Categoría: Acción Sindical

Estimada señora Ministra:

En primer término, reciba usted nuestro atento y respetuoso saludo.

Le agradeceríamos disponer lo pertinente con relación al pago de reajuste salarial-ajuste técnico, del 9.81 %, dispuesto por el actual Gobierno de la República, en medio del conflicto huelguístico (muy justo por cierto), del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A); ajuste que fue motivado por la necesidad de resolver el problema, prolongado en el tiempo, de diversas categorías salariales del Régimen de Servicio Civil (tanto en entidades que lo aplican, como aquellas homologadas al mismo y/o que usan su estructura salarial), cuyos salarios base han estado expresando cifras inferior al mínimo de ley, al relacionarse con actividades iguales y/o similares del Sector Privado.

Es criterio de la ANEP que la indicada situación también se presenta en el caso de la Policía Penitenciaria, cuyo personal, si bien no está cubierto por el mencionado régimen, su particular estructura salarial no dista mucho de las características que en el mismo se dan.

Vistas así las cosas, formalmente le solicitamos se proceda al necesario estudio para determinar la procedencia de aplicar a los servidores y a las servidoras de la Policía Penitenciaria, el 9.81 % de ajuste técnico por diferencias hacia la baja con el salario mínimo de ley.

Quedando en espera de lo pertinente, nuevamente le reiteramos nuestro respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Héctor Prado Monge
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

—-
c.: Licda. Patricia Vega Herrera, Ministra de Justicia y Gracia.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
c.: Junta Directiva Sectorial ANEP-Policía Penitenciaria.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Sra. Ligia Solís Solís, Directiva Nacional de ANEP-Responsable Sector Adaptación Social.
c.: Archivo.

Estimado señor:

En primer término, reciba usted un atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con suma preocupación, pero sobre todo como un burdo acto de provocación, han recibido los trabajadoras y las trabajadoras de Ay A, las declaraciones dadas por su persona a la prensa nacional, con relación al tiempo holgado durante el justo e histórico movimiento laboral del año pasado.

Ciertamente, y así consta en el acuerdo de levantamiento de esa impactante huelga, los trabajadores y trabajadoras de A y A deberán reponer el tiempo holgado en ese movimiento, pero en ningún caso habrá deducciones de carácter económico en los salarios del personal, por demás, como usted bien sabe, sumamente bajos y comprometidos dada la situación económica de la clase trabajadora.

En consecuencia, la reposición de tiempo deberá ejecutarse de común acuerdo con las organizaciones sindicales; es decir, si ya la administración tiene claramente identificado quiénes son las personas que participaron del evento y con cuánta permanencia en el mismo, ahora corresponde definir con las organizaciones el plan respectivo para la reposición del tiempo.

No obstante desde ya queremos dejar plantado los siguientes asuntos. La administración, responsablemente, debe considerar que los trabajadores, precisamente, por incompetencia e incumplimientos de la Presidenta Ejecutiva, se vieron obligados a ejercer el derecho humano del estado de huelga.

Por tanto la Presidencia Ejecutiva, como parte principal, generadora de los acontecimientos de huelga, deberá correr con parte de las obligaciones que ahora se le pretenden endilgar únicamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Queremos decir con esto que la Presidencia Ejecutiva, como parte incumplidora, que obligó al movimiento, deberá soportar, responsablemente, con parte de la penalidad, sea la reposición del tiempo holgado.

Por otra parte, deberá considerar, responsable y razonablemente la Presidencia Ejecutiva, que parte del tiempo holgado, unos 20 días, se dieron dentro del marco de la buena fe, ya que había una resolución judicial de primera instancia que daba el derecho al trabajador de permanecer en ese estado de huelga en condición legal; sea los trabajadores y las trabajadora de A y A, en los días de comentario estuvieron en huelga bajo el principio de la buena fe, ya que una resolución de un tribunal competente le garantizaba esa potestad. Por tanto, los días no deben ser repuestos, toda vez que el mismo tribunal ordenaba el pago de los mismos al patrono y así tuvo que hacerlo la administración.

Finalmente, solicitamos a su respetable autoridad, que antes de proceder a implementar la reposición, seamos convocados los sindicatos ASTRAA, SIPA y ANEP, para definir los términos en que se ejecutará la reposición de tiempo, conforme a lo planteado.

Sin más, se suscribe con toda consideración,

Sin otro particular por el momento, les reiteramos el mayor respeto y consideración de nuestra parte.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Otto Ureña Badilla
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-A y A-Oficinas Centrales

—-
c.: MBA. Heibel Rodríguez Araya, Gerente General de A y A.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-A y A-Oficinas Centrales.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Paseo de los Estudiantes.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-A y A-Limón.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: SIPAA.
c.: ASTRAA.
c.: Archivo.

