Categoría: Incidencia

En el marco de la campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica que se ha venido fomentando en contra de todo lo relacionado con Empleo Público, contra el Sector Público, contra las personas trabajadoras asalariadas del Estado y de sus propias familias; campaña orquestada desde el seno de los tradicionales sectores hegemónico-dominantes (y toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); campaña que se ejecuta, especialmente, a través de la prensa “perdedora” de las elecciones presidenciales del 2014; se abre ahora un nuevo “frente de combate”…

Hablamos de la resolución emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dada a conocer en lunes 24 de agosto anterior mediante comunicado de prensa, en la cual el alto personero de esta entidad, su Intendente de Energía, informa de que ejecutó una rebaja, que no le reconoció gastos de operación a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por el orden de los 20 mil 363 millones de colones, según la última solicitud de ajuste tarifario que le fuera presentada por esta empresa pública.

De esta cantidad, casi 5 mil millones de esa rebaja (más bien recorte), corresponden a los compromisos patronales previstos y obligacionales destinados a honrar responsabilidades asumidas en el sistema de relaciones laborales y sociales derivadas de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT); actualmente vigente (y en proceso de renegociación propiciado en el marco de la indicada campaña);CCT suscrita entre esta empresa pública y el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), mismo que es parte del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA.

Sabemos que el tema de la CCT de Recope (y de otras inmersas en similares circunstancias, pero todas instrumentos clásicos y emblemáticos del Derecho Colectivo de Trabajo), constituye tema de gran polémica a nivel de opinión pública; especialmente porque la indicada campaña terrorista y de agresión ideológica a todo lo que tenga que ver con Empleo Público, ha colocado ya en el “paredón de fusilamiento civil” a toda la población trabajadora asalariada de Recope (y a sus propias familias), a su legítimo sindicato y a la institución misma. Solamente ha estado faltando el “tiro de gracia” y ese parece ser el contenido político-ideológico de la resolución del Intendente de Energía de la Aresep… y de la Aresep misma.

Este comentario, por tanto, no está centrado en la polémica mencionada. Entendemos que la actual dirección de Sitrapequia tiene claridad de sus desafíos actuales como representación laboral legítima del personal trabajador asalariado de Recope; y, entendemos, que está en un proceso de renegociación de su CCT, con responsabilidad cívica crítica, con base en la lectura del entorno sociopolítico nacional del momento y la consideración de las fuerzas en pugna.

Por tanto, este comentario lo queremos concentrar en lo siguiente: En si como sociedad queremos seguir jugando con las reglas del Estado de Derecho a todo nivel (incluido el laboral); o, si por el contrario, el empate político entre las dos visiones de desarrollo que siguen confrontadas en este país, se ha de resolver con decisiones de facto, de corte totalitario-arbitrario, altamente violentistas contra el mismo Estado de Derecho; y, por tanto, desechada tal vía civilizada, que se abra, en consecuencia, el sendero del enfrentamiento civil abierto, en diversas modalidades pero todas catastróficas para la paz social y para la Democracia misma.

Contundentemente pensamos que la acción de la Aresep que implica supresión abrogante de derechos laborales regulados en la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) de Recope, aprovechando el procedimiento de autorización de tarifas, es abiertamente ilegal.

La ilegalidad obedece a que tal acción ya no sólo es contraria al principio de legalidad, por cuanto con su actuar la Aresep rebasa las competencias de control y fiscalización que la ley le otorga.

Más grave todavía es la circunstancia de que Aresep, según su marco legal vigente, debe tener en cuenta el cumplimiento de las leyes laborales de las entidades cuyos modelos tarifarios regula. Este podría ser un elemento central para debatir en las sedes judiciales-administrativas correspondientes.

Como bien sabemos (y aunque no le guste a esos tradicionales sectores hegemónico-dominantes, así como a toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); el instrumento jurídico Convención Colectiva de Trabajo (CCT), es LEY LABORAL (así en mayúscula).

Ley laboral de tal potencia jurídica que puede ser aplicada, por ejemplo, en el seno de las empresas corporativo-mediáticas, privadas, desde las cuales se propician las “ejecuciones sumarias” y los “fusilamientos civiles” en este tema del Empleo Público; si en tales empresas privadas se diera el imperio constitucional de la ley.

Por consiguiente, la Aresep, lejos de estar facultada para derogar, tácitamente (mediando este proceder abusivo, violentista, de facto), normas convencionales de la ley del Trabajo, como lo ha hecho en esta resolución de Recope; está obligada por ley a velar porque las empresas reguladas cumplan con estas leyes de trabajo: esto es, que cumplan con las convenciones colectivas vigentes en dichas empresas públicas.

