Unas 50 delegaciones de los estados miembro del foro mundial, que participaron en el Examen Ministerial Anual del Consejo Económico y Social (Ecosoc), de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), discutieron esta semana en Nueva York los avances y los desafíos en materia de igualdad de género.
En la declaración final de la reunión, concentrada en “implementar los objetivos y compromisos acordados por la comunidad internacional en materia de igualdad de género y promoción de la mujer”, los países se comprometieron a alcanzar la equidad de género en todo el mundo.
Con ese fin se adoptaron varias medidas.
La más importante fue la creación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y la Promoción de la Mujer, o Mujeres ONU, aprobada por la Asamblea General el viernes al término del encuentro de una semana.
“Agradezco a los estados miembro por haber dado este gran paso para las mujeres y las niñas de todo el mundo”, reza una declaración del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
“Mujeres ONU contribuirá de forma significativa a la promoción de la igualdad de género, a la ampliación de oportunidades y a hacer frente a la discriminación en el mundo”, añade.
“Me alegra que uno de los esfuerzos más importantes haya dado sus frutos”, señaló, por su parte, Preneet Kaur, ministro de Asuntos Exteriores de India.
La declaración ministerial señala también la importancia de emplear nuevas estrategias para combatir la desigualdad de género.
El documento de siete páginas subraya la necesidad de incluir una perspectiva de género en el diseño, la implementación y la evaluación de programas y políticas en el ámbito económico, social y político.
“Es crucial para todos los aspectos del crecimiento económico”, señaló el presidente de Ecosoc, Hamidon Ali.
Algunas de las estrategias incluidas en la declaración son: integrar formalmente a las mujeres a la economía, eliminar la violencia que sufren, mejorar el acceso a la educación y a la salud, en especial reproductiva, implementar leyes que prohíban la discriminación de género y aumentar los microcréditos.
El documento “se adoptó con un espíritu de colaboración y de cooperación entre todas las delegaciones”, señaló Ali. “Ecosoc envío un mensaje claro respecto de que la igualdad de género y la promoción de la mujer son el centro del desarrollo”, añadió.
Uno de los asuntos muy discutidos en la semana fue las consecuencias negativas que las crisis económica y financiera y la alimentaria tienen sobre las mujeres.
“Reconocemos que ellas se ven afectadas de forma desproporcionada por muchas crisis y desafíos, pero también que pueden ser líderes, incluso en los procesos de decisión”, reza la declaración.
Otro de los temas importantes de discusión fue la relación entre la promoción de la mujer y las posibilidades de alcanzar los ODM, cuando faltan pocos meses para la 65 sesión de la Asamblea General, que evaluará los avances en la materia.
Los ocho ODM apuntan a reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la indigencia y padecen hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil en dos tercios y la materna en tres cuartos, entre 1990 y 2015.
También luchar contra la expansión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el paludismo y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo entre el Norte y el Sur.
La declaración llamó la atención sobre la “desigualdad” de los avances, en especial respecto del objetivo tres –igualdad de género–, el cinco –sobre mejorar la salud materna–, y el seis –de combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades–.
“Cumplir el objetivo tres es fundamental para alcanzar los ODM”, señala el documento.
“La igualdad de género es esencial para los ODM”, coincidió Ali.
La adopción de la declaración ministerial fue sentida por muchos como un hecho loable, lo que presagia el éxito del encuentro de septiembre.
Pero muchas organizaciones de mujeres que lucharon por la creación de la nueva entidad criticaron que el proceso de designación de autoridades no fue justo ni transparente y que los estados miembro se refirieron de forma vaga al asunto de la financiación.
Sobre los últimos acontecimientos en relación con la privatización de los muelles de Limón, el Proyecto Crucitas, el Fondo Especial para la Educación Superior y la Criminalización de la Protesta Social.
La Asamblea de Escuela de Trabajo Social
CONSIDERANDO QUE:
1. Nos inspiramos en un proyecto ético-político que se fundamenta en la defensa de los derechos sociales y humanos, la ciudadanía participativa en la toma de decisiones, la ampliación y profundización de la democracia, la lucha contra cualquier forma de exclusión, explotación o denigración, la defensa al medio ambiente, la búsqueda de una sociedad que distribuya la riqueza socialmente producida y permita la realización plena de la libertad, donde la universidad pública se constituye en engranaje vital y autónomo del pensamiento crítico costarricense.
2. Apoyamos la defensa de las instituciones costarricenses como fruto del trabajo de nuestro pueblo y las actividades que realiza JAPDEVA, dada la importancia estratégica que tienen para el país y para la empobrecida provincia de Limón. Compartimos la consigna de desatender cualquier presión neoliberal de privatización del patrimonio costarricense. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR:La concesión de los puertos de Limón y el respeto a la autonomía sindical. Acuerdo firme de la sesión N.° 5421, extraordinaria, del jueves 18 de febrero de 2010)
3. Estudiantes y profesores (as) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se han manifestado en diversas oportunidades en contra de la privatización de los muelles. Una de ellas se efectuó de manera pacífica en la comunidad de San Sebastián, en la que uno de nuestros profesores fue objeto de detención y privación de libertad.
4. El OIJ realizó un operativo técnico para recabar prueba incriminatoria contra un funcionario universitario, el cual se convirtió, para todos los efectos, en un allanamiento ilegal de la UCR, pues no contó con autorización ni presencia de juez natural ni de defensor público, violentando las obligaciones constitucionales y del debido proceso judicial, así como abusando de su autoridad manteniendo en estado de sitio el campus académico con decenas de agentes armados del OIJ y de la FuerzaPública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospecho dela Ciudad Universitaria. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre los acontecimientos del 12 de Abril y la Autonomía Universitaria. Acuerdo firme unánime, sesión extraordinaria N.° 5435, artículo único, jueves 14 de abril de 2010)
5. Estudiantes, funcionarios y profesores (as) de la Escuela de Trabajo Social se manifestaron en contra de la acción del OIJ en el campus universitario. En dicha oportunidad un docente de esta Unidad Académica fue agredido en su integridad física y fue privado de la libertad. Además, otras personas recibieron lesiones que ameritaron atención hospitalaria, aunado a la violencia emocional y simbólica que padecieron estudiantes de varias Escuelas por parte de agentes armados.
6. La Constitución Política de la República de Costa Rica define la obligación de las instituciones del Estado costarricense de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de ese derecho. En este sentido la Universidad de Costa Rica en su Estatuto Orgánico establece, como uno de los principios orientadores de la Institución, el compromiso con el medio ambiente.
7. La zona en que se autorizó el proyecto minero “Las Crucitas”, es de alta vulnerabilidad ambiental dada su cercanía con el Refugio de Vida Silvestre “Maquenque”, con el Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte y con el Corredor Biológico “San Juan-La Selva”. Estos refugios se destinan a la protección de especies en vías de extinción. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre la declaratoria de interés público y conveniencia nacional de Proyecto Minero Crucitas. Acuerdo firme de la sesión N.° 5303, miércoles 29 de octubre de 2008)
8. Desde el Trabajo Social, la protesta social es considerada una forma creativa y democrática de manifestar la violación de derechos humanos, sociales y constitucionales, así como de generar la articulación de los diferentes movimientos y organizaciones sociales en una agenda que defienda las conquistas nacionales y genere espacios de diálogo y madurez política.
9. Se han venido presentando formas de violencia simbólica, física, verbal y emocional por medio de diferentes órganos policiales, conllevando incluso a arrestos injustificados de funcionarios (as), docentes y estudiantes en lugares como la provincia de Limón o el Parque La Sabana el día 8 de mayo del 2010.
10. Somos la unidad base de la Maestría en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia y por el compromiso que nos atañe ante las formas de violencia que este gobierno ha manifestado, nos oponemos a la violencia contra las y los adolescentes del Colegio José Joaquín Vargas Calvo, del Liceo de Costa Rica y de las poblaciones estudiantiles de las universidades públicas.
11. La Constitución Política de la República en su artículo 85 determina una obligación presupuestaria y financiera del Estado para con la Universidad de Costa Rica, que ningún gobierno de turno puede transgredir (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior –FESS-. Acuerdo firme de la sesión N.° 5454, martes 15 de junio del 2010).
12. La educación superior pública es una conquista de muchas generaciones de costarricenses, gestada desde la fundación de la Universidad de Santo Tomás y retomada en la fundación de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, constituyéndose en una vía para aportar al desarrollo de la nación por medio de cuadros profesionales formados con una alta sensibilidad social, humanista y crítica. Acuerda apoyar al Consejo Universitario en su:
1. Liderazgo por defender los principios fundamentales de la Constitución Política que condenan la violación a los derechos de libertad de expresión, tránsito y reunión, así como a que el pueblo costarricense tenga condiciones de vida dignas, producto de la socialización de la riqueza producida, la protección de las instituciones del Estado y desde luego, la preservación del ambiente del planeta y de nuestro país en particular.
2. Resguardo de las instituciones del Estado, a pesar de las presiones nacionales e internacionales por privatizar los bienes de la sociedad costarricense, con todas las consecuencias sociales que ello podría generar, lo que agravaría más las condiciones de vida tan precarias que padece gran parte de nuestro pueblo.
