La crisis económica entra en una nueva fase

También fue un período de creciente polarización en la distribución de los ingresos. Este último ha sido un fenómeno mundial, presente también en todos o la mayoría de los países ricos –incluida la tradicionalmente igualitaria sociedad japonesa- y especialmente agudo en el capitalismo anglosajón, o sea, Estados Unidos y Gran Bretaña.

El empobrecimiento relativo de los grupos medios y las clases trabajadoras, en un contexto de enfebrecida presión consumista y agresiva sofisticación de los sistemas financieros, incentivó el endeudamiento a fin de sostener el crecimiento del consumo y, con este, el de la economía en su conjunto. Cuando en 2007 se precipita la crisis hipotecaria, lo que luego se produjo, en varias etapas sucesivas, fue el estrepitoso desmoronamiento de un edificio de especulación cuya base era el crecimiento en espiral de las deudas privadas.

El ciclo del endeudamiento privado choca así con pared. En el caso de Estados Unidos, ello se manifiesta en la aún inconclusa crisis inmobiliaria. Muchas familias continúan perdiendo su vivienda y, sin duda, pasará mucho tiempo antes que los precios de los inmuebles recuperen sus niveles previos a la crisis. Ello pone un freno al endeudamiento y obliga a un ajuste en los presupuestos familiares que, muy probablemente, se extenderá por varios años. Esto, a su vez, compromete la sostenibilidad del crecimiento de la economía estadounidense, justo porque, con mucha diferencia, su principal soporte del lado de la demanda es el consumo de las familias.

El enorme endeudamiento asumido por los bancos –que condujo al sistema financiero a una situación de colapso- posiblemente se ha alivianado mediante un mecanismo perverso: la socialización masiva de pérdidas, gracias a los creativos mecanismos puestos en marcha por diversos organismos del Estado durante los últimos dos años (compra masiva de activos tóxicos por la Reserva Federal, los paquetes de rescate financiero, la garantía estatal de deuda, etc.). De ahí que los grandes bancos –responsables directos del desastre- hayan pasado, como por ensalmo, de las pérdidas catastróficas a las ganancias más espectaculares. En cambio, el ajuste presupuestario de las familias queda librado a sus propias posibilidades, y se ve dificultado por los altos niveles de desempleo que persistirán todavía por mucho tiempo. Todo ello tendrá implicaciones de mediano y largo plazo.

Entretanto, en Estados Unidos como en Europa, los desequilibrios fiscales se agudizaron de forma extraordinaria y, con ello, la deuda pública literalmente ha explotado. Ello es fruto de varios factores combinados: la caída de los ingresos fiscales resultantes de la recesión; el costo inmenso del rescate de los sistemas financieros; las políticas fiscales excepcionalmente expansivas necesarias para frenar la debacle económica. Vemos así ejecutarse un movimiento de traslación desde la deuda privada hacia la pública. Es decir, el sostenimiento del sistema parece depender crucialmente de la deuda. En un ayer muy reciente, el endeudamiento privado descontrolado. Hoy la bola de nieve de la deuda pública.

Pero conforme esta crece, aparecen tensiones que fácilmente se desbordan por los puntos más vulnerables. Es lo que estamos observando en Europa. Empieza en Grecia y, en cosa de días, la bola de demolición (la famosa metáfora de Soros a raíz de las crisis financieras de 1997-1998) golpea a España, Portugal e Irlanda. De momento frenaron el colapso, pero recurriendo a mecanismos que tienen toda la apariencia de ser una simple posposición del problema. Lo tiran para adelante, pero posiblemente no mucho.

La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional conciertan, primero, un paquete conjunto (unos $ 140 mil millones) para el “rescate” de Grecia y, en seguida, proponen un súper-paquete de casi $ 1 000 millones, como respaldo para cualquiera otra economía que pudieran verse amenazada.
El recuento de los daños se resume entonces en lo siguiente: hace muy poco frenaron la debacle de los sistemas financieros y las economías mediante deuda pública. Ahora enfrentan la crisis de la deuda pública mediante…más deuda pública. Es paradójico y no demasiado prometedor.

Por otra parte, la negociación que conduce a este acuerdo implica condiciones extremadamente severas para los países que se suponen están siendo salvados. No se diga Grecia; véase el caso español. El tipo de recorte fiscal que deben aplicar es tan brutal que garantiza, casi con total seguridad, el retorno a la recesión, de la cual España daba algunas débiles y vacilantes señales de estar saliendo. Empujada otra vez cuesta abajo, ¿qué posibilidades reales tendrá España de cumplir con sus deudas y no ser arrastrada a la bancarrota?
La amenaza que representaría una moratoria de pagos por parte de los españoles ya es asunto suficientemente grave. Pero el panorama se vuelve mucho más incierto al observar que economías más grandes que la española –Italia e incluso Gran Bretaña- están bajo amenaza.

¿Pero acaso Estados Unidos es muy distinto? Sus niveles de déficit fiscal se acercan a los peores casos europeos y el ritmo de crecimiento de su deuda federal es vertiginoso. Tiene la ventaja de que su moneda nacional es al mismo tiempo la divisa universal, lo cual facilita –lo ha hecho por mucho tiempo- que el resto del mundo financie sus excesos. Disponen de dos alternativas adicionales para manejar la deuda: el crecimiento económico y la inflación. Lo primero empequeñecería la deuda relativamente al tamaño de su producción nacional. Lo segundo tiene un efecto de “licuación”; cada dólar de deuda pagado implicará menos bienes y servicios sacrificados.

Y, sin embargo, todas estas son apuestas muy inseguras. Que el resto del mundo –y en especial la China- quieran seguir financiando al infinito la deuda estadounidense es cosa harto incierta, lo cual proyecta sombras de duda sobre la estabilidad y solidez del dólar (peor para la economía mundial, ahora que ya no queda duda posible acerca de la vulnerabilidad del euro). Incluso bajo las hipótesis más optimistas el crecimiento económico de la economía estadounidense –como comenté anteriormente- difícilmente recuperará en los próximos años los niveles del período inmediato anterior a la crisis. La alternativa inflacionaria podría ser más eficaz pero constituye una salida peligrosa, un arma de doble filo.

En lo inmediato, el fantasma de la recesión parece reinstalarse con firmeza en Europa, lo que recortará los índices de crecimiento económico mundial, incluyendo Estados Unidos. No es descabellado pensar que la crisis europea de la deuda dará en próximos meses nuevos y peligrosos bandazos, en cuyo caso no debería descartarse que el “contagio” alcance a la deuda estadounidense.

Así pues, la crisis económica mundial ha entrado en una nueva fase que se desata a partir del colapso de la deuda pública y revierte con furia sobre los sistemas de seguridad social, el empleo y los salarios. Eso es tema para un próximo artículo.

