Elecciones: Uribe se va pero el fascismo a lo colombiano se queda

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Uribe y Santos saben que entre ganar o perder está la diferencia de ser libres o ir presos
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82 años después (2010) no solo que el gobierno de turno (cada uno más fascista que el otro) ha seguido ametrallando a los pobres colombianos sino que ha ensayado “técnicas genocidas” viejas y nuevas (los falsos positivos, las fosas comunes, los hornos crematorios) y han entregado su país (7 bases militares) al “oro americano”

Lo más grave, de los nueve candidatos presidenciales, cinco se declararon abiertamente partidarios de seguir la misma senda trazada en los últimos ocho años por el para presidente Álvaro Uribe Vélez; y solo uno con posibilidades ciertas (Antanas Mokus) no es que esté totalmente en contra de esta política fascista sino que promete someterse a la ley; la ley nacional y la ley internacional.

La derecha fascista no perdona

Es decir, si no gana Mokus, la premonición de Gaitán seguirá aplicándose pero no solamente dentro de Colombia sino en otros países, como ya lo ensayó el dueto Uribe-Santos, con Ecuador, y ha tratado de hacerlo con Venezuela.

El problema de geopolítica regional es que, por el momento, son mayoría en Latinoamérica y El Caribe los países con tendencia hacia el cambio, hacia el rescate de la soberanía y la dignidad nacionales. Pero, quién sabe si la tendencia pueda consolidarse y seguir adelante. Por lo menos, la derecha tradicional ya se ha establecido (o ha logrado un continuismo) en Honduras, en Panamá, en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, Perú, México. Están en duda (mejor dicho, a medias) en Argentina, Paraguay, Brasil. Ya no tienen la menor duda de a adónde van, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y también el Ecuador, a pesar de que los pachakutecs ecuatorianos, otrora en posiciones de izquierda, “han descubierto” que Correa es neoliberal, ya que no hace lo que ellos quieren que debe hacer.

Es casi un axioma político ineludible que, tras la izquierda viene la derecha; pero no esa derecha candorosa, pacífica, que todavía cree sinceramente en Dios y en Cristo; sino esa derecha cavernaria, esa derecha troglodita que piensa que si desaparece a todo anticristiano o que suene a ello, están sirviendo a Dios, a la Iglesia y, desde luego, a sus bolsillos, que han dejado de llenarse durante un tiempo. Y eso no lo pueden seguir permitiendo.

La tragedia colombiana

“En Colombia existe una política de exterminio de la oposición; una banda de criminales organizada desde el Estado para asesinar” ¿Quién dice esto?: Sandra Piedad Córdova, esa senadora que se las ha jugado sin miedo porque en Colombia se den por lo menos algunos rasgos de humanismo y que ha logrado salvar a varios rehenes de las FARC, especialmente el último, el célebre sargento Moncayo, a quien la gran prensa sipiana, no solo de Colombia sino del Continente, de pronto “lo olvidó” a pesar de que hasta hace muy poco, fue figura principal de la prensa de espectáculo. ¿Será porque cometió el desliz, tan pronto como fue liberado, de insinuar que había que conversar con las FARC, porque “las FARC están ahí” y esa expresión estaba fuera de libreto?

Pero la senadora Córdova, que ha demostrado ser “muy macha” (muy berraca como dicen los colombianos) como diríamos en Ecuador y ha desafiado las iras imperiales del moderno fascismo y hasta ahora ha salvado su vida, no habla ni acusa en retórica barata, como los nuestros: recuerda a cada rato que en Colombia hay nada menos y nada más que 18 millones de pobres; y que de estos, por lo menos 7 millones no comen todos los días

Recuerda también que Colombia registra uno de los más altos índices de desplazados (internos y externos) por la violencia: más de cuatro millones (solo en Ecuador, se han refugiado, en los últimos años, más de 100.000) En esta lista, no hay que olvidar que más de 5.000 fueron asesinados por sicarios al servicio de la clase dominante; y de estos, más de 4.000 pertenecían a la izquierda.

Constan, aparte de este espantoso recuento, más de 1.700 jóvenes desempleados que fueron asesinados por soldados de carne y hueso en descampados de Colombia; fueron vestidos de “terroristas” (guerrilleros) y presentados como “muertos en combate”. Por esta práctica, que supera cualquier ficción literaria, los asesinos cobraban premios en dinero, en medallas, en canonjías. Y ninguno ha sido sentenciado, a pesar de que fueron identificados por un auditor de las Naciones Unidas, en sus repartos militares.

Los por qués de un por qué

Ahora, ¿por qué Colombia no puede salirse de semejante conjura? Las explicaciones son varias. Recogemos algunas:

– El miedo; el miedo que ha logrado imponer la clase dominante colombiana en más de medio siglo de violencia bestial (no olvidemos que, por los años 60-70 se denunció que soldados de la extrema derecha jugaban fútbol con las cabezas de liberales oposicionistas)

– Ese miedo que impera en poblaciones rurales, a donde llegaban los paramilitares con armamento ligero y muy eficaz, sacaban de una reunión social o de sus casas, a hombres y mujeres, lista en mano, les enfilaban en la plaza principal y los fusilaban sin más. Después, obligaban a los sobrevivientes (ancianos, mujeres, niños) a huir antes de que les pase lo mismo, para luego adueñarse de sus tierras.

– O el miedo impuesto por el sicariato. Un político de oposición, un dirigente sindical, un sospechoso de “castro comunismo” era sorprendido por un criminal en cualquier sitio o lugar y ejecutado ipso facto. El criminal (generalmente un joven desempleado) huía del escenario como que se iba de compras. Muy pocos fueron identificados y casi ninguno llegó a recibir la sentencia que se merecía. Peor, los que encargaban “el trabajito”

– O el miedo a que su majestad Álvaro o cualquiera de sus lugar tenientes los “anatematice” en público y les obligue a salir de Colombia precipitamente, para salvar por lo menos la vida. Muchos periodistas colombianos viven en el exilio forzado pero por ellos ni la SIP, o el Grupo de Diarios de América, Fundamedios o Participación Ciudadana, dijeron jamás esta boca es mía. Bastaba que el “gran demócrata” les dijera públicamente que eran “terroristas de corbata” para que tuvieran que poner los pies en polvorosa o atenerse a las consecuencias: el asesinato en la vía publica.

– ¿Otros miedos? los otros sicarios, que recurrían a los hornos crematorios o a las fosas comunes; una sola (del Llano) con más de 2.000 restos de seres humanos que fueron asesinados. Acaso se puede pedir a toda una población que denuncie, que increpe a sus verdugos. Que tenga valor.

En lo de los sicarios, me temo que esta atroz práctica se está empleando en Ecuador. No de otra manera pueden explicarse esos asesinatos ocurridos en Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Manabí, que tienen la misma “técnica” que los sicariatos colombianos.

Otro factor volviendo a lo de Colombia ha sido y sigue siendo, el absoluto control mediático que las fuerzas represivas y sus empresarios tienen sobre los medios de comunicación más importantes, especialmente prensa escrita y televisión . Desde hace rato, en esos medios solo se publica lo que le conviene a la “seguridad democrática”. Es decir, el pueblo colombiano (no todo) ignora los crímenes del uribismo y sus antecesores. Y como que creen que “si no dicen nada” no les pasará nada. Tremendo error que le ha costado a millones de personas sus vidas, sufrimientos sin fin. Solo hay que revisar la historia de Alemania, de España, de Italia.

Para el Ecuador, las elecciones colombianas tienen alto significado. Juan Manuel Santos, a quien pintan como favorito pero seguido muy de cerca por Antanas Mokus, no tuvo empacho en declarar, en un panel de principios de campaña, que “había tenido el honor de ordenar el bombardeo del terrorista Reyes en territorio ecuatoriano” y que volvería a hacerlo si fuera necesario y de acuerdo con el “derecho a la defensa anticipada” una de las genialidades del imbécil de Bush hijo. Bueno, después se supo que fue la Condolessa esa, la que se ideó estas y otras frases para tratar de justificar lo injustificable (la invasión de Irak, por ejemplo)

Desde luego, Rafael Correa reaccionó como debía reaccionar y por lo menos logró que el candidato fascista trate de dorar la píldora y de endosarle el problema “al Estado colombiano” Pero, una corresponsal en España de la agencia franquista EFE se aprovechó para tratar de poner en boca de Correa que había dicho que la posible elección de Juan Manuel Santos, como presidente de Colombia, “sería un problema para Ecuador” cuando en verdad lo que le preguntó fue que si no era un problema que un juez ecuatoriano había sindicado y ordenado la prisión de Santos por ser el autor confeso y directo de la masacre de Angostura (26 personas y tres heridas) a lo cual Correa respondió “que si, que ese podía ser un problema” ya que él como Presidente de Ecuador no puede, por si y ante si, ordenarle al juez que deje sin efecto esa disposición judicial.

¿Podremos los ecuatorianos sentirnos seguros si llega a la Presidencia Juan Manuel Santos y su equipo depredador? ¿Podrá sentirse seguro Rafael Correa y su equipo de gobierno y su Alianza País y su revolución ciudadana, si la mayoría de colombianos designa presidente a este genocida confeso?

Serán cuatro años de lo mismo o peor ya que de la hermana Colombia llegan informaciones que don Álvaro Uribe Vélez está aprovechando al máximo los días que le quedan como presidente para visitar pueblos y aldeas a los que nunca fue y reafirmar su decisión de que “cualquier gobierno que venga” debe profundizar su “seguridad democrática” (un práctico autoritarismo de la peor especie) ya que ello garantizará que finalmente sean derrotados los “terroristas” de las FARC a quienes su gobierno ha asestado “duros golpes”

“Los mal pensados de siempre” (que en Colombia todavía quedan) ven en esta actitud un anticipo de que Uribe y su combo se disponen a regresar después de un período de 4 años ya que no le fue permitida su segunda reelección. Para ello, necesita de urgencia en el Palacio de Gobierno, alguien que le cuide las espaldas y que no vaya a tranzar (ni de broma) con los “terroristas”. Ya que con los narcotraficantes –al parecer y según reiteradas denuncias- tiene muy buenos puentes al extremo que en estos ocho años de uribismo, la producción de hoja de cosa y otros elementos se ha más que duplicado.

Quizá entonces (para el 2014) ya las bases militares norteamericanas se hayan establecido a plenitud en toda Colombia, hayan por lo menos “provocado” militarmente a la vecina Venezuela (o hayan logrado matar a Chávez) y desplazar “para siempre” las veleidades de esos gobiernos “díscolos” que tanto dolor de cabeza les están dando al Imperio y a sus aliados locales.

Fuente: *ARGENPRESS.info

Piñera Del Monte será demandada penalmente

Ante daños ambientales en sus plantaciones de piña.

Anunciarán demanda legal contra Del Monte por daños y perjuicios

Las organizaciones comunitarias y sociales que integran el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña (FRENASAP) le invitan a la conferencia de prensa organizada para dar a conocer los pormenores de la demanda legal que se estará interponiendo contra la transnacional Del Monte, debido a los serios daños ambientales que ocasiona en sus plantaciones de piña.

Día: este próximo miércoles 2 de junio
Hora: 3:30 de la tarde
Lugar: Salón de Beneméritos, en la Asamblea Legislativa.

La información estará siendo facilitada por personas representantes de las diferentes organizaciones que conforman el FRENASAP.

Contexto:

Muchas comunidades de la Zona Sur, la Zona Atlántica y la Zona Norte del país se han visto seria-mente afectadas por diversos tipos de daños ambientales y sociales, todos asociados a la dinámica de producción a gran escala de piña. La actividad piñera ha tenido un incremento casi exponencial en el país en los últimos 10 años, y este incremento se ha dado a costa de un severo impacto en los ambientes naturales, tanto en las áreas utilizadas directamente para la siembra como en zonas y comunidades aledañas. Los problemas no solo subsisten, sino que se incrementan, y, mientras que empresarios e instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud, se hacen lite-ralmente de la vista gorda, las comunidades siguen padeciendo de manera sistemática este y otros males.

El caso más dramático es el de las comunidades de El Cairo y Luisana, cuyos acueductos fueron contaminados durante 10 años por agroquímicos utilizados en la piñera Ojo de Agua S.A, propiedad de la transnacional Del Monte. Como medida paliativa, y de manera condescendiente con la em-presa, el gobierno se vio obligando a repartir agua potable en camiones cisterna desde hace tres años, sin que se hayan tomado medidas contra los responsables.

Más información:

Para consultas o para más información, pueden comunicarse con Soledad Castro o Marvin Amador, a los siguientes números de teléfono:

Soledad Castro: 8835-1662
Marvin Amador: 8335-3070

Presidenta Laura Chinchilla Miranda: ¿Por qué la represión policial?

Organizaciones sociales y sindicales piden explicaciones a la Presidenta
Laura Chinchilla Miranda por la represión policial contra protestas sociales

Denuncian claro atropello a la libertad

Las organizaciones sociales y sindicales abajo firmantes, solicitamos explicaciones a la Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda, ante la creciente represión policial contra las protestas sociales experimentada desde hace varias semanas. Algunos de los eventos que citamos en este escrito ocurrieron en la administración Arias, sin embargo, la actuación de violencia creciente por parte de la policía evidencia su transformación en un ente represivo y militarizado. La ocurrencia de estos hechos en un plazo tan corto, muestra la configuración de una política represora de parte de ambos gobiernos, que debe detenerse de inmediato.

Hechos sobre los que deseamos explicaciones:

– La represión sufrida por el estudiantado de la Universidad de Costa Rica el 12 de abril del presente año, ante la intromisión de agentes del OIJ, cuando defendían la autonomía universitaria que protege la producción de ciencia y pensamiento libre ante la intromisión de agentes del OIJ. La represión física ejecutada dentro de la Universidad dio como resultado personas heridas, arrestadas y golpeadas.

– La manera violenta en que la Fuerza Pública disolvió una protesta en Limón el día 29 de abril, cuando diversos grupos se manifestaban contra la privatización de los puertos del Caribe, el intervencionismo del gobierno en los sindicatos y el proyecto de Ley de Empleo Público. En dicha ocasión, la policía actuó de forma provocadora y arrestó a una veintena de personas tan solo por el hecho de protestar.

– La grave represión sufrida durante los actos del Traspaso de Poderes, donde un grupo de personas hacía uso de sus derechos al libre tránsito y a la libre expresión. En La Sabana un cordón policial cerró el paso. Varios de los policías echaron sus caballos contra los manifestantes, desatándose un desorden y dándose posteriormente la captura injustificada de aproximadamente una decena de muchachos y la agresión contra personas indefensas, siendo algunas atropelladas por los caballos.

Se cuenta con abundante prueba documental tanto por filmaciones de la policía como de las personas manifestantes. Ante esta situación, la escritora Julieta Dobles, la abogada Jeannette Román y el periodista Héctor Ferlini Salazar, presentes en el lugar, dialogaron con los jefes policiales señalándoles que no había razón para el proceder policial de tirar los caballos contra la marcha y que debían liberar a los detenidos.

Los jefes policiales Rivera y Ching se negaron. En ese marco una mujer policía se refirió despectivamente diciendo “esos son los de Ciencias Sociales”.

– La violación del derecho a la libre expresión. El mismo 8 de mayo un grupo de personas distribuían volantes en la Avenida Central de San José y, según una denuncia con gran cantidad de fotos que ha circulado por Internet, los volantes fueron decomisados por un contingente policial. Además, se intimidó al grupo manifestante al ser rodeado por agentes de la GAO armados con subametralladoras.

– La forma violenta en que la policía disolvió una manifestación de estudiantes del Liceo Vargas Calvo el 13 de mayo de 2010. En esa ocasión, se empleó a la policía antimotines contra un grupo de menores de edad que protestaban en contra de una medida tomada por el director del colegio.

– En los hechos citados, hay claras violaciones a la libertad de movilización, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad sindical y de organización.

Ante estos hechos preguntamos a la Presidenta Laura Chinchilla Miranda lo siguiente:

1. ¿Está usted de acuerdo con que una manifestación pacífica sea reprimida por la policía, causando golpes, heridas graves e incluso pérdida de conciencia a las personas por ejercer el libre derecho a manifestarse como ocurrió el 8 de mayo?

2. Si ese día la orden superior era impedir el libre tránsito y la libre expresión de estas personas durante el Traspaso de Poderes, ¿por qué los efectivos de Seguridad no se mantuvieron en el cordón policial sin necesidad de actuar con brutalidad y perseguir a caballo a las y los jóvenes? ¿Por qué se lanzó la policía contra personas desarmadas e indefensas que pacíficamente ejercían su libertad de expresión y movilización?

3. ¿Está usted de acuerdo, en su doble calidad de presidenta y de coordinadora del recién creado Comité Consultivo en Seguridad, con el decomiso de volantes con contenido social o político que se distribuye en la vía pública?

4. ¿Está formándose a las y los policías con conceptos ideologizados y sesgados, contra quienes disienten del sistema político, económico y social establecido?

5. ¿Va a formar parte su gobierno de las campañas ideológicas y represivo-culturales, junto a otros sectores, como es el caso de medios informativos que desacreditan con calificativos peyorativos la protesta social, o como es también el caso de una periodista de un telenoticiario quien descalificó al grupo de manifestantes del 8 de mayo sugiriendo que mejor hubiesen ido a la “feria del agricultor o a pasear con sus familias” antes de marchar?

Agradeceremos una respuesta pública clara y sin evasivas, para las 5 preguntas. El país necesita respuestas claras.

No deseamos ver a Costa Rica sumida en un clima de intolerancia y represión contra quienes defienden lo que consideran que contribuye a crear una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos de la humanidad y la naturaleza. No queremos un país donde la disidencia política y el pensamiento crítico, sean perseguidos mediante la violencia policial, ni desacreditados por las fuerzas del Gobierno.

Atentamente,

Organizaciones firmantes en orden alfabético:

1. Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier, Presidenta
2. Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad de Costa Rica, Arturo Silva, Presidente
3. Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, Secretario General
4. Asociación Programas Sociales de Dominical, Zeidy Jiménez, Representante
5. Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía, Francisco Aguilar, Presidente
6. CB Yamileth López-Costa Rica
7. Central Costarricense de Trabajadores Democráticos, Luis Armando Gutiérrez, Secretario General
8. Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses, Dennis Cabezas Badilla, Presidente
9. Comité Ambiental de Miramar
10. Comité Patriótico Sabanilla/Cedros
11. Comité Patriótico Zarcereño
12. Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Rodrigo Aguilar, Presidente
13. Confraternidad Guanacasteca
14. Consumo y Comunicación Alternativa COKOMAL
15. Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, Ramón Barrantes, Coordinador General
16. Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría
17. Coordinadora Sindical, Magisterial y Comunal, José Antonio Barquero, Coordinador
18. Escuela Popular Pablo Presbere
19. Federación de Empleados Bancarios y de Seguros
20. Foro Ecuménico para El Desarrollo Alternativo de Guanacaste, Suray Carrillo Guevara, Directora Ejecutiva
21. Frente de la Universidad de Costa Rica
22. Frente Nacional de Comunidades Costeras, Wilmar Matarrita, Coordinador General
23. Frente Patriótico Distrital de Piedades Sur
24. Grupo Ambientalista Tivives
25. hormigueros1856
26. Movimiento Alternativa de Izquierdas
27. Movimiento Ecologista Humanista Geográfico, UCR
28. Movimiento Patriótico de Occidente
29. Movimiento Patriótico Juanito Mora de Pasoancho-San Sebastián
30. Movimiento Patriótico Ramonense
31. Periódico SURCOS, Héctor Ferlini Salazar, Director
32. Servicio Paz y Justicia en América Latina, Gustavo Cabrera Vega, Coordinación Latinoamericana
33. Sindicato de Empleados Banco Nacional de Costa Rica, María Elena Rodríguez Samuels, Secretaria General
34. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, Gilberth Díaz, Presidente
35. Sindicato de Trabajadores de Japdeva, Liroy Pérez, Secretario de Prensa
36. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, Álvaro Madrigal Mora, Secretario General
37. Sindicato Pro Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y Fábrica Nacional de Licores, Antonieta Benambourg Villalobos, Secretaria General
38. Sindicato Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular, Carlos Manuel Vega Bolaños, Secretario General
39. Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, Luis Chavarría, Secretario General

Ciudadanas y ciudadanos en orden alfabético por su nombre:

