La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP logra dar marcha atrás a una sanción que se pretendía imponer a un dirigente sindical de nuestra organización, quien labora para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por utilizar su licencia sindical.
Según los hechos, el dirigente sindical de apellidos Cerdas Orozco utilizó su licencia sindical, otorgada por la Gerecia Geneneral del IMAS para el último viernes de cada mes, con el objetivo de asistir a una reunión de la Seccional ANEP-IMAS en Quepos el 29 de junio 2018. Esta situación abría deparado una sanción de tres días de suspensión sin goce salarial.
La orden de suspensión vino de parte de su jefatura directa, sin embargo para la abogada laboral de la ANEP, Karen Carvajal dicha Jefatura no tiene la potestad para tal sanción.
“Esta jefatura no tiene la potestad de establecer dicha sanción, ya que esta solo puede realizar llamadas de atención verbales o escritas, mientras que para la imposición de suspensiones o despedidos debe abrirse un proceso administrativo por el Departamento de Recurso Humanos, tal y como lo establece el artículo 128 del Reglamento Autónomo de Servicio del IMAS. Situación que nunca sucedió”, explicó la Licenciada.
Ante esta situación la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP presentó un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio resultando a favor del dirigente sindical, ya que la jefatura revocó la sanción.
Luego de una lucha de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y su homóloga en la parte administrativa, se concretó que la Dirección General reconociera al personal el pago de horas extra en giras.
Este reconocimiento es producto de la conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social meses atrás, así como en la mesa de diálogo establecida por el Viceministro de Gobernación y Policía, Víctor Barrantes Marín; el asesor, Harold Villegas y el Subdirector de Migración, Daguer Hernández con las dos seccionales de ANEP en Migración y Extranjería.
Gerardo Mora, Presidente de la seccional ANEP-PPME indicó que se logró hacer justicia, al reconocer el pago de horas extras a los acompañantes que van a las giras dentro y fuera del país, así como a los funcionarios policiales y administrativos.
A continuación se detalla de que forma aplica reconocimiento de horas extra por giras
El Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, Gerardo Mora se reunió con el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto con el objetivo de mostarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración.
Durante la reunión se trataron temas como faltante de personal, cursos policiales, inclusión en cursos de escalas jerarquicas del Estatuto Policial, así como apoyo al proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración.
Durante la reunión el Ministro de Seguridad reconoció las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, pero a la vez, indicó las carencias económicas existentes en el MSP para poder brindar el apoyo necesario y debido a es cuerpo policial.
Conversamos con Gerardo Mora sobre los alcances de la reunión sostenida en el despacho del Ministro de Seguridad Pública.
A continuación el desgloce de los puntos abordados en la reunión.
1) Solicitar apoyo al Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente:
a) incremento en la visitación turística aeropuertos y puertos; b) problemas con el fenómeno de inmigrantes; c) Problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados; d) la trata ilegal y el tráfico de personas; e) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas; f) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos, g) el conflicto en Crucitas, h) la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio, así como el aumento de ventas ambulantes, i) la falta de infraestructura.
El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.
2) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía, dé los Cursos que la Policía Profesional de Migración requiere.
Actualmente hay aproximadamente 100 Oficiales de Alta sin el Curso Básico Policial y para este año aparentemente no se ha programado que la Escuela Nacional de Policía imparta el Curso de Alta, la ENP no ha enviado información a la Unidad de Capacitación de Migración para cuando está programado dicho curso.
Con el propósito de no afectar la operación policial, solicitamos con todo respeto que por la vía de convenio faciliten personal policial para que sustituyan a los Oficiales que asistirán a realizar el Curso Básico Policial de Alta, así como oficiales para reforzar las oficinas policiales regionales.
3) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía incluya a la Policía Profesional de Migración en los Cursos de Escalas Jerárquicas del Estatuto Policial.
Escala Básica: a) Agente de Policía b) Inspector de Policía c) Sargento de Policía
Oficiales Ejecutivos: a) Sub intendente b) Intendente o Capitán
Oficiales Superiores a) Comandante b) Comisionado c) Comisario
4) Propuesta de Curso Introducción a los conocimientos Generales de la Función Policial Migratoria:
La Policía Profesional de Migración se encuentra en una transición, en donde sus oficinas policiales serán comandadas por funcionarios estrictamente con nombramientos policiales, en aras de cumplir con lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, en su artículo 18 y el Reglamento de la Policía Profesional de Migración, así como la Ley General de Policía 7410 y su estatuto policial.
