Categoría: Incidencia

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) externa su oposición rotunda a que sea la clase trabajadora la que cargue con la responsabilidad del déficit fiscal y sus graves consecuencias, pues ella no es responsable de la misma, bajo ninguna circunstancia.

Por el contrario, la clase trabajadora está ya sufriendo en carne propia las consecuencias de las graves actuaciones erróneas de la clase política tradicional de este país que, por un lado, nunca han querido modificar la injusta estructura tributaria que perjudica enormemente al pueblo trabajador; y, por otro, nos llevó a un endeudamiento-país que es, prácticamente, inmanejable e imposible de pagar.

Algunos datos macroeconómicos sobre el grave problema deben encender las alarmas de la clase trabajadora para preparar su autodefensa:

A) Ya se superó la barrera del 6 % de déficit con respecto al Producto Interno Bruto (PIB); 6.5 % para algunos entendidos.

B) El endeudamiento ha superado la barrera “psicológica” del 50 % del PIB, avanzando hacia una cifra gravísima del 60 %.

C) Se “despide” la Administración Solís Rivera con un último decretazo salarial, imponiendo un 1.55 %, aduciendo que por el problema del déficit no se puede reconocer lo que corresponde por costo de vida; abriendo así una peligrosa senda para la “institucionalización” de congelamiento y/o rebajas salariales en el nuevo gobierno.

D) Se reporta ya la reducción de los rendimientos, de la rentabilidad, en los fondos de pensiones, producto del aumento en las tasas de interés en colones y en dólares dado el alto déficit en crecimiento.

E) Se incrementan los intereses por los préstamos y dado el altísimo endeudamiento obrero, la precarización salarial se habrá de profundizar.

Es por ello que desde la ANEP hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas, particularmente a quienes son empleadas públicas, para que, sin saber cuáles serán las nuevas autoridades políticas del país, ejecutivo-parlamentarias; nos dispongamos a fortalecer nuestra propia organización, a construir una gran unidad sindical en la acción respetando las diversidades internas del movimiento; y, a concientizarnos de que será imprescindible nuevos episodios de movilización, de alcances más profundos que los hasta ahora realizados.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se reunirá el próximo lunes 29 de enero a fin de analizar, con profundidad, la difícil circunstancia que se venir para el pueblo trabajador del país.

Alternativa y/o complementariamente, somos del criterio que la urgencia de un diálogo nacional, político-social, nunca había tenido tanta relevancia como en los momentos en desarrollo y los de inmediato plazo; especialmente porque todo parece indicar que quien gane las elecciones presidenciales tendrá un mandato muy débil, por un lado; y, por el otro, se predice la conformación de la nueva Asamblea Legislativa mucho más fragmentada que la siguiente.

Adicionalmente, lamentamos que la actual campaña electoral, especialmente, la presidencial, esté centrada, maliciosamente, en otros tópicos que no permiten visibilizar la gravedad del problema del déficit fiscal, los reales responsables del mismo, así como las soluciones urgentes y estructurales que se necesitan para evitarnos una debacle a la “griega”.

San José, lunes 22 de enero de2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Todo parece indicar que los señores diputados y las señoras diputadas volverán a sus trabajos este lunes 8 de enero de 2018, tal y como lo harán miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; otros miles empleados estatales lo hacen desde el pasado día 2, como también muchísimas más en el sector privado que ya están trabajando desde las primeras horas del año nuevo.

Pocos días antes de que terminara el año pasado 2017, la ANEP hizo pública su exhortación vehemente para que el parlamento reanudara labores desde este próximo lunes 8 y no como se pretendía que lo hiciera hasta pasadas las elecciones nacionales del domingo 4 de febrero; considerando la enorme indignación ciudadana por los escándalos de corrupción de estos tiempos de los TLC’s neoliberales, especialmente el más reciente caso conocido como el cementazo.

Nos satisface que la exhortación de la ANEP en tal sentido, tanto como en la misma línea se pronunciaron importantes sectores de la ciudadanía por las redes sociales, haya tenido oportuna escucha de las fracciones parlamentarias, según diversas informaciones de prensa.

