Categoría: Acción Sindical

San José, 10 de junio de 2008.
S.G. 07-09-0557-08
¡URGENTE!
Señora
Janina Del Vecchio Ugalde
Ministra
Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía
Su Despacho
Fax No. 22 26 07 26

Estimada señora Ministra:

Nuevamente y con gran respeto, le expresamos nuestro más atento saludo.

Siguen llegando a nuestra oficina manifestaciones de preocupación por los diversos cambios de horario que, al parecer, su despacho está ordenando; cambios de horario que por la naturaleza de los mismos, generan repercusiones psicosociales y socioeconómicas en el personal afectado, ciudadanos y ciudadanas al servicio de la Fuerza Pública pero que mantienen intacta su condición humana y su reclamo justo y respetuoso de trato con dignidad.

Luego de que en carta anterior le planteamos el tema de la Policía de Fronteras, ahora nos referimos a la zona de Pérez Zeledón, concretamente en la zona de Dominical de Osa, cuyo horario idóneo, en su momento, fue señalado por la Defensoría de los Habitantes de la República, bajo el sistema de 2 × 2 × 2, según tenemos entendido; pero que no se pudo poner en práctica por el horario de servicio de buses, llegándose a una especie de punto medio con un sistema de 4 × 4, que hasta ahora parece haber combinado la necesidad del servicio público de seguridad ciudadana, con el trato digno al personal a cargo de la misma. Se habla ahora de poner un sistema de 8 × 4 (y de 5 × 2 en las jefaturas), se indica que el cambio es ya, de inmediato, y no se miden las afectaciones sobre el vínculo familiar y comunal de los servidores, retrotrayendo experiencias pasadas de desintegración de la familia; amén de que parecen prevaler las dificultades de albergue y socioambientales para una permanencia continua en la base por ocho días.

Por otro lado, tenemos el caso de la situación de la denominada Quinta Región, en la cual la mayoría del personal (entendemos que los encargados de programas preventivos), tendrá que asumir un rol de 2 × 2 × 2; lo que, según informes en nuestro poder, implicará una mayor erogación en pasajes y más consumo de energía por los desplazamientos, para mencionar solamente dos factores que quizás no han sido bien ponderados al momento de determinar este cambio.

La Región 10, presenta también dificultades para un horario de 2 × 2 × 2, por largas distancias, temporada de lluvias, caminos altamente dificultuosos, más consumo de energía en los desplazamientos de la base a la zona de residencia y viceversa. Es decir, la misma problemática: cambios abruptos que descontextualizan las particularidades psicosociales y socioeconómicas. Se nos dice que en esta región, el 4 × 4 pareciera recoger el consenso del personal de base y que ese es el punto de equilibrio entre la demanda de seguridad y la dignidad laboral del personal.

A lo largo de los últimos años, la percepción que tiene la ANEP con base a estos cambios es que su motivación central es la ocurrencia de las jerarquías de turno, en vez, de obedecer a un proceso integrado de análisis que vincule las diversas variables de eficiencia y eficacia en el servicio, de aspectos psicosociales y socioeconómicos y remunerativos, incentivos y otros; de tal suerte que encontremos ese punto de equilibrio entre la demanda ciudadana y el respeto a la dignidad laboral del servidor de la Fuerza Pública.

En esta ocasión no estamos culpando a nadie en particular ni queremos generar una discrepancia estéril, pero parece que estos cambios abruptos no generan la necesaria tranquilidad institucional para enfrentarse con el afuera amenazante.

Con todo respeto, le estamos solicitando lo siguiente:

Suspensión de los cambios de horario previstos para iniciar este domingo, de tal suerte que, con paulatina implementación y con la sensibilización necesaria se pueda articular una propuesta de horario que equilibre sus metas de gestión al frente del despacho en la materia de seguridad, con la situación psicosocial y socioeconómica del personal afectado: a) más gasto en pasajes por la frecuencia de viajes; b) dificultades producto del horario del transporte público; c) la reducción en el monto de tiempo de descanso que se dará por una mayor frecuencia de desplazamiento de y hacia la base; d) los mayores días de separación del núcleo familiar y del relacionamiento comunal; e) la carencia de condiciones de albergue idóneas para estancias prolongadas (por ejemplo, el 8 × 4); f) el mayor consumo de energía que estas situaciones generan; g) las dificultades en cuanto a alimentación y a avituallamiento; entre otras variables que, según nuestra percepción, deberían vincularse armónicamente en busca del fin perseguido.

