Categoría: Incidencia

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Condena mundial, Tele Sur

Piedras contra balas, Palestinos en su tierra contra la invasión israelí

Gobierno cubano condena atroz crimen

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ha conocido con profunda preocupación el criminal ataque perpetrado por las fuerzas especiales del Ejército israelí, en la madrugada del 31 de mayo, contra una flotilla de barcos que se encontraba en aguas internacionales y que trasladaba ayuda humanitaria al pueblo palestino residente en la Franja de Gaza, provocando la muerte y heridas a varios miembros de la misma.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más enérgica condena a este artero y criminal ataque del gobierno de Israel y hace un llamado a la comunidad internacional y a los pueblos amantes de la paz a exigir a las autoridades israelíes el inmediato levantamiento del ilegal, despiadado y genocida bloqueo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

Cuba desea hacer llegar a los familiares de las víctimas sus más sentidas condolencias y reitera su apoyo y solidaridad a la justa causa del pueblo palestino y a sus derechos inalienables, que incluye la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital.

Asesinato en aguas internacionales

El gobierno israelí está sobrepasando todos los límites. No es algo extraño porque, cualquiera sea la tendencia de las diferentes administraciones judías, han demostrado una agresividad rayana en la aberración y posturas tan prepotentes que llegan al límite de lo justificable.

En apuros tienen a Estados Unidos, habituado a sacarle las castañas del fuego político tantas veces que caen en lo extravagante y contradictorio. Se pudo comprobar al cabo de la reciente reunión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear, epicentro de los esfuerzos para encaminar un desarme global.

La anterior cita de este tipo en el 2005, no logró concluir con una resolución final que al menos dejara sentadas bases para futuros compromisos. En esta oportunidad sí se pudo conseguir que los 189 firmantes ratificaran un tratado comprometiendo a los estados con armas nucleares a emprender las medidas necesarias para ir eliminándolas. Faltaría un calendario, es verdad, pero hay una base donde antes solo existieron débiles intenciones.

Israel, pese a tener entre 100 y 300 ojivas, no se adhiere al pacto y, contrario a ello se mostró opuesto a la decisión de todos los demás para lograr que el Medio Oriente esté libre de armamento ofensivo. También se exigió que Israel firme los compromisos del Tratado de No Proliferación, para ser inspeccionado periódicamente, como se hace con el resto de los países adheridos. Su pretensión de singularidad no es aceptable.

Pero pusieron por partida doble a Estados Unidos en situación desairada. La Casa Blanca no puede oponerse a lo demandado en la conferencia sin exponer a Barak Obama al ridículo, pues se ha pronunciado a favor del desarme nuclear. El propio presidente, pese a todo, emitió declaraciones indicando que objetaba cualquier intento de señalar a Israel.

Nada nuevo, pero fallido, pues apenas horas después de esos apoyos, el ejército israelí atacó a la flotilla internacional que llevaba ayuda humanitaria a la bloqueada franja de Gaza. Muertos, heridos, justificaciones oficiales insolentes, increíbles acusaciones de Tel Aviv, acusando a los socorristas de ser adeptos a Al Qaeda, aumentaron el rechazo internacional, el mismo día en que se iniciaba en Ginebra la decimocuarta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Quedaba en suspenso cómo Washington podría pasar sobre este sangriento despropósito sin quemarse las manos y su tan lastimada credibilidad.

España condena acto criminal de Israel

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha afirmado hoy que Israel ha actuado como un Gobierno “criminal” al asaltar una flotilla pacífica integrada por civiles, a su juicio un “crimen contra la humanidad” que debería llevar a España y a la UE a “suspender” cualquier tipo de relación preferente con Israel.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Llamazares ha dicho que el ataque del Ejército israelí a la “flotilla de la paz”, que se ha saldado con, al menos, catorce muertos y numerosos heridos, es un crimen “cualificado y especialmente grave” por el talante pacifista de los asaltados, e incluso lo ha calificado de “acto de piratería”.

Ha recordado el dirigente de IU que su formación había pedido a la UE protección para estos barcos que pretendían entregar ayuda humanitaria a Gaza, pero este requerimiento no ha sido atendido por España ni por la Unión Europea.

También ha dicho que “nadie se podía imaginar tal barbaridad” por parte del Gobierno israelí, porque en los barcos viajaban junto a miembros de ONG varios eurodiputados y una diputada israelí, y por ello ha considerado que el asalto es especialmente grave porque afectan a representantes de instituciones europeas.

Respecto al Gobierno español, ha considerado que además de pedir explicaciones al embajador de Israel en España, debe exigir una investigación a este país en su calidad de Presidencia de turno de la UE y, hasta que no se produzca, suspender “cualquier tipo de relación preferente” con el Estado de Israel.

Fuentes consultadas: Granma, EFE, Univisión, Prensa Latina.

Al igual que en el Chile de Piñera, Santos, miembro de una acaudalada familia y ex ministro de defensa del actual presidente Álvaro Uribe, promete un gobierno de unidad nacional que garantice la seguridad democrática.

La figura de Santos está ligada a su lucha contra las FARC, de hecho se le atribuyen los golpes más espectaculares contra la guerrilla. Al igual que el actual presidente chileno, posee una sólida formación económica en los Estados Unidos. La promesa de los sectores derechistas en diversos países latinoamericanos es la misma: la superación de la pobreza y la creación de empleos a través de una acelerada modernización de índole neoliberal.

La demagogia derechista logra seducir a las masas de electores con astutas promesas de bienestar, dirigido especialmente a los sectores medios. Los argumentos se presentan de manera fácil ante el sentido común: una mano dura amparada en la fuerza militar o policial para combatir la delincuencia o la guerrilla y, al mismo tiempo, la creación de muchos puestos de trabajo mediante el crecimiento económico. De este modo, el futuro pacífico y próspero de nuestras naciones queda resuelto por una ecuación simple que suma la represión y la seducción.

Es interesante hacer notar cómo este tipo de discurso, repetido hasta la saciedad por los medios, ha barrido del imaginario social latinoamericano aquellas banderas de lucha que clamaban por una real justicia social, esto es, por una redistribución del ingreso, el respeto de los Derechos Humanos y un papel preponderante del Estado frente a los grandes consorcios nacionales y extranjeros. La arremetida demagógica de la derecha latinoamericana ha dado resultados, hasta ahora, en Chile y Colombia.

Los gobiernos de derecha llegan al poder con el apoyo explícito de los sectores empresariales, pero, además, con el apoyo implícito de otros poderes fácticos como los sectores castrenses. De suerte que el compromiso de seguridad democrática significa en los hechos la instauración de democracias de seguridad nacional, un diseño político y social que le otorga continuidad a las tesis esgrimidas por los militares latinoamericanos en la década de los ochenta.

Es probable que la misma fórmula sea ensayada en otros países de la región, constituyendo un eje a nivel continental que se oponga a los gobiernos instalados más a la izquierda, como es el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, entre otros. En el futuro inmediato, la realidad de Latinoamérica aparece escindida en dos grandes polos que orientan la política regional. Una realidad que, fuera de dudas, dificulta los procesos de integración y que plantea ya un escenario inaugural para la primera década de este siglo.

Fuente: *ARGENPRESS.info

Lea también: – La nueva demagogia latinoamericana

– Uribe y Santos saben que entre ganar o perder está la diferencia de ser libres o ir presos
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82 años después (2010) no solo que el gobierno de turno (cada uno más fascista que el otro) ha seguido ametrallando a los pobres colombianos sino que ha ensayado “técnicas genocidas” viejas y nuevas (los falsos positivos, las fosas comunes, los hornos crematorios) y han entregado su país (7 bases militares) al “oro americano”

Lo más grave, de los nueve candidatos presidenciales, cinco se declararon abiertamente partidarios de seguir la misma senda trazada en los últimos ocho años por el para presidente Álvaro Uribe Vélez; y solo uno con posibilidades ciertas (Antanas Mokus) no es que esté totalmente en contra de esta política fascista sino que promete someterse a la ley; la ley nacional y la ley internacional.

La derecha fascista no perdona

Es decir, si no gana Mokus, la premonición de Gaitán seguirá aplicándose pero no solamente dentro de Colombia sino en otros países, como ya lo ensayó el dueto Uribe-Santos, con Ecuador, y ha tratado de hacerlo con Venezuela.

El problema de geopolítica regional es que, por el momento, son mayoría en Latinoamérica y El Caribe los países con tendencia hacia el cambio, hacia el rescate de la soberanía y la dignidad nacionales. Pero, quién sabe si la tendencia pueda consolidarse y seguir adelante. Por lo menos, la derecha tradicional ya se ha establecido (o ha logrado un continuismo) en Honduras, en Panamá, en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, Perú, México. Están en duda (mejor dicho, a medias) en Argentina, Paraguay, Brasil. Ya no tienen la menor duda de a adónde van, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y también el Ecuador, a pesar de que los pachakutecs ecuatorianos, otrora en posiciones de izquierda, “han descubierto” que Correa es neoliberal, ya que no hace lo que ellos quieren que debe hacer.

Es casi un axioma político ineludible que, tras la izquierda viene la derecha; pero no esa derecha candorosa, pacífica, que todavía cree sinceramente en Dios y en Cristo; sino esa derecha cavernaria, esa derecha troglodita que piensa que si desaparece a todo anticristiano o que suene a ello, están sirviendo a Dios, a la Iglesia y, desde luego, a sus bolsillos, que han dejado de llenarse durante un tiempo. Y eso no lo pueden seguir permitiendo.

La tragedia colombiana

“En Colombia existe una política de exterminio de la oposición; una banda de criminales organizada desde el Estado para asesinar” ¿Quién dice esto?: Sandra Piedad Córdova, esa senadora que se las ha jugado sin miedo porque en Colombia se den por lo menos algunos rasgos de humanismo y que ha logrado salvar a varios rehenes de las FARC, especialmente el último, el célebre sargento Moncayo, a quien la gran prensa sipiana, no solo de Colombia sino del Continente, de pronto “lo olvidó” a pesar de que hasta hace muy poco, fue figura principal de la prensa de espectáculo. ¿Será porque cometió el desliz, tan pronto como fue liberado, de insinuar que había que conversar con las FARC, porque “las FARC están ahí” y esa expresión estaba fuera de libreto?

Pero la senadora Córdova, que ha demostrado ser “muy macha” (muy berraca como dicen los colombianos) como diríamos en Ecuador y ha desafiado las iras imperiales del moderno fascismo y hasta ahora ha salvado su vida, no habla ni acusa en retórica barata, como los nuestros: recuerda a cada rato que en Colombia hay nada menos y nada más que 18 millones de pobres; y que de estos, por lo menos 7 millones no comen todos los días

Recuerda también que Colombia registra uno de los más altos índices de desplazados (internos y externos) por la violencia: más de cuatro millones (solo en Ecuador, se han refugiado, en los últimos años, más de 100.000) En esta lista, no hay que olvidar que más de 5.000 fueron asesinados por sicarios al servicio de la clase dominante; y de estos, más de 4.000 pertenecían a la izquierda.

Constan, aparte de este espantoso recuento, más de 1.700 jóvenes desempleados que fueron asesinados por soldados de carne y hueso en descampados de Colombia; fueron vestidos de “terroristas” (guerrilleros) y presentados como “muertos en combate”. Por esta práctica, que supera cualquier ficción literaria, los asesinos cobraban premios en dinero, en medallas, en canonjías. Y ninguno ha sido sentenciado, a pesar de que fueron identificados por un auditor de las Naciones Unidas, en sus repartos militares.

Los por qués de un por qué

Ahora, ¿por qué Colombia no puede salirse de semejante conjura? Las explicaciones son varias. Recogemos algunas:

– El miedo; el miedo que ha logrado imponer la clase dominante colombiana en más de medio siglo de violencia bestial (no olvidemos que, por los años 60-70 se denunció que soldados de la extrema derecha jugaban fútbol con las cabezas de liberales oposicionistas)

– Ese miedo que impera en poblaciones rurales, a donde llegaban los paramilitares con armamento ligero y muy eficaz, sacaban de una reunión social o de sus casas, a hombres y mujeres, lista en mano, les enfilaban en la plaza principal y los fusilaban sin más. Después, obligaban a los sobrevivientes (ancianos, mujeres, niños) a huir antes de que les pase lo mismo, para luego adueñarse de sus tierras.

– O el miedo impuesto por el sicariato. Un político de oposición, un dirigente sindical, un sospechoso de “castro comunismo” era sorprendido por un criminal en cualquier sitio o lugar y ejecutado ipso facto. El criminal (generalmente un joven desempleado) huía del escenario como que se iba de compras. Muy pocos fueron identificados y casi ninguno llegó a recibir la sentencia que se merecía. Peor, los que encargaban “el trabajito”

– O el miedo a que su majestad Álvaro o cualquiera de sus lugar tenientes los “anatematice” en público y les obligue a salir de Colombia precipitamente, para salvar por lo menos la vida. Muchos periodistas colombianos viven en el exilio forzado pero por ellos ni la SIP, o el Grupo de Diarios de América, Fundamedios o Participación Ciudadana, dijeron jamás esta boca es mía. Bastaba que el “gran demócrata” les dijera públicamente que eran “terroristas de corbata” para que tuvieran que poner los pies en polvorosa o atenerse a las consecuencias: el asesinato en la vía publica.

– ¿Otros miedos? los otros sicarios, que recurrían a los hornos crematorios o a las fosas comunes; una sola (del Llano) con más de 2.000 restos de seres humanos que fueron asesinados. Acaso se puede pedir a toda una población que denuncie, que increpe a sus verdugos. Que tenga valor.

En lo de los sicarios, me temo que esta atroz práctica se está empleando en Ecuador. No de otra manera pueden explicarse esos asesinatos ocurridos en Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Manabí, que tienen la misma “técnica” que los sicariatos colombianos.

Otro factor volviendo a lo de Colombia ha sido y sigue siendo, el absoluto control mediático que las fuerzas represivas y sus empresarios tienen sobre los medios de comunicación más importantes, especialmente prensa escrita y televisión . Desde hace rato, en esos medios solo se publica lo que le conviene a la “seguridad democrática”. Es decir, el pueblo colombiano (no todo) ignora los crímenes del uribismo y sus antecesores. Y como que creen que “si no dicen nada” no les pasará nada. Tremendo error que le ha costado a millones de personas sus vidas, sufrimientos sin fin. Solo hay que revisar la historia de Alemania, de España, de Italia.

Para el Ecuador, las elecciones colombianas tienen alto significado. Juan Manuel Santos, a quien pintan como favorito pero seguido muy de cerca por Antanas Mokus, no tuvo empacho en declarar, en un panel de principios de campaña, que “había tenido el honor de ordenar el bombardeo del terrorista Reyes en territorio ecuatoriano” y que volvería a hacerlo si fuera necesario y de acuerdo con el “derecho a la defensa anticipada” una de las genialidades del imbécil de Bush hijo. Bueno, después se supo que fue la Condolessa esa, la que se ideó estas y otras frases para tratar de justificar lo injustificable (la invasión de Irak, por ejemplo)

Desde luego, Rafael Correa reaccionó como debía reaccionar y por lo menos logró que el candidato fascista trate de dorar la píldora y de endosarle el problema “al Estado colombiano” Pero, una corresponsal en España de la agencia franquista EFE se aprovechó para tratar de poner en boca de Correa que había dicho que la posible elección de Juan Manuel Santos, como presidente de Colombia, “sería un problema para Ecuador” cuando en verdad lo que le preguntó fue que si no era un problema que un juez ecuatoriano había sindicado y ordenado la prisión de Santos por ser el autor confeso y directo de la masacre de Angostura (26 personas y tres heridas) a lo cual Correa respondió “que si, que ese podía ser un problema” ya que él como Presidente de Ecuador no puede, por si y ante si, ordenarle al juez que deje sin efecto esa disposición judicial.

¿Podremos los ecuatorianos sentirnos seguros si llega a la Presidencia Juan Manuel Santos y su equipo depredador? ¿Podrá sentirse seguro Rafael Correa y su equipo de gobierno y su Alianza País y su revolución ciudadana, si la mayoría de colombianos designa presidente a este genocida confeso?

Serán cuatro años de lo mismo o peor ya que de la hermana Colombia llegan informaciones que don Álvaro Uribe Vélez está aprovechando al máximo los días que le quedan como presidente para visitar pueblos y aldeas a los que nunca fue y reafirmar su decisión de que “cualquier gobierno que venga” debe profundizar su “seguridad democrática” (un práctico autoritarismo de la peor especie) ya que ello garantizará que finalmente sean derrotados los “terroristas” de las FARC a quienes su gobierno ha asestado “duros golpes”

“Los mal pensados de siempre” (que en Colombia todavía quedan) ven en esta actitud un anticipo de que Uribe y su combo se disponen a regresar después de un período de 4 años ya que no le fue permitida su segunda reelección. Para ello, necesita de urgencia en el Palacio de Gobierno, alguien que le cuide las espaldas y que no vaya a tranzar (ni de broma) con los “terroristas”. Ya que con los narcotraficantes –al parecer y según reiteradas denuncias- tiene muy buenos puentes al extremo que en estos ocho años de uribismo, la producción de hoja de cosa y otros elementos se ha más que duplicado.