Hermanas centroamericanas y hermanos centroamericanos:

Me honra profundamente, dirigirme a ustedes, en nombre de las organizaciones sindicales que pertenecemos a la PSCC costarricense y, sobre todo, de compartir con un grupo tan importante y valioso de dirigentes sindicales, compañeros y compañeras, de nuestros hermanos países centroamericanos.

Compañeros y compañeras: Puede resultar trillado pero es menester apuntarlo. Nuestros pueblos, desde mucho antes de la conquista, hemos venido compartiendo un mismo territorio, la Ceiba, luce su frondosidad en Guatemala lo mismo que en Panamá; el mar que besa a El Salvador y a Honduras es el mismo mar que humedece las orillas de mi pequeño país; respiramos el mismo aire, latino, afro, chino, negro, indicaribeño.

En fin hemos nacido y crecido juntos, prácticamente compartiendo las mismas circunstancias históricas, las mismas vivencias, carencias y zozobras a las que se nos ha sometido desde los tiempos de la conquista.

Esta realidad de conquista y colonizaje, la vivimos hoy, quizás, con la mayor brutalidad y humillación que en otros tiempos históricos. Porque nunca antes como ahora, el poder del conocimiento, la ciencia y la tecnología han desarrollado fuentes insospechadas de riqueza que, perfectamente, pueden brindar vida digna a todas las familias de nuestros pueblos.

Con tanta riqueza desarrollada, no hay cómo explicar que, en promedio, más del 30% de nuestras niñas y niños, adolescentes y jóvenes de nuestra región, no tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua potable y lo peor, derecho a la alimentación. Díganme ustedes, ¿es humillante o no tal arbitrariedad, en medio de tanta riqueza?

Y como si fuera poco, los colonizadores modernos, los grandes dueños del capital y de la producción transnacional; esos que pagan gobiernos y oligarcas testaferros para que implementes sus instrumentos de dominio universal; ahora, ávidos de más riquezas, nos quieren amordazar para siempre al flagelo del subdesarrollo, con sus tratados de “libre comercio”.

Entonces, si la familia centroamericana comparte por ventura histórica y natural un mismo territorio, un mismo destino; entonces, ¿porque a estas alturas del partido no hemos podido todavía, encontrarnos y entendernos como eso, como la gran y fraterna familia centroamericana?

Debemos picar muy delgado, sin orgullos ni vanidades ni pequeños intereses cortoplacistas, para poder atisbar, encontrar y extirpar la espina que históricamente nos ha sembrado nuestros enemigos en cada uno de nuestros ojos.

Esa espina hay que aniquilarla para podernos ver como lo que somos: uno al lado del otro; unos con zapatos, unos con camisa y otros con sobrero; los unos blancos, los otros cholos, mestizos, negros, españoles, chinos; indios, seres humanos; todos y todas sedientos de esperanza y, sobre todo, cargados de una gran indignación por la gran humillación a que estamos siendo sometidos. Indignación que debe hacernos sacar todas las fuerzas que aún quedan en nuestras flaquezas para ponerlas al servicio de la resistencia, de la propuesta alternativa, del derecho que tenemos a seguir bregando por ser pueblos dignos y libres.

Si compartimos esta esperanza, entonces, me pregunto y les pregunto respetuosamente: ¿Por qué no caminamos unidos, tomados de la mano?… ¿Porqué seguimos separados, cada uno defendiendo quizá su miga de pan en lugar de salir a defender la milpa de todas y de todos?… ¿Porque seguimos desgastándonos por separado en inversión de recursos humanos y materiales, cuando si uniéramos nuestras fuerzas y recursos, estoy seguro, los éxitos serán enormemente superiores?

Respetuosamente, hermanos y hermanos centroamericanos, este es el humilde mensaje que hemos querido compartir con ustedes. Quitémonos la espina del ojo; que el hermano y hermana se nos presente y lo reconozcamos como hermano y como hermana; bajemos las armas, hinchémonos de tolerancia, de humanidad y de solidaridad y salgamos a derrotar a las fuerzas que nos oprimen. Sólo así podremos resistir y vencer.

Finalmente, expresamos un profundo agradecimiento, muy especialmente, a los compañeros y a las compañeras de las organizaciones hermanas CC.OO y UGT de Cataluña; así como al compañero Víctor Báez Secretario General de la ORIT, por compartir este momento tan especial con esta su familia centroamericana.

Mi entrañable compañero, amigo y hermano, Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP, valiosísimo luchador social costarricense y centroamericano, tiene toda la potestad política de la organización que ambos nos honramos en representar, para asumir los compromisos y las tareas necesarias que sean en competerle a la ANEP, en aras de avanzar hacia un nuevo estadio de construcción y de profundización de la hermandad laboral y clasista centroamericana y latinoamericana, con el extraordinario aporte solidario de nuestros colegas de Cataluña, en este importante evento que augura un futuro promisorio para nuestros amados pueblos.

