El origen de las guerras

Fidel Castro Ruz, exPresidente de Cuba I

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Fidel Castro Ruz, exPresidente de Cuba II

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Fidel Castro Ruz, exPresidente de Cuba III

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Fidel Castro Ruz, exPresidente de Cuba IV

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Fidel Castro Ruz, exPresidente de Cuba V

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Fidel Castro Ruz, exPresidente de Cuba VI

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Fidel Castro Ruz, exPresidente de Cuba VII

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Fidel Castro Ruz, exPresidente de Cuba VIII y final

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Fidel Castro, exPresidente de Cuba.


*Fidel Castro, ex presidente de Cuba. (hundimiento de buque surcoreano) *
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TRANSMISION EN VIVO HOY (LUNES 12 JULIO)
La hora de Costa Rica es 8:30 p.m.
Algunos links:

Cubavisión Internacional

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Radio Habana Cuba

Radio Rebelde

TeleSur

Aunque algunas Televisoras de cable censuran la libertad de información y no transmiten (aunque se les exija) la señal de Cuba Visión y Tele Sur, en Costa Rica la señal de TeleSur y Cubavisión es posible sintonizarlas en algunos sistemas de cable, tal el caso de Amnet Digital y de TeleCable (Canales 97 y 98).
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En casi todas las guerras una de las partes desea evitarla, y a veces, las dos. En esta ocasión se produciría, aunque una de las partes no lo desea, como sucedió en las dos guerras mundiales en 1914 y 1939, con solo 25 años de distancia entre el primer estallido y el segundo.

Las matanzas fueron espantosas, no se habrían desatado sin errores previos de cálculos. Las dos defendían intereses imperialistas, y creían que obtendrían sus objetivos sin el costo terrible que implicó.

En el caso que nos ocupa; una de ellas defiende intereses nacionales, absolutamente justos. La otra, persigue propósitos bastardos y groseros intereses materiales.

Si se analizan todas las guerras que han tenido lugar a partir de la historia conocida de nuestra especie, una de ellas ha buscado esos objetivos.

Son absolutamente vanas las ilusiones de que, en esta ocasión, tales objetivos se alcanzarán sin la más terrible de todas las guerras.

En uno de los mejores artículos publicados por el sitio Web Global Research, el jueves 1º de julio, suscrito por Rick Rozoff, este emplea abundantes elementos de juicio que son inapelables sobre los propósitos de Estados Unidos, que toda persona bien informada debe conocer.

“… Se puede vencer si un adversario sabe que es vulnerable a un ataque instantáneo e indetectable, abrumador y devastador, sin la posibilidad de defenderse o de tomar represalias”, es lo que piensa Estados Unidos según el autor.

“… Un país que aspira a seguir siendo el único Estado en la historia que ejerce la dominación militar de espectro completo en la tierra, en el aire, en los mares y en el espacio.”

“Que mantiene y extiende bases militares y tropas, grupos de batalla de portaaviones y bombarderos estratégicos sobre y en casi cada latitud y longitud. Que lo hace con un presupuesto de guerra récord posterior a la Segunda Guerra Mundial de 708.000 millones de dólares para el próximo año.”

Fue “… el primer país que desarrolló y utilizó armas atómicas…”

“… EE.UU. conserva 1.550 ojivas nucleares desplegadas y 2.200 (según algunos cálculos 3.500) más almacenadas y una tríada de vehículos de lanzamiento terrestres, aéreos y submarinos.”

“El arsenal no nuclear utilizado para neutralizar y destruir las defensas aéreas y estratégicas, potencialmente todas las fuerzas militares importantes de otras naciones, consistirá en misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos adaptados a lanzamiento desde submarinos, misiles crucero y bombarderos hipersónicos, y bombarderos estratégicos “super-stealth” capaces de evitar la detección por radar y así evitar las defensas basadas en tierra y aire.”

Rozoff enumera las abundantes conferencias de prensa, reuniones y declaraciones en los últimos meses de los jefes del Estado Mayor Conjunto y los altos ejecutivos del gobierno de Estados Unidos.

Explica los compromisos con la OTAN, y la cooperación reforzada con los socios del Oriente Próximo, léase en primer lugar a Israel. Dice que: “EE.UU. también intensifica los programas de guerra espacial y cibernética con el potencial de paralizar los sistemas de vigilancia y comando militar, control, comunicaciones, informáticos y de inteligencia de otras naciones, llevándolas a la indefensión en todos los ámbitos, fuera del táctico más básico.”

Habla de la firma en Praga, el 8 de abril de este año, del nuevo Tratado START entre Rusia y Estados Unidos, que “‘… no contiene ninguna restricción sobre el potencial actual o planificado de ataque global inmediato convencional de EE.UU.’”

Refiere numerosas noticias en torno al tema, y grafica con un ejemplo anonadante los propósitos de Estados Unidos.

Señala que “… ‘El Departamento de Defensa explora actualmente toda la gama de tecnologías y sistemas para una capacidad de Ataque Global Inmediato Convencional que podría ofrecer al presidente opciones más verosímiles y técnicamente adecuadas para encarar amenazas nuevas y en desarrollo’.”

Sostengo el criterio de que ningún presidente, ni siquiera el más experto jefe militar, tendría un minuto para saber lo que debe hacerse si no estuviera ya programado en computadoras.

Rozoff, imperturbable, relata lo que afirma Global Security Network en un análisis titulado: “‘Coste de ensayar un misil estadounidense de ataque global podría llegar a 500 millones de dólares’” de Elaine Grossman.

“‘El gobierno de Obama ha solicitado 239.900 millones de dólares para investigación y desarrollo de ataque global inmediato por parte de los servicios militares en el año fiscal 2011… Si los niveles de financiamiento se mantienen como han sido anticipados en los próximos años, el Pentágono habrá gastado unos 2.000 millones de dólares en ataque global inmediato para fines del año fiscal 2015, según documentos presupuestarios presentados el mes pasado al Congreso’.”

“Un escenario horripilante comparable de los efectos de un ataque de PGS, este de la versión basada en el mar, apareció hace tres años en Popular Mechanics:

“‘En el Pacífico, emerge un submarino nuclear de la clase Ohio, listo para la orden de lanzamiento del presidente. Cuando llega la orden, el submarino dispara hacia el cielo un misil Trident II de 65 toneladas. Dentro de 2 minutos, el misil vuela a más de 22.000 kilómetros por hora. Por sobre los océanos y fuera de la atmósfera acelera durante miles de kilómetros.

“‘En la cúspide de su parábola, en el espacio, las cuatro ojivas del Trident se separan y comienzan su descenso hacia el planeta.

“‘Volando a 21.000 km/h, las ojivas van repletas de barras de tungsteno con el doble de la resistencia del acero.

“‘Sobre el objetivo, las ojivas detonan, haciendo llover sobre el área miles de barras —cada una con 12 veces la fuerza destructora de una bala de calibre .50. Todo lo que se encuentra dentro de 279 metros cuadrados de esa vertiginosa tormenta metálica es aniquilado.’”

De inmediato Rozoff explica la declaración el 7 de abril del presente año del jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas rusas, general Leonid Ivashov en una columna titulada “‘La sorpresa nuclear de Obama’.”

En el mismo hace referencia al discurso del Presidente de Estados Unidos el pasado año en Praga con las siguientes palabras: “‘La existencia de miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría’— y su firma del acuerdo START II en la misma ciudad el 8 de abril, el autor dijo:

“‘No se puede descubrir en la historia de EE.UU. durante el siglo pasado un solo ejemplo de servicio sacrificatorio de las elites estadounidenses para la humanidad o para los pueblos de otros países. ¿Sería realista esperar que la llegada de un presidente afro-estadounidense a la Casa Blanca cambie la filosofía política del país, orientada tradicionalmente a lograr la dominación global? Los que creen que algo semejante sea posible deberían tratar de comprender por qué EE.UU. —el país con un presupuesto militar mayor que los de todos los demás países del mundo en su conjunto— sigue gastando enormes sumas de dinero en preparativos para la guerra’.”

“… ‘El concepto de Ataque Global Inmediato prevé un ataque concentrado utilizando varios miles de armas convencionales de precisión en 2 a 4 horas que destruiría las infraestructuras críticas del país objetivo y así lo obligaría a capitular’.”

“‘El concepto del Ataque Global Inmediato tiene el propósito de asegurar el monopolio de EE.UU. en el campo militar y ampliar la brecha entre ese país y el resto del mundo. En combinación con el despliegue de defensa de misiles que supuestamente debería mantener a EE.UU. inmune contra ataques de represalias de Rusia y China, la iniciativa de Ataque Global Inmediato va a convertir a Washington en un dictador global de la era moderna’.”

“‘Esencialmente, la nueva doctrina nuclear de EE.UU. es un elemento de la nueva estrategia de seguridad de EE.UU. que sería descrita de modo más adecuado como la estrategia de impunidad total. EE.UU. aumenta su presupuesto militar, da rienda suelta a la OTAN como gendarme global, y planifica ejercicios en una situación real en Irán para probar la eficiencia en la práctica de la iniciativa de Ataque Global Inmediato. Al mismo tiempo, Washington habla de un mundo totalmente libre de armas nucleares’.”

En esencia, Obama pretende engañar al mundo hablando de una humanidad libre de armas nucleares, que serían sustituidas por otras sumamente destructivas, más idóneas para aterrorizar a los que dirigen a los Estados y lograr la nueva estrategia de impunidad total.

Los yankis creen que la rendición de Irán está ya próxima. Se espera que la Unión Europea informe un paquete de sanciones propias a firmar el 26 de julio.

El último encuentro del 5+1 se produjo el 2 de julio, después que el Presidente iraní Mahmud Ahmadineyad afirmara que “su país retornará a las conversaciones a fines de agosto con la participación de Brasil y Turquía”.

Un alto funcionario de la UE “advirtió que ni Brasil ni Turquía serán invitados a participar en las conversaciones, al menos no a esta altura”.

“El canciller iraní Manouchehr Mottaki, se declaraba a favor de desafiar las sanciones internacionales y continuar con el enriquecimiento de uranio”.

Desde el martes 5 de julio alegan, frente a la reiteración europea, de que promoverán medidas adicionales contra Irán, este ha respondido que hasta septiembre no negociará.