Quizá entonces (para el 2014) ya las bases militares norteamericanas se hayan establecido a plenitud en toda Colombia, hayan por lo menos “provocado” militarmente a la vecina Venezuela (o hayan logrado matar a Chávez) y desplazar “para siempre” las veleidades de esos gobiernos “díscolos” que tanto dolor de cabeza les están dando al Imperio y a sus aliados locales.

Fuente: *ARGENPRESS.info

Ante daños ambientales en sus plantaciones de piña.

Anunciarán demanda legal contra Del Monte por daños y perjuicios

Las organizaciones comunitarias y sociales que integran el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña (FRENASAP) le invitan a la conferencia de prensa organizada para dar a conocer los pormenores de la demanda legal que se estará interponiendo contra la transnacional Del Monte, debido a los serios daños ambientales que ocasiona en sus plantaciones de piña.

Día: este próximo miércoles 2 de junio
Hora: 3:30 de la tarde
Lugar: Salón de Beneméritos, en la Asamblea Legislativa.

La información estará siendo facilitada por personas representantes de las diferentes organizaciones que conforman el FRENASAP.

Contexto:

Muchas comunidades de la Zona Sur, la Zona Atlántica y la Zona Norte del país se han visto seria-mente afectadas por diversos tipos de daños ambientales y sociales, todos asociados a la dinámica de producción a gran escala de piña. La actividad piñera ha tenido un incremento casi exponencial en el país en los últimos 10 años, y este incremento se ha dado a costa de un severo impacto en los ambientes naturales, tanto en las áreas utilizadas directamente para la siembra como en zonas y comunidades aledañas. Los problemas no solo subsisten, sino que se incrementan, y, mientras que empresarios e instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud, se hacen lite-ralmente de la vista gorda, las comunidades siguen padeciendo de manera sistemática este y otros males.

El caso más dramático es el de las comunidades de El Cairo y Luisana, cuyos acueductos fueron contaminados durante 10 años por agroquímicos utilizados en la piñera Ojo de Agua S.A, propiedad de la transnacional Del Monte. Como medida paliativa, y de manera condescendiente con la em-presa, el gobierno se vio obligando a repartir agua potable en camiones cisterna desde hace tres años, sin que se hayan tomado medidas contra los responsables.

Más información:

Para consultas o para más información, pueden comunicarse con Soledad Castro o Marvin Amador, a los siguientes números de teléfono:

Soledad Castro: 8835-1662
Marvin Amador: 8335-3070

Abogados de Gobierno ya están en Costa Rica para demandar al diario digital “Nuestro País”

“Este caso, propiciado por el propio mandatario panameño, será atendido, sin miedo, en los estrados judiciales que correspondan” respondió “Nuestro País”.

Según información de Telemetro Reporta:

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, reveló la mañana de este jueves que ya se encuentra en Costa Rica un equipo de abogados de la Presidencia de Panamá, para iniciar las acciones legales contra el diario digital Nuestro País.

Papadimitriu dijo que el motivo de estas acciones legales es la difusión de “falsa información contra la seguridad del Estado y, principalmente, contra el Canal de Panamá”.

Detalló que presentarán una denuncia contra el director del medio, Carlos Salazar, por haber dicho en declaraciones ofrecidas a un medio radial panameño que el Canal de Panamá está siendo operado por israelíes y agentes de la Mossad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel), lo que según explicó el funcionario, podría exponer a esa vía interoceánica como un blanco de Al Qaeda.

Por su parte, el medio Nuestro País denunció “intimidaciones” del Gobierno panameño.

En una de sus publicaciones, Carlos Salazar, aseveró haber recibido amenazar a través de correos electrónicos y afirmó “nunca nos intimidarán. Somos un medio independiente”, responsabilizando a la “Casa Presidencial de Panamá”, de cualquier atentado contra la seguridad de algún miembro de su medio.

Se pronuncia FRENADESO

Por su parte FRENADESO, luego de una amplia relación de los hechos de los últimos días que involucran a funcionarios del Gobierno con elementos de la narco mafia, señaló:

El Gobierno ha sido incapaz de aclarar las situaciones que se han presentado y de confrontar con dignidad las serias acusaciones.

Por el contrario, se ha dedicado a insultar, atacar y amenazar a medios como el Diario Digital de Costa Rica “Nuestro País”, a Kaos en la Red y a FRENADESO.

La Presidencia emitió un comunicado donde anuncia que demandará al diario digital costarricense “El País” y a las personas responsables de difamar a Panamá…”

¿Las razones? Porque al señalarse que “nuestro Canal está siendo manejado por israelitas…” “pone en peligro la seguridad del Estado ya que el grupo terrorista Al Qaeda nos podría atacar”.

Los argumentos son muy similares a los utilizados por Noriega: “si me critican a mí se atenta contra la seguridad del Estado, las inversiones se alejan, el canal peligra”.

Los argumentos son ridículos, máxime cuando ya FRENADESO advirtió meses atrás que la política exterior de Panamá, incondicional a Israel, y el hecho de abrirle las puertas a la Mossad y a las agencias de seguridad conformadas por mercenarios de ese país, que brindan entrenamiento a los organismos de seguridad institucional y conforman el anillo de seguridad del Presidente; ponían en peligro el futuro del Canal y hacían dudar de su neutralidad.

Fue el propio Presidente Martinelli quien concitó las airadas reacciones de la comunidad árabe al declarar que “Como panameño me siento muy honrado de apoyar siempre al Estado de Israel. Israel es el guardián de la capital del mundo que es Jerusalén.”

