Categoría: Acción Sindical

El pasado 7 de abril, con la presencia de un numeroso grupo de trabajadores y trabajadoras de la empresa Polymer, se realizó la Asamblea para elegir la Junta Directiva de la primera Seccional Sindical en esa empresa y que representa para la misma, dar un paso adelante en cuanto a los requisitos internacionales de exportación y que se refieren a la Producción Limpia.

¿Qué es Producción Limpia? ¿Cuáles son sus beneficios?

Este concepto de Producción Limpia, las ISO o la SA8000, reconocen no solo el respeto, protección y fomento del Ambiente, sino que además exigen el respeto a las condiciones y derechos laborales de sus trabajadores como elemento fundamental para que sus productos sean exportables y no encuentren objeciones en Europa principalmente, pero también en los Estados Unidos de Norteamérica.

Además, está demostrado que la implementación de estas normas y el respeto a los derechos laborales, mejora la calidad y el estado de ánimo de los y las trabajadoras, aumenta la productividad, la reducción de turnos e incremento de ventas para la empresa.

Para los y las trabajadoras la contrapartida son la reducción del número de accidentes, mejor formación, tranquilidad por el respeto a sus derechos fundamentales y nuevas oportunidades para asociarse libremente y buscar, junto con los patronos, las condiciones ideales que les permita trabajar dignamente.

Ahora está en manos de la empresa continuar, fomentar y fortalecer las acciones que le permitan crecer, junto a sus trabajadores y trabajadoras, como una empresa líder en Costa Rica.

ANEP, apegada a su Misión y Visión, fomentará la capacidad de diálogo, resolución de conflictos, salud ocupacional, etc., que contribuyan al mejoramiento de las condiciones laborales y productividad.

Traslado de la planta

Este importante tema conlleva la posibilidad conflictiva sobre la distancia a la cual tendrían que trasladarse los y las trabajadoras.

El paso de la planta de la Uruca a Alajuela significa no solo un cambio obligado del centro laboral, sino también a cambios importantes en la dinámica personal y familiar que afectan, de una u otra forma, la calidad del trabajo a realizar.

Por ello ANEP, junto a su Seccional Sindical en la empresa, buscará la mejor solución a esta situación especial a fin de que tanto empresa como trabajadores queden satisfechos.

Por parte de nuestro sindicato la más amplia disposición de contribuir en este y futuros temas, relacionados a la situación laboral de sus afiliados y afiliadas, con el ánimo de ser parte de la construcción de una nueva oportunidad para el fortalecimiento de la democracia costarricense.

Está en manos del Grupo Polymer el reconocer y construir esta nueva forma de hacer empresa.

A los trabajadores y trabajadoras de Polymer, nuestro agradecimiento por la confianza y nuestra felicitación por la decisión fundamental de organizase sindicalmente en defensa de sus derechos humanos laborales.

San José, 9 de abril de 2008.

Señor
Fernando Herrero Acosta
Regulador General
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Su Despacho

Estimado señor:

Luego de saludarle de la manera más atenta, le agradecemos la prontitud con que ha atendido nuestra solicitud de ser recibidos por su autoridad, aunque para mayor sinceridad, pretendíamos conversar antes de la resolución del día de ayer, martes 8 de abril de 2008, que fijó las nuevas tarifas del servicio de electricidad, en una proporción que, según nuestra visión, resulta abusiva y que, por ende, dejamos constancia de nuestro rechazo contundente ante tal decisión.

Las nuevas tarifas siguen representando un duro golpe al bolsillo de las personas asalariadas, de los y las costarricenses que se desenvuelven en el sector informal, de las micro, pequeñas y medianas empresas, del campo y de la ciudad. Es decir, estamos hablando de un incremento tarifario que golpea la situación económica de la abrumadora mayoría de la población nacional.

Pese a la situación generada luego de la fijación tarifaria del día de ayer, como organizaciones representativas de un elevado número de trabajadores y de trabajadoras y, con la certeza de que estamos recogiendo un profundo sentir ciudadano que ve en la reciente alza en la electricidad, solamente la punta del iceberg de un proceso ascendente de corto plazo en el precio del servicio eléctrico. Según indicó usted mismo, en el comunicado oficial de la ARESEP a propósito de esta alza, “Se prevén tarifas altas en los próximos años. Ya no hay electricidad barata”. Este proceso es derivado de las políticas neoliberales en boga, incluido del TLC y, por ende, del mayor impulso a la ingerencia privada en su prestación.

