Categoría: Incidencia

Los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017, realizada por la Contraloría General de la República (CGR), deben motivar una seria reflexión acerca del papel de los sindicatos en materia de la prevención, de la vigilancia y de la denuncia de la corrupción en todas sus manifestaciones y en todo el sector público.

Particularmente, para el caso de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), nos motiva a formular el más vehemente y urgente llamado a todas las personas integrantes de las bases dirigentes de la organización, ubicadas en las juntas directivas de las seccionales de la misma y/o en condición de delegados y de delegadas sindicales; para que, ahora más que nunca nos convirtamos en fuertes vigilantes de la transparencia en la gestión pública y a todo nivel en aquellas entidades en las cuales hay presencia sindical organizada bajo la bandera de la ANEP.

Particularmente, debemos enfocarnos en una accionar sindical vigilante y eficiente de denuncia en tal sentido, debidamente documentada, en aquellas instituciones que resaltan en el informe contralor como el MOPT y la Caja, a las cuales la percepción ciudadana derivada de esa encuesta cataloga como las “más corruptas”.

Por otra parte, no puede el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, desconocer la importancia de la encuesta de la CGR y, por el contrario, en su último año de gestión la firmeza política al máximo nivel jerárquico debe ser, precisamente, tomar todas aquellas acciones ejecutivas que posibiliten un cambio en la percepción ciudadana del problema de la corrupción.

No puede el Presidente de la República desconocer que el caso del pago de los sobresueldos-pluses en varios altos cargos de su administración, de un modo u otro, potencian esa percepción ciudadana de que la corrupción en la esfera pública sigue creciendo aunque no haya premeditación ni mala fe en cada uno de los casos involucrados; amén de que tener un viceministro de Estado con un expediente abierto en el Ministerio Público tampoco ayuda para la transparencia de la gestión presidencial.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador de Patria Justa

Los pronósticos de los especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), parecen quedarse cortos con lo que podría ser inminente en las próximas semanas: un alza fuerte en el costo de la vida.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) no solo se trata de que la canasta básica pueda tener un fuerte incremento para el segundo semestre del presente año; sino que las personas asalariadas tanto del sector público como del privado, empezarían tal período anual con un balance negativo de un 1%, “en rojo”. ¿Por qué?

Si se consolida la abusiva pretensión unilateral de la Caja, de aplicar una deducción a todos los salarios de un 1%, para resolver los “entuertos” financieros de la administración presuntamente errática de los recursos del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); todos los salarios totales de los sectores público y privado serán rebajados en un 1% a partir del próximo 1º de junio… y lo peor de todo es que hasta con el aval de una parte del sindicalismo nacional se daría esta rebaja salarial.

“Por otra parte, la entrada ya en vigencia de un alza en las tarifas de autobús, presiona al estrujamiento del presupuesto salarial de las familias de la clase trabajadora, ya de por sí fuerte por el congelamiento salarial dada la “baja” inflación (cero o cercana a cero)”, indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Además de entrar al segundo semestre del año con un menos 1% de salario como ya explicamos, la clase trabajadora deberá enfrentar una posible alza del 20% en las tarifas de luz, más una eventual subida en la tarifa de la revisión técnica vehicular, de un 35 %; y otra alza en las tarifas del agua.

Así las cosas, las venideras discusiones de cuánto habrá de ser el reajuste salarial aplicable al segundo semestre del año prometen ser duras y de pronóstico reservado en cuanto a resultados favorables para el trabajador. Esto en el caso del sector público.

Vargas considera más grave aún es la situación de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado puesto que en materia de salarios mínimos, ahora solamente hay una fijación anual. “En el escenario de alzas en perspectiva, van a terminar el año 2017 en un estado de mayor precariedad salarial y de mayor empobrecimiento económico”.

“El país continuará potenciando la profundización del problema número uno de la realidad costarricense de hoy en día: el crecimiento de la desigualdad. La política salarial no expande el poder de compra del salario, más bien fortalece su sesgo restrictivo: es decir, no fortalece y amplía su poder de compra”, agregó.

La gente trabajadora no “come” macroeconomía y pese a la realidad del buen estado de las variables macroeconómicas, la distribución de los beneficios del crecimiento económico sigue como siempre ha estado: para concentrar la riqueza.

¿Cómo no vamos a salir a manifestarnos este 1º de mayo?… ¡por supuesto que sí debemos salir a la calle!