San José (elpais.cr) – La Casa Presidencial estaría presionando a jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para que levante la orden de cierre a tres empresas productoras de piña en Los Chiles y Guatuso.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia, dos jueces abandonaron una gira por la Región Huetar Norte, y fueron llamados de urgencia por altos funcionarios de Casa Presidencial y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
Indicaron que las presiones de los empresarios son muy fuertes, debido a que una de las empresas recibiría en los próximos días un préstamo bancario de varios centenares de millones de colones, y lo pueden perder por las violaciones a las leyes ambientales.
Las empresas sancionadas son Agropecuaria VISA S.A. ubicada en Cuatro Esquinas de Los Chiles, Agrícola del Valle S.A. localizada en Veracruz de Caño Negro, y Agropecuaria PPM S.A. ubicada en Buenavista de Guatuso. Las dos primeras fueron cerradas el lunes y la tercera la mañana del miércoles.
Según las fuentes, que pidieron el anonimato por temor a represalias como ha venido ocurriendo en el Minaet con otros funcionarios, “sobre el tema que me consulta, efectivamente los jueces Yamilette Mata y Jose Luis Vargas abandonaron la gira porque tenían muchos problemas en San José y en el Minaet”.
“En la noche del miércoles llamaron de casa presidencial al juez Vargas para que levantase la medida cautelar, y si no lo hacía los iban a investigar, ya que una ex funcionaria los denunció ante (el viceministro del ambiente), Andrei Bourrouet”, sostuvo la fuente.
De seguido explicó que el alto funcionario “tiene entre ojos a los jueces. Por tal razón se vinieron para San José”.
Sobre el particular, el Presidente del TAA, José Lino Chávez, dijo a este medio que “no hay presiones de Casa Presidencial, y si las hubieran sería el primero en rechazarlas y denunciarlas”.
Sin embargo, el Juez reconoció que uno de los jueces debió regresar de su gira para atender compromisos programados.
Los daños
A la piñera Agrícola del Valle, se le denunció por afectación de nacientes, presunta disecación de humedal, afectación de una laguna, corta y quema de árboles, y mal manejo de agroquímicos es una zona que está a escasos 10 kilómetros del Refugio Caño Negro, una distancia corta en términos ecológicos. Este caso fue denunciado en noviembre de 2010 por Carlos Chang Fonseca, funcionario del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro.
La piñera Agropecuaria VISA S.A., de más de 300 hectáreas, es investigada por la perforación de pozos ilegales, la corta y aprovechamiento de árboles, la afectación de sistemas boscosos con sedimentos y por operar sin permisos ni viabilidad ambiental.
En el caso de la piñera Agropecuaria PPM S.A. se le denunció por afectación ambiental, tala de árboles, cambio de uso del suelo, mal manejo de aguas residuales y por falta de permisos. También en esta finca la Oficina Subregional del SINAC en Upala-Guatuso decomisó madera cortada sin permiso.
“Nos preocupan los daños recurrentes originados por piñeras en diversas zonas del país, pero muy especialmente estas que se ubican en el área aledaña al Refugio de Caño Negro, el cual está en peligro por la alta afectación ambiental de los alrededores y cuyos efectos ya empiezan a manifestarse en el refugio propiamente”, aseveró la Juez Yamilette Mata, Vicepresidenta del Tribunal Ambiental, quien se encontraba en la zona encabezando el operativo, según comunicado de prensa del TAA, divulgado el miércoles.
Caño Negro
Durante el último año, el Tribunal Ambiental ha realizado dos barridas ambientales y varios operativos especiales en los alrededores de Caño Negro, y ha encontrado numerosos problemas de afectación ambiental. También realizó operativos en los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, provincia de Alajuela, donde se ubican numerosas piñeras.
El TAA constató que la tala, la invasión de áreas de protección, el cambio de uso del suelo, la afectación de la laguna y su fauna, construcciones que afectan los corredores biológicos y una expansión de la actividad piñera son parte de la larga lista de problemas ambientales que están presionando fuertemente el Humedal de Caño Negro y sus alrededores.
En el caso de las piñeras, el problema es que se están desarrollando en una de las regiones del bosque tropical lluvioso de la zona, reduciendo los hábitats de la flora y fauna al fragmentar y eliminar la vegetación, quedando únicamente pequeños islotes de cobertura arbórea que imposibilita la integración de corredores biológicos naturales y fragmenta esos sitios.
Algunos de estos sitios fueron utilizados en el pasado para la siembra de arroz, por lo que son terrenos con bastantes niveles de humedad y cuya naturaleza no está definida en cuanto a la condición de posible humedal.
También existe la preocupación de que este tipo de actividad comercial (piñeras) pueda poner en riesgo la salud humana de las poblaciones que consumen o utilizan el agua en las comunidades vecinas, por la deposición de residuos de agroquímicos en los cauces o fuentes de agua.
Por otro lado, el TAA pudo observar construcciones, aparentemente sin permiso municipal ni viabilidad ambiental, movimientos de tierra para habilitar terrenos para el cultivo de piña, la eliminación del sotobosque (brinsales y latisales) y tala de árboles, nacientes afectadas, cauces obstruidos, pasos de agua, y otros problemas.
En octubre anterior el TAA había anunciado la investigación de 19 casos de destrucción del Humedal Caño Negro, categoría Ramsar, que puso al descubierto el doble discurso de instituciones del Estado, 24 horas después de que este país recibiera el “Globo Gris”, un premio negativo por la afectación de otro humedal en el Pacífico.
El TAA dio cuenta de la investigación alrededor de este refugio, que abarca un área de 9.969 hectáreas y de importancia internacional ubicado en los cantones de Guatuso y Los Chiles.
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Tribunal Ambiental cierra tres fincas piñeras
El Tribunal Ambiental Administrativo cerró esta semana tres fincas piñeras, acusadas de provocar daños a la ecología en los alrededores del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, en la zona norte.
Según un comunicado del Tribunal, se trata de las piñeras Agropecuaria VISA en Cuatro Esquinas de Pocosol; Agrícola del Valle, en Veracruz de Caño Negro, y Agropecuaria PPM en Buenavista de Guatuso. Las dos primeras fueron cerradas el lunes y la tercera ayer.
La finca Agrícola del Valle fue denunciada por “afectación de nacientes, presunta desecación de humedal, afectación de una laguna, corta y quema de árboles, y mal manejo de agroquímicos es una zona que está a escasos 10 kilómetros del Refugio Caño Negro, una distancia corta en términos ecológicos”.
Agropecuaria VISA es investigada “por la perforación de pozos ilegales, la corta y aprovechamiento de árboles, la afectación de sistemas boscosos con sedimentos y por operar sin permisos ni viabilidad ambiental”.
Además, el Tribunal concluye que la Agropecuaria PPM también fue denunciada por “tala de árboles, cambio de uso del suelo, mal manejo de aguas residuales y por falta de permisos”.
“Nos preocupan los daños recurrentes originados por piñeras en diversas zonas del país, pero muy especialmente estas que se ubican en el área aledaña al Refugio de Caño Negro, el cual está en peligro por la alta afectación ambiental de los alrededores y cuyos efectos ya empiezan a manifestarse en el refugio propiamente”, declaró Yamilette Mata, vicepresidenta del Tribunal.
Abel Chaves, presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña, dijo ayer que, “de memoria”, no recordaba que las fincas acusadas estén agremiadas.
“Hoy me enteré de esta situación, que afecta al sector, y, como tal, tenemos que ver de qué forma tomamos cartas en el asunto. Empecé a averiguar un poquito, ya llamé al Tribunal Ambiental, y quiero retomar las reuniones con ellos para conocer las denuncias y darles seguimiento”.
Chaves agregó que “insta” a los finqueros a acercarse al Tribunal y ponerse a derecho.
MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 22:04 ESCRITOPORHENRYMORA JIMÉNEZ (UNIVERSIDADNACIONAL, OBSERVATORIO DE LA COYUNTURA)
Introducción
Ha sido una puntual costumbre de los últimos gobiernos, y el actual no hace la excepción, presentar a conocimiento de la Asamblea Legislativa distintos proyectos o “paquetes” de reforma tributaria. Esta práctica evidencia, en sí misma, que los efectos de estas reformas no suelen ser duraderos, sino que se limitan a unos pocos años. No es sólo un problema del limitado alcance de esas reformas, sino que, evidentemente, las mismas no logran superar las deficiencias estructurales del sistema tributario costarricense; de ahí que se propongan con tanta periodicidad.