Los oficiales de la Policía Profesional de Migración, deberán de contar con la preparación debida para cumplir con las potestades emanadas por la ley citada, es por ello que nace la necesidad de que en la Dirección general de Migración y Extranjería (DGME), exista un Curso Básico de Conocimiento Generales de la Función Policial Migratoria, pero especializado en la materia, que sea capaz de profesionalizar y perfeccionar sus conocimientos en el área técnico policial y jurídico, para que surja un resultado acorde a las necesidades institucionales, que permita discernir y decidir situaciones diversas en el campo migratorio y elevar la calidad del servicio policial migratorio a nivel profesional. La propuesta de este Curso Básico, va enfocado a solventar en poco más de DOSMESES Y MEDIO, este tipo de necesidades, utilizando en todo momento los recursos en cuanto a instalaciones, personal y material didáctico de nuestra institución, y deberá de ser impartido por profesionales en las diferentes oficinas, ya que existe un material humano de mucho valor, experiencia y conocimiento.
El departamento de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encuentra en alerta roja por falta de personal, lo cual ha llenado de “frustración” y una excesiva carga de trabajo a los funcionarios que tratan de atrapar a los evasores.
La advertencia la hicieron Rosibel Lobo, coordinadora de la unidad legal y José Joaquín Porras, coordinador de la unidad administrativa, a través de una carta enviada a los jerarcas del Ministerio el 21 de junio anterior.
“Existe una situación, debemos recaudar, pero también dar prioridad a las solicitudes de prescripción; las cuales ingresan en masa y la escasez de recursos es demasiada y se está volviendo casi imposible realizar las dos funciones a la vez”, indica la carta.
La unidad de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encarga de los cobros y las notificaciones a los deudores y evasores, entre otras tareas.
Al 21 de junio había 287 embargos judiciales pendientes de presentar ante la banca nacional y privada; además de 174 comisiones tramitadas en todo el país y 122 avisos de cobro que debían ser presentados cuanto antes, con el objetivo de interrumpir el plazo de la prescripción.
En ese sentido, los funcionarios se quejan de que es “materialmente imposible” la notificación de los documentos si no se cuenta con el suficiente personal y destacan que la situación los está afectando “física y mentalmente” e incluso parte del personal se está enfermando.
Para resolver el problema, piden a Priscila Piedra, directora general de Hacienda, que se ejecute la ley para mejorar la lucha contra la evasión fiscal, la cual establece fiscales de cobro en todo el país en las cantidades necesarias para gestionar las deudas a su cargo, por lo que todos los casos no se estarían resolviendo en San José.
Sugieren que se dote de mayor personal en las áreas técnicas y de archivo, además de profesionales en derecho, que permitan resolver los casos más rápidamente.
“Consideramos nuestro derecho conocer el avance de la aplicación de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, regionalizar el cobro judicial y atacar correcta y eficientemente el cobro (…) Así como valorar llevarse el cobro judicial a otra oficina el trámite de prescripción de tributos, por cuanto, nuestra razón de ser es “cobrar” no “dejar de cobrar”, agrega la misiva.
Mientras tanto, el gobierno sabe de los graves problemas en el departamento de cobro judicial y por ello ya toma acciones para reducir la carga laboral.
Entre las medidas tomadas se encuentra la asignación de más personal para atender los casos de cobro judicial y prescripción.
“Esta administración se encuentra comprometida con el fortalecimiento de la División de Adeudos Estatales, desde el 8 de mayo se han analizado opciones, dentro de las que se están concretando la asignación de tres jefaturas a funcionarios capacitados, el traslado temporal de dos plazas de profesionales en derecho para fortalecer el proceso de cobro y el traslado dentro de la misma institución, de tres plazas administrativas para apoyar la gestión diaria de los procesos. Asimismo, buscamos un convenio con Correos de Costa Rica para notificar los embargos”, dijo Piedra.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda niega que la falta de personal para realizar los cobros judiciales socave las intenciones del gobierno de cobrar nuevos impuestos a través del IVA y varios cambios a la renta.
Eso es precisamente lo que está haciendo, al menos desde la óptica del sector sindical, quien reclama al gobierno una mejor recaudación fiscal, además de revisar las exoneraciones que hoy disfruta el sector productivo.