Se podría disipar así la justificada suspicacia de que el informe legislativo sobre el cementazo se quería meter debajo de la alfombra, por lo menos, hasta pasadas las elecciones. ¡Parece que no será así! Y que cada palo aguante su vela en el debate parlamentario que se generaría.

Este tema de la corrupción, mediando la colusión de intereses públicos y privados, ha acaparado la atención de la ciudadanía como nunca antes en los últimos tiempos; especialmente, repetimos, en estos tiempos de los TLC’s neoliberales.

Además, para la ciudadanía será tan bien relevante que se pueda escuchar los descargos de los aludidos en el informe legislativo de la investigación sobre el cementazo, quienes han venido puntualizando en las redes sociales, que 32 conclusiones del mismo “carecen de fundamento, son contradictorias o falsas”.

En congruencia con este sentimiento cívico de enojo y de indignación por la corrupción, el propio señor Presidente de la República y su gobierno no deberían mirar para otro lado; y, por el contrario, poner el dedo en la llaga convocando los siguientes proyectos de ley que tienen que ver con atajar, al menos en la legislación, el avance de la corrupción

Ante tal circunstancia le solicitamos, respetuosa, pública y vehementemente al Gobierno de la República que convoque a trabajar con agenda de proyectos a los señores diputados y a las señoras diputadas. ¡Que no exista escusa alguna! Que no se convoque un mar de proyectos; que el Gobierno sea selectivo y convoque proyectos relacionados con la corrupción en la función pública, y únicamente.

De esta manera, la ciudadanía, la opinión pública y la prensa podrían centrar su atención en unos cuantos proyectos de ley; y, en esto del combate a la corrupción, podríamos identificar quién es quién, quién quiere que un proyecto avance y se apruebe y quién no. Estamos seguros que en tiempos electorales muchos actores legislativos no bloquearan alguna iniciativa anticorrupción sin excusa racional.

Hay mucha labor que los diputados pueden desarrollar en estos días electorales, para eso se les paga. En consecuencia, reiteramos que el Gobierno debe quitar los pretextos y convocar una agenda específicamente concreta con relación al grave enojo ciudadano; y la sugerencia de la ANEP es que tal agenda sea anticorrupción, centrada en estos cuatro proyectos de ley:

Expediente Legislativo No. 19.251: Ley reguladora del cabildeo en la función PÚBLICA

Expediente Legislativo No. 19.984: Reforma al Reglamento Legislativo para creación de la Comisión de Disciplina de los Diputados.

Expediente Legislativo No. 19.439: Ley para determinar la obligada vinculación de los dictámenes de la Procuraduría de la Ética.

Expediente Legislativo No. 19.111: Reforma constitución para establecer la pérdida de credencial del diputado.

La clase política, la tradicional y la que aspira a serlo plenamente, cada vez más distanciadas del común de la ciudadanía, tienen una enorme oportunidad de oxigenación en la tramitación celera de una agenda legislativa anticorrupción. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, bien golpeados ambos por lo del cementazo, desde una perspectiva de institucionalidad republicana, podrían reivindicarse aprobando estos proyectos de ley.

San José, viernes 5 de enero de 2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

A partir del próximo 1 de enero de 2018 deberá darse un reajuste por costo de vida a los salarios de todas y de cada una de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.

Tal reajuste, posiblemente impuesto vía decreto (aunque no se descarta que podría ser producto de una negociación), será la última fijación salarial del gobierno del Presidente don Luis Guillermo Solís Rivera.

Recordemos que para el sector Público todavía siguen existiendo dos fijaciones de reajuste salarial por costo de vida al año. Para el caso del sector Privado, precisamente en el presente gobierno quedó establecido un único reajuste salarial anual por tal razón, mismo que se seguirá definiendo cada mes de octubre.

En el caso de la clase trabajadora asalariada que labora para el sector privado, a partir del próximo 1 de enero, el salario mínimo deberá reajustarse en un 2.43 %.

Una cifra similar, 2.43 %, vendría a ser el punto de partida para la elaboración de una propuesta sindical de reajuste a los salarios base del sector Público. Al menos, para el caso de la corriente sindical en la cual milita la ANEP.