Además, el factor edad parece que no está siendo debidamente valorado, considerando que podría ser necesario discriminar entre el personal juvenil de reciente ingreso, el personal que está en etapa madura y el personal que se acerca a su merecida jubilación, todo lo cual presente esquemas de relacionamiento con los cambios abruptos de tarea que no tienen iguales niveles de asimilación.

Particularmente en lo que se denomina Región Décima (Coto Brus, Palmar Norte, Golfito y cantones circunvecinos), como indicamos líneas arriba, el 4 × 4 pasa a ser ese punto de equilibrio. Por tanto, le solicitamos valorar esta petición para que sea en este esquema el cambio.

En la Región Quinta, proponemos que se profundice la valoración integral que venimos señalando y hasta tanto no se busque ese punto de equilibrio, el 2 × 2 × 2 no debería entrar en vigencia.

Concedernos una audiencia con urgencia para llevarle, directamente, nuestras apreciaciones sobre el particular y tratar de que su digna autoridad vea el asunto de manera integral, vinculando la notable experiencia y el conocimiento de los mandos superiores de la Fuerza Pública que nos merecen todo respeto por sus limpias trayectorias; pero incluyendo, necesariamente, el clamor del personal laboral de base que estamos expresando a través nuestro.

Le agradecemos su pronta respuesta para lo cual invocamos el articulo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c. Comisionado Erick Lacayo Rojas, Director General de la Fuerza Pública.
Comisionado Randall Picado Jiménez, Subdirector General de la Fuerza Pública.
Comandante Freddy Hernández Dormo, Director de la Policía de Fronteras.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Personal involucrado.
Archivo.

San José, 10 de junio del 2008.
S.G. 07-09-0550-08

¡URGENTE!

Doctor
Luis Paulino Mora Mora
Presidente
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho

Estimado señor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le estamos solicitando por esta vía una copia del documento denominado “INFORME PARA LA DEFINICIÓN DEL ESTRATO GERENCIAL EN EL PODER JUDICIAL Y SU CORRECTA UBICACIÓN SALARIAL”, el cual habría sido aprobado por el Consejo de Personal en sesión número 12-2008, artículo IV, celebrada el veintidós de mayo pasado y remitido a la Secretaría General de Corte mediante nota 646-JP-2008, del 27 de ese mismo mes. Entendemos que tal estudio no ha sido sometido a conocimiento de Corte Plena.

Este asunto, aparte del inobjetable interés público que reviste, requiere de nuestro conocimiento de cara a la próxima discusión sobre el tema salarial del Sector Público que ha de darse en fecha próxima, con el Gobierno de la República. Además, tenemos entendido que está en desarrollo un serio cuestionamiento en las bases laborales del Poder Judicial, al sentir que se estaría gestando una especie de “fiesta salarial” en los estratos jerárquicos superiores de dicho poder, con exclusión de la amplísima mayoría de cargos profesionales y no profesionales que componen la estructura de nuestro sistema judicial.

Solicitamos tal información al amparo del artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Anticipadamente le agradecemos la valiosa atención brindada a esta respetuosa petitoria.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. Organizaciones gremiales del Poder Judicial.
Medios de Comunicación Colectiva.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Las organizaciones sindicales del Ministerio de Salud sometieron a criterio de los trabajadores y trabajadoras de esa institución, la legitimidad en las negociaciones que se llevan a cabo con la Ministra sobre el “desarrollo organizacional” que se propone.
Además explicaron, desde un punto de vista jurídico, cuáles son los alcances de la “Manifestación de Voluntad” y los riesgos que se corre con este “inédito” procedimiento, jamás visto en el Sector Público.

Albino Vargas, Secretario General ANEP

Frente a la entrada del Ministerio, en San José, dirigentes y trabajadores se reunieron para exponer los alcances de la política planteada que pretende convertir a la institución en un ente regulador y no preventivo.

