarial. El espejismo creado por el señor Molina sobre la insostenible situación financiera del IFAM no puede ser justificado por el gasto en salarios de sus trabajadores, pues en el ejercicio económico del 2008, lo correspondiente a salarios significó cerca del 20% de los ingresos totales y las proyecciones presupuestarias realizadas por la dependencia correspondiente indican que para el 2009 –incluyendo la homologación ya mencionada- la razón entre salarios e ingresos totales no supera el 33 %.
e. El señor Presidente Ejecutivo asume nuevamente posiciones falsas cuando persigue funcionarios cuestionando la falta de requisitos académicos de algunos de ellos en relación de los puestos que estos ocupan, cuando él, ejerciendo el derecho a doble voto en una reñida sesión de Junta Directiva, eliminó los requisitos académicos del puesto de Director Ejecutivo para nombrar a Dionisio Miranda Rodríguez. Con su doble voto evidenció también su doble discurso. Hoy, existen más requisitos académicos para ser oficinista en el sector público que para ser Director Ejecutivo del IFAM.
f. Para no dejar de sorprendernos con su capacidad para mentir, mientras en los medios de comunicación y en casa presidencial nuestro Presidente Ejecutivo combate los “altos salarios” de los trabajadores del IFAM, en sesiones de Junta Directiva se aprueban aumentos salariales para las altas autoridades –Auditor incluido- recetándose en unos de los casos un aumento de un 30%.
g. Por la manipulación de cifras presentadas para justificar los despidos desde octubre del 2008, hemos presentado una demanda ante el Ministerio Público, según expediente No.08-000152-621P.
Nuestros escasos recursos no nos permiten continuar puntualizando por esta vía sobre la actuación del Presidente Ejecutivo, pues el costo que ello conlleva es alto, sin embargo, nos comprometemos a utilizar hasta el último de nuestros centavos con el objeto de desenmascarar a Fabio Molina Rojas y al escenario que este ha construido para justificar el despido del 50 % de planilla del IFAM.
Sabemos que Fabio está en plena campaña y que el presentarse como defensor de los ciudadanos ante presuntos abusos de los trabajadores del sector público le puede provocar un rédito político, pero no se vale que esta pose oportunista se sustente con base en discursos demagógicos y manipulando la opinión pública, bueno.…. se vale solo en cierta clase política.
San José, 5 de marzo de 2009.
Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro
Ministerio de la Presidencia
Licenciado
José Rafael Torres Castro
Director General
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
Presente
Estimados señores:
Con nuestra presencia física esta mañana de jueves 5 de febrero de 2009, aquí, frente a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), planteamos fuerte demanda y exigencia de que se dé la apertura total de sus archivos secretos que sabemos existen; y que, paralelamente, se nos permita tener acceso a los expedientes personales, a las fichas personales de cientos y cientos de personas, ciudadanos y ciudadanas costarricenses; quienes, como los que hoy aquí hemos venido a estas oficinas centrales de la DIS, hemos asumido posiciones patrióticas y de defensa de la soberanía nacional, en distintos momentos y por diversas circunstancias, a lo largo de los últimos años.
La DIS, una verdadera policía política que ofende profundamente la convicción democrática del pueblo costarricense y que representa una afrenta a nuestras mejores tradiciones de convivencia civilizada, ha realizado toda una labor de espionaje político, bajo distintas formas y modalidades y, en todos los casos, al margen de la ley; en contra de los derechos democráticos y de la intimidad privada de cientos y cientos de ciudadanos y de ciudadanas de diversas creencias y filosofías políticas que, por una razón u otra, hemos estado en defensa del Estado Social de Derecho que nos fue legado y en defensa de la institucionalidad democrática tan mancillada por el grupúsculo de gran poder económico cuyos intereses estratégicos, desde el espionaje político, han sido defendidos por la DIS.
Es más, si desde los mismísimos grupos mediáticos al servicio de ese gran poder económico, hoy también se reclama, como nosotros lo hacemos, por la disolución de la DIS; es muy probable que se estén manejando datos y situaciones más allá de lo político-ideológico, para constituirse, eventualmente, en elementos de chantaje ante las disputas internas que se dan en el seno de ese gran poder económico por hegemonías personal y/o sectoriales, en el manejo de la cosa pública facilitadora de negocios privados.
También venimos a reclamar para que, con la más absoluta transparencia, se manifieste la naturaleza de presuntos vínculos externos, en materia de asesoría en seguridad y espionaje político brindados a la DIS por parte de otras policías políticas de otros países.
Tal es el caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la República de Colombia, hoy abiertamente cuestionado por sus supuestas conexiones con el narcotráfico y el paramilitarismo e, incluso, por la venta en el mercado de datos privados producto del espionaje realizado aún en contra de sus propias autoridades político-gubernamentales. Igualmente, es preciso saber la naturaleza de los vínculos de la DIS con los servicios de inteligencia estadounidense que presumimos de su existencia.
