Categoría: Incidencia

La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMica) presentó, este jueves 19 de febrero, una consulta popular ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para recolectar firmas con el fin de posicionar ante la Asamblea Legislativa la creación de una nueva Ley de Radio y Televisión, que pretende una apertura en el espectro radioeléctrico.

Catalina Montenegro, integrante de RedMica, explicó que la solicitud presentada ante el TSE es la culminación de un proceso que llevan desarrollando desde hace muchos años respecto a la creación de una Ley de Radio y Televisión para Costa Rica.

“Hicimos la presentación de la propuesta para la recolección de 150 mil firmas de ciudadanos costarricenses que sabemos, al igual que nosotros, están a favor de un cambio en la legislación que regula las frecuencias de radio y televisión y el espectro radioeléctrico en el país”, manifestó Montenegro.

Según Montenegro, el proyecto de ley de RedMica establece una caracterización de los diferentes tipos de producción y define cuáles son las responsabilidades, plazos y cánones de las personas o concesionarios que reciben los permisos para operar. Además explicó que con la nueva ley estarían definiendo cuáles serían las funciones de las instancias que deben regular la operación y uso del espectro radioeléctrico del país.

“Con la Ley también planteamos una serie de acciones para apoyar los diferentes tipos de producción, es decir fortalecer el surgimiento de los diversos medios de comunicación. Por otro lado apuntamos a una reserva del espectro para los diversos fines; para que poco a poco las comunidades, las universidades y diferentes colectivos que quieran tener medios de comunicación puedan empezar a producir y que el país respete el derecho humano a la comunicación”, detalló Montenegro producir.

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), presentados en sus informes 02492-SUTEL-DGC-2014 y 756-SUTEL-DGC-2014 la cobertura que se ha dado por muchos años a diversas zonas del país es deficiente. Los datos indican que el 70% de las televisoras no cumplen con la cobertura que deberían dar y muchas de ellas no llegan ni siquiera al 50% de la cobertura del título habilitante. En radio los números tampoco son alentadores, ya que se presenta un 90% de incumplimiento, con el atenuante de que todas las emisoras de cobertura nacional no cumplen con ese título de nacional, es más ninguna logra abarcar el 50% de la cobertura exigida y algunas radios no llegan ni al 10%.

“Esto no puede seguir así, el Estado debe de asumir el rol que le corresponde como regulador de un bien que es de la ciudadanía, no puede seguir la situación actual, en donde los concesionarios privados ganan millones de dólares y le pagan nada al Estado. Precisamente esos fondos que los medios comerciales deben pagar y que cada uno de nosotros pagamos cuando consumimos hay que devolvérselos a la ciudadanía con programas hechos desde otra lógica que no es la comercial”, dijo Montenegro

Por su parte Sebastián Fournier, también integrante de la RedMica explicó que el principal objetivo de la Ley que plantean, es devolver la palabra a la gente.

“Actualmente casi se podría decir que no hay ley, la televisión y la radio están reguladas por una ley que tiene si al caso 20 artículos que es de 1954, cuando ni siquiera el FM y la televisión existían en el país. Y lo que ha imperado es la no regulación, situación que ha sido aceptada por el propio Gobierno. En este momentos los medios de comunicación en Costa Rica siempre han tenido una perspectiva de producción desde lo comercial, es una perspectiva importante, pero no debe ser la única que debe prevalecer en los medios de comunicación, tiene que haber medios de comunicación de servicio público que en el país son pocos y por supuesto medios comunitarios con alcance nacional”, aseveró Fournier.

Otra de las preocupaciones de la RedMica, es la entrada en vigencia de la digitalización de la televisión en el país, la cual se prevé que suceda en el 2017, ya que consideran que si no se modifica la ley antes de eso la concentración de medios de comunicación privados crecerá sin control.

“La digitalización puede ser la mayor dicha o desgracia para nuestro país. Si los medios actuales multiplican sus medios de comunicación por 5 la concentración de su señales también se multiplicara por esa cifra y estaremos teniendo más canales en manos de menos voces, por lo que buscamos revertir ese proceso y que los nuevos canales que surjan se les puedan entregar a nuevos actores”, dijo Fournier.

La RedMica espera iniciar con la recolección de firmas en los próximos días, para presentar la modificación de la Ley de Radio y Televisión ante la Asamblea Legislativa para que sea votada antes del 2017, año en que entraría a regir la digitalización de la televisión en el país.