Con el propósito de valorar y tomar una posición fundamentada sobre el paquete de reformas propuesto por la actual administración, presentamos los siguientes lineamientos y criterios de valoración, los cuales pretenden servir de guía para el estudio sistemático de las propuestas de reforma. En sendos artículos posteriores nos referiremos en detalle a la proyecto de ley que el Ministerio de Hacienda hará público el próximo 17 de enero.
Breve caracterización de la situación tributaria en Costa Rica
De manera sucinta, y como punto de partida, podemos caracterizar la actual situación tributaria costarricense de la siguiente manera: Una carga tributaria baja y claramente insuficiente (cercana al 13.5% del PIB), lo que limita considerablemente la pretensión de que el Estado pueda ofrecer servicios y bienes públicos de calidad y con una amplia cobertura.
Una estructura tributaria que incluso los más optimistas consideran “moderadamente regresiva”, al menos si nos comparamos con el resto de países centroamericanos; y basada fundamentalmente en impuestos indirectos (70% del total recaudado). Además, una parte significativa de los muy modestos impuestos directos (sobre la renta y al patrimonio) son aportados por los asalariados del sector formal de la economía, con amplias exenciones y exoneraciones para los sectores empresariales más dinámicos y rentables.
Una evasión fiscal de cuantiosas proporciones, tanto en el impuesto sobre las ventas como en el impuesto sobre la renta (renta empresarial, especialmente), que ronda los ¢500 000 millones anuales (según cálculos de la Contraloría General de la República).
Una administración tributaria que ha logrado algunos avances en los últimos años (profesionalización del personal, fortalecimiento institucional, mayor control y fiscalización, aumento en las declaraciones electrónicas); pero que todavía mantiene importantes limitaciones (alta evasión, grandes deudas morosas acumuladas o prescritas, fallas evidentes en el régimen sancionatorio, atrasos “calculados” en el pago de impuestos, etc.).
Una legislación tributaria sumamente generosa con ciertos sectores económicos (“guerra de incentivos fiscales”), dedicada a favorecer el turismo, las exportaciones no tradicionales, incluyendo la maquila; con amplias o totales exoneraciones, no solo de aranceles, sino también del impuesto sobre la renta, de los impuestos municipales y sobre los activos.
Una política tributaria, y fiscal en general, que enfrenta hoy el siguiente dilema: a) al tiempo que tiende a debilitarse la generación de recursos tributarios debido a la reducción de aranceles (reducción del arancel externo común en el seno del MERCOMUN, ajustes estructurales y apertura comercial, ingreso al GATT/OMC, y suscripción de TLC) y a las amplias exenciones y exoneraciones para atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones; b) por otro lado se requiere aumentar los recursos públicos disponibles para favorecer el avance de una mayor competitividad con equidad social y desarrollo humano. Esta tensión también involucra la demanda (incluso exigencia por parte de los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riego país) de una mínima estabilidad macroeconómica, para la cual un déficit fiscal reducido es considerado uno de sus elementos centrales.
Principios normativos para una reforma tributaria que podamos respaldar Ante un panorama como el descrito, creemos que el norte de una reforma tributaria en Costa Rica debería guiarse por los siguientes principios o criterios de orientación:
El primer principio para la evaluación de cualquier reforma tributaria consiste en un imperativo ético: enfrentar radicalmente el grave problema de la evasión. Con esto no queremos decir que basta con “cobrar bien los impuestos existentes”, ya que muy posiblemente, el logro de ese objetivo presupone (entre otros aspectos) cambios sustanciales en la legislación tributaria que hagan posible enfrentar con éxito las muchas deficiencias legales y administrativas que permiten, facilitan o incluso promueven la evasión.
En segundo lugar, la reforma tributaria que apoyaríamos no puede agravar las inequidades de la actual estructura tributaria. Por ello, la misma debe tener como claro efecto, una mayor progresividad en esa estructura (“que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”).
No es necesario que cada propuesta individualmente tenga este efecto progresivo, pero ese sí debe ser el resultado de la propuesta en su conjunto. Además, hay que tener en cuenta que esta progresividad debe evaluarse para la política fiscal en general, y no solo para la política tributaria, aisladamente considerada.
En tercer lugar, la propuesta debe ser transparente. Esto significa que la ciudadanía debe tener acceso a la información básica, a las justificaciones y a los estudios que la fundamentan: ¿cuánto se espera recaudar en cada tipo de impuesto?, ¿cuáles son los efectos previsibles sobre la inflación y sobre la actividad económica?, ¿quiénes van a ser exentos o exonerados (gastos tributarios)?, ¿qué deducciones, créditos o tasas preferenciales se contemplan? Evidentemente, esta transparencia es necesaria para poder valorar la propuesta en función de los dos principios anteriores (combate a la evasión y equidad –vertical y horizontal).
Como parte de esta transparencia, el Gobierno debe ser claro en sus metas de recaudación: metas claras de mayor progresividad deben indicar cómo cambiará la actual estructura tributaria con la propuesta de reforma. Igualmente, metas claras en cuanto a evasión, eficiencia y recaudación.
En quinto lugar, la reforma tributaria debería atacar de manera integral los problemas tributarios arriba mencionados. Lo mejor sería no seguir “poniendo parches”, sino resolver los problemas estructurales que explican la existencia de tales problemas (la baja carga tributaria, la evasión, la inequidad tributaria, la baja elasticidad ingreso de los impuestos, etc.)
No obstante, y dado que una solución integral podría requerir un aumento significativo en la carga tributaria (de hasta cinco o seis puntos porcentuales del PIB), este aumento debe ser gradual, por ejemplo, al menos un punto porcentual del PIB por año, durante un plazo de cinco o seis años.
Por último, consideramos imprescindible que el gobierno se comprometa abiertamente ante la ciudadanía, a explicar cómo piensa utilizar los nuevos recursos tributarios. Creemos que estos deberían tener como prioridad la mejora en la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la infraestructura. No sería ético que el gobierno reclame nuevos impuestos justificándolos para subsanar este tipo de demandas y luego los utilice en otros usos, como sufragar las pérdidas del Banco Central o el pago de intereses de la deuda interna. La transparencia también tiene que abarcar este campo de compromisos y responsabilidades.
En nuestros siguientes comentarios veremos si la actual propuesta de reforma tributaria del Gobierno cumple con estos y otros criterios que consideramos pertinentes.
Inicio»Opinión»Hoy en la U»Universidades privadas piden quedar fuera de Reforma Fiscal Universidades privadas piden quedar fuera de Reforma Fiscal MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 15:45 ESCRITOPORJAVIER CÓRDOBA
La Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE) le solicitó hoy martes a la presidenta Laura Chichilla, que se excluya a estos centros de educación superior de la Reforma Fiscal entregada ayer a la Asamblea Legislativa.
El plan fiscal del Gobierno pretende gravar a las universidades privadas con un impuesto al valor agregado (IVA) del 14% sobre las carreras que no están acreditadas, y del 10% en las acreditadas.
La presidenta de la UNIRE, Rosa Monge, confirmó a UNIVERSIDAD que se planteó este martes la inquietud a la presidenta Chinchilla, a lo que ella respondió con la promesa de una reunión junto al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman.
“Es un tema que nos preocupa, porque, más allá de las universidades, toca directamente a los estudiantes e incrementa considerablemente el costo de las colegiaturas”, explicó Monge.
La presidenta de la UNIRE confirmó que le pedirán al Gobierno quedar exentos del impuesto que promueve.
“Creemos que definitivamente la educación privada no debe ser tocada. Nosotros atendemos a cerca del 60% de la población estudiantil, de manera que se quedaría un porcentaje importante de esos estudiantes sin poder pagar el costo”, comentó.
Monge aseguró que los más afectados serían los estudiantes que trabajan de día para poder cubrir el costo de sus estudios en las noches, y recalcó que el sistema de educación superior público no tiene los cupos suficientes para atender a esta población.