*especial para ARGENPRESS.info

Honduras: Asesinados 157 niños y jóvenes desde la asunción de Porfirio Lobo

La organización humanitaria Casa Alianza denunció que las ejecuciones de menores son una tragedia en este país, y que la violencia se recrudeció luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

No obstante, apuntó que desde 1998 se cometen estos crímenes de menores, que suman 5380, un promedio de 40 muertes violentas por mes.

Por otra parte, la Comisión de la Verdad instalada el 4 de mayo para indagar pormenores del golpe de Estado militar y de la derecha sigue enfrentando enorme polarización, dudas y escepticismo, dijo el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, en debate en el Diálogo Interamericano en Washington.

Stein, coordinador de la Comisión de la Verdad, dijo que la intensidad de la polarización no ha disminuido nada y que se buscan señales de acercamiento entre las partes, y ver si hay espacio para el diálogo político.

Indicó que la comisión es criticada desde ambos lados: quienes consideran que desde el golpe la Constitución sigue vigente y quienes lo cuestionan.

*Sindicalistas asesinados… *

El Frente Nacional contra el golpe de Estado en Honduras ha condenado reiteradamente la muerte de dirigentes sindical y sociales, como el caso de Jairo Sánchez, quien murió luego de permanecer en estado crítico por un disparo que recibió de fuerzas militares durante una manifestación.

Sánchez y otras cientos de personas fueron reprimidas por los organismos de seguridad a las órdenes del régimen golpista en una barriada de Tegucigalpa de nombre San Francisco. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que en los sucesos también recibieron heridas de bala otras seis personas.

La víctima era presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional (Sitrainfop), informó el coordinador del Frente de Resistencia, Juan Barahona, quien afirmó que esta nueva muerte es parte del esfuerzo del gobierno golpista para “paralizar, mediante el terror, la resistencia popular”. Esto no lo han logrado pese a las ilegales elecciones presidenciales bajo un régimen de facto.

En manos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Honduras, Sitraunah, está una lista de 30 personas que la policía maneja para ser asesinadas.

Video sobre esta lista

…y periodistas

Los periodistas de Honduras corren grave peligro. Seis periodistas, todos ellos hombres, han muerto por disparos en las últimas ocho semanas, y muchos más han recibido amenazas de muerte. Nadie ha rendido cuentas por estos hechos, y no se ha emprendido ninguna acción para respaldar y proteger a los periodistas que hablan o escriben sobre la delincuencia organizada, las violaciones de derechos humanos o el gobierno.

El 20 de abril, el presentador de informativos Jorge Alberto Orellana se convirtió en el sexto periodista asesinado desde el 1 de marzo. Le dispararon al salir de la emisora de televisión TVH en la capital, Tegucipalpa, tras terminar su programa “En vivo con Georgino”.

Todavía no se ha identificado el motivo de los homicidios. Los seis periodistas asesinados murieron por disparos de agresores no identificados.

Entre los fallecidos se encontraban el periodista radiofónico David Meza Montesinos y Nahúm Palacios, director de informativos de la emisora de televisión Canal 5. David Meza Montesinos, muerto el 11 de marzo, había estado investigando sobre el narcotráfico y llevaba varias semanas recibiendo amenazas.

Nahúm Palacios fue asesinado tres días después. Había investigado una disputa de tierras en la región de Aguán y también había informado sobre el narcotráfico, además de condenar abiertamente el golpe de Estado de junio de 2009. El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Honduras que tomara medidas para protegerlo, pero las autoridades no lo hicieron.Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de amenazas e intimidaciones contra periodistas.

Ricardo Oviedo Reyes, periodista de televisión y presidente de la Asociación de Comunicadores de Colón, en el noreste de Honduras, informó de que, el 9 de abril, un grupo de personas que estaban ante el estudio de televisión en el que se encontraba trabajando realizaron disparos.

En otra ocasión, dos hombres que viajaban en una motocicleta lo siguieron hasta casa desde el estudio, y se les ha visto más veces rondando por su casa. El 21 de abril, un hombre no identificado telefoneó a Ricardo Oviedo y le dijo: “Te vas a morir”, antes de colgar. El 18 de abril, el periodista televisivo Jorge Otts Anderson fue amenazado mientras presentaba un programa informativo.

Tras presentar la historia de un joven golpeado por agentes de policía, recibió en directo la llamada de un hombre que dijo: “Te vamos ir a matar”, y colgó. Tan sólo un mes antes, también durante su programa, llamó un hombre que dijo: “Tu cabeza ya tiene precio”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a Honduras que proteja a más de un centenar de personas cuya vida corre peligro.

Fuentes consultadas: Prensa Latina, Afp, La Jornada, Amnistía Internacional.

Megapuerto de Transferencia del Atlántico

Ver en Archivos Relacionados: Actualización Enero 2010
(Ver ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha)

Descripción del proyecto.
Este proyecto propone la construcción y operación de una terminal de trasbordo de contenedores en la costa Atlántica de Costa Rica. Los componentes esenciales son una terminal de trasbordo de contenedores construida usando material dragado del lecho marino, formando un canal de acceso y un área de giro de profundidad suficiente para permitir el acceso de los barcos más grandes actualmente en operación o en operación. La terminal estará ubicada en su totalidad en tierras ganadas al mar evitándose la adquisición o expropiación de tierras.

Beneficios e Impactos Económicos y Ambientales.
El proyecto propuesto contribuirá al desarrollo de la infraestructura de transportes y a la eficiencia de los puertos, además de generar miles de empleos dignos y bien remunerados durante las fases de construcción y operación, mejorando significativamente las condiciones socioeconómicas de una de las zonas más necesitadas del país.

AMEGA pagará un canon por la explotación de la concesión, el cual no podrá ser superior al 5% de los ingresos brutos generados por la concesión otorgada. Se estima un ingreso anual para JAPDEVA del 2% de los ingresos brutos del proyecto debido a un canon indicativo. Además, el proyecto proveerá otros beneficios económicos adicionales al potencial beneficio fiscal del proyecto, originado en el impuesto sobre la renta a una tasa del 30% sobre los ingresos netos.

Los factores socio ambientales que serían afectados serían el suelo y el subsuelo, la calidad del agua de mar y de los cuerpos superficiales de agua dulce, la calidad del agua subterránea, la flora y fauna terrestre y marinas, el aire y ciertos aspectos socioeconómicos (incluyendo fundamentalmente cambios en las condiciones sociales y de empleo, impactos sobre las condiciones del tráfico e impactos sobre el paisaje).

Plazo de la Concesión.
El proponente solicitó 50 años, lo cual será revisado durante la etapa de proposición.

Costo del Proyecto.
US$652 Millones.

Empresa o Consorcio Proponente.
Americas Gateway Development Corporation (AMEGA) Ltda.