La coalición sindical latinoamericanista Patria Justa, continua con su rápido crecimiento, sumando un nuevo aleado a sus filas, se trata del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), que permitirá un desarrollo de la coalición en el sector privado.

Para Albino Vargas Barrantes, Presidente de Patria Justa, la llegada de SITRAP evidencia el impacto y credibilidad que ha generado dicha coalición, lo que ha llevado a que diversas organizaciones deseen pertenecer a Patria Justa.

“Estamos muy contentos, entusiasmados y esperanzados; Patria Justa pese a su corta edad de existencia tiende a consolidarse a ampliar sus horizontes y el ingreso de SITRAP nos abre una nueva perspectiva de trabajo en el sector privado y en uno de los sectores más sensibles en este ámbito como lo son las plantaciones bananeras, piñeras y agropecuarias. En general es un salto cualitativo para la coalición y también nos puede ayudar mucho a la proyección internacional a partir del excelente trabajo que tiene los compañeros de SITRAP”, manifestó Vargas.

Vargas indicó que están unos un poco sorprendidos del crecimiento y expectativas que ha generado Patria Justa, pero esto a la vez les genera una mayor responsabilidad.

“En realidad está (Patria Justa) mostrando mayores potencialidades de las que imaginamos cuando se gestó. Esto nos anima y a la vez nos da mayores responsabilidades a asumir, pero estamos muy esperanzados de que después de muchos años exista un movimiento sindical de nuevo tipo en nuestro país”, puntualizó el Presidente de Patria Justa.

Por su parte, Didier Leitón, Secretario General de SITRAP, se mostró sumamente complacido por la aceptación SITRAP en Patria Justa y lo que esto significa para el sector privado.

“Esta unión con Patria Justa es de suma importancia para SITRAP, ya que en esta coalición se da la participación de sindicatos de suma importancia a nivel nacional que realizan un destacado trabajo de incidencia y denuncia en el Sector Público. Sin embargo, nuestra incorporación le pone un nuevo ingrediente a Patria Justa desde el punto de vista que sería el primer sindicato del ámbito privado que se les une, así que juntos nos podemos brindar un valor agregado”, destacó Leitón.

Leitón destacó el beneficio de esta unión para el trabajo de la libertad sindical y la propuesta de legislación en materia laboral, así como el desarrollo de la Reforma Procesal Laboral “va ser muy importante el trabajo que podemos hacer en SITRAP desde Patria Justa”.

Con la incorporación de SITRAP, la coalición sindical Patria Justa ya cuenta con ocho organizaciones en sus filas ya que actualmente son parte: la ANEP, FIT-ICE, SINAE, UPINS, SITRAPEQUIA, SINTRAJAP y SIPROCNP.

Dentro de los principales objetivos de lucha de Patria Justa durante el 2015 se encuentran: la Reforma Procesal Laboral como punto fundamental, exhibirse el 1 de mayo, la Reforma Tributaria, el tema de los muelles de Limón y Moín para que se les permita competir, así como el costo de la vida, la CCSS, energía y la refinadora de RECOPE para que sigan al servicio del país.

Merece la sociedad costarricense conocer cuáles personas y/o entidades nacionales está involucradas en el fraude fiscal mundial que está aflorando a nivel planetario, según ha sido revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, junto al diario francés Le Monde, el británico The Guardian, así como la prestigiosa la BBC de Londres ; involucrándose, de manera destacada a uno de los gigantes emporios financieros globales, el banco HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), especialmente su filial en Suiza.

Según los datos de prensa, en el caso de Costa Rica, habría 28 personas y/o entidades ligadas a esta impresionante operación bancaria de robo de impuestos de unos 23 millones de dólares, o sea, unos 12 mil millones de colones; destacándose que de esos 28 casos, uno solo involucra prácticamente los 9 millones de dólares: 4.500 millones de colones: 25 % del total cuestionado para nuestro país en esta megaoperación de evasión de impuestos intermediando bancos de “renombre” global, en este caso, el HSBC.

Impacto adicional es conocer que la denuncia es, únicamente, por el robo de impuestos en el período 2006-2007. ¿Qué habrá sucedido antes?; ¿qué está sucediendo ahora mismo?… Impacta, también, saber que los defraudadores son individuos de las grandes élites planetarias políticas y económicas que, ya de por sí, atesoran fortunas incalculables.