La UNIRE está integrada por 38 de las 52 universidades privadas inscritas en el Consejo Nacional de Enseñanza Superior (CONESUP).
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El Gobierno entregó hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, con el cual pretende recaudar ¢500.000 millones adicionales (2.5% del Producto Interno Bruto). El documento bajo el expediente 17.959, fue entregado este lunes por el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, y el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, durante el regreso a labores de los diputados.
Herrero explicó que la propuesta procura no afectar los bienes y servicios que consumen las personas de menos ingresos, y recarga el 60% de los nuevos impuestos sobre el 20% más rico del país.
El proyecto pretende gravar a todos los servicios con un impuesto de ventas, el cual aumentará de un 13% a un 14%, con algunas excepciones como es el caso de los servicios de salud privada.
Los servicios de educación privada pagarán un impuesto del 10% en el caso de universidades con carreras acreditadas, y un 14% en los centros con carreras sin acreditar.
En el caso de escuelas y colegios privados, estarán exentos del impuesto aquellos que cobren mensualidades menores a los ¢110.000. La educación pública en todos los niveles no tiene ningún tipo de gravamen. Herrero indicó que se realizará una “canasta básica diferenciada” con los productos que consumen las personas más pobres, pues actualmente hay muchos artículos que pueden considerarse “de lujo” que no pagan ningún tipo de tributo.
También se cobrará a los profesionales liberales un impuesto sobre la renta similar al que pagan las empresas pequeñas, según sea su volumen de ingresos. El impuesto a las grandes empresas no tendría variaciones.
Otros servicios que quedarán exentos serán los de transporte público (taxis y autobuses), mientras que el impuesto a la propiedad de vehículos se incrementará de manera generalizada en un 10%.
Los alquileres, y el consumo de electricidad y agua, tendrán un umbral a partir del cual serán gravados. En el caso de los impuestos sobre los salarios, estos mantendrán invariables las tasas actuales.
El ministro de la Presidencia, Marco Vargas, afirmó que la situación fiscal del país es “grave”, por lo cual es necesario implementar una solución cuanto antes.El año anterior las finanzas del gobierno cerraron con un déficit equivalente al 5.5% del PIB.
**************************************************************************** Inicio»Noticias»País»Reforma tributaria sí recaerá en la clase media Reforma tributaria sí recaerá en la clase media MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 22:35 ESCRITOPORVINICIO CHACÓN (VINICIO.CHACON@UCR.AC.CR)
Las medidas que propuso el Gobierno para aumentar la recaudación fiscal en 2,5% del producto interno bruto (PIB), unos ¢500.000 millones, no convencen a los economistas de que no afectará principalmente a la clase media, pese a que desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que la reforma es “solidaria”.
Entre los principales puntos de la propuesta gubernamental, denominada “Proyecto de Solidaridad Tributaria”, destaca que todos los servicios se graven con un impuesto al valor agregado (IVA) del 14%, aunque algunos se protegerán de esa carga. Por otro lado, todas las rentas pasivas, es decir los ahorros, pagarán por igual un 15% del impuesto de renta, según explicó Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
La propuesta gubernamental va acompañada de las promesas por mejorar los sistemas de recaudación, reducir la evasión fiscal y recortar el gasto público. Sin embargo, la introducción del IVA no sólo implica un aumento de un 1% respecto del impuesto de ventas, sino que lo amplía a cubrir todos los servicios y sigue siendo un impuesto indirecto que pagan todos los costarricenses por igual.
Del mencionado aumento en la recaudación de 2,5% del PIB que pretende lograr el Gobierno con esta propuesta, el principal impulso recae en el IVA con un 1,7%. Este impuesto se aplicará incluso a servicios como la medicina privada, la educación particular, el agua o la luz, aunque en estos dos últimos rubros Herrero dijo que se tomarán disposiciones para no gravar el consumo mínimo. Otras medidas incluyen un aumento del 10% al impuesto de propiedad de automóviles.
El economista Helio Fallas dijo a UNIVERSIDAD que el IVA es un “impuesto regresivo”, pues es indirecto, aunque haya casos “en los que por diversas circunstancias son pagados por personas de altos ingresos”. En ese sentido, contradijo el criterio del Gobierno de que con la disposición de gravar los servicios se afecta al sector más rico de la población.
“Por ejemplo, cuando una persona se enferma y ocupa un especialista, en la seguridad social puede tener que esperar un año, entonces busca un médico privado; por ello se debe ver caso por caso y en qué circunstancias se afecta a los más pobres”, detalló.
Consultado por UNIVERSIDAD sobre si la propuesta fiscal no castiga de manera particular a la clase media, ya que el sector asalariado mantiene su aporte además de tener que pagar un 15% sobre los servicios que consuma, mientras que el exportador conserva sus exenciones, Herrero respondió que gravar los servicios incide en que el 60% de su propuesta recaiga en el 20% más rico del país.
Previo a conocer el proyecto del Gobierno, Fallas criticó el hecho de que en Costa Rica la mayor parte de lo que se recauda, el 70% de los ingresos, ingresa al Estado por concepto de esos impuestos indirectos. “Estudios de la Contraloría General de la República y del Proyecto Estado de la Nación han analizado cómo la estructura tributaria del país no es la más apropiada en términos de que los impuestos indirectos son una de las características principales del sistema tributario, así como el tema de la amplia evasión fiscal”, recordó.
URGENCIA
Esta iniciativa gubernamental llega en momentos en que las finanzas del país muestran números en rojo. Por ejemplo, el déficit del Gobierno central aumentó más de 3% entre el 2008 y el 2009 y sigue creciendo (Ver recuadro Número en rojo).
El ministro Herrero pidió la aprobación de la reforma puesto que hay gastos como los salarios, que se están financiando con deuda nueva. “El sistema actual tiene gran cantidad de exoneraciones que favorecen a los grupos de mayores ingresos. La solidaridad de esta propuesta radica en que el IVA elimina las exoneraciones a servicios consumidos por la población de más altos ingresos”.
Fallas apuntó que la situación fiscal del país se ha deteriorado por una serie de factores entre los que citó la recesión del 2009, que afectó los ingresos fiscales, o el hecho de que no se puedan establecer controles cruzados efectivos para reducir la evasión.
A ello se suma el hecho de que “nuestro sistema es regresivo, eso se manifiesta en la estructura de impuestos en la que los indirectos tienen mayor preponderancia”, además de que a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC), que baja los impuestos a las importaciones, “la estructura productiva se ha tenido que transformar y se han sustituido ingresos que dependían de comercio exterior por otros como los provenientes de las rentas”.
Para el economista Leiner Vargas, una verdadera reforma fiscal no sólo debe referirse a los impuestos, sino que “pasa por una renovación del sector público en general en su capacidad de realizar tareas, y de la forma en que se rinden cuentas, además de una revisión de cuáles instituciones cumplen sus objetivos”.
“Una vez más, como tantas a lo largo de 30 años, el Estado muestra una situación crónica deficitaria. Cuando era ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga se vanagloriaba de un superávit y decía que no era necesaria la reforma, pero ahora vemos que el país vuelve a caer en un ciclo de deterioro de la situación fiscal”, criticó.
Para este economista, el Gobierno requiere atender “de manera urgente” temas como la educación, el combate a la pobreza o la infraestructura, “todo ello es una deuda pendiente que tenemos como país”, mientras tanto el déficit fiscal es cercano al 5% y según el ministro Herrero podría ser mayor en el 2011.
Tras recordar que la mayor carga tributaria recae sobre los asalariados y en particular los del sector público, Vargas indicó que otra variable importante es el mecanismo para recoger los impuestos.
“El IVA implica una carga que tocará los servicios de los profesionales liberales. En 20 años la economía se ha vuelto de servicios, no de bienes, por lo que para tener una base tributaria más amplia se requiere de un impuesto particular, pero si ese impuesto permite las fugas volvemos a lo mismo, pues la tasa efectiva de recaudación costarricense está por debajo de otros países y los instrumentos de impuestos no han sido favorables para remediarlo”, señaló.