Los representantes sindicales han venido negociando con la Ministra de Salud María Luisa Avila, esto permitió que se suspendiera el llamado a paro nacional que se organizaba para este mes. El acuerdo firmado fue sometido, por las organizaciones sindicales, a los trabajadores y trabajadoras de la institución a fin de que estos legitimaran lo negociado.

La organizaciones sindicales presentes en el acto fueron: ANEP, ANPE, SINPROSA, UNIÓN MÉDICA, SINAE, SITECO, SINAESPA.

“Ese acuerdo es para el respeto a los derechos de los trabajadores, en el sentido amplio del concepto; la consolidación de los perfiles profesionales y técnicos, como derecho de cada quién; Igualmente, para que el desarrollo y los productos del proceso no vulneren los derechos laborales.” dijo Freddy Solórzano, dirigente sindical de ANEP en el Ministerio de Salud, quien agregó que “muchos trabajadores y trabajadoras fueron víctimas del engaño, la presión psicológica, intimidación y chantaje para que firmaran la “manifestación de voluntad” que emitieron las autoridades ministeriales y que quedó sin valor alguno luego de firmado el acuerdo.”.

Números hablan

Y es que detrás del famoso proceso de “desarrollo organizacional” no solo se encuentran los intereses de las empresas privadas para quitarle facultades al Ministerio de Salud, también hay serias dudas con respecto a una “consultoría” que le estaría costando a la institución cerca de ¢500 millones de colones.

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, esta consultoría no tiene un enfoque integral, “hay mucha desinformación y reservas, esto ha provocado una sensación de inestabilidad laboral y la certeza de que se quieren cerrar programas de salud importantes para los costarricenses. Han creado un muro que nos impide conocer los verdaderos alcances de ese “desarrollo organizacional”, y agregó que “este proceso debe detenerse inmediatamente, realizar las correcciones necesarias y elementales. Se ha venido trabajando en una comisión bipartita y esta debe tener condiciones de calma para poder desarrollar su trabajo.”.

“lo que si es muy sospechoso es que esta situación de hermetismo creado alrededor del D.O coincida con declaraciones tan contundentes como las del Ministro de “competitividad”, Jorge Woodbridge, que señaló que “el Ministerio de Salud es un freno para el desarrollo de los negocios en Costa Rica”, concluyó Vargas Barrantes.

Albino Vargas, Secretario General ANEP

Nada es casualidad

“¿Qué es lo que está pasando en el Ministerio de Salud?, ¿Porqué este D.O?, ¿A qué responde esta iniciativa?, no es solo un tema del Ministerio de Salud, ¿porqué se relaciona con las palabras de Jorge Woodbridge, ex-embajador de Costa Rica en Estados Unidos, y ahora Ministro?, esto tiene que llamarnos la atención porque esas son las voces del capitalismo más salvaje que nos está gobernando”, dijo Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de ANEP, y agregó que “las cosas hay que llamarlas por su nombre, en el mundo de los negocios no hay derecho a la salud porque la salud es un negocio. A ellos no les interesa la salud preventiva, lo que les interesa es hacer negocio con la vida, con la salud, por eso desde hace más de veinte años nos vienen quitando, robando, saqueando y quitándole funciones a este Ministerio.
El ejemplo más evidente es el paso de la salud preventiva a la CCSS, ¿qué hace la Caja en ese campo?, la respuesta es nada, porque no les interesa la salud preventiva, lo que si les interesa es hacer negocios con la salud.”.

Para concluir dijo que “esa política es premeditada, es criminal, poner el negocio por encima de la salud del pueblo costarricense. Debemos, tenemos, la obligación de recuperar el Ministerio de Salud, el MAG, el CNP, la Banca Nacional, y tantas instituciones públicas que han sido fundamentales para el desarrollo del país y que las han venido saqueando”.

San José, 19 de mayo de 2008.
S.G. 07-09-0510-08
¡URGENTE!