Apunta usted el asunto de un “auge económico”, como aspecto destacable de la difícil situación energética del país; pero, a la vez, la ARESEP otorga un aumento proporcionalmente mucho menor, a favor de los sectores productivos que, precisamente son lo que están en “auge económico”, en detrimento del interés de los hogares de familias trabajadoras, por ejemplo.

En realidad, no nos toma por sorpresa esta decisión suya, ya de por sí anunciada; es, pues, el fin del principio solidario de subsidios en la tarifa eléctrica a favor de los sectores más desposeídos y residenciales. Ahora, por el contrario, son las tarifas eléctricas de los hogares de la clase trabajadora quienes subsidiarán la tarifa eléctrica del sector industrial, para que éste no pierda “competitividad”.

Otro aspecto destacable de la decisión en comentario, se refiere a que el funcionamiento de las plantas térmicas del ICE sufre el alto precio de los combustibles; pero en realidad, este argumento no es del todo sostenible porque la carga fiscal aquí inmersa es exagerada. No menciona usted que un 30 % de los altos costos de los combustibles, son impuestos del Gobierno que no tiene nada ver con el precio internacional del petróleo y sus derivados.

Por otro parte, lo que realmente nos dejó perplejos de los argumentos de su resolución, es que “el país arrastra un rezago en las inversiones necesarias para aumentar la generación de energía con fuentes renovables”; cuando la realidad indica que fue usted mismo, los últimos gobiernos y la autoridad perpetua del Banco Central de Costa Rica, así como las mismas cámaras empresariales que ahora pegan el grito al cielo por la alta tarifa eléctrica; quienes estuvieron sistemáticamente bloqueando durante los últimos años las inversiones que necesitaba el ICE, precisamente para evitar la situación que hoy estamos enfrentando con esta alza. Para muestra un botón: Se estuvo atrasando, deliberamente, el proyecto hidroeléctrico Pirrís, mismo que debió entrar en operación en el 2007, debiendo ser postergado para el 2010.

Además, es necesario indicar que tal situación obligó al personal del ICE a desarrollar la huelga del año 2003, precisamente contra ese bloqueo, movimiento que duró 22 días.

Nos preocupa sobremanera la ausencia de mención en su resolución, de la carga tributaria del 13 % del impuesto sobre las ventas que pesa sobre la tarifa eléctrica, lo cual aumento el impacto de la reciente alza.

Igualmente, es de resaltar la ausencia de la mención a la alta carga económica de la cogeneración privada de electricidad que ya se “traga” el 22 % del presupuesto general del sector eléctrico del ICE, aproximadamente ¡66 mil millones de colones! (66.000.000.000.oo), cuando produce un promedio de 14 % de la energía eléctrica consumida en el país.

Por tanto y considerando que el escenario completo del ajuste tarifario indicado debe contemplar los elementos que su resolución no consignó¸ planteamos ante su despacho las siguientes proposiciones que buscan, de manera alternativa, la preservación de la histórica preocupación solidaria que siempre animó la política en cuanto a las tarifas eléctricas.

Primera propuesta: La ARESEP debe formular al Poder Ejecutivo, formal planteamiento para eliminar la carga tributaria del 30 % del precio de los combustibles, que consume el ICE para la generación térmica.

Segundo propuesta: La ARESEP debe formular al Poder Ejecutivo, formal petición para eliminar la carga tributaria del 13 % del impuesto sobre las ventas, a las tarifas eléctricas iguales o menores a 400 kilovatios; medida que constituirá un estímulo al ahorro energético.

Tercera propuesta: Los contratos de cogeneración eléctrica privada que van venciendo, deben eliminarse; ó, como mínimo, ser renegociados para que los nuevos precios de compra cubran solamente gastos de operación y mantenimiento, dado que hubo ya un enriquecimiento más allá de la lógica rentabilidad de la inversión realizada.

Muy respetuosamente,

Fabio Chaves Castro
ASDEICE

Luis Chavaría Vega
UNDECA

Albino Vargas Barrantes
ANEP

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La gran concentración inició a las 10:00 a.m. en el Parque Central de San José y conforme pasaron los minutos cientos de educadores de secundaria se fueron incorporando hasta que una hora después miles de banderas blanco y rojo del sindicato inundaron la avenida Juanito Mora Porras, la principal vía capitalina.