1. Álvaro Martínez Montandón
2. Ana Alvarado Álvarez
3. Ana Lucía Fernández Fernández
4. Berna van Wendel de Joode
5. Bernal Oses Alvarez
6. Carmen Brenes Sáenz
7. Catharina Wesseling
8. Cristina Robles Ruiz
9. Elizabeth Rodríguez Jiménez
10. Giovanni Arce Alvarado
11. Gloria Cárdenas Miranda
12. Guadalupe Urbina
13. Gustavo Cabrera Vega
14. Héctor Ferlini Salazar
15. Javier Sánchez Valverde
16. Jeannette Román
17. Julia Ardón Morera
18. Julieta Dobles Izaguirre
19. Leda María Méndez Arias
20. Leonor Isabel Antillón Sargent
21. Marcela Zamora Cruz
22. Marco Antonio Palma Leiva
23. Maria del Pilar González Vásquez
24. María Elena López
25. María Esther Montanaro Mena
26. Maria Teresa Valenzuela Hernández
27. Mario Cabrera Burgos
28. Nathalia Sandí Peña
29. Oscar Mario Solano Aguilar
30. Rafael Ángel Morales Monge
31. Rocío Loría Bolaños
32. Roxana María Morales Bonilla
33. Suri Solís García
34. Víctor Vega Valverde
35. Viviana Rovira Maruri

Argentina: El bicentenario desde nuestra memoria*

La memoria de que la independencia de los españoles no significo el respeto de nuestros derechos ya que los líderes revolucionarios que comprendieron nuestra lucha como Monteagudo, Castelli y Belgrano fueron aislados y vencidos en las luchas internas, triunfando un modelo de nación excluyente y discriminatoria, en el cual el contrabando, la avaricia y la corrupción serian los principios de la nueva oligarquía.

En memoria de San Martin, Artigas, Juana Azurduy, Quiroga, Peñaloza, y tantos y tantas otras que lucharon por un país para todos y que también sus historias fueron tergiversadas para culminar en la tesis de civilización y barbarie justificando el genocidio de millones de campesinos e indígenas para arrebatarles sus tierras. Sobre esa sangre se cimentaron las bases de esta nación Argentina.

Hoy continuamos bajo un modelo salvaje, donde el capitalismo impregna de muerte, hambre y soledad a nuestro pueblo. Los agronegocios y las transnacionales continúan el despojo, arrasando bosques y montañas para llevarse nuestros bienes naturales, dejando suelos depredados, aguas contaminadas, desempleo, enfermedades y hambre. Continuando con un éxodo rural que sigue alimentando mega polis insostenibles donde la marginalidad provoca guerras sin sentido, donde la cultura del consumismo genera demandas energéticas que son imposibles de satisfacer sin destruir nuestro planeta. Hoy el modelo económico sigue concentrando las ganancias en un sector privilegiado mientras que las mayorías nos encontramos en la pobreza. La tierra está cada vez más concentrada y los terratenientes y agro empresarios nucleados en entidades con historia de genocidio como la SRA y la CRA usan nuestro territorio en función de las necesidades europeas y sólo pensando en maximizar aun más sus desproporcionadas ganancias. La soja, los transgénicos y los agro combustibles avanzan sobre la vida campesina indígena y sobre la soberanía alimentaria y las justas luchas de nuestros compañeros y compañeras son criminalizadas por la justicia corrupta y perseguidos una la policía que solo reconoce derechos en los empresarios.

Los aprendizajes

La memoria nos dice que desde que hubo intentos de dominación, hubo resistencia, pero también existieron egoísmos, incomprensiones, prejuicios que posibilitaron el avance del opresor.

La llegada de los conquistadores nos encontró divididos, y los saqueadores contaron con el apoyo de muchos de nuestros hermanos. Este estigma nos seguirá en nuestra historia, así como durante el genocidio que significo la campaña del desierto.

Algunos pueblos indígenas y criollos colaboraron con Roca apoyados en el resentimiento y esperando obtener ventajas lo cual perjudico de gran manera a la resistencia indígena y campesina. Así podemos enumerar lamentables episodios.

El camino iniciado por Tupac Amaru, el grito de libertad alzado el 25 de mayo de 1810, ha sido mil veces ahogado en sangre, Todavía no somos libres.

Desde esa memoria es que creemos que en este bicentenario debemos gestar espíritu de unidad. Indígenas, campesinos, trabajadores, todos y todas debemos lograr ampliar nuestra capacidad de unidad de acción en pos de profundizar la lucha contra el saqueo imperialista y el capitalismo y seguir construyendo desde nuestras comunidades, nuestros barrios y nuestros pueblos una patria para todos y todas.

Y cuando decimos patria no decimos solo Argentina, hablamos de la patria grande latinoamericana y de el mundo entero, porque Otro mundo es posible. Un nuevo paradigma civilizatorio basado en el cuidado de la naturaleza, la igualdad, la justicia y el respeto de la diversidad.

Por eso a 200 años de ese glorioso 25 de mayo aun seguimos luchando por la libertad, por la tierra y por la justicia.

Movimiento Nacional Campesino Indígena
MNCI
/Tierra, agua y justicia para todos/
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Vía Campesina

Panamá: Abogados de Gobierno ya están en Costa Rica para demandar al diario digital “Nuestro País”

Abogados de Gobierno ya están en Costa Rica para demandar al diario digital “Nuestro País”

“Este caso, propiciado por el propio mandatario panameño, será atendido, sin miedo, en los estrados judiciales que correspondan” respondió “Nuestro País”.

Según información de Telemetro Reporta:

El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, reveló la mañana de este jueves que ya se encuentra en Costa Rica un equipo de abogados de la Presidencia de Panamá, para iniciar las acciones legales contra el diario digital Nuestro País.

