Categoría: Incidencia
ANEP celebra fracaso de intentona a favor de la impunidad en robo de impuestos… al menos por ahora
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra el estrepitoso fracaso del alto corporativismo empresarial en su intentona de institucionalizar, de manera definitiva, la impunidad en el robo de impuestos y en materia de fraude fiscal… al menos por ahora porque habrá que esperar lo que pueda venir en el propio plenario legislativo.
Para la ANEP, Uccaep y AmCham han mostrado su verdadero rostro: el bien común no es su prioridad, lo cual es sumamente grave para sus propios intereses corporativos, en momentos en los cuales la desigualdad creciente pone en riesgo el necesario buen clima de negocios que los socios de ambas cámaras ocupan para el bienestar de sus asociados directos y la seguridad de los inversionistas que dicen proteger.
Particularmente, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), quedan duramente descreditadas ante los ojos de una ciudadanía que es pagadora de sus impuestos, como lo es la clase trabajadora asalariada y no asalariada.
“Otros grandes perdedores en materia de transparencia y de credibilidad son los abogados tributaristas Adrián Torrealba, Alan Saborío y Francisco Villalobos. Su proclividad para poner sus conocimientos profesionales en materia tributaria al servicio de la ahora fracasada intentona de institucionalizar la impunidad en materia de robo de impuestos y de fraude fiscal, pone en gran evidencia la necesidad de que se legisle para que quien ha ocupado los máximos puestos político-jerárquicos en Aduanas y en Tributación queden con prohibición expresa de pasarse de acera, al menos por un tiempo decente para que “disimulen”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
Vargas detalló “se supone que tales puestos son estratégicos para una sociedad que pretende poner la promoción del bien común, la inclusión y la equidad sociales como centro de sus políticas; y que luego jerarcas de tal nivel, una vez que dejan esos puestos y pasen de manera inmediata a servir altos intereses corporativos centrados en la promoción del lucro privado y con gran resistencia para honrar sus responsabilidad fiscales para con la sociedad, abre gigantescas interrogantes acerca del carácter que habría tenido en sus respectivos momentos, gestión tributaria que les fueran confiadas antes de que se pasaran de acera”.
Para el representante de la ANEP, bien harían los tres mencionados ciudadanos expertos en indicarle al país cómo se benefició la sociedad cuando ellos ocuparon el más alto puesto de la política pública en materia hacendario-tributaria. Según su comportamiento notorio en la circunstancia actual del trámite parlamentario del actual proyecto de ley en materia de fraude fiscal.
La “furiosa” reacción de los diputados de la alianza opositora que controla el actual directorio legislativo, no indica otra cosa que, efectivamente, estuvieron bien involucrados en la estratagema (Acción hábil y engañosa para conseguir algo), ahora fallida, para legalizar la impunidad en el robo de impuestos, en confabulación con Uccaep, con AmCham y con la asesoría de los ahora cuestionados profesionales tributarios citados. Por más rabietas que hagan, su transparencia, también, ha quedado muy lesionada.
ANEP presentó Recurso de Amparo contra Ministerio y jerarca de Hacienda para que revelen los importadores que evaden el fisco
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este martes, un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda y el jerarca de esa cartera Helio Fallas Venegas, con el objetivo de que den a conocer quiénes son los 335 importadores que habrían evadido 53 mil millones de colones al fisco.
La presentación del Recurso de Amparo se da un mes después de que la ANEP solicitará ante el despacho del Ministro de Hacienda los nombres de esos importadores que evaden a Adunas y Tributación Directa por el importe de productos, esto último dado a conocer en el sitio oficial del Gobierno de Costa Rica, bajo el título “Aduanas encuentra evasión que podría superar los ₡53 mil millones”.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que la información solicitada no constituye secreto de estado por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes son esos importadores que evadieron al fisco.