3. Abogacía por tomar en cuenta en las discusiones sobre temas de privatización o venta de empresas del Estado, no solo criterios de eficiencia y mercado, sino principalmente, su impacto social en términos de empleo, calidad de vida e inversión pública, en zonas como la provincia de Limón que expresa un fuerte deterioro en las condiciones de vida de su población.
4. Rechazo absoluto al abuso de autoridad y el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza contra estudiantes y profesores (as) de nuestras universidades públicas que se manifiestan pacíficamente dentro y fuera de los campus universitarios, en donde se ha puesto en riesgo la seguridad de las personas, de los bienes de las instituciones y de particulares.
5. Pronunciamiento contra el proceder alejado de las aspiraciones democráticas y pacíficas de la sociedad costarricense que ha demostrado el OIJ y la Fuerza Pública, erosionando las conquistas sociales y los derechos sociales, humanos y constitucionales en diferentes partes del territorio nacional.
6. Rechazo a las declaraciones de los jerarcas del OIJ, el Ministerio Público y la Fuerza Pública, en las que intentan justificar y legitimar lo actuado por sus dependencias.
7. Llamado a los Poderes de la República y al propio Ministerio Público, a revertir la creciente tendencia a reprimir y criminalizar a quienes ejercen el legítimo derecho a manifestar sus posiciones y convicciones políticas, incluso por medio de la protesta social, en especial en las situaciones de abuso de autoridad mostradas a personas adolescentes.
8. Denuncia y propuesta para preservar la naturaleza, la biodiversidad y todo el patrimonio ambiental que hemos heredado de antiguas generaciones de costarricenses, como ofrenda a las nuevas descendencias que habitaran este país.
9. Repudio a las distorsiones mediáticas de los hechos que apuntan a desprestigiar a la Universidad de Costa Rica, reconociendo el valor que tiene la Institución en la historia y futuro del país, la cual responde a contribuir para alcanzar la justicia social.
10. Llamado a la comunidad universitaria y nacional a mantenerse alerta e informada sobre estos acontecimientos y adoptar una actitud crítica ante la información que recibe de los medios de difusión funcionales a los intereses antidemocráticos que riñen con la tradición costarricense.
11. Lucha articulada con los otros Consejos Universitarios para defender el crecimiento real promedio quinquenal del FEES en el 13% del presupuesto universitario junto a la suma del costo inflacionario, en razón de poder ampliar, profundizar, diversificar y extender las posibilidades de una educación superior pública de calidad, en consonancia con las demandas del pueblo costarricense y no de la lógica mercantilista que acecha desde los años ochenta a nuestras almas maters.
Así mismo, la Asamblea de la Escuela de Trabajo Social reitera su compromiso con el ordenamiento jurídico y su disposición de colaborar con las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana, la protección al ambiente y la defensa de los derechos de las y los trabajadores, en virtud de fortalecer la democracia costarricense.
M.Sc. Nidia Esther Morera Guillén DIRECTORA Escuela de Trabajo Social
(Acuerdo firme de la Asamblea de Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sesión ordinaria 3-2010, miércoles 23 junio de 2010)
La representación diplomática venezolana se encuentra muy activa en estos días, celebrando su Día de la Independencia, y desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados les enviamos un gran abrazo solidario, reconociendo en este nuevo proceso, que lleva ya 12 años, la búsqueda de una sociedad más solidaria, más igualitaria y más humana. 12 años, que son sólo una pequeña parte de los ya casi 200 de libertad, pero que son extremadamente significativos, no sólo para la historia venezolana, sino también para toda la América Latina.
Las actividades de este 5 de julio incluyeron una ofrenda floral a nuestro Monumento Nacional, la inauguración de la Plaza Bicentenaria en el parque zoológico Simón Bolivar, la apertura de la exposición pictórica de la artista nacional María del Carmen Hernández en la sede de la Embajada Venezolana y una noche llena de música con el concierto del reconocido músico venezolano Cristóbal Jiménez junto a Manuel Obregón.
A continuación una nota en video sobre estas celebraciones.
Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigos que nos acompañan aquí en las barras.
Primero, inicio enviando un saludo al pueblo de Panamá que en estos momentos está manifestándose en las calles contra la instalación de cuatro bases militares nuevas en puntos estratégicos de su territorio: Bocas del Toro, Tapón de Darién, a la par de la isla Contadora y en otro lugar sumamente importante. Protesta el pueblo panameño porque ve en esta actitud del presidente Martinelli un retroceso de los avances que el pueblo de Panamá había obtenido, inclusive, influenciado por las políticas de paz de Costa Rica, aboliendo su ejército militarista y convirtiéndolo en una policía dizque civilista. Entonces yo, desde aquí, lo saludo y me solidarizo con ellos.
Yo hablo de este tema porque para mí todo lo que tiene que ver con militarismo me llega a lo más profundo de mi formación ciudadana, civilista y humanista recibida en nuestro sistema educativo y a través de los valores que nosotros hemos recibido siempre en el hogar, en la escuela y en la comunidad, y, además, porque tuve el privilegio de vivir siete años en Europa mientras estudiaba una de mis carreras y pude conversar con habitantes de muchos países europeos que vivieron los horrores de la guerra, inclusive de las dos guerras mundiales, y el corazón a uno se le constriñe cuando escucha los testimonios de las personas que directamente participaron en estos conflictos y de las personas que indirectamente fueron afectadas por los resultados arrojados por estos conflictos, cuyas causas, siempre, fueron las causas más alejadas de los intereses de los pueblos.
Entonces, todo lo que signifique asuntos relacionados con lo militar va a contar siempre con mi participación para combatirlos, para demostrar que nuestro país no debe prestarse y no debe participar en este tipo de maniobras que ponen en peligro, no solo nuestra soberanía, sino también el futuro de nosotros como patria y como país, en el contexto geopolítico latinoamericano y mundial y que nos podrían hacer retroceder en todo lo que nosotros como país hemos avanzado, no solo como país declarado neutral, sino como país que ha demostrado con hechos importantes que es un país civilista; como la abolición del ejército y la entrega de este edificio que está aquí atrás, que era un cuartel, a la Universidad de Costa Rica para que fuera parte de su patrimonio y se convirtiera en un centro para el desarrollo de la cultura y de la ciencia.
Con la premura del caso, porque esto fue traído aquí intespectivamente, de forma amañada y artera, y no tuvimos tiempo de prepararnos como lo amerita este grave hecho, sí hicimos un esfuerzo para estudiar el Convenio y para leerlo, robándole inclusive horas a nuestro descanso, y yo concuerdo con lo que aquí se ha planteado y para mí son de recibo y respeto mucho las palabras de mi compañero diputado, don Luis Fishman, no solo como diputado, sino como mi ex ministro de Seguridad, cuando yo era un ciudadano común y corriente, y para mí son muy importantes los argumentos que él ha dado.
Primero, yo pienso que hay un principio fundamental aquí que tiene que ver con la soberanía, y la soberanía es una cobija que nos cubre a todas y a todos, la soberanía no es ni más ni menos que la bandera nacional, que el Pabellón Nacional, es decir, no es la bandera de un partido.
Aquí yo creo que tenemos que reconocer que este permiso no tiene razón de ser, que como se ha señalado debía haberse rechazado ad portas para dedicarnos nosotros a hablar aquí de otros temas más importantes para el país.
Este Convenio es un convenio que, ciertamente, como se ha señalado debe ser revisado, porque además contiene imprecisiones y, también pareciera que la realidad nos demuestra que los convenios que firmamos una vez que cumplen cierta cantidad de años, y en este caso estamos hablando de una década, deben revisarse y actualizarse, ¿por qué?, bueno porque las condiciones nacionales cambian y porque las condiciones internacionales cambian, no es lo mismo la situación geopolítica mundial y latinoamericana en el año 2000 que en el año 2010, han sucedido cosas a nivel de Centroamérica, a nivel del Caribe, a nivel de Asia y a nivel del Cono Sur.
Así que partiendo de eso, por ejemplo, este convenio se refiere a la cooperación que puede haber entre el Gobierno de Costa Rica y los Guardacostas de Estados Unidos, dice para control…, para el tráfico ilícito en los mares y ni siquiera específica tráfico de qué, ojalá fuera para controlar el tráfico de todo lo que las naves piratas internacionales nos roban a nosotros, como país, a través de la pesca ilegal y que se llevan de aquí, por ejemplo, el atún de aleta amarilla, que saquean la Isla del Coco y que saquean nuestras riquezas y ahí si no hay absolutamente ningún control.
Entonces, partiendo de eso yo me di a la tarea de buscar algo relacionado con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de Norteamérica, y aquí señalo que nosotros, como fracción del Partido Acción Ciudadana, apoyamos todas las luchas de nuestro gobierno, las actuales y las que vengan para combatir el flagelo del narcotráfico, los que sufrimos en las comunidades la presencia de lo que podríamos considerar pequeños peces del narcotráfico y el flagelo que eso significa para el deterioro de la familia, pues obviamente que debemos de estar del lado de esa lucha, y lo hemos demostrado siempre, y como partido lo hemos demostrado y siempre vamos a colaborar con todas las autoridades de este país para combatir, verdaderamente, el narcotráfico.