“La gente se siente muy mal cuando muchos profesionales liberales defraudan al fisco como si se tratara de un deporte nacional”, acotó. Fallas ponderó además que la propuesta recorrerá un camino largo en la Asamblea Legislativa, “todo está complicado, pues Liberación Nacional requerirá de los votos de otros partidos y tendrá que negociar, es de esperar que el Movimiento Libertario se oponga y hay que preguntarse hasta qué punto la fracción del Gobierno es compacta. Difícilmente habrá consenso y la aprobación de esto será muy difícil”.
Números en rojo
El déficit del Gobierno central pasó de un 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2008 a un 3,4% en el 2009, mientras que en el mismo periodo la deuda interna del Gobierno pasó de un 17,5% a un 21,5%.
Los ingresos tributarios del Gobierno en el 2009 alcanzaron ¢2.262.290 millones, de los cuales ¢1.312.096 millones, un 58%, provenieron de impuestos sobre bienes y servicios, como el impuesto de ventas.
Concretamente, por concepto de impuesto de ventas el Estado percibió ingresos por ¢830.530 millones, pero las exportaciones sólo aportaron ¢4.677 millones.
El recorte del 20% del Presupuesto Nacional para el 2011, implicaría un ahorro de ¢15.500 millones.
La evasión fiscal en el país puede alcanzar unos ¢500.000 millones anuales.
Fuente: Informe Estados de la Nación y el sitio web de Casa Presidencial, economista Henry Mora.
SEGUIDAMENTEDOCUMENTOSPUBLICADOS EN EL FINANCIERO – DE GRUPO NACION
Del editor: Esta nota fue actualizada posterior a su publicación Ministro de Hacienda entregó reforma fiscal a los diputados 17/01/2011 02:42 PM Mario Bermúdez Vives
El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, presentó este lunes un plan fiscal bajo el nombre “Solidaridad Tributaria”, que propone pasar de un impuesto de ventas a uno de Valor Agregado, que grava todos los servicios y aumenta la tasa del 13 al 14% .
El proyecto presenta algunos cambios en relación con lo anunciado por el Ministro en diciembre, tras conversaciones con sectores productivos. Descargue el resumen del proyecto.
El objetivo del Gobierno de Laura Chinchilla es recaudar un 2,5% adicional del Producto Interno Bruto (PIB) , unos ¢500.000 millones . Con este paso al IVA esperan recaudar 1,7% del Producto Interno Bruto. Además, las reformas al impuesto sobre la Renta debería generar 0,6% del PIB. También anunció dos ajustes a otros impuestos para el 0,2% restantes.
De esta forma se pretende reducir el déficit del Gobierno central, que fue de 5,3% del PIB en el 2010.
La propuesta para IVA
Herrero entregó la propuesta a las 2 p.m. de la tarde al presidente de la Asamblea Legislativa Luis Gerardo Villanueva y al presidente de la comisión de Hacendarios Guillermo Zúñiga.
Descargue el comunicado oficial con la justificación de la reforma. La columna vertebral son las reformas a los impuestos de ventas y de renta, que representan dos terceras partes de los ingresos tributarios del Gobierno Central.
En ventas, se plantea pasar a un Impuesto de Valor Agregado (IVA), en el que se invierte el tratamiento de los servicios: en lugar de quedar excluidos, se les incluye y se señalan las excepciones. El plan de Herrero propone aumentar la tasa de 13% a 14%.
Según anunció Herrero, a instituciones académicas de baja matrícula y a las carreras acreditadas de las universidades pagarían un 10%. En salud, quedarán exoneradas las medicinas. En alquileres, establecerán un trato diferenciado para quienes tienen menos ingresos.
La propuesta para Renta
En renta, se pretende pasar a un impuesto de utilidades que grava las ganancias de capital, Fondos de Inversión y las entidades públicas.
Las cooperativas que estaban exoneradas deberán pagar el impuesto del 15% . Sin embargo, el impuesto a las utilidades se les exonerará a aquellas que distribuyen los excedentes entre sus agremiados.
El Gobierno propuso subir 10 puntos los impuestos a todos los vehículos , y además aumentar el impuesto al traspaso de bienes inmuebles, que pasa 1,5% a 3%.
Con estos dos impuestos nuevos espera recaudar el 0,2% del PIB para mantenerse en la meta del 2,5% del PIB.
El proyecto también establece una escala progresiva con tasas de 10, 20 y 25% de impuesto sobre la renta para las pequeñas y medianas empresas (registradas como tales ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio), con base en el volumen de las utilidades y no en el de las ventas.
El proyecto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios quedó pendiente para un proyecto posterior. Polémica moción
Los partidos de oposición, PAC, el PUSC, el PASE y el Frente Amplio, están presionando con una moción para que en lugar de que el proyecto pase a Comisión de Hacendarios vaya a una Comisión Especial. El Gobierno se opone.
El Movimiento Libertario, por su parte, ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a aumentar la carga tributaria.
El diputado liberacionista Guillermo Zúñiga, que agitó el receso legislativo al anunciar que renunciará a su cargo en mayo porque no se le tomó en cuenta para la preparación de la propuesta fiscal, suavizó su posición.
Cuando recibió el proyecto, el diputado Zúñiga recordó que antes se oponía a subir al 15% en ventas, pero ahora dijo que “el 14 no es el 15” y resaltó que era un proyecto “de gran importancia nacional y mi compromiso es dedicar el mayor tiempo a su discusión para que avance bien”.
En medio de este panorama, el Gobierno presentó la Política de Sostenibilidad Fiscal la semana pasada , con la que pretende controlar el gasto público y de paso, lograr simpatía en la oposición.
La fracción opositora del PAC, que el Gobierno confía sea aliada en este tema, ha tomado prudente distancia.
Por el contrario, los hasta ahora aliados del Movimiento Libertario (ML), han reiterado que combatirán la creación de nuevos impuestos. En medio de este panorama, el pulso subterráneo del Gobierno con el movimiento arista que encabeza el exministro Rodrigo Arias complica el panorama. Zúñiga, el principal francotirador oficialista contra la reforma hasta el momento, es cercano a los hermanos Arias.
Tampoco ayudó el anuncio del canciller René Castro la semana pasada sobre que el país debería evaluar el pacifismo y la posibilidad de crear una fuerza armada para defender el territorio nacional.
La presidenta Laura Chinchilla habló de crear un impuesto para la defensa nacional, que estaría incluido en esta reforma fiscal. Colaboró con esta información Gustavo Arias.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Uccaep considera que reforma fiscal debe atacar la informalidad 17/01/2011 03:53 PM Leticia Vindas
Aunque aún no cuentan con una posición sobre el plan fiscal que el Gobierno presentó hoy ante la Asamblea Legislativa , la Uccaep enfatizó en que debe atacar la informalidad para incrementar la cantidad de contribuyentes.
La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) destacó también la necesidad de que el gasto público sea más eficiente. “Debe orientarse a inversiones que generen mejores condiciones para el desarrollo económico tales como educación e infraestructura entre otros”, detalló en el comunicado. La Uccaep reiteró en un comunicado que analizará cuidadosamente el contenido del expediente presentado antes de expresar una opinión concreta .
“En aras de alcanzar como meta un aumento en los ingresos tributarios, y la disminución significativa en los índices de evasión, deben simplificarse los trámites que los contribuyentes realizan ya que tributos cuyo cálculo y procedimientos son poco claros, aumentan sin lugar a duda la evasión”, agregó Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PAC exige comisión especial para discutir reforma fiscal
17/01/2010 04:47 PM Leticia Vindas
La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) propuso la creación de una comisión especial que se encargue de estudiar y dictaminar el expediente 17.959 de la reforma fiscal que entregó hoy el Gobierno a la Asamblea Legislativa.
La propuesta se presentó formalmente ante el Plenario Legislativo, junto con las firmas de los representantes de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y el Frente Amplio (FA). El Movimiento Libertario (ML) todavía no confirma su apoyo y se espera que Liberación Nacional (PLN) considere la iniciativa.
La moción de orden se conocería durante la sesión ordinaria del martes 18 de enero y propone la creación de una comisión especial con una representación proporcional de casi todos los partidos –nueve miembros en total– que garantice una discusión transparente, equilibrada y participativa. El plazo para dictaminar sería de seis meses prorrogables.
