El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas analiza el escenario de las elecciones presidenciales a pocas semanas de las votaciones.
Categoría: Incidencia
Nota aclaratoria del Secretario General de la ANEP al Partido Frente Amplio
IVM-CCSS: ¿Volverá la confrontación?
Provocadora, imprudente y de enorme carga confrontativa es la inviable insistencia de algunos integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de imponer la repudiable tesis de elevar la edad para la pensión a los 65 años y de reducir el monto de la misma del 60 % a un 40 %, según se da a conocer en este día.
Parecería una burla al esfuerzo de una multiplicidad de sectores que se involucraron en una mesa de diálogo y que, en principio, concertaron en que ni la edad ni el monto se tocarían en lo más mínimo pues según se informó, se apostó por otras medidas alternativas para darle sostenibilidad al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en los próximos 20 años.
No nos cansaremos en insistir en que la Fiscalía General de la República desempolve la denuncia interpuesta hace ya 7 años para determinar si con las finanzas de IMV habría ocurrido algunas prácticas de riesgo financiero que estarían generando los problemas que el mismo dicen que está enfrentando en la actualidad; denuncia que el anterior jerarca de esta entidad “metió debajo de la mesa” pero que la nueva autoridad de la misma, la señora Emilia Navas Aparicio, dijo que la reactivaría.
Obvio es que doña Emilia ha estado muy recargada de trabajo; pero, con todo respeto, le hacemos un llamado público para que no se retrase más activar este expediente, ahora que hay tanta confianza ciudadana en que la transparencia retornó a la Fiscalía General de la República.
Contra el rechazo generalizado de la clase trabajadora cotizante para IVM-CCSS, se le impuso una reducción salarial del 1 % que ya entró en vigencia; reduciendo en el caso del reajuste por costo de vida para la empresa privada, el cual quedó en menos del 2.43 % que se definió para que entrara en vigencia este pasado 1 de enero. A la clase trabajadora del sector Público, sin su reajuste establecido, le espera lo mismo: reducción salarial por el 1 % de aumento en el aporte obrero a este sistema de pensiones.
ANEP y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA formula un llamado a toda la clase trabajadora, pública y privada, para que estén alertas y se apresten a movilizarse a fin de cerrarle el paso a este tipo de intentonas que lo que pretenden es privatizar IVM para entregarlo a las insaciables pretensiones de los sectores financieros del país que anhelan tener acceso a sus multimillonarios fondos.
Igualmente, reiteramos la imperiosa necesidad de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar este reto y otros que amenazan con deteriorar todavía más la situación sociofinanciera del pueblo trabajador de nuestro país.
San José, lunes 8 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Corrupción:Gobierno debe responder a indignación ciudadana
Todo parece indicar que los señores diputados y las señoras diputadas volverán a sus trabajos este lunes 8 de enero de 2018, tal y como lo harán miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; otros miles empleados estatales lo hacen desde el pasado día 2, como también muchísimas más en el sector privado que ya están trabajando desde las primeras horas del año nuevo.
Pocos días antes de que terminara el año pasado 2017, la ANEP hizo pública su exhortación vehemente para que el parlamento reanudara labores desde este próximo lunes 8 y no como se pretendía que lo hiciera hasta pasadas las elecciones nacionales del domingo 4 de febrero; considerando la enorme indignación ciudadana por los escándalos de corrupción de estos tiempos de los TLC’s neoliberales, especialmente el más reciente caso conocido como el cementazo.
Nos satisface que la exhortación de la ANEP en tal sentido, tanto como en la misma línea se pronunciaron importantes sectores de la ciudadanía por las redes sociales, haya tenido oportuna escucha de las fracciones parlamentarias, según diversas informaciones de prensa.
Se podría disipar así la justificada suspicacia de que el informe legislativo sobre el cementazo se quería meter debajo de la alfombra, por lo menos, hasta pasadas las elecciones. ¡Parece que no será así! Y que cada palo aguante su vela en el debate parlamentario que se generaría.
Este tema de la corrupción, mediando la colusión de intereses públicos y privados, ha acaparado la atención de la ciudadanía como nunca antes en los últimos tiempos; especialmente, repetimos, en estos tiempos de los TLC’s neoliberales.