“La información solicitada no constituye secreto de estado, por el contrario, en tanto exista una afectación evidente al erario público, y la misma es denunciada en el enlace web oficial del Gobierno, existe un interés, ya que esta situación afecta a todos los habitantes de la nación”, explicó Vargas.
La ANEP, insistentemente, una y otra vez, ha venido planteando que las verdaderas causas del déficit fiscal están relacionadas, entre otros aspectos, con los altísimos niveles de evasión y elusión tributarias, mismos que rondan ya los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), más de 2 billones 500 mil millones de colones (2.500.000.000.000.00).
La presunta evasión de estos 335 importadores es tan solo una pequeña muestra de lo anteriormente apuntado.
Es criterio de la ANEP que la ciudadanía tiene derecho a conocer tal información, especialmente la clase trabajadora, asalariada y no asalariada, puntual pagadora de sus impuestos, como el de ventas al momento mismo de la compra, en la caja registradora; y el de renta salarial, cuando corresponde, se rebaja de planilla puntualmente.
Recurso de Amparo Contra Ministerio de Hacienda y Ministro by EugenioGuerrero on Scribd
Los ladrones de impuestos cuentan con poderosas palancas políticas
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), condena, con energía, las perversas pretensiones del alto corporativismo empresarial, de sus renombrados bufetes y de exjerarcas tributario-aduaneros, para facilitar que en nuestro país el robo de impuestos continúe sin control, se profundice y hasta que quede, prácticamente, en total impunidad.
Con estupefacción tomamos nota de que en el mismo día en que se anuncia el reinicio de los trámites para recortar salarios en el sector Público, vía proyecto de Empleo Público que elimina toda clase de pluses salariales; en ese mismo día se destapa la repudiable maniobra político-parlamentaria que pretende bajar las actuales penas por robo de impuestos, que están estipuladas hoy en día con 5 a 10 años de cárcel, dejándola en 2 años, es decir, anulándola prácticamente con el beneficio de la ejecución condicional de la pena que se le daría al evasor atrapado en ese delito.
Repugnante resulta, además, que los inescrupulosos profesionales duchos en artimañas para enseñar al empresariado a evadir impuestos, sigan en total impunidad y no se les vaya a penalizar su incorrecto proceder, en perjuicio del bien común de las grandes mayorías populares.
Realmente estaríamos enfrentando una especie de catástrofe ética y un atentado “terrorista” contra la transparencia si a los exjerarcas tributario-aduaneros con vocería diputadil-parlamentaria, que están proponiendo mociones rebajar las penas por robar impuestos, se las acogen y/o aprueban, ejecutándose así una especie de descarado tráfico de incluencias a favor de clientes de su portafolio de negocios tributarios, clientes que en estos momentos enfrentarían o estar por enfrentar demandas penales por fraude fiscal.
El cinismo de los exjerarcas tributarios-aduaneros es totalmente condenable al jactarse de la aplicación de sus conocimientos evasores, traduciéndolos en mociones parlamentarias para debilitar el proyecto de fraude fiscal actualmente en trámite en la comisión hacendaria del parlamento; proyecto que, ya de por sí, había sido manoseado desde el alto corporativismo empresarial para quitarle intensidad punitiva en materia de robo de impuestos.
Los empleados públicos deben saber que ya se empezó a negociar entre bambalinas parlamentarias sus salarios y sus sobresueldos, mediando ciertas intervenciones diputadiles que son las mismas que están a favor de la impunidad en el fraude fiscal y a favor de que continúe el robo de impuestos.
ANEP insiste en la salida del ministro del COMEX
Primero le ordenaron que cerrara la boca ante su cruzada en favor de más tratados de libre comercio neoliberales, como la Alianza del Pacífico. Él ha estado promoviendo este TLC y, según parece, el propio Presidente de la República indica que no tienen nada “definido” al respecto.