Licenciado
Ricardo Sancho Chavarría
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su Despacho

Asunto: ANEP solicita retiro temporal de la Autoridad Presupuestaria (AP), del Plan de Implementación de Reestructuración Institucional, Estudio Integral de Puestos y Modelo de Administración de Puestos.

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Nuestra respetuosa solicitud, expuesta en el recuadro precedente, la fundamentamos en dos aspectos de fondo:

*PRIMERO: * En materia de nuevas bases salariales, tanto la administración superior como las organizaciones sindicales del A y A, acordamos que las nuevas bases salariales serían definidas con base en un estudio de mercado de salarios, que realizaría la consultora Deloitte; para lo cual se estarían tomando como referencia, dieciséis instituciones tanto de los sectores Público y Municipal, como de la empresa privada, estudio que indicaría el promedio para el ajuste de las nuevas bases salariales en el A y A.

No obstante, analizados los documentos en el Frente Sindical de A y A afloraron las dudas, razón por la cual fuimos oportunamente recibidos por la Dirección de Recursos Humanos, manifestando ésta que la Autoridad Presupuestaría (AP), rechazó el estudio argumentando entre otras razones, por estar el A y A homologado al Servicio Civil. Por lo tanto, lo admisible y procedente es, según la AP, que el reconocimiento de las nuevas bases salariales, sea el producto de la aplicación y ajustes en el manual de clases anchas del Servicio Civil.

SEGUNDO: Que revisando las seis clases genéricas (Gestor Experto, Gestor Especialista, Gestor General, Oficial Experto, Oficial Especialista y Oficial General), determinamos tres aspectos generales: 1) Trabajadores y trabajadoras que estarían recibiendo bases salariales muy inferiores comparativamente si se aplicara las cifras arrojadas por el estudio de mercado. 2) Grupos laborales del sector operativo cuyos salarios quedarían igual al actual. 3) El Sector Profesional, con algunas excepciones, quedaría prácticamente excluido con una marcada tendencia a ser resignado hacia abajo, como consecuencia de las funciones.

Así las cosas, consideramos urgente se retire, por algunos días, el proceso actual en la Autoridad Presupuestaria, hasta tanto la administración superior y el Frente Sindical del A y A, profundicemos y determinemos, con claridad, la aplicación de las nuevas bases como producto del estudio del mercado de salarios, iniciativa acordada originalmente con las organizaciones sindicales del A y A.

Valga la oportunidad para indicarle a su autoridad que hemos solicitado a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria atienda, con carácter de urgencia, al Frente Sindical del A y A, documento del cual entregamos copia en su despacho el 14 de mayo del 2008.

Vemos de manera muy favorable que en la propuesta en trámite, además de la formación académica, el reconocimiento de la formación técnica, experiencia laboral y el componente de experiencia y supervisión en el personal técnico y operativo, denominado en el documento como “Estratos no profesionales”.

Nuestra respetuosa solicitud, la formulamos de buena fe, pues consideramos que estamos en el momento oportuno de evitar una alteración en el necesario clima de paz laboral a lo interno del A y A.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

Honorable Junta Directiva A y A.
MBA Heibel Rodríguez Araya, Gerente A y A.
Lic. Guillermo Arce Oviedo. Subgerente General, A y A.
Lic. Max Gutiérrez López. Director Recurso Humanos A y A.
Junta Directiva ANEP.
Junta Directiva SIPAA.
Junta Directiva ASTRAA.
Trabajadores/trabajadoras.
Archivo.

San José, 13 de mayo del 2008
SIPROCNP # 105 – 2008

CARTA ABIERTA

El plan de alimentos presentado por el sector agropecuario, es una recopilación de buenas intenciones, desarticuladas, lejanas a la realidad actual del aparato productivo, carente del sentido de urgencia y sin las previciones mínimas para asegurar el éxito en cuanto a disponibilidad de alimentos.

Por muchos años propugnamos por la no destrucción del aparato productivo de los alimentos. Ningún país en su sano juicio hace tremenda barbaridad. El insumo esencial que genera la parte investigativa del aparato productivo es semilla de calidad y es a partir de ésta que se puede activar la producción. En el caso de Costa Rica, la generación de materiales genéticos se desarticuló, y hoy consecuencia de esa política, el país no cuenta con semilla de maíz y en el caso de frijol su cantidad es mínima.