“El dirigente palestino Nabil Shaath condenó hoy las declaraciones que hizo sobre Jerusalén el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien dijo el martes que Israel es el “guardián” de la ciudad santa.”

“Las declaraciones de Martinelli no son sólo una ofensa al pueblo palestino, al mundo árabe y a todo el mundo cristiano e islámico, sino que también una ofensa al derecho internacional” señaló Shaath en un comunicado remitido a EFE.

También el Gobierno de Martinelli acusa al periodista costarricense Carlos Salazar de “Nuestro País”, de señalar que uno de los presos en México y cuya muerte en prisión fue anunciada recientemente, César Fábrega Samaniego, es también primo suyo. Entonces también debería demandar al diario El Panamá América que en su página web tituló una noticia “Fallece primo del Presidente preso en México por lavado”, indicando que “Fábrega se le atribuía un parentesco con el presidente Ricardo Martinelli, debido a que el árbol genealógico del general José de Fábrega muestra que la madre del mandatario, Gloria Isabel Berrocal Fábrega, está emparentada con Julio Fábrega Sánchez, padre del occiso”.

Hoy está en entredicho la credibilidad del Gobierno y la probidad e integridad de sus funcionarios.

El Gobierno y el propio Presidente deben esclarecer estos hechos y rendirle cuentas al pueblo.

Por eso no bastan las respuestas dadas por el Presidente a La Estrella de Panamá: “Qué sé yo. Ni sé quién es.” “Yo me tomo fotos con todo el mundo en muchas partes”

El panameño que se respete a si mismo no puede cerrar los ojos ante esta grave realidad que se nos presenta y debe salir a exigirle explicaciones a los gobernantes. Las agrupaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, gremios, etc., no podemos guardar silencio.

A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales les hacemos un llamado para que actúen frente a los graves hechos denunciados y las amenazas contra las garantías fundamentales, la libertad de expresión y el derecho de información de todos los panameños.

Personas con un mínimo de honradez y honestidad dentro del Gobierno deben exigir cuentas, en vez de salir públicamente a respaldar a un Ministro como José Raúl Mulino, duramente cuestionado por la opinión pública nacional, por sus actuaciones, incapacidad y sus frecuentes insultos y ofensas contra diversos actores de la sociedad panameña.

Todo esto se produce en medio de una sociedad que se debate en medio del incremento de los índices de seguridad ciudadana, cuando se informa que Panamá ocupa el décimo lugar en el ranking mundial de femicidio y en momentos en que se desarrolla uno de los peores motines en el Centro Penitenciario de La Joya, con un saldo aún desconocido de muertos y heridos.

También ocurre en momentos en que se anuncian nuevas medidas contra el pueblo, como las reformas al Código de Trabajo, reformas a la Seguridad Social, acuerdos comerciales que fomentarán proyectos depredadores del ambiente y atentan contra los sectores productivos; nuevas alzas en los precios de los productos de la canasta básica familiar, en el agua potable , tarifa de aseo y cuando a partir del 1 de julio entra en vigencia el 7% de ITBMS.

Al parecer, con sus amenazas a los medios alternativos que han permitido conocer estos hechos, el Presidente Martinelli pretende agregar a la “Ley Pinchazo” y a la “Ley Carcelazo”, una nueva “Ley Mordaza”.

A los compañeros del diario digital de Costa Rica, “Nuestro País”, les expresamos nuestra solidaridad frente a los embates y amenazas de que son víctimas y les expresamos, en nombre de amplios sectores nacionales, nuestro agradecimiento por las informaciones divulgadas.

Los hechos denunciados, por su extrema gravedad, deben ser investigados de manera exhaustiva por una Comisión Especial Imparcial e Independiente, toda vez que la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Asamblea de Diputados están a merced del Ejecutivo.

Desde FRENADESO, y como parte de la creciente red de medios alternativos que con pocos recursos y por diversas vías luchan por dar a conocer lo que los medios comerciales y oficialistas ocultan, defenderemos nuestro derecho a la información veraz y a dar a conocer la cruda realidad que vivimos, dándole voz a los oprimidos y explotados.

Los hechos aquí mostrados ponen en evidencia la podredumbre moral de la clase dominante y sus vínculos con la mafia nacional e internacional. Debemos ponerle un alto a esta Mafiocracia de todos los partidos políticos.

Esto ratifica el llamado de FRENADESO al pueblo a construir poder popular, organizar, fortalecer las capacidades de lucha de las masas populares y crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria que funda una nueva República de bienestar para todos. Ello incluye intensificar las consultas con las bases acerca de la necesidad de crear un instrumento político electoral con verdadera posibilidad de disputarle a los partidos oligárquicos el control del gobierno como un paso adelante hacia las transformaciones profundas que requiere la sociedad panameña.

La hora de actuar es ya. Para mañana puede ser tarde.

Ordenó además el archivo definitivo del expediente.

Y más importante aún, ordenó a la Municipalidad de Carrillo PARALIZAR inmediatamente las obras constructivas del proyecto.

La resolución nos fue hace pocos minutos y también se notificó al AyA, a Teofilo de la Torre ministro MINAET, al alcalde municipal, al Gerente del Banco de Costa Rica que maneja el Fideicomiso, a la Contraloría, a la Defensoría, al SENARA y al MOPT.

Esto debió ocurrir hace 15 meses.

La falta de notificación del VOTO 2009-262 por parte de la Sala Constitucional, tiene la culpa por la demora y por los daños ocasionados durante estos largos meses.

El pueblo tenía razón.
El pueblo de SARDINAL, ganó esta batalla.
El pueblo que defiende sus derechos, siempre triunfa.