Así que también es importante que señalemos que vemos en el pueblo de los Estados Unidos un amigo, en los trabajadores de Estados Unidos que hoy día sufren tremendos problemas de desempleo, de bajos salarios y desolación social. Hoy escuché en la mañana, al presidente Barak Obama en una conferencia en directo hablando de los problemas de los migrantes y señalando que los Estados Unidos de Norteamérica no podrían sobrevivir sin el aporte que dan los más de diez millones de migrantes que hacen en Estados Unidos el trabajo que ya los norteamericanos no quieren hacer.
Así que esto es un problema integral y tenemos que verlo de esa manera, y yo creo que estaríamos dándole un mensaje muy importante al país, si hoy día aquí hacemos un alto y decimos que este permiso no procede, primero, porque está mal planteado y porque no se ajusta para nada a lo que establece este convenio.
Además, logramos investigar, de ayer para hoy, que ya desde hace algún tiempo el Servicio de Guardacostas no está ligado al sistema de transporte de los Estados Unidos, sino que es uno de los cinco ejércitos de ese país, pertenece al Ejército de los Estados Unidos en general, es un cuerpo militar, ya no está supeditado a lo que sería un ministerio o una secretaría de transporte, sino que está ligado al Ejército y, además, está bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, depende del Departamento de Estado y depende del Ministro o del señor Secretario de Defensa, y la guardia costera de los Estados Unidos mantiene dos funciones, dicen, en la misma página del Gobierno de los Estados Unidos, como fuerza militar y como fuerza de mantenimiento del orden. Y el artículo 14 de su Código establece que la guardia costera, tal como fue establecida el 28 de enero de 1915, debe ser, deben ser armadas de los Estados Unidos, deben ser parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, en todo momento, y además, se constata que la Guardia costera ha participado en operaciones de combate desde el año 1790, incluyendo la invasión y el genocidio en Iraq.
Así las cosas, me parece a mí muy importante que nosotros veamos esos datos, no por el permiso que hoy cocinará aquí el pacto LILI, sino por la necesidad de revisar también este convenio, de actualizarlo para conveniencia de ambos países y para conveniencia de la región.
Se dice también, en la página del Gobierno de los Estados Unidos, que los guardacostas de los Estados Unidos forman parte de la milicia de ese país, entonces, investigamos en el diccionario de la Real Academia Española, en el DRAE, qué significa milicia, y resulta que dice que la milicia es el arte de hacer la guerra y la disciplina de los soldados de ella, es el servicio o la profesión militar y, además, dice que son las tropas o la gente de guerra.
Tenemos entonces, me parece a mí, compañeras y compañeros, que aunque para nosotros como costarricenses se complica comprender la magnitud y la dimensión de lo que significan tantos buques y tantos barcos, y que muchos solo hayamos visto esos artefactos de muerte y exterminio a través de películas, cuando aquí se habla de helicópteros artillados, de portaaviones, cuando se habla de helicópteros black hawk, que los he visto en Internet y que son capaces de destruir la vida en segundos y desaparecer a un pueblo completo, me pregunto, ¿qué necesidad tenemos nosotros, como país, de exponernos ante la opinión publica de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas en momentos en que hay conflictos tan serios en nuestra región?
Hace un rato un compañero diputado del Partido Liberación Nacional, a quien quiero aprecio y me voy a reservar su nombre, me dijo en son de broma: “démosle permiso para que nos protejan de una invasión de Nicaragua y de Venezuela”, y bueno, es una broma, yo sé, pero en temas tan serios como este no se vale, no podemos hacer bromas y no podemos reírnos porque hay situaciones complicadas a nivel centroamericano: un golpe de Estado fascista en Honduras, que tiene a ese pueblo en vilo, que tiene a ese pueblo ahí escondido en las casas, con una pérdida sustantiva de la democracia, con desapariciones, con asesinatos de periodistas, con asesinatos de maestros, de sindicalistas, de ambientalistas, con una situación complicada en Nicaragua, con esta nueva situación que se da en Panamá con instalación de estas bases militares, con la instalación, además, de siete bases militares más en el territorio colombiano, y dicho sea de paso, estudiando hoy en la madrugada, documentos provenientes de los mismos Estados Unidos, se afirma que el mayor productor de la droga es esa Colombia ocupada por el ejército USA, y bueno, entonces donde hay más bases es poco lo que se ha controlado. ¿O será que no se quiere controlar y todo es una mampara para invadir Venezuela?
Así que me parece a mí que esto es muy delicado e importante, porque sin saber nada de asuntos militares he podido leer que este tipo de flotas sirven para que se desplacen fuerzas militares más numerosas por todo el hemisferio sin necesidad de perder tiempo para abastecerse, es decir, que pueden cumplir con operaciones militares muy rápido para invadir pueblos, no sé si Venezuela, no sé si Bolivia, Nicaragua o más allá del Cono Sur, y eso puede ser porque son fuentes reales las que consulto.
Entonces, además, cuando se habla de un barco hospital uno dice, ¿para qué un hospital?, un hospital de esas dimensiones para una supuesta visita de turismo según ellos, porque en otras violaciones de este tipo a nuestra soberanía, nos han dejado en hoteles, guaro y artesanías, algo más de 100 millones de colones. ¡Vamos a salir de pobres con tan fabuloso aporte al desarrollo!
Así que pienso, compañeras y compañeros diputados, señor Presidente y costarricenses que nos escuchan, que nos miran por la televisión, que aquí lo que deberíamos hacer nosotros es proceder como corresponde, a que revisemos este convenio y que lo actualicemos de acuerdo con la realidad actual, no solo de nuestro país, sino de América Latina y del mundo, suenan tambores de guerra por todo lado, se dice, y la prensa nos tiene informados acerca de que se desplazan barcos hacia Irán, que se recrudece el tono bélico de USA y de Israel. Hoy día escuché al presidente Barack Obama en directo, afirmando que su guerraa en Afganistán se recrudece y que se mandan más efectivos contra ese pueblo ubicado para su desgracia en la ruta del gas y de los hidrocarburos; aparte de las magníficas riquezas minerales de su subsuelo. ¡Cualquier parecido con el típico imperialismo yanqui es mera coincidencia!
Por lo tanto, me parece a mí que en ese contexto, nosotros lo que mejor podríamos hacer aquí como costarricenses es revisar este convenio y, además, pedirle al ministro Tijerino que venga a rendir cuentas, invitarlo cordialmente, para que venga aquí a este Parlamento y nos regale a nosotros un informe detallado de los resultados que han tenido otros operativos producto de este convenio, porque, bueno, si la prensa informa correctamente, nos damos cuenta que la mayoría de las incautaciones que aquí hay del producto del narcotráfico, se dan por tierra, y que lo que se incauta en el mar no es tan significativo.
Pero además, es muy importante tomar en cuenta que debiera ese informe incluir aspectos relevantes para nosotros como, por ejemplo, aparte de los resultados obtenidos en general, ¿cuánta droga se ha incautado?, ¿cuántos grupos organizados se han detectado?, ¿ cuántos carteles se han desarticulado?, ¿cuántos recursos se han incautado también en dólares, en materiales, en inmuebles?, ¿cuántos dólares provenientes del lavado se han recuperado? Además, es importante señalar cuál es el papel que juega este programa en relación con el mercado interno del consumo de la droga en Estados Unidos. Este país que hoy nos pide agacharnos para invadir y violar nuestra soberanía, bajo la complicidad del pacto LILI y del presidenta Laura Chinchilla, por medio de un convenio obsoleto y herrumbrado, debiera decirnos y demostrar que realmente está interesado en combatir el narcotráfico. Ellos son los mayores consumidores de drogas en este planeta, eso son, entonces, por qué son oscuridad de la casa y candil de la calle; por qué no arreglan sus desórdenes como nación y después salen a predicar con el ejemplo. ¿No será esto un artilugio para desviar la atención nuestra, y bajo esa lógica imperial, camuflar invasiones y preparativos de guerra contra las nuevas democracias latinoamericanas, bajo la artimaña del supuesto combate a las drogas? Con este ejeŕcito que nos invadirá se puede detener toda la droga que consumen los gringos allá en su país. Pareciera que aquella ingresa por internet.
Así que, compañeras y compañeros, con todo respeto a los compañeros y compañeras que tienen la gentileza y la educación de escucharnos aquí, en este Plenario, y a las compañeras y compañeros que están por aquí también y que de una u otra manera escuchan mientras comen, creo que lo más importante hoy es que nosotros devolvamos esta solicitud y comencemos a analizar estos aspectos de otra manera, relacionado con lo que yo he dicho aquí, en este contexto geopolítico nuevo, de acuerdo con el conocimiento que hoy día tenemos, y que no nos prestemos nosotros, como parlamento, para que por la ligera se dé, como se ha señalado, un cheque en blanco para que el día de mañana nosotros mismos estemos aquí lamentando que como pueblo nos expusimos ante el resto de pueblos de América Latina; para que, quien quita, no se vayan a cometer injusticias y que estemos regresando a la época de los cincuenta, de los golpes de estado en Centroamérica, cuando nuestros países eran consideradas “bananas republic”, y hoy día “pineapple” o repúblicas piñeras. ¡Esto no es un juego…no se trata del barquito de Popeye cargado de boy scout, ni de la lancha de Guilligan…se trata de un ejército armado hasta los dientes y hábido de sangre!