Servicios
El concesionario prestará los servicios de trasbordo, esto es, de descarga de contenedores del barco a la costa, manejo, almacenamiento y clasificación de contenedores de carga de costa a barco, así como todos los servicios auxiliares para los barcos que arriben al MTA, tales como remolque, pilotaje, amarre, etc. Este proyecto no realizará movimientos de importación o exportación de carga al territorio Nacional.

Coordinador del Proyecto.
Gerencia del Programa de Iniciativa Privada, en conjunto con una unidad ejecutora definida por JAPDEVA.

Marco Legal
Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos- Ley No.7762, sus disposiciones reglamentarias y sus reformas; particularmente, el Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y sus reformas; sin perjuicio de la aplicación supletoria de otras disposiciones como la Ley de Contratación Administrativa y normas reglamentarias.

Situación Actual
El proponente ha desarrollado los estudios de prefactibilidad que sustentan razonablemente los aspectos técnico, legal, financiero y ambiental. JAPDEVA y CNC han externado su interés en que el proponente continúe con la elaboración de los estudios de factibilidad. SETENA ha emitido la respectiva aprobación ambiental preliminar, indicando los términos de referencia que deberán ser cubiertos con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Nos quitan el oro a cambio de espejismos…con la privatización de los puertos de Limón-Moín

Documentos OFICIALES del Gobierno

Existen dos aspectos trascendentales en ese cartel que merecen la atención de toda la ciudadanía:

1. Establece en el punto 11.7”estructura tarifaria” (página 117), que el aporte del concesionario para el Desarrollo socioeconómico de la provincia de Limón será de un 5% (cinco por ciento) de los ingresos brutos.

2. En el punto 9.1 “Servicios públicos a ser prestados por el concesionario” (pág. 109), constituye a la TCM (nueva Terminal de Contenedores de Moín)…”como la única encargada de atender barcos portacontenedores fully celular container ships destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica”.

Este intento de rebajar tácitamente a 5% el aporte del 15% que percibe la población con la Administración de JAPDEVA, configura la mayor estafa que un gobierno ha infligido al pueblo limonense en toda su historia. Recordemos que el Gobierno Central ha prometido reiteradamente que lejos de disminuir el aporte se incrementaría. Es así como en el primer cartel publicado, efectivamente se estableció un 15 % de aporte al desarrollo socioeconómico, porcentaje que luego se redujo drásticamente en la última versión al 5 . Es importante considerar que mientras estos cambios se gestaban en perjuicio del desarrollo social, paralela y generosamente se incrementó la tarifa autorizada para el concesionario de $170/movimiento a $ 252/ movimiento, o sea casi un 50 de incremento. Y es que el daño es mayor a lo que parece, pues como se indica en el punto 2 anterior, se está generando un monopolio privado en la atención de barcos full contenedores, que además obliga a JAPDEVA a ceder aproximadamente un 40% de la carga que actualmente maneja en sus muelles, lo que significaría una reducción del 60 % de los ingresos de la Institución, disminución que se reflejará en los aportes que da al desarrollo regional. Esto lo que genera es una competencia desleal en contra de una Institución del Estado.

Lo anterior es una burla al Estado de Derecho y la violación del Derecho al Desarrollo Humano de todos los residentes de la Provincia de Limón quienes seguiremos condenados perennemente al sub-desarrollo humano y a la pobreza debido a decisiones burocráticas amañadas.
Creada mediante Ley Nº 3091 de 18 de febrero de 1963, y reformada en Ley Nº.5337 de 9 de agosto de 1973, JAPDEVA es el ente Autónomo del Estado con carácter de Empresa de utilidad pública que asume las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria.

En virtud de dicha ley compete solo a JAPDEVA construir, administrar, conservar y operar los puertos existentes. Lamentablemente esta institución está siendo inmolada con inadecuadas e incoherentes decisiones políticas.

Acorde con su Ley creadora JAPDEVA debe cumplir también una función de ente propulsor del desarrollo de la provincia de Limón, a través de la inversión en obras de interés comunal e infraestructura al servicio de los habitantes de esta región. En las comunidades caribeñas existen economías formales e informales esenciales, que giran en torno a las actividades de JAPDEVA, las cuales se verán seriamente afectadas en la eventual concesión, con repercusiones ruinosas desde el punto de vista socio-económico.

Durante muchísimos años JAPDEVA ha asumido el rol que le corresponde al Gobierno en la provincia caribeña, destacándose en materia de infraestructura y apoyo a los pequeños productores de la región, así como en la construcción de escuelas, iglesias, fomento del turismo, mantenimiento de los canales del norte, instalaciones deportivas, atención de emergencias, etc.

A pesar de ese 15 % sobre los ingresos de la Institución que se invierten actualmente en Desarrollo, los cuales han rondado los ¢ 5.000 millones en los últimos años, los políticos que la administran no han logrado mitigar los indicadores sociales que señalan que una tercera parte de los hogares de la provincia de Limón están en la franja de pobreza muchos más que en el resto del país.

El distrito central de Limón donde se ubican los puertos, es el segundo a nivel nacional con mayor concentración de familias pobres, —más de 5.000—, solo superada por Pavas en San José.

El Poder Ejecutivo tampoco ha empleado eficientemente los recursos para disminuir el desempleo que supera el promedio nacional, ni para atender la seguridad ciudadana y la vulnerabilidad infantil, que en Limón presentan los peores índices de Costa Rica. El impacto de la pobreza repercute en el acceso a la salud y el acceso a la educación, reflejándose en el Cantón de Talamanca, con el índice de desarrollo humano más bajo de toda Costa Rica- (PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal Costa Rica, 2007).

Por lo dicho, resulta abusivo el trueque pactado entre el gobierno y los trabajadores de JAPDEVA, de pagar $137 millones de dólares a cambio de permitir la concesión. Es obvio que cuando ese dinero se acabe tendremos que tolerar a 1.500 nuevas familias engrosando las estadísticas de deterioro socioeconómico, mientras los muelles construidos con el dinero de todos los costarricenses estarán produciendo enormes ganancias para el disfrute de unos pocos empresarios favorecidos.

* Miembro del Equipo de Gestión local para el Desarrollo Humano en Limón.


Fuente: Boletín Conciencia Limonense

Peligros de la moratoria a la minería de oro firmada el 8 de mayo

Existen, sin embargo, dos elementos clave que no deben ser obviados en medio del júbilo de la firma y promulgación del decreto, y que, por el contrario, deben ser objeto de un análisis pausado y frío, con adecuado criterio científico:

El primer elemento que llama la atención, es que pocos días antes del cambio de poder y habiendo anunciado doña Laura, que iba a emitir un decreto de moratoria, la administración Arias firmara un decreto de moratoria a la minería de oro. Administración que había levantado una moratoria indefinida que regía desde el 2002 (Decreto No. 34492-MINAE, 18 de marzo del 2008), y que había otorgado la concesión de explotación minera para el proyecto Crucitas, (Resolución R-217-MINAE 21 de abril 2008) y también la que había declarado de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto (Decreto No. 34801-MINAET, 13 de octubre del 2008).

