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La Seccional también solicito información Sobre el faltante de oficiales penitenciarios y otros temas
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Así se titula un extraordinario trabajo de investigación elaborado por, nada más y nada menos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), prestigiosa universidad pública de nuestro país. ¿Conoce usted este documento? Fue preparado entre enero 2013 y diciembre 2014 por la Ing. Tannia Araya Solano (máster en Salud Ocupacional), la MQI. Lourdes Medina Escobar (máster en Química Industrial), la Ing. Gabriela Hernández Gómez (máster en Administración de Proyectos) y el PhD. Marco Vargas Vargas (doctor en Enseñanza, psicólogo). Estos profesionales universitarios de gran solidez académica elaboraron el Informe Técnico “Caracterización de Condiciones de Trabajo del Personal de Centros Penitenciarios en Costa Rica”. Se trata de un documento de 139 páginas, más una presentación con ilustraciones de 75 páginas.
En ANEP pensamos que se trata de un riguroso y profundo diagnóstico (el más serio que conocemos), duro y cruel, de cómo la sociedad, la política pública, el Gobierno y el propio Estado, nos tienen como nos tienen, en tanto clase trabajadora asalariada del Sistema Penitenciario Nacional. Este documento nos da insumos para pegar el grito al cielo como nunca antes lo habíamos hecho, reclamando el fortalecimiento integral del Sistema Penitenciario Nacional, dado que lo que se venir en el horizontes (presupuesto 2017), nos preocupa muchísimo pues los partidarios fundamentalistas del neoliberalismo recortista y del “austericidio”, nos pondrán en máximos aprietos, con más peligrosidad y con más deterioro psicoemocional. Queremos sacarle mucho provecho a este estudio, pues está más que invisibilizado (por no decir, “escondido”), y no conocemos de esfuerzos al más alto nivel jerárquico-político-institucional que nos indiquen qué están haciendo al respecto. Si estamos equivocados en esta apreciación que nos lo digan. Parece que se ha olvidado, y nosotros mismos como personal penitenciario del país parece que también lo hemos olvidado, que SOMOS SERES HUMANOS.
En tiempo atrás, un estudio específico (no integral como el del ITCR) pero altamente profesional, financiado y contratado por la propia ANEP, señaló los principales hallazgos acerca de las condiciones socioambientales y psicoemocionales en que debe desarrollarse la estratégica actividad de servicio público como lo es la seguridad carcelaria del país a cargo del honorable personal de la Policía Penitenciaria. Tal estudio se denominó Condiciones de trabajo del personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica”, contándose con documentación anexa al mismo: a) Avance de sistematización de información, por centros de trabajo, sobre la “Investigación de las condiciones laborales de la Policía Penitenciaria; b) Avance de sistematización de información, Resumen General de los centros de atención institucional Reforma, San Sebastián, Buen Pastor, Pérez Zeledón y Limón, de la “Investigación sobre las condiciones laborales de la Policía Penitenciaria”. Recientemente, esta documentación fue entrega a la Dirección de la Policía Penitenciaria, en la persona de su distinguida subdirectora, la señora comandante Licda. Daysi Matamoros Zúñiga, quien la tiene en estudio y nos ha indicado que la considera valiosa.
1 2015 2016 PP SPN ITCR Condiciones de Trabajo by EugenioGuerrero on Scribd
En la actividad en la que participarán oficiales que gozaban de su día libre, demandaron tanto a las autoridades Legislativas como Ejecutivas una seguridad jurídica, jornada y roles de trabajo acordes con la salud, dignificación laboral así como una Ley de Pensiones para cuerpos policiales.
Por su parte la Policía Profesional de Migración Solicita ser incluida como uno de los destinarios de la recolección de impuestos a las personas jurídicas establecido en el Expedienten Legislativo N° 19.818.
Diversos cuerpos policiales del país entre los que destacan Fuerza Pública, Policía Aeroportuaria, Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Control de Drogas, Policía Penitenciaria, Policía de Migración, Policía Municipal, (todas con afiliación en la ANEP), así como Policía de Tránsito y Guardaparques se concentrarán este miércoles 19 de octubre a las 10 a.m. en el Parque Nacional en el Segundo Encuentro de Cuerpos Policiales.
Según indicaron representantes sindicales de los cuerpos policiales durante la actividad en la que participarán oficiales que tienen su día libre, estarán demandando a las autoridades Legislativas y Ejecutivas una seguridad jurídica, jornada y roles de trabajo acordes con la salud, dignificación laboral (salarios y delegaciones), así como una Ley de Pensiones para cuerpos policiales.