En el entendido de que la nueva administración de gobierno está trabajando en la reestructuración y mejoras a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y en razón de que en nuestro Grupo contamos con especialistas en el tema de la evaluación de impacto ambiental y que durante los últimos años hemos estado dando seguimiento sistemático a las gestión de esta entidad, deseamos hacer llegar algunas observaciones y comentarios que contribuyan al mejoramiento de la gestión de esa Secretaría Técnica:
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Además de los buques, con capacidad para transportar 200 helicópteros y aviones de guerra, tienen permiso de venir al país 7.000 marines estadounidenses que podrán transitar uniformados por el territorio nacional.
Los marines estadounidenses podrán entrar y salir del país a su antojo, lo que no implica que toda la fuerza bélica esté en un solo momento concentrada aquí.
La mayoría de las naves son fragatas y tienen una longitud de 135 metros, con capacidad para transportar dos helicópteros artillados SH-60 o HH-60B, o bien Black Hawck, además de 200 marines y 15 oficiales cada una.
También podrán arribar a aguas nacionales naves tipo catamarán, un buque hospital y vehículos de reconocimiento con capacidad para transportarse tanto por mar como por tierra.
Además, podrán ingresar a aguas nacionales naves como el USS Freedom, con capacidad para combatir a submarinos.
Condiciones. La petición del Gobierno estadounidense para que se autorizara la entrada de los marines a Costa Rica venía acompañada de una serie de condiciones que deberá cumplir el país para que los navíos vengan.
“El personal de los Estados Unidos en Costa Rica podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que considere necesarias en el desempeño de su misión”, señala la nota enviada al Ministerio de Seguridad por la embajada de los Estados Unidos el 2 de junio.
El permiso legislativo lo otorgaron los diputados del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), el Movimiento Libertario y el diputado evangélico del partido Renovación Costarricense, Justo Orozco.
El diputado verdiblanco Francisco Chacón defendió la llegada de los estadounidenses, aduciendo que darán apoyo humanitario, construirán escuelas y lucharán contra el narcotráfico.
Acción Ciudadana (PAC), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA) se opusieron alegando que la fuerza destructiva de los buques, helicópteros y marines es desproporcionada para el combate del narcotráfico.
El diputado del PUSC, Luis Fishman, señaló que la magnitud bélica violenta la soberanía del país. Igual criterio expresó la diputada del PAC Carmen Granados.
Son las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010, grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia, hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio. Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.
Un golpe de estado constitucional acaba de consolidarse en Puerto Rico . Tras un año de que el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP, partido que busca la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos), intentara y lograra exitosamente la toma de varias instituciones que sostienen el gobierno democrático de Puerto Rico, un ambiente de hostilidad seguido por temerarias acciones retadoras de la paz pública, han desembocado en acciones violentas y agresivas del actual gobierno, tanto contra los partidos de oposición, como del movimiento estudiantil organizado, los sindicatos, la prensa, así como de todos los sectores de la sociedad civil puertorriqueña. Esta toma del control constitucional procede de la Rama Legislativa bajo la autoridad del Senador Lcdo. Thomas Rivera Schatz, apoyada por el gobierno central bajo el mando del Secretario de la Gobernación, el Lcdo. Marcos Rodríguez Ema, con el obvio propósito de tener a su disposición y sin disputa, el control de todos los organismos rectores judiciales, universitarios, económicos y civiles. Ante este panorama, el actual Gobernador, Lcdo. Luis Fortuño, funciona sin voluntad, sin opinión y sin presencia ni responsabilidad pública.
Con el control del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, el pretendido control de los medios de comunicación, entre muchos otros, se atenta contra la genuina participación del pueblo puertorriqueño en todos los procesos democráticos protegidos por su Carta de Derechos.
Los incidentes comenzaron con el despido de más 20,000 empleados públicos con el pretexto de aliviar el gigantismo gubernamental y resolver el gravísimo déficit fiscal del país. Esta decisión ha provocado el caos económico, ha empeorado la prestación de servicios públicos y ha provocado la desesperanza en todas las familias puertorriqueñas. De la misma forma se instauró una grave persecución contra los institutos artísticos del país, estrangulando sus presupuestos y de esta manera evitar la propagación del arte como disidencia. Mientras el Gobierno favorecía con contratos de cantidades obscenas, a cientos de asesores, contratistas, y cabilderos asociados a su partido.
Continuaron los ataques con el nombramiento al Tribunal Supremo de cuatro Jueces afiliados y militantes al partido del poder logrando con ello la mayoría a favor del gobierno de todas las decisiones que por votación individual se hicieran en ese foro. Luego continuó con la eliminación y represión de la participación estudiantil en los procesos universitarios, la supresión de derechos de exención de matricula de atletas, artistas, entre otros, mientras obligó a los estudiantes de los 11 recintos universitarios del estado a declarar una Huelga que duró 60 días. Los estudiantes en Huelga lograron negociar a través de un tribunal de primera instancia, sin embargo, los referidos compromisos fueron invalidados por el Secretario de la Gobernación quien dijo que los acuerdos “no valen el papel en que están escritos”.
Este hecho precedió a la acción del gobierno central y del Senado de proponer un proyecto de Ley, aprobado en cuestión de horas, para aumentar cuatro miembros más a la Junta de Síndicos. Dichos miembros son incondicionales del partido en el poder. Los estudiantes universitarios de la universidad del estado, cuya vasta mayoría dependen de la beca de estudios federal, se enfrentan a una cuota anual recurrente de $800 dólares. Cuota que no pueden pagar y que se negarán a pagar obligados nuevamente a la consecuente Huelga. De esta manera, la administración central de la UPR arriesga la acreditación de la Universidad y podrá privatizar sus activos. En esta misma dirección, el Gobierno de Puerto Rico venderá los terrenos donde se ubica la zona del llamado “Karso” del Noroeste, que recoge un tercio de los abastos de agua de todo el país, para entregarlo a manos privadas que construirán un expreso de peaje sobre la referida zona, rica ecológicamente.
Pasando por alto muchos otros acontecimientos, el Presupuesto del país fue aprobado, junto con innumerables leyes que favorecen la privatización, la descolegiación profesional, así como la repartición de fondos públicos a manos privadas sin tomar en cuenta las necesarias y obligadas vistas públicas de participación ciudadana, y apagando los micrófonos de las bancas del Partido de Oposición de manera despótica.
Los incidentes lograron un punto climático cuando esta pasada semana, el FBI (Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos) arresta por cargos de soborno, venta de influencias y otros a un senador del PNP, el senador Héctor Martínez, mano derecha del Senador Rivera Schatz. Una pugna pública salta a las noticias entre Rivera Schatz y este cuerpo federal castrense, en defensa de la supuesta inocencia del senador Martínez, quien ha sido asociado al narcotráfico y quien fuera grabado en medio de su acto de soborno. Como último de los muchos incidentes de violencia y temeridad del Presidente Senatorial, se censuró mediante la fuerza la entrada de los periodistas a las sesiones del Senado, privando al pueblo puertorriqueño de la discusión que se realizó sobre el presupuesto del país. Los incidentes llegaron a la violencia verbal y física entre senadores, y han elevado la indignación del país a un punto insostenible de ansiedad y rabia.
El Lcdo. Thomas Rivera Schatz ha tomado virtual control del país con sus actitudes tiránicas y fascistas, y no se descarta que desde sus mismas gradas se inicien esta semana procesos de persecución y violencia contra otros sectores del país, apoyados por el Secretario de la Gobernación de Puerto Rico .
Son las 5:00 de la tarde del día 30 de junio de 2010, grupos de estudiantes, profesores y ciudadanos pidieron entrada a la Casa de las Leyes y fueron golpeados y torturados por la Polícia, hay numerosos heridos, mientras se moviliza la Guardia Nacional hacia el Capitolio. Choques violentos se esparcen por toda la zona del Parlamento y las represiones continúan.
Este control de facto del poder político en la Nación Puertorriqueña viola todos los más elementales principios de la democracia y del gobierno participativo, por lo que enteramos al mundo de la actual situación de violencia contenida que existe en nuestro pueblo y que está a punto de estallar contra estos dos políticos que han tomado por asalto el poder del país. Aún cuando en Puerto Rico no existen las condiciones para un levantamiento armado popular por la obvia desigualdad de las fuerzas en pugna, una revolución de afirmación cultural y estudiantil comienza a tomar las calles y a rescatar los espacios robados por los autores de este golpe.
Exhortamos a todos los medios de comunicación del mundo a que den noticia de la actual situación de la Nación Puertorriqueña y solicitamos por ende su completa solidaridad.
Redactado por Roberto Ramos-Perea, dramaturgo puertorriqueño. (Con la activa colaboración, comentarios y apoyo de más de un centenar de ciudadanos puertorriqueños.)
______ ENGLISH TEXT
URGENT. URGENT.URGENT.
IMPORTANTNEWS TO DIVULGETROUGHOUTTHEWORLD. EXPLOSIVEPOLITICALSITUATION IN PUERTORICO
It is 5:00 of the evening of June 30, 2010, groups of students, teachers and citizens asked for entry to the House of the Laws and they were struck and tortured by the Police, there are numerous injured people, while the National Guard is mobilized towards the Capitol Hill. Violent shocks scatter for the whole zone of the Parliament and the repressions continue.
A constitutional coup has just been established in Puerto Rico . After a year in which the present time government under the New Progressive Party (Partido Nuevo Progresista, that attempts to join the Island to the United States trough statehood) tried to and succeeded taking over many institutions that form the base of the democratic government of Puerto Rico, an atmosphere of hostility followed by many reckless actions that threaten public peace had climaxed in violent and aggressive actions of this government against the parties of the opposition, the organized student movement, the labor unions, the press, the environment, as against every area and institution of Puerto Rico’s civil society.
This constitutional coup springs from the Legislative branch of the government under the command of Senator Thomas Rivera Schatz, endorsed by the central government, under the dominance of the Secretary Governor, counselor Marcos Rodríguez Ema, with the obvious intent of having under their grasp and without opposition full control of every agency and organization that rule the judiciary, academic, economic and civil societies. Before this scenario, Governor Luis Fortuño operates without volition, has no opinion, appearance nor public responsibility.
With the complete control of the High Court of Puerto Rico, the University of Puerto Rico Board of trustees, and the alleged control of the news media, among many others, the genuine participation of the People of Puerto Rico in all democratic processes protected by our Constitution is jeopardized.
The events started (trough the rush approval of Law 7 by the Legislature) with more than 20,000 public employee lay-offs, with the allegation that this would alleviate the gigantism of the government and would find the solution of the serious public deficit, that has never been properly evidenced. This decision has caused economical chaos, public services are worse than ever and it has generated despair and gloominess in every Puertorrican family. In this same guise there exists a serious persecution against all artistic institutions of the country, strangling their budgets, trying with this actions to avoid the propagation of art as dissidence. This, while the government favors contracts of obscene sums with hundreds of advisors, contractors and lobbyists associated with their own political party.
The attacks continued in the form of the appointment to the High Court of four Judges with a well known affiliation with, and militancy for the governing political party, achieving a majority of votes in favor of the actual government on all decisions made in this Forum, on individual basis. The government went on repressing and eliminating student participation on the procedures of the State University, suppressing tuition exemption rights for outstanding athletes and artists, among others; forcing the students from all eleven campuses of the University of Puerto Rico to declare a strike that lasted 60 days, generating ample support from the people of Puerto Rico and around the world.
The students on strike were successful on their achieving their demands trough negotiations that involved a First Instance Court and an appointed negotiator; however, these accords were are trying to be invalidated by Secretary of government Rodríguez Ema who said that these accords “are not worth the paper in which they were written”
This event preceded the Central government’s action of proposing a hasty law, that was signed with no revision within hours, adding four additional members to the Board of trustees of the University of Puerto Rico. These additions to the Board are unconditional members of the governing political party The students of the State university, who on a great majority depend in Federal grants, now face an annual recurring fee of $800.00, fee they will not be able to pay and that they will not pay, forcing the students to return to their strike. With this strategy, the Central government risk the accreditation of the State University and as a consequence, the government would be able to privatize it’s assets.
Following this same direction, the government of Puerto Rico will attempt to sell and to divide for speculation a strip of land where stands the Karst formation, on the northwest of the Island . This area collects one third of our water supplies for the entire population; nonetheless, the government intends to put this area into private hands that would build a toll expressway over this zone that is rich ecologically and economically.
Passing up many other events, the budget of Puerto Rico was approved, together with countless laws which favor privatization, the dissolving of professional associations and the distribution of public funds into private hands, without the pertaining and compulsory hearings of public participation, reaching the extreme of turning off the microphones of the opposing political party members, in a despotic fashion.
The events climaxed last week when the FBI in Puerto Rico arrested Senator Héctor Martínez, NPP, on charges of bribe, the selling of influences and other charges. Martinez is Senator’s Rivera Schatz right hand on the Senate. A public squabble reached the news between the Senator and the FBI, with the Seantor fending the alleged innocence of Senator Martínez,, who has been directly associated with drug traffic and who was filmed while committing bribery.
Then, last in his many violent and reckless acts, the president of the Senate, Rivera Schatz, using force and a real padlock, censored the access of the cameras and the news media to the Senate sessions, depriving the People of Puerto Rico of direct information about the discussions and voting sessions that were taking place about this year’s budget and other matter). The events resulted in verbal and physical violence between senators, rising indignation between the people to a point of and almost unsustainable state of outrage and wrath.
Counselor Rivera Schatz has taken virtual control of the country with his tyrannical and fascist ways; and it cannot be discarded that from these same seats, this same week, acts of persecution and acts of violence will be started against other sectors of the People, all approved by the Secretary Governor of Puerto Rico.
It is 5:00 of the evening of June 30, 2010, groups of students, teachers and citizens asked for entry to the House of the Laws and they were struck and tortured by the Police, there are numerous injured people, while the National Guard is mobilized towards the Capitol Hill. Violent shocks scatter for the whole zone of the Parliament and the repressions continue.
This factual deed of control of the political power from within the Puertorrican Nation violates all elementary principles of democracy and of participation of the People in the government, for which we proclaim to the World the actual situation of contained violence that exists in our People and that is about to explode against these two politicians that had taken by assault the power in our Country. Even though in Puerto Rico there are no conditions for an armed struggle of the People because of the obvious disparity of the opposing sides, a revolution of cultural and of student affirmation is starting to take the streets and to retrieve the spaces stolen away by the originators of this coup.
We exhortat all communications media of the World to divulge and expose the current situation of the Puertorrican Nation and we ask of you, therefore, your total solidarity.
Composed by Roberto Ramos-Perea, Puertorrican Playwriter (With the active collaboration, comments and support of more than a hundred Puertorrican citizens.) __________________________________________________________ Editorial Periódico Claridad
Puerto Rico entero presenció el miércoles cómo continúa y arrecia la violencia planificada y los atropellos del gobierno de Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista (PNP) contra el resto del País que no forma parte de su claque favorecida.
Al cierre de la sesión legislativa donde se debía aprobar el presupuesto gubernamental, el espectáculo surreal de la Fuerza de Choque de la Policía, acuartelada en el Capitolio con órdenes de esperar y reprimir una anunciada protesta estudiantil, bien puede ser la gota que desborde la copa de la paciencia de todo un pueblo. Los estudiantes llegaron hasta allí para expresar su repudio a las restricciones impuestas por el Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a la libertad de prensa y al derecho de los ciudadanos a presenciar los procesos legislativos.
El uso de la violencia por la Policía fue una acción planificada. El propio Superintendente, José Figueroa Sancha, confirmó a la prensa que fue él quien decidió acuartelar la Fuerza de Choque en el Capitolio tras enterarse de que los estudiantes llevarían a cabo una protesta allí. También confirmó a los periodistas que él ordenó el desalojo de los estudiantes frente al Capitolio y en la plazoleta que desató la violencia y el caos que presenció todo el País. Las escenas de horror, semejantes a las que ocurren en países gobernados por dictaduras fascistas, coparon todos los noticiarios del país y ya circulan internacionalmente. Estudiantes desarmados frente a policías enardecidos, que la emprendieron contra ellos y todos los que allí estaban, incluidos los periodistas, con macanazos, empujones, caballos de la unidad montada, gas pimienta y gases lacrimógenos. Se sabe que hay muchos estudiantes lesionados, pero ni uno solo de los policías agresores resultó herido.
éste tampoco fue un incidente aislado. Desde hace varias semanas, la tensión social crece, cristalizando el malestar del pueblo afectado por un gobierno que no le responde adecuadamente. Puerto Rico enfrenta su peor situación económica en décadas y las medidas adoptadas por la administración de Luis Fortuño, con el despido de decenas de miles de empleados públicos, los recortes drásticos en servicios a la ciudadanía, el creciente deterioro de los indicadores económicos y sociales, y su actitud arrogante, insensible y de “oídos sordos” ante las quejas y reclamos de la gente, han convertido a nuestro país en un hervidero a punto de estallar. La recién terminada huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico contribuyó a profundizar el malestar general contra una administración que no entiende ni valora la universidad pública, como no entiende ni valora nada de lo que nos da cohesión como puertorriqueños. Además, la nefasta actuación de la Policía durante la huelga en más de una ocasión desembocó en violencia, como ocurrió en el notorio incidente de violencia policial ocurrido en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones. Por último, la arbitraria e inconstitucional decisión del Presidente del Senado de prohibir la entrada y cobertura de la prensa en las vistas legislativas de presupuesto unió en repudio unánime a todas las organizaciones de prensa y provocó la presentación de varios recursos legales donde se le solicita al Tribunal que proteja el derecho del pueblo a estar informado de los asuntos que le atañen.
Los hechos de violencia ocurridos en el Capitolio rebasan los límites de lo que es permisible al aparato policial. Darle mano libre a la Policía, en una situación como ésta, y condonar el uso de la violencia indiscriminada y las violaciones a los derechos civiles de los ciudadanos, es abrir las compuertas a la tragedia. Así nos lo enseña nuestra historia.
Como ha sido su costumbre en estos casos, el gobernador Luis Fortuño guarda silencio y esconde la cara. Pero él es el Gobernador y todo el pueblo de Puerto Rico vio lo que pasó. Por eso, sin contemplaciones le exigimos que desautorice públicamente el uso de la violencia policial contra manifestantes pacíficos. Además, debe despedir a su destemplado Superintendente de la Policía, quien ha demostrado que no tiene lo mínimo necesario para ocupar dicho cargo y que desde antes de ocupar esa posición, dio muestras de que sólo sabe recurrir a la violencia como forma de enfrentar la disidencia y las protestas.
El Gobernador tiene que responder y no puede seguir escondiéndose.
De paso, el presidente aprovechó para en ocho minutos, ratificar su credo y defender ciertos fundamentos de la doctrina liberal, según el cual los militares que disponen de la fuerza de las armas, no cuentan con el poder para decidir dónde y cuándo utilizarlas, cosa que corresponde a las autoridades electas. “No se trata de una ofensa personal —señaló Obama—, sino de creer en las instituciones…”
Veterano de la Primera Guerra Mundial, MacArthur se cubrió de gloria al frente de las tropas aliadas en el Pacifico, estaba al mando cuando se ordenó el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki y el 29 de agosto de 1945, a bordo del acorazo US Missouri, firmó las actas de capitulación de Japón. Concluida la guerra fue nombrado Comandante Supremo Aliado en Japón y desde ese cargo dirigió la ocupación e inició la recuperación y la democratización de aquel país.
Cuando el 27 de junio de 1950, dos días después de iniciada la Guerra de Corea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó una resolución de condena a Corea del Norte y la formación de una fuerza de restablecimiento de la paz, integrada casi exclusivamente por el VIII Ejército de los Estados Unidos, Douglas MacArthur recibió el mando y la encomienda de conducir la guerra.
A partir de sus experiencias en la lucha en el Pacifico, basada en operaciones de desembarco con apoyo aéreo y naval, MacArthur desplazó rápidamente varias divisiones desde Japón y mientras contenía a las tropas de Corea del Norte que habían tomado Seúl y penetrado profundamente en Corea del Sur, desembarcó tropas en la retaguardia, empujándolos hacía sus puntos de partida; explotando el éxito, cruzó la frontera formada por el paralelo 38 y, y avanzó hacia los límites con China.
La recién proclamada República Popular China que entonces no estaba reconocida por los Estados Unidos ni por sus aliados occidentales ni era miembro de la ONU y su puesto en el Consejo de Seguridad era usurpado por Taiwán, había advertido que en el momento en que las tropas norteamericanas salieran al río Yalu, entraría en la guerra. De ese modo el conflicto podía implicar a la Unión Soviética que ya contaba con armas atómicas.
Tal como había declarado, cuando las avanzadas norteamericanas salieron al río Yalu que forma parte de la frontera entre China y Corea del Norte, encontraron allí la resistencia de voluminosos contingentes chinos que, junto a las tropas norcoreanas detuvieron el avance, pasaron a la ofensiva e hicieron retroceder a los efectivos de MacArthur hasta más allá de Seúl.
En ese contexto, cuando el VIII ejército estadounidense fuertemente reforzado retomó la ofensiva, obligando a retroceder a las topas de Corea del Norte y a los voluntarios chinos, el presidente Harry Truman, para evitar que el conflicto implicar directamente a China y la Unión Soviética, ordenó a su comandante limitarse a restablecerla frontera ubicada en el paralelo 38. La decisión disgustó a MacArthur que incluso había solicitado autorización para utilizar bombas atómicas contra China.
Ante la negativa de Truman el veterano general acudió a la prensa para criticar públicamente la política trazada por la Casa Blanca, llegando a señalar que las debilidades políticas podían entregar Asia al comunismo. Al no reaccionar a los llamados de atención y a la indicación de que cesara tales declaraciones, MacArthur fue destituido y pasado a retiro.
La destitución de MacArthur, manipulada por los partidarios del anticomunismo más furibundo que empujaban a la administración hacía la confrontación con la Unión Soviética a la que soñaban con destruir aprovechando la superioridad nuclear, hicieron a Truman el más impopular de los presidentes norteamericanos y convirtieron a MacArthur en una celebridad, que trató de aprovechar la coyuntura para dedicarse a la política y convertirse en presidente, cometido en el que fracasó.
Sin los meritos ni la popularidad de MacArthur, el general Stanley McChrystal, al mando de las tropas norteamericanas en Afganistán, sin razones conocidas que lo motivaran; además de no ganar la guerra que era su tarea, se permitió y permitió a su Estado Mayor, emitir criterios acerca de la conducción de la política norteamericana por parte del presidente. Una entrevista concedida a la revista Rolling Stones, hizo a Obama tomar la difícil decisión de cambiar de caballo a mitad del río.
Tal vez el general McChrystal que no podía ignorar las consecuencias de su indisciplina haya optado por una retirada táctica, prefiera no insistir en una guerra que tal vez no pueda ser ganada y se reserve para empeños políticos mayores. Si bien la destitución del mando en campaña no es entre los militares un merito, el uniformado puede haber calculado que confrontar y tratar de ridiculizar a una administración liberal, es rentable de cara la búsqueda por la derecha republicana de una figura política reciclable.
No obstante, sin un pasado heroico de MacArthur y con techo de vidrio por haber encabezado el Comando de Operaciones Especiales, a cargo del trabajo sucio en el Pentágono, el futuro político del general cesante no parece exactamente prometedor.
La activista del COPINH fue apresada ayer y ya esta libre. El encarcelamiento de ella y otro integrante del COPINH son un claro mensaje de las autoridades a la combativa organización. La destacada activista popular fue detenida arbitrariamente por la Policía en un operativo de tránsito, donde pidió explicaciones por su detención y recibió como respuesta “porque yo quiero, yo soy la autoridad”.
El compañero Roman Castro, también integrante del COPINH, fue detenido por ingerir alcohol y portar un arma (su machete de trabajo). Tanto Roman como Berta fueron liberados horas después y frente a grandes presiones.
Ambas detenciones demuestran los peligros constantes que enfrenta el COPINH, especialmente siendo un día antes de cumplirse un año del Golpe de Estado para lo cual se han programado diversas acciones en Honduras y toda América Latina.
Código Sur se solidariza con COPINH, organización amiga con quienes venimos trabajando en la construcción de otro mundo posible. _______________________________________________________
ALAIAMLATINA,25/06/2010.- La creciente militarización de la política de Estados Unidos hacia la región está lejos de ser un mal paso: es la consecuencia del desgaste de las estrategias que le garantizaron al hegemonía en América Latina, sumadas al declive de su papel de superpotencia y la aparición de serios competidores. En adelante, se repetirán situaciones similares a la de Honduras.
“Obama es una continuación de Bush, igual que Bush fue una continuación de Clinton, y Clinton de Bush padre. La política exterior y la política imperial estadounidense es continua”, asegura Tariq Ali (Diagonal, 20-VI-10). El intelectual paquistaní estima que existe una decadencia económica de la superpotencia, pero en absoluto política ya que cuenta con la mayor fuerza militar del mundo. “Usa su fuerza militar para dominar el mundo y nadie en este momento puede amenazar ese poderío militar. No hay ninguna evidencia que demuestre que están perdiendo su poder”, concluye.
“América Latina ha dejado de ser el patio trasero. Hemos remodelado la casa, así que el patio está muy revaluado”, dijo Marco Aurelio García, Asesor Especial en Política Externa del presidente Luiz Inacio Lula da Silva en un reciente encuentro convocado por la Fundación Friedrich Ebert en Berlín (Deutsche Welle, 18-VI-10). Al contrario que Ali, García enfatiza el cambio por encima de las continuidades: “Doce países de la región con quienes compartimos fronteras y otros con los que tenemos una amistad sin límites creen, al igual que nosotros, que hay un gran cambio en la situación mundial. Nos encontramos ahora ante un mundo multipolar y queremos tener un lugar en él”.
Una parte importante de las izquierdas y el progresismo piensan como el historiador paquistaní. Otros tantos lo hacen como los dirigentes brasileños. Análisis contradictorios, pero anclados en la misma realidad, tan contradictoria que, en un período de cambios y turbulencias profundas, tiende a generar visiones contrapuestas incluso entre quienes comparten objetivos comunes.
Definir prioridades
A la hora de considerar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina esas divergencias de análisis son también importantes. Una de las preguntas clave es qué tan importante es el continente latinoamericano en la estrategia de Washington. Muchos análisis sostienen que la superpotencia está tan ocupada por las dos guerras que libra (Irak y Afganistán), con su ofensiva contra Irán y por las crecientes desavenencias entre sus aliados, que no tiene capacidad para ocuparse del “patio trasero”.