Ese decreto que deja firmado el ahora ex–Presidente Arias, declara la moratoria únicamente a la minería de oro a cielo abierto, dejando por fuera la minería de oro de tipo subterráneo, la de placer, que es aquella que no usa cianuro ni mercurio, sino que extrae el oro de los sedimentos de los ríos, y otros tipos de minería metálica. Además, incluye una extraña frase: “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que aclare qué tipo de derecho y obtenido bajo qué forma, lo cual en los términos del Código de Minería actual, puede resultar contradictorio desde el punto de vista técnico y legal.
El segundo elemento, se refiere al decreto de modificación que firmó doña Laura, para el cual hay varias observaciones importantes:

a. Se amplía la moratoria dictada por la Administración Arias para que alcance también a la minería metálica de oro de tipo subterráneo, y se limita a la minería de oro que usa cianuro y mercurio.

b. Se deja por fuera la minería de oro de placer, la cual representa un potencial peligro para la Península de Osa donde este tipo de minería podría darse.

c. No declara moratoria al resto de la minería metálica, como la de plata, aluminio, cobre, plomo, cromo, níquel, manganeso o uranio, de las cuales el país, por sus condiciones geológicas, podría tener potencial. No se debe olvidar el comunicado del Colegio de Geólogos de Costa Rica a la Asamblea Legislativa, de marzo pasado, sobre el texto sustitutivo al Código de Minería en la que señala el potencial minero del país. Con el decreto tal y como está redactado, las empresas mineras podrán seguir solicitando permisos de exploración y hasta concesiones de explotación minera metálica para otros metales que no sean oro. Es claro que hay una inconsistencia, dado que este tipo de minería es igual o más impactante que la minería de oro.

d. Se mantiene la redacción que utilizó el decreto de moratoria de don Abel Pacheco en el 2002, y que a todas luces no funcionó con la Administración Arias, señalando que se declara la moratoria de forma “indefinida”. Ante esto, lo más recomendable es ser consistente con la meta, y señalar que la moratoria se mantiene hasta tanto no se haga una revisión integral del Código de Minería y, basada en una evaluación de costo – beneficio ambiental de la minería metálica para el país, se tome una decisión nacional y definitiva sobre dicha actividad.

e. Finalmente, al mantener la frase “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que se aclare cuáles derechos y de qué forman son obtenidos, se corre el riesgo de que muchos de los casi 40 expedientes de minería metálica, 15 de ellos de la misma minera de Crucitas, Industrias Infinito S.A., y otros 3 en territorios indígenas, hagan lo mismo que sucedió en el año 2003 y reclamen, basado en una redacción confusa del Código de Minería actual, que ya tienen derechos adquiridos y por tanto que debe permitírseles continuar con los trámites de exploración y explotación minera. Mucho pudo haber pasado durante casi 23 meses en que duró el levantamiento de la moratoria a la minería metálica, decretado por la Administración Arias.

Como se ha expuesto, el decreto de moratoria firmado por la señora presidenta deja abiertas muchas puertas para que la minería metálica pueda seguir dándose en el país, lo cual pareciera contradecir su compromiso de prohibir la minería mediante un decreto de moratoria.
En esta perspectiva, resulta oportuno establecer directrices hacia un futuro no lejano, en el cual la demanda de metales preciosos por las grandes transnacionales, pongan su mirada en los valiosos recursos del suelo y subsuelo marino, donde nuestro país tiene enormes reservas coincidentes con áreas estratégicas de reproducción y variedad de especies.

Ante esto, nos permitimos hacer un llamado vehemente a las nuevas autoridades para replantear el decreto firmado el 8 de mayo, con base en fundamentos más jurídicos, técnicos y científicos, de manera tal que se cierre en forma firme y decida la probabilidad de que la actividad minera metálica pueda desarrollarse en el país en las condiciones actuales.
Con mucho respeto someteríamos una propuesta de decreto que podría ser una base de discusión y análisis en aras de mejorar el decreto de moratoria minera en el país.

GRUPO LLAMADO URGENTE POR EL PAÍS
http://llamadourgenteporelpais. blogspot.com

1. Dr. Rafael Arce Mesén, Geógrafo, Docente-Investigador, UCR
2. M.Sc. Mario Arias Salguero, Hidrogeólogo, CIG, UCR
3. Dr. Allan Astorga, Geólogo, UCR
4. M.Sc. Javier Baltodano Aragón, Biólogo, Coeco Ceiba
5. Dr. Nicolas Boeglin, profesor, Facultad de Derecho, UCR
6. M.Sc. Rolando Castro, Abogado, CEDARENA
7. M.Sc. Olga Corrales, Abogada
8. Lic. Gabriela Cuadrado, Abogada, CEDARENA
9. M.Sc. Vanessa Dubois, Gestión Ambiental, FANCA/FUDEU
10. Dr. Rafael González Ballar, Abogado, Facultad de Derecho, UCR
11. M.Sc. Raúl Guevara, Abogado
12. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Biólogo, Escuela Biología, UCR
13. Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Escuela Biología, UCR
14. M.Sc. Oscar Lucke, Geógrafo, Escuela de Geografía, UCR
15. Lic. Patricia Madrigal, Abogada, CoopeSolidar
16. M.Sc. Jorge Mora Portuguez, Abogado, FANCA/FUDEU
17. Dr. Eduard Muller, Rector, UCI
18. M.Sc. Mario Peña Chacón, Abogado, Facultad de Derecho, UCR
19. Dr. Carlos Quesada Mateo, Ingeniero Civil, CCT
20. Dr. Guillermo Quirós, Oceanógrafo, UNA
21. M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, UNA
22. M.Sc. Vivienne Solís Rivera, Bióloga, CoopeSolidar
23. M.Sc. Luis Carlos Vargas Fallas, especialista en aguas
24. M.Sc. Luis Villalobos, Médico Salubrista, Investigador, UCR

Miramar en crisis por recurso hídrico y el caso piñero

Pasar hasta 12 horas sin agua, es algo común desde marzo pasado para habitantes de la comunidad de Miramar de Puntarenas, quienes en algunos casos atribuyen la carestía a problemas en la distribución municipal del líquido, y otros lo ven como una consecuencia de los cambios en las fuentes, que se dieron como producto de la operación de la mina de oro a cielo abierto Bellavista.