Hoy venimos, también, a manifestar nuestro respaldo a la necesaria iniciativa de ley que permita la disolución de la DIS, completa, sin eufemismos y a la mayor brevedad. Afortunadamente, nuestra Patria goza hoy en día de una ciudadanía sumamente crítica que entiende la práctica de la democracia mucho más allá de los torneos electorales cuatrienales; y, por tanto, una ciudadanía que no necesita esconderse para practicar la política en el buen sentido del término. Así lo demostramos con ocasión de la gesta histórica en oposición al pernicioso tratado (TLC) con los Estados Unidos; proceso en el cual, estamos absolutamente convencidos, de que la DIS nos espió, nos siguió, nos puso “fijos”, fotografió, tomo videos, hurgó en nuestros espacios privados de recreación grupal, elaboró reportes, se infiltró en nuestras reuniones, asambleas, marchas, etc., etc.
Y, probablemente, lo hizo con toda facilidad, sin mucho esfuerzo, dada la profunda transparencia y la total apertura con que fueron ejecutados todas las acciones, procesos y movimientos de la gigantesca coalición cívica del No al TLC; pero, todo lo hicieron ilegalmente, violando nuestras libertades constitucionales y la cultura democrática costarricense; espiándonos como si fuésemos elementos cuasiterroristas.
Y es aquí, precisamente, donde expresamos un fuerte emplazamiento público al señor Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, superior jerárquico-político con poder absoluto sobre la DIS, para que rinda cuentas sobre todas las directrices, directivas, orientaciones, instrucciones, que debió haber impartido en tal condición, para que nuestras actividades cívicas, nuestros eventos organizaciones, nuestras protestas pacíficas, fuesen espiadas e infiltradas con ocasión del proceso del No al TLC.
El señor Ministro de la Presidencia debió haber recibido una enorme cantidad de reportes secretos acerca de los resultados del seguimiento y de la infiltración de nuestras actividades cívico-patrióticas. Y, por tanto, tenemos derecho a saber cuántas veces nuestros nombres, en cuántas ocasiones nuestras organizaciones, cada cuánto nuestros procesos fueron objeto del interés de la policía política costarricense y, particularmente, del Lic. Rodrigo Arias Sánchez.
A la vez, hemos quedado profundamente sorprendidos al enterarnos que la policía política costarricense, la DIS, ha sido utilizada para el resguardo de material electoral, especialmente con ocasión del referéndum sobre el TLC con Estados Unidos lo que, indudablemente, aumentan los cuestionamientos sobre las actuaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en tal proceso, profundizando la duda acerca de la transparencia de las actuaciones de éste, que ya anida en importantísimos sectores de la ciudadanía democrática costarricense.
Finalmente, exhortamos a todos los señores diputados y a todas las señoras diputadas para que, sin mayor dilación, procedan a aprobar una ley para disolver a la DIS. No hay duda de que muchas de las actuales personas legisladoras del parlamento costarricense, deben tener su ficha, su expediente en la DIS; en algunos casos por razones político-ideológicas; en otros, como elementos de potencial chantaje para las eventuales disputas internas del grupo de poder económico que controla la acción política de la mayoría parlamentaria ya conocida.
Somos personas honestas, somos personas trabajadoras y somos personas de fuerte convicción patriótica. Somos una parte de la gran ciudadanía activa que, para ventura de la democracia, ya viene jugando papeles históricos. Por tanto, aquí dejamos nuestros nombres, porque nada escondemos, porque nada ocultamos, porque ustedes, los de la DIS, con toda seguridad, saben todo de nosotros. Reiteramos nuestra exigencia de que abran todos sus archivos secretos y que a cada persona incluida en ellos, se le devuelvan los mismos, se le permita recuperar su privacidad violentada y se le permita la recuperación de sus derechos constitucionales violentadas por el espionaje ilegal ejercido durante muchos años por la policía política costarricense: la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Ciudadanas y ciudadanas costarricenses cuyas firmas están adjuntas a la presente carta, con copia:
Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Honorables señores y señoras, diputados y diputadas, Asamblea Legislativa.
Honorable magistratura, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República.
Dra. Lisbeth Quesada Huertas, Defensora de los Habitantes de la República.
Honorables jueces Corte Plena, Poder Judicial.
Medios de comunicación colectiva.
Organizaciones de la sociedad civil costarricense.
Archivo.
San José, 23 de febrero de 2009.
S.G. 07-09-1189-09
¡URGENTE!