Razones internas determinaron nuestra ausencia física en esta ocasión, pero nuestro firme compromiso solidario y unitario es completamente institucional para la ANEP de Costa Rica.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.: Compañeros CC.OO y UGT de Cataluña, España.
c.: Compañeros CC.OO y UGT de Cataluña, España.
c.: Compañero Víctor Báez, Secretario General de la ORIT.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Estimados señores:

Luego de saludarles de la manera más respetuosa y atenta, les externamos nuestra enorme preocupación por la presentación de un criterio institucional sobre el asunto del TLC, ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, sin considerar la opinión de las diversas entidades sociales componentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como las organizaciones sindicales.

Nos hemos enterado que, incluso, ya existe un documento previamente elaborado que mañana jueves 5 esa honorable Junta Directiva conocería; sin que hasta el momento, por ejemplo, tengamos conocimiento de que los diversos representantes sectoriales hayan dispuesto algún proceso de consulta con sus correspondientes delegaciones sobre este delicado particular. Específicamente en nuestro caso, nos interesa mucho dialogar con el colega sindical integrante de ese directorio, situación que hasta ahora empezaríamos a manejar.

Dada la gravedad del asunto, nos unimos a la oportuna manifestación de nuestros colegas de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) en idéntico sentido para exhortales, respetuosa pero vehementemente, que no se pronuncien sin antes dialogar con los sectores representados en esa Junta Directiva; pues no es justo que para unas situaciones sí se nos considere (Reforma de Pensiones IVM, por ejemplo), pero para otros, se nos invisibilice completamente como está sucediendo en este asunto del TLC.

En consecuencia, creemos que no debe votarse, bajo ningún punto de vista, un documento para la Asamblea Legislativa que no sea producto de una discusión compartida con las organizaciones sociales que componen la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De no atenderse tales reclamos, nos veremos en la imperiosa necesidad de apelar a la conciencia laboral cajista para desvirtuar posiciones unilaterales, verticalistas, inconsultas y elaboradas “a oscuras” pues la CCSS es todos los y de todas las costarricenses.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

c.: Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.: Licda. Lineth Saborío Valverde, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.: Dr. Alberto Sáenz Pacheco, Presidente Ejecutivo, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
c.: Monseñor José Francisco Ulloa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
c.: Junta Directiva Nacional de UNDECA.
c.: Junta Directiva ASDEICE
c.: Movimiento Sindical Costarricense.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

Estimado señor Ministro:

En este año nuevo que acaba de comenzar, deseamos lo mejor para usted y para su distinguida familia. Reciba, a la vez, nuestro respetuoso saludo.

De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en materia de Libertad Sindical, solicitamos la valiosa intervención del despacho a su digno cargo con relación a dos situaciones de despido de dirigentes sindicales que se produjeron en los últimos días del año recién terminado; despidos que revelan prácticas laborales desleales en grado sumo.

Caso No. 1- SECCIONAL ANEP-MUNICIPALIDAD DE NICOYA. Se despidió al señor CARLOS LUIS JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Presidente de la Junta Directiva de dicha entidad sindical; así como al Secretario de Conflictos de la misma, el señor JOSÉ AIDER ARIAS ZÚÑIGA.

En este caso, solicitamos que se haga comparecer al señor Alcalde Bernardo Vargas Quirós, de la Municipalidad de Nicoya.

Caso No. 2- SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PIÑA DEL CANTON DE GRECIA (SITRAPIÑA). Se despidió al Presidente de la Junta Directiva, el señor GERARDO RAMÍREZ DELGADO, según carta que firma el Sr. Carlos Rodríguez Vargas, Gerente General de la firma Piña Tica de Río Cuarto S. A. Además, dos trabajadores de dicha empresa, afiliados de dicha organización sindical de reciente constitución (4 de diciembre de 2005), fueron despedidos verbalmente: los señores PEDRO ACOSTA SANDOVAL Y GEOVANNY FRANCISCO RIVERA BLANCO.

Valga indicar que la constitución de SITRAPIÑA, se da a partir de un acto solidario de la ANEP.

Dicha empresa, Piña Tica de Río Cuarto S. A, tiene los teléfonos 403 10 29 y 403 11 90; fax 403 1027 y svargas@unionpineapple.com, como su correo electrónico. Como se indicó, su Gerente General es el señor Carlos Rodríguez Vargas, a quien se debe llamar a comparecer.