“Podemos señalar con absoluta certeza, que los problemas fiscales tienen su origen principalmente en los siguientes aspectos: Una altísima evasión tributaria (8,22% PIB), elusión y evasión comercio exterior (38,8% PIB), gasto tributario por exoneraciones y privilegios fiscales (5,34% del PIB) y costo de desgravaciones arancelarias vía los TLC (2,5% del PIB). Si se empieza por reformar esos aspectos, hay mucho espacio fiscal para resolver estructuralmente el asunto del déficit y dotar de recursos frescos al Estado”, dijo Albino Vargas, secretario de Patria Justa.
El problema El gobierno trata de luchar contra el déficit fiscal por medio de la aprobación de nuevos impuestos, sin embargo, si no recauda adecuadamente a lo que ya tiene derecho por ley, los actores sociales y políticos se negarían a validar nuevos tributos (cifras en porcentaje del PIB).
Esta tarde, el Movimiento Sindical entregó a los representantes del gobierno, una propuesta fiscal progresiva y equitativa, que permitiría la recaudación de recursos financieros sin necesidad de imponer más impuestos al pueblo costarricense.
Algunas medidas de carácter inmediato entregadas este lunes, podría significar entre un 3% y 4% del producto interno bruto, recaudando recursos frescos para el Estado, en temas como impuesto sobre grandes utilidades, aduanas, impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otros.
Además, el Movimiento Sindical tiene diversas propuestas en materia tributaria que podríamos denominar de contingencia, que garantizan la entrada de nuevos recursos, propuestas estructurales orientadas a lograr mayor progresividad y equidad tributaria e iniciativas orientadas a corregir los mecanismos que estimulan el fraude fiscal. Las propuestas más destacadas son:
1-Impuesto sobre grandes utilidades
De un 30 a 36 % solamente para los grandes contribuyentes (empresas que tributan ¢250 millones de colones o más, o con renta bruta de ¢40 mil millones o más; o con activos de ¢40 mil millones de colones o más, que corresponde aproximadamente a las 400 empresas más grandes del país. Puede ser transitorio.
2-Ejecución eficaz de la valoración aduanera.
Creación del Registro de Ejecución Eficaz de la Valoración Aduanera, para que contenga una lista actualizada y detallada de las características de las operaciones comerciales de todos los sujetos que realizan importación de mercancías y así asegurar que a los importadores les sea imposible la no declaración del costo por canon y derecho de licencia.
3-Implementación de escaneo de contenedores para la inspección intrusiva
El escaneo de contenedores permite obtener información sin la necesidad de abrir o manipular la mercadería que se encuentra en su interior. Al proceso se le denomina como inspección no intrusiva (INI). La aspiración final es que el país cuente con equipos de escaneo de contenedores en los 7 puntos de ingreso y salida de contenedores y para los equipos de paquetería postal. La experiencia de otros países plantea que se puede duplicar la recaudación aduanera en un plazo de 3 años. Para el caso costarricense, los datos al 2015 expresaron unos 3 puntos PIB de recaudación aduanera sin contar con el sistema de escáneres. La pretensión es aumentar en un punto porcentual anual durante los próximos 3 años, duplicando la recaudación por escaneo para que llegue a 6 puntos PIB. De la operación del sistema de escaneo, debe encargarse una empresa pública estatal.
4- Impuesto a las transacciones financieras internacionales
Se propone la adición de un nuevo artículo 81 Bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para establecer recargos sobre los capitales provenientes del exterior cuya permanencia en el país sea menor a un año, y podrá discriminar en la tasa impuesta conforme al plazo de permanencia. Esto como una medida de carácter solidario para colaborar con el estado de las finanzas públicas, y como medida discrecional de política monetaria. Complementariamente, se puede establecer un peaje por cada transacción bancario-financiera superior a un determinado monto para no afectar operaciones típicas de ingresos medios. La negociación debe determinar las diferentes gradaciones de la norma a fin de lograr un 0.25 puntos PIB por esta vía.
5-Impuesto a las utilidades financieras del cobro usurero de tarjetas de crédito y otros
Los últimos estudios indican que, en promedio, los bancos privados tienen una tasa del 50-54%, mientras que los bancos públicos son del orden del 35%; y, que, el endeudamiento por este mecanismo está llegando a los 4 puntos PIB. El sector financiero, público y privado, debe aportar, solidariamente, para la crisis fiscal en función de sus exorbitantes ganancias. Conservadoras estimaciones indican que este negocio puede oscilar entre el 1.3 y el 1.4% del PIB. La iniciativa de ley al respecto debe incluir, al menos, dos grandes ámbitos: 1) Reducción-regulación de la tasa de interés para disminuir los costos para el tarjetahabiente y que éste pueda enfrentar, más holgadamente su deuda. 2) Imponer una tasa de contribución solidaria que equivalga a un 0.25 puntos PIB del monto de ganancia por intereses abusivos en crédito vía tarjetas de crédito. Se debe incluir otros intereses abusivos y el aporte solidario esperado.