Cada día disminuyen más las posibilidades de sobrepasar el insalvable obstáculo.

Es tan evidente lo que va a ocurrir que se puede prever de forma casi exacta.

Por mi parte debo hacerme una autocrítica, cometí el error de afirmar en la Reflexión del 27 de junio que el jueves, viernes o a más tardar el sábado se desataría el conflicto. Era ya conocido que buques de guerra israelitas navegaban hacia ese objetivo junto a las fuerzas navales yankis. La orden de registro de los mercantes iraníes estaba ya dada.

No me di cuenta, sin embargo, que había un paso previo: la constancia de la negación del permiso para la inspección del mercante por parte de Irán. En el análisis del tortuoso lenguaje del Consejo de Seguridad, imponiendo sanciones contra ese país, no me percaté de ese detalle para que la orden de inspección adquiriera plena vigencia. Era lo único que faltaba.

El 8 de agosto se cumple el plazo de 60 días, dado por el Consejo de Seguridad el 9 de junio, para recibir la información sobre el cumplimiento de la Resolución.

Pero ocurría en realidad algo más lamentable. Yo trabajaba con el último material elaborado sobre el delicado tema por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y dicho documento, no contenía dos párrafos claves que eran los últimos de dicha resolución y expresan textualmente:

“Solicita que, en un plazo de 90 días, el Director General del OIEA presente a la Junta de Gobernadores del OIEA y, paralelamente, al Consejo de Seguridad, para su examen, un informe en que se indique si el Irán ha llevado a cabo la suspensión completa y sostenida de todas las actividades mencionadas en la resolución 1737 (2006), y si está aplicando todas las medidas exigidas por la Junta de Gobernadores del OIEA y cumpliendo las demás disposiciones de las resoluciones 1737, 1747, 1803 y de la presente resolución;

“Afirma que examinará las acciones del Irán a la luz del informe mencionado en el párrafo 36, que deberá presentarse en un plazo de 90 días, y que: a) suspenderá la aplicación de las medidas siempre que el Irán suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento, incluidas las de investigación y desarrollo, y mientras dure la suspensión, que verificará el OIEA, para permitir la celebración de negociaciones de buena fe a fin de llegar a un resultado pronto y mutuamente aceptable;

b) dejará de aplicar las medidas especificadas en los párrafos 3, 4, 5, 6, 7 y 12 de la resolución 1737, así como en los párrafos 2, 4, 5, 6 y 7 de la resolución 1747, en los párrafos 3, 5,7, 8, 9, 10 y 11 de la resolución 1803 y en los párrafos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 de la presente resolución, tan pronto como determine, tras recibir el informe mencionado en el párrafo anterior, que el Irán ha cumplido cabalmente sus obligaciones en virtud de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y los requisitos de la Junta de Gobernadores del OIEA, determinación que confirmará la propia Junta; y c) en caso de que en el informe se indique que el Irán no ha cumplido lo dispuesto en las resoluciones 1737, 1747, 1803 y en la presente resolución, adoptará, con arreglo al Artículo 41 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, otras medidas apropiadas para persuadir al Irán de que cumpla lo dispuesto en dichas resoluciones y los requisitos del OIEA, y subraya que deberán adoptarse otras decisiones si es necesario tomar tales medidas adicionales…”

Algún compañero del Ministerio, tras el trabajo agotador de muchas horas en la máquina sacando copias de todos los documentos, se durmió. Mi afán de buscar información e intercambiar puntos de vista sobre estos delicados temas, me permitió descubrir esta omisión.

Desde mi punto de vista, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han dicho su última palabra. Dos estados poderosos con autoridad y prestigio no ejercieron su derecho a vetar la pérfida resolución de la ONU.

Era la única posibilidad de ganar tiempo para buscar alguna fórmula para salvar la paz, objetivo que les habría proporcionado mayor autoridad para seguir luchando por ella.

Hoy todo pende de un tenue hilo.

Mi propósito principal fue advertir a la opinión pública internacional de lo que estaba ocurriendo.

Lo he logrado en parte observando lo que sucedía, como dirigente político que fui durante largos años enfrentando al imperio, sus bloqueos y sus incalificables crímenes. Mas, no lo hago por venganza.

No vacilo en correr los riesgos de comprometer mi modesta autoridad moral.

Seguiré escribiendo Reflexiones sobre el tema. Serán varias más después de esta para seguir profundizando en julio y agosto, salvo que ocurra algún incidente que ponga a funcionar las mortíferas armas que hoy se apuntan unas a otras.

He disfrutado mucho los partidos finales de la Copa Mundial de Fútbol y los partidos de voleibol, donde nuestro valiente equipo marcha a la cabeza de su grupo en la Liga Mundial de ese deporte.

Fidel Castro Ruz
Julio 11 de 2010
8 y 14 p.m.

(Tomado de CubaDebate)

Candidatura de José Serra: Impostura y golpe contra los trabajadores

El candidato José Serra (PSDB) se ha presentado como un benemérito de los trabajadores, divulgando inclusive que es el responsable por la creación del FAT (Fondo de Amparo al Trabajador) y por sacar del papel al Seguro-Desempleo. Serra no hizo ni una cosa ni la otra. Al contrario, tanto en el Congreso Nacional cuanto en el gobierno, su marca registrada fue actuar contra los trabajadores. Los hechos le sacan la máscara al candidato a presidente.
La verdad

Seguro-Desempleo – Fue creado por el decreto presidencial nº 2.284, de 10 de marzo de 1986, firmado por el presidente José Sarney. Su reglamentación ocurrió el 30 de abril de aquel año, a través del decreto nº 92.608, pasando a ser concedido inmediatamente a los trabajadores.

FAT Fue creado por el Proyecto de Ley nº 991, de 1988, del diputado Jorge Uequed (PMDB-RS). Un año después Serra presentó un proyecto sobre el FAT (nº 2.250/1989), que fue considerado perjudicado por la plenaria de la Cámara de los Diputados, en la sesión del 13 de diciembre de 1989, cuando el proyecto de Jorge Uequed ya había sido aprobado.

Asamblea Nacional Constituyente (1987/1988)
José Serra votó contra los trabajadores:

a) Serra no votó por la reducción de la jornada de trabajo para 40 horas semanales;
b) no votó por la garantía del aumento real del salario mínimo;
c) no votó por el abono de vacaciones de 1/3 del salario;
d) no votó para garantizar 30 días de aviso previo;
e) no votó por el aviso previo proporcional;
f) no votó por estabilidad para el dirigente sindical;
g) no votó por el derecho de huelga;
h) no votó por licencia paternidad;
i) no votó por la nacionalización de las reservas minerales.

Por eso, el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentar – DIAP, órgano de asesoría de los trabajadores, puso la nota 3,75 por el desempeño de Serra en la Constituyente.

Revisión Constitucional (1994) – Serra presentó la propuesta nº 16.643, que permitía la proliferación de varios sindicatos por empresa, tocándole al patrón decidir con cuál sindicato pretendía negociar. De acuerdo con esa propuesta, los sindicatos no serían más organizaciones de categorías, sino apenas de sus representados. El objetivo era obvio: dividir y debilitar a los trabajadores y propiciar el lucro fácil para las empresas. Los trabajadores han enfrentado y derrotado a los ataques de Serra contra su organización, garantizando la manutención de sus derechos previstos en el artigo 8º da Constitución.

Es por esas y otras que Serra, como gobernador de São Paulo, ha reprimido con gomazos y gás lacrimógeno a los profesores que estaban reivindicando mejores salarios; puso el pelotón de choque contra la manifestación de policías civiles que reivindicaban aumento de salario, el menor salario del Brasil en la categoría; bloqueó el salario de todos los servidores públicos del Estado de São Paulo.

Las Centrales Sindicales brasileñas están unidas alrededor del programa de desarrollo nacional aprobado en la Conferencia Nacional de la Clase Trabajadora, el 1º de junio, con más de 25 mil lideres sindicales, contra el retroceso y para garantizar la continuidad del proyecto que ha posibilitado un aumento real del salario mínimo de 54% en los últimos siete años, la creación de 12 millones de nuevos empleos con registro en la cartera profesional, que acabó con as privatizaciones, descubrió el pré-sal y ha sacado a más de 30 millones de brasileños de la miseria.

Central General de los Trabajadores del Brasil
Antonio Neto – Presidente

Central de los Trabajadores y Trabajadoras del Brasil
Wagner Gomes – Presidente

Central Única de los Trabajadores
Artur Henrique da Silva – Presidente

Fuerza Sindical
Miguel Torres – Presidente en ejercício

Nueva Central Sindical de los Trabajadores
José Calixto Ramos – Presidente

Panamá: ¡Llamamiento a huelga nacional!

Lea también:
¡Solidaridad internacional URGENTE!
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Albino Vargas Barrantes entrevista a Silvestre Díaz del sindicato panameño SUNTRACS

LA CLASE TRABAJADORA PANAMEÑA CLAMA POR NUESTRA SOLIDARIDAD

¡Alto a la represión brutal del régimen de Martinelli!

Denunciemos al mundo las graves violaciones a los Derechos Humanos que están ocurriendo en Panamá

¡Libertad para los dirigentes detenidos en forma arbitraria y dictatorial!

Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
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ALERTA, ALERTA, ALERTA.

NOS INFORMARON QUE EL REGIMEN REPRESIVO DE RICARDO MARTINELLI, ARRESTO EN SU DOMICILIO AL PROFESOR JUAN JOVANE, LIDER DE ULIP Y CASA.

ESTE ARRESTO BUSCA INTIMIDAR A LA DIRECCION DEL MOVIMIENTO POPULAR, Y RESTAR FUERZA Y APOYO A LA LUCHA QUE INICIARON LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO DE BOCAS DEL TORO.

AGRADECEMOS DIVULGAR, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PRESERVAR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DEL PROFESOR JOVANE.

NO AL REGIMEN REPRESIVO DE RICARDO MARTINELLI

COMUNICADO AL PAIS

1. CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES ORGANIZADOS Y UNIDAD DE LUCHA INTEGRAL DEL PUEBLO (CONATOULIP), preocupados por los acontecimientos dados en Bocas del Toro, con la represión para con los trabajadores y población en general hemos tenido la necesidad de solidarizarnos y realizar acciones que vayan dirigidas a la derogación de la Ley 30 del 16 de junio de 2010.

2. Rechazar la persecución sindical y al no permitir que los trabajadores realicen sus respectivas asambleas para definir nuestras acciones de lucha, exigir la liberación de los detenidos que se dieron en el Hotel Soloy de las organizaciones de CONYSI y FRENADESO.

3. Repudiar las acciones del Gobierno a través de la vocera de la presidencia Yudy Meana, por el comunicado al pretender suspender las garantías constitucionales en Panamá, al ordenar la detención preventiva de los dirigentes sindicales para evitar la huelga.

4. Convocar a TODOS LOS TRABAJADORES , TRABAJADORAS Y A LA POBLACION EN GENERAL PARA REALIZAR UNA HUELGA PRORROGABLES CON JORNADA DE LUCHA Y DESOBEDIENCIA LABORAL PARA QUE SE DEROGUE LA LEY 30 DEL 16 de junio de 2010, a partir de l martes 13 del 2010.

Dado en la ciudad de Panamá, 10 de Julio de 2010.

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Compañeros pido su solidaridad para que den a conocer lo siguiente:

El encuentro de Frenadeso en la mañana de hoy para debatir la situación nacional decidieron manifestarse pacíficamente hacia la asamblea de diputados los mismos fueron emboscados por mas de trescientos antimotines y apresaron a mas de 30 compañeros entre estos Priscila Vásquez presidenta de los trabajadores del seguro social, Virgilo Arauz dirigente del partido de los trabajadores panameños, Luis Gonzalez dirigente del SUNTRACS.

Los dirigentes Gabriel Castillo, el padre Conrado Sanjur entre otros los tienen cercados en el hotel donde se daba el encuentro y la policía esta llamándolos a que salgan para ser detenidos o entraran a sacarlos a la fuerza. Tenemos un informe extraoficial que dieron ordenes a la policía de encarcelar a toda la dirigencia sindical para impedir cualquier acción en contra de lo que está haciendo el gobierno en estos momentos.

El gobierno a través de un comunicado de la vocera de la presidencia ha suspendido las garantías constitucionales de Panamá y han girado orden de detención para toda la dirigencia sindical.

En la provincia de Bocas del Toro la policía por ordenes del gobierno están masacrando a toda la población no importa si hombres, mujeres y niños van cientos de heridos y detenidos, le están disparando bombas lacrimógenas, perdigones e incluso balas de fuego desde helicópteros, están sacando a la población, a los trabajadores de sus casas y a todo sospechoso de apoyar la lucha por la derogatoria de la ley 30, el respeto a la autonomía de las comarcas indígenas y los campesinos que están siendo sacados de sus tierras ancestrales están cometiendo toda clase de barbarie contra esta población.

Compañeros divulguen la represión del gobierno de Panamá hacia los trabajadores, hacia el pueblo bocatoreño y la dirigencia sindical.

LA HUELGA VA EL MARTES 13 DE JULIO,CONVOCADA POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y POPULARES DE PANAMA.

Para el lunes 12 de julio se realizara UNA MARCHA QUE PARTIRA DE LA PLAZA PORRAS A LAS CUATRO DE LA TARDE.

EL LUNES TAMBIEN SE PRESENTARA UN PROYECTO DE LEY PARA DEROGAR LA LEY 30 POR TANTO DEBEMOS ESTAR EN LA ASAMBLEA DE DIPUTADOS PARA APOYAR ESTA PROPUESTA.

TODOS A MOVILIZAR A LOS TRABAJADORES PARA ESTAS ACCIONES

Panamá: ¡Solidaridad internacional URGENTE!


Albino Vargas Barrantes entrevista a Silvestre Díaz del sindicato panameño SUNTRACS
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10:00 p.m.

Se anuncia toque de queda en Bocas del Toro.

Dice Papadimitriu que la Policía tomará control de Bocas del toro.

9:45 p.m.

En Changuinola se suspendió la reunión. El pueblo sigue en las calles. Tiene el aeropuerto rodeado. En el Global Bank se reporta un incendio. Sigue la represión con balas.

9:30 p.m.

En comunicado dado a conocer en Conferecia de Prensa, FRENADESO expresó: “Llamamos al pueblo panameño a que, con el ejemplo y sacrificio del pueblo y los mártires de Bocas del Toro, resistamos en las calles hasta derogar la odiosa y repudiada Ley 30”.

9:30 p.m.

Pueblo bocatoreño pide presencia de la Cruz Roja y personal médico

9:30 p.m.

La Universidad de Panamá anuncia suspensión de actividades y clases a partir de mañana viernes 9 de julio hasta segunda orden.

9:00 p.m.

A esta hora los compañeros de FRENADESO Bocas del Toro informa que la Policía reprime con balas a manifestantes en el Puente de Changuinola.

8:30 p.m.

La Ministra de Trabajo Alma Cortés, que en su defensa a la Ley Chorizo, dijo que la Ley estaba por encima de las convenciones, se lava las manos y dice ahora, depués de los muertos y de los graves sucesos de hoy, según La Prensa:

“Los trabajadores están disgustados con la empresa porque no les consultaron si debían descontar o no la cuota sindical”, dijo.

“Por tal razón, agregó Cortés, estamos analizando el tema y enviamos un mensaje alto y claro a todas las empresas o industrias que tienen una convención colectiva: deben consultarle a los trabajadores si desean que se les suspenda o no la cuota sindical”.

8:00 p.m.

Tensa calma en Bocas del Toro, siguen negociaciones pero la población está enardecida.

7:30 p.m.

Mulino dijo que comoestadista Martinelli no debe viajar. Se equivoca, Martinelli no es estadista es un lumpen empresario dueño de supermercados y de otras cosas. Envuelto en mil y un escándalo.

“El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, le recomendó esta tarde al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que suspenda su viaje a Sudáfrica programado para mañana viernes, 9 de julio”.

“Mulino dijo que el Presidente es un estadista y como tal no consideraría salir del país en momentos en que existe un problema como el que se vive actualmente en Changuinola, Bocas del Toro”.

“Yo le recomendaría al mandatario que no se salga del país en medio de esta situación, indicó el ministro en Telemetro Reporta”.

Martinelli confirmó esta mañana que viajará a Sudáfrica para ver la final de la Copa del Mundo el próximo domingo. El Presidente dijo que “yo sí me voy para Sudáfrica y me voy con mi plata, en mi tiempo libre”.

7:00 p.m.

En Bocas del Toro, el Ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, se reúne con una Comisión de dirigentes sindicales en el sector del aeropuerto que se encuentra rodeado por manifestantes molestos. No hay avance en la negociaciones. El pueblo exige derogación de la Ley 30 (Chorizo) y la Ley Carcelazo. Además, inssisten en la presencia del propio Presidente para llegar a un acuerdo definitivo.

6:30 p.m.

SUNTRACS anuncia piqueteo en la Corte Suprema de Justicia, mañana viernes 9 de julio, a las 3:00 p.m., Justiocia para los asesinado hoy en Bocas del Toro, por la inmediata libertad de los presos políticos en Colón y Bocas del Toro, el cese de la persecución contra Saúl Méndez y demás dirigentes y respeto a los derechos laborales y derechos humanos.

4:00 p.m.

La Presidencia ha publicado un comunicado sobre la huelga que es una burla al pueblo. FRENADESO señala:

En un acto que constituye una burla al pueblo en comunicado dado a conocer esta tarde por la Presidencia, el Gobierno trata de rehuir su responsabilidad en los hechos al culpar a la empresa Bocas Fruit Company de incumplir la “la ley al retener salarios de los trabajadores y al no descontar la cuota obrero sindical”.

Todo el pueblo es testigo de la comparecencia de la Ministra de Trabajo, Alma Cortés, y del secretario Genera, Hernán García, señalando hasta el día de hoy todo lo contrario. Incluso acusaron a la dirigencia sindical de “sanguijuelas” que viven de la cuota sindical

Tuvieron que morir seis bocatoreños (hasta el momento), incluyendo 2 niños, desatarse una cruel represión con el saldo de heridos y detenidos, transcurrir una semana de huelga, para que el Gobierno de Martinelli reconociera lo que ya habían argumentando los trabajadores desde un inicio.

3:30 p.m.

Se reportan 6 muertos, incluido 2 menos, una mujer y tres hombres. Los hospitales no sde dan abastos. La situación indica que es peor que en el terremoto de los 90.

2:30 p.m.

A esta hora los compañeros de FRENADESO Bocas del Toro informan de 6 muertos (dos niños, una mujer y tres hombres), más de 100 heridos, decenas de detenidos. Los indígenas bajan de la montaña a solidarizarse con sus hermanos de lucha y resistir.

1:00 p.m.

A esta hora se reporta al menos un muerto, Antonio Smith, dirigente de las bananeras, y varios heridos de gravedad. La Policía a punta de balas reprime a los manifestantes que se defienden de la embestida. Se lanzan los ataques policiales contra las residencias mismas.

Antonio Smith, sería el primer mártir del Gobierno autoritario de Martinelli y de la brutalidad policial. Los Policías tienen hoy impunidad y licencia para matar gracias a la Ley 30 (Chorizo) impuesta por Martinelli, la cual el pueblo demanda su derogación.

La represión inició a eso de las 10 de la mañana. Fuerte contigente de antimotines proveniente de Panamá iniciaron la brutal represión.

Hay varios detenidos y un número plural de heridos, según nos reportan los compañeros de FRENADESO Bocas del Toro.

Se ha convocado un Consejo de Gabinete con carácter de urgencia. Se espera que adopten nuevas medidas represivas y de persecución, como las órdenes de arrestos que pesan sobre los dirigentes Genaro López y Saúl Méndez del SUNTRACS, CONUSI y FRENADESO. No se descarta la suspensión de las garantías fundamentales.

El Consejo de Gabinete se realiza antes del viaje que tiene para mañana Martinelli a Suráfrica a presenciar la final del Campeonato Mundial de Fútbol.