Como podrá usted notar, Sr. Ministro, estamos hablando de unas situaciones sumamente graves que comprometen, seriamente, los esfuerzos del país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de reivindicar su imagen de país violador del Derecho Humano universalmente reconocido como Libertad Sindical. Por lo tanto, es más que necesario y justo, actuar con contundencia, eficacia y prontitud en resguardo de nuestro Estado de Derecho en esta materia.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.: Dr. Luis Fernando Solano Carrera, Presidente, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
c.: Licda. Georgina González Marroquín, Directora de la Oficina Subregional, Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fax No. 224 26 78.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya.
c.: Junta Directiva SITRAPIÑA
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
c.: Trabajadores afectados.
c.: Archivo.

Licenciado
Carlos Ricardo Benavides
Diputado
Fracción Legislativa
Partido Liberación Nacional (PLN)
Asamblea Legislativa
Presente

Señor Diputado:

Tenemos conocimiento de que su persona, junto a 39 señoras diputadas y señores diputados más; entre los que sobresalen los legisladores Peter Guevara Guth (Partido Movimiento Libertario), Miguel Huezo Arias (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC) y Daysi Quesada Calderón (Partido Acción Ciudadana, PAC), suscribieron el 28 de noviembre de 2005, una nota dirigida a la Subcontralora General de la República, Licda. Martha Eugenia Acosta Zúñiga, instando a dicha funcionaria para que, de manera urgente, otorgue el refrendo a los contratos de concesión de Puerto Caldera.

Nuestra organización sindical ha denunciado, públicamente y ante ustedes, señores diputados y señoras diputadas, las serias irregularidades que contiene dicho proceso de concesión, que no sólo se aparta del interés público, sino del ordenamiento jurídico nacional. Es por ello que la Contraloría General de la República, le ha negado en dos ocasiones el refrendo a los respectivos contratos. No obstante, la Administración Pacheco de la Espriella insiste en consumar el proceso, enviando esta vez, solo el contrato relativo a la Concesión de la Terminal de Puerto Caldera, cuya nueva versión mantiene los mismos vicios que las dos anteriores.

¿Sabía usted que el objeto del contrato desborda lo preceptuado en las bases del concurso, pues el cartel establecía como objeto atender buques de carga únicamente, y en el contrato se establece todo tipo de embarcaciones, incluyendo cruceros y buques atuneros, cuyas licitaciones fueron declaradas desiertas?

¿Sabía usted que incluir en la fase posterior a la adjudicación y previa a la suscripción del contrato, una modificación de ese calibre, viola los principios constitucionales y la normativa de contratación administrativa y, por lo tanto, esta cláusula es nula de pleno derecho?

¿Sabía usted que si este contrato se refrenda, podría ser objeto de demandas por parte de potenciales oferentes y de los oferentes que al momento de la apertura del proceso licitatorio no contaron con las ventajas que, extemporánea e irregularmente, le fueron otorgadas en este contrato al concesionario?

¿Sabía usted que en el área donde se desarrollará la concesión se incluye el edificio administrativo que estaba, expresamente, excluido en el cartel, además de que se autoriza (sin sustento legal) al concesionario a arrendar espacio físico?

¿Sabía usted que el dragado de mantenimiento de la dársena de maniobras y el canal de acceso en Puerto Caldera le corresponde al INCOP, pese a que en el cartel, en ninguna parte del mismo, se estableció esa obligación y más bien se disponía que el mantenimiento y conservación era responsabilidad del concesionario?

¿Sabía usted que en contra del criterio vinculante de ARESEP, en la cláusula 4.4, se estipula que el concesionario cobrará las tarifas aprobadas al INCOP?

¿Sabía usted que en la Sala Constitucional, bajo expedientes números 9739-05 y 12123-05, se tramitan dos recursos de amparo contra el proceso de concesión de Puerto Caldera por irrespeto la normativa ambiental; que han sido acogidos para su trámite, suspendiendo dicho tribunal todos los procedimientos?

¿Sabía usted que en torno al tema tarifario, la ARESEP ha manifestado, reiteradamente, que los errores no son sólo a nivel contractual, sino que estos se encuentran en el marco cartelario y ello implica que la Administración no debió abrir un proceso licitatorio con carteles en los que se arrogaba facultades que no le competen, fijando tarifas, comprometiéndose a mantener como si fuera un contrato con servicio no regulado, el equilibrio financiero?

¿Sabía usted que en la cláusula 4.6.5 se estipula que si el pago inicial que hará el concesionario para cancelar la indemnización prometida a los trabajadores y trabajadoras de INCOP, no se puede recuperar por vía de tarifas, le será cancelado al concesionario por el INCOP? Es decir, nos dijeron siempre que la indemnización en dólares no la pagaríamos los y las costarricenses y esta cláusula dice todo lo contrario.

¿Sabía usted que la nota que usted firmó junto a sus colegas legisladores, va en contra de la recientemente emitida por ustedes mismos, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del viernes 29 de octubre de 2005. Veamos cuál es, según nuestro criterio, el artículo violado por la carta que se dirigió a la señora Subcontralora General:

Artículo 52.- Tráfico de influencias. “Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quién directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde o omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propio de sus funciones de modo que genere directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro. Con igual pena se sancionará a quién utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior.”