“Es momento de que se atiendan nuestras propuestas y los proyectos que vendrían a beneficiar los derechos humanos de las personas trabajadoras de los distintos cuerpos policiales. Ley de Pensiones, Interpretación auténtica del artículo 143 del Código de Trabajo (régimen de excepción), Seguridad Jurídica para las Policías Municipales y Guardaparques, jornadas de trabajo justas, remuneración salarial justa, entre las más destacadas consignas de lucha”, manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
A estas demandas se une el criterio emitido por el Consejo de Salud Ocupacional, ente adscrito al Ministerio de Trabajo, que señaló que el rol 2×2×2 que se maneja en la Fuerza Pública atenta contra la salud física de los oficiales y recomienda sea eliminado, esta situación también podría estar afectando a otros cuerpos policiales con largas jornadas laborales.
A las 10: 00 a.m. los representantes sindicales de los diversos cuerpos policiales del país brindarán una conferencia de prensa en el Parque Nacional.
Sindicatos de los cuerpos policiales del país anunciaron este martes en conferencia de prensa la rotunda oposición a los proyectos de ley que atentan contra el empleo público y que se encuentran en la Asamblea Legislativa, especialmente el proyecto de Ley N° 19.923 “Racionalizar el Gasto Público”.
Para los trabajadores de los cuerpos policiales, el proyecto contempla dos artículos (12 y 14) que vendrían a precarizar aún más el salario que reciben. Además, a esto se unen los recortes presupuestarios que perjudican la seguridad ciudadana en todos los ámbitos.
Por ejemplo, el artículo 12 del régimen de disponibilidad estipula que: “el porcentaje de personal de la institución sujeto al régimen de disponibilidad no podrá ser superior al 20% del total de funcionarios de la institución”.
Mientras que el artículo 14 establece que: “El incentivo por excelencia en el desempeño se reconocerá a aquellos servidores que hayan recibido la máxima calificación, como resultado de la evaluación del desempeño según la escala definida, en los niveles de evaluación (…)”.
El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía explicó que, aunque la intención de los legisladores es aplicarlo solo a trabajadores de nuevo ingreso, esto provocaría desigualdad entre trabajadores con las mismas funciones, por lo que es inviable en un país de derecho.
“En el caso de un oficial de la Fuerza Pública con escala básica (agente1) este proyecto afectaría el salario mensual. Por ejemplo, dejaría de percibir ¢75.000 mensuales de disponibilidad y ¢6.500 en anualidades aproximadamente. Para nadie es un secreto que los cuerpos policiales son los más mal pagamos del Poder Ejecutivo y nadie ha hecho nada por eso. El salario promedio de un policía con los pluses incluyendo la disponibilidad ronda los ¢500.000 mensuales”, dijo Anchía.
Los cuerpos policiales sindicalizados, entre ellos la Policía Municipal de San José, Guardaparques, Policía Profesional de Migración, Policía Aeroportuaria, Vigilancia Aérea, Policía de Tránsito, Policía Penitenciaria y Fuerza Pública crearon una alianza para que los proyectos que atentan contra en empleo público no sean aprobados.
Ricardo Carpio, representante de la Seccional ANEP-Policía Municipal de San José indicó que una de las observaciones es que con la propuesta pretenden violentar la autonomía de las municipalidades.
“Quieren involucrarse y hacer que las municipalidades pierdan autonomía no solo administrativa sino también financiera, ya que nos afectaría en términos de disponibilidad, dedicación exclusiva, entre otros rubros”, agregó Carpio.
Roberto Molina, del sindicato de Guardaparques detalló que desde la creación de la Ley de los Parques Nacionales en la década de 1970 han trabajado sin que se les reconozca la disponibilidad, el riesgo policial, ni las horas extras.
“Un guardaparques trabaja jornadas hasta de 18 horas diarias, no nos reconocen ni horas extra y ya no aguantamos. Los más de 300 guardaparques ya tomamos una decisión y si tenemos que cerrar los parques nacionales lo vamos hacer”, recalcó.
Los funcionarios de los cuerpos policiales resaltaron que han pasado de reunión tras reunión con las distintas autoridades para que se dignifique el trabajo policial, sin embargo, a la fecha siguen sin recibir una respuesta.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