Se trata de otra salida cobarde de Martinelli, dejando al país con el “rancho ardiendo”. Es el viaje número 20 que hace en un año como Presidente. En medio del alto costo de la vida y del 7% impuesto que castiga los hogares humildes, Martinelli haciendo alarde de riqueza, dice que viaja con familiares y amigos con sus propios recursos, hoy en duda su legitimidad frente a las denuncias de que su cadena de supermercados, bancos y Fundación han podido ser usados para lavado dinero proveniente del narcotráfico. Dos primos, junto a otros copartidarios de Martinelli, están presos en México por este delito y su relación con los carteles de la droga.

La empedernida mitómana y Ministra de Trabajo, Alma Cortés, sin prueba alguna, acusó a la dirigencia del SUNTRACS de pagar “a indigentes 20 dólares para que fomenten disturbios”.

En esa provincia los trabajadores se mantienen en lucha y hay casi 30 trabajadores detenidos, violándose el debido proceso y las garantías fundamentales.

Esta mañana unidades de la Policía Nacional, en funciones que no le competen, entregó carta de despido a casi un centenar de trabajadores en huelga en el proyecto de ampliación del Canal. La Policía devolvió a los trabajadores el pliego de peticiones presentado a la empresa Unidos por el Canal a cargo del proyecto.

En Conferencia de Prensa en el Colegio Nacional de Abogados, los abogados del SUNTRACS denunciaron la violación de los derechos humanos y laborales en Panamá, la represión en Bocas del Toro, la persecución contra la dirigencia sindical y la presentación de habeas corpus preventivos en favor de los directivos de SUNTRACS y CONUSI.

Al mediodía, cientos de trabajadores del SUNTRACS, CONUSI, ASEUPA, FRENADESO y grupos estudiantiles escenificaron una protesta en los predios de la Universidad de Panamá. Esta se dio luego del Consejo Nacional de SUNTRACS y de un Directorio de ASEUPA-SINTUP.

En Chiriquí se efectuó un piqueteo en el Ministerio de Trabajo.

Se reitera que el Encuentro de Dirigentes convocado por la Coordinadora de Lucha, va este sábado 10 de julio a las 9 de la mañana, Auditórium José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá. Mañana se reúne la Dirección Nacional de FRENADESO.

Para mañana, viernes 9 de julio, se tiene proyectado intensificar las protestas en las calles

La situación es muy tensa. El Gobierno autoritario de Ricardo Martinelli pretende avasallar a los trabajadores. El pueblo Resiste y vencerá. Seguiremos informando.
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Llamamos a la solidaridad con los trabajadores de las bananeras y del pueblo de Bocas del Toro y el SUNTRACS

LA COORDINADORA POR EL DERECHO A LA VIDA ha llamado a un encuentro el 10 de julio. DEBEMOS ASISTIR, DISCUTIR Y APROBAR UN SOLO PLAN UNIFICADO PARA DERROTAR EL PLAN Y LA REPRESIÓN DE MARTINELLI

Llamamos a la solidaridad con los trabajadores de las bananeras y del pueblo de Bocas del Toro y los trabajadores del SUNTRACS.

ABAJO LA REPRESIÓN EN BOCAS Y COLÓN

Viva la huelga de los compañeros y compañeras del sindicato de las bananeras de Bocas del Toro y los trabajadores del SUNTRACS en Colón.

PARTIDO DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES PANAMEÑOS

ptpma06@yahoo.com

El gobierno de Martinelli, a través de su ministra de trabajo y demás secuaces impulsa el plan de destruir al movimiento obrero, el medio ambiente y darle total impunidad a la policía para que le hagan el favor de reprimir a quienes protestemos contra sus deseosde imponer el plan antinacional y proempresarial.El movimiento obrero y popular en dos días de grandes manifestaciones, otras marchas, piqueteos y denuncias ha respondido a la pretensión de imponer la ley 30, 9 en 1, chorizo o como se le llame, para hacernos pagar a las y los trabajadores y sectores populares, la crisis capitalista, producida por la especulación financiera y la avaricia de empresarios como los que nos gobiernan hoy.

BOCAS DEL TORO NOS ENSEÑA EL CAMINO: VIVA LA HUELGA Y LA LUCHA DEL SINDICATO Y EL PUEBLO.

Contra la pretendida acción de aplicar la ley 30, las y los compañeros del sindicato de la bananera han respondido con la huelga. A ellos se ha unido el pueblo bocatoreño, haciendo barricadas en las calles principales y levantándose ahora contra todas las medidas del gobierno empresarial de Martinelli, como la ley carcelazo, el aumento del 7% para favorecer la rebaja del impuesto sobre la renta a los empresarios del 30 al 25% y la ley 30, que elimina el derecho a huelga, los estudios de impacto ambiental y da derecho hasta amatar a los policías sin ser finalmente llevado a una cárcel de ser culpable.Ese es el camino a seguir.

El gobierno ha respondido con la represión al pueblo bocatoreño, llamamos a la mayor solidaridad nacional e internacional.

ABAJO LA REPRESIÓN A LOS COMPAÑEROS DEL SUNTRACS

Al mismo tiempo los compañeros del sindicato de la construcción que laboran en la ampliación del canal, han respondido con la huelga a los abusos de empresarios españoles, italianos y de la empresa de la familia del administrador del Canal (CUSA), quienes pese a las ganancias millonarias que implica esa obra, quieren reducirle el salario y las condiciones de trabajo a los compañerose igualmente pretenden eludir, basándose en la ley 30, el descuento de la cuota para el sindicato.

El gobierno Martinelli ha respondido con la represión, deteniendo hasta este momento a 28 compañeros, a quienes mantienen en el cuartel de Colón y han sitiado el área de la construcción de la ampliación para evitar que los dirigentes sindicales lleguen al lugar.

SÓLO CON LA UNIDAD EN LA LUCHA PODEMOS DERROTAR EL PLAN DEL GOBIERNO DE MARTINELLI

LA COORDINADORA POR EL DERECHO A LA VIDA ha convocado a todas las organizaciones y personas a un encuentro el día sábado 10 de julio de 2,010 en la Universidad de Panamá.TODAS DEBEN ASISTIR PARA DISCUTIR Y APROBAR UN SOLO PLAN UNIFICADO PARA DERROTAR LAS PRETENSIONES DE MARTINELLI. Insistimos en que la discusión debe ser lo más democrática posible, escuchando todas las propuestas y definiendo un plan entre todos y todas para que lo llevemos adelante unitariamente.Es necesario reconocer las fuerzas de cada una de las organizaciones y lo que pueden hacer, incluso individualmente, personas no organizadas.

Sabemos que no todas las organizaciones podrán ir a la huelga, PEROTODOS Y TODAS PUEDEN PARTICIPAR EN LAS ACCIONES A SEGUIR, APOYANDO AL QUE ESTÉ EN HUELGA, RECOGIENDO DINERO, HABLANDO CON SU VECINO O VECINA, CON SU COMPAÑERO O COMPAÑERA DE TRABAJO, APOYANDO PIQUETEOS, LLAMANDO A TODOS LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, REPARTIENDO VOLANTES, ETC..

ES NECESARIO IMPULSAR A FONDO EL BOICOT A LAS EMPRESAS DE MARTINELLI, NO COMPRAR EN SUS SUPER NI EN LAS EMPRESAS VARELA Y A LAS DE LOS OTROS MIEMBROS DEL GOBIERNO.

HAY QUE PREPARARSE PARA LA HUELGA GENERAL A LAS QUE NOS OBLIGA EL GOBIERNO DE MARTINELLI, LO QUE IMPLICA COMPRAR SÓLO LO NECESARIO, NO GASTAR LO POCO QUE TENEMOS.

MIENTRAS MARTINELLI Y SU MINISTRA DE TRABAJO REALIZAN UNA CAMPAÑA CONTRA LOS DIRIGENTES SINDICALES Y LOS GREMIOS, NOS DICEN QUE ESPEREMOS EL FALLO DE LA CORTE, ESPERANDO EL DESGASTE Y LA CORTE NO FALLA.ES NECESARIO EXIGIR A LA CORTE UNA RESPUESTA INMEDIATA A LAS DEMANDAS PRESENTADAS, PUES ELLOS SERÁN RESPONSABLES JUNTO AL GOBIERNO DE LO QUE SUCEDA DE AHORA EN ADELANTE.

El Partido de lasTrabajadoras y los Trabajadores Panameños, reitera la mayor unidad y llama a todas las organizaciones y sus dirigentes a discutir UN SOLO PLAN el sábado 10, para derrotar las pretensiones del gobierno fascista que hoy no sólo reprime a las y los trabajadores y al pueblo en general sino que mantiene detenido al periodista Carlos Núñez y retuvo al periodista Paco Gómez Nadal en la salida del aeropuerto.

VIVA LA LUCHA UNITARIA DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y SECTORES POPULARES

HACIA LA HUELGA GFENERAL: NO COMPRAR EN LOS SUPER 99 NI EN LAS EMPRESAS DE VARELA.
PREPÁRATE: NO TE GASTES LO POCO QUE TIENES. COMPRA SÓLO LO NECESARIO.
PARTIDO DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES PANAMEÑOS.
PANAMÁ, 7 DE JULIO DE 2,010

Crisis Penitenciaria: Dos enfoques de un grave problema

Estimadas compañeras y estimados compañeros
Honorable personal del Sistema Penitenciario Nacional
Distinguida membresía de la ANEP en Justicia y Paz-Adaptación Social

Adjuntamos tres archivos que contienen, de manera secuencial, un cruce de cartas entre el señor Ministro de Justicia y Paz, don Hernando París Rodríguez y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sobre el tema de la Crisis Penitenciaria.

Desde la perspectiva de esta organización sindical, a la cual está afiliada una importante cantidad de personas trabajadoras de la institución penitenciaria, si usted analiza bien el contenido de esta documentación, comproborá dos enfoques: el político-institucional jerárquico-sistémico vs. el planteamiento surgido desde el seno de las bases laborales del Sistema Penitenciario Nacional, tanto las que están agremiadas como las que no lo están.

Muy respetuosamente les agradecemos toda la máxima difusión posible por esta vía electrónica y por las convencionales. En todo caso, la ANEP estará distribuyendo, próximamente, este material de manera impresa, anexando otras carta sobre el tema.

Es una posición oficial de la organización que nos honramos en representar, que hemos llegado a un punto tal en el cual la movilización del personal se vuelve estratégica para lograr una real audición a la problemática estructural que, responsablemente, ha sido planteada.