No estamos pidiendo, exigimos

Saray Esquivel Murillo, secretaria general de APSE, puso de manifiesto la convicción de los y las trabajadoras de secundaria que durante más de una semana se han mantenido en huelga indefinida. “Hoy, una vez más, le estamos diciendo a este gobierno que este magisterio está unido, en pie de lucha, que vamos a seguir adelante hasta se dignifique a los y las trabajadoras de la educación”, dijo Esquivel Murillo, quien agregó que minutos antes de la manifestación se hizo entrega, por medio del ministro de educación Sr. Leonardo Garnier, de una nota al presidente Oscar Arias Sánchez, en la cual se le solicita resolver de una vez por todas con el conflicto.

Por su parte Beatriz Ferrero, presidenta del sindicato APSE, dedicó la manifestación a las miles y miles de educadoras que además son madres, esposas y que son mayoría en el gremio de la educación costarricense. Hizo énfasis en la participación de maestros y maestras de educación primaria que imponiéndose a sus dirigencias sindicales de ANDE y SEC, los otros sindicatos del magisterio, se incorporaron a la huelga y a la manifestación de este día.

“Estamos marcando un hito en la etapa de miedo y terror que sacude este país, impuesta por el mismo presidente Arias Sánchez. Esta campaña de miedo que inició durante el referendo por el TLC. Pero hoy decimos que basta ya al silencio, a la cobardía y a la discriminación a que nos tienen sometidos a los educadores”, dijo Ferrero y agregó que el aumento salarial decretado para los profesionales de título II se debe aplicar a los trabajadores de la educación, “y debe aplicarse no en un mes o dos, ni en un año, debe aplicarse ya como se hizo con los demás profesionales”.

El ministerio de Trabajo por su parte se había comprometido, hace algunos meses, a realizar un estudio de la situación salarial del sector administrativo, “sin embargo ahora los evade” reiteró Beatriz Ferrero.

Otra de las reivindicaciones exigidas por los educadores es la de reducir la cantidad de alumnos por aula y que pase de 40 o 35 a 25._ “Nuestros alumnos tienen derecho a una educación de calidad y nosotros a trabajar dignamente, con aulas saturadas de alumnos y los maestros y maestras sin cuadernos, lapiceros, tiza, borradores, sin sillas y hasta aulas sin paredes, en galerones, no se puede recibir una educación de calidad”_, sentenció Ferrero.

Para finalizar dijo que “Oscar Arias Sánchez pregona en el exterior que es un pacifista y un defensor de la democracia y los derechos humanos, pero en su propio país la realidad es que pasa encima de su discurso y pisotea los derechos de los y las trabajadoras costarricenses”.

Huelga legal

Tanto por las reivindicaciones planteadas por los y las educadoras, como por la reciente resolución de la Sala Constitucional, la huelga que ya tiene más de una semana es legal.

La Sala Constitucional ha admitido un recurso de amparo contra los artículos 373 y 377 del Código de Trabajo que establece las condiciones para realizar una huelga. Esto por cuanto se considera violatorio de los derechos humanos ya que impone una serie de normas casi imposibles de cumplir, lo que ha provocado en más de cincuenta años de existencia del Código de Trabajo solamente dos huelgas han sido declaradas legales.
Además el artículo 377 en cuestión estipula el despido, sin responsabilidad patronal, de quienes participen en la huelga y esta sea declarada ilegal.

Ante esta nueva resolución de la Sala Constitucional el actual movimiento de huelga de trabajadores y trabajadoras de la educación toma más fuerza.

Hasta el momento no ha habido voluntad real del gobierno de Oscar Arias de negociar y solucionar el conflicto con el gremio de la educación.

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Artículos del Código de Trabajo que la Sala Constitucional admitió para ser estudiados y definir si son violatorios de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Artículo 364. Toda persona o sindicato con interés puede acudir, ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, a denunciar por escrito la comisión de prácticas laborales desleales; pero esas prácticas también podrán ser investigadas de oficio.

Artículo 373. Para declarar huelga legal los trabajadores deben:

-*a)* Ajustarse estrictamente a lo dispuesto por el artículo 364;

-*b)* Agotar los procedimientos de conciliación de que habla el Título Sétimo, Capítulo Tercero de este Código; y

-*c)* Constituir por lo menos el sesenta por ciento de las personas que trabajen en la empresa, lugar o negocio de que se trate.