Adjuntamos copia Resolución de SETENA en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

TELEFAX 2672-0238 -Tilaran – Cañas-
E-MAIL: confraternidad_gte@yahoo.com – Liberia- Nicoya- Santa Cruz- Carrillo-

Un informe de la Contraloría Universitaria de la Universidad Nacional (UNA) señaló una serie de irregularidades en la admisión de estudiantes a esa casa de estudios, en las que se vieron involucradas altas autoridades.

Estudiantes que no presentaron su título de bachillerato, que reprobaron las pruebas de admisión y de ingreso a carrera y otros con títulos de bachillerato falsos, se convirtieron en alumnos regulares de la UNA, incluyendo las hijas de una exintegrante del Consejo Universitario y de una decana, gracias a procedimientos cuestionados por la Contraloría.

Los resultados de la investigación fueron declarados “confidenciales” por el Consejo Universitario, pero el documento comenzó a circular en la red de correos interna de la institución; y esta semana fue ampliamente divulgado por la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en esa universidad.

La Contraloría Universitaria recomienda en su informe investigar al Jefe de la Oficina de Registro, Marvin Sánchez, Maritza Villalobos, Jefa de la Sección de Matrícula e Historial Académico, Álvaro Mora Espinoza, asesor jurídico de la Vicerrectoría Académica y a la propia Vicerrectora Académica, Sandra León, entre otras personas.

En los casos de Mora y de León, quien ahora también aspira a la rectoría de la institución, un órgano instructor nombrado por el Consejo Universitario desestimó cualquier responsabilidad de ambos en las irregularidades señaladas y archivó el procedimiento disciplinario sobre ambos.

La vicerrectora León aseguró que no puede referirse al fondo del asunto por encontrarse en investigación, mientras que el rector Olman Segura insistió en que el Consejo Universitario ha actuado desde el primer momento para esclarecer la situación.

El 17 de mayo, la vicerrectora León, envió un comunicado a la comunidad universitaria en el que recordó que fue absuelta por en el proceso interno.

PERSEGUIDA POR DENUNCIAR

Quien dio la primera voz de alarma sobre las anomalías en la admisión y matrícula de estudiantes fue la Jefa de la Sección de Admisión, Reconocimiento y Expedientes Estudiantiles, Sonia Salazar.

De acuerdo con el documento de la denuncia que interpuso ante el Consejo Universitario, Salazar detectó irregularidades en la admisión de nuevos estudiantes que no tenían la presentación del título de bachillerato.

Tras advertir las anomalías, empezó la persecución contra Salazar.“ (…) Se me quitó la clave de acceso al sistema impidiéndome que pudiera conocer toda la información sobre casos que yo misma había detectado como irregulares, así como incluir o excluir estudiantes en el proceso de admisión”, señaló en su denuncia.

Ella solicitó la exclusión del sistema de las personas que presentaban la irregularidad, para lo cual se le otorgó una clave temporal, tras cuyo vencimiento no pudo verificar las exclusiones solicitadas.

Lo denunciado por Salazar fue luego comprobado por la Contraloría Universitaria, que así lo expresa en el punto 2.1.1de la relación de hechos y detallada en el punto 2.2.2 del mismo informe.

La Contraloría seleccionó una muestra de 65 personas admitidas y matriculadas en el 2008, de las cuales 29 (45%) no presentaron la fotocopia del título de bachillerato, y en 27 casos no se encuentra la certificación del Ministerio de Educación Pública de haber ganado el bachillerato.

La mayoría de los estudiantes en esta condición, presentaron sus documentos después de la fecha límite establecida para que el Departamento de Registro verificara estos requisitos.

Incluso, señala el informe, una estudiante con “restricción de pendiente por montos vencidos y no presentación de documentos”, de la cual se solicitó exclusión desde el 4 de setiembre del 2008, al 11 de noviembre del año anterior aún se encontraba en el sistema.

TÍTULOS FALSOS

Carlos Cruz, presidente de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la UNA, la cual apoyó a Salazar en sus denuncias, comentó que la funcionaria verificó con el Ministerio de Educación la presencia de tres títulos falsificados.

Así consta en el texto de la denuncia presentada por Sonia Salazar, donde se adjunta un documento firmado por Trino Zamora Zumbado, Jefe del Departamento de Evaluación de la Calidad del MEP, en el que se informa de la presencia de tres títulos falsos, uno de ellos perteneciente a una persona de apellidos Anchía Cascante, hija de una decana de la UNA.
Al final de la nota, Zamora recuerda a la UNA, la responsabilidad que tiene la dependencia correspondiente de denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos títulos que resulten falsos.

“Pero empezó a pasar el tiempo y nadie presentaba la denuncia respectiva; por lo que Sonia fue personalmente al Ministerio Público y puso la denuncia contra los tres estudiantes que presentaron documentos falsos”, afirmó Cruz.

En el texto, Salazar señala que comunicó a su superior jerárquico, Marvin Sánchez (Jefe de Registro), la obligación de solicitar al departamento legal de la UNA que realizara la denuncia.

La funcionaria acudió al Ministerio Público el 15 de octubre del 2009, a pesar de que informó a sus superiores sobre la situación desde el 20 de agosto de ese mismo año.

“Sonia presentó la denuncia porque llegamos a la conclusión de que si no lo hacía, la única cabeza que rodaría sería la suya, aunque eran otros los que tenían que hacerlo. Con su acción ella está salvando a la UNA de no cumplir su deber”, expresó Cruz.

MATRICULA “EXTRA” EXTRAORDINARIA

Otra de las anomalías que advierte la relación de hechos de la Contraloría Universitaria, fue el supuesto uso indebido del mecanismo que se da a un estudiante en la condición de “extraordinario”.

La normativa universitaria define este tipo de estudiante como aquel que demuestra una actitud superior en el área del conocimiento de la carrera y a quien se le permite matricular uno o varios cursos pertenecientes a un plan de estudios, al margen de los requisitos que establece el sistema de admisión de los alumnos regulares.