La ANEP se hizo una introspección acerca de su devenir en el Sistema Penitenciario Nacional y nos revisamos autocríticamente. Con sinceridad creemos que hemos realizado un considerable esfuerzo político, de pensamiento, de reflexión seria, de inversión financiera, con asistencia profesional solidaria y hasta una consultoría externa, que nos ha generado los productos de análisis que hoy ponemos a su total disposición.

La fase que viene es de un acercamiento organizacional para incentivar el citado proceso movilizador y lograr real atención política a los problemas serios del personal penitenciario: su entorno de precariedad laboral, su exposición a conductas verticalistas y de acoso laboral en múltiples formas, entre otros aspectos que han deteriorado seriamente su situación a lo interno del sistema y, en no pocos casos, con repercusiones del entorno familiar-social de la persona trabajadora.

La ANEP agradece el relevente apoyo crítico recibido de parte de diversos compañeros y de diversas compañeras que han estado junto a la organización, con el convencimiento de que la oportunidad que se nos está presentando a todos y a todas, merece su fortalecimiento.

Si tiene problemas en abrir estos archivos, en el sitio web de la ANEP, están publicados bajo este titular: “CRISIS PENITENCIARIA-Dos enfoques. ANEP plantea la movilización al personal del Sistema Penitenciario Nacional”.

Anticipadamente expresamos nuestra mayor gratitud por la atención a este planteamiento y su máxima difusión.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.

Las perspectivas del dólar

Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas asegura que el dólar “ha probado no ser una reserva de valor estable”, y plantea sustituirlo por las unidades contables del Fondo Monetario Internacional, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Esta sugerencia de las Naciones Unidas es la más inmediata de una serie de propuestas que han ido ganando preeminencia a causa de la crisis financiera.

El documento denominado “Encuesta Mundial Económica y Social 2010: Reorganización del Desarrollo Global” también señala que existe una trampa inherente en el sistema en virtud de la cual lo países creadores de reservas son capaces de hacer pagos de déficit cuando otros países continúan aumentando sus reservas en las monedas de esos países emisores. El estudio advierte que si esa trampa no se elimina toda la reforma de la regulación financiera será inútil.

Un nuevo sistema debe permitir una mejor acumulación de reservas en los ámbitos regionales y mundial, por lo que no debe basarse en una sola moneda. Esa es la razón por la que se piensa en los DEG, que se estructuran como una canasta de divisas fuertes. En la actualidad los derechos especiales de giro están conformados por el dólar (44%), el euro (34%), el yen (11%) y la librea esterlina (11%), pero en el futuro deberían incluir, según el informe, otras monedas, incluso de las de las economías emergentes.

La relevancia del dólar como instrumento de reserva internacional es indiscutible en estos momentos. Dos terceras partes de las reservas monetarias internacionales están en dólares; el 90% de las transacciones interbancarias fuera de Europa se realizan en esta moneda; el mercado de deuda estadounidense explica alrededor del 40% de los mercados de bonos gubernamentales del mundo y constituye la principal referencia para la cotización de los bienes primarios.

Sin embargo, las decisiones sobre el dólar, que afectan a los mercados globales, competen únicamente a los Estados Unidos, y “no se adoptan en respuesta a las necesidades del sistema internacional de pagos y de la economía mundial, sino a los requerimientos y preferencias de la política interna de ese país”, tal y como lo señala Heiner Flassbeck, economista de las Naciones Unidas.

Es por ello que la supervivencia del dólar como moneda de reserva internacional está siendo cuestionada, en especial por China, que es uno de los principales acreedores del Tesoro norteamericano. Hace pocos meses el gobernador del Banco de China, Zhou Xiaochuan, propuso “crear una moneda de reserva internacional desconectada de las naciones individuales y capaz de mantenerse estable a largo plazo, para evitar las deficiencias causadas por el uso de monedas nacionales basadas en crédito”.

Sin embargo, sustituir el dólar en el corto plazo no es tarea fácil. Primero, porque Estados Unidos no renunciará fácilmente a su supremacía, que le depara grandes beneficios; segundo, porque la adopción de una nueva divisa, aunque sean los DEG del FMI, conlleva transacciones cambiarias costosas; y tercero, porque se requeriría de un ente “administrador” cuya normativa tendría que ser negociada. No obstante, es muy probable que en el mediano plazo las cosas cambien y quienes dependan exclusivamente del dólar podrían resultar perjudicados.

Miércoles 07 de Julio de 2010 13:16

Correos de Costa Rica: Sobre el proceso de «reorganización»

San José 5 de julio de 2010.

S.G. 09-11-0875-10

A todo el personal de
Correos de Costa Rica S. A.

Posición oficial de la ANEP ante el anuncio oficial del inicio de la reorganización

Carta abierta a la honorable Gerencia General

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
Correos de Costa Rica S. A.
Su despacho

Estimado licenciado Coghi:

Con relación al inicio del Estudio de Reorganización Organizacional de Correos de Costa Rica S. A., nos permitimos manifestar ante su autoridad, ante el personal de la empresa, ante el propio Consejo de Gobierno de la República, ante las organizaciones laborales gremiales y ante la ciudadanía, la posición oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al respecto.

Primero: En marzo de 2009, en la página cuatro del documento denominado “Replanteamiento Plan Estratégico 2006-2011”, usted, entre otros aspectos, mencionó:

“Pero el reto ahora es mayor, debemos garantizar la sostenibilidad y crecimiento de estos logros, ofrecer un servicio con niveles crecientes de calidad, con orientación al cliente sin importar la posición del trabajador de Correos”.

Es evidente que el contenido social y, singularmente, las relaciones laborales no son una prioridad, si tal concepción de un proceso reorganizativo se va a mantener. Los aspectos mercantiles y financieros siempre han ido muy por delante, buscándose la mayor flexibilización del empleo para favorecer una falsa competitividad a costa del sacrificio de los trabajadores y de las trabajadoras.

Como podrá observar, sus palabras y la realidad de la entidad son sumamente preocupantes para las trabajadoras y los trabajadores de la institución que usted dirige, máxime ahora que se pretende iniciar un proceso de “reorganización organizacional”.

Para empezar, consideramos que es importante que todo el personal de la empresa conozca lo que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), señala como “reorganización”.

Veamos:

Tradicionalmente la reorganización institucional ha sido vista desde el enfoque de cambio de estructura prioritariamente, sin tomar en consideración que también implica considerar los elementos indicados. De ahí la necesidad de inducir cambios en las instituciones que consideren todos los aspectos que influyen en el clima y desempeño organizacional.

Con el objeto de establecer la organización interna que cada institución requiere para dar cumplimiento al cometido que le ha asignado el marco jurídico, se han utilizado los términos de reorganización, reestructuración, reestructuración administrativa, reforma institucional, que aunque la doctrina no necesariamente los considera sinónimos, en la práctica son conceptos usados de forma indistinta.

Según el artículo 15 del Decreto Ejecutivo No. 23323-PLAN,_ “Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica”_, modificado mediante Decreto Ejecutivo Nº 33713, se entenderá por una reorganización administrativa la modificación de unidades administrativas en cuanto a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura.

Se refiere a la creación de una nueva estructura integral, modificación, supresión o establecimiento de unidades administrativas en alguna institución por disposición de ley.

Para su aprobación se atenderá a la guía específica emitida por MIDEPLAN. (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas).

También nos preocupan sobremanera algunos de los términos utilizados en su correo electrónico de fecha 16 de junio de 2010, mencionando lo siguiente:

“Pero siempre en nuestros comentarios que compartíamos de vez en cuando señalábamos la necesidad de que hay decisiones que se deben de tomar que se salen de la esfera de la Administración”.

“En segundo término el pasado lunes (14 de junio de 2010) se ha iniciado por parte de la empresa Deloitte, el proceso de reorganización de la estructura organizacional, la cual durará cuatro meses aproximadamente, este proyecto se hace ante la necesidad de que la empresa pueda responder a las necesidades del mercado ya que el mundo esta inmerso en un proceso económico dinámico y globalizado, donde su estructura debe de responder en forma eficiente a las necesidades de sus clientes”

Podemos distinguir en estos dos párrafos que estamos ante una eventual “reorganización” con todo lo que ello implica. Nos preguntamos entonces, ¿qué implica para el recurso humano una reorganización?

Para dar respuesta a esta interrogante, acudimos a lo que ustedes como administración anotaron como justificación en el Formulario de Solicitud presentada al Fondo de Preinversión:

“El estudio propuesto pretende resolver un problema relacionado con el tamaño estructural de la empresa, el cual le viene limitando su capacidad para desempeñarse con eficiencia y eficacia en la prestación del servicio que le compete. Con la estructura actual, la empresa no puede operar con los precios que el mercado exige, ni está en condiciones de invertir en la calidad exigida […]”.

A pesar de su solicitud de respetar el proceso, no podemos, ni debemos quedarnos callados, cuando el empleo y sustento de muchos de los trabajadores y de las trabajadoras de Correos está en peligro.

Con todo respeto, consideramos que se equivoca en su solicitud de no inmiscuirnos pues la Ley Nº 7668, “Ley marco para la transformación institucional y reformas de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales”, consigna en su Artículo 3, que los procesos de transformación y modernización institucional deberán respetar siempre los siguientes principios y normas mínimos:

b) El proceso deberá ser gradual, programado y público.
f) Se realizará en consulta con los trabajadores del órgano o la institución y de las organizaciones sociales que representen sus derechos e intereses.

Usted mejor que nadie sabe y ha reconocido que:

El Estado costarricense ha promovido reestructuraciones con la tesis de que se realizan para lograr una mayor eficiencia en aras de satisfacer el interés público, cuando en realidad éstas se llevan a cabo para reducir el gasto público y lograr un equilibrio fiscal, antes de buscar nuevas formas de gestión en sus servicios y hacerlos más eficientes.

Los procesos de reestructuración realizados han obedecido también a razones de carácter político, vulnerando los principios constitucionales como el principio a la estabilidad y el debido proceso; ante la ausencia de criterios técnicos y de evaluación que vengan a determinar la supresión de una plaza, por lo que ha sido un mecanismo de despidos encubiertos.