Cuando la huelga pueda afectar a cualquiera de las empresas a que se refiere el inciso c) del artículo 369, previamente a su declaratoria deberán observarse los siguientes términos]:

-*a)* Se llenarán las exigencias señaladas en este mismo artículo para las huelgas en general;

-*b)* Una vez declarada legal la huelga el Tribunal respectivo lo comunicará así al Ministerio de Trabajo, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que la resolución quede firme. Recibida la comunicación, el Ministerio procederá a integrar un Tribunal Investigador y Conciliador compuesto de tres personas: Un representante del patrono o patronos, otro de las trabajadores y un tercero del Estado. El Tribunal deberá integrarse, a más tardar, dentro de los tres días siguientes al momento en que el Ministerio hubiere sido notificado de la declaratoria legal para la huelga.

-*c)* El Tribunal entrará en funciones inmediatamente después de juramentado; estudiará los puntos de vista de ambas partes y tratará de llegar a una conciliación. Este trabajo deberá ser realizado en un plazo improrrogable de ocho días. Vencidos éstos el Tribunal informará por escrito al Ministerio de Trabajo del resultado de sus gestiones dentro de las 24 horas siguientes; y

-*d)* Si el Tribunal Conciliador no consiguió entendimiento entre las partes capaz de poner fin al conflicto, el Ministerio de Trabajo lo hará saber así a las mismas, acompañando a cada una copia del informe del Tribunal. Al mismo tiempo les dará un nuevo plazo de ocho días para que intenten un nuevo acuerdo. Vencido este nuevo plazo sin que se haya llegado a un arreglo, la huelga será permitida, pero el Sindicato respectivo no podrá llevarla a cabo sin haber dado aviso de su decisión al Ministerio de Trabajo con 72 horas de anticipación a la iniciación de la misma.

Artículo 377. La huelga ilegal termina, sin responsabilidad para el patrono, con los contratos de trabajo celebrados por los huelguistas, quedan a salvo las sanciones de orden represivo que en contra de éstos lleguen a declarar los Tribunales Comunes.

Sin embargo, en los nuevos contratos que celebre el patrono, no podrán estipularse condiciones inferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga ilegal.

San José, 7 de abril de 2008.
¡¡¡URGENTE!!!

Señor
Fernando Herrero Acosta
Regulador General
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Su Despacho

Estimado señor Regulador General:

Le expresamos, en primer término, un respetuoso saludo.

Medios de prensa han informado que el Gobierno de los hermanos Arias Sánchez, solicitan a su autoridad, por intermedio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un alza de hasta el 75% para la tarifa eléctrica.

Por su parte, el Diario Extra, en la página 13 del día 3 de abril, señala “GOBIERNO A FAVOR DE COMPRAR ENERGÍA A COGENERADORES”; “…el Consejo de Gobierno acordó favorecer la producción de energía hidroeléctrica por parte de cogeneradores”.

Considérese que existen sendos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Contraloría General de la República (CGR), donde se establece que la cogeneración eléctrica privada resulta altamente onerosa para los intereses del ICE; y, por tanto, de los usuarios y usuarias de estos servicios. Señalan estas instituciones que tales negocios resultan lesivos al interés público y recomiendan se inicie procedimientos administrativos correspondientes para anular tales concesiones.

Todo parece indicarnos que el desmedido incremento de la tarifa eléctrica solicitada por el Gobierno, tiene por objeto cumplir con los mandatos del TLC (apertura y rebalanceo de tarifas), por una parte; y por otra, asegurarle a los actuales y nuevos cogeneradores privados, millonarias “ganancias”, por medio de tarifas que como las solicitadas lesionan el interés público, particularmente, los intereses de las familias trabajadoras y de las pequeñas y medianas empresas.

Por lo anterior y previendo el grave daño que se le hará a las familias trabajadoras y a las pequeñas y medianas empresas, solicitamos a su autoridad, abstenerse de emitir resolución, sobre la solicitud del Gobierno; y, en su caso, se despliegue un profundo proceso de consultas con las voces y las representaciones de los sectores más potencialmente golpeados por esta descomunal alza.

Igualmente, le hacemos respetuosa petición para que en próximas horas reciba usted a una delegación de las agrupaciones que representamos, para ampliar un poco más acerca de las derivaciones político-sociales de la ruinosa solicitud del Gobierno y de las autoridades del ICE.

Agradeciendo su atención, nos suscribimos,

Luis Chavarría Vega
Secretario General
UNDECA

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Juntas directivas de organizaciones.
Movimiento social y popular.
Medios de Comunicación Colectiva.
Archivo.