Para los diputados Jeannette Ruiz Delgado, subjefa de fracción, y Gustavo Arias Navarro, miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, ése órgano no guarda al equilibrio necesario para discutir el tema, ya que seis de los once miembros pertenecen al PLN.
Juan Carlos Mendoza García, jefe de fracción del PAC, explicó que el presidente del Congreso elegiría a los integrantes de la comisión , atendiendo las recomendaciones de los jefes y jefas de fracción.
“Proponemos, como mínimo, la participación de tres diputados del PLN, dos del PAC, dos del ML, uno del PUSC y uno del PASE”, explicó Mendoza en un comunicado.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEERCONDETENIMIENTOESTEARTICULO ES INTERESANTE: Los argumentos de Fernando Herrero a favor de su nuevo paquete de impuestos son los mismos de hace quince años. Según él, esta vez sí tendremos escuelas de calidad y carreteras de primera. Esta vez sí se solucionará de una vez por todas el problema fiscal. Esta vez sí dejaremos de discutir paquetes de impuestos cada 4 años. Si la historia de hace década y media nos sirve de lección, no deberíamos comer cuento esta vez. ______________________________________________
Fernando Herrero “Lo último que necesita este país, es discutir una nueva crisis fiscal en tres o cuatro años”.
Fernando Herrero, Ministro de Hacienda, 1995.
Fernando Herrero anda tras un nuevo paquete de impuestos. No es la primera vez. Ya él fue ministro de Hacienda anteriormente (1994-1996) y le tocó impulsar una “reforma fiscal” durante el segundo año de la administración Figueres Olsen. En momentos en que pretende un nuevo aumento de impuestos, vale la pena repasar los argumentos de Herrero de hace 15 años y compararlos con los de ahora. Nos sorprenderemos por sus semejanzas, y nos daremos cuenta que, al igual que hace 15 años, nos quiere dar atolillo con el dedo.
La Ley de Ajuste Tributario entró en vigencia en septiembre de 1995 y entre otras cosas aumentó durante 18 meses el impuesto de ventas del 10% al 15% (para luego dejarlo en un 13%) y creó un impuesto sobre los activos cuyo valor excediera los ¢30 millones. El ministro Herrero acudió a la Comisión de Hacendarios en dos ocasiones a defender la propuesta del gobierno. En su primera comparecencia (23 de enero de 1995, Acta N° 109), Herrero hizo un repaso de las recurrentes crisis fiscales de Costa Rica y señaló cómo el aumento del gasto al final de cada administración (el famoso ciclo político) “nos ha llevado a discutir una reforma fiscal cada cuatro años”. Por lo que Herrero advirtió: “[Queda] claro que la sociedad costarricense demanda una solución integral al problema fiscal, no un parche ni un simple paquete de impuestos”. ¡Amén!
Herrero procedió a describir la sociedad a la que aspiramos: “Queremos que las escuelas sean motivo de orgullo y que brinden a todos los costarricenses una educación de primera categoría… debemos continuar la lucha por la erradicación de enfermedades… necesitamos más policías, mejor entrenados y mejos equipados… debemos realizar una inversión de grandes proporciones a fin de tener una red vial de gran cobertura y excelente estado…” Y remató con una frase que ya nos es conocida: “Si queremos todo lo anterior tenemos que ponernos de acuerdo en cómo financiarlo”.
Al igual que ahora, el ministro de Hacienda señaló la baja carga tributaria como una de los responsables de la precaria situación fiscal del país, por lo que indicó la necesidad de generarle más recursos al gobierno (como indiqué la semana pasada, el argumento de la baja carga tributaria en Costa Rica es puro cuento). Sin embargo, a diferencia de ahora, Herrero en aquel entonces sí reconoció que había que recortar el gasto: “La tarea es muy dura y tenemos que ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos, y esto ya de por sí es difícil, cuando por muchos años nos hemos acostumbrado a gastar más de lo que ganamos… Creo que la solución integral al problema fiscal debe comprender los dos lados de esta ecuación, los ingresos y los gastos… la tarea que enfrentamos como sociedad no es solo la de una reforma tributaria, sino de una reforma fiscal”. De tal forma, Herrero prometió “enterrar de una vez por todas” el problema fiscal.
Del lado del gasto Herrero mencionó medidas concretas de su reforma fiscal. Una era la reforma del Estado: “Aquellas instituciones o departamentos que ya no tengan razón de ser, serán eliminados”, advirtió Herrero y mencionó específicamente al MIDEPLAN, la Dirección de Aduanas, IFAM, MAG y al CNP como los entes en la mira para una reestructuración. Como sabemos quince años después, ninguna de estas instituciones o departamentos fueron cerrados o recortados, y más bien ahí continúan vivitos y coleando generándole pérdidas al fisco.
Admitiendo que “sin reglas claras y transparentes sobre el crecimiento del gasto público, corremos el riesgo de que los ingresos adicionales que el Gobierno está solicitando fuesen anulados por un crecimiento aún más acelerado del gasto público”, Herrero anunció la creación de una “Comisión Presidencial para la reducción del gasto público que está examinando el problema desde una perspectiva global y que cuenta con el pleno respaldo del Presidente de la República”. Ya sabemos cómo terminan estas comisiones…
Luego de haber cumplido con el formalismo de decir que lucharía contra el gasto superfluo y la evasión, Herrero procedió a presentarles a los diputados su proyecto de impuestos (Acta N° 110), señalando que “Esta reforma nos permitirá financiar adecuadamente el Plan Nacional de Combate contra la Pobreza y hacer inversiones sustanciales en los programas de seguridad, educación y salud. También nos permitirá continuar con la reparación y ampliación de la red vial y realizar las inversiones que necesitamos en puertos y telecomunicaciones”. ¿Se acuerdan Uds de todas esas obras que fueron financiadas gracias a la Ley de Ajuste Tributario? Yo tampoco.
Herrero presentó su paquete de impuestos como la “solución integral y de largo plazo” a los problemas fiscales de Costa Rica. Y concluyó diciendo que “Lo último que este país necesita, es discutir una nueva crisis fiscal en tres o cuatros años”. Como sabemos, en el 2001 la administración Rodríguez Echeverría pasaría un nuevo aumento de impuestos, y del 2002 al 2006 la administración Pacheco de la Espriella se consumió en un debate sobre otro paquete tributario. El aumento de impuestos de Herrero ciertamente no fue ni integral ni de largo plazo.
No hay que ser mezquinos. La administración Figueres Olsen hizo un trabajo bastante decente en cuanto a la contención del gasto público, el cual creció aproximadamente un 4.2% en términos reales durante los 4 años del gobierno, e incluso experimentó una reducción como porcentaje del PIB, del 16.7% en 1994 al 14.7% en 1997. Sin embargo esos eran los años en que Fernando Herrero hablaba de la necesidad de reducir el gasto público (lo cual no ocurrió en términos absolutos, como vemos). La actual versión 2.0 de Fernando Herrero descarta por completo la necesidad de recortes sustanciales en el gasto, equiparándolos demagógicamente con despidos de maestros y mora en el pago de pensiones.
Los argumentos de Fernando Herrero a favor de su nuevo paquete de impuestos son los mismos de hace quince años. Según él, esta vez sí tendremos escuelas de calidad y carreteras de primera. Esta vez sí se solucionará de una vez por todas el problema fiscal. Esta vez sí dejaremos de discutir paquetes de impuestos cada 4 años. Si la historia de hace década y media nos sirve de lección, no deberíamos comer cuento esta vez.
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Colaboró en la compilación informativa: Luis Rivas Quirós Secretario de Administración y Finanzas de ANEP
San José (elpais.cr/seccr.com) – El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), anunció la ruptura del diálogo sobre la reestructuración portuaria, que de manera conjunta sostenía con representantes del Gobierno, debido a que este desestimó el informe de una comisión técnica y anuncia 500 despidos.
El Secretario de Finanzas de SINTRAJAP, José Luis Castillo, dijo que desde hace meses mantenían el diálogo con los ministerios de Trabajo y de Obras Públicas, y la administración de JAPDEVA, pero el Gobierno tomó otra decisión.
Explicó que el objetivo era analizar la eventual reestructuración institucional y la adquisición de nuevos equipos para la modernización de los puertos.