La militancia político-ideológica de don Alexánder Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior (COMEX), a favor de los TLC’s neoliberales como la Alianza del Pacífico, ha provocado una gran convergencia empresarial-corporativa que se encara al Gobierno por tal decisión, especialmente, a relevantes agrupaciones y sectores del sector agropecuario nacional. Con su prédica neoliberal a favor de este tipo de TLC’s neoliberales, el ministro del COMEX le abrió un frente confrontativo más al presente Gobierno.
Como si ello no fuese suficiente, la insistencia del COMEX del ministro Alexánder Mora Delgado (heredero ideológico del COMEX de doña Anabel González Campabadal), insiste en meternos otro TLC neoliberal, tan peligroso o mucho más que la Alianza del Pacífico. Hablamos del TISA, por sus siglas en inglés: Trade In Services Agreement; el tratado comercial de la privatización de toda clase de servicios públicos, cuyas negociaciones se mantienen totalmente ocultas, mediando tal sólo irresponsables y ridículas “sesiones de consulta a sectores” de 60 minutos, 1 hora, de duración.
Aquí se está abriendo otro frente de confrontación con el Gobierno y ello quedará suficientemente claro este viernes 2 de setiembre, con ocasión del Foro Nacional del TISA, a efectuarse a partir de las 8 de la mañana, en el hotel Radisson.
Ahora resulta que el COMEX estaría convirtiéndose en un promotor-facilitador de evasión impositiva aduanera, de presunto propiciador de fraude fiscal, “orientando” cómo pueden los importadores, vía triangulación de la facturación de productos desde un punto de origen distinto al país de producción pero que tal facturación no se hace en suelo nacional, propiciándose la defraudación tributaria y el contrabando de mercaderías.
La revelación periodística de las últimas horas acerca de que es el propio Ministerio de Hacienda el que está haciendo la denuncia de rigor, intermediando su Viceministro de Ingresos, don Fernando Rodríguez Garro, nos deja estupefactos y perplejos. Esto es más grave porque fue hace tan solo unos días que el propio Ministerio de Hacienda denunció la presunta evasión aduanera de 53 mil millones de colones en un solo período fiscal, acometida por 335 importadores cuyos nombres físicos y empresariales se desconocen aunque ANEP hizo una petición de la lista al respecto.
¿Hay dos líneas en el seno del Gobierno en materia fiscal-tributaria? ¿Una luchando por la progresividad tributaria y la otra saboteando para que se mantenga la perversa regresividad fiscal?…
A la ANEP le queda claro, de manera contundente, que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), se comporta como una “república independiente”; que el COMEX de don Alexánder Mora Delgado, sigue en la misma frecuencia política-ideológica del COMEX de doña Anabel González Campabadal; que el COMEX del actual ministro del mismo “le serrucha el piso” a la prédica presidencial de la línea política fundamental que el mandatario Solís dice defender: la del bien común y la de la inclusión social.
En verdad es sumamente grave que el propio COMEX incentive la evasión en el aduanas, pretenda darle base jurídica al respecto y que quien ganen sean los importadores, ya de por sí suficientemente beneficiados con el tipo de apertura comercial de corte neoliberal, como los TLC’s firmados por el país o impuestos al mismo.
Este especie de nuevo “sabotaje” que se ejecuta desde el COMEX a la ampliamente divulgada línea política fiscal en materia tributaria, potencia la irreverencia del indicado ministro de Estado para con la constante prédica presidencial, de un día sí y otro también, en materia de petición de impuestos y demanda de cambios tributarios de orden legislativo.
Está el antecedente inmediato anterior de descalificar el ministro del COMEX a la propia cartera de Hacienda en cuanto a lo que ésta tiene catalogado como los 2.5 % puntos PIB dejados de percibir en las aduanas, por los aranceles eliminados precisamente por los tipos de TLC’s que promueve del ministro del COMEX; 2.5 % puntos PIB de mucho peso en el déficit fiscal.