Sea cual sea la verdadera razón del problema, las personas de los barrios que ocupan la parte más alta de esta localidad, son los que sufren con mayor rigor la ausencia del necesario líquido en sus viviendas.
Guillermo Alfaro Ugalde, vecino del barrio El Guapinol, narró que es común que el agua falte de 8 de la mañana a 8 de la noche, por lo que cuando hay tienen que guardarla en ollas y cualquier otro recipiente disponible.

Alfaro Ugalde opina que los problemas de abastecimiento se originaron con los cambios de fuentes de agua que se dieron con la operación de la mina, pues antes de eso no había tanto faltante.

Su vecina y dueña del abastecedor El Higuerón, Dary Carmona Vindas, recordó que desde enero pasado el agua en Miramar “la sectorean”; es decir, la Municipalidad hace racionamientos por sectores, por lo que es frecuente que la corten a las 7:30 de la mañana y todavía a las 11 de la noche no haya retornado.

Sin embargo, la comerciante atribuye la escasez a una mala captación en sus fuentes en las partes altas, en donde posee una finca y allí sí hay agua e incluso se desborda de los tanques que la captan.

Carmona Vindas desestimó que las modificaciones de fuentes hechas por la mina Bellavista, hayan provocado el insuficiente abastecimiento, pues la fuente La Vega que sustituyó a otras dos cerradas (Montezuma I y II) aporta ahora más agua al acueducto.

Mientras tanto, Zelmira Suárez Anchía, del barrio Los Jocotes, tampoco tiene una idea precisa de por qué falta el líquido todos los días, con excepción de los domingos y desde principios de año.

Ninguna de estas personas tenía una explicación por parte el ayuntamiento, ya sea porque alegan dificultades para poder reunirse con el alcalde Álvaro Jiménez, o porque por diversas razones no han querido hacer valer sus derechos como contribuyentes.

Por otra parte, lugareños como Sonia Torres –del Comité Ambiental de Miramar- y Julio Müller –de la agrupación Miramar al Grano- no dudan en señalar que el responsable de la escasez de agua es el proyecto minero Bellavista –paralizado desde el 2007- junto con el acelerado desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Por el contrario, el alcalde Álvaro Jiménez rechaza que la mina sea la causante de la escasez del agua, y más bien afirmó que “la crisis se nos vino por la sequía mundial”.

¿LOS EFECTOS DE LA MINA?

Cabe recordar que al igual que en la actualidad la minería a cielo abierto en Crucitas es cuestionada la operación de la mina Bellavista sobre la cuenca del río Ciruelas enfrentó férrea oposición de algunos sectores de Miramar, sobre todo ante el eventual riesgo de contaminación por cianuro de las fuentes de agua.

A pesar de que la empresa minera canadiense Glencairn Corp. había ofrecido trabajar con las tecnologías más modernas y había asegurado contundentemente que usarían geomembranas irrompibles para evitar que la contaminación de los suelos llegara a las fuentes de agua, el tiempo se encargó de demostrar que eso no era cierto.

En octubre del 2007, las fuertes lluvias socavaron las terrazas construidas para la explotación aurífera y los deslizamientos terminaron por romper la geomembrana y destruir varias edificaciones y equipos de los planteles.
Al final, la empresa cerró sus operaciones y se marchó del país. En la actualidad, aquel proyecto minero está en manos de otra firma canadiense: B2 Gold, que según su página en Internet lleva a cabo una “fase 2” y una auditoría ambiental de cierre de ese complejo, aunque la compañía realiza investigaciones tendientes a una reapertura, con utilización de diferentes tecnologías mineras.

Como una muestra de que la crisis por el agua en Miramar se ha acentuado, Sonia Torres recordó que en este año ninguno de los tanques de captación que comprende el acueducto mostró rebalse; esto ocurre cuando los depósitos se llenan en algún momento y por lo tanto el agua se desborda. A la gente le han vendido la idea de que el problema es de distribución, pero también hay crisis porque no hay suficiente agua, acotó.

Al profundizar acerca de las limitaciones del líquido que enfrentan en la comunidad, la ambientalista enumeró las que a su parecer son las principales causas: malos cálculos a la hora de proyectar el crecimiento de la población, la sequía, la deforestación, y la desconexión –por la operación de la mina- de dos fuentes que abastecían al pueblo desde 1957. Torres precisó que las fuentes Montezuma I y II fueron desconectadas ante el riesgo de que la mina Bellavista las contaminara con cianuro; estas últimas eran muy estables, ya fuera en la época de lluvias o en el verano.

En su lugar, la empresa minera construyó una tubería desde la fuente bajo su concesión La Vega, que en teoría iba a aportar 20 litros por segundo y que al final solo surtió 2 litros por segundo.

“Ese es uno de los malos negocios que hizo el Alcalde y el Concejo Municipal, porque no fueron vigilantes de que los acuerdos tomados con la empresa minera se respetaran”, cuestionó Torres.

Otro factor que en su opinión incide en la carestía del agua y que es respaldado por Julio Müller, es la aprobación de diversos proyectos habitacionales, tanto de interés social como desarrollos inmobiliarios.
Según lo expone Müller en un volante de Miramar al Grano: “Me preocupa que alrededor de Miramar se ofrecen más de 1500 propiedades en el mercado inmobiliario. Son fincas filiales en lujosos proyectos turístico-habitacionales”.

Para él, a la fuente La Vega se le atribuyó un alto caudal, con el fin de justificar la desconexión de las fuentes Montezuma I y II, y en la actualidad se usa ese supuesto alto volumen de agua para darle viabilidad a la conexión de las nuevas urbanizaciones.

Con miras a enfrentar mejor los problemas de abastecimiento, Müller propone encargar a ingenieros de universidades estatales que midan los caudales de las fuentes, decretar una moratoria en el suministro a nuevos proyectos, y someter a consideración de la comunidad un plan regulador.
Sonia Torres avaló la necesidad de que instancias externas de la comunidad les ayuden a determinar no solo la cantidad de agua disponible con miras a una mejor planificación de su uso, sino también la calidad, dado que no se sabe si está contaminada por elementos químicos provenientes de la mina.

En este sentido, la coordinadora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (Pro-GAI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Yamileth Astorga, dijo que el pasado 10 de abril recibió una solicitud planteada por vecinos de Miramar, en la cual solicitaban colaboración para hacer un aforo de las fuentes de agua.

Astorga se comprometió a gestionar la ayuda técnica que permita atender la necesidad de dicha población y alegó que no disponen de recursos humanos ni materiales para hacer una evaluación de la calidad de esas aguas.

“SEQUÍA MUNDIAL”

Al referirse a la problemática del agua en su comunidad, el alcalde Álvaro Jiménez aseveró que “la crisis se nos vino justamente por la sequía mundial, nosotros no nos escapamos de la situación que vive el mundo en materia de abastecimiento de este preciado líquido”.