Doctora
Viviana Martín Salazar
Ministra
Licenciado
Fernando Ferraro Castro
Viceministro
Ministerio de Justicia y Gracia
Su despacho
Estimada y honorable señora Ministra:
Estimado y honorable señor Viceministro:
Con gran respeto para sus autoridades, les expresamos atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Ha llegado a nuestras manos el documento_ “Proyecto Piloto de Investigación Criminológica Penitenciaria-Centro de Atención Institucional La Reforma”_ (Resumen Ejecutivo), elaborado por la máster Martha E. González Madriz; documento al cual le hemos dado ya una primer lectura, causándonos gran impacto por lo que decidimos indicarle a vuestras ilustres autoridades la enorme preocupación que nos ha generado su contenido, dentro del cual sobresale el que se refiere al Centro de Atención Institucional La Reforma, citado algunos párrafos cuya lectura es de gran impacto.
Antes resulta importante indicar que tal proyecto obedeció a una solicitud expresa del señor Director del Instituto Nacional de Criminología para que se realizase una “investigación tanto cuantitativa como cualitativa sobre esta población (personas sentenciadas a altos montos)i para que en el seno del Departamento Técnico podamos discutir y analizar sobre los hallazgos encontrados en cuanto a la realidad que enfrenta este tipo de población que va en franco crecimiento”.
Ahora bien, tal y como se indica en el apartado _“Método de investigación utilizado_” y a la hora de abordar el caso del CAI-La Reforma, indica la autora que “Se consideró que debería asumirse de manera responsable, un hecho que ha venido denunciándose por múltiples medios (internos y externos a la institución) y durante varios años, de que el Sistema Penitenciario Costarricense se encuentra desde hace ya diversos períodos en franco proceso de crisis a lo que los últimos acontecimientos de la realidad nacional y mundial tiende a profundizar y agudizar; por lo que éstos son momentos para privilegiar el camino a las soluciones más que a sumirse en las frustraciones y privaciones que ha traído consigo la crisis.
Resulta también notoria la frase de que “Es así, como vemos que las prisiones en el país están siendo tomadas en los espacios de convivencia por la población. El Estado los saca de sus lugares de residencia o convivencia y les brinda lugares que les permite consolidar su organización violenta”.
Ahora sí, podemos entrar a lo que se determina con respecto al CAI-La Reforma. Veamos:
El Centro Penitenciario La Reforma, es el centro en donde se alberga la mayor cantidad de personas privadas de libertad (alrededor de 2000) en su mayoría sentenciada y de personal técnico, administrativo y de seguridad.
Cuenta con una estructura organizativa de alta complejidad operativa. Se podría homologar con la de la Dirección General de Adaptación Social; y aseverar, que reproduce en su interior las dificultades de manejo de la Dirección General (Oficinas Centrales), como son: canales de comunicación inexistentes o deteriorados, ambiente y cultura organizacional con niveles de violencia verbal, psicológica, de género, de amenaza a la estabilidad laboral, de sentidos favoritismos y de dogmatismos, por señalar algunos; aislamiento, distanciamiento, deslegitimación y pérdida de credibilidad de las bases en personas jefas y/o estructuras (INC, DGAS, Despacho; etc); pero con la enorme diferencia y agravante que es a la gente del Centro (Personal/Población) a la que se le ubica en grave peligro en su integridad física, porque de la salud psicológica, laboral y orgánica, ya está trágicamente dañada, y de continuar persistiendo las condiciones insalubres en que se encuentran ya se estaría calificando de fatalidad. Valga señalar que lo anterior se aplica igualmente, pero con distintos grados y áreas, a otros centros y oficinas, ya que se entiende a partir de la teoría del Análisis Institucional, que La Reforma es un emergente institucional, es el que por sus condiciones infraestructurales y organizativas logra denunciar de diversas maneras y medios su calamitosa realidad operativa organizacional, y ante la ausencia de respuesta oportuna, integral y sistemática, se llega al extremo de la actuación institucional de denuncia en el ámbito penitenciario: las muertes, ya no solo de población, sino de personal.
Se encuentra el personal del Centro La Reforma laborando en condiciones indeseables: el temor, la desconfianza, incredibilidad, en las autoridades superiores en general, condiciones infraestructurales insuficientes e impropias para la atención de las personas, sin espacios para la reflexión o la producción teórica, la ausencia de capacitación y de formación actualizada en materia criminológica y de temas como derechos humanos, no solo en cuanto a su normativa sino comprendida como una forma de ver al mundo, en donde la persona es sujeta de dignidad y respeto.
Es en este personal, por lo consiguiente, en donde se logra observar como el denominador común Institucional “el miedo” utilizado como recurso para el control, la paralización e inmovilización, no obstante y a pesar de ello logra, este personal, elevar la denuncia y demostrar una vez más su compromiso con el encargo social.