Es un mecanismo de despido encubierto por cuanto no se siguen los principios del debido proceso que permiten, ante todo, el ejercicio del derecho de defensa, como sí se respetan en los procesos de despido normales.

Los gobiernos de la República, en cada una de sus administraciones, han establecido procesos de modernización institucional al amparo de la eficiencia y el servicio y vulnerando el respeto por los principios fundamentales de la estabilidad en el empleo y del debido proceso como mecanismo de defensa ante las arbitrariedades de quienes transitoriamente ostentan el poder.

La garantía constitucional que regula los procesos de reestructuración del Estado es insuficiente para evitar la arbitrariedad y la manipulación política.

Las garantías constitucionales que regulan los procesos de reestructuración en nuestro país son insuficientes para evitar la arbitrariedad y la manipulación política, ya que la Administración Pública en los últimos años, al amparo del marco constitucional vigente, ha venido realizando una serie de procesos de reestructuración que violentan la dignidad humana y no satisfacen el fin último del Estado que es la eficiencia del servicio público.

Se sugiere la necesidad de una mayor garantía constitucional que evite que los procesos de reestructuración del Estado sean arbitrarios y se alejen de la manipulación política, garantizándose que éstos verdaderamente responderán a los principios de eficacia y eficiencia en el servicio público sin menoscabo de la dignidad humana.

Generalmente en los procesos de reestructuración en los que se da una movilidad importante de personal, no se producen las reasignaciones de puestos, generándose un grave problema; ya que los procesos de reasignación de puestos operan hasta que los procesos de reestructuración hayan concluido y en nuestro país por lo general, los procesos duran hasta un cuatrienio, es decir, el período de gobierno presidencial.

Nuestra Constitución Política hace diferencias en cuanto al goce de los derechos de los individuos, estén estos, bien sea en una relación de servicio o en una relación de carácter laboral.

La reducción porcentual de los dineros para recursos humanos se fueron por otros sistemas de contratación, no lográndose en forma sustantiva una economía en los presupuestos de las instituciones; y sí, generándose un debilitamiento en la prestación de los servicios de las mismas y que han sido paulatinamente absorbidos por el sector privado o por organismos no gubernamentales creados por personas afines a los gobiernos.

Así las cosas y con fundamento en la normativa constitucional, un funcionario podrá ser removido, destituido, despedido, como quiera llamarle, en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. Sin embargo, la aplicación de estos procesos exige la sujeción a una serie de requerimientos previos plasmados, la mayoría de los casos, en la legislación, con lo cual se persigue garantizar el absoluto respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores y de las trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A.

Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado que: “El artículo 192 de la Constitución Política facultó a lo Administración Pública para disponer la reestructuración de las diversas dependencias que la componen, con el fin de alcanzar su mejor desempeño y organización, para lo cual podrá ordenar no sólo la eliminación y recalificación de las plazas, sino el traslado de los funcionarios a cargos diversos, siempre y cuando se observe el debido proceso(…) La facultad de trasladar o reducir forzosamente a los funcionarios públicos es intrínseca del Estado, el cual podrá poner en práctica – siempre y cuando se respete el procedimiento establecido para acordar reorganización-, las medidas necesarias o fin de organizar sus diferentes dependencias para conseguir un mejor funcionamiento de las mismas…” (Voto No.4246-94).

De igual forma, la Sala Constitucional ha señalado que los procesos de reestructuración administrativa deberán de estar sujetos a necesidades reales, como se indica: “Debe de tomarse en cuenta, además que las llamadas reestructuraciones o reorganizaciones deben de estar basadas en necesidades reales y debidamente probadas a fin de evitar abusos de parte de los empleadores, que bajo una justificación aparente conculcan los derechos de los servidores, los cuales por suposición – más débil- dentro de la relación, quedan imposibilitados de ejercer una acción administrativa o judicial inmediata para detener este tipo de abusos. Por ello, todo proceso de reorganización deberá contar con la participación de todas aquellas dependencias que se requieran para la toma de la decisión final.”

Asimismo, las normas transcritas delimitan con exactitud el ámbito de acción de MIDEPLAN en cuanto a estos procesos de reestructuración o reorganización, ya que no se encuentra facultado, y es oportuno señalarlo, para autorizar aspectos relacionados con materia de recursos humanos, pudiendo a lo sumo, emitir recomendaciones de orden organizativo, como consecuencia del análisis practicado, las que podrán ser tomadas en consideración por la institución misma o quien tenga la competencia para definir asuntos relativos a reasignación, traslados, supresión o creación de plazas.

Debemos ser celosos, y con el fin de garantizar que el proceso de reestructuración sea integral, el diagnóstico institucional debe incluir un análisis detallado de los componentes del área administrativa, con el objeto de evitar efectos nocivos en la modernización y el desarrollo institucional, de ahí, que sea importante que exista coherencia entre los niveles operativos y administrativos.

También debe de considerarse la nueva estructura presupuestaria y financiera que se requiere o que ya se posee, para poner en práctica la renovación institucional, producto de la redistribución de los diversos recursos con que se cuenta.

El análisis de la situación del recurso humano constituye para nosotros y, por supuesto, para el personal de la empresa, un aspecto de suma importancia, porque conlleva la posible reubicación de los mismos, como producto de la reestructuración; y, lógicamente, conlleva también, en cierta medida, implícito el posible despido de empleados y empleadas de la institución por reorganización.

Se debe de contemplar con profunda atención, el estimado del costo de la reestructuración, es decir, se debe hacer un planteamiento del origen y aplicación de los fondos necesarios (internos y externos) para ejecutar el proceso, así como el plazo y plan de acción por actividad requerida.

Sobre este particular la Sala Constitucional en diversos fallos ha sido conteste en el sentido de que el Estado debe disponer de medios suficientes para cubrir los despidos que deban de realizarse a raíz de supresiones de puestos.

El sustento constitucional se encuentra establecido en el artículo 192 de nuestra Constitución Política, el cual ha sido el mecanismo constitucional en el cual, muchas veces se ha amparado la administración, en general, para realizar los procesos de reestructuración, cuyo propósito ha sido la reducción fundamental del gasto; de ahí la importancia que analicemos al amparo de dichas disposiciones constitucionales y legales las líneas jurisprudenciales que la Sala ha definido en esta materia y que es importante señalar.

La Sala Constitucional, al amparo de los principios establecidos en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, y en ausencia de una norma legal que establezca principios básicos a las Instituciones descentralizadas para la programación y ejecución de procesos de reorganización administrativa; se ha preocupado, en aras de garantizar la trasparencia y el respeto a la dignidad de la persona humana, que la situación de las reorganizaciones no sean utilizadas con el propósito malintencionado de despedir a determinados trabajadores, quienes luego de algún tiempo fueron sustituidos por otras personas, generalmente afines con el partido político en el Gobierno.

Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha señalado en reiteradas ocasiones que si la reestructuración es total para toda la institución, es lógico que la misma deba, como mínimo, afectar al 60% de su personal.

Esta situación la percibimos como sumamente grave y nos pone en alerta, ya que estamos hablando de un elevadísimo porcentaje del total de trabajadores y trabajadoras que se verían seriamente afectados con la restructuración que se pretende.

Es importante destacar que la Sala Constitucional ha sido consecuente con los mecanismos que deben de prevalecer para valorar qué servidores se deben de quedar prestando sus servicios y cuales deben de ser descalificados, dándole prioridad a los más antiguos como un reconocimiento al principio de la estabilidad en el cargo.

CONCLUSIONES

Si se consulta en fuentes confiables se puede comprobar cómo en cada momento de crisis o apreturas económicas, la destrucción de empleo ha sido la principal herramienta utilizada por las empresas, resultando siempre ser los más afectados los trabajadores y las trabajadoras del área operativa.

Nos oponemos de forma tajante a que la fuerza laboral sea la que cargue con los costos sociales de la crisis. Estamos ante una crisis del propio sistema con un claro origen financiero. Además, entendemos que los sacrificios de los trabajadores y de las trabajadoras en términos de pérdida de empleo o reducciones salariales, no va a ser la puerta de salida de esta situación, sino que únicamente contribuirá a que se ahonde cada vez más en ella.

Se trata, en definitiva, de recuperar para los y las trabajadoras sus espacios de derechos que nunca debieron de ponerse en riesgo, en nombre de una restructuración, reorganización y/o modernización que en el contexto actual de crisis, han mostrado su verdadera y desagradable cara.

La redefinición del rol estratégico supone un análisis del marco legal dentro del cual opera la institución, así como de las implicaciones que pueden derivarse de cambios o renovaciones institucionales. Este componente debe conducir a tres subproductos:

a. funciones y programas sustantivos, las cuales determinan el rol estratégico de la institución de acuerdo con la ley;
b. funciones y programas no sustantivos, los cuales deben ser reformados, refundidos o eliminados;
c. restricciones legales que podría enfrentar la institución durante el proceso de reestructuración.

En algunos casos podría implicar la modificación de leyes, en otros la firma de algún decreto de reorganización y en otros crear un marco legal nuevo.

Asimismo, debe incluirse de ser necesario, estudios sobre la situación laboral de las personas trabajadoras (convenciones colectivas de trabajo, sindicatos), el sistema de incentivos inexistente hasta el día de hoy y la legislación vigente a la que pertenece la institución. Este componente podrá suministrar una visión global y de conjunto de los cambios que son necesarios promover y, fundamentalmente, de los beneficios, los costos, el tiempo y aspectos sobre el recurso humano que implican el proceso de renovación institucional, lo que permitirá la necesaria compatibilidad con la viabilidad económica, el interés político y el bienestar del recurso humano.

Es imperativo evitar que la reorganización se realice por razones de carácter eminentemente político como ocurría antes de la consagración constitucional de los artículos 191 y 192 de nuestra Carta Política. Si bien no se puede cuestionar la facultad del Estado de modernizarse de cara a los cambios económicos, sociales y políticos que hoy día son permanentes, deberán de ejercerse dentro del marco constitucional de nuestro Estado socialdemocrático de Derecho, pues de lo contrario estaríamos ante la violación de sus principios, normas y valores, constituyendo la infracción jurídica más grave, violentándose el derecho natural que esta preestablecido en la Constitución.