Tomando en consideración que en el caso costarricense el robo de impuestos en todas sus formas, con ropaje legal o sin él, asciende a unos 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), no puede pasar la noticia de este gigante fraude fiscal global de manera desapercibida.

Y es de suponer que los nacionales involucrados en este escándalo global de robo de impuestos, a su vez, son personas de la élite político-económica costarricense y, con seguridad, de la parte financiero-bancaria de la misma.

Con esta denuncia se constata la naturaleza estratégica para el caso costarricense, de realizar una Transformación Tributaria Estructural que contemple, entre otros factores fundamentales, nueva legislación para combatir sin compasión el robo de impuestos, verdadero atentado contra la Humanidad misma, como queda constando en el caso del HSBC.

Nos sumamos a las muestras de indignación nacional ante la liberación de los asesinos de Jairo Mora Sandoval como resultado de un “error” en la investigación de la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón.

Al respecto consideramos que es inadmisible el proceder de la Fiscalía General de la República y deben sentarse las responsabilidades del caso.

El hecho de que este crimen quede impune, establece un precedente para que los intereses políticos y económicos se crean con derecho a aniquilar a cualquier activista ambiental, social y dirigente gremial que se les oponga.

Por lo anterior:

Exigimos que se esclarezca el asesinato del ambientalista Jairo Mora Sandoval y se sancione a los responsables.

Hacemos nuestra la demanda del movimiento ecologista exigiendo la renuncia inmediata de Jorge Chavarría Guzmán y la destitución de los funcionarios de la Fiscalía y del OIJ que tuvieron a cargo la investigación.

Emplazamos al Poder Ejecutivo para que por la vía que corresponda, establezca garantías especiales de protección para proteger la integridad física de los líderes sociales costarricenses.

Con muchísima preocupación leí el comentario publicado en Diario Extra el día lunes 2 de febrero de 2015 del señor Antonio Alexandre, en su columna Espectro, sobre algunos aspectos que el sector empresarial ve con indisposición de la propuesta de ley del MICITT para tener un marco legal actualizado en tema de radiodifusión sonora y televisiva. Preocupación válida porque el texto sugiere que esta propuesta de ley podría atentar contra el derecho a la libertad de expresión.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la comunicación hemos estudiado bien el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Incluso tenemos listo un proyecto de ley trabajado desde hace varios años por muy diversos grupos de la sociedad civil y en ninguno de los dos textos, el del gobierno y el de las organizaciones sociales, encontramos causas para temer que esté en peligro la libertad de expresión.

Los informes 02492-SUTEL-DGC-2014 y 756-SUTEL-DGC-2014 son clarísimos en las deficiencias de cobertura que han vivido por muchos años diversas zonas del país, aun cuando una gran mayoría de las concesiones de radio y televisión se han dado para darle cobertura a todo el territorio nacional. Los datos son muy preocupantes, 70% de las televisoras no cumplen con la cobertura que deberían dar y muchas de ellas no llegan ni siquiera al 50% de la cobertura del título habilitante. En radio los números son peores, 90% de incumplimiento, con el atenuante de que todas, absolutamente todas las emisoras de cobertura nacional no cumplen con ese título de nacional, es más ninguna logra abarcar el 50% de la cobertura exigida, algunas radios no llegan ni al 10%.

Estos datos de terror, que según la SUTEL se vienen repitiendo desde el año 2012, cuando iniciaron estas mediciones, nos dicen sin ningún tipo de duda, que se está fallando estrepitosamente en el uso correcto y eficiente del espectro radioeléctrico concesionado para la radiodifusión sonora y televisiva. Y este fallo atenta contra la población, a la que se le está negando el acceso a la información y su derecho a la comunicación.

Bajo este contexto es que es plenamente justificado un mejor sistema de seguimiento, medición y de rendición de cuentas de las personas, físicas o jurídicas, concesionarias del espectro. Y que las consecuencias del mal manejo del espectro se vean reflejadas en un marco punitivo acorde a las faltas cometidas, siempre en el marco de la seguridad jurídica. Don Antonio se queja del transitorio III del proyecto de ley del MICITT, que dice que las concesiones ya vigentes se cancelarán si en plazo de un año se comprueba que dichas licencias no están siendo explotadas de conformidad con la ley. Lleva razón el Ministerio, y no es de recibo que los concesionarios, los actuales y todos los que vendrán con el reordenamiento del espectro y la digitalización del mismo, se escuden tras la libertad de expresión, para no cumplir con los requerimientos administrativos a los que se comprometieron al recibir una concesión.