Para destruir y demoler un edificio, lo único que se necesita es dinamita y especialistas en su uso y manejo; en cambio para construir, son necesarios verdaderos arquitectos, diseñadores, profesionales especializados. Hoy, se encomienda construir el aparato productivo de seguridad alimentaria, a los mismos dinamiteros que lo destruyeron en el pasado.

Los medios de comunicación repiten lo que escuchan…habrá disponibilidad de alimentos. Prometen producir el 80 % del arroz, el 70 % del maíz, y el 70 % del frijol que se consume a nivel nacional en los próximos 2 años. Como lo harán?… No lo dicen. Con el plan de alimentos propuesto? Cómo sin semillas??? LO ÚNICO QUE SABEN CON TODA CERTEZA ES QUE PARA ESE ENTONCES YA NO ESTARÁN EN SUS PUESTOS.

Ante el amenazante panorama mundial de la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos, no se puede seguir con presentaciones vistosas y propuestas irreales. Es necesario poner los pies sobre la tierra y diseñar un verdadero plan de contingencia. El país hoy solamente tiene semilla de frijol para sembrar 4500 hectáreas para la cosecha del año 2009 y eso significa aproximadamente el 10% del consumo nacional que se requiere en el año 2010. En lo referente a maíz, del todo no hay semilla nacional disponible e impulsar la siembra de semillas híbridas importadas en fincas de los pequeños y medianos productores, sería un tremendo error ante los elevadísimos precios de los insumos, a los cuales estos cultivos son altamente exigentes, e ir contra la declaratoria del gobierno de Paz con la Naturaleza, abriendo una puerta peligrosa de entrada a mucho material genéticamente modificado.

Los funcionarios del IDA, IMAS y otras Instituciones ya andan programando asignar recursos a la producción de alimentos entre los parceleros y pequeños productores, sin tener disponibilidad de semillas. No se puede seguir improvisando como sucedió con proyectos viables, factibles y bien elaborados de Asociaciones de Pequeños y Medianos Productores que quedaron fuera del Programa de Reconversión Productiva, por la introducción de otros sin ningún rigor técnico y con intereses poco claros.

Si queremos que los agricultores vuelvan a alimentar este país, se requiere planeamiento, rigor científico, seriedad y responsabilidad en el Sector Agropecuario. En esta dirección cada Institución debe asumir el papel asignado por ley. El CNP debe recomponer sus plantas y prioritariamente la Planta de Semillas, todas sumidas en el total abandono. Deben dinamizar los Programas de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PITTA) en frijol, maíz y arroz. Inmediatamente activar los programas de producción de semilla. Todo esto funcionará y dará frutos en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, se requiere de un verdadero plan de contingencia, para lo que adjunto enumeramos las grandes acciones que se deben emprender de inmediato. Los jerarcas del Sector Agropecuario deben de activar de manera real, efectiva y sin temores el aparato productivo de alimentos. Doblar el brazo en cámara lenta puede ser muy grave para el país y deben reconocer que solo los ríos no se devuelven…; la culpa se la pueden endosar a los economistas de entonces, pero un pueblo con hambre no perdona.

Basta ya de improvisar. Lo mismo hicieron los Jerarcas con el Programa de Reconversión Productiva en las Administraciones anteriores. No el CNP como dicen los medios. Prometieron reconversión productiva al agro de nuestro país y todos fuimos testigos del fiasco. Recientemente y ante la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, en una tarde se aprobaron proyectos improvisados por 11.000 millones de colones. De nuevo, NO EL CNP, sino los representantes de la actual Administración. Ante lo anterior, rodó una cabeza para calmar los vientos y las tempestades, pero no fue ni las más comprometida, ni todas las que tenían que rodar. Lamentablemente, después de que hacen las barbaridades, le endosan las torpes actuaciones a los técnicos y a la Institución. Hasta cuándo??? Porqué no se asesoran con los que saben???

Sindicato Pro – Trabajadores
Del Consejo Nacional de Producción
(SIPROCNP)