Tanto para la ANEP, como para la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y para el mismo Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, sigue siendo importante la unidad en la acción del Movimiento Sindical Costarricense.

No más entrando enero, se hará un esfuerzo desde nuestra parte para unificar una única propuesta sindical de reajuste salarial por costo de vida a los salarios base de la población trabajadora del sector Público.

A estas alturas no sabemos si habrá algún interés gubernamental en convocar para tratar el tema en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, en el marco de la controversial situación fiscal, por una parte; y, por otra, con el peligroso antecedente del atraso en el pago de la primera quincena de diciembre para los empleados públicos del Estado central.

Evidentemente, el escenario fiscal del país sigue deteriorándose. Pero ello se debe a causas ajenas a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector Privado como la del Sector Público.

De nuestra parte, como corriente sindical que le da mucha prioridad a la propuesta, hace ya bastante tiempo que hemos planteado una amplia gama de iniciativas, desde la perspectiva obrero-social, para enfrentar el tema fiscal. Además, de manera reiterada hemos insistido en la importancia, con carácter estratégico, de luchar por un acuerdo nacional al respecto, multipartidista y multisectorial.

Una vez más hay que plantearlo con fuerte contundencia: la clase trabajadora, la asalariada como la no asalariada y/o desempleada, no es la responsable del déficit fiscal.

Los trabajadores y las trabajadoras, tanto quienes tienen la suerte de tener un empleo relativamente estable y un salario fijo, como quienes están en el mercado informal, e incluso, en desempleo/subempleo, son puntuales pagadores de impuestos. ¡No se los roban ni los evaden!

Esto sucede con los dos más importantes impuestos. El de ventas, al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El de renta, cuando corresponde, se rebaja directamente del salario.

En tal sentido, no renunciaremos a reivindicar, vía planteamientos serios, el mejoramiento de las condiciones de empleo, de trabajo y salariales de las personas trabajadoras de ambos sectores.

Estamos convencidos de que ante el escenario de creciente desigualdad que vive la sociedad costarricense de la actualidad, la necesidad de otro tipo de política salarial se impone como un mecanismo de detener el avance de la exclusión.

Albino Vargas
Secretario General ANEP

Desde el espacio ciudadano en que desarrollamos nuestra cotidiana lucha sindical y sociopolítica, hacemos vehemente llamado a todos los diputadas y a todas las diputadas para que vuelvan a sesiones el próximo lunes 8 de enero, tanto como lo harán miles de personas trabajadoras asalariadas del sector público, actualmente en vacaciones.

La ciudadanía frustrada, defraudada e indignada por, quizás, el más escandaloso caso de trafico de influencias, de compadrazgo político y de presunta corrupcion de los últimos tiempos, conocido como el cementazo; exige rendición de cuentas y demanda la asuncion de responsabilidades políticas, según lo expone el informe de la comisión legislativa que lo
investigó.

Saludamos la posición de las fracciones parlamentarias de los partidos Frente Amplio y Alianza Democrática Cristiana que así lo han planteado: volver a sesiones parlamentarias el 8 de enero para debatir en el plenario legislativo ese informe. Así lo indicaron doña Patricia Mora y don Mario Redondo, respectivamente a nombre de esos grupos legislativos.

Igualmente, es de notar que la propia fracción oficialista, la del Partido Acción Ciudadana (PAC), muy “pringado” por el escándalo del cementazo, se muestra de acuerdo en sesionar a parir del 8 de enero. Así lo dijo su jefe de fracción don Javier Cambronero.

No sesionar favorece los intereses politiqueros de los otros partidos “pringados” de cemento, como Liberación, Unidad y el Libertario; este último el más cercano a su extinción.

El debate legislativo sobre el escándalo del cementazo no se puede posponer; no se debe meter debajo de la alfombra del friísimo proceso electoral.

La gente se merece una resarcision política y debe tener presente cada detalle de esa investigación parlamentaria a la hora de ir a votar… si es que se decide, finalmente, a hacerlo.

Además, también se debe debatir sobre los informes de otros casos también cuestionadisimos como Yanber e Hidrotarcoles.

San José, martes 26 de diciembre de 2017

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP