Licencias Sindicales Fundamentos Jurídicos/Unidad de Asesoría Jurídica ANEP by Yariela Novo on Scribd
Categoría: Incidencia
BCR: ¡Renuncia el primer directivo… ¿y qué esperan los demás?
Hoy domingo 1 de octubre de 2017, el señor Ronald Solís Bolaños, exdiputado y exprecandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), anuncia que renunciará al cargo de directivo del Banco de Costa Rica (BCR), atendiendo pedido que le formulara el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera. ¡Enhorabuena!
Pero, ¿y qué esperan los demás? ¡También deben irse! ¡Deben renunciar de inmediato! La señora Mónica Segnini Acosta, excandidata vicepresidencial y los señores exdiputados Francisco Molina Gamboa y Gustavo Arias Navarro, integrantes los tres del PAC deben irse del BCR y como lo tienen que hacer, la exdiputada del Movimiento Libertario Evita Arguedas Maklouf; así como la señora Paola Mora Tumminelli, la figura más “controversial” de esta directiva bancaria y quien tuviera ligamen, según entendemos, con el partido Alianza Patriótica.
Particularmente, don Alberto Raven Odio, a quien la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda le nombró en esa directiva, es más que urgente que se vaya de la misma cuanto antes. Su vinculación con el proceso del crédito del BCR para la compra de la chatarrera hidroeléctrica, ha resultado más que escandalosa pues la entidad perdedora parece que será el banco mientras que su representada corporativa integrante del duopolio cementero ha ganado mucho dinero.
Las más recientes relevaciones de que han dado a conocer en el seno de la comisión parlamentaria que investiga los créditos bancarios otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR), dan cuenta que la permanencia de dicha directiva al frente de esta institución, solamente le hará más daño a su imagen, a su prestigio y a su credibilidad, de lo que ya se le ha causado por los “curiosos” procesos de tramitación expedita de los créditos del cementazo y de la chatarrera hidroeléctrica.
La “pelea de perros y gatos” que ha trascendido a la opinión pública en que se desenvuelve esa directiva, la pésima y espantosa decisión de borrar las grabaciones de sus deliberaciones, la aparición de dobles actas de sus sesiones, los errores de gestión estratégica que les endilga la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), entre otros yerros; aunado a las enormes interrogantes en cuanto a la transparencia, el compadrazgo y el favoritismo que pudieron manifestarse en la tramitación de los indicados dos créditos, y dejar en el máximo peso auditor de la institución a una persona que ha recibido fuertes críticas de parte de la SUGEF, imponen que para la sobrevivencia del banco y para el retorno el imperio de la ética y la moral en su seno, las seis personas directivas que quedan se vayan, renuncien, ¡pero ya!
Por tercera vez y de manera pública (la primera vez que lo planteamos fue el sábado 26 de agosto de 2017), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, exige la renuncia de las seis personas restantes de la directiva del Banco de Costa Rica (BCR).
En esa ocasión planteamos que “…con la urgencia que el caso amerita, el Gobierno de la República debe separar de sus cargos a quienes integran la actual Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR); como separados deben ser quienes forman parte del actual Comité de Crédito de tal institución y otros altísimos jerarcas de la misma”.
Además, apuntamos lo siguiente: “…la entidad que tiene el poder político en el BCR, sea el Consejo de Gobierno de la República, proceda a destituir y/o separar de sus cargos a toda la actual Junta Directiva del BCR; como también resulta urgente la separación de los integrantes del Comité de Crédito y otros altísimos integrantes de la cúpula bancaria”.
Así es, efectivamente, no solamente deben irse las seis personas que faltan de la desprestigiada, cuestionada y desacreditada directiva actual del BCR; sino también, deben ser retirados quienes integran el actual comité de crédito del banco… Y, por supuesto, que el señor Mario Barrenechea Coto no vuelva al BCR.
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria hace un llamado de alerta por ataques hacia los policías penitenciarios
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Policía Penitenciaria hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, debido al reciente hecho hacia los oficiales carcelarios, quienes fueron atacados, este lunes en la madrugada, cuando varios sujetos dispararon hacia los puestos de trabajo donde ellos se encontraban.
Para la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria este hecho que se presentó en la Reforma debe ser investigado con absoluta seriedad, ya que se atentó contra el sistema de seguridad carcelaria y no se puede seguir disimulado el incremento de hechos violentos.
“ANEP alerta que estos y otros incidentes podrían obedecer a nuevos métodos de criminalidad y que la falta de policías en nuestras cárceles podría dejar en evidente vulnerabilidad nuestro Sistema Penitenciario. Por ello, desde hace mucho tiempo venimos pidiendo se declaren las cárceles de nuestro país en estado de emergencia”, explicó Benjamín Sevilla, miembro de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Sevilla agregó “que una persona o un grupo de ellas atenten contra la vida y la integridad de nuestros policías penitenciarios es un acto criminal cobarde. ANEP no puede guardar silencio ante el despiadado ataque que sufrió la principal cárcel de nuestro país y en la que se puso en peligro la vida y la seguridad de compañeros y compañeras, de esos hombres y mujeres que le dicen a la ciudadanía duerman tranquilos porque nosotros cuidamos”.
¿Qué más debemos pasar para que se logre entender la urgente necesidad de policías en nuestras cárceles? Para el sindicato, la única forma de evitar el incremento de la criminalidad pasa por un tema de fortalecimiento de las políticas de prevención; pero el carácter delictivo y su innegable violencia demanda medidas de contención urgentes.
“Las personas privadas de libertad suelen tener afuera amigos y enemigos, unos deseosos de ayudarles a salir, y; otros con voluntad de vengarse. En cualquier caso, los policías penitenciarios se convierten literalmente en escudos humanos, ya que se les ha limitado el uso de escudos eléctricos y hasta del gas pimienta”, indicó Sevilla.
El incidente de la Reforma no es un motivo para elevar los niveles de temor en la población, es un llamado a la sensatez, para que se valore la contratación de los 200 oficiales que se requieren en este Centro, para que se fortalezcan las medidas de contención y seguridad; y que, la seguridad carcelaria sea valorada en su real dimensión.
La ANEP también hace un llamado a los diputados y las diputadas para que se atienda con seriedad la asignación suficiente y la ejecución debida del presupuesto destinado para la contratación y seguridad carcelaria.
ANEP denuncia que le ponen “lapida de cemento” a comisión investigadora
Luego de conocer los últimos acontecimientos referentes al denominado caso del “Cementazo” y la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunciamos que dicha comisión estaría llegando a su fin, o como suele suceder en este tipo de comisiones, nada pasará y todo se tapará.
“El olor a cemento” es todavía más profundo y mal oliente. Ahora resulta que el Partido Liberación Nacional (PLN) no quiere que connotadas figuras suyas, incluso que con su respaldo están en el Poder Judicial, como el caso del Magistrado, Celso Gamboa, sean investigadas y llamadas a cuentas a cerca de la profundidad de los presuntos vínculos que han tenido con el empresario Juan Carlos Bolaños (JCB).
Para la ANEP, la negativa del Partido Liberación Nacional para que hijos políticos suyos sean llamados a cuentas, significará la sepultura de la Comisión Legislativa investigadora, cuya “lapida de cemento” llevará el sello de JCB, acompañada con los colores verde, azul, rojo y amarillo; colores de los tres “grandes” partidos que han decepcionado a la ciudadanía, misma que se siente indefensa. A esto se une una banca nacionalizada que parece encaminarse a sus últimos días, sumado a la dramática denuncia de la SUGEF que indica que el crédito del “Cementazo” ya estaría arrojando perdidas por los diez mil millones de colones
Por otra parte, en la ANEP estamos atónitos al darse a conocer que el presidente del Partido Unidad Social Cristian (PUSC), Pedro Muñoz también tiene que explicar muchas cosas por su relación con Juan Carlos Bolaños. Bien haría el PUSC en ni siquiera proponerlo como candidato a primer lugar por la diputación de San José, según se rumora.
Expresamos el dolor que sentimos porque el Banco de Costa Rica pareciera que va de pique, ya que el tráfico de influencias en créditos multimillonarios en la entidad bancaria es probablemente el más espantoso que se haya visto en la historia nacional desde los acontecimientos del Banco Anglo Costarricense.
Impresionante es la pasividad del Gobierno de la República que ya debería haber intervenido el BCR, destituyendo a su actual Juta Directiva, la cual, según lo dice la propia SUGEF, se desenvuelve en medio de graves problemas éticos.
Finalmente, ANEP exhorta a la diputada Maureen Clark a indicar quién fue la persona que le pidió no asistir a la cesión donde se iba a votar la moción para que su compañero de bancada Rolando González y el magistrado, Celso Gamboa fueran llamados a comparecer. Esto para que sea consecuente con su renuncia a la comisión investigadora del caso “Cementazo”.
ANEP condena exclusión de sindicatos en conmemoración de los 10 años de la lucha por el NO al TLC
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su condena y repudio ante la inapropiada decisión (por no decir malintencionada decisión) de excluir a los sindicatos como parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil que pretenden resaltar, con el respaldo de universidades públicas, el décimo aniversario de la lucha contra el TLC con Estados Unidos.