Este miedo sumado a la ausencia de capacitación, acompañamiento, seguimiento en materia penitenciaria, del para qué, cómo y por qué del trabajo en el Sistema, ha llevado a que los ámbitos de convivencia de la población hayan sido usurpados por ellos. Y como lógica consecuencia, los grupos organizados han asumido el control del Centro de manera violenta e intimidatoria no solo hacia el personal sino hacia la gran mayoría de los que se convierten en soldados de estos grupos: les venden la comida, las llamadas telefónicas, pueden denunciar solamente en temas propios de los servicios que presta la institución no de la dinámica interna, utilizan las debilidades humanas como son las personas con problemática de drogadicción o sexual, han establecido una red de comunicación con altos niveles de eficiencia entre los distintos Centros de la Institución, y logran organizar acciones delictivas de toda índole, tanto intra, Inter. O extra institucional, a pesar de ello y por ingerencia del personal, se logra que algunos de los programas y personas privadas de libertad logren “sacar su cabeza” y puedan ser productivos y creativos. Esta realidad siempre ha existido, es propia de la cultura carcelaria, el problema son los grados y ámbitos de control de la población de la dinámica institucional en relación con la del control del personal penitenciario.
Para incrementar nuestra preocupación acerca de la alta situación de riesgo y de vulnerabilidad en que se encuentra el CAI-La Reforma, los tres párrafos siguientes del mencionado son lo suficientemente elocuentes:
Se encuentra una figura llamada “el gestor” que es el que se convierte en el enlace del personal con la población penal, es el que ingresa a los ámbitos, es decir, de hecho se está valorando la vida del personal en diferentes estratos, ¿por qué unas personas no ingresan a los ámbitos por temor a ser violentados y otros son obligados por su ubicación institucional?, esta persona no cuenta, evidentemente, con el soporte técnico y administrativo necesario para el desempeño de su función y con la formación técnica especializada, deficiencia de la que no escapa el departamento de seguridad en general, ya que la función de seguridad penitenciaria es diametralmente diferente al de la seguridad policial civil, pero en este caso con estas personas gestoras, se les está ubicando en un riesgo constante que abre la posibilidad de utilizar vías no recomendables para asegurar su subsistencia laboral y emocional.
Cabe señalar acá, que La Reforma, es atendida durante las noches con un número intrépido de vigilancia, aproximadamente 280 funcionarios para un Centro con la complejidad de Reforma. En tanto, la queja generalizada del personal en general (de todos los departamentos, incluyendo Oficinas Centrales), es que en Oficinas Centrales se encuentran ubicados/as personal de seguridad (alrededor de 50), sin mayor conocimiento de la materia penitenciaria desempeñando funciones entre otras de “inteligencia”, que aparentemente no tienen mayor incidencia en lo cotidiano y mediano plazo en el Sistema Penitenciario.
A nivel administrativo, la situación no es diferente, un escaso número de personal en los distintos departamentos, en algunos solamente se pueden localizar dos funcionarios/as, otros como el de nutrición, se encuentran un reducido numero de cocineros/as, por lo que deben recurrir a la población para poder solventar las necesidades, infringiendo por necesidad en algunos momentos, directrices en este sentido, de solamente ubicar a población para el trabajo de picado y pelado de alimentos. No cuentan con reconocimiento real de sus funciones, siendo que algunos asumen labores de jefatura sin el reconocimiento salarial que justamente les correspondería, pero que deben responder como tales cuando sucede algún percance, cosa que en transportes es constante, por el mal estado de la flotilla y el insuficiente número de vehículos VS número de carros y buses que respondan a las necesidades reales en las áreas técnicas, administrativas y de seguridad.
La ANEP como entidad laboral representativa de un importante grupo laboral de servidores y de servidoras del Sistema Penitenciario Nacional que se desempeñan en el mencionado centro, no puede dejar pasar desapercibido los ya no solamente preocupantes, sino más bien alarmantes, contenidos del citado estudio, por demás, realizado por una excelente profesional con amplia trayectoria de servicio público institucional con especialidad en la materia analizada.
Además, la ANEP no ha estado ajena a la grave situación denunciada. Con fecha 7 de noviembre de 2006, a la entonces señora Ministra de Justicia y Gracia, la licenciada Laura Chinchilla Miranda, le indicamos lo siguiente, mediante nuestro oficio S.G. 05-07-0947-06; carta que le enviamos con el planteamiento de la idea para la realización de un “congreso penitenciario”; idea que pretendió ser materializada, sin resultado alguno, al término de la gestión de la Licda. Chinchilla Miranda. Veamos lo que en ese momento apuntamos y en el contexto de la dolorosa pérdida, en medio de un intento de fuga, de un compañero policía penitenciario. Dijimos:
“Tal y como se lo manifestáramos recientemente, vía telefónica, la ANEP considera oportuno, prudente y necesario un franco diálogo, respetuoso y abierto, entre su autoridad y el personal de los distintos segmentos laborales que brinda servicio en el Centro de Atención Institucional La Reforma, lo más pronto posible, a raíz de los dolorosos acontecimientos que todos conocemos.