De acuerdo con Jiménez, “lo que hemos hecho en estos días es sectorear el agua, especialmente en los días más críticos –después de semana santa y hasta finales de abril-pedimos que no regaran las plazas de deportes, y fuimos a hacer conciencia en las escuelas y colegios, para que no hubiera desperdicio”.

Desde el año 2003 que ocupa el cargo de alcalde, nunca habían tenido una crisis de agua como la de este año, que duró no más que unos 22 días, aseguró.

Para que no se repita la situación el próximo año, anunció que construyeron un tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos para Miramar y dos más para otras comunidades.

Sumado a lo anterior, hacen gestiones ante los organismos respectivos, para que le den a la Municipalidad algunas concesiones más de agua, tendientes a atender la demanda.

Jiménez negó que el ayuntamiento haya dado más permisos para nuevos desarrollos inmobiliarios. “Más bien hemos sido vigilantes, cuidadosos, de que cuando llega un empresario, lo primero que le hemos dicho es aquí hay problemas con el agua y la municipalidad es la que la administra. Vamos a continuar siendo absolutamente celosos y vigilantes en este sentido”.

El funcionario descartó tajantemente que la mina Bellavista haya provocado impactos sobre las fuentes de agua que abastecen a Miramar, en vista de que “toda la actividad minera estaba muy por debajo de las nacientes. Entonces, lo que nos dicen los técnicos es que no es posible que la actividad minera afectara el abastecimiento”.

**Respecto de la fuente La Vega, sostiene que la empresa minera aporta la totalidad de los 20 litros por segundo que produce al acueducto municipal y no se deja nada para su uso.

De igual manera, garantizó que hay “permanentes” evaluaciones de la calidad del agua, por parte de esa municipalidad, de la empresa minera, de Acueductos y Alcantarillas, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

VISITE BLOG MIRAMAR AL GRANO
http://riesgodegoldenhills.blogspot.com

VISITE CRONICA FOTOGRÁFICA DE COLAPSO MINERO EN COSTA RICA
http://picasaweb.google.de/hundevonjinotepe/MinaBellavistaCrNicaDeUnColapso20062007

* Miramar de Puntarenas
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PLANTACIONES DE PIÑA INVADEN EL PACIFICO CENTRAL DE COSTA RICA

Sonia Torres

Las empresas piñeras, una vez entrados en operación mecanismos, instrumentos e incentivos que apoyan el modelo agroexportador dentro del marco del TLC, se han establecido fácilmente en el Pacífico Central, convirtiéndose en la principal fuente de trabajo en zonas marginales de Puntarenas.

Documento completo en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha.

Piden explicaciones a la presidenta Chinchilla por la represión policial

En el documento entregado a la Presidenta Chinchilla por las organizaciones sociales y sindicales; se hace un recuento de los 5 hechos de mayor violencia policial contra protestas pacíficas de civiles desarmados, ocurridas entre el 12 de abril, cuando agentes de la policía judicial invadieron sorpresivamente el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica y la emprendieron a golpes contra estudiantes, profesores y funcionarios hasta la represión de la protesta estudiantil de los alumnos del Liceo Vargas Calvo, en donde policías antimotines fuertemente apertrechados reprimieron a los adolescentes, el 13 de mayo. “No deseamos ver a Costa Rica sumida en un clima de intolerancia y represión contra quienes defienden lo que consideran que contribuye a crear una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos de la humanidad y la naturaleza” dice el documento de las organizaciones que defienden el derecho al disenso y a la protesta pública.

“No queremos un país donde la disidencia política y el pensamiento crítico, sean perseguidos mediante la violencia policial, ni desacreditados por las fuerzas del Gobierno”, agregan las organizaciones de la sociedad civil firmantes del documento.

El texto completo del documento es el siguiente.

“Organizaciones sociales y sindicales piden explicaciones a la Presidenta Chinchilla por la represión policial contra protestas sociales”.

“Las organizaciones sociales y sindicales abajo firmantes, solicitamos explicaciones a la Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda, ante la creciente represión policial contra las protestas sociales experimentada desde hace varias semanas”.

“Algunos de los eventos que citamos en este escrito ocurrieron en la administración Arias, sin embargo, la actuación de violencia creciente por parte de la policía evidencia su transformación en un ente represivo y militarizado. La ocurrencia de estos hechos en un plazo tan corto, muestra la configuración de una política represora de parte de ambos gobiernos, que debe detenerse de inmediato”.

“Algunos de los eventos que citamos en este escrito ocurrieron en la administración Arias, sin embargo, la actuación de violencia creciente por parte de la policía evidencia su transformación en un ente represivo y militarizado. La ocurrencia de estos hechos en un plazo tan corto, muestra la configuración de una política represora de parte de ambos gobiernos, que debe detenerse de inmediato”.

“Hechos sobre los que deseamos explicaciones: – La represión sufrida por el estudiantado de la Universidad de Costa Rica el 12 de abril del presente año, cuando defendían la autonomía universitaria que protege la producción de ciencia y pensamiento libre ante la intromisión de agentes del OIJ. La represión física ejecutada dentro de la Universidad incluyó personas heridas, arrestadas y golpeadas”.

“- La manera violenta en que la Fuerza Pública disolvió una protesta en Limón el día 29 de abril, cuando diversos grupos se manifestaban contra la privatización de los puertos del Caribe, el intervencionismo del gobierno en los sindicatos y el proyecto de Ley de Empleo Público. En dicha ocasión, la policía actuó de forma provocadora y arrestó a una veintena de personas solamente por estar protestando”.

“- La grave represión sufrida durante los actos del Traspaso de Poderes, donde un grupo de personas hacían uso de sus derechos al libre tránsito y a la libre expresión. En La Sabana un cordón policial cerró el paso. Varios de los policías echaron sus caballos contra los manifestantes, desatándose un desorden que facilitó la captura injustificada de aproximadamente una decena de muchachos y la agresión contra personas indefensas, que inclusive fueron pisoteadas por caballos”.

“Se cuenta con abundante prueba documental tanto por filmaciones de la policía como de las personas manifestantes. Ante esta situación, la escritora Julieta Dobles, la abogada Jeannette Román y el periodista Héctor Ferlini Salazar, presentes en el lugar, dialogaron con los jefes policiales señalándoles que no había razón para el proceder policial de tirar los caballos contra la marcha y que debían liberar a los detenidos. Los jefes policiales Rivera y Ching se negaron. En ese marco una mujer policía se refirió despectivamente diciendo “esos son los de Ciencias Sociales”.

“- La violación del derecho a la libre expresión. El mismo 8 de mayo un grupo de personas distribuían volantes en la Avenida Central de San José. Ha circulado por Internet una denuncia con gran cantidad de fotos en la cual se indica que los volantes fueron decomisados por un contingente policial. Además, se intimidó al grupo manifestante al ser rodeado por agentes de la GAO armados con subametralladoras”.