Por todas estas situaciones de incongruencia en el propio seno del Consejo de Gobierno y entendiendo que en su seno la línea en favor del bien común y de la inclusión social sería la mayoritaria, es que ANEP insiste en la salida del ministro del COMEX: Que lo “renuncien”, que lo destituyan, que se vaya por “dignidad” propia.
Entrevista Proyecto de ley de fraude fiscal fue dictaminado
Proyecto del “Fortalecimiento del Incofer” se aprobaría sin indicar la fuente de financiamiento
De cara a la votación en primer debate del proyecto de Ley “Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área Metropolitana”, expediente n.º 18.252, la Seccional ANEP- Incofer expone las dudas generadas por esta iniciativa.
Uno de los acuerdos es la autorización al Incofer para obtener financiamiento mediante el endeudamiento externo e interno de los activos totales. Sin embargo, para la Seccional esta situación genera un alto riesgo, especialmente porque los sistemas de transporte de pasajeros con frecuencia son deficitarios y requieren de subvenciones para alcanzar su equilibrio financiero.
Con la situación fiscal que vive el país, no se vislumbra la posibilidad de que dichas subvenciones puedan ser autorizadas, lo que se genera un alto riesgo a nivel institucional para hacer frente a las obligaciones producto de ese endeudamiento, poniendo en riesgo los activos institucionales otorgados como garantía.
Aunque la seccional ANEP-Incofer lucha por el fortalecimiento de la institución también lo hace para prevenir un segundo cierre técnico. Debido a ello, la seccional planteó algunas interrogantes que a la fecha no ha sido atendidas por la Presidencia Ejecutiva y las cuales preocupan a los trabajadores, entre ellas:
¿Con qué recursos se pretende financiar este crecimiento organizacional, si a la fecha existen serias limitaciones presupuestarias para atender la Relación de Puestos actual y si no se establece ningún recurso corriente adicional a Incofer?
¿Qué estrategia ha definido la Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo para dotar a Incofer del recurso humano y financiero que supone todo el proceso de desarrollo de los proyectos ferroviarios que se incluyen en esta Ley?
“El proceso de redacción del proyecto de Ley que la Presidencia Ejecutiva de Incofer ha venido liderando, nunca ha sido un proceso participativo, todo caso que no se ha puesto a conocimiento de los funcionarios para su análisis y mucho menos se han generado espacios de discusión. Muy avanzado el proceso, la Presidencia Ejecutiva solicitó a la Seccional ANEP – INCOFER el apoyo para dicho proyecto de Ley, pero nunca nuestra opinión sobre el mismo”, indicó Javier Moreira, presidente de la Seccional ANEP-Incofer.
*Con respecto al tren Interurbano… *
La Seccional ANEP-INCOFER considera que el proyecto incluye la responsabilidad de desarrollar el Tren Eléctrico Interurbano de la GAM como un mandato, sin que para dicho proyecto se haya asignado alguna fuente de financiamiento específica por parte del Estado.
Así lo demuestra la última versión del proyecto, en el cual no se incluye ninguna fuente de recursos específica para acometer un proyecto de esta envergadura, y que la misma Presidencia Ejecutiva ha estimado en $ 1.500 millones.
Con respecto a este punto la seccional cuestiona: ¿Existe un estudio que determine las características del Tren Eléctrico Interurbano de la GAM y haya definido su costo?
¿Tiene la Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo ya un esquema de financiamiento que le permita, en el futuro inmediato, acometer este proyecto en cumplimiento de lo que establece la Ley que se pretende aprobar?
La Seccional se ha puesto a las órdenes de la Presidencia Ejecutiva como representación de un buen número de funcionarios para discutir el tema y realizar sesiones de trabajo, no obstante, a la fecha no han recibido respuesta.
Fraude fiscal y empleo público: ¿chantaje político en desarrollo?