Además, para la ciudadanía será tan bien relevante que se pueda escuchar los descargos de los aludidos en el informe legislativo de la investigación sobre el cementazo, quienes han venido puntualizando en las redes sociales, que 32 conclusiones del mismo “carecen de fundamento, son contradictorias o falsas”.
En congruencia con este sentimiento cívico de enojo y de indignación por la corrupción, el propio señor Presidente de la República y su gobierno no deberían mirar para otro lado; y, por el contrario, poner el dedo en la llaga convocando los siguientes proyectos de ley que tienen que ver con atajar, al menos en la legislación, el avance de la corrupción
Ante tal circunstancia le solicitamos, respetuosa, pública y vehementemente al Gobierno de la República que convoque a trabajar con agenda de proyectos a los señores diputados y a las señoras diputadas. ¡Que no exista escusa alguna! Que no se convoque un mar de proyectos; que el Gobierno sea selectivo y convoque proyectos relacionados con la corrupción en la función pública, y únicamente.
De esta manera, la ciudadanía, la opinión pública y la prensa podrían centrar su atención en unos cuantos proyectos de ley; y, en esto del combate a la corrupción, podríamos identificar quién es quién, quién quiere que un proyecto avance y se apruebe y quién no. Estamos seguros que en tiempos electorales muchos actores legislativos no bloquearan alguna iniciativa anticorrupción sin excusa racional.
Hay mucha labor que los diputados pueden desarrollar en estos días electorales, para eso se les paga. En consecuencia, reiteramos que el Gobierno debe quitar los pretextos y convocar una agenda específicamente concreta con relación al grave enojo ciudadano; y la sugerencia de la ANEP es que tal agenda sea anticorrupción, centrada en estos cuatro proyectos de ley:
Expediente Legislativo No. 19.251: Ley reguladora del cabildeo en la función PÚBLICA
Expediente Legislativo No. 19.984: Reforma al Reglamento Legislativo para creación de la Comisión de Disciplina de los Diputados.
Expediente Legislativo No. 19.439: Ley para determinar la obligada vinculación de los dictámenes de la Procuraduría de la Ética.
Expediente Legislativo No. 19.111: Reforma constitución para establecer la pérdida de credencial del diputado.
La clase política, la tradicional y la que aspira a serlo plenamente, cada vez más distanciadas del común de la ciudadanía, tienen una enorme oportunidad de oxigenación en la tramitación celera de una agenda legislativa anticorrupción. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, bien golpeados ambos por lo del cementazo, desde una perspectiva de institucionalidad republicana, podrían reivindicarse aprobando estos proyectos de ley.
San José, viernes 5 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
La Superintendencia de Seguros pretende debilitar el régimen de riesgos del trabajo del INS
El Superintendente de Seguros, don Tomás Soley Pérez, en una arremetida más en contra del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la Seguridad Social costarricense, asesta una cuchillada artera (Resolución SGS-R-2100-2017) al Régimen de Riesgos del Trabajo (RT) administrado durante más de noventa años por el INS.
Don Tomás Soley Pérez resolvió que la Reserva de Capital que el INS ha dispuesto para consolidar y promover constantes mejoras a la infraestructura y a los servicios que ofrece el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT), cambie su naturaleza; y, por tanto, que esta Reserva de Capital ya no siga respaldando al RT y su solidez económica, sino que pase a formar parte del capital ordinario del INS y así sea destinado a otras necesidades institucionales.
Desde la reforma de 1982 (introducción del Título IV al Código de Trabajo), obra del humanista socialcristiano don Germán Serrano Pinto (q.d.D.g.), las distintas administraciones del INS se han dedicado a fortalecer los servicios de salud en materia de riesgos del trabajo.
Entre otras mejoras, con la creación del complejo de La Uruca (Casa de Salud y Albergue Temporal), la construcción de dispensarios médicos por todo el país, la construcción del Hospital del Trauma (el hospital en su naturaleza más moderno de Centroamérica y uno de los mejores de América Latina), la creación de una red de servicios de salud con siete centros médicos incrementando el personal de trescientos a mil quinientos servidores, programas de especialización médica a nivel internacional, bajando la tarifa del seguro en forma sostenida durante la presente administración; y consolidando un proyecto muy agresivo y extenso de prevención de accidentes y de enfermedades laborales, además del apoyo en constante crecimiento a la Comisión de Salud Ocupacional a nivel nacional.