Vistas así las cosas, estaremos permanentemente atentos y vigilantes de que en el “altar” de la reorganización, las personas trabajadoras no sean las que deben ser llevadas al sacrificio que exige la deidad del mercado en clara contraposición a la filosofía del humanismo cristiano que impregna toda nuestra carta magna, incluyendo la parte de la misma que establece los parámetros de las garantías sociales que son inherentes a la condición de clase trabajadora asalariada.

Aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
Honorables jefaturas de fracción parlamentaria, Asamblea Legislativa.
Lic. Marco Antonio Vargas Díaz, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
Honorables señores ministros y señoras ministras, Consejo de Gobierno de la República.
Honorable Junta Directiva de Correos de Costa Rica S. A.
Población trabajadora de Correos de Costa Rica S. A.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
Organizaciones gremiales-sindicales de Correos de Costa Rica S.A.
Medios de comunicación colectiva de Costa Rica.

Electricidad: Otra apertura interesada

Durante el 2009 se presentaron dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa: Ley General de Electricidad y Fortalecimiento del Sector… Fueron resumidos a principios del 2010 en otro “Combo”, según expediente No. 17.666.

Tales proyectos, impulsados por el gobierno del Dr. Óscar Arias Sánchez, pretenden una apertura total del sector eléctrico, similar a la decretada en telecomunicaciones, actualmente en proceso.

La justificación, de nuevo falaz y engañosa, es la necesidad de asegurarle al país los servicios eléctricos, para lo cual consideran indispensable la participación de la empresa privada, para hacer que su “eficiencia” baje lo costos y la “competencia” los precios.

Sin embargo, y a pesar de que la realidad es que la participación privada aumenta los costos, al tener que considerar en los precios las “utilidades” que cualquier empresa privada con razón demanda, y por los costos de intermediación, sería aceptable revisar los topes de la generación privada, hoy limitados por las leyes 7200 y 7508, pero no cambiar el modelo de desarrollo, cambio que el proyecto conlleva. Si lo que se pretende resolver sinceramente es el problema de la falta de más inversión, suficiente sería con autorizar al ICE para que la hiciera.

Es inconcebible pretender un cambio de modelo, pues el actual ha demostrado ser el más eficiente, efectivo y solidario del continente, haber hecho uso de fuentes renovables, limpias y nacionales, alcanzado la mayor cobertura (casi del 99% de la población), precios que garantizan un servicio para toda la población y una excelente calidad (pregúntenle a Intel).Tampoco es aceptable liberalizar la comercialización del servicio, lo cual implicaría que cualquier gran consumidor pudiera contratar con algún generador privado sus necesidades, permitiéndose de esa forma que los grandes clientes pudieran obtener ventajas económicas sobre el resto, los que jamás podrían lograr algo similar, en detrimento, por tanto, de los más débiles, los clientes residenciales. Esto atenta contra el modelo solidario que nos ha caracterizado por más de 60 años, con tan excelentes resultados para el país.

La liberalización de la comercialización implicaría la intermediación de muchos agentes de mercado, que no aportarían nada productivo, pero en cambio harían aumentar enormemente los gastos transaccionales, incrementando los precios del servicio.

Tampoco es aceptable debilitar y mucho menos desintegrar el ICE. Las redes eléctricas, que son monopolios naturales, para ser competitivas necesitan de las economías de escala, especialmente en países con una extensión geográfica pequeña como la nuestra, por lo que desintegrar el ICE implica de nuevo aumentar los costos.

Tampoco es razonable pasar de una planificación normativa a una indicativa, pues el servicio eléctrico es vital y no puede ponérsele en riesgo al dejar esa responsabilidad a las fuerzas del mercado. La sustitución de la planificación centralizada y eminentemente técnica que ha ejercido históricamente el ICE ha demostrado excelentes resultados. La única vez que el país debió someterse a racionamientos se debió a las limitaciones financieras que le impusieron al ICE y que le impidieron hacer a tiempo las inversiones, luego del asedio de que fue objeto a partir del “Combo” del 2000

*Ingeniero

Fuente: Diario Extra – Página Abierta
Miércoles 07 de Julio de 2010 13:21

Martinelli en Panamá: ¡Gobierno del terror!

Desde el primer día del Gobierno de Ricardo Martinelli, el Ejecutivo inició un proceso dirigido al control absoluto de los distintos órganos del Estado y de atropellos a los derechos humanos, laborales y a las garantías fundamentales de los ciudadanos panameños.

Uno de los últimos resultados de esas políticas autoritarias y arbitrarias, es la Ley 30 de 16 de junio de 2010, conocida por el pueblo como Ley “Chorizo”, “Camarón”, “Langosta”, “9 en 1” o “Golazo”, en un esfuerzo por calificar esta aberración jurídica que en sólo tres días, sin mediar debates ni consultas ciudadanas, fue aprobada en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional de Diputados, mientras ésta se mantenía sitiada por parte de la Policía Nacional para impedir las protestas del pueblo.

En un supuesto proyecto de Ley sobre la Aviación Comercial, se introdujeron reformas a 3 Códigos y 6 leyes nacionales. Hasta el final el gobierno pretendió sorprender al pueblo manteniendo en secreto sus verdaderos propósitos que ni siquiera fueron incluidos en la exposición de motivos del proyecto de ley, ni en el discurso de presentación que dirigió el Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, al pleno de la Asamblea de Diputados. Actuaron como verdaderos estafadores o timadores.

Sendas demandas se han interpuesto contra dicha Ley por violar claras normas constitucionales, varios convenios internacionales suscritos por el Estado que tienen rango constitucional y el reglamento mismo de la Asamblea de Diputados.

Entre las medidas más graves que la Ley 30 ha impuesto, podemos mencionar las siguientes:

En el aspecto laboral: Prácticamente se conculca el derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional:

“Artículo 493. La huelga legal produce los siguientes efectos”:

1. “La suspensión de las labores de los trabajadores que apoyan la huelga en el establecimiento o negocio afectado. Una vez iniciada la huelga, la inspección o Dirección Regional o General de Trabajo dará orden inmediata a las autoridades de Policía para que garanticen y protejan a las personas y propiedades”.

2. “La suspensión de los efectos de los contratos de los trabajadores que la declaren o se adhieran a ella”.

Además, se busca liquidar las organizaciones sindicales, impedir su sostenimiento financiero y negar acuerdos alcanzado entre patronos y trabajadores en la mesa de diálogo y negociación de convenciones colectivas:

“Artículo 12. El artículo 373 del Código de Trabajo quedó así:

Artículo 373. El empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores a favor de un sindicato las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias que éste establezca”. “El trabajador que desee pagar las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias fijadas por su sindicato deberá pagarlas de manera voluntaria”.

Repetimos, con ello se desconocen los acuerdos y convenios colectivos pactados entre empleadores y trabajadores.

Valga señalar que de la manera más vil las autoridades han mentido al pueblo al señalar que dichas medidas se adoptan por requerimientos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

En el aspecto ambiental: Se exime de los importantes Estudios de Impacto Ambiental a las obras del Estado que el Ejecutivo considere de interés social. Esto puede incluir desde la explotación minera a cielo abierta hasta la reapertura del Tapón del Darién, reserva ecológica de la humanidad donde el presente Gobierno, junto al colombiano, ha mostrado interés de construir una carretera.

“Artículo 33. Se adiciona el artículo 23–A a la Ley 41 de 1998, así:

Artículo 23–A. Las actividades, obras o proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales (que nadie conoce) que les sean aplicables, siempre que éstas hayan sido aprobadas por el Órgano Ejecutivo”.

En materia de violación a los Derechos Humanos: Se fomenta la impunidad y se brinda licencia para matar a los miembros de la Policía Nacional. Con esta Ley, los policías acusados de asesinar a los obreros del SUNTRACS, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith y a otros ciudadanos como resultado del abuso policial, quedan de inmediato en libertad, puesto que en casos como estos se beneficia al reo.

“Artículo 27. El artículo 127 de la Ley 18 de 1997 queda así: Artículo 127: Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, por motivo de la fuerza excesiva e injustificado, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso en sentencia ejecutoriada y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal componente”.

Se quiere imponer un Régimen de Esclavitud en pleno Siglo XXI

En el marco de la XXXV Cumbre de Presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de las visitas de Silvio Berlusconi, Primer Ministro de Italia, y del Presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, (interesado en la explotación minera de Cerro Colorado a lo cual se oponen los pueblos originarios, campesinos y ambientalistas) el Presidente Ricardo Martinelli reveló los verdaderos propósitos de la aprobación de esta Ley 30:

“….permitirá a las multinacionales establecerse en el país y sentirse como si estuvieran en su territorio. Con las facilidades de Puerto Armuelles, de la Zona Libre y de cualquiera de las zonas procesadoras que tenemos en el país los empresarios del mundo podrán venir y encontrar las condiciones de estabilidad social y económica que buscan para sus negocios”.

“Las leyes que se han pasado van a impactar y tener gran repercusión en la vida nacional”, añadió. Estas leyes, “que yo tengo que reconocer no tuvieron el debate que hubiera querido que tuvieran, pero que si se hubiera hecho así lo más probable es que muchos de los artículos de la Ley 30 no hubieran pasado…”

“El país está listo para la inversión extranjera” aseguro Martinelli.

En otras palabras, para Martinelli, en su afán de promover los negocios y beneficiarse directamente de ellos, este país está “listo para la inversión extranjera” porque ya no existe derecho a huelga para los trabajadores, se desarrolla un proceso de extinción de los sindicatos, se imponen condiciones de esclavitud en el sector laboral; no hay que realizar los “engorrosos” estudios de impacto ambiental y existe una policía dispuesta a sofocar a sangre y fuego las protestas sociales amparada en la impunidad y la licencia para asesinar que le otorga la Ley 30, a lo que se agrega la llamada Ley “Carcelazo” que sanciona con penas de 6 meses a 2 años de prisión a todo aquel que ose manifestarse en las calles.

Huelgas contra la Ley 30

Ya los trabajadores habíamos advertido que la Ley 30 abría el escenario de conflictos permanentes.

Desde el pasado viernes 2 de julio, posterior a las grandes manifestaciones y acciones de protesta en todo el país, más de 5 mil trabajadores de la Bocas Fruit Company, a los que se le han unido los trabajadores de las bananeras independientes y otras organizaciones sindicales y gremiales, desarrollan una huelga por la derogación de la Ley 30, contra la negativa de la empresa de descontar la cuota sindical y por la retención de la quincena que le corresponde a los trabajadores.