Los profesores y las profesoras de la Educación Secundaria de Costa Rica realizan una huelga totalmente justa, demandando, con sobrada razón, que se les pague correcta y puntualmente; además que se les reconozca, con plenitud y sin restricciones, su grado de profesionales, como se hace con los demás colegas del campo profesional que laboran bajo las reglas del Servicio Civil, en el Gobierno Central y en las entidades adscritas al mismo.

Recientemente, luego de muchos años de espera y como consecuencia de la Histórica Huelga General de A y A, a los y las profesionales de los ministerios se les hizo justicia salarial, mediando un acuerdo sindical con el actual Gobierno. Y, hace pocos días, otro sector de igual importancia que el personal profesional de la enseñanza secundaria, el personal profesional de Enfermería, también fue objeto de justicia salarial, mediando acuerdo con su representativo sindicato.

Entonces, ¿por qué se discrimina al personal profesional de la Educación Pública de nuestro país?; ¿por qué no se quiere negociar con la legítima agrupación que les representa, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)?; ¿cuáles son las motivaciones ocultas del Sr. Ministro de Educación, don Leonardo Garnier Rímolo, para negarse a negociar con la representación legítima de los profesionales de la enseñanza media del sistema educativo costarricense?

El Gobierno debe negociar con la APSE y los otros gremios convocantes de esta justa huelga.

Llamamos a la solidaridad con la huelga de la APSE. Llamamos a la solidaridad con los educadores y educadoras en justa huelga, de la enseñanza media. Llamamos a la solidaridad sindical activa. Llamamos a toda la ciudadanía a unirse a la concentración nacional de educadores y educadoras en huelga, mañana miércoles 9 de abril del 2008, a las 10 de la mañana, en el Parque Central.

Sindicato de Trabajadores de Japdeva (SINTRAJAP)
Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)

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APOYEMOS LA HUELGA INDEFINIDA DE LOS EDUCADORES

Este Miércoles 9 de Abril, desde las 10 am, en el Parque Central, gran Marcha por la Dignidad Profesional de los(as) Docentes(as).

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Publicamos a continuación el criterio de un educador en huelga.
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¿Por qué estoy en Huelga?

Ciertos sindicatos nos piden que esperemos, que la negociación se esta dando con el Ministerio.

El Ministerio nos pide paciencia asegurando que todos los problemas se solucionarán con un poco de tiempo.

Cada quincena, después de hacer filas por más de 6 horas estando tirados en el suelo y hacinados en pequeños espacios, una o un oficinista diferente nos dice lo mismo: su salario se le depositará la próxima quincena, tenga paciencia.

Cada mes, tenemos que pasar por la vergüenza de decirle a nuestros familiares, amigos y conocidos: es que en el MEP no me han pagado y bueno, yo te prometo que te pago lo adeudado esta quincena.

Sin contemplación, los recibos se acumulan junto a cuentas por pagar esperando que un buen samaritano nos ayude para no tener que ir a una entidad financiera o recurrir a una tarjeta de crédito.

Y aún con todo, como profesionales y humanistas, continuamos laborando. Cada día, puntualmente, llegamos a nuestro sitio de trabajo para ser profesores, amigos, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, confesionario, motivadores, abogados, pintores de brocha gorda y mil funciones más.

Pero ya no podemos aguantar más. No podemos seguir esperando a que nos paguen salarios atrasados. No podemos permitir que cada año nos traten como empleados de segunda, obligados a deambular de oficina en oficina mendingando piedad para que nos den lo que nos hemos ganado justamente.

Y mucho menos esperar a que hagan un estudio para “verificar que somos profesionales”. Mínimo 4 años de universidad para que nos insulten ahora cuestionando si somos igual de profesionales que un archivista, sociólogo, doctor, etc; que trabaje para el gobierno central.

Por eso, YO ESTOY EN HUELGA. Por que NO acepto que unos quieran seguir negociando mientras miles de compañeros y compañeras no reciben salario, son tratados como mendigos en las oficinas del MEP, son interinos que sufren año a año el miedo de quedar sin empleo por no acudir a la corrupción de patas políticas, enfrentan aulas de 40 o más estudiantes (sin contar las exigencias de adecuación curricular y rendimiento en bachillerato en las más paupérrimas condiciones), y tras de todo, se nos niega el mismo aumento salarial dado a todos los profesionales del gobierno central.