Don Tomás ha decretado una especie de saqueo en perjuicio de la clase trabajadora costarricense (y migrante); en deterioro de la calidad de la atención de sus accidentes laborales, de sus enfermedades del trabajo, de la salud ocupacional y de la prevención de los riesgos laborales.
Es un despojo de ciento treinta mil millones de colones (130.000.000.000, equivalentes a un 0.40 de Producto Interno Bruto PIB); enorme cantidad de dinero que ahora el INS no podrá destinar al mejoramiento constante del régimen RT
La información que tenemos nos lleva a que el origen de este despojo es un supuesto documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), mismo que ha ordenado al Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como al propio al Gobierno de la República, debilitar el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT); para que al bajar los requerimientos de capital e inversión, la empresa privada pueda llenar los requisitos mínimos e instalarse en el mercado, ofreciendo servicios deteriorados de atención de riesgos laborales y bajo la lógica egoísta del capitalismo salvaje.
Nos preguntamos: ¿Habrá aquí algún tipo de movida para favorecer a la empresa Oceánica de Seguros su inserción en materia de ofrecimiento de seguros de riesgos del trabajo? ¿Tendría algún nexo la funesta decisión de don Tomás con la no menos funesta decisión de la Junta Directiva de la Caja de asegurar su patrimonio con tal firma privada y no con el INS? ¿Estaremos entrando ya en un escenario de un ataque estratégico coordinado contra la institucionalidad y contra la estabilidad financiera del INS; institución que a pesar de la imposición del TLC con Estados Unidos, sigue siendo la líder del mercado en todas sus modalidades?…
Aprovecharon que en este momento el pueblo se concentra en la celebración de la Natividad de Nuestro Señor y en las festividades del fin de año, y que se toma un merecido descanso, para consolidar este saqueo a la Seguridad Social.
Don Tomás, Gobierno de la República: los derechos a la salud laboral de las trabajadoras y de los trabajadores son sagrados.
¿Qué pretende don Tomás? ¿Hacer méritos con los neoliberales para que le renueven el nombramiento por cinco años más, con su salario de más de nueve millones de colones al mes?.
Han venido debilitando y privatizando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), golpeando el Régimen de Pensiones y ahora quieren acabar con el Régimen de Seguridad Social en materia de salud laboral.
Hacemos un llamado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Costa Rica, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a la Iglesia Católica, a todos los verdaderos cristianos, a los candidatos a la Presidencia de la República y sus partidos políticos, para enfrentar unidos este nuevo despojo que pretende el capitalismo salvaje con esta maniobra sucia y cobarde de la Superintendencia de Seguros (Sugese).
El régimen social costarricense de la salud laboral es un modelo que es ejemplo a nivel mundial y consolida una forma de redistribución de la riqueza en favor del pueblo trabajador.
No dejemos que los ricos egoístas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos roben esta conquista histórica del Estado Social de Derecho.
*ENFRENTEMOS TODOS JUNTOS
ESTA MANIOBRA EN CONTRA
DE LA CLASE TRABAJADORA COSTARRICENSE
LUCHEMOS POR FORTALECER
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL
EN FAVOR DE LA SALUD DEL PUEBLO TRABAJADOR
COLECTIVO SINDICAL PATRIA JUSTA*
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
José Luis Soto Rodríguez, Secretario General, Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS)
San José, en el Día de la Navidad
Lunes 25 de diciembre de 2017
La última fijación salarial del gobierno Solís Rivera
A partir del próximo 1 de enero de 2018 deberá darse un reajuste por costo de vida a los salarios de todas y de cada una de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.
Tal reajuste, posiblemente impuesto vía decreto (aunque no se descarta que podría ser producto de una negociación), será la última fijación salarial del gobierno del Presidente don Luis Guillermo Solís Rivera.