La libertad de expresión es la base de la sociedad democrática. Para mí es el pilar más importante de esta sociedad que tanto queremos. No me agrada que se utilice como argumento falaz cuando la discusión es claramente otra. El espectro es uno de los bienes más preciados de nuestro Estado y en el caso de la radiodifusión sonora y televisiva está siendo pésimamente utilizado. Es urgente que la nueva legislación al respecto sea fuerte y clara en este tema, y eso, en la discusión país que se ha abierto, no es un punto negociable.

Publicado también en el sitio de la RedMica.

Aunque nos genera un gran repudio y, por ende, nos mueve a emitir una fuerte condena al respecto, consideramos “lógico” el criterio que ha emitido la señora Ana Lorena Brenes Esquivel, en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL); pues esto es lo que representa su declaratoria de “inconstitucional”, a la decisión del actual Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, quien en diciembre anterior revocó el veto a dicha legislación, impropia y malsanamente interpuesto por su antecesora en ese cargo, la desprestigiada Expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda.

Este ataque de la señora Brenes Esquivel en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL) sobreviene, de manera coincidente, en momentos cercanos a la “novela política” de los últimos días en la cual ella fungió como la “principal actriz de reparto”, a propósito del presunto ofrecimiento de un cargo diplomático por parte del hoy “renunciado” don Daniel Soley Soler, ahora exviceministro de la Presidencia. Él lo negó categóricamente y ella no lo pudo probar contundentemente.

Como para “congraciarse” con los sectores del gran corporativismo empresarial de corte neoliberal, y como para “honrar” las lealtades diputadiles de esa “fracción parlamentaria de facto” al servicio del principal latifundio mediático del país, Ana Lorena Brenes Esquivel la emprende con su lamentable criterio contra la reforma laboral más importante de las últimas décadas; extraordinariamente necesaria para combatir la creciente desigualdad y los fuertes desniveles de la relación obrero-patronal impuestos por la competitividad neoliberal.

En el documento que la ANEP preparó y que no fue recibido por el Ministerio Público en la tarde de este día, martes 27 de enero de 2015, intentamos oficializar una denuncia penal contra la señora Brenes Esquivel, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.

La indicada jerarca Brenes Esquivel en confesión espontánea en la Asamblea Legislativa, durante el desarrollo de la “novela política” en la cual fungió ella como la “principal actriz de reparto”, aceptó recomendar el nombramiento de la licenciada Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, ciudadana salvadoreña de nacimiento, con cédula de naturalización No. 8-077-365; nombramiento impulsado por la hoy desacreditada procuradora en contravención del inciso b), del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que exige que los procuradores sean costarricenses por nacimiento.

Aparentemente, la señora Brenes Esquivel, impulsando ese ilegal nombramiento, habría inducido a error a la actual Ministra de Justicia y al propio Presidente de la Republica, quienes no sabían de la condición de salvadoreña de nacimiento de la recomendada de la señora procuradora.

Más grave todavía es que la señora Brenes Esquivel hizo un “invento” jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública.

Los anteriores son parte de los contenidos de la denuncia preparada por la ANEP y que contra el actuar de la señora Brenes Esquivel pretendimos interponer ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el Primer Circuito Judicial de San José. Ni siquiera se pudo lograr un “recibido” de la denuncia, pues el cargo que ella ocupa está protegida por la inmunidad que cubre a los miembros de los supremos poderes. Por tanto, es otro camino el que debe seguirse para pedirle cuentas a la señora procuradora de sus últimas actuaciones que, como mencionamos al inicio, la desacreditan y la deslegitiman ante importantes segmentos ciudadanos que tienen muy presentes actuaciones de ella en esta administración, pero también en las inmediatamente anteriores.

Exigimos la renuncia de la señora Procuradora del Estado que ha pasado a ser la “procuradora del gran empresariado”, el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad y/o para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder.

Sin credibilidad, sin legitimidad, debe ella salir de ese cargo; de la misma manera que su contertulio de cafetería, también tuvo que dejar su alto cargo.