En principio nos llenó de esperanza una carta enviada por su despacho, al señor Rodolfo Ledezma, Director de La Reforma, en la cual le indica que tal reunión estaría para el próximo 14 de noviembre, a las 10.30 a.m.; pero, se trataría de una reunión con una pequeña parte del personal del mencionado centro, cuya designación haría el señor Ledezma por indicación suya, señora Ministra.
Esto no fue el espíritu de nuestra solicitud, ni tampoco el que anima el escrito que un elevado número de personas trabajadoras de La Reforma le dirigiera a usted en días pasados y a propósito de los mismos dolorosos acontecimientos.
En los actuales momentos de tensión laboral, de incertidumbre institucional y de inseguridad sobre la propia vida de quienes laboran en La Reforma, es necesario que tal reunión sea totalmente abierta a todo el personal (con las lógicas restricciones cotidianas en pro de la seguridad carcelaria); de forma tal que la autoridad ministerial representada por su persona tenga una noción real, de viva voz y no filtrada, del sentir del personal de base de tal centro en estos momentos.
Una reunión como la que planteamos, no está en contradicción para que en un segundo momento y en otro día, usted desarrolle la reunión que plantea inicialmente con las estructuras jerárquicas del mencionado centro; porque esa sería la lógica decisión del Sr. Rodolfo Ledezma, de convocar solamente al personal con responsabilidades de jefatura, si se atiene al contenido de su carta del día 3 de noviembre.
La Reforma, los restantes centros penales, en general, y el Sistema Penitenciario Nacional en cuanto tal, ocupan de un proceso de profunda reestructuración participativa, dentro del cual aspectos de corto y mediano plazo, se combinen con decisiones estratégicas a largo plazo.
Es obvio que el desarrollo cuantitativo y cualitativo del proceso criminal hoy en día, más su trasnacionalización, ha dejado a la política pública penitenciaria en total precariedad: escasez de personal (especialmente técnico y profesional), carencia de recursos, instalaciones precarias e insalubres, bajos salarios, recargo de casos, ausencia de estímulos, etc.
Es más, creemos urgente la realización de una especie de Congreso Penitenciario, con alta participación del personal de base, para que a través de una serie de jornadas de reflexión, el país defina nuestras políticas públicas de atención al proceso criminal bajo las nuevas condiciones que presenta, producto del proceso de globalización económica y de deshumanización social que vivimos en la Costa Rica de hoy.
Por otra parte, debe considerarse que el personal penitenciario, si bien conserva admirablemente altas dosis de mística, se siente en total estado de indefensión, ante la acumulación de una serie de factores que han llevado a la labor penitenciaria a estados de indignidad y de cruel invisibilización para quienes no están en las altas esferas de decisión jerárquica cotidiana.
Vistas así las cosas, señora ministra y señor viceministro, es imperioso un abordaje urgente de la situación que expone el informe de la máster Martha E. González Madriz; y, particularmente, a la organización que nos honramos en representar, nos urge que ustedes nos reciban en audiencia para que se definan una serie de acciones compartidas que apunten en la dirección de la búsqueda de soluciones. Al respecto, queremos compartir con ustedes, respetuosamente, algunas sugerencias de nuestra parte.
Finalmente, no creemos que la invisibilización de la situación planteada, la descalificación subjetiva del informe mencionado; y, peor aún, algún nivel de persecución que se pretenda desatar en contra de la citada profesional, sean medidas que ayuden a enfrentar el grave problema aquí planteado.
Una vez más, les reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
C.c.
Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í.
Lic. Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria.
Msc. Rómulo Castro Víquez, Director de Recursos Humanos, Adaptación Social.
Lic. Alexánder Obando Meléndez, Director, Instituto Nacional de Criminología (INC).
Bach. Ronald Herrera Martínez, Director, Centro de Atención Institucional La Reforma.
Msc. Martha E. González Madriz.
Defensoría de los Habitantes de la República.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Junta Directiva Seccional ANEP-Personal de Salud-Sistema Penitenciario Nacional.
Personal, Centro de Atención Institucional La Reforma.
Archivo.
_______________________________
Estudio completo
San José, 2 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1201-09
Doctor
Guillermo Zúñiga Chaves
Ministro
Ministerio de Hacienda
Su despacho
Estimado señor ministro:
Luego de saludarlo respetuosamente, deseamos manifestar una situación que en el seno de la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-Hacienda nos está preocupando.
Hemos tenido información del despido de cinco personas en la Aduana de Limón, todos en puestos de interinos; dicho despido se dio a partir de este 1 de marzo del 2009.
Estas personas son residentes de la zona, se han profesionalizado con gran esfuerzo con sus propios recursos debido que no han disfrutado de becas, demostrando su capacidad y eficiencia en el desempeño de sus labores.