Las anteriores consideraciones, entre otras, han sido las cuestiones que han impedido, en dos ocasiones, que la Contraloría General de la República otorgue refrendo a este contrato. Si usted y quienes le acompañaron en la firma de la carta enviada a la señora Subcontralora General, desconocían lo pernicioso y costoso que resultará este proceso para los y las costarricenses, aún tiene usted tiempo de corregir su posición al respecto.

En la Comisión Especial Investigadora de Concesiones y Contratos del Estado, bajo expediente 14.946 hay un Informe sobre el Proceso de Modernización del INCOP, presentado por la señora diputada Joyce Zürcher Blen, que de manera contundente, desnuda las ilegalidades que contiene el proceso. Consideramos, con todo respeto, que es tiempo de que los 40 diputados y diputadas que tan empeñados están en la modernización del INCOP, soliciten responsablemente, que este informe sea discutido en el Plenario Legislativo para que no se repitan las vergonzosas y costosas experiencias de ALTERRA y de RITEVE.

Asimismo, instamos de manera respetuosa, a la Contraloría General de la República, para que consecuente con la protección del patrimonio e interés público, y en estricto apego a lo que su criterio técnico le indique, deje de lado la presión política y resuelva de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional.

Sin más por el momento, nos suscribimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——-
c.: Señoras Diputadas y Señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.: Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
c.: Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
c.: Lic. David Soley Gutiérrez, Defensor Adjunto de los Habitantes de la República.
c.: Licda. Marta Acosta Zúñiga, Subcontralora General de la República.
c.: Lic. Randall Quirós Bustamante, Ministro de Obras Públicas y Transportes.
c.: Lic. Paul Zúñiga Hernández, Presidente Ejecutivo INCOP.
c.: Sr. Douglas Carrillo Azofeifa, Directivo Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Archivo.

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Contralora General
Contraloría General de la República
Su Despacho

Doctora
Lisbeth Quesada Tristán
Defensora de los Habitantes
Defensoría de los Habitantes de la República
Su Despacho

Estimada señora:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Por medio de la presente nos dirigimos a su digna autoridad para exponer a ese órgano contralor, lo que a nuestro criterio es la anomalía que se esta presentando respecto a la toma de decisiones, por parte de la Gerente de Operaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ing. Gabriela Murillo; decisiones a las que nos referiremos que, además de tenerlas como presuntamente arbitrarias y que podrían ser contrarias a la ley, hace que la institución se perjudique, potencialmente hablando, al erogar sumas millonarias que pertenecen a todos los costarricenses. En concreto, nos referimos a la suspensión ilegal que la señora Gerente de Operaciones mantiene contra lo establecido en la Normativa Laboral, en perjuicio del Lic. Álvaro Muñoz Fonseca, Director del Departamento de Recursos Materiales de la CCSS. Los hechos son los siguientes:

A propósito de los acontecimientos relacionados con el préstamo finlandés a la CCSS, a pesar de que el funcionario Muñoz Fonseca no fue requerido por el Ministerio Público, la Auditoría Interna de la CCSS recomendó iniciar una investigación contra dicho funcionario, aún y cuando no se establecía por parte de esa misma auditoria cargo alguno contra el citado servidor.

La Gerencia de Operaciones ordena el establecimiento de un debido proceso contra el Lic. Álvaro Muñoz y, acto seguido, ordena la suspensión por cuatro meses con goce de salario, basándose irregularmente en el artículo 33 de la Normativa Laboral , que regula la separación temporal del trabajador(a) con goce de salario. Dicho artículo establece en su inciso b), literalmente, lo siguiente: b) Cuando sea absolutamente necesario para salvaguardar el decoro de la institución…

Sin embargo, esta Gerencia está obligada a determinar los cargos que justifiquen en qué afectó el Lic. Muñoz Fonseca el decoro institucional. En síntesis, se le suspende sin cargo alguno.

Dicha suspensión corrió del 12 de noviembre del 2004 al 11 de marzo del 2005.

El Debido Proceso que se inicia contra este funcionario, desde el principio esta viciado de nulidad por una serie de violaciones a sus derechos laborales. Esta afirmación la confirma el Centro para la Instrucción del Proceso Administrativo (CIPA), órgano institucional encargado de instruir los debidos procesos, cuando en su resolución de las ocho horas del 30 de marzo del presente año (adjuntamos documento), establece que debe anularse el debido proceso, por cuanto la Auditoria Interna de la CCSS no cumplió con el requisito de llamar a audiencia al presunto implicado, con lo cual se violó el debido proceso y no se garantizó el derecho a la defensa del funcionario en mención.