Los graves acontecimientos de las últimas horas ocurridos en el seno de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, con ocasión del “sorprendente” movimiento, totalmente inesperado de parte de la derecha parlamentaria al servicio del capital, para desnaturalizar la esencia de la iniciativa legislativa gubernamental contra el grave fraude fiscal y robo de impuestos que azota al país, nos pone en alarma total, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Desesperado como está el actual Gobierno de la República por el llevado y traído asunto del déficit fiscal, y ante la real emergencia de recursos fiscales frescos, la restauración de los planteamientos fundamentales originales de su propio proyecto contra el fraude fiscal, estaría generando un compromiso totalmente oculto para que se viabilice, en próximos días, el trámite de los proyectos en contra del Empleo Público como el contenido en el expediente legislativo No. 19.506.
Para la ANEP estamos en presencia de una especie de trueque político (más bien, un chantaje político), que consiste en el “intercambio” de aprobarle al Gobierno algunas de los artículos que ha propuesto para atacar, aunque sea mínimamente, el grave robo de impuestos y fraude fiscal que azota a la sociedad trabajadora del país; y que, a su vez, el Gobierno avale, dé viabilidad política y hasta sus votos ya no solamente para aprobar ese nefasto proyecto 19.506 sino que para que al mismo le apliquen la vía rápida, con base en el artículo 208-bis del reglamento legislativo; tal y como sucederá con el proyecto contra el fraude fiscal que deberá aprobarse, forzosamente, en el próximo mes de setiembre.
Alertamos así a toda la comunidad laboral del sector Público. A cada empleados público y a cada empleada pública, como a sus respectivas familias, les indicamos que estamos llegando a una situación de extremo peligro para la estabilidad salarial, familiar y social de todos quienes servimos laboralmente para el Estado.
Después de dos años de intensa investigación, profundo estudio, rigurosos análisis, sesiones de estudio, consultas a especialistas, más de cien artículos y comunicados de prensa, en la ANEP llegamos a la contundente conclusión de que el déficit fiscal no tiene nada que ver con los salarios del empleo público.
Sin embargo, insisten en pasarle la factura a los empleados públicos, a la clase trabajadora en general, de la gravedad de un problema que ésta jamás generó.
Con la participación de otros importantes sectores laborales organizados que están participando el proceso “Unidad Sindical en la Acción”, nos manifestaremos frente a la Asamblea Legislativa el próximo jueves 1 de setiembre.
En el caso específico de la ANEP se está convocando, de emergencia, a las bases dirigentes de la organización, representantes de las 117 seccionales que la componen, a una sesión de urgencia del Consejo Consultivo Nacional (CCN), para aprobar el texto que se le presentará, unitariamente, a los señores diputados y a las señoras diputadas; y para seguir fortalecimiento el planteamiento los mecanismos organizativos y de concientización que amerita un proceso de Huelga General si en el parlamento insisten en proyectos como el mencionado y, peor aún, en darles vía rápida.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
¡Constatado! No es la clase trabajadora que roba impuestos
Indudablemente, el Gobierno de la República se ha anotado un gran punto a su favor con los operativos que viene realizando, intermediando la Policía Fiscal y el mismo Ministerio de Hacienda, contra el robo de impuestos. ¡Enhorabuena!
Un fortalecimiento estratégico de la Policía Fiscal emerge como una ineludible necesidad nacional. Si con pocos recursos están realizando estas notables acciones, con más personal, con más tecnología y con más herramientas jurídico-administrativas, la promoción del bien común y el combate a la desigualdad recibirán un enorme impulso.
Invocando el sagrado precepto constitucional de la presunción de inocencia y el debido proceso, sin condenar a priori y sin “disparar primero para preguntar después”, es innegable que la presunta defraudación tributaria multimillonaria que se le está imputando al Grupo Nación constituye un duro golpe a la cruzada “fundamentalista” que, desde su principal negocio periodístico, emprendieron en los últimos meses en contra del Empleo Público, en contra de la clase trabajadora asalariada del sector Público y en contra de sus organizaciones sindicales. E incluso, fomentando el escarnio abierto contra el dirigente Fabio Chaves Castro. Al parecer, venían “tirando piedras teniendo techo de vidrio”. Prácticamente, este emporio mediático-corporativo se ha quedado sin autoridad en tal sentido… si es que alguna vez la tuvo.