Entre los graves problemas globales que enfrenta, tal vez el más acuciante sea Afganistán. Un conflicto que no puede ganar y que amenaza con quebrar el frente interno. Un buen ejemplo es lo sucedido estos días con el general Stanley McChrystal, el máximo responsable militar de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán, quien fue forzado a renunciar por un artículo en la revista Rolling Stone donde vierte fuertes críticas al gobierno de Barack Obama. El artículo “retrata la división entre el estamento militar y los asesores de Obama, en un momento delicado para el Pentágono, que se enfrenta a las críticas por su estrategia para intentar dar un giro a la guerra afgana” (El País, 22-VI-10). Otros análisis, como el del portal estratégico europeo Dedefensa, estiman que un año después de haber sido nombrado McChrystal para darle un giro victorioso al conflicto, “la guerra en Afganistán se desintegra, se disuelve” (Dedefensa.com, 21-VI-10).
Los problemas internos que debe afrontar Obama son igualmente graves. El último informe del Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP), vuelve a insistir en que la crisis sistémica ha ingresado en la fase de “desarticulación geopolítica” que conduce a la “descomposición estratégica, financiera, económica y social” del sistema internacional (Leap 2020, 17-VI-10). El país más afectado es Estados Unidos que fracasó al pretender establecer, hace sólo un año, al G-20 como el núcleo de una nueva gobernanza global en sustitución del alicaído G-7, lo que torna imposible que los principales países puedan afrontar de modo unificado las dificultades presentes. Prueba de ello son las posiciones en liza frente a Irán.
Entre los graves problemas internos, figuran: el derrame de petróleo en el Golfo de México, que no pocos estiman tiene un impacto similar a los atentados del 11 de setiembre, niveles de desocupación que en algunas ciudades bordean el 40 por ciento, déficits que amenazan a las administraciones locales y estados con la cesación de pagos, deuda pública equivalente al 90 por ciento del PIB, recortes de servicios sociales y otras situaciones inimaginables años atrás. “En muchas localidades no hay recolección frecuente de la basura domiciliaria (o se debe pagar más impuestos), perdieron un día de distribución del correo, disminuyó la protección por falta de policías, deben hacer colas interminables frente a las ventanillas de las administraciones como consecuencia del despido de funcionarios, sus hijos tienen menos profesores en las escueles, las que a su vez brindan menos servicios”, señala el informe. Washington y todo el mundo desarrollado están abocados a una era de austeridad.
Frente a este panorama, preguntarse por el papel de América Latina en la estrategia estadounidense no es ocioso. Empezando por México, país que viene perdiendo la guerra contra el narcotráfico, como lo vienen reconociendo sus autoridades. Convivir con un “Estado fallido”, o en riesgo de serlo, no es un panorama nada auspicioso. En la región se pueden establecer dos tendencias convergentes: una creciente militarización y polarización como forma de estirar el declive de Estados Unidos. Por diversas razones, que van más allá del declive económico y de los problemas internos, la tendencia a buscar atajos por la vía autoritaria cobra cada vez mayor fuerza bajo la presidencia de Obama, lo que la acerca a la de su predecesor.
Un año después de Honduras
A principios de junio el presidente Evo Morales aseguró que la agencia para el desarrollo de los Estados Unidos (USAID) está intentando desestabilizar su gobierno. En concreto, la acusó de infiltrarse en los movimientos sociales para provocar conflictos y amenazó con expulsarla del país (Bolpress, 16-VI-10). La periodista Eva Golinger cita un artículo de The Washington Post firmado por Jeremy Scahill, que asegura que la administración de Obama acaba de autorizar la expansión de la guerra secreta contra los enemigos de Washington: las “fuerzas especiales” se despliegan ahora en 75 países, cuando un año atrás estaban en 60, con 13 mil efectivos civiles y militares (Rebelión, 6-VI-10).
Según el mencionado artículo, un alto militar del Pentágono aseguró que Obama está permitiendo muchas acciones y operaciones que no fueron autorizadas durante el gobierno de George W Bush y que ahora hay más facilidades para las operaciones encubiertas. Este tipo de operaciones forma parte de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS por sus siglas en inglés) difundida por Obama el 27 de mayo. Este año la única novedad que incluye es la apelación al buen estado de la economía para mantener la supremacía global. Por lo demás, el texto de 52 páginas repite el compromiso del actual presidente de mantener la superioridad militar como punto neurálgico de su política exterior, lo que suena contradictorio con los intentos por recuperar la economía ya que supone aumentar el ya abultado presupuesto militar (Jim Lobe en IPS, 28-VI-10).
Estados Unidos enfrenta por lo menos cuatro problemas en la región para los cuales no tienen soluciones a corto plazo: el ascenso de Brasil al rango de potencia global, a caballo de la integración regional; la creciente presencia de China que teje acuerdos estratégicos con países clave; el fracaso de la guerra contra las drogas y la falta de alternativas; y la debilidad de su economía que ya no es gancho para tejer alianzas. En suma, los pilares sobre los que había descansado la hegemonía en la región están seriamente afectados.
“Después de la invasión china de África ahora es el turno de América Latina”, afirma O Estado de Sao Paulo (20-VI-10) a la hora de explicar que el país asiático ha prestado 50.000 millones de dólares a países de la región en el último año y medio. China está tejiendo acuerdos estratégicos dando prioridad a Brasil y Argentina que se han convertido en “importantes puntos de apoyo en América Latina” (Diario del Pueblo, 10-VI-10). Los mandos militares del Pentágono observan con gran preocupación la presencia china en el continente, pero no atinan a diseñar propuestas para contenerla.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos sobre la política de Washington hacia las drogas y la región desde la década de 1970, establece que “en América Latina y el Caribe el narcotráfico ya reemplazó a los conflictos políticos y regionales como la mayor fuente de violencia” (Contralínea, 20-VI-10). El fracaso del combate a las drogas tiene cifras impresionantes: entre 2003 y 2008 las muertes violentas en la región atribuidas al narcotráfico escalaron de 19,9 personas cada mil habitantes a 32,6. De ahí que, en opinión de los autores del trabajo publicado el 30 de abril, se pueden detectar “señales de un distanciamiento entre varios países de la región con la postura estadounidense y apelan a una revaluación de sus políticas antidrogas”.
Socios o competidores
El tercer problema es Brasil. Immanuel Wallerstein cree que Estados Unidos interpreta de modo equivocado la política exterior brasileña. En base a un informe del Consejo de Relaciones Exteriores, cercano a la Casa Blanca, sostiene que Washington le propone a Brasil “asociarse” en temas como el etanol para construir una relación más sólida. Para Estados Unidos, “Brasil debería actuar como una potencia regional, es decir, como un poder subimperial” para estabilizar la región, lo que supone incorporarse como “socio menor” de la superpotencia (La Jornada, 1-II-10). En los últimos meses se hizo evidente que Brasil va a jugar un papel independiente en el escenario global y, sobre todo, en el regional, ya que Brasilia no quiere actuar como disciplinador de la región sino como portavoz de un área cada vez más integrada y autónoma respecto al Norte.
El fracaso de su política antidrogas (que le permitió establecer sólidos lazos con las derechas de la región), el atractivo económico de China en desmedro de Washington y el ascenso de Brasil como potencia, dejaron a Estados Unidos sin política. O sea, sin la capacidad de mantener su hegemonía. De ahí que haya un progresivo deslizamiento hacia la dominación, o sea, coerción sin consentimiento. En los hechos, la administración demócrata está “fortaleciendo su fuerza nuclear y reforzándose con una devastadora ‘disuasión convencional’” (Asia Times, 5-V-10), escribe Jack A Smith, ex editor del semanario estadounidense The Guardian al comentar las últimas decisiones en materia de defensa.
Según el analista, ya no le es suficiente al Pentágono con la vieja doctrina de combatir dos guerras simultáneas, sino que está empeñado en hacer frente a “una multiplicidad de amenazas, incluyendo dos agresiones de Estados-nación”. Estima que “el Pentágono tiene previsto participar en numerosas guerras futuras interrumpidas por breves períodos de paz mientras se prepara para la próxima guerra”. El secretario de Defensa, Robert Gates, tiene muy presente el declive de su país, como toda la clase dirigente. Por eso un año atrás escribió en la prestigiosa revista Foreign Affairs (enero-febrero de 2009), que Estados Unidos tiene que invertir en todo aquello “que le garantice la dominación”. En buen romance, superioridad militar aplastante, no sólo nuclear, sino ahora sobre todo convencional.
Un año después del golpe de Estado en Honduras, cabe preguntarse si fue un hecho aislado o si inaugura un nuevo período, caracterizado por intervenciones blandas de Washington, a través de respetables instituciones o de agencias internacionales. Lo sucedido este año debería servir de ayudamemoria: masiva invasión militar en Haití; once nuevas bases militares a disposición en Colombia y Panamá; creciente intervención subvencionando una amplia gama de organizaciones, desde movimientos sociales hasta fundaciones y medios de comunicación. Existe una potente tendencia a la polarización, con tres focos decisivos: la región andina, el Caribe y la Amazonia.