A pesar de la resolución del CIPA, la Gerencia de Operaciones ordena una nueva suspensión con goce de salario, nuevamente sin cargo alguno, cuando la Normativa Laboral vigente establece que: un funcionario puede ser re-suspendido hasta por otro período de cuatro meses en CASOS EXCEPCIONALES. Nótese en la segunda suspensión que dicha Gerencia no establece cargos que justifiquen la EXCEPCIONALIDAD a que se refiere la normativa laboral y de nuevo aplica el Artículo 33 de la Normativa en mención, sin justificar cómo afectó el Lic. Muñoz Fonseca el decoro institucional.

Esta re-suspensión con goce de salario corrió del 12 de marzo al 11 de julio del 2005.

Cabe destacar, además, que el cargo que ocupa actualmente el funcionario suspendido no tiene nada que ver con el puesto que desempeñó y que es objeto de la investigación. Además, el Ministerio Público secuestró toda la documentación del caso y, por tanto, dicho funcionario no tiene ninguna posibilidad de obstaculizar el proceso de investigación.

La Normativa Laboral vigente en la CCSS establece, expresamente, en ese mismo Artículo 33, que una vez que acabe la re-suspensión, si no se ha terminado el debido proceso por causas imputables a la administración, el mismo concluirá y se anulará determinándose el reintegro inmediato del servidor.

A pesar de ser tan clara la normativa a la que nos referimos, la Gerencia de Operaciones, sin fundamento legal alguno que la ampare, violentando la normativa laboral y los derechos laborales y ciudadanos fundamentales del servidor, ordena una tercera suspensión con goce de salario del 12 de julio al 11 de noviembre del 2005. De manera tal, que apartándose de la normativa, decide una tercera suspensión que no existe en ningún marco legal, lo que significa que ella debe asumir toda la responsabilidad de este acto ilegal.

Al actuar la Gerencia de Operaciones de la CCSS de manera arbitraria y contraria a la legislación laboral costarricense, es responsable directa del daño que le causa su abuso de poder a una institución que como la CCSS tiene, de por sí, una delicada situación financiera.

La erogación a la que se ha visto obligada la institución por los actos arbitrarios de dicha funcionaria, ascienden, sólo en pago de salarios, a la suma aproximada de dieciocho millones de colones; sin tomar en cuenta los costos salariales de la persona que sustituye a este funcionario; dinero que pagamos todos los y todas las costarricenses. Lo anterior sin establecer los altos costos que ha implicado un proceso administrativo manejado de una forma que demuestra la incapacidad de dicha Gerencia.

Debe agregarse que la Sala Constitucional resolvió en estos días, mediante Sentencia 20005-11846 folio 0002984 , Expediente 05-09186-007-CO, que se anulan las suspensiones contra este funcionario y que debe reinstalarse con pleno goce de sus derechos; condenando a la CCSS al pago de costas. Esta resolución confirma que la actuación de la Arq. Gabriela Murillo ha sido arbitraria y contraria a la ley.

Consideramos que las decisiones tomadas en este caso por la Gerente de Operaciones de la CCSS, eventualmente constituyen el delito de prevaricato, al hacer incurrir a la institución en millonarias erogaciones sin justificación alguna, y que, por tanto, esta Gerencia debe responder ante el erario público por las decisiones que ilegalmente ha tomado en este proceso.

Por lo anterior expuesto, nuestra organización solicita la intervención de la Contraloría General de la República para que, en consecuencia con el mandato que la ley le impone, investigue las anomalías aquí señaladas y siente las responsabilidades que correspondan.

Esperando una respuesta positiva, se suscribe de usted,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Geovanny Ramírez Guerrero
Responsable ANEP-CCSS

——
c.:Dr. Alberto Sáenz Pacheco, Presidente Ejecutivo, CCSS.
c.:Arq. Gabriela Murillo, Gerente de Operaciones, CCSS.
c.:Lic. Álvaro Muñoz Fonseca, funcionario CCSS.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor Ministro:

Primeramente, para nuestra organización sindical nos es de sumo agrado expresarle todas nuestras mayores muestras de respeto y consideración a su autoridad.

Somos conocedores del esfuerzo que está haciendo su persona por mejorar las condiciones de acción en la vida nacional del ministerio a su cargo, como lo fue en el pasado no muy lejano; aspiración que lo ha llevado a la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), cuyo fin último, es el de acondicionar y mejorar todas las instalaciones de todas las delegaciones u oficinas regionales tanto de la Dirección General de Educación Vial, como de la Dirección General de la Policía de Tránsito; e inclusive, la reubicación tanto del Departamento de Licencias y Educación Vial de San José, como del mismo Plantel Central de la Policía de Tránsito.