La ANEP tuvo conocimiento, “por casualidad”, de un programa de actividades denominado “A 10 años de la lucha por el NO al TLC: Actividades de celebración para nuestra memoria y resistencia”, para ejecutarse durante los días 2, 3 y 4 de octubre.
Lo que más llama la atención es que dentro de las organizaciones promotoras y organizadoras que excluyeron a los sindicatos de tan relevante ocasión histórica para la memoria patria, hay instancias que son oficiales de tres de las universidades públicas de nuestro país: como el Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), como el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y como el Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).
¡Impresionante! Está bien que por algunas posiciones político-ideológicas que se deben respetar, aunque no compartir, se expresen conductas antisindicales dentro de los claustros universitarios; pero es imposible dejar pasar desapercibido que desde las universidades públicas se cohonesten conductas antidemocráticas y de exclusión como la que estamos denunciando y repudiando por esta vía.
El papel de los sindicatos en la lucha por el NO AL TLC es imposible de negar, de invisibilizar, de ocultar, de descalificar. Los sindicatos lo entregaron todo en esta noble lucha en los más diversos ámbitos: el informativo-educativo, el concientizador, la promoción de cualquier cantidad de actividades al aire libre, múltiples movilizaciones y jornadas de calle, así como inmensa cantidad de recursos financieros millonarios invertidos.
Todo esto consta a la ANEP, una de las entidades laborales de primer orden en el ámbito sindical en la lucha del NO al TLC, incluso, apoyando el desarrollo de la actividad de una buena cantidad de comités patrióticos: acción cívica irrepetible en la historia del país.
Parece que no se aprendió nada del gigantesco proceso de construcción social unitaria que representó el proceso NO al TLC. Emplazamos, respetuosamente, a las respectivas autoridades universitarias para, si lo tienen a bien, se refieran a esta denuncia.
San José, martes 11 de setiembre de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Directriz Presidencial: Permiso para asistir a la Asamblea General Nacional Ordinaria de Fin de Periodo
ANEP alerta a la clase trabajadora del sector público
El Gobierno de la República, su grupo parlamentario y las otras fracciones legislativas vienen sosteniendo reuniones para pactar un paquete de impuestos que, supuestamente, atienda el grave problema del déficit; tema éste ampliamente abordado por la ANEP en los últimos tiempos y que nos permitió esclarecer, de manera contundente, que no hay relación alguna entre el déficit fiscal y los salarios devengados por quienes laboran para el sector Público. Nadie, ni siquiera los extremistas ideológicos neoliberales, nos han desmentido.
Sin embargo, en esas conversaciones actualmente en desarrollo, el Gobierno tiende a ceder a las histéricas vocerías diputadiles que, fanáticamente, han venido impulsando agresiones a derechos salariales, laborales y sociales del empleo público desde que empezó a funcionar la presente Asamblea Legislativa, en mayo de 2014.
Los grupos diputadiles afines al pensamiento neoliberal (básicamente de los partidos Liberación y Unidad, el arcaico PLUSC), insisten en imponerle al Gobierno que, si éste quiere impuestos para reducir en algo el crecimiento del déficit fiscal, entonces, que debe ponerse en la pira del sacrificio obrero varios pluses, como el de la dedicación exclusiva y el de la prohibición, más otros que podrían ser incluidos en esas negociaciones. También se tocaría el tema de las anualidades.
Una vez que se hayan aprobado “regulaciones” para este tipo de pluses (¿y otros?), entonces, el Gobierno obtendría “su parte”: subirnos el impuesto de ventas, convirtiéndole en valor agregado, del 13 al 15 %; y, un “poquitín” en variaciones en cuenta al tributo de rentas para, presuntamente, darle al mismo unas migajas de progresividad. ¡Nada más alejado de la realidad!
ANEP, por otra parte, no puede dejar de pensar en que el escándalo del cementazo pueda ser instrumentado para fortalecer una posición chantajista en contra del empleo público, habida cuenta de que el Gobierno se ha debilitado por esta situación que tiene en vilo a la opinión pública.
ANEP reitera su oposición rotunda a la mezcla tóxica, socialmente irresponsable, de relacionar el empleo público con el déficit fiscal; de utilizar, de manera perversa, el tema de los pluses salariales para imponer más impuestos a la clase trabajadora; y, lo que es realmente repugnante y censurable, que se estuviera creyendo que por el tema del escándalo del cementazo, la coyuntura es propicia para atacar los salarios de la clase trabajadora del sector Público.