En cada una de ellas existen diversos intereses que pasan siempre por el control de los hidrocarburos, los minerales y la biodiversidad. Pero hay algo más en juego, algo más decisivo aún que las riquezas materiales, que es la llave para conquistarlas: el control, a secas. La estrategia imperial pasa, por sobre todo, por impedir que surjan competidores del tipo que sean, estatales o no estatales. La lección de México debería hacernos reflexionar: en su empeño por no perder el control, las clases dominantes están a punto de destruir el Estado. Mantener el control en todo el mundo, o sea el poder de decisión, cuando se atraviesan graves dificultades y se está perdiendo el carácter de potencia hegemónica, es tarea harto compleja y tal vez imposible en el largo plazo. El recurso al autoritarismo es, en la mentalidad hegemónica en Estados Unidos, la mejor forma de estirar la agonía. Es cierto que la presidencia guerrista de George W. Bush no hizo más que acelerar el declive, pero una característica otoñal de la vida es la incapacidad de aprender, incluso de lo vivido en carne propia.
– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.
La ANEP cree en la importancia del rango constitucional para la Fiscalía General de la República; profundizando así su nivel de independencia político-profesional y jurídico-técnica con respecto a los estamentos superiores del Poder Judicial.
ANEP estima como grave error estratégico, como una involución en la correcta senda, hasta este momento transitada y pese a las controversias de estos días, de la independencia de gestión de la Fiscalía General de la República y de su máxima jerarquía
Sería gravísimo considerar que podríamos estar en presencia de “cobros políticos”, de “facturas políticas”, por los procesos abiertos contra connotadas figuras del sistema político tradicional que para nadie es un secreto, todavía guardan conexiones relevantes en las diferentes instancias tanto del poder formal como del poder real.
Se expone a continuación el texto completo de la carta entregada en este día a las máximas autoridades del Poder Judicial
Honorable señor Dr. Luis Paulino Mora Mora Magistrado Presidente Corte Suprema de Justicia
Honorables señoras y señoras
Licda. Milena Conejo Aguilar Dra. Lupita Chaves Cervantes Lic. Alejandro López McAdam Lic. Mario Mena Ayales Consejo Superior del Poder Judicial
Sus despachos
Asunto: La Fiscalía General de la República debe mantener, consolidar y ampliar su independencia por el bienestar de la salud moral y ética de la República
Estimados señores y estimadas señoras:
1. A nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cuya representación nos enorgullece ostentar, reciban vuestras dignas e ilustradas autoridades judiciales, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
2. Hemos considerado como una ineludible obligación cívica acudir ante ustedes para expresarles, siempre el marco del mayor respeto y consideración, nuestra opinión con relación a la temática abierta en algunos medios de comunicación colectiva, acerca de las relaciones entre la Fiscalía General de la República y las autoridades máximas del Poder Judicial de la República.
3. Estamos absolutamente convencidos de que, sino constituye ya de por sí el máximo pilar de un sistema democrático, la transparencia de la gestión de las autoridades designadas y/o electas para la conducción de la cosa pública, resulta vital para la preservación de la institucionalidad republicana y la misma convivencia democrática de la sociedad.
4. Esto resulta de alta sensibilidad, especialmente en circunstancias en que amplísimos segmentos ciudadanos han desarrollado un creciente sentimiento de desconfianza hacia la propia institucionalidad republicana; gran parte de lo cual tiene bases sólidas de sustentación, precisamente por los ejemplos de desafortunadas gestiones político-gubernamentales ocurridas en los últimos tiempos, en varios niveles de la acción institucional y, particularmente, el del Poder Ejecutivo del país.
5. De todo ello que concluyamos en el criterio acerca de la altísima envergadura estratégica que para la salud moral y ética de la República, tiene la acción independiente de la Fiscalía General de la República (y del Poder Judicial mismo), en este estado de situación.
6. Por otra parte, hemos estado presenciando con perplejidad, incredulidad, desazón y pesimismo, la sistemática penetración en nuestra otrora tranquila sociedad, del crimen organizado en sus más diversas manifestaciones, especialmente la que tiene que ver con el narcotráfico; situación ésta terriblemente alarmante que pareciera llevarnos al tristísimo destino de otras naciones latinoamericanas, hermanas de Costa Rica, las cuales ya están a las puertas de ser declaradas como “Estados fallidos”, o ya lo son completamente.
7. Precisamente, la combinación de esos perniciosos factores contra la democracia, como lo son la corrupción con la cosa pública, la intransparencia, la impunidad y la doble moral de los gobernantes, la ambición incontrolada por el enriquecimiento fácil y el desarrollo del crimen organizado y del tráfico internacional de drogas con efecto multiplicador en contra de la convivencia civilizada de los pueblos, han llevado a esas naciones a tal estado calamitoso.
8. Pese a tal desazón, a tal pesimismo, pensamos que Costa Rica tiene todavía oportunidades de librarse de tan terrorífico futuro y que acumulamos, como sociedad, reservas morales con sólida base, precisamente por una tradición e idiosincrasia peculiares que, sin chovinismos ni ridículas posturas nacionalistas, nos distinguieron como nación.
9. Que esas reservas morales acumuladas nos permitan librarnos de flagelos como los que ya carcomen la convivencia en varios “Estados fallidos” latinoamericanos, pasa por la preservación de diversos preceptos fundamentales de la institucionalidad republicana, que nos han mantenido integrados como sociedad, pese a las controversias de los últimos tiempos manifestadas en su seno, con altísimas temperaturas de polarización de las cuales hemos sido testigos.
10. Por otra parte resulta apropiado apuntarles que como organización sindical y sociopolítica de amplio reconocimiento ciudadano, la ANEP ha venido trabajando, en diversos momentos y circunstancias, propuestas de país teniendo siempre como máxima aspiración la construcción de una Costa Rica inclusiva y solidaria. Ahí han quedado constando procesos como la “Tercera República” y la propuesta “CRISOL” (precisamente, “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria”).
11. Con base en tal concepción de país, siempre hemos pensado en la majestad que para el logro de tal propósito implica, ir ampliando, consolidando, reformulando, resignificando, la importancia de la separación constitucional de poderes; y, dentro de ello, la importancia del rango constitucional para la Fiscalía General de la República; profundizando así su nivel de independencia político-profesional y jurídico-técnica con respecto a los estamentos superiores del Poder Judicial.
12. Es en función de tal marco conceptual que nos sentimos en la obligación de expresarles nuestra mayor preocupación ante lo que podemos catalogar (porque así lo estamos viendo y percibiendo), como un peligroso retroceso en la ruta que ya estaba abierta, de la necesaria independencia de la Fiscalía General de la República para manejarse a sí misma, sin más control que aquel signado por el de constitucionalidad y/o el jurisdiccional.
13. Restarle autoridad a la figura de la persona Fiscal General de la República, reducirle su ámbito de gestión, invisibilizarla, suplantar su criterio descalificándole, genera efectos contraproducentes para la misma institucionalidad republicana y para la imprescindible labor de saneamiento político que la misma requiere, como mecanismo de preservación del sistema democrático en cuanto tal.
14. Es altamente peligroso, además, interpretar que los episodios que están ocurriendo con relación al actual ocupante de tan estratégico cargo, ciudadano controversial pero de enorme respeto y credibilidad ante relevantes y amplios sectores de la opinión pública nacional; pudiera considerarse ya no solamente como un cambio estratégico-conceptual sobre el nivel de independencia de la Fiscalía General de la República; sino que, peor todavía, se sientan como “cobros políticos”, “facturas políticas”, por los procesos abiertos contra connotadas figuras del sistema político tradicional que para nadie es un secreto, todavía guardan conexiones relevantes en las diferentes instancias tanto del poder formal como del poder real.
15. Si ya son graves las dificultades que estamos teniendo como sociedad que quiere seguir viviendo en democracia, tanto por los problemas constatados de exclusión y de desintegración, como por los de corrupción, de intransparencia y de pérdida de credibilidad ciudadana en sus instituciones; involucionar y retroceder en materia de independencia de la Fiscalía General de la República con respecto a los órganos políticos decisorios del Poder Judicial, es un gravísimo error que golpeará la transparencia de tal poder, de por sí bastante controversial para importantes sectores político-sociales de nuestra ciudadanía, lesionando aún más su propia credibilidad sistémica.
16. Respetuosamente, les instamos, con la mayor vehemencia, a que no caigamos en el grave error estratégico de una involución en la correcta senda, hasta este momento transitada y pese a las controversias de estos días, de la independencia de gestión de la Fiscalía General de la República y de su máxima jerarquía.
17. Nuevamente, reciban sus ilustres autoridades judiciales de la República, el mayor respeto y consideración de nuestra parte.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
cc.: Honorables señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa. cc.: Honorables señores magistrados y señoras magistradas, Corte Plena, Poder Judicial. cc.: Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República. cc.: Honorables integrantes del personal de la Fiscalía General de la República. cc.: Compañeros y compañeras, Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). cc.: Organizaciones profesionales, gremiales y sindicales del Poder Judicial. cc.: Movimiento Sindical Costarricense. cc.: Organizaciones sociales y cívicas. cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP. cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP. cc.: Medios de comunicación colectiva. cc.: Archivo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