Papadimitriu dijo que el motivo de estas acciones legales es la difusión de “falsa información contra la seguridad del Estado y, principalmente, contra el Canal de Panamá”.

Detalló que presentarán una denuncia contra el director del medio, Carlos Salazar, por haber dicho en declaraciones ofrecidas a un medio radial panameño que el Canal de Panamá está siendo operado por israelíes y agentes de la Mossad (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel), lo que según explicó el funcionario, podría exponer a esa vía interoceánica como un blanco de Al Qaeda.

Por su parte, el medio Nuestro País denunció “intimidaciones” del Gobierno panameño.

En una de sus publicaciones, Carlos Salazar, aseveró haber recibido amenazar a través de correos electrónicos y afirmó “nunca nos intimidarán. Somos un medio independiente”, responsabilizando a la “Casa Presidencial de Panamá”, de cualquier atentado contra la seguridad de algún miembro de su medio.

Se pronuncia FRENADESO

Por su parte FRENADESO, luego de una amplia relación de los hechos de los últimos días que involucran a funcionarios del Gobierno con elementos de la narco mafia, señaló:

El Gobierno ha sido incapaz de aclarar las situaciones que se han presentado y de confrontar con dignidad las serias acusaciones.

Por el contrario, se ha dedicado a insultar, atacar y amenazar a medios como el Diario Digital de Costa Rica “Nuestro País”, a Kaos en la Red y a FRENADESO.

La Presidencia emitió un comunicado donde anuncia que demandará al diario digital costarricense “El País” y a las personas responsables de difamar a Panamá…”

¿Las razones? Porque al señalarse que “nuestro Canal está siendo manejado por israelitas…” “pone en peligro la seguridad del Estado ya que el grupo terrorista Al Qaeda nos podría atacar”.

Los argumentos son muy similares a los utilizados por Noriega: “si me critican a mí se atenta contra la seguridad del Estado, las inversiones se alejan, el canal peligra”.

Los argumentos son ridículos, máxime cuando ya FRENADESO advirtió meses atrás que la política exterior de Panamá, incondicional a Israel, y el hecho de abrirle las puertas a la Mossad y a las agencias de seguridad conformadas por mercenarios de ese país, que brindan entrenamiento a los organismos de seguridad institucional y conforman el anillo de seguridad del Presidente; ponían en peligro el futuro del Canal y hacían dudar de su neutralidad.

Fue el propio Presidente Martinelli quien concitó las airadas reacciones de la comunidad árabe al declarar que “Como panameño me siento muy honrado de apoyar siempre al Estado de Israel. Israel es el guardián de la capital del mundo que es Jerusalén.”

“El dirigente palestino Nabil Shaath condenó hoy las declaraciones que hizo sobre Jerusalén el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien dijo el martes que Israel es el “guardián” de la ciudad santa.”

“Las declaraciones de Martinelli no son sólo una ofensa al pueblo palestino, al mundo árabe y a todo el mundo cristiano e islámico, sino que también una ofensa al derecho internacional” señaló Shaath en un comunicado remitido a EFE.

También el Gobierno de Martinelli acusa al periodista costarricense Carlos Salazar de “Nuestro País”, de señalar que uno de los presos en México y cuya muerte en prisión fue anunciada recientemente, César Fábrega Samaniego, es también primo suyo. Entonces también debería demandar al diario El Panamá América que en su página web tituló una noticia “Fallece primo del Presidente preso en México por lavado”, indicando que “Fábrega se le atribuía un parentesco con el presidente Ricardo Martinelli, debido a que el árbol genealógico del general José de Fábrega muestra que la madre del mandatario, Gloria Isabel Berrocal Fábrega, está emparentada con Julio Fábrega Sánchez, padre del occiso”.

Hoy está en entredicho la credibilidad del Gobierno y la probidad e integridad de sus funcionarios.

El Gobierno y el propio Presidente deben esclarecer estos hechos y rendirle cuentas al pueblo.

Por eso no bastan las respuestas dadas por el Presidente a La Estrella de Panamá: “Qué sé yo. Ni sé quién es.” “Yo me tomo fotos con todo el mundo en muchas partes”

El panameño que se respete a si mismo no puede cerrar los ojos ante esta grave realidad que se nos presenta y debe salir a exigirle explicaciones a los gobernantes. Las agrupaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, gremios, etc., no podemos guardar silencio.

A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales les hacemos un llamado para que actúen frente a los graves hechos denunciados y las amenazas contra las garantías fundamentales, la libertad de expresión y el derecho de información de todos los panameños.

Personas con un mínimo de honradez y honestidad dentro del Gobierno deben exigir cuentas, en vez de salir públicamente a respaldar a un Ministro como José Raúl Mulino, duramente cuestionado por la opinión pública nacional, por sus actuaciones, incapacidad y sus frecuentes insultos y ofensas contra diversos actores de la sociedad panameña.

Todo esto se produce en medio de una sociedad que se debate en medio del incremento de los índices de seguridad ciudadana, cuando se informa que Panamá ocupa el décimo lugar en el ranking mundial de femicidio y en momentos en que se desarrolla uno de los peores motines en el Centro Penitenciario de La Joya, con un saldo aún desconocido de muertos y heridos.