“- La forma violenta en que la policía disolvió una manifestación de estudiantes del Liceo Vargas Calvo el 13 de mayo de 2010. En esa ocasión, se empleó a la policía antimotines contra un grupo de menores de edad que protestaban por una medida tomada por el director del colegio”.

“Ante estos hechos preguntamos a la Presidenta Laura Chinchilla Miranda lo siguiente:

1. ¿Está usted de acuerdo con que una manifestación pacífica sea reprimida por la policía, causando golpes, heridas graves e incluso pérdida de conciencia a las personas que ejercen el libre derecho a manifestarse como ocurrió el 8 de mayo?”.

2. Si ese día la orden superior era impedir el libre tránsito y la libre expresión de estas personas durante el Traspaso de Poderes, ¿por qué los efectivos de Seguridad no se mantuvieron en el cordón policial sin necesidad de perseguir a caballo a las y los jóvenes? ¿Por qué se lanzó la policía contra personas desarmadas e indefensas?”

3. ¿Está usted de acuerdo, en su doble calidad de Presidenta y de Coordinadora del recién creado Comité Consultivo en Seguridad, con el decomiso de volantes con contenido social o político que son distribuidos en la vía pública?”

4. ¿Está formándose a las y a los policías con conceptos ideologizados y sesgados, contra quienes disienten del sistema político, económico y social establecido?”

5. ¿Va a formar parte su gobierno de las campañas ideológicas y represivas culturales, junto a otros sectores, como es el caso de medios informativos que desacreditan con calificativos peyorativos la protesta social, o como es también el caso de una periodista de un telenoticiario que descalificó al grupo de manifestantes del 8 de mayo sugiriendo que mejor hubiesen ido a la “feria del agricultor o a pasear con sus familias” antes de marchar?”

“Agradeceremos una respuesta pública clara para las 5 preguntas, sin ninguna evasiva. El país necesita respuestas claras”.

“No deseamos ver a Costa Rica sumida en un clima de intolerancia y represión contra quienes defienden lo que consideran que contribuye a crear una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos de la humanidad y la naturaleza. No queremos un país donde la disidencia política y el pensamiento crítico, sean perseguidos mediante la violencia policial, ni desacreditados por las fuerzas del Gobierno”.

Atentamente,

Organizaciones firmantes en orden alfabético:
1. Asociación Conservacionista YISKI
2. Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
3. Asociación Programas Sociales de Dominical
4. Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía,
(ASDEICE)
5. CB Yamileth López-Costa Rica
6. Comité Ambiental de Miramar
7. Comité Patriótico Sabanilla/Cedros
8. Comité Patriótico Zarcereño
9. Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), referente nacional de la
Coordinadora Sindical de América Central y del Caribe (CSACC)
10. Confraternidad Guanacasteca
11. Escuela Popular Pablo Presbere
12. Foro Ecuménico para El Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA)
13. Frente Nacional de Comunidades Costeras
14. Frente Patriótico Distrital de Piedades Sur
15. Grupo Ambientalista Tivives
16. hormigueros1856
17. Movimiento Alternativa de Izquierdas (MAIZ)
18. Movimiento Patriótico de Occidente
19. Movimiento Patriótico Juanito Mora de Pasoancho-San Sebastián
20. Movimiento Patriótico Ramonense
21. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)
22. Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP)
23. Sindicato Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular
(UNPROBANPO)
Las firmas continúan…

Fuente: http://informa-tico.com

¿US$ 9.000 mensuales? ¡Viva la pepa!

En lugar de los 2.5 millones de colones mensuales, cobraremos 4.5 millones al mes. ¡No hemos ni empezado a trabajar, pero es claro que sí lo merecemos! ¡No es posible que la Contralora gane más que nosotros, carajo! Ni tampoco el gerente del Citibank. ¡Hay que darse a respetar, sí señor! Y sin sonrojarse, nuestros padres y madres de la patria se hicieron el aumento. ¡Que paguen los contribuyentes!, se dijeron a sí mismos en los pasillos y en la cafetería de Cuesta de Moras. Además, ¡la elección ya pasó y no necesitamos los votos de nadie!

Y también dijeron en la cafetería de Cuesta de Moras: ¡al diablo con el Decreto Nº 35665-MTSS 2010 de salarios mínimos! Allá los pobres trabajadores con sus penurias. No nos importa que el salario de un jornalero sean 206.000 colones al mes. Que se jodan ellos al sol. De por sí, se trata de un vulgar trabajo manual, dijo alguno por allí. Ese Decreto mejor no lo toquemos, que ya ganan lo suficiente, dijo otro. No importa que un obrero de construcción gane 207.045. El pegar ladrillos no tiene ningún arte. No es problema que un trabajador semi-calificado gane 221.949, o que un calificado gane 233.518. O que una empleada doméstica gane 140.000 al mes. En nuestro caso es distinto, ¡nosotros no trabajamos con las manos ni lavamos ropa! A ver si todo el mundo entiende! Nosotros, los diputados, ¡usamos el cerebro y guiamos los altos destinos de la patria! Así decían en Cuesta de Moras alguna tarde de mayo del 2010.

¡Qué un técnico de educación superior gane 309.993 y un maestro de escuela rural se redondee 420,000 colones, a duras penas, tampoco es un problema serio! De por sí, ¡su única responsabilidad es tratar con mocosos! ¿Qué los mocosos son el futuro de la patria? Ajá. Eso es un cuento chino, dijo un diputado. ¡Ya estamos nosotros para dirigir la patria! ¡Ya estamos nosotros para corregir la patria! espetó, entusiasmada, otra diputada.

Y así iba la Costa Rica del año 2010, consignaron décadas después los libros de historia. Y también consignaron que a los jueces y magistrados todos, muy calladitos, les pareció bien aquel aumento y lo bendijeron, y no encontraron nada de inequitativo con el resto de salarios de los trabajadores del Estado. Porque (hay momentos en la vida, decían algunos de esos jueces, en que es mejor no hacer olas) sobre todo si también están en juego los aumentos del Poder Judicial. Y también contaban los libros de historia que los periodistas encontraban todo muy bien en derredor y andaban muy entretenidos con la Virgen de los Ángeles y la nueva presidenta. Y que, de repente, ¡todos inauguraron un nuevo estadio de futbol chino!

Fuente: Diario Extra, Lunes 17 de mayo de 2010

Frente Amplio impulsa Ley de Salario Mínimo en oposición a aumento para diputados

Villalta consideró que antes de darle trámite acelerado a un aumento salarial para los legisladores,_ “se debe hacer justicia con las cientos de miles de personas que reciben una retribución que no les garantiza bienestar y existencia digna, tal y como manda la Constitución de la República”._

El proyecto de ley introduce reformas al Código de Trabajo y la Ley de Salarios Mínimos, que procuran establecer que “el salario mínimo mensual debe ser al menos equivalente al salario mínimo vital, el cual equivale al costo mensual de la canasta básica alimentaria, la tarifa residencial del agua, de energía y de telefonía de una familia de tamaño promedio”. Además incluiría el costo del alquiler de una vivienda de interés social, y el consumo en vestido y recreación.