Castillo precisó que para este efecto se nombró una comisión técnica, cuyo informe sería analizado la última semana de abril pasado. Sin embargo, añadió, el Gobierno solicitó en tres ocasiones postergar la valoración del informe, el cual fue conocido hasta este miércoles.
Además, denunció que el informe presentado por la Comisión fue desestimado por el presidente Ejecutivo de JAPDEVA, Allan Hidalgo, bajo el argumento de que la Presidenta de la República Laura Chinchilla, fijó el 16 de abril como última fecha para llegar a un consenso.
Hidalgo que anunció que el Consejo Administrativo de JAPDEVA acordó que el Gobierno procederá a optar por el alquiler de la maquinaria para el puerto, desestimando la compra de la misma, y prescindir de unos 500 funcionarios, quienes podrían ser trasladados a otras instituciones públicas.
Para Castillo, el desestimar el informe de la comisión conjunta y la toma de medidas unilaterales, evidencia que de parte del Gobierno “no hubo diálogo ni consensos, esto era un panfleto de diálogo y se estaban burlando de nosotros“.
Castillo reiteró que se están valorando las medidas a tomar ante la postura asumida por el Gobierno.
Castillo denunció que las medidas del Gobierno sólo buscan desmantelar a JAPDEVA para darle paso a la operación portuaria privada en Limón.
Respecto al alquiler de equipos, indicó que la renta de la maquinaria implica gastos siete veces superiores que comprarlo nuevo.
Además, una vez que se venzan los plazos de alquiler, los puertos podrían quedar desmantelados.
Sobre la reestructuración de personal, denunció que para el Gobierno no hay razones técnicas que justifiquen por qué es necesario prescindir de este personal, ni cuáles áreas de la institución se verán involucradas en la reestructuración.
Descartó que la movilización horizontal no es una solución efectiva, debido a que los trabajadores podrían ver reducidos sus trabajos al trasladarse a otra institución, además de que se rompería el arraigo de cientos de limonenses que tendrían que trasladarse a otras zonas del país.
Honorable y estimada señora Licda. Sandra Pizsk Feinzilber, Ministra de Trabajo y Seguridad Social Honorable y estimado señor Lic. Álvaro Sojo Mendieta Viceministro del Área Laboral Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS
Distinguidas autoridades:
Respetuosos saludos. Con base en las potestades legales que son en asistirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, solicitamos la intervención de la misma para tratar una presunta actitud contraria a los principios de la Libertad Sindical y las estipulaciones convencionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la materia; para lo cual pedimos que se convoque al Lic. JOSÉ HEINERVILLALOBOSSTELLER, en su condición de Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública (Fuerza Pública), quien, de manera reiterada, niega validez a los argumentos jurídicos de la ANEP en el aspecto de licencias sindicales con goce salarial para representantes de nuestra organización.
Dicho funcionario se localiza en el teléfono 2586 4027; en el fax 2227 3845 y en el correo electrónico: jvillalobos@msp.go.cr.
Hacemos la petición aquí expuesta con plena validez para la misma, basados en pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la legitimidad para accionar ante la administración por la vía electrónica.
Como siempre, les reiteramos a ambos nuestro mayor respeto y consideración, así como las muestras anticipadas de nuestro agradecimiento por la pronta atención a nuestra petición.
Reiteràndoles nuestro mayor respeto y consideracion,
Según información de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, más de 400 niños y niñas son violados en las tiendas de damnificados.
La agencia OIM, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha informado que la mayoría de las víctimas viven en condiciones de extrema pobreza, siendo las niñas el principal objetivo, casi el 97% del total.
Entónces surge la pregunta, ¿y la “ayuda” internacional dónde va a parar?, y la ocupación militar de Estados Unidos sobre Haití, ¿está propiciando este crimen?.
Ya Francia había denunciado, tan solo una semana después del terremoto en Haití que Estados Unidos negaba el acceso de aviones de países europeos con ayuda humanitaria y que tenían que desviarse a República Dominicana. El secretario de Estado de Cooperación de Francia, Alain Joyandet, había reclamado a la ONU que precise el papel de EEUU, que está asumiendo de facto la coordinación de la ayuda en el país caribeño y ocupándolo militarmente.
Pero también otras personalidades europeas intervinieron. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, también dejó clara su posición y ha aseguró que más que “ayuda militar” por parte de Europa, la población de Haití necesitaba una mayor coordinación para que la ayuda humanitaria pudiera llegar a los afectados.
En lugar de_ “ayuda militar como tal”_, Ashton abogó por asistir en la tarea del transporte de alimentos o trabajos de ingeniería para reparar las comunicaciones.
Todo ello persiste hasta hoy, muerte, destrucción, caos, pillaje y hasta peleas por el reparto de la ayuda humanitaria. EEUU, que ha tomado el aeropuerto de Puerto Príncipe, tiene el_ “control”_ del país militarmente.
La investigación de la OIM, realizada en los meses de marzo, abril y principios de mayo, indicó que existen “signos de impunidad” pues pese a las denuncias y Leyes que condenan la violencia sexual desde el 2005, no hay forma de condenar a violadores.
Según la OIM los menores y las mujeres violadas residen principalmente en las tiendas para damnificados “donde actualmente viven casi 680 mil personas”.
Pero esto no es todo, el Informe dice que el pasado 31 de marzo la ONU denunció el aumento de caos de trata de menores haitianos hacia países vecinos, en especial a República Dominicana, para su _“explotación sexual o como mano de obra_”. Agrega la OIM que “de 11 mil 774 niños sometidos a controles en los puestos fronterizos, más de dos mil 500 viajaban sin documentos legales y otros 459 fueron identificados como víctimas de tráfico de personas.
Líderes mundiales reunidos en Ginebra, Suiza, el pasado mes de abril se comprometieron a enfocarse más en el desarrollo y reconstrucción de Haití y menos en el envío de fuerzas de seguridad, asegurando que “la estrategia actual “no está dando los resultados deseados”.
La pregunta es obvia, ¿Permitirá Estados Unidos que eso sea realidad o mantendrá la “ocupación” militar sobre Haití?
Información recibida desde Grecia por el FRENTEMILITANTE DE TODOSLOSTRABAJADORES (ALLWORKERSMILITANTFRONT) que agrupa a la clase trabajdora organizada.
La unidad de la clase obrera, que es la garantía de su victoria, crecerá mientras que saque de sus líneas los servidores de los empleadores y la Unión Europea y fortalezcan el movimiento sindical clasista.
Ver documento completo en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha.
ALAIAMLATINA. ¿Por qué a la operación en que habrían matado a Bin Laden le pusieron el nombre de Operación Jerónimo? Prescott Bush integraba, en 1918, la asociación estudiantil Skull & Bones (cráneo y hueso). Retado por sus colegas, invadió un cementerio apache y robó el cuero cabelludo del legendario cacique Jerónimo.
Dueño de tierras en Texas, Prescott se convirtió en un exitoso empresario del ramo del petróleo y fue amigo íntimo de John Foster Dulles, quien dirigía la CIA cuando ocurrió el asesinato de John Kennedy, en 1963.
Dulles convenció a su amigo a que hiciera un gesto magnánimo y devolviera a los apaches el cuero cabelludo de Jerónimo. Bush atendió el pedido, pero no pasó mucho tiempo hasta que los indígenas descubrieran que la reliquia restituida era falsa.
La amistad con Dulles le garantizó al hijo mayor de Prescott, George H. Bush, el puesto de agente de la CIA. George se destacó tanto que, en 1961, coordinó la invasión de Bahía Cochinos, en Cuba, para tratar de derribar el régimen implantado por la guerrilla de Sierra Maestra. Y a pesar de la derrota, fue nombrado director de la CIA en 1976.
Triste con el mal desempeño de su primogénito como agente 007, Prescott Bush se consolaba con su éxito en los negocios de petróleo. Y aplaudió el olfato empresarial del hijo cuando George, a mediados de los años 60, se hizo amigo de un empresario árabe que viajaba con frecuencia a Texas: Muhammad Bin Laden. En 1968, al sobrevolar los pozos de petróleo de Bush, Bin Laden murió en un accidente aéreo en Texas. Pero para entonces ya se habían consolidado los lazos de familia.