También ocurre en momentos en que se anuncian nuevas medidas contra el pueblo, como las reformas al Código de Trabajo, reformas a la Seguridad Social, acuerdos comerciales que fomentarán proyectos depredadores del ambiente y atentan contra los sectores productivos; nuevas alzas en los precios de los productos de la canasta básica familiar, en el agua potable , tarifa de aseo y cuando a partir del 1 de julio entra en vigencia el 7% de ITBMS.

Al parecer, con sus amenazas a los medios alternativos que han permitido conocer estos hechos, el Presidente Martinelli pretende agregar a la “Ley Pinchazo” y a la “Ley Carcelazo”, una nueva “Ley Mordaza”.

A los compañeros del diario digital de Costa Rica, “Nuestro País”, les expresamos nuestra solidaridad frente a los embates y amenazas de que son víctimas y les expresamos, en nombre de amplios sectores nacionales, nuestro agradecimiento por las informaciones divulgadas.

Los hechos denunciados, por su extrema gravedad, deben ser investigados de manera exhaustiva por una Comisión Especial Imparcial e Independiente, toda vez que la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Asamblea de Diputados están a merced del Ejecutivo.

Desde FRENADESO, y como parte de la creciente red de medios alternativos que con pocos recursos y por diversas vías luchan por dar a conocer lo que los medios comerciales y oficialistas ocultan, defenderemos nuestro derecho a la información veraz y a dar a conocer la cruda realidad que vivimos, dándole voz a los oprimidos y explotados.

Los hechos aquí mostrados ponen en evidencia la podredumbre moral de la clase dominante y sus vínculos con la mafia nacional e internacional. Debemos ponerle un alto a esta Mafiocracia de todos los partidos políticos.

Esto ratifica el llamado de FRENADESO al pueblo a construir poder popular, organizar, fortalecer las capacidades de lucha de las masas populares y crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria que funda una nueva República de bienestar para todos. Ello incluye intensificar las consultas con las bases acerca de la necesidad de crear un instrumento político electoral con verdadera posibilidad de disputarle a los partidos oligárquicos el control del gobierno como un paso adelante hacia las transformaciones profundas que requiere la sociedad panameña.

La hora de actuar es ya. Para mañana puede ser tarde.

¡Triunfó el pueblo de Sardinal, triunfó Costa Rica!

Ordenó además el archivo definitivo del expediente.

Y más importante aún, ordenó a la Municipalidad de Carrillo PARALIZAR inmediatamente las obras constructivas del proyecto.

La resolución nos fue hace pocos minutos y también se notificó al AyA, a Teofilo de la Torre ministro MINAET, al alcalde municipal, al Gerente del Banco de Costa Rica que maneja el Fideicomiso, a la Contraloría, a la Defensoría, al SENARA y al MOPT.

Esto debió ocurrir hace 15 meses.

La falta de notificación del VOTO 2009-262 por parte de la Sala Constitucional, tiene la culpa por la demora y por los daños ocasionados durante estos largos meses.

El pueblo tenía razón.
El pueblo de SARDINAL, ganó esta batalla.
El pueblo que defiende sus derechos, siempre triunfa.

Adjuntamos copia Resolución de SETENA en ARCHIVOS ADJUNTOS en la columna derecha

TELEFAX 2672-0238 -Tilaran – Cañas-
E-MAIL: confraternidad_gte@yahoo.com – Liberia- Nicoya- Santa Cruz- Carrillo-

Se destapa red de irregularidades en admisión de la UNA

Un informe de la Contraloría Universitaria de la Universidad Nacional (UNA) señaló una serie de irregularidades en la admisión de estudiantes a esa casa de estudios, en las que se vieron involucradas altas autoridades.

Estudiantes que no presentaron su título de bachillerato, que reprobaron las pruebas de admisión y de ingreso a carrera y otros con títulos de bachillerato falsos, se convirtieron en alumnos regulares de la UNA, incluyendo las hijas de una exintegrante del Consejo Universitario y de una decana, gracias a procedimientos cuestionados por la Contraloría.

Los resultados de la investigación fueron declarados “confidenciales” por el Consejo Universitario, pero el documento comenzó a circular en la red de correos interna de la institución; y esta semana fue ampliamente divulgado por la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en esa universidad.

La Contraloría Universitaria recomienda en su informe investigar al Jefe de la Oficina de Registro, Marvin Sánchez, Maritza Villalobos, Jefa de la Sección de Matrícula e Historial Académico, Álvaro Mora Espinoza, asesor jurídico de la Vicerrectoría Académica y a la propia Vicerrectora Académica, Sandra León, entre otras personas.

En los casos de Mora y de León, quien ahora también aspira a la rectoría de la institución, un órgano instructor nombrado por el Consejo Universitario desestimó cualquier responsabilidad de ambos en las irregularidades señaladas y archivó el procedimiento disciplinario sobre ambos.

La vicerrectora León aseguró que no puede referirse al fondo del asunto por encontrarse en investigación, mientras que el rector Olman Segura insistió en que el Consejo Universitario ha actuado desde el primer momento para esclarecer la situación.

El 17 de mayo, la vicerrectora León, envió un comunicado a la comunidad universitaria en el que recordó que fue absuelta por en el proceso interno.

PERSEGUIDA POR DENUNCIAR

Quien dio la primera voz de alarma sobre las anomalías en la admisión y matrícula de estudiantes fue la Jefa de la Sección de Admisión, Reconocimiento y Expedientes Estudiantiles, Sonia Salazar.