6-Contribución solidaria del sistema de exenciones para zonas francas
Luego de 30 años de disfrutar de un sistema de exenciones-exoneraciones de alto calado, se propone una tasa-contribución solidaria para todas las zonas francas, distribuidas entre sí para un aporte conjunto equivalente a un cuarto de punto PIB.
7-Establecer los principios de Renta Global y Renta Mundial
Incorporar dichos principios tributarios para empezar a revertir la regresividad de la estructura tributaria costarricense.
Sin necesidad de nuevos impuestos para las mayorías populares, especialmente para el pueblo trabajador, se pueden incorporar recursos fiscales frescos, en el cortísimo plazo, con estas 7 medidas de propuesta sindical anteriormente señaladas.
Seguidamente, se requiere abrir el diálogo político-social para la discusión estructural del tema fiscal del país, para medidas de corto, de mediano y de largo plazo; que al menos considere los siguientes aspectos:
En tema del sistema licitatorio-compras del Estado, queremos llamar la atención en cuanto a lo que la Contraloría General de la República (CGR) indica en sus “Estadísticas sobre Compras con Fondos Públicos”. Revisando el “Informe Anual de la Actividad Contractual”, tenemos que para el pasado año 2017, ésta ascendió a 1.585.163.949.422 (un billón 585 mil 163 millones, 949 mil 222 colones), lo que equivale a 4.52 puntos PIB. Y, doblemente llama la atención el siguiente dato: Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), dispuso en compras públicas la cantidad de 260.854.045.372 millones de colones; y, por su parte, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 194.759.012.558 millones de colones. Ambas instituciones destinan en compras al sector privado, el 28,75 % de esos 4.52 puntos PIB.
Y, si seguimos analizando con más cuidado y puntillosidad, solamente dos empresas reciben solicitudes-órdenes de compra por el orden de los 421.860.378.115 millones de colones, lo que equivale 1.20 puntos PIB. Es decir, estas dos empresas se llevan el 26.61 % de los fondos públicos destinados al rubro de licitaciones-compras del Estado.
Como notarán, cualquier cantidad de interrogantes surgen al respecto si, de verdad, con real seriedad, este país quiere dar una discusión integral sobre el déficit fiscal.
Desde el movimiento sindical, tenemos propuestas diversas sobre los aspectos tributarios y fiscales que requiere el país y consideramos que, si existe voluntad política real, una verdadera mesa de diálogo en que se aborden dichas propuestas, partiendo de la premisa de la búsqueda de la justicia fiscal, es el mejor escenario para llegar a acuerdos sustentables, duraderos y que permitan garantizar el desarrollo, el crecimiento, la inclusión y la justicia social.
Las propuestas presentadas por el Movimiento Sindical representan un esfuerzo de análisis de diversos sectores sobre el escenario económico-social por el que atraviesa el país.
En forma atenta,
PORMOVIMIENTOSINDICALCOSTARRICENSE
A continuación el documento presentado al Gobierno
El presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería, Gerardo Mora Ordoñez se reunió con la diputada, Ivonne Acuña con el objetivo de detallarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), luego de que la legisladora cuestionara el control en la frontera sur de nuestro país.
En la reunión el Presidente de la Seccional entregó un documento a la diputada donde le detalla el funcionamiento de la PPME, así como el faltante de personal,así como del equipo e indumentaria; como por ejemplo la carencia del arma de reglamento.
Mora Ordoñez, también aprovecho la visita para solicitar el apoyo en el Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Gerardo Mora sobre reunión con Ivonne Acuña
Compartimos el documento presentado a la legisladora
Reciba un respetuoso saludo de la Seccional Anep Policía Profesional de Migración, con relación a sus manifestaciones en el plenario sobre su visita a Sixaola hacemos de su conocimiento lo siguiente:
La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente: a) incremento en la visitación turística; b) problemas con el fenómeno de inmigrantes; c) su papel en el creciente problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados; d) la trata ilegal y el tráfico de personas; d) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar ese tipo de prácticas; e) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos, f) el conflicto en Crucitas, g) la crisis en Nicaragua y h) la falta de infraestructura.