La serie de controversias” tributarias de este grupo de negocios no parece terminar y la de las últimas horas, que podría rondar en unos 4 mil 200 millones de colones de presunta defraudación tributaria, certifican a plenitud no solamente la gravedad del problema de evasión impositiva que afecta al país (8.5 % puntos del Producto Interno Bruto PIB), sino que es por el lado “de los y de las de arriba” el lugar correcto donde se debe atacar el problema. ¡Enhorabuena por la Policía Fiscal y por la acción mancomunada con el Ministerio Público!
Las presuntas evasiones tributarias del Grupo Nación, de la corporación cañera CATSA, de otras que han salido a la luz pública en las últimas semanas y de otras que sabemos que vendrán en próximas fechas, siempre en las altas esferas del alto corporativo empresarial del país; deben conmover las conciencias patrióticas y cívicas de las diputaciones sanas de la actual Asamblea Legislativa, aprobando con urgencia la legislación contra el fraude fiscal y, en específico, el establecimiento del registro de accionistas de las sociedades anónimas para que, con toda contundencia y para efectos tributarios únicamente, se sepa quiénes son los reales beneficiarios de las sociedades anónimas, de los fideicomisos financieros y similares.
Estos impactantes casos de evasión fiscal multimillonarios y sus protagonistas, que no son integrantes de las clases trabajadoras, ya no dejan espacio político para que el país siga tolerando estas magnitudes de robo de impuestos, verdadero crimen social contra toda la colectividad.
Sin duda alguna que estos episodios de presunta evasión impositiva de tanto dinero de por medio y de quienes los están protagonizando, fortalece las posiciones sindicales que, de una manera u otra, venimos planteando que el problema del déficit fiscal no está en los salarios que devengan las personas trabajadoras del sector Público, por un lado; y, por otro, que el grave problema de las finanzas públicas tiene el corazón de un camino seguro de solución vía el combate contra el robo de impuestos, de las más diversas formas, como lo muestran los ejemplos de las últimas horas.
Bien haría el Ministerio Público con realizar operativos similares en las empresas autobuseras que, prácticamente, le están robando a la clase trabajadora que obligadamente debe emplear los autobuses propiedad de las mismas, para trasladarse hacia y desde sus trabajos; ahora que se hizo público el estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR), ¡y contratado por la mismísima actual gestión política, ya “moribunda” de la Aresep en transición!, que demostró alteración del número de pasajeros transportados, alteración del número de carreras efectuadas, a fin de simular mayores costos de operación y, por ende, mayor cobro de tarifas.
Es más, la propia Policía Fiscal del Ministerio de Hacienda debería intervenir, en conjunto con el Ministerio Público como en el caso del Grupo Nación, pues podría haber eventuales defraudaciones de impuestos de esas inescrupulosas empresas autobuseras.
Tributación para un crecimiento inclusivo
El impacto destructivo de la extrema desigualdad sobre el crecimiento sostenible y la cohesión social resulta evidente en América Latina y el Caribe. En 2014, el 10% más rico de la población de América Latina había amasado el 71% de la riqueza de la región. Según los cálculos de Oxfam, si esta tendencia continuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante.
Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región según las estimaciones de Oxfam. Gran parte de esta riqueza se mantiene en el extranjero, en paraísos fiscales, lo que significa que una porción muy significativa de los beneficios del crecimiento de América Latina está siendo acaparada por un pequeño número de personas muy ricas, a costa de los pobres y de la clase media. Este grado extremo de desigualdad y de concentración del ingreso se ve confirmado por el análisis de los datos tributarios disponibles relativos a la renta personal en diversos países de la región.
Compartimos con ustedes este importante documento de la CEPAL.