Recordemos que para el sector Público todavía siguen existiendo dos fijaciones de reajuste salarial por costo de vida al año. Para el caso del sector Privado, precisamente en el presente gobierno quedó establecido un único reajuste salarial anual por tal razón, mismo que se seguirá definiendo cada mes de octubre.
En el caso de la clase trabajadora asalariada que labora para el sector privado, a partir del próximo 1 de enero, el salario mínimo deberá reajustarse en un 2.43 %.
Una cifra similar, 2.43 %, vendría a ser el punto de partida para la elaboración de una propuesta sindical de reajuste a los salarios base del sector Público. Al menos, para el caso de la corriente sindical en la cual milita la ANEP.
Tanto para la ANEP, como para la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y para el mismo Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, sigue siendo importante la unidad en la acción del Movimiento Sindical Costarricense.
No más entrando enero, se hará un esfuerzo desde nuestra parte para unificar una única propuesta sindical de reajuste salarial por costo de vida a los salarios base de la población trabajadora del sector Público.
A estas alturas no sabemos si habrá algún interés gubernamental en convocar para tratar el tema en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, en el marco de la controversial situación fiscal, por una parte; y, por otra, con el peligroso antecedente del atraso en el pago de la primera quincena de diciembre para los empleados públicos del Estado central.
Evidentemente, el escenario fiscal del país sigue deteriorándose. Pero ello se debe a causas ajenas a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector Privado como la del Sector Público.
De nuestra parte, como corriente sindical que le da mucha prioridad a la propuesta, hace ya bastante tiempo que hemos planteado una amplia gama de iniciativas, desde la perspectiva obrero-social, para enfrentar el tema fiscal. Además, de manera reiterada hemos insistido en la importancia, con carácter estratégico, de luchar por un acuerdo nacional al respecto, multipartidista y multisectorial.
Una vez más hay que plantearlo con fuerte contundencia: la clase trabajadora, la asalariada como la no asalariada y/o desempleada, no es la responsable del déficit fiscal.
Los trabajadores y las trabajadoras, tanto quienes tienen la suerte de tener un empleo relativamente estable y un salario fijo, como quienes están en el mercado informal, e incluso, en desempleo/subempleo, son puntuales pagadores de impuestos. ¡No se los roban ni los evaden!
Esto sucede con los dos más importantes impuestos. El de ventas, al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El de renta, cuando corresponde, se rebaja directamente del salario.
En tal sentido, no renunciaremos a reivindicar, vía planteamientos serios, el mejoramiento de las condiciones de empleo, de trabajo y salariales de las personas trabajadoras de ambos sectores.
Estamos convencidos de que ante el escenario de creciente desigualdad que vive la sociedad costarricense de la actualidad, la necesidad de otro tipo de política salarial se impone como un mecanismo de detener el avance de la exclusión.
Albino Vargas
Secretario General ANEP
Patria Justa alerta a toda la clase trabajadora
El Superintendente de Seguros, don Tomás Soley Pérez, en una arremetida más en contra del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la Seguridad Social costarricense, asesta una cuchillada artera (Resolución SGS-R-2100-2017) al Régimen de Riesgos del Trabajo (RT) administrado durante más de noventa años por el INS.
Don Tomás Soley Pérez resolvió que la Reserva de Capital que el INS ha dispuesto para consolidar y promover constantes mejoras a la infraestructura y a los servicios que ofrece el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT), cambie su naturaleza; y, por tanto, que esta Reserva de Capital ya no siga respaldando al RT y su solidez económica, sino que pase a formar parte del capital ordinario del INS y así sea destinado a otras necesidades institucionales.
Desde la reforma de 1982 (introducción del Título IV al Código de Trabajo), obra del humanista socialcristiano don Germán Serrano Pinto (q.d.D.g.), las distintas administraciones del INS se han dedicado a fortalecer los servicios de salud en materia de riesgos del trabajo.