Bajo esta condición, la Contraloría menciona el caso de cuatro personas, dos de las cuales pusieron como segunda opción el ingreso a la carrera de enseñanza de la educación física, deporte y recreación de la Escuela de Ciencias del Deporte; y para cuya prueba específica obtuvieron notas menores a siete; y por lo que no fueron admitidos en los periodos de matrícula ordinaria, ni extraordinaria.

De acuerdo con el informe, el director de la carrera mencionada, envió cartas al director de Registro para la inclusión de estas personas en calidad de extraordinarios, con lo cual finalmente fueron matriculadas a pesar de estar fuera de fecha, “con lo cual todos tuvieron un trato diferenciado respecto a los demás estudiantes”, señala el informe.

Al respecto la Contraloría señala que en varios de estos casos, las recomendaciones de las unidades académicas nunca fueron acompañadas de las debidas justificaciones para dar la condición de “extraordinario” a un estudiante; y posteriormente éste podía pasarse a la condición de alumno “regular”.

Esto provocó que en total cinco personas que no ganaron, e inclusive, no hicieron el examen de admisión, o la prueba específica de carrera, y en un caso no presentó el título de bachillerato, finalmente lograran matricularse en las carreras escogidas.

Entre las personas admitidas por ese mecanismo, la Contraloría destaca a la hija de una persona que en ese momento integraba el Consejo Universitario.

Otra de las anomalías, fue la aplicación en el 2008 de una nueva matrícula, posterior a la “matricula extraordinaria” autorizada, en la que se levantaron unas “Actas de verificación de llamadas de estudiantes no admitidos”.

El informe contiene varias listas de estudiantes que fueron admitidos “por mecanismos no acordes a los autorizados en el Proceso de Admisión” y “que no necesariamente garantizaron los principios de equidad, igualdad de oportunidades, excelencia y transparencia”.

*En los cuadros, se detalla el ingreso de varias decenas de estudiantes sin que se incluyeran las razones por las cuales debían ser admitidos, y en varios de los casos, que fueron supuestamente seleccionados por encima de muchos otros con mejores notas de admisión o ubicados en mejores puestos en el padrón de la matrícula extraordinaria.

En este particular, la Contraloría señala indicios y recomienda la investigación de la posible participación de la Vicerrectora Académica, Sandra León, el Director de Docencia, José Solano, el Director de Registro, Marvin Sánchez y el Encargado de la Sección de Informática del Departamento de Registro, Melvin Cortés; así como otras dos funcionarias.

VICERRECTORA ABSUELTA

A la vicerrectora y candidata a la rectoría, se le instauró un órgano director de proceso disciplinario para que se llevara a cabo un “procedimiento administrativo abreviado de carácter disciplinario”, que estuvo a cargo de un integrante del Consejo Universitario.

Consultada por UNIVERSIDAD, la vicerrectora y aspirante a la rectoría aseguró que prefería no referirse al fondo del asunto, pues aún hay “procesos pendientes” y además recordó que el informe fue declarado “confidencial” por el Consejo Universitario.

En la audiencia oral de este proceso, León explicó que la extensión que se realizó de la matricula extraordinaria, se diseñó como respuesta durante el proceso de admisión 2008, en el cual no se alcanzó el número de estudiantes que la institución podía recibir.

León señaló que siempre fueron las escuelas las que tomaron la decisión de quienes serían las personas admitidas, e indicó que se giraron instrucciones a los decanatos, para que se siguieran los procedimientos y principios de admisión.

El órgano director aceptó como válidas estas explicaciones y la necesidad de una “ampliación” del proceso de matrícula para que la Universidad llenara todos los cupos disponibles.

Sin embargo, la resolución no se refiere a los criterios por los cuales fueron seleccionados muchos de los estudiantes en esta etapa, y la falta de verificación en algunos de los casos.

Olman Segura, rector de la UNA:
“No toleramos la corrupción”

El Consejo Universitario de la UNA emitió una “Aclaración pública” el 30 de abril anterior, en la cual indica a la comunidad universitaria que hay una “garantía de confidencialidad” que se debe guardar en este caso.
Para esto invoca el artículo 6 de la Ley de control interno, en la que se señala que el contenido del expediente se considerará confidencial hasta que se resuelva el proceso, excepto para las partes involucradas.

La insistencia de la “confidencialidad” por parte del Consejo, se da luego de que el documento de la Contraloría empezara a circular por la red y causara revuelo en el campus, pues se ha convertido en uno de los temas de la campaña electoral hacia la rectoría, la cual se define el próximo 4 de junio.

Incluso UNIVERSIDAD recibió la advertencia de confidencialidad por parte del rector de la UNA, Olman Segura, luego de que se enterara que este Semanario investigaba sobre este tema. Así lo dice en una carta enviada a la directora de este medio, Laura Martínez, el pasado 14 de mayo.
“Dado que uno de los periodistas del Semanario Universidad le consultó a la señora Vicerrectora Académica de nuestra casa de estudios, sobre el contenido de un supuesto documento de Contraloría Universitaria que circuló mediante un anónimo en nuestra red Universidad, le envío el acuerdo del Consejo Universitario”, señala el documento.

Consultado directamente por UNIVERSIDAD, el rector Segura mantuvo su postura de no referirse al fondo del asunto, ni al hecho de que la vicerrectora académica, y ahora representante ante el CONARE para la parte final de la negociación del FEES, esté dentro de las personas denunciadas.

El rector insistió en que el documento de la Contraloría es “supuesto” y fue circulado por un anónimo, pero hasta el cierre de edición ni él ni ningún funcionario de la UNA ha salido a desmentirlo. Fuentes consultadas por UNIVERSIDAD, que prefirieron el anonimato ante las advertencias de confidencialidad, aseguraron que el documento que ha circulado es fiel al original.