Lo que está aconteciendo ahora con el cercenamiento de facto, con la abrogación de la legalidad sociolaboral convencional de Recope, con este inaudito uso abusivo del Derecho, va a afectar a otras empresas públicas sujetas a la regulación tarifaria de Aresep: A y A, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL, Japdeva, las empresas públicas regionales y cooperativas distribuidoras de luz y de energía eléctrica entre otras.

La Aresep, y su Intendente de Energía, ¡“cerró” el parlamento y decretó “su propia” ley de empleo público!

Esto es completa y contundentemente inadmisible. Debemos recordar que en nuestro sistema jurídico-procesal, sólo los entes jurisdiccionales tribunales de trabajo y Sala Constitucional están facultados para desaplicar normas laborales de rango legal que puedan tener algún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad.

La Administración Pública en este caso, la Aresep, no puede desconocer este principio general del ordenamiento jurídico. Y, mucho menos, además, pasándole por encima al propio parlamento, a la Asamblea Legislativa, en cuyo seno, precisamente, está un debate en desarrollo en este y otros aspectos referentes al Empleo Público.

Las implicaciones de este acto de tropelía (abuso, arbitrariedad, hecho violento contrario a las leyes), cometido por la Aresep rebasa el cercenamiento de derechos laborales garantizados por este tipo de instrumentos jurídicos del Derecho Colectivo de Trabajo, como lo es la Convención Colectiva de Trabajo.

Abarcará, de consolidarse, a otras entidades de la institucionalidad pública que aunque no tengan una CCT (como, por el ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad ICE), sus fijaciones tarifarias las define la Aresep.

En tal sentido y concretamente, esta tropelía de la Aresep puede estar cercana para serle aplicada al propio ICE, alegando que sus obligaciones patronales-sociales, en sí mismas, no pueden considerarse dentro de los costos empresariales de operación, en cuanto a las tarifas eléctricas, por ejemplo.

Más allá del abuso del derecho (“contra legem”, según los especialistas), que es demandarle a la Aresep en cuanto tal; estos “tiranuelos de bolsillo”, como el propio Intendente de Energía de la Aresep, deben asumir sus propias responsabilidades personalísimas, por su actuaciones abusivas en uso de las facultades jurídicas que le fueron otorgadas para el ejercicio de su cargo.

Se está jugando, ya en serio, con la paz social. Se está jugando, también en serio, incluso, con la misma Democracia y su institucionalidad jurídica.

Si bien, en este caso particular, se deberán emprender varias acciones jurídicas; la embestida contra el empleo público ha llegado ya a niveles demenciales, que exigen una respuesta de fuerza de grandes dimensiones por parte de las organizaciones sociales y, ojalá, en condiciones de unidad en la acción, insospechadas hasta hoy. “La sangre ha llegado al río…”. ¡Ojalá nos equivoquemos!

A nivel del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, este martes 1 de setiembre analizaremos en profundidad el tema, previas conversaciones de últimas horas entre varios de sus líderes.

Ahora resulta que ARESEP admite, por primera vez, que ha cometido “errores” en contra de usuarios de buses de comunidades rurales y muy pobres, específicamente en 20 pueblos de la Meseta Central del país; a quienes les ha sacado de sus más que empobrecidos bolsillos y durante los últimos dos años, un sobrecosto tarifario de 33 %; mismo que desde la perspectiva empresarial del autobusero es un 33 % de sobreganancia.

El “error” de ARESEP podría no circunscribirse a la situación que hoy aparece en prensa escrita y, quién sabe desde cuándo se ha venido reproduciendo en otras rutas, en otras comunidades, en otras regiones del país estos sobrecostos tarifarios y, por ende, estas sobreganancias a favor del empresariado autobusero.

Definitivamente, ARESEP queda al desnudo en cuanto a su ya institucional proclividad para favorecer “a los de arriba” y perjudicar “a los de abajo”, en esto de las fijaciones tarifarias.

La gente usuaria de los servicios de autobús está indefensa ante ARESEP. Es la conclusión más categórica que podemos sacar. La ARESEP está “como oro sin Señor”.