Mientras crece el número de turistas en el país, de manera inversamente proporcional no aumenta el número de Oficiales de Migración y esta situación se repite en todos los puestos fronterizos del país. Está prevista la ampliación del aeropuerto Internacional Daniel Oduber en la Ciudad de Liberia Guanacaste, además la Construcción de un Aeropuerto Internacional de Orotina, la Construcción de un Aeropuerto Internacional de Limón, por lo que el Gobierno debe de contratar esas necesidades a mediano y largo plazo.
Seguidamente le explico el sistema operativo de la Oficina Policial de Migración en Sixaola entre sus funciones operativas de acuerdo a la Ley General de Policía No. 7410 y Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 las funciones son, el control migratorio de persona:, en dicha oficina hay seis funcionarios Policiales destacados con roles de seis días de trabajo y tres días libres (conocido como 6× 3) en horario de siete de la mañana a cinco de la tarde, de los cuales el día de su visita a Sixaola, uno estaba en un curso de capacitación, uno libre y otro en vacaciones, han despedido dos oficiales que no han repuesto sus plazas ,solo quedaban tres para atender el control migratorio de entradas y salidas en ventanillas.
El personal policial no puede realizar labores de campo o control migratorio en vía pública debido a los siguientes motivos que expongo a continuación:
1) El personal policial no porta el equipo policial que le corresponde (arma de reglamento), debido a las condiciones de infraestructura del lugar y seguridad, la oficina no cuenta con una caja fuerte para tener armas y los oficiales no pueden hacer labores de campo sin este equipo policial, por esta razón no pueden salir.
2) Debido al faltante de personal solo se realiza el control migratorio de entradas y salidas, permisos vecinales, permisos y autorizaciones a personas menores de edad, traslados a la fiscalía, atención de indocumentados, asistencia a otros cuerpos policiales en atención a extranjeros en condición irregular, entre otras funciones policiales.
Con todo respeto señora diputada y agradecemos su preocupación sería importante que usted visitara las instalaciones y conversara con los oficiales sobre sus inquietudes.
Sobre el movimiento de personas en la frontera (desplazamiento sin control migratorio) quiero informarle que existe un acuerdo binacional con Panamá en donde se acuerda una zona de tolerancia de 300 metros después del puente a cada lado, para fomentar el comercio entre costarricenses y panameños, este mismo aplica en Paso Canoas, donde pueden transitar sin pasaporte, solamente con la cédula de identidad.
El control de mercancías no nos corresponde a los oficiales de de la Policía profesional de Migración, sino a las Autoridades del Ministerio de Hacienda (Aduana y Control Fiscal).
Con relación a las condiciones de la Fuerza Pública, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública lo había denunciado ante el Ministerio de Seguridad Pública, así como ante el Ministerio de Salud, el plazo que le dio la Sala Constitucional al MSP, para reparar las delegaciones de Sixaola y otras delegaciones, vence en julio del 2018.
Es importante que se incremente el número de personal de Sixaola para la mejor atención a los usuarios, el Sindicato en reiteradas ocasiones ha realizado gestiones, recomendaciones y observaciones con respecto al tema, sobre las mismas preocupaciones que usted expreso en el Plenario de la República.
Con la apoyo de diecinueve Señores y Señoras Diputados de la Legislación anterior hemos presentado el Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.
Por lo anterior le solicitamos con todo respeto, su apoyo y el apoyo de su fracción a dicho proyecto de ley.
Agradecemos, el interés que su persona a puesto en este sector del país tan vulnerable y abandonado por el Estado, por lo manifestado en el Plenario de la República; le solicitamos muy respetuosamente que le de seguimiento y le exija a las autoridades competentes la intervención inmediata, para la protección de una de las Fronteras mas vulnerables de nuestro país, a efecto de que se cumpla con las mejoras de infraestructura, incremento de Recurso Humano, equipo policial, servicio a los usuarios, entre otras necesidades.
Gracias Señora Diputada, por su valiosa intervención y el apoyo que le pueda brindar a la Sociedad Costarricense.
Agradecemos su valiosa atención a la presente solicitud. Atentamente,
Gerardo Mora Ordóñez Directivo Nacional de ANEP Presidente Seccional ANEP-PPME
La Seccional ANEP-Alunasa entregó la tarde de este viernes una carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump donde manifiestan la grave situación económica-social por la que están pasando 277 trabajadores de la empresa Alunasa, situación que se complicó aún más, con la declaratoria realizada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. al indicar que la empresa venezolana fue utilizada para lavar dinero.