Entre otras mejoras, con la creación del complejo de La Uruca (Casa de Salud y Albergue Temporal), la construcción de dispensarios médicos por todo el país, la construcción del Hospital del Trauma (el hospital en su naturaleza más moderno de Centroamérica y uno de los mejores de América Latina), la creación de una red de servicios de salud con siete centros médicos incrementando el personal de trescientos a mil quinientos servidores, programas de especialización médica a nivel internacional, bajando la tarifa del seguro en forma sostenida durante la presente administración; y consolidando un proyecto muy agresivo y extenso de prevención de accidentes y de enfermedades laborales, además del apoyo en constante crecimiento a la Comisión de Salud Ocupacional a nivel nacional.
Don Tomás ha decretado una especie de saqueo en perjuicio de la clase trabajadora costarricense (y migrante); en deterioro de la calidad de la atención de sus accidentes laborales, de sus enfermedades del trabajo, de la salud ocupacional y de la prevención de los riesgos laborales.
Es un despojo de ciento treinta mil millones de colones (130.000.000.000, equivalentes a un 0.40 de Producto Interno Bruto PIB); enorme cantidad de dinero que ahora el INS no podrá destinar al mejoramiento constante del régimen RT
La información que tenemos nos lleva a que el origen de este despojo es un supuesto documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), mismo que ha ordenado al Banco Central de Costa Rica (BCCR), así como al propio al Gobierno de la República, debilitar el Régimen de Riesgos del Trabajo (RT); para que al bajar los requerimientos de capital e inversión, la empresa privada pueda llenar los requisitos mínimos e instalarse en el mercado, ofreciendo servicios deteriorados de atención de riesgos laborales y bajo la lógica egoísta del capitalismo salvaje.
Nos preguntamos: ¿Habrá aquí algún tipo de movida para favorecer a la empresa Oceánica de Seguros su inserción en materia de ofrecimiento de seguros de riesgos del trabajo? ¿Tendría algún nexo la funesta decisión de don Tomás con la no menos funesta decisión de la Junta Directiva de la Caja de asegurar su patrimonio con tal firma privada y no con el INS? ¿Estaremos entrando ya en un escenario de un ataque estratégico coordinado contra la institucionalidad y contra la estabilidad financiera del INS; institución que a pesar de la imposición del TLC con Estados Unidos, sigue siendo la líder del mercado en todas sus modalidades?…
Aprovecharon que en este momento el pueblo se concentra en la celebración de la Natividad de Nuestro Señor y en las festividades del fin de año, y que se toma un merecido descanso, para consolidar este saqueo a la Seguridad Social.
Don Tomás, Gobierno de la República: los derechos a la salud laboral de las trabajadoras y de los trabajadores son sagrados.
¿Qué pretende don Tomás? ¿Hacer méritos con los neoliberales para que le renueven el nombramiento por cinco años más, con su salario de más de nueve millones de colones al mes?
Han venido debilitando y privatizando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), golpeando el Régimen de Pensiones y ahora quieren acabar con el Régimen de Seguridad Social en materia de salud laboral.
Hacemos un llamado a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Costa Rica, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a la Iglesia Católica, a todos los verdaderos cristianos, a los candidatos a la Presidencia de la República y sus partidos políticos, para enfrentar unidos este nuevo despojo que pretende el capitalismo salvaje con esta maniobra sucia y cobarde de la Superintendencia de Seguros (Sugese.
El régimen social costarricense de la salud laboral es un modelo que es ejemplo a nivel mundial y consolida una forma de redistribución de la riqueza en favor del pueblo trabajador.
No dejemos que los ricos egoístas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos roben esta conquista histórica del Estado Social de Derecho.
ENFRENTEMOS TODOS JUNTOS ESTA MANIOBRA EN CONTRA DE LA CLASE TRABAJADORA COSTARRICENSE
LUCHEMOS POR FORTALECER EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EN FAVOR DE LA SALUD DEL PUEBLO TRABAJADOR
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
José Luis Soto Rodríguez, Secretario General, Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS)
COLECTIVO SINDICAL PATRIA JUSTA
Asamblea Legislativa debe volver a sesiones el 8 de enero
Desde el espacio ciudadano en que desarrollamos nuestra cotidiana lucha sindical y sociopolítica, hacemos vehemente llamado a todos los diputadas y a todas las diputadas para que vuelvan a sesiones el próximo lunes 8 de enero, tanto como lo harán miles de personas trabajadoras asalariadas del sector público, actualmente en vacaciones.