Desde está perspectiva, nuestra organización sindical que, valga indicar, cuenta con una gran membresía de afiliación en todas las direcciones antes mencionadas, muy respetuosamente le solicita nos certifique copias de todas y cada una de las minutas que se han levantado en todas las reuniones que ha hecho la Comisión constituida por usted para cumplir con la disposición de la Contraloría General de la República.

Lo anterior lo propiciamos ante el temor y la zozobra que producen estos cambios, principalmente entre los trabajadores y trabajadoras de las zonas más alejadas, básicamente por la falta de información de que son objeto; en especial, cuando en el “correo de las brujas” se habla de traslados de funcionarios de una dirección a otra o de traslados de la Policía de Tránsito al MOPT.

Nuestro interés como sindicato serio y responsable, es el de tener a los y las trabajadoras perfectamente bien informados para disipar todas esas nebulosas que existen en torno al convenio, además de sobreguardar la estabilidad laboral de sus funcionarios y funcionarias.

Creemos en la necesidad y en las bondades del proyecto en el tanto se desarrolle con rostro humano y se destierre el fantasma de los despidos injustificados, o lo que es peor, nos referimos a los traslados obligados, dejando sin opciones a las y los trabajadores en especial sino cuentan con los suficientes atestados académicos.

Así las cosas, tenemos informes de que se han definido una serie de temas para estudiar en la Comisión y de los cuales le solicitamos la mayor información de los avances en que se encuentran en la actualidad los mismos; nos referimos a los siguientes temas:

1- Modificación a la Ley de Administración Vial y a la Ley de Tránsito.

2- Los traslados del Personal de la Policía de Tránsito al MOPT y al CONAVI, en especial si dicho traslado es negociado con los trabajadores o es forzoso.

3- Una copia de la posición oficial de la Contraloría General de la República con respecto a la posibilidad de que el COSEVI asuma los gastos operativos de Educación Vial y de Ingeniería de Tránsito, mientras se modifica la ley, si es que hay ambiente legislativo para el cambio.

4- Finalmente nuestra solicitud oficial, sobre la necesidad que participemos en todos los cambios que se quieren impulsar, con el objeto de garantizarle a las y los trabajadores la tranquilidad de que sus intereses están bien resguardados.

Agradeciéndole por anticipado toda la atención prestada a nuestra solicitud, de nuevo le expresamos nuestro respeto por su fina atención para con nuestra solicitud, la cual la amparamos en los designios del artículo 27 de nuestra Carta Magna y en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Luis Enrique Leal Ruiz
Responsable ANEP-MOPT

————
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Trabajadores y Trabajadoras del MOPT.
c.:Archivo.

Señores y señoras
Diputados y Diputadas
Federico Vargas Ulloa, Coordinador
Elvia Navarro Vargas
María Elena Núñez Chaves
Miguel Huezo Arias
Luis Paulino Rodríguez Mena
Subcomisión de Presupuesto
Comisión de Asuntos Hacendarios
Asamblea Legislativa
Presente

Asunto: COLAPSO TOTAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL POR RECORTE PRESUPUESTARIO DE 3.079 MILLONES DE COLONES PARA EL 2006

Estimados señores diputados y estimadas señoras diputadas

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les hace llegar el más atento y respetuoso de sus saludos.

De esa misma manera respetuosa, les estamos haciendo la más vehemente exhortación y un dramático llamado para que dispongan lo pertinente, a fin de restituir los montos económicos cercenados por el Ministerio de Hacienda, al presupuesto presentado por el Ministerio de Justicia y Gracia para hacerle frente durante el año 2006, aunque sea de manera sumamente mínima y austera; a las crecientes necesidades del funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual se dirige desde la Dirección General de Adaptación Social, dependencia de la citada cartera de Justicia y Gracia.

Para nadie es un secreto que el deterioro social, económico y moral que vive nuestro querido país, está propiciando, muy a pesar de todos, un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la conducta infractora de ley que, lógicamente, está incidiendo en el aumento en el número de las personas privadas de libertad; pero, de manera paradójica, tal crecimiento no lleva aparejado el aumento en la dotación presupuestaria institucional, tanto para compra de materiales y servicios como para el nombramiento de nuevo personal.

Esta situación se ha de agravar por diversas normativas jurídicas punitivas que se están adoptando en el plano legislativo, para combatir el crecimiento de la conducta delicuencial, como la nueva “Ley de Ejecución de las Sanciones”; decisiones que, sin duda alguna, incrementará la población penitenciaria intramuros.

Las condiciones socioambientales de las cárceles costarricenses, pese a los notables esfuerzos institucionales, tienden a un acelerado deterioro y los presupuestos que se han venido tramitando, en el marco de las severas restricciones fiscales que se dice que existen, tan sólo contemplan el funcionamiento “vegetativo” (por decirlo de alguna manera) de la entidad carcelaria nacional.

Es por esta razón que el recorte presupuestario aplicado unilateral y drásticamente para el 2006, por parte del Ministerio de Hacienda, hará que el Sistema Penitenciario Nacional caiga en un colapso espantoso donde la vida de todas las personas que tienen relación con él (privados de libertad y personal profesional, técnico, administrativo y de seguridad), estarán en serio peligro.

Si no se toma la decisión política, aplicando la voluntad soberana depositada en el primer poder de la República, de restaurarle al Ministerio de Justicia y Gracia, el cercenamiento de poco más de 3 mil millones de colones que la cartera de Hacienda recortó de manera unilateral, situaciones como las que apuntamos se volverán inmanejables. La pericia de la Policía Penitenciaria y el denodado compromiso del personal institucional que atiende a la población carcelaria, en medio de tanta dificultad, explican porqué todavía no hemos presenciado situaciones de amotinamiento sangriento, pese que, no es exagerado que lo digamos, las condiciones parecen estar dadas, a raíz del descenso vertiginoso de las condiciones de vida dentro de los penales nacionales.

Mantener esa situación de un recorte de tanto impacto, implicará, entre otras afectaciones, reducción drástica de las visitas de campo a las familias de las personas privadas de libertad; reducción de las salidas médicas al carecerse de vehículos y de combustible; deterioro de las posibilidades de saneamiento de las instalaciones carcelarias (como carencia de papel higiénico para la población penal y carencia de carbolina para desinfectar los pisos).

Algo que tiene una enorme repercusión en toda esta situación dramática, es el recorte para la compra de alimentos, cercano a los 500 millones de colones, lo cual indica que entre la población penal llegaremos a situaciones de hambre, literalmente hablando; dado que ya la calidad y la cantidad de alimentos que recibe la población penal refleja una grave crisis nutricional.

Con ese recorte, llevaremos a situaciones extremas casos como las que ya se dan, en los cuales el policía penitenciario encargado de la seguridad de las cárceles, tiene que sacar de su bajísimo salario (una raquítica base salarial 108 mil colones mensuales), dinero para comprar pilas para los focos, tela para sus propios uniformes, aporte para compra de gas y calentar sus alimentos; así como olores y especies para hacer más digerible la paupérrima comida que la institución les brinda. Tómese en cuenta que la policía penitenciaria, por el rol de servicio que tiene que observar, permanece una semana intramuros carcelarios por una de descanso, lo cual hace que la semana laboral “por dentro”, se tenga que soportar en condiciones socioambientales y alimenticias realmente precarias.

Podríamos seguir puntualizando situaciones que parecen inverosímiles de creer en un país que como Costa Rica, se ufana de su política de protección de los Derechos Humanos; pero, lamentablemente, la situación de las cárceles costarricenses va de mal en peor si continuamos por la peligrosa senda de restricciones presupuestarias irracionales y potencialmente explosivas para fechas próximas.

Es por ello que, nuevamente, honorables señores diputados y señoras diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, les solicitamos corregir el grave error estratégico que para la seguridad del país, significa el recorte presupuestario de 3.079 millones de colones en las asignaciones del Ministerio de Justicia y Gracia para el 2006.

Quedamos a sus gratas órdenes para profundizar sobre el particular.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social

—-
c.:Junta Directiva Sectorial ANEP-Adaptación Social.
c.:Junta Directiva Comisión Sindical de la Policía Penitenciaria.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras de Adaptación Social.
c.:Archivo.

La Convención Colectiva es un instrumento legítimo de la clase trabajadora, a través del cual, se mejoran los derechos mínimos contenidos en la legislación ordinaria. Todo aquello que esté allí regulado, es ley entre partes y no puede ser modificado unilateralmente por la administración.

¿Qué beneficios nos traería un instrumento como este?

• Estabilidad en el empleo

• Garantías sindicales

• Una regulación más detallada respecto al acoso sexual y psicológico en el empleo

• Una junta de relaciones laborales y de resolución de conflictos que conocería de cualquier situación que se origine en las relaciones de empleo, incluyendo una posible reestructuración institucional

• Muchos de los derechos que ya tenemos en el Reglamento Autónomo de Servicios, adquirirían rango de ley, lo que quiere decir que no podrían ser modificados o eliminados unilateralmente por la administración

Tengamos claro que la libertad sindical se constituye de tres ejes fundamentales reconocidos internacionalmente: libre sindicalización, derecho a la negociación colectiva y derecho a huelga. En ausencia de alguno de estos principios, el derecho a sindicalizarse no es pleno.

AFÍLIATE YA A LA ANEP, necesitamos fortalecer nuestra organización sindical, para lograr que la administración se siente a negociar y lograr un buen acuerdo que beneficie a todas y todos.

SECCIONAL ANEP-INAMU
6 de setiembre de 2005