Ante la llegada a la Asamblea Legislativa, el próximo martes 1 de setiembre, para su tramitación parlamentaria de obligada observancia constitucional, del proyecto de presupuesto general “de la República” para el 2016, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como parte integrante del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, manifiesta a la opinión pública nacional y, muy especialmente, a los diversos conglomerados laborales y sociales relacionados con dicha circunstancia, las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que nos opondremos, rotundamente, por los más diversos mecanismos a nuestro alcance, a las pretensiones de los fundamentalistas del déficit fiscal y extremistas del pensamiento neoliberal con escaño parlamentario, a la aplicación al proyecto de presupuesto que enviará el Poder Ejecutivo, de recortes irracionales, irreflexivos, irresponsables y desestabilizadores de la institucionalidad correspondiente directamente afectada y de la propia paz social; asociada ésta a la situación de alta vulnerabilidad social y de pobreza de quienes dependen de los programas sociales que serían recortados con esa lógica fiscalista de sesgo extremista.

SEGUNDA: Que muchos de los programas ministeriales asociados a prestación de servicios públicos para poblaciones de alta vulnerabilidad social y de pobreza en sus diversas manifestaciones, ya fueron recortados por el propio Ministerio de Hacienda, con base en las respectivas pretensiones institucionales iniciales, de cara a la elaboración del proyecto de presupuesto que conocerá el parlamento a partir del próximo 1 de setiembre. Es decir, en muchos casos, tal proyecto llegará a la Asamblea Legislativa ya “macheteado” y, por tanto, no soportará una segunda “macheteada”, so pena de enormes penurias y sacrificios insoportables para el 2016; penurias y sacrificios que sufrirán grandes segmentos ciudadanos en condición de pobreza y con riesgo grave de caer en ella, producto del estado de desigualdad que vive el país, mismo que no se detiene.

TERCERA: Que la ANEP, en consecuencia, desde ya mismo, está formulando un vehemente llamado a la movilización en próximas semanas y con carácter sectorial según la gravedad de los recortes ya aplicados (primera “macheteada”); y los que se aplicarán (segunda “macheteada”), en el seno de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, misma que tramitará el proyecto de presupuesto para 2016; y que, desafortunadamente, está controlada por los fundamentalistas neoliberales del extremismo del déficit fiscal. Propiciaremos una nueva modalidad de movilización social para esta coyuntura en lucha contra este tipo de recortes: potenciar la alianza de la población laboral de los servicios públicos afectada por las indicadas “macheteadas” presupuestarias, en unión con la ciudadanía usuaria de esos servicios públicos en riesgo de caer en la paralización total producto de esos recortes irracionales, irreflexivos, irresponsables y desestabilizadores.

CUARTA: En lo inmediato, la ANEP ha iniciado ya el trabajo social sensibilizador para la concientización y la movilización en tres sectores de servicios públicos cuyas poblaciones laborales y receptoras de los mismos, ni en lo más mínimo son responsables del déficit fiscal pero serán los primeros duramente sacrificados:

Uno: El personal del Sistema Penitenciario Nacional (profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad carcelaria), así como la población privada de libertad; misma que sigue creciendo pero cada vez hay menos recursos para atenderla. En este último sentido, aspiramos a incluir en este proceso social contra este tipo de recortes, a las personas familiares de quienes están internados en las cárceles del país.

Dos: El personal del Ministerio de Salud y de los CEN-CINAI, especialmente. La aspiración de la ANEP es la movilización nacional de las madres solas jefas de hogar, con sus niños y con sus niñas que deben dejar para su cuido en los CEN-CINAI, junto a las trabajadoras que les atienden; puesto que el crecimiento de la desigualdad y la precariedad salarial en desarrollo, afectan duramente a hogares de clase trabajadora de ingresos medios y bajos que cada vez más ocupan del servicio de los CEN-CINAI. Igualmente, pretendemos que se movilice el personal del Ministerio de Salud encargado de labores de combate a enfermedades que una vez el país erradicó pero que por la pobreza volvieron a aparecer.

Tres: Resulta inaudito, inadmisible y totalmente peligroso pensar en recortes para programas de Seguridad como los de la Fuerza Pública y la policía migratoria. La desigualdad, principal problema del país, ha alimentado el crecimiento del narcotráfico, del crimen organizado y de la delincuencia común, con episodios de violencia y de sangre jamás vistos en la historia nacional; además de que la inmigración incontrolada (entre otras circunstancias), es producto del debilitamiento sostenido a lo largo de los años de la policía fronteriza del país. Aplicar recortes en este tipo de programas es propiciar la “mexicanización” de la convivencia social en Costa Rica. ANEP procurará que los cuerpos policiales involucrados, en su tiempo libre, se movilicen junto a las comunidades para enfrentar los recortes extremistas de los que venimos hablando.