La ciudadanía frustrada, defraudada e indignada por, quizás, el más escandaloso caso de trafico de influencias, de compadrazgo político y de presunta corrupcion de los últimos tiempos, conocido como el cementazo; exige rendición de cuentas y demanda la asuncion de responsabilidades políticas, según lo expone el informe de la comisión legislativa que lo
investigó.
Saludamos la posición de las fracciones parlamentarias de los partidos Frente Amplio y Alianza Democrática Cristiana que así lo han planteado: volver a sesiones parlamentarias el 8 de enero para debatir en el plenario legislativo ese informe. Así lo indicaron doña Patricia Mora y don Mario Redondo, respectivamente a nombre de esos grupos legislativos.
Igualmente, es de notar que la propia fracción oficialista, la del Partido Acción Ciudadana (PAC), muy “pringado” por el escándalo del cementazo, se muestra de acuerdo en sesionar a parir del 8 de enero. Así lo dijo su jefe de fracción don Javier Cambronero.
No sesionar favorece los intereses politiqueros de los otros partidos “pringados” de cemento, como Liberación, Unidad y el Libertario; este último el más cercano a su extinción.
El debate legislativo sobre el escándalo del cementazo no se puede posponer; no se debe meter debajo de la alfombra del friísimo proceso electoral.
La gente se merece una resarcision política y debe tener presente cada detalle de esa investigación parlamentaria a la hora de ir a votar… si es que se decide, finalmente, a hacerlo.
Además, también se debe debatir sobre los informes de otros casos también cuestionadisimos como Yanber e Hidrotarcoles.
San José, martes 26 de diciembre de 2017
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Trump y su reforma tributaria: El 0,1% tiene mucho que celebrar
Todos los estudios disponibles, provenientes de fuentes independientes, coinciden en un punto: es una reforma diseñada a la medida de los intereses económicos más poderosos y concentrados. Más de cuatro quintos del total de recorte de impuestos irán al 1% más rico. Para el 0,1% de los más ricos la reducción promedio es del orden de $1,3 millones al año. Para los sectores medios de $260 y para los más pobres de $50. El contraste es realmente insultante. La eliminación del impuesto sobre las herencias, por ejemplo, le ahorrará a la familia Trump unos $564 millones. Entretanto el déficit fiscal crecerá en unos $160.000 millones al año, lo que se sumará a la astronómica deuda pública estadounidense.
Trump no contribuye así a que Estados Unidos sea “great again”. Esto tan solo suma al recuento, al parecer infinito, de estupideces que ese sujeto promueve, y que claramente apuntan hacia un mundo más violento y dividido, como hacia el aceleramiento de la decadencia económica, ideológica y geopolítica de Estados Unidos.
Trump y el partido Republicano dicen que esta reforma estimulará la inversión productiva y, con ello, el crecimiento y el empleo. Todo lo cual redundará finalmente en un menor déficit fiscal (según lo que propone un adefesio teórico llamado “curva de Laffer”). En los últimos 35 años Estados Unidos ha podido comprobar la falsedad de tales presunciones, lo mismo con las reformas tributarias de Ronald Reagan en los ochenta, que con las de Bush hijo a inicios de este siglo. Paradójicamente, el auge de la segunda mitad de los años noventa coincidió con el aumento de impuestos promovido por Bill Clinton.
Por razones entendibles, los especuladores de Wall Street lo han recibido con desbordante entusiasmo, pero cosa muy distinta es que se logre el efecto estimulante que se proclama.
Primero, porque se anticipa que esta reforma irá acompañada de un recorte de los programas sociales, inclusive un considerable achicamiento de la cobertura de salud del “Obamacare”. Solo eso bastará para difuminar buena parte de ese presunto efecto positivo.