La huelga convocada inicialmente por 48 horas ahora es indefinida y cuenta con el amplio respaldo del pueblo de Bocas del Toro. Las actividades económicas están paralizadas en esa provincia. Todas las vías están bloqueadas. Los padres han decidido no enviar a sus hijo a las escuelas.

Por otra parte, en el proyecto de Ampliación del Canal que construye el consorcio “Unidos por el Canal”, integrado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA), más de mil quinientos (1,500) trabajadores se han declarado en huelga indefinida.

En esta proyecto, el más costoso jamás realizado en nuestro país, se pretende pagar salarios inferiores a los estándares establecidos en la vía interoceánica, los trabajadores exigen condiciones de trabajo dignas como vestidores, comedores, equipos, agua potable; exigen el cumplimiento de los acuerdos en materia de cuota sindical pactados en la Convención Colectiva y reclaman la derogatoria de la Ley 30.

La lucha de los trabajadores y del pueblo en general es también contra el recién aprobado aumento del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) al 7% y el alto costo de la vida que golpea a los hogares humildes del país.

Las autoridades, en el tono de desprecio a los trabajadores y de ofensas que las ha llevado a tildar públicamente a los obreros de “maleantes de mierda”, amenazan con la represión y la persecución.

Hoy, dirigentes del SUNTRACS en ambos lados del proyecto de ampliación del Canal (Atlántico y Pacifico) fueron arrestados al intentar ingresar al mismo para dialogar con los trabajadores como parte de sus funciones sindicales. Casi 40 obreros en Colón fueron detenidos por solidarizarse con sus compañeros de lucha.

El Gobierno intenta por la fuerza acabar con las luchas obreras y sociales del pueblo panameño.

Se intensifican las amenazas, los arrestos y la persecución, contra luchadores sociales, representantes de grupos de la sociedad civil, periodistas, activistas de derechos humanos y ambientalistas.

Las organizaciones populares resistiremos estas perversas medidas que se imponen y hemos iniciado una gran jornada de lucha hasta derogar las leyes lesivas al pueblo.

El Gobierno de Martinelli está siendo duramente cuestionado por su autoritarismo, su incapacidad al frente del Gobierno y los escándalos en que se ha visto envuelto, incluyendo la relación de algunos de sus funcionarios con la mafia internacional y graves casos de corrupción.

La única manera de imponer sus aviesos planes es mediante la fuerza y el terror, con el consabido saldo de muertos, heridos y presos que ello representa.

Las organizaciones populares hemos reiterado nuestra firme determinación de persistir en la lucha, a pesar de los riesgos y los sacrificios que ello representa. ¡No claudicaremos!

A los fraternales amigos y compañeros de lucha, su solidaridad es vital con el pueblo panameño en este momento histórico.

A los organismos internacionales les advertimos sobre estas peligrosas violaciones a los más elementales derechos humanos, ambientales, laborales y a las garantías fundamentales del pueblo panameño, por parte del Gobierno autoritario de Ricardo Martinelli.

¡Resistir es Vencer!
¡Sin Luchas no hay Victorias!
!La Pelea es Peleando!

Dado en Panamá, a los 5 días del mes de julio de 2010.

SUNTRACS
SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y SIMUILARES

Miembro de:

CONUSI
CONFEDERACION NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL INDEFPENDIENTE

FRENADESO
FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES

El USS Costa Rica y la supuesta guerra en contra del narcotráfico

El permiso otorgado comprende la presencia de 7 mil “mariners”, 46 embarcaciones, 200 helicópteros y 10 aviones de combate, que podrá utilizar ese país desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre.

La administración de la Sra. Laura Chinchilla, el Partido de Liberación Nacional y algunas minorías en la Asamblea Legislativa, cedieron la soberanía nacional so pretexto de la vaporosa y errática guerra en contra del narcotráfico.

La guerra en contra de las drogas que se viene librando hace décadas, además del alto costo social y económico, deja entrever una enorme hipocresía por parte de los países colonialistas, ya que ellos son los creadores de la crisis permanente en que nos encontramos sumidos los países latinoamericanos, al ser los Estados Unidos y Europa el mercado primario de los estupefacientes.

Las operaciones de guerra en contra del narcotráfico se han convertido
en una enorme amenaza para Latinoamérica, la que de forma silenciosa es
invadida por los Estados Unidos, con el pretexto de cortar las rutas existentes, mientras el consumo de drogas prospera en los países
industrializados.

La proliferación de las bases estadounidenses posterior al cierre de la
Base de Manta (Ecuador) señala una nueva ofensiva que va más allá del
narcotráfico y no es más que una escalada dirigida en contra de
Venezuela y su gobierno independiente de las políticas hegemónicas del
imperio.

Las siete bases en Colombia, las tres bases en Panamá, la base en la
Moskitia Hondureña y lo que se puede denominar la invasión a Costa Rica,
da la posibilidad de interpretar la ofensiva como un juego geopolítico
dirigido en contra de Hugo Chávez y sus aliados en el continente.

La problemática de las drogas esta sumida en un laberinto de enigmas. El
más grave de todos es el del lavado de activos, siendo hasta la fecha
inoporante el supuesto control del movimiento de los capitales asociados
con las ganacias del lucrativo negocio. Antonio Maria Costa, Director
Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (ONUDD) afirmo que 352 millardos de dólares, provenientes del
circuito del trafico de drogas fueron absorbidos por la banca durante la
crisis del año 2008 llegando a señalar que “en muchas instancias el
dinero de las drogas fue la única inversión liquida de capital”. Costa
denunció que muchos bancos se salvaron de la bancarrota gracias a la
inyección de capital proveniente del narcotráfico (1).

En un reciente estudio presentado por la ONU, intitulado La
globalización del delito: evaluación de la amenaza del crimen organizado
transnacional, se señala que el 70% de las ganancias del narcotráfico de
la cocaína se quedan en Estados Unidos, Canadá y Europa. Un 5% de los 55
mil millones de las ganancias de la heroína en el mundo queda entre los
traficantes insurgentes y agricultores afganos (2)

En los Estados Unidos, bancos como el Wachobia Corp y el Bank of
America, en el año 2008 admitieron ante la corte haber fallado en el
monitoreo y en la obligación de haber reportado sobre movimientos
financieros sospechosos destinados a la compra de aviones para el
transporte de drogas, entre ellos un jet DC-9 (3).

Mientras tanto, Latinoamérica se ve inundada por armas de todo tipo
provenientes de los Estados Unidos, país que además de ser el principal
productor de drogas ilícitas es el mayor proveedor de armas del planeta.
En un reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos se
dictaminó que el “acceso y portación de armas por ciudadanos es un
derecho constitucional fundamental que ningún gobierno estatal o
municipal puede anular” (4). La decisión se convierte en un revés para
México, país donde se ha instaurado una carnicería como consecuencia de
la desintegración del estado fallido, que tanto preconizan los
analistas del norte.

De las 6700 tiendas destinadas a vender armas en los Estados Unidos,
1200 de ellas se encuentran cerca de la frontera con México, siendo el
flujo de armas imparable, como lo señaló la representante demócrata por
California Zoe Lofgren, al decir que en los Estados Unidos la posesión
de las armas es “casi una religión”. Es bastante hipócrita la
permisibilidad para deificar las armas en nombre de una supuesta
“defensa” personal, mientras se prohibe la autoaniquilación a través de
las drogas.

En el caso de la producción de cocaína, buena parte de los precursores
químicos proviene de países industrializados y la China. Es de
conocimiento público que sin ciertos precursores es imposible la
elaboración del clorhidrato, indudablemente la cadena de producción se
requiere de ello para su elaboración. Pero en este campo también reina
la hipocresía: por ejemplo el que fuera otrora, jefe de campaña
presidencial de Avaro Uribe, el Sr. Pedro Juan Moreno Villa, la aduana
estadounidense le decomisó varios cargamentos de permanganato de potasio
en el Puerto de Oakland (California), imponiéndole una multa simbólica
por transgredir la ley, además de no decomisar su valiosa mercancía que
prosiguió su destino a Medellín, Colombia (5).

Es casi imposible conceder el beneficio de la duda a los Estados Unidos
y su guerra en contra del narcotráfico. Los narcos-estados que se han
consolidado en los últimos años, sirven como excusa para la intervención
militar por parte del imperio y la ofensiva en contra de los gobiernos
insumisos a los mandatos del imperio.

Los medios de desinformación masivo magnifican las masacres relacionadas
con el narcotráfico, mientras ocultan las graves consecuencias de las
disparidades económicas que se han agudizado con la implementación del
neoliberalismo. En América Latina el feudalismo existente imposibilita
la movilidad social, la que trágicamente en la mayoría de los casos sólo
se logra a través del narcotráfico.

Para los países de Centroamérica y el resto de América Latina, la
conversión de Costa Rica en un portaviones de los estados Unidos es una
bofeta a nuestra dignidad, ya que el “país modelo” en cuanto a una
aparente desmilitarización, se ha convertido en una base de una posible
agresión que no es precisamente la lucha en contra del narcotráfico sino
un ominoso asalto a un modelo diferente de desarrollo propio, asociado a
un respeto a la recalentada madre tierra y a una visón de distribución
más equitativa de la riqueza acompañada de un verdadero estado de ley.

El golpe de estado en Honduras y un año después la invasión solapada a
Costa Rica, demuestra la esquizofrenia e hipocresía de un imperio en
decadencia.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

La Ceiba, Atlantida 5 de Julio del 2010

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Notas:

(1) http://www.guardian.co.uk/global/2009/dec/13/drug-money-banks-saved-un-cfief-claims
(2)http://www.jornada.unam.mx/2010/06/18/index.phpsection=economia&article=025n1eco
(3)http://www.bloomberg.com/news/2010-06-29/banks-financing-mexico-s-drug-cartels-admitted-in-wells-fargo-s-u-s-deal.html
(4) http://www.jornada.unam.mx/2010/06/29/index.php?section=mundo&article=031n1mun
(5) http://www.deadiversion.usdoj.gov/fed_regs/notices/2000/fr08237.htm