Además cumplen los requisitos que se establecen en el Manual General de Clasificación de Clases, actualmente vigente. Incluso han acumulado valiosa experiencia en el desempeño de los procesos aduaneros demostrando capacidad y eficiencia y no entendemos que existen razones de peso para que los mismos sean despedidos.
Consideramos que despedir trabajadores y trabajadoras de aéreas estratégicas, como son los puestos de control de entradas y salidas de mercancías en puertos y aeropuertos para llenar plazas en oficinas de la Llacuna en San José es muy delicado, debido a que debilita el sistema en las diferentes Aduanas fomentando el contrabando y la evasión fiscal.
Dado lo anterior, y según lo establecido en el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, en el articulo 10 indica “se consideraran servidores interinos sustitutos los que fueren nombrados para reemplazar temporalmente a un servidor regular…..”. De ahí se desprende que la cesación de los servicios de estos compañeros y compañeras interinas será únicamente cuando regrese el titular del puesto y/o se presente la nómina de elegibles por parte de la Dirección General del Servicio Civil.
Por lo tanto, solicitamos con todo respeto la integración de dichos funcionarios y funcionarias a sus respectivos puestos, de lo contrario viene a contradecir la política del Presidente de la República Oscar Arias Sánchez, de evitar los despidos y menos si estos no se justifican en aéreas tan sensibles como los puestos de controles aduaneros.
Así mismo tenemos conocimiento en el caso de la Aduana de Limón; la Gerencia apoya a estos funcionarios y funcionarias a que no sean despedidas, ya que reconocen la labor que han realizado y están muy preocupados por supuestos despidos masivos a futuro.
Esperamos pronta repuesta según el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y si estos hechos se están suscitando denunciaremos ante la opinión pública todo prejuicio tanto a las personas trabajadoras del Estado como a las arcas del mismo, porque estamos vigilantes ante cualquier anomalía que se detecte en violación a los derechos laborales y del pueblo.
Sin más por el momento se suscriben de usted,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
C.c.
Sr. Desiderio Soto, Director General de Aduanas.
Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Hacienda
Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP
Junta Directiva Nacional de ANEP
San José, 2 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1200-09
Licenciado
Francisco Fonseca Montero
Director General de Tributación
Ministerio de Hacienda
Su despacho
Estimado señor:
Con gran respeto, le expresamos a usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Como usted sabrá, una de las grandes preocupaciones de tiene esta organización sindical, en cuanto a su agenda nacional, tiene que ver con el asunto tributario costarricense, pues siempre hemos considerado que hay mucho que hacer todavía para lograr una verdadera justicia tributaria en nuestro país, aunque reconocemos importantes avances en el nivel de gestión administrativa, lo cual hubiese sido imposible de lograr si no se tuviera el comprometido personal que labora en esa Dirección.
Está circulando en la Dirección General de Tributación el documento adjunto, en el cual se muestra el supuesto nuevo organigrama que tendría la dependencia a su digno cargo, de lo cual, tenemos entendido, hasta las diferentes jefaturas de la misma, lo están dando a conocer.
Así las cosas, invocando el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, la siguiente información:
Si ese documento es oficial y desde cuándo ha entrado en vigencia.
¿Cuáles es el estudio que le da sustento a esa supuesta transformación organizativa?
¿Cuál es el costo que tiene la implementación de tal estudio, siendo que del mismo se deriva la apertura de nuevas jefaturas con la correspondiente que se genera a partir de cada una?
¿Cuáles son los resultados que se esperan obtener de la implementación del estudio, en materia de elevación de le eficiencia y la eficacia de la gestión tributaria que se administra desde esa dirección?
¿Se contratará nuevo personal a partir de la implementación de tal estudio?
¿Qué persona y/o firma realizó el estudio?
¿Tiene el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) papel en este asunto?; ó ¿solamente se le informó?
Sin otro particular, aprovechamos para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración, esperando una pronta respuesta a nuestras interrogantes.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Lic. José Manuel Gómez Sánchez
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda
C.c.
Lic. Francisco Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda.
Junta Directiva Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos ( ANEP), Albino Vargas, dijo a Informa-tico.com que esperan que “el diálogo arranque en abril, luego que las organizaciones sociales demos a conocer el contenido de un plan anti crisis”.
El plan anticrisis será anunciado el primero de abril en la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa por dirigentes de las organizaciones sindicales y sociales, grupos ecologistas y profesionales independientes.
La presentación del plan implicará un análisis del denominado Plan Escudo lanzado por el gobierno de Oscar Arias hace un mes, así como el recién dado a conocer por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Empresariales (UCCAEP) el pasado fin de semana, dijo Vargas.
Vargas dijo que el plan tocará aspectos que no contemplan el Plan Escudo y el de los empresarios.
Asimismo, Vargas dijo que esta semana enviará una invitación formal a la UCCAEP para que algunos de sus dirigentes participen en ese acto, y luego arrancar con el diálogo.