QUINTA: Este tipo de recortes y otros de similar carácter (a los que nos referiremos en próximas comunicaciones), afectan, a la vez, a una gran cantidad de firmas privadas proveedoras de insumos, de artículos, de servicios, de materiales y suministros, de equipo diverso, etc., ocupados para el funcionamiento mínimo de esos programas sociales. Este tipo de recortes (los de la primera “macheteada” y los que se generarán producto de la segunda que se dará en el seno de la comisión parlamentaria de Hacendarios), afectarán a la vez, el crecimiento económico, debilitarán la actividad productiva para el mercado interno, generarán cierre de empresas que existen con base en las compras del Estado central; y, por ende, implicarán despidos y desempleo. ANEP aspira a una conversación directa y un enlace social con estas firmas proveedoras para invitarles a sumarse a este movimiento.

SEXTA: La ANEP reitera que el tema del déficit fiscal se debe enfrentar de otra forma radicalmente distinta; que tenemos propuestas al respecto; que el país ocupa un acuerdo nacional al respecto y que, según nuestra visión, el primer acuerdo a lograr debe ser el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), con el cual podemos vivir como sociedad y el porcentaje del PIB con el cual no podemos vivir como sociedad, a fin de buscar soluciones integrales en este último sentido. Adicionalmente, se puede buscar un acuerdo para una ley de contingencia fiscal, de emergencia y con carácter de progresividad tributaria, que nos permita, como sociedad, buscar esas soluciones integrales pero en paz, con tranquilidad civil y con tolerancia de inclusión, sin las confrontaciones polarizantes amenazantes de la convivencia misma del país. El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, del cual la ANEP forma parte, está en la mejor disposición para un diálogo sociopolítico y nacional ante estas cruciales circunstancias.

En las últimas semanas, el diputado, Ottón Solís Fallas, ha venido criticando y cuestionando a los trabajadores y a las trabajadoras del Sector Público; y, principalmente ha cuestionado el componente dentro del salario del trabajador público conocido como “la anualidad”, rubro que se reconoce por años efectivos de trabajo, dentro de la institucionalidad pública.

Ottón ha dicho en reiteradas ocasiones, que ese componente debe ser eliminado del salario de los trabajadores, porque para él no somos ni eficaces, ni eficientes en nuestros trabajos y así lo ha dejado ver al imaginario de los costarricenses; y se ha dirigido a la ciudadanía refiriéndose a los que defendemos ese rubro dentro del salario, como vagos e ineficientes.

Y es que cuando nos referimos al Gobierno Central, a aquellos trabajadores cubiertos por el Régimen del Servicio Civil, que en su gran mayoría y dentro del salario total, sólo tienen dos componentes, el primero el Salario Base y el segundo la anualidad; nos estamos refiriendo a salarios muy bajos que rondan entre los cuatrocientos mil y cuatrocientos cincuenta mil colones para una persona con promedio de 10 años de laborar en el sector público; lo que estamos defendiendo son policías, vigilantes penitenciarios, trabajadoras de los CEN CINAI, oficinistas , secretarias del sector público y otros puestos que rondan los salarios antes mencionados.

Son trabajadores que se parten el alma día con día, que tratan de ser eficientes y eficaces en su función pública. Por eso es que hoy tenemos que decirle a la opinión pública que el máximo detractor del sector público y de sus trabajadores y trabajadoras, no tiene moral ni ética para hacerlo, por lo siguiente:

Ottón Solís siendo funcionario del Sector Público costarricense, cuando trabajaba para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en el año 1976 fue despedido de su puesto de trabajo, por una causal conocida como abandono de trabajo, así consta en el oficio DE-1183-2015, fechado 10 de agosto del 2015, y que es respuesta a nuestra consulta a dicha institución sobre este asunto.

Es decir, Ottón Solís Fallas, que se ha convertido en el principal defensor según él de la eficiencia y eficacia dentro del Sector Público no tiene los atestados, ni la moral, para cuestionar a los trabajadores y las trabajadoras de la institucionalidad pública, toda vez que él cometió una de las faltas más graves dentro del servicio público, cual es el abandono de trabajo, mostrando así un gran desgano e irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

Compartimos el documento oficial del IFAM que hace referencia al despido de Ottón Solís.

Respuesta Del Ifam-otton Solìs