En la actualidad, dijo Villalta, para cubrir las necesidades alimentarias de una familia de 3.7 miembros habría que gastar solo en alimentos básicos ¢117.512 (casi un 60% del salario mínimo vigente) y aún faltaría por cubrir vestido, vivienda, servicios públicos esenciales (agua, electricidad, teléfono) y recreación.

“No cabe duda que el salario mínimo de las y los trabajadores costarricenses es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio, por lo que hace falta esta Ley, para que la Constitución Política no sea letra muerta, se convierta en realidad y ayude a las familias costarricenses que están en situación de pobreza”, dijo el legislador.

El diputado del FA recordó que el establecimiento del “salario mínimo vital” es una antigua aspiración de la clase trabajadora costarricense, que ahora cobra la mayor importancia, en una situación “donde el desarrollo económico desigual no ha permitido la distribución equitativa de la riqueza generada socialmente”.

Villalta considera que este proyecto debe tramitarse antes del aumento salarial de los Diputados, que considera desproporcionado e injusto.

El artículo 57 de la Constitución Política señala: “todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.

“El citado derecho también ha sido reconocido en diversos instrumentos de derechos humanos vigentes en nuestro país como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley Nº 4229-A del 11 de diciembre de 1968, que en su artículo 7, inciso a), dispone que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren: “una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: (…) ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto”.

Sin embargo, hasta la fecha, este mandato constitucional, reiterado en tratado de derechos humanos, no se cumple en Costa Rica. En pleno siglo XXI, el precepto contenido en el numeral 57 de la Carta Magna existe únicamente en el papel, pues los salarios mínimos no permiten una existencia digna para las personas trabajadoras y sus familias.

Fuente: http://informa-tico.com

Salarios: ¿Para quién legislan los diputados y las diputadas?

Lea también: Frente Amplio impulsa Ley de Salario Mínimo en oposición a aumento para diputados

¡NO al abusivo aumento salarial de los y las diputadas!
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AFICHE en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha
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Escuche la oposición del Diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio, la Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana. Los diputados que defienden el AUMENTAZO no quisieron dar la cara..
Video de CANAL 7, en el programa Siete Días.

Debate sobre el aumento de salarios a los Diputados-as / Parte 1

Debate sobre el aumento de salarios a los Diputados-as / Parte 2

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Ni lerdos, ni perezosos, los diputados y diputadas de seis de los ocho partidos, como primer tema de debate quieren auto aprobarse un jugoso y vergonzante aumento salarial. Para ello_ “chantajean”_ diciendo que a_ “cambio del aumento sesionaremos los viernes y viajaremos menos”_.

Solamente los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio (FA), se oponen a este aumento. Los diputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), estudia la posibilidad de apoyarlo o no.

Más del doble de aumento

El salario de los diputados y diputadas hasta el momento está en ¢2.6 millones por mes. Si los partidos que se reparten todos los negocios en este país logran aprobarse su aumento salarial, este se incrementaría en más de ¢2 millones, agregándole 60% por gastos de representación y 40% por concepto de dietas.

Con “dedicación exclusiva” y sin sonrojo

La exviceministra de Transportes, exMinistra de Justicia y ahora diputada del partido de los Arias, Viviana Martín, dijo que el incremento salarial está respaldado por criterios anteriores de la Sala Constitucional y la Procuraduría, que justamente la sociedad civil acusa de parcializados al “partido de los Arias”, _“Estamos afinando un nuevo proyecto de ley en el que incluiríamos la exclusividad, es decir, que los diputados no puedan ejercer libremente sus profesiones u oficios y se dediquen exclusivamente a legislar, para que no se desenfoquen de sus funciones públicas_”, a eso le se le llama DEDICACION EXCLUSIVA, precisamente algo que critican y atacan.

También están dispuestos a_ “sacrificar”_ los 500 litros de combustible que reciben AL MES.

Por su parte otro abnegado “padre de la Patria”, el diputado Walter Céspedes, del partido de los acusados Calderón y Rodríguez (PUSC), dijo sin sonrojo alguno que “A eso vinimos aquí, vinimos a tomar decisiones. Este es un momento importante y yo hasta propondría que habilitemos los viernes para sesionar en la mañana, por ejemplo.”
Pero los Libertarios no se quedan atrás y Danilo Cubero, coordinador de esa fracción, aún con menos sonrojo preguntó_ “¿Cuál es la razón por la cual los diputados ganan menos que los miembros de otros poderes? Hay que darle dignidad al rango de diputado. Cuando uno se va de aquí, ni siquiera lo liquidan”._

Lo que no dice el aprovechado de Cubero es que cuando ellos salen han ganado un salario mucho mayor que cualquier trabajador, una pensión que va en aumento por el intercambio de puestos (ministro, diputado, viceministro, presidente ejecutivo, etc, etc, etc), amén de que sus negocios personales suben en el “mercado de valores” por el “prestigio” adquirido.

Los diputados y diputadas reciben actualmente un ajuste anual del 10% de su salario; sin embargo dicen “que este aumento no compensa”.

Contra la corrupción

“Este es un tema de conciencia nacional. Recién estamos llegando a la Asamblea y ya están pidiendo un aumento salarial. El país está enfrentando un déficit fiscal de casi un 5% que equivale a unos $493 millones. No puede ser que se quiera este aumento, al contrario, habría que endeudar más al país para cubrir el faltante de recursos en el Presupuesto 2010.”, dijo la diputada del PAC Jeannet Ruiz, quien aseguró que van a estudiar profundamente la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito para ver la forma de detener este vergonzante intento.

Por su parte José María Villalta del Frente Amplio dijo en un programa de televisión que “antes de pensar en subirse el sueldo, los diputados deberíamos reformar la Ley de Salarios Mínimos para beneficiar a los trabajadores, siquiera pagárselos a quienes no lo reciben. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para venir a la Asamblea, esta labor implica un sacrificio incluso salarial, buscamos un mecanismo también para impedir o al menos que nosotros y nosotras renunciemos a ese aumento”.

¿Dignificación?

Los diputados y las diputadas a favor de autoaumentarse el salario hablan de dignificación de SU salario, pero no dicen nada de los miles de trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado que ganan menos de lo que indica la Ley de Salarios Mínimos.

No dicen nada de los miserables aumentos de salarios DECRETADOS por los últimos gobiernos del para la clase trabajadora.

La pregunta clave en todo esto es, ¿para quién legislan los diputados y diputadas de siempre?