Las organizaciones empresariales y sindicales se distanciaron y enfrentaron con dureza durante el proceso que culminó con el referéndum para aprobar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el 7 de octubre del 2007.
La ANEP propuso en una carta la semana anterior dejar de lado la polarización y buscar puntos de coincidencia. La UCCAEP respondió que “siempre ha estado abierta al diálogo”. El pasado lunes el líder del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, saludó la actitud de ambos sectores y los alentó a sentarse a dialogar.
Analista lo recomienda
Sobre el tema, el analista Jaime Ordoñez dijo ayer en un artículo el diario Extra señaló que la propuesta de diálogo “es una excelente iniciativa de la ANEP y la UCCAEP debería aceptar el ofrecimiento. No sólo es lo más patriótico para ambas organizaciones, sino lo más inteligente y sensato”.
“Deberían sentarse en la mesa con una, o muchas tazas de café, y varias hojas en blanco para buscar puntos de coincidencia sobre el país. ¿Qué hay grandes divergencias ideológicas y políticas entre ambas organizaciones? Desde luego. Eso ya lo sabemos. Sucede lo mismo en cualquier país del mundo entre sectores empleadores y sindicatos. De lo que se trata la democracia, sin embargo, es buscar los acuerdos, y trabajar sobre ellos. Tener claras las diferencias pero trabajar en los acuerdos”, apuntó Ordóñez.
El analista apuntó que_ “uno de lo problemas de la Costa Rica de las últimas décadas es la demonización de los acuerdos y los pactos. En algún momento de los años setenta u ochenta se nos ocurrió a los costarricenses la extraña y ridícula idea de que los pactos eran malos”._
“La clave de la democracia moderna nació del diálogo, de los acuerdos y de los pactos. El Parlamento moderno nació en Inglaterra como un pacto entre terratenientes y comunes. Los grandes acuerdos de las democracias modernas en el siglo XX (Inglaterra, Francia, Alemania, la España de las últimas décadas) se hicieron a partir de acuerdos y de pactos sobre el estado y las políticas públicas. Me refiero a los pactos que se hacen sobre la mesa, como parte de los procedimientos democráticos. No los que se hacen bajo la mesa, a escondidas, buscando provecho propio o de sector. Eso no es pacto, sino corrupción y para eso existe la legislación penal”, advirtió Ordóñez.
Fuente: http://informa-tico.com
Representantes de las organizaciones sindicales y sociales que integran la Central Social Juanito Mora Porras iniciaron, lo que ellos llaman, el relanzamiento de la Juanito Mora.
Gran participación en la inauguración de este Congreso que concluirá mañana sábado al medio día cuando se estén proponiendo las acciones que, de ahora en adelante, realizarán para fortalecer y posicionar aún más la Central luego de la gran lucha patriótica en contra del TLC del año anterior.
Rectificar, corregir, fortalecer y avanzar
Esas son la consignas planteadas en el primer día de trabajo de Congreso por los y las representantes de sus organizaciones integrantes.
“En medio de su incesante accionar, la ANEP ha pecado en cuanto al trabajo de la Central, hemos dejado de hacer cosas que ayudarían a fortalecerla, lo aceptamos, pedimos disculpas a nuestros hermanos y hermanas y nos comprometemos a corregir esa situación”, dijo Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP ante el Congreso, y agregó que “la lucha contra el TLC nos consumió, igual sucedió con otras organizaciones sindicales y sociales, aún así cada quién dió todo y podemos estar orgullosos de que, como Central Social Juanito Mora Porras, dimos todo por nuestra Patria junto a nuestro pueblo, de esos estamos orgullosos”.
De igual forma Alonso Araya, Presidente de ASDEICE, fue contundente al afirmar que “el fortalecimiento de la Central es de suma importancia en la unidad del Movimiento Sindical y lo que esto representa en la defensa de los derechos laborales de los y las trabajadoras en tiempos de TLC, neoliberalismo, desempleo y hambre, es fundamental relanzar y fortalecer nuestra Central, las puertas están abiertas para todas aquellas organizaciones sindicales y sociales de todo tipo”.
Por su parte Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA, invitado especial al Congreso de la Central, dijo que le han conversado sobre la posibilidad de que la organización que él representa se adhiera a la Central, “voy a llevar el tema a la Junta Directiva de UNDECA, vamos a estudiar bien porque ya tuvimos una mala experiencia cuando formamos parte de otra central, pero no es conveniente estar aislado, el objetivo de toda organización sindical es la unidad del movimiento de los trabajadores”, y agregó que “tenemos excelentes relaciones con quienes integran la Central, hemos coordinado muchísimas acciones conjuntas y creo que hay buen ambiente para que se analice la posibilidad de nuestra incorporación”.