Según indica la carta, dicha declaratorio del Departamento del Tesoro provocó que el sistema bancario costarricense procediera de forma inmediata a cerrar todas las cuentas bancarias de Alunasa lo que imposibilitó el pago de salario a los trabajadores.
“Esto se da pese a que en dicha declaratoria no se puntualiza ninguna acción concreta en la que Alunasa hubiese sido utilizada para realizar el ilícito referenciado”, indica el documento. Otro de los puntos que detalla la Seccional ANEP-Alunasa, es que a la fecha no existe ninguna investigación judicial en nuestro país contra la empresa de Aluminios radicada en Juanilama de Esparza por lavado de dinero.
“El 29 de junio, recibimos un comunicado oficial de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica, en el mismo nos indican que, no existe al día de hoy en esta fiscalía adjunta ninguna investigación penal abierta o en trámite, en relación con los señalamientos extraídos de la noticia difundida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”, indica el escrito.
Además, en la carta la Seccional ANEP-Alunasa detalla la forma de operación de la empresa de Aluminio en nuestro país, a la vez, que apelan a la sensibilización del Presidente de los Estados Unidos en busca de una solución a esta situación que mantiene a decenas de familias sin recibir sustento y la actividad económica de un pueblo completamente desacelerada.
“Es muy importante aclarar, que Alunasa es una empresa que opera bajo el régimen de zona franca en Costa Rica, con un perfil de empresa privada, que aunque ciertamente su dueño es el estado de Venezuela, no mantenemos ningún tipo de relación más allá de la referente al negocio que nos ocupa. Cabe enfatizar, que el dinero producido mediante nuestra operación productiva y comercial, es utilizado en su totalidad para mantener las operaciones de nuestra empresa, principalmente en salarios, compra de insumos y otras operaciones comerciales relacionadas con la empresa, agilizando la economía local, tomando en cuenta que una gran parte de nuestros proveedores, son otras empresas ubicadas en Costa Rica, tanto en el sector privado como en el público”, indica la Seccional.
La carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos de América fue entregada al representante Diplomático-Agregado Laboral de la Embajada de Estados Unidos, Tim Huson, quien visitó la ANEP para tratar diversos temas referentes a la situación social-económica que atraviesa Costa Rica.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la empresa G4S solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar una inspección laboral en la empresa de seguridad privada ante posible riesgo laboral y explotación obrera.
La solicitud fue realizada la tarde de este martes 3 de julio en la cual el sindicato expresa. “Con suma urgencia solicitamos la intervención oportuna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a sus dignos cargos, en el ámbito de Inspección de Trabajo; ante la circunstancia delicada que nos denuncia la Junta Directiva de la Seccional ANEP-G4S, empresa privada que brinda servicios de seguridad; específicamente en cuanto a la situación de severo riesgo laboral y probable situación de sobreexplotación obrera, que sufren varios trabajadores de seguridad a los cuales se les está recargando funciones pues fueron contratados para labores típicas de seguridad y ahora están siendo empleados como cobradores en los peajes de la autopista Ruta 27, dado que la firma titular de esta concesión de obra pública, conocida como Global Vía contrató los servicios de G4S para fines de seguridad”.
Para la ANEP y su seccional G4S esta situación es anómala toda vez que los oficiales de G4S no tienen ningún sistema de seguridad que les proteja de asaltos y otro tipo de agresiones que sufren durante el desempeño de ese doble rol laboral.
“Específicamente, podemos demostrar que cuatro trabajadores ya fueron asaltados, y uno de ellos está en cama con una bala dentro de su pierna. Por otra parte, el tiempo de almuerzo de los oficiales no está siendo respetado y sus alimentos los están ingiriendo dentro de la propia caseta, es decir mientras almuerzan siguen trabajando. Por otra parte, si algún oficial necesita ir al baño, debe cruzar la pista con el riesgo que ello conlleva, cuando se supone que, por el protocolo del servicio de seguridad, el servicio sanitario debe estar anexo a la caseta de seguridad. Como es lógico suponer, también no existe un reconocimiento salarial para esa doble tarea”, indica la solicitud.
Ante este escenario la ANEP solicita de forma urgente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una pronta inspección laboral en defensa de los trabajadores de esta empresa.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