Segura rechazó que se haya postergado la investigación por intereses políticos o de cualquier otro tipo, y recalcó que el Consejo Universitario ha actuado desde que conoció las denuncias.

“Hemos actuado desde el principio, y todo esto se está investigando. En el caso del acoso laboral también actuamos de inmediato y se instauró un órgano director independiente”, afirmó.

Segura afirmó que espera que las anomalías señaladas no sean por corrupción o negligencia, sino solo errores; y espera que como es lo justo, las personas involucradas reciban un debido proceso.

“Desde que llegamos a la rectoría hemos estado comprometidos en no permitir la corrupción. Esta ha sido una administración nítida y transparente”, aseguró el rector.

El jerarca descartó que el sistema de admisión vaya a perder la confianza de la gente, pues es “muy sólido”, y solo hay errores que se deben corregir. “En caso de que haya corrupción, que se busquen las pruebas y que se castigue”, apuntó el rector.

Carlos Cruz, ANEP-UNA:
“La confidencialidad es para barrer debajo de la alfombra”

Para Carlos Cruz, presidente de la Seccional de la ANEP-UNA, la “confidencialidad” solo ha servido para que las autoridades de la UNA intenten “barrer debajo de la alfombra” y protejan sus intereses en el proceso electoral.

“Claramente lo que intentan es proteger los intereses de este grupo que representa Sandra León. A nosotros aquí no nos importa si gana o no gana ella o cualquier otro, lo que nos preocupa es que por estos intereses se tapen y alarguen procesos de denuncias tan graves”, cuestionó Cruz.

“Lo que ha habido es un bloqueo total, so pretexto de una confidencialidad, que su principal objetivo debe ser el salvaguardar al denunciante de buena fe; pero aquí desde el inicio se supo quién era el denunciante, que tuvo el respaldo de la ANEP; y empezaron a hacerle la vida imposible; dejándola incapacitada por el acoso laboral que sufrió”, acotó.

Cruz aseguró que para la ANEP esta confidencialidad declarada no tiene valor, en el tanto ellos como parte denunciante, nunca fueron tomados en cuenta en el proceso.

Incluso, la ANEP ya tiene en su sitio web (www.anep.or.cr) un vínculo en el que se puede descargar el documento que ha circulado en la UNA, y que según la organización sindical, han verificado que mantiene todo su contenido original.

El sindicalista comentó que se valoran acciones legales para impugnar el proceso por el cual fue absuelta la vicerrectora León, ya que en la resolución del Consejo Universitario se señala que esta no tiene apelación posible.

“Esto es un proceso en el que solo hubo dos partes, un juez, que es afín a la vicerrectora, y una acusada. Nunca se tomó en cuenta a los demandantes ni a nadie que apelara por otros argumentos en el proceso. Además dice que no tiene apelación, cuando los estatutos son claros en que toda resolución debe tener apelación”, afirmó Cruz.

La ANEP también valora impugnar el órgano director nombrado en el caso de acoso laboral hacia Sonia Salazar, pues según explicó, primero se nombró a la vicerrectora León para esa función, pero al ser parte ella de las denuncias, se nombró a un subalterno de ella.

“¿Cómo con un subalterno de una de las involucradas van a garantizar la transparencia y el equilibrio en el criterio del órgano director?”, indicó Cruz.
El dirigente se manifestó preocupado por el hecho de que con los órganos directores instaurados se “personalizó” el proceso, pero no se han tomado las medidas para corregir las anomalías, que según afirmó, aún continúan.

“Recientemente supimos que un estudiante que no traía su título de bachillerato por algún motivo, lo que hizo fue presentarle a la universidad un recurso de amparo que él había planteado ante la Sala Constitucional por algún problema con su título, y con ese documento, se le aceptaron los papeles”, relató Cruz.

“El problema es que se admitió a esta persona, sin antes ir a preguntar a la Sala Constitucional. Ahora sabemos que la Sala había rechazado “ad portas” ese recurso, entonces se aceptó un documento rechazado a una persona que no cumple con los requisitos”, acotó el sindicalista.
Cruz se manifestó preocupado por el hecho de que la denuncia por el caso de Sonia Salazar se presentó desde septiembre del 2009, y a esta fecha no ha sido resuelto.

Para el dirigente, lo denunciado por Salazar es solo la “punta del iceberg”, y el sistema de admisión quedó altamente cuestionado; incluso, exponiendo a la universidad a reclamos de personas que no fueron admitidas.

“Imagínese que después de esto, personas no admitidas vengan y pidan que se verifiquen las listas de matriculados a la par de las notas de admisión, y se den cuenta de que admitieron a gente que tuvo notas inferiores a la suya; claramente hará su reclamo”, concluyó Cruz.

Candidatos reservados

Los aspirantes a la rectoría de la UNA, se mostraron reservados para opinar sobre el informe de la Contraloría Universitaria, que generó dudas alrededor de una de las candidatas, y actual vicerrectora.
Henry Mora, decano de Ciencias Sociales, recordó como el caso está en proceso de investigación, no se referirá a lo relacionado con la vicerrectora, quien ya fue absuelta por el órgano director.

“Todo lo que se diga son, por tanto, especulaciones, las cuales son producto de una política de falta de transparencia con que se ha manejado todo este asunto al no querer hacerse público el informe”, criticó Mora.

El economista Leiner Vargas, también lamentó el “secretismo” con que se ha manejado el tema en la institución, y prefirió no referirse al fondo del tema, por estar parte de la investigación en curso.

UNIVERSIDAD no pudo conocer el criterio de la candidata Carmen Méndez, integrante del Consejo Universitario, a pesar de las múltiples llamadas a su celular. Tampoco la pudimos ubicar en la oficina del Consejo.

Fuente: Semanario Universidad
JAVIER CÓRDOBA MORALES (javier.cordoba@ ucr.ac.cr)