Por eso, UNÁMONOS A LA HUELGA INDEFINIDA. RENUNCIEMOS A SER AFILIADOS DE SINDICATOS QUE NOS TRAICIONAN O SIGUEN NEGOCIANDO (ANDE Y SEC).

Si usted es afiliado a esos sindicatos, únase en forma individual a la huelga y envié una carta o un fax a su sindicato renunciando a él por no apoyar la huelga por la Dignidad Profesional. También envié cartas a COLYPRO para exigir que se unan activamente a este movimiento. NO OLVIDE, esto NO se gana sólo dejando de impartir lecciones; hay que tomar las calles para romper el intento (de Canal 7, REPRETEL y el Grupo Nación) de invisibilizarnos. Esta lucha NO es de un sindicato. Es de un GREMIO. Es de todos(as).

César Toruño

El pasado viernes 14 de marzo, ANEP suscribió la Convención Colectiva de Trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que entró a regir a partir de su firma.

Esta Convención Colectiva, que denominamos de nueva generación, aporta elementos novedosos en la regulación de las relaciones laborales,y en donde muchos de sus contenidos representan un avance importante en la búsqueda de la equidad laboral entre hombres y mujeres.

La Convención Colectiva de Trabajo ANEP-INAMU, garantiza la estabilidad laboral, la libertad sindical, la libre expresión, un ambiente laboral libre de violencia y mecanismos de resolución alternativa de conflictos.

Contiene la primera regulación normativa de acoso laboral en el país, tipificando varias conductas que pueden constituir acoso laboral, estableciendo un procedimiento para investigar la denuncia, medidas cautelares, el derecho de la víctima a recibir apoyo psicológico por parte del INAMU y la posibilidad de sanción por acoso laboral, también, a la (s) persona (s) que, encontrándose en una situación de mayor jerarquía a la persona que está incurriendo en una conducta de hostigamiento sexual o laboral, no realice todos los esfuerzos laborales y disciplinarios necesarios y suficientes que estén a su alcance para impedir el desarrollo de esa falta.

Esta Convención Colectiva establece algunas licencias con goce salarial que pretenden hacer compatible el trabajo con la existencia de la doble jornada derivada de la atención del trabajo reproductivo. Entre ellas, una licencia de diez días hábiles por paternidad.

En casos de reestructuración institucional, garantiza un procedimiento para aplicar despidos, según el cual tendrán prioridad para continuar en sus puestos, algunas personas atendiendo a su situación particular, como dirigentes sindicales, personas con alguna discapacidad de conformidad con la ley 7.600, quienes tengan a su cargo hijos o hijas dependientes por ejemplo.

El derecho a negociar convenciones colectivas es un derecho fundamental de la clase trabajadora. Utilicemos este instrumento para mejorar nuestras condiciones laborales, como lo han hecho las trabajadoras y trabajadores del INAMU.

San José, 2 de abril de 2008.
S.G. 07-09-0411-08

Licenciado
Carlos Zúñiga Barquero
Administrador
Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE)
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba de parte de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, un saludo respetuoso, al tiempo que le solicitamos audiencia para tratar asuntos que tienen que ver con el clima laboral de la institución a su digno cargo.

Primeramente, consideramos positivo informarle que nuestro sindicato cuenta con un respetable número de afiliados y de afiliadas en ese centro de trabajo y que, en tal sentido, estamos obligados a brindarles la atención requerida. Además, la presencia de la ANEP en el PANARE data de más de una década al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras de la institución, llegándose a contar en años pasados con un comité seccional denominado Seccional ANEP-PANARE y que gracias a su gestión logramos algunas reivindicaciones importantes, que aún perduran en beneficio del personal institucional.

Así las cosas, considera la ANEP oportuno retomar el trabajo en la institución a su digno cargo, para lo cual hemos estado coordinando con nuestra afiliación y así conociendo la problemática actual.

Se nos informa:

• Que existen amenazas para eliminar la alimentación al personal, sin considerar que ese es un derecho de los trabajadores, consagrado en nuestras leyes laborales en la figura de salario en especie.

• Que la alimentación que se brinda al personal nocturno, es deficiente y que no se ofrece dentro de las normas mínimas de higiene que estipula la ley y el respeto a las personas.

• Que algunas jefaturas están abusando del poder y practicando métodos de dirección, verticales y despóticos.