ANEP formula un vehemente llamado para que, nuevamente, nos pongamos en alerta contra lo que se fragua en esas negociaciones gobierno-fracciones (y subfracciones) parlamentarias; ANEP formula un especial llamado a todos los grupos profesionales (incluidos los municipales) para que se pongan en alerta y, a su vez, impulsen un accionar crítico con relación a los diferentes gremios que les aglutinan.
ANEP, a su vez, alerta al pueblo trabajador de que es imposible creer que una vez aprobado un ataque de ley a los salarios de los empleados públicos, los partidos al servicio del capital, estén dispuestos a aprobar modificaciones en el impuesto sobre la renta, por más “light” que sean los cambios que se propongan al mismo. Peor aún, nos atornillarán con el de ventas del 13 al 15%, el más injusto de todos los impuestos.
Junta Directiva de ANEP pide renuncia del Fiscal General Jorge Chavarría
ANEP se opone a la liberación de las tarifas de telefonía celular
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra y aplaude la valiente posición que ha anunciado la Defensoría de los Habitantes de la República, de oponerse a una errada decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), de dejar sin regulación de ningún tipo las tarifas de los servicios de telefonía celular y de internet móvil, especialmente.
Creemos que la pretensión de la SUTEL significa, simbólicamente, que ésta entidad se dispara en el pie toda vez que se supone que la esencia de su quehacer es la regulación, a fin de que la población consumidora de los servicios de telecomunicaciones, en todas sus modalidades, no quede indefensa; considerando que la tal competencia es una quimera ante el dominio del mercado, esencialmente, por parte de dos monstruosas transnacionales.
La SUTEL quiere lavarse las manos y dejar a los consumidores en total indefensión, toda vez que las tendencias monopólicas y duopólicas son las que se ven posicionarse con fuerza en tiempos futuros, si es que la sociedad no logra frenar la conjura plutocrática que pretende la exclusión definitiva de este mercado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), negándosele el acceso a nuevas fuentes de financiamiento que le permitan fortalecerse ante el poder duopólico de las transnacionales de telecomunicaciones implantadas en el país, luego de que fuera impuesto en Costa Rica el TLC con Estados Unidos, hace ya diez años.
¡Cierren la SUTEL! Ésta debería ser la consigna fundamental ante la quimera del “mercado en competencia” en materia de telecomunicaciones.
Si a la SUTEL le faltan agallas para defender a la población consumidora al respecto, si le tiene miedo a esos pulpos corporativos del capital transnacional; y, todavía peor, si ya no tiene fervor regulador, entonces es mejor que la cierren pues de por sí, resulta carísimo su mantenimiento dado que es uno de los privilegiados segmentos de la Administración Pública con salarios de lujo para su alta cúpula político-tecnocrática y gerencial.
ANEP teme por el estado de la Banca Pública por préstamos a Juan Carlos Bolaños y Coopelesca
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) teme por las potenciales pérdidas multimillonarias de los bancos estatales que giraron préstamos al empresario Juan Carlos Bolaños y a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopesleca).
ANEP insiste en que el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera y el Consejo de Gobierno deben destituir a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR); a la vez que se muestra consternada porque el Banco Popular también tendría en riesgo cinco millones de dólares prestados al empresario Juan Carlos Bolaños.
“Estamos consternados por las revelaciones periodísticas de la fecha que plantean que el Banco Popular sacaría a remate las propiedades que Juan Carlos Bolaños ofreció como garantía por este millonario crédito”, dijo el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
ANEP hace un llamado a la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para que la Gerencia y la Junta Directiva del banco expliquen ampliamente en qué condiciones se dio este millonario préstamo, “que pareciera de riesgosa recuperación”.
“Estas situaciones alarman, como también lo hace el presunto favorecimiento a la cementera Holcim en el proceso de tramitación del millonario crédito a Coopelesca; pues el directivo del BCR, Alberto Raven Odio, que a la vez también es alto jerarca de esta cementera, habría utilizado figuras jurídicas para la facilitación del otorgamiento de dicho crédito”, declaró Vargas.
En tal sentido la ANEP insiste en la destitución de la Junta Directiva del BCR, a la vez expresa sus reservas de que estos créditos sean recuperados.
“Estamos consternados por lo que sucede con lo poco que queda de la banca pública en el país, sí a esto le agregamos que recientemente al Gerente del Banco Nacional de Costa Rica le aumentaron medio millón de colones en su salario. Creemos que el principio de la nacionalización bancaria prácticamente estaría en sus últimos días”, finalizó Vargas.