George Bush no lloró la muerte del amigo. Andaba más preocupado con las dificultades escolares de su hijo George W. Bush, que sólo obtenía una nota media de C. Para entonces se complicó la guerra de Vietnam y, para evitar que su hijo fuera llamado a filas, George trató de enrolarlo en la fuerza aérea de la Guardia Nacional.
Papá George animó a su hijo a fundar, a mediados de los 70, su propia empresa petrolera, la Arbusto (bush, en inglés) Energy. Gracias a los contactos internacionales que el padre mantenía desde sus tiempos en la CIA, George hijo buscó las inversiones de Khaled Bin Mafouz y Salem Bin Laden, el mayor de los 52 hijos procreados por el fallecido Muhammad.
Mafouz era banquero de la familia real saudita y estaba casado con una de las hermanas de Salem. Esos vínculos familiares le permitieron a Mafouz convertirse en presidente de la Blesed Relief, la ONG árabe en la que trabajaba uno de los hermanos de Salem, Osama Bin Laden.
En diciembre de 1979, George H. Bush viajó a París, a un encuentro entre republicanos y partidarios moderados de Jomeini, en el cual trataron de la liberación de los 64 rehenes estadounidenses secuestrados en noviembre en la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Se trataba de evitar que el presidente Jimmy Carter se valiera del episodio y perjudicara las pretensiones presidenciales de Ronald Reagan. Papá George hizo el viaje hasta la capital francesa a bordo del jet de Salem Bin Laden, que le facilitaba el contacto con el mundo islámico. (En 1988 falleció Salem, como su padre, en un desastre de aviación).
Aquel mismo año los soviéticos invadieron Afganistán. Papá George, que coordinaba las operaciones de la CIA, recurrió a Osama, uno de los hermanos de Salem, que aceptó infiltrarse en Afganistán para, orientado por la CIA, fortalecer la resistencia afgana contra los invasores comunistas.
Los datos anteriores son del analista italiano Francesco Piccioni. Más detalles en el libro A fortunate son: George W. Bush and the making of na American president, de Steve Hatfield.
En 1979, a pedido de George Bush padre, por entonces director de la CIA, Osama, ya de 23 años, se trasladó a Afganistán para administrar los recursos financieros destinados a las operaciones secretas de la agencia contra la invasión soviética de aquel país. Preocupado con la ofensiva de Moscú, el gobierno de los Estados Unidos había entregado la mayor cantidad de dinero que la CIA recibió, en toda su historia, para actuar en un solo país: US$ 200 mil millones.
Cuando el presidente George W. Bush, después del 11 de setiembre, citó, como crimen anexo al terrorismo, el “aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas”, sabía de qué hablaba. Todo indica que, gracias a esas informaciones, Osama Bin Laden montó su red terrorista por el mundo, movilizando recursos a través de paraísos fiscales. Tal vez Freud pudiera explicar un detalle de las armas escogidas por los terroristas del 11 de setiembre: aviones. El padre y el hermano mayor de Osama Bin Laden murieron en accidentes aéreos, ambos en los Estados Unidos.
Si el cuero cabelludo de Jerónimo era falso, ¿quién garantiza que Bin Laden fue asesinado en una mansión paquistaní? ¿No hubiera sido más útil para el combate contra el terrorismo agarrarlo vivo y obligarlo a revelar todo sobre Al Qaeda? No dudo de que, en algún portaviones de los Estados Unidos, Bin Laden esté siendo torturado para que diga lo que sabe. Después basta con adoptar la “solución argentina”, o sea tirar su cuerpo al mar. Y para que no lo encuentren varado en alguna playa, quedan todavía los afilados dientes de los peces de las profundidades.
(ALAIAMLATINA 17/05/2011) (Traducción de J.L.Burguet)
– Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del poder”, entre otros libros.- http://www.freibetto.org/ twitter:@freibetto
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San José, 17 de mayo de 2011.
S.G. 09-11-1673-11
Señores y señoras Junta Directiva
MAE. Francisco Javier Ibarra Arana Gerente General
Señor Jorge Gómez McCarthy Director Administrativo
Junta de Protección Social (JPS)
Estimados y distinguidos señores y señoras:
Como es de su conocimiento, en la Administración Pública, el funcionario público, tiene limitado su ámbito de acción, en la Constitución Política, la Ley, los Reglamentos a la Ley, los Decretos Ejecutivos, los Reglamentos, las Directrices Generales del Poder Ejecutivo y desde luego las normas internacionales, debidamente ratificadas por nuestro país.
Considérese que las normas internacionales, tienen rango igual a la Ley y que tratándose de los Convenios Internacionales que tutelan derechos humanos fundamentales, es de consenso universal, que estas normas tienen un rango o jerarquía superior o igual a las normas Constitucionales.
Apuntamos lo anterior dado que hemos tenido noticia de que sus autoridades, pretenden contratar con terceros, algunos servicios no esenciales o sustanciales con los objetivos constitutivos de la JPS.
Nuestra preocupación deviene toda vez, que aunque de seguro este es el caso, no será que este modelo de contratación ha sido utilizado, en muchas ocasiones, para precarizar las condiciones de empleo, beneficiar a contratistas o intermediarios que lucran mercadeando mano de obra barata y ocultar la responsabilidad laboral y social, de lo que se denomina, en este tipo de contratación, empresa madre.
La contratación de terceros, sin que se respeten las mismas condiciones laborales, de quienes trabajan en dicha industria o negocio, puede devenir, a nuestro juicio, en fraude de ley, violación a la ley laboral, o bien la típica práctica laboral desleal.
Estas prácticas ya han sido denunciadas por trabajadores de distintos países ante los órganos administrativos y judiciales de sus respectivos países, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales que velan por la protección de los derechos de las personas trabajadoras.
Pues el fraude o violación a la ley laboral consiste, en el hecho de que la empresa madre, subcontrata a terceros para que le presten servicios, que generalmente eran asumidos por ella. Con esta práctica se pretende, no aplicar las condiciones salariales y de empleo, de que gozan las y los trabajadores de la empresa madre. De la misma manera la empresa madre o matriz al subcontratar a tercero, trata de esconder la responsabilidad laboral, solidaria, que bien le puede caber con la persona subcontratada.
En razón de lo anterior, consideramos oportuno informarles, que si bien la Administración Pública, puede subcontratar servicios no esenciales, también es cierto que estas contrataciones deben atenerse a lo dispuesto en el Convenio Nº 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), su Reglamento, el Decreto Ejecutivos Nº 11430-TSS del 30 de abril de 1980 y la Directriz Presidencial Nº 34 del 8 de febrero de 2002.
En lo que interesa, pasamos a transcribir algunos textos de estos instrumentos jurídicos, que son parte del bloque de legalidad que rigen para la Administración Pública y que por tanto deben ser de acatamiento obligatorio para las autoridades competentes.
Convenio Nº 94 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país en 1949.
“Artículo 1 inciso 1. El presente Convenio se aplica a los contratos que reúnan las siguientes condiciones: a) que al menos una de las partes sea una autoridad pública;…”.
“*Artículo 2 inciso 1.* Los contratos a los cuales se aplique el presente Convenio deberán contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región: a) por medio de un contrato colectivo o por otro procedimiento reconocido de negociación entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores…*b)* por medio de un laudo arbitral…”
“Artículo 5 inciso 1. En caso de que no se observen o no se apliquen las disposiciones de las cláusulas de trabajo incluidas en los contratos celebrados por las autoridades públicas, de deberán aplicar sanciones adecuadas, tales como la denegación de contratos o cualquier otra medida pertinente”.
Reglamento al Convenio 94, Decreto Ejecutivo Nº 1130-MTSS, del 30 de abril de 1980.
“Artículo 2º-Las cláusulas a que se refiere el artículo anterior, deben referirse de manera expresa a la garantía de cumplimiento del adjudicatario del contrato respecto de las normas legales o convencionales relativas a salarios, jornadas de trabajo, salud ocupacional y en general, a las condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo9 de igual naturaleza en la profesión, ocupación o industria de que se trate, en lamisca zona en que se lleve a cabo la obra o se deban suministrar los servicios”.
Directriz Presidencial Nº 34 del 8 de febrero de 2002.