• Que en ese sentido, se están imponiendo roles de horarios poco congruentes con la distribución equitativa de la carga de trabajo y sin tomar en cuenta al personal a la hora de los cambios.

• Que los aumentos salariales se aplican muy tardíamente, lo que trae como consecuencia perjuicios para la economía familiar y personal.

• Que los ajustes técnicos de los profesionales, a la fecha no se han hecho efectivos y que se desconoce cuál es la política institucional sobre el particular.

Respetable señor administrador: Con el mayor respeto le reiteramos nuestro interés por abrir una mesa de conversaciones, que nos permita coadyuvar en las soluciones de éstos y otros problemas institucionales, sabedores que el trabajo en esa institución es de una complejidad, dificultad y tecnicidad extraordinaria.

Con las muestras de nuestra mayor consideración, nos suscribimos atentos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Salud

cc.: Personal PANARE.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.

San José, 31 de marzo de 2008.
S.G. 07-09-0400-08

Licenciado
Ricardo Sancho Chavarría
Presidente Ejecutivo

MBA.
Heibel Rodríguez Araya
Gerente General

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Sus despachos

Estimados señores:

Como siempre, es para la ANEP un honor expresarles un respetuoso y atento saludo.

Varias estimables personas trabajadoras de la institución que ustedes dignamente dirigen, destacadas en el Fondo de Ahorra, Retiro y Garantía (FARG), se han acercado a nuestra organización, con base en las sobradas potestades legales que les asisten en cuanto a propiciar gestiones para el mejoramiento de sus propias condiciones sociolaborales; a fin de que a través nuestro (por no existir las condiciones actuales para formularlo de manera directa), solicitemos la necesaria, conveniente y oportuna intervención de los despachos a su digno cargo, que permita la extroversión de varios elementos que pudieran estarse conjuntando, o conjuntados ya, para un enrarecimiento del adverso ambiente laboral en una entidad de tanta valía social para el personal de A y A, como lo es el FARG.

Con base en tal petición y de manera directa (además, según nos lo ordena el sistema jurídico que tutela la actividad sindical dentro de nuestro Estado de Derecho), procedimos a realizar gestiones para determinar cuánta realidad podría anidar en las sanas preocupaciones que nos fueron transmitidas por esas personas trabajadoras del FARG, en conversaciones, contactos y visita a las propias instalaciones.

En primer término y para nuestra sorpresa, considerando la relevancia del tipo de servicio que brinda el FARG, las condiciones físico-espaciales y ambientales en que labora su personal, desde cualquier perspectiva que se mire, son contraproducentes no solamente para brindar unas condiciones óptimas exigidas por un servicio de alta calidad; sino que desde el punto de vista de la salud laboral del personal, hay ya riesgos en desarrollo y peligro inminente sobre las vidas de estas personas en casos de emergencia, como un incendio por ejemplo.

Además, otro ejemplo de deterioro del ambiente ocupacional lo representa las extenuantes altas temperaturas que acumula el espacio físico, teniendo entendido que solamente la oficina de la jerarca máxima es la que tiene aire acondicionado, mientras que para el resto del personal solo hay unos ventiladores vetustos e insuficientes. Por otra parte, del alto riesgo de siniestralidad laboral que sufre el personal del FARG, hay ya documentación oficial de A y A al respecto que, por tanto, no eximirá de responsabilidades de todo tipo, incluyendo penales, a las autoridades institucionales competentes de las respectivas intervenciones, en caso de que, desafortunadamente (y ojalá que nunca ocurra), un percance pueda generar consecuencias que muchos lamentaríamos.

Adjuntamos a la presente, un juego documental de 22 folios que registra la problemática apuntada, los diversos abordajes y lo más importante, el Informe de Inspección Técnica “Fondo de Ahorro-Rostipollos”, suscrito por el Área de Salud Ocupacional de la Dirección de Recursos Humanos de A y A

Entendiendo la relevancia de las tareas que ejecutan tanto la Gerencia General como la Presidencia Ejecutiva de la institución, es que pensamos que no se ha reparado, como se debe en el asunto que venimos comentando pero de igual relevancia. Es nuestro respetuoso criterio que su abordaje por las máximas jerarquías ejecutivas de A y A no puede seguirse postergando más, a no ser que ignoremos la existencia de una planificación para entrarle al problema del FARG de una manera estructural.