Elección de la nueva dirección
Entre las decisiones más importantes tomadas por el Congreso de la Central está la modificación del Estatuto en el cual se eliminó el cargo de Secretario/a General, que junto al de Presidente/a formaba la dirección de la Central. De ahora en adelante se contará solo con la Presidencia y vicepresidencia.
Para el cargo de Presidente se eligió a Albino vargas Barrantes de ANEP, como vicepresidente a Luis Serrano Estrada. Los dos, junto a otros compañeros y compañeras de otras organizaciones sociales y sindicales conforman la Junta Directiva Nacional de la Central Social Juanito Mora Porras.
Poco más de dos mil personas, siendo APSE una de las organizaciones que mayor movilización realizó, se presentaron la tarde de este jueves 26 ante el Ministerio de Trabajo, MTSS, para exigir el reajuste salarial que, de acuerdo al estudio realizado por Servicio Civil a pedido de los sindicatos, se debe hacer.
Según información obtenida en el MTSS, el Gobierno suspendió la sesión de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público debido a la movilización que los sindicatos realizarían, aunque la verdad es que el mismo gobierno rehúye sentarse a hablar de salarios con los trabajadores.
Una representación de los sindicatos fue recibida por el Ministro en ejercicio, Eugenio Solano, y se comprometió a que el próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 2:00 p.m., se realizará la sesión de la Comisión.
Desde ese mismo momento los dirigentes sindicales hicieron un llamado a los y las trabajadoras a hacerse presentes, aún en mayor número, al MTSS ese día para reforzar la posición de la dirigencia sindical ante la Comisión.
Entre las organzaciones sindicales presentes, en este segundo mitín, estaban APSE, Unatropyt, Afumitra, SITTEPP Y ANEP.
San José, 24 de febrero de 2009.
S.G. 07-09-1191-09
¡URGENTE!
Ingeniero
Pedro Pablo Quirós Cortés
Presidente Ejecutivo
Licenciado
José Abrahán Madrigal Saborío
Gerente General
Ingeniero
Gravin Mayorga Jiménez
Subgerente de Electricidad
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Sus Despachos
Distinguidos señores y autoridades del ICE.
De forma respetuosa pero vehemente, instamos a sus autoridades, a revocar por falta de prueba sustentable la sanción que le fue declarada a los compañeros Fabio Chávez Castro, Francisco Aguilar García y Jorge Arturo Vega García, todos dirigentes de ASDEICE; pues los hechos endilgados a los compañeros nunca fueron demostrados, dado que no son demostrables hechos no sucedidos; amén de que tal sanción constituye una clara violación al principio de Libertad Sindical, consagrado en todos los estamentos del ordenamiento jurídico costarricense actualmente vigente y en la normativa internacional tutelante de tal principio.
Mantener esta sanción, a todas luces arbitraria y contraria a las normas internacionales del trabajo, ratificadas por nuestro país, no sólo lesiona el sagrado derecho al trabajo y al ejercicio de la Libertad Sindical de los compañeros mencionados; sino que, además, significa una agresión moral a todas las personas que nos identificamos y defendemos los derechos humanos laborales.
No sobra decir que mantener una sanción que no tiene razón ni fundamento alguno de sustentación, será considerado por los suscribientes como una mera acción revanchista de baja ralea; una imprudente y odiosa represalia contra los compañeros mencionados, dado su liderazgo, inclaudicable, que mantuvieron por la defensa de los más sagrados derechos patrios, en las recién pasadas luchas contra el “Combo ICE” y el_ “frauduréndum”_ del mal llamado tratado de “libre comercio” TLC con los Estados Unidos.
Respetables señores: Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de anular esta odiosa alevosía, urdida contra la dignidad de estos grandes luchadores sindicales y sociales, revocando esta sanción vergonzosa sanción que es una afrenta al sagrado derecho de libre expresión del movimiento independiente de los trabajadores y en contra de una institución laboral y sindical ampliamente reconocida en el país y de mucho prestigio como lo es el sindicato ASDEICE.
No más Memorando Kevin Casas-Fernando Sánchez, basta de intimidación. Está demostrado: la razón y la indignación terminan imponiéndose, como virtud humana, a la represión, al miedo y al terror.
De ustedes atenta y respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario Genera ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
C.c.
Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Honorables señores y señoras Consejo de Gobierno, República de Costa Rica.
Oficina Regional de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)-Costa Rica.
Confederación Sindical Internacional (CSI).
Confederación Sindical de las Américas (CSA).
Federación Sindical Mundial (FSM).
Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC).
Plataforma Sindical Común Centroamericana-Capítulo Costa Rica (PSCC-CR).
Movimientos sociales y ONG’s, defensores de los Derechos Humanos Laborales.
Medios de Comunicación Colectiva.
Central Social Juanito Mora Porra (CSJMP).
Sindicatos y organizaciones sociales de Costa Rica.
Junta Directiva ASDEICE.
Junta Directiva FIT-ICE.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.