“1ª.-En todo cartel de licitación y contrato administrativo…, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como incumplimiento del contrato respectivo”.
Conforme al apuntado ordenamiento jurídico, rogamos a sus autoridades se nos informe, si en los contratos que su representada tiene con terceros, para la prestación de servicios, como los de servicios generales y vigilancia, entre otros, se han observado los indicados preceptos de Ley.
Con todo respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Daniel Prendas Marín Presidente Junta Directiva Comité Seccional ANEP-JPS
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP. Junta Directiva Comité Seccional ANEP-JPS. Trabajadores y trabajadoras JPS.
La Revolución Cubana ha sido objeto de cientos de campañas de desinformación, generalmente orquestadas por el gobierno norteamericano, con la complicidad de aliados europeos y el concurso de las poderosas fuerzas e intereses que controlan los emporios mediáticos, pero no han podido desviar a los cubanos de sus ideales de independencia y socialismo, ni confundir a los pueblos del planeta que, pese a todo, descubren con su sabiduría e instinto dónde está la verdad. Son campañas sin límites políticos ni éticos que chocan con la fuerza moral de Cuba y solo manchan a sus autores.
La más reciente, que provino de sus “multipremiados” informantes, se desinfló en 72 horas. Los políticos mentirosos, los medios de prensa que calumniaron por interés político y los periodistas que reportaron un hecho que no existió, sin intentar una mínima confirmación, no debieran tener impunidad. Por lo menos, deberían confesar el error y pedir excusas a la familia cuyo duelo no respetaron.
Curiosamente, todos ellos callan ante el millón de muertos civiles en Iraq y Afganistán a los que definen como “daños colaterales” y ante las ejecuciones extrajudiciales con aviones no tripulados en países soberanos.
Guardan prudente silencio ante el uso de la tortura, apañan la existencia de cárceles norteamericanas secretas en Europa, impiden la investigación de los crímenes cometidos en Abu Ghraib y la Base Naval de Guantánamo, que se usurpa a Cuba, y de los vuelos secretos de la CIA con personas secuestradas en otros Estados.
Tampoco se conmueven ante la forma brutal en que los gobiernos en Europa descargan en los más pobres y en los inmigrantes las consecuencias de la crisis económica. Miran a otro lado, cuando se reprime con inusitada violencia a desempleados o estudiantes en esas sociedades opulentas.
Sin embargo, andan a la caza de pretextos para denigrar a Cuba. Y a falta de estos, los fabrican.
Con toda desvergüenza, pujaron por convertir una pancreatitis en un asesinato político; una justificada detención policial de menos de tres horas por alteración del orden, sin el menor uso de la fuerza, en una golpiza mortal; una persona con antecedentes delictivos, sancionada a dos años de privación de libertad por delito común, en un disidente político, víctima de larga condena.
El pueblo comparte la protesta de la familia cuyo dolor se ofende y la indignación de los médicos a quienes prácticamente se acusa de complicidad en un homicidio. El mundo conoce sobrados ejemplos de la vocación humanística de nuestros médicos, quienes no han escatimado energías y a riesgo de sus propias vidas han prestado y prestan sus servicios en todos los continentes.
El legislador David Rivera, célebre por corrupción electoral y por sus campañas extremistas para eliminar el derecho de los cubanos emigrados a viajar a su país, que hace solo unas semanas acusó al presidente Carter de ser “un agente cubano”, afirmó bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos que el fallecido “cayó asesinado a golpes y bastonazos en el céntrico Parque Vidal de Villa Clara, el domingo pasado”.
Ni siquiera se molestó en verificar que hasta los peor intencionados reconocen que estuvo en el parque, antes y después de la breve detención, el jueves 5 de mayo, y no el domingo, cuando ya estaba hospitalizado. No sorprende que mienta, pero sí que lo haga tan torpemente.
Un tal Salafranca, europarlamentario del Partido Popular, de muchos méritos anticubanos y proyanquis, quien dice que los informes sobre los vuelos secretos de la CIA no aportan datos adicionales y se tapa los ojos para abstenerse sobre cualquier condena, aseguró en el Parlamento Europeo que la persona “falleció luego de su detención y golpiza por parte de la policía cubana”.
El País, de la España del Grupo Prisa y las confabulaciones del PP, publicó un despacho con el título “Muere un disidente cubano tras recibir una paliza de la policía”. ABC, históricamente al servicio de las peores causas, reseñó “Muere opositor cubano tras una paliza de la policía castrista”. No les interesa confirmar la veracidad de los supuestos hechos y ni siquiera se molestan en disimular el contubernio con títulos diferentes.
Insólitamente, hasta el propio Presidente Barack Obama, en Miami y ante una pregunta de la bien tendenciosa cadena Univisión, aunque dijo que faltaban por precisar detalles, se pronunció también sobre los sucesos del Parque Vidal que nunca ocurrieron.
Es curioso que Obama, siempre tan ocupado, pueda retener en su memoria el caso de una persona detenida en un parque cubano al que pudo regresar un rato después. Sin embargo, no ha dicho nada y posiblemente ni recuerde el rostro angustiado o el relato de la niña iraquí Samar Hassan, publicado en el diario The New York Times, el pasado 7 de mayo, mientras narraba la terrible experiencia del asesinato de sus padres por una patrulla norteamericana, cuando regresaban del hospital tras curar las heridas de su hermanito.
Pero, en el caso de Cuba, la peor falta no son las burdas mentiras que día a día se fabrican y reproducen. Lo que es imperdonable es que se censuren las grandes verdades y la historia de un pueblo heroico y bloqueado , que ha sido capaz de alcanzar lo que para la gran mayoría de la Humanidad es todavía un sueño.
En el pasado, se ha tratado de aislar a Cuba o de provocar desórdenes internos para provocar una intervención norteamericana. ¿Qué se pretende con estas campañas? ¿Solo denigrar o algo peor? ¿Será que a los que mueven los hilos y a sus asalariados internos les encantaría invocar la “protección de civiles” para bombardear La Habana?
Nuestro pueblo no se dejará confundir por los contrarrevolucionarios internos que buscan el pretexto mediático para promover un conflicto con Estados Unidos y sabrá responder con serenidad y firmeza ante las acciones de estos mercenarios.
Los argumentos de la Revolución Cubana no se fabrican como las mentiras de nuestros enemigos, se construyen con la dignidad y la entereza de nuestro pueblo que aprendió que la verdad es el arma más limpia de los hombres.
A las 4 p.m. empezaron a llegar los manifestantes al sitio pactado para de forma pacífica demostrar su disconformidad con la intención de la concesionaria Autopistas del Sol de iniciar el cobro, sin embargo no fue hasta las 7 p.m. que calentó el ambiente.
El líder del Frente Amplio, José Merino del Río, y el actual diputado de ese partido, José María Villalta, también dijeron presente para apoyar a los vecinos y los alcaldes en su lucha.
Del Río explicó que esta lucha la inició hace dos años, cuando junto con la ministra de Transportes de ese entonces, Karla González, fueron a ver las irregularidades en la construcción y denunció que lo que se hacía era un recarpeteo en una carretera existente y lo único nuevo eran las casetas para el cobro.
¿COBRO INJUSTO?
Los manifestantes califican de injusto que quieran cobrarles una inversión de otros sectores.
“_De Escazú a San José, cuyo tramo comprende 4 kilómetros, se amplió la vía a cuatro carriles y se construyeron puentes nuevos, pero los escazuceños no pagan ni un cinco, mientras aquí no hicieron mejoras y quieren cobrar por el mismo kilometraje que hay de Brasil a la entrada de la radial a Belén un impuesto que no existe_”, denunciaron.
En menos de 10 kilómetros los vecinos de Mora que se desplazan hacia San José deben pagar dos peajes, mientras que si se dirigen a Caldera cancelarían el peaje en Brasil y tan solo un kilómetro más adelante volverían a pagar otro.
Los alcaldes de Mora, Santa Ana y Turrubares indicaron en sus discursos que no permitirán el funcionamiento del peaje y que pedirán la destrucción de las casetas por las buenas o por las malas.
Edwin Rodríguez, secretario del Consejo Nacional de Concesiones, dijo que la junta directiva de la institución aún no ha definido cuándo darían la luz verde para la apertura del peaje.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