En todo caso y con el respeto de siempre, estamos solicitando a sus distinguidas autoridades el debido derecho de respuesta que nos garantiza el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, para saber la posición oficial de A y A ante nuestro planteamiento oficial sobre el tema de las condiciones físico-estructurales y de salud ocupacional que enfrente al esforzado y abnegado personal del FARG, sobre el cual pareciera existir una estigmatización negativa dentro del imaginario colectivo de la cultura institucional, algo incomprensiblemente injusto y rechazable desde cualquier punto de vista.

Por nuestra parte y el tomar nota de que, efectivamente, está técnicamente demostrado la alta posibilidad de una siniestralidad laboral de impacto fuerte en el espacio sociolaboral del FARG-A y A, pensamos que en aras de la responsabilidad que nos compete, jurídica y éticamente hablando, debe la ANEP proceder en consecuencia y no solamente a través de la gestión que por esta vía estamos desarrollando sino que, debemos pedir la intervención del Instituto Nacional de Seguros (INS) para que, también desde su ámbito de política pública, en lo pertinente proceda.

Un segundo orden de la problemática en desarrollo en el seno del FARG, tiene que ver con la calidad de las relaciones que se están dando entre la máxima autoridad jerárquica y el personal subalterno, al menos, buena parte de él. ANEP detectó un ambiente tenso, no solamente por la situación que arriba hemos puntualizado; sino que, pareciera estarse manifestando una cierta división en el colectivo laboral, a partir del carácter de las relaciones que se establecen desde el sitial de la autoridad, haciéndose evidente, al parecer. manifestaciones subjetivas sobre diversas gradaciones de empatías. En buena parte del personal no hemos encontrado una identificación plena con la autoridad establecida más allá de la que se deriva de un orden jerárquico según el establecimiento institucional, lo que hace suponer que hay carencias para el desarrollo simétrico del ejercicio de la autoridad, y aunque no parecieran haber discriminaciones “planificadas”, sí se actúan en la cotidianidad.

Es más, lo que la ciencia moderna sobre el estudio del desarrollo del Derecho de Trabajo en nuestra sociedad de hoy, ha determinado como “mobbing” (acoso, hostigamiento o maltrato psicológico), tiene manifestaciones evidentes en varios casos que, en la confidencialidad de las entrevistas que efectuamos, nos fueron dados a conocer. Es más, la misma circunstancia del “anonimato” para expresar las manifestaciones de “mobbing” que detectamos, es ya un elemento que podría dar la pauta del desarrollo de una sintomatología de deterioro del clima laboral institucional.

Llama poderosamente la atención la circunstancia, sujeta a comprobación, que las condiciones salariales profesionales podrían ser unas más favorables que otras en personal con igualdad de condiciones para desempeñarse en ese campo profesional; o bien, cómo se mide la asignación de horas extras, ó por el contrario, si hay demanda de ellas, si efectivamente se están pagando, como por ley corresponde.

Estimamos necesario que, con urgencia, se haga la intervención que proceda en el ámbito de una investigación sobre clima organizacional para, ya sea que nuestras percepciones sean confirmadas; ó por el contrario, catalogadas como exageradas o no del todo atinadas; no obstante, lo que sí ya es real es que hay un malestar latente que no se expresa por cuanto las condiciones que ofrece la jerarquía actual, no posibilitan una verbalización positiva de ese malestar, pues la sensación de miedo y de caer en una desgracia mayor está pesando en estos momentos en un sector de la población laboral del FARG.

De manera que, reiteramos a vuestras ilustres autoridades hacer un apartado en sus apretadas agendas para considerar la situación que vive el FARG en este momento.

Es nuestra sensación que estamos hablando de un personal altamente comprometido, que trabaja con abnegación y con sincera vocación de servicio, poco gratificado pero que, pudiera incrementar su ya característico nivel de eficiencia y eficacia si se entra a aportar para la corrección estructural de la serie de elementos que han venido enrareciendo la atmósfera institucional, en los dos ámbitos que acabamos de exponer.

Realmente esperamos la más oportuna intervención al respecto.

Les reiteramos el mayor respeto y consideración de nuestra parte.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-A y A

C.c. Lic. Max Gutiérrez López, Director de Recursos Humanos, A y A.
C.c. MBA. Francisco González Chavarría, Responsable de Salud Ocupacional.
Lic. Marlene Rodríguez Barrantes, Directora FARG.
C.c. Personal Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía
C.c. Junta Directiva Seccional Nacional ANEP-A y A.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Archivo.