Pero sobre todo hay un grave problema sobre el que Trump y su gente mienten (no sé si deliberadamente o por ignorancia): entregar más dinero en manos de los súper-ricos es comprarse 99 números de cien en la rifa del casino y la especulación. No se favorecerá la inversión productiva y sí la especulación bursátil: recomprar las acciones de sus propias empresas para inflar sus precios. Es lo que la propia historia demuestra con largueza, y es el comportamiento típico de las grandes corporaciones, beneficiarias principalísimas de este recorte de impuestos. Baste recordar que el esquema de “estímulos” para los altos ejecutivos de esas empresas está vinculado a las ganancias que le garanticen a sus accionistas, y que la forma más fácil de inflar esas ganancias…es inflar el valor accionario de las empresas. Aunque eso no pase de ser una ilusión mentirosa del tamaño mismo de la especulación de la que surge.
Pero, además, no habrá crecimiento de la inversión productiva porque no hay posibilidades –excepto a cuenta gotas– de que esta reforma estimule el consumo, precisamente porque lo que le llegará a los sectores medios y bajos (si es que les llega algo, sobre lo cual hay dudas fundamentadas) será insignificante. Es que, finalmente, los súper-ricos, con todos sus lujos extravagantes y su ofensiva ostentación, no pueden consumir más de lo que consumen. Solo si los sectores medios y bajos tienen ingresos crecientes, el consumo aumentará, y en un contexto de agudizada y creciente desigualdad social, ese impulso dinamizador se debilita progresiva e inexorablemente. Y mucho más con una modificación tributaria como esta que, claramente, agravará la ya gravísima desigualdad que fractura a los Estados Unidos actuales.
Trump –y todavía más esta reforma– han dado razones para inflar las bolsas de valores. La carrera alcista, que venía de años atrás, en los últimos tiempos se ha disparado espectacularmente. Apostemos que, tarde o temprano, habrá un aterrizaje violentísimo, una vez la burbuja estalle. Ello dará buenas razones para “recordar” a Trump.
Suma esto también a esa carrera hacia el fondo que la hegemonía neoliberal, la trasnacionalización de los capitales y la mundialización financiera han traído consigo. Es decir, la competencia regresiva entre los Estados tratando de ofrecer más y más ventajas tributarias a favor del capital, lo que redunda en crisis fiscal crónica, creciente endeudamiento público, debilitamiento de los sistemas de seguridad social y sociedades cada vez más inequitativas, desequilibradas e inestables. Recordemos que esta reforma trumpeana reduce la tasa de tributación para las corporaciones del 35 al 21%, como, en general, disminuye la tributación para las personas y familias muy ricas.
Los oráculos del neoliberalismo tico ya empiezan a recetar una medicina similar para Costa Rica. Tengamos claro, sin embargo, que lo mismo en aquí que en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, esta es una apuesta al desastre. Conforme se profundizan las desigualdades, se agudizan los vaivenes descontrolados de la especulación y las economías pierden dinamismo, también se agrava la violencia y, por desgracia, asimismo tienden a fortalecerse las derechas fascistas e intolerantes.
Lo cierto es que si queremos vivir en un mundo más pacífico y digno, un requisito necesario es contar con sistemas tributarios sólidos, justos, progresivos y racionales.
El escándalo del cementazo: una visión sindical
Honorable señor diputado don Mario Redondo Poveda:
Respetuosos saludos. Hace un rato tuve el honor ser entrevistado por la periodista Karina, de Noticias Monumental, acerca de sus declaraciones de que los sindicatos han callado acerca del escándalo del cementazo y ha especulado usted sobre las supuestas razones para ello.
Siempre en el marco del debido respeto, debo indicarle que en el caso de la corriente sindical en la cual militamos, su criterio no es aceptado por nosotros. Tan solo le voy a adjuntar una muestra anexa a esta comunicación: 6 artículos que nos publicó el Grupo Extra sobre el tema.
Entiendo que por sus múltiples ocupaciones usted no pudo leerlos. Además, por otro tipo de medios hemos dado nuestras opiniones al respecto.
Tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), han respaldado en todo momento nuestros escritos y declaraciones.
Nosotros no hemos estado callados ante el escándalo del cementazo.
Con las muestras de nuestra mayor consideración,
Albino Vargas Barrantes
San José, miércoles 20 de diciembre de 2017.
EL ESCÁNDALO DEL CEMENTAZO: UNA VISIÓN SINDICAL Nosotros no hemos estado callados -Recopilación de artícu… by EugenioGuerrero on Scribd