De acuerdo con el documento de la denuncia que interpuso ante el Consejo Universitario, Salazar detectó irregularidades en la admisión de nuevos estudiantes que no tenían la presentación del título de bachillerato.

Tras advertir las anomalías, empezó la persecución contra Salazar.“ (…) Se me quitó la clave de acceso al sistema impidiéndome que pudiera conocer toda la información sobre casos que yo misma había detectado como irregulares, así como incluir o excluir estudiantes en el proceso de admisión”, señaló en su denuncia.

Ella solicitó la exclusión del sistema de las personas que presentaban la irregularidad, para lo cual se le otorgó una clave temporal, tras cuyo vencimiento no pudo verificar las exclusiones solicitadas.

Lo denunciado por Salazar fue luego comprobado por la Contraloría Universitaria, que así lo expresa en el punto 2.1.1de la relación de hechos y detallada en el punto 2.2.2 del mismo informe.

La Contraloría seleccionó una muestra de 65 personas admitidas y matriculadas en el 2008, de las cuales 29 (45%) no presentaron la fotocopia del título de bachillerato, y en 27 casos no se encuentra la certificación del Ministerio de Educación Pública de haber ganado el bachillerato.

La mayoría de los estudiantes en esta condición, presentaron sus documentos después de la fecha límite establecida para que el Departamento de Registro verificara estos requisitos.

Incluso, señala el informe, una estudiante con “restricción de pendiente por montos vencidos y no presentación de documentos”, de la cual se solicitó exclusión desde el 4 de setiembre del 2008, al 11 de noviembre del año anterior aún se encontraba en el sistema.

TULOS FALSOS

Carlos Cruz, presidente de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la UNA, la cual apoyó a Salazar en sus denuncias, comentó que la funcionaria verificó con el Ministerio de Educación la presencia de tres títulos falsificados.

Así consta en el texto de la denuncia presentada por Sonia Salazar, donde se adjunta un documento firmado por Trino Zamora Zumbado, Jefe del Departamento de Evaluación de la Calidad del MEP, en el que se informa de la presencia de tres títulos falsos, uno de ellos perteneciente a una persona de apellidos Anchía Cascante, hija de una decana de la UNA.
Al final de la nota, Zamora recuerda a la UNA, la responsabilidad que tiene la dependencia correspondiente de denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos títulos que resulten falsos.

“Pero empezó a pasar el tiempo y nadie presentaba la denuncia respectiva; por lo que Sonia fue personalmente al Ministerio Público y puso la denuncia contra los tres estudiantes que presentaron documentos falsos”, afirmó Cruz.

En el texto, Salazar señala que comunicó a su superior jerárquico, Marvin Sánchez (Jefe de Registro), la obligación de solicitar al departamento legal de la UNA que realizara la denuncia.

La funcionaria acudió al Ministerio Público el 15 de octubre del 2009, a pesar de que informó a sus superiores sobre la situación desde el 20 de agosto de ese mismo año.

“Sonia presentó la denuncia porque llegamos a la conclusión de que si no lo hacía, la única cabeza que rodaría sería la suya, aunque eran otros los que tenían que hacerlo. Con su acción ella está salvando a la UNA de no cumplir su deber”, expresó Cruz.

MATRICULA “EXTRA” EXTRAORDINARIA

Otra de las anomalías que advierte la relación de hechos de la Contraloría Universitaria, fue el supuesto uso indebido del mecanismo que se da a un estudiante en la condición de “extraordinario”.

La normativa universitaria define este tipo de estudiante como aquel que demuestra una actitud superior en el área del conocimiento de la carrera y a quien se le permite matricular uno o varios cursos pertenecientes a un plan de estudios, al margen de los requisitos que establece el sistema de admisión de los alumnos regulares.

Bajo esta condición, la Contraloría menciona el caso de cuatro personas, dos de las cuales pusieron como segunda opción el ingreso a la carrera de enseñanza de la educación física, deporte y recreación de la Escuela de Ciencias del Deporte; y para cuya prueba específica obtuvieron notas menores a siete; y por lo que no fueron admitidos en los periodos de matrícula ordinaria, ni extraordinaria.

De acuerdo con el informe, el director de la carrera mencionada, envió cartas al director de Registro para la inclusión de estas personas en calidad de extraordinarios, con lo cual finalmente fueron matriculadas a pesar de estar fuera de fecha, “con lo cual todos tuvieron un trato diferenciado respecto a los demás estudiantes”, señala el informe.

Al respecto la Contraloría señala que en varios de estos casos, las recomendaciones de las unidades académicas nunca fueron acompañadas de las debidas justificaciones para dar la condición de “extraordinario” a un estudiante; y posteriormente éste podía pasarse a la condición de alumno “regular”.

Esto provocó que en total cinco personas que no ganaron, e inclusive, no hicieron el examen de admisión, o la prueba específica de carrera, y en un caso no presentó el título de bachillerato, finalmente lograran matricularse en las carreras escogidas.

Entre las personas admitidas por ese mecanismo, la Contraloría destaca a la hija de una persona que en ese momento integraba el Consejo Universitario.

Otra de las anomalías, fue la aplicación en el 2008 de una nueva matrícula, posterior a la “matricula extraordinaria” autorizada, en la que se levantaron unas “Actas de verificación de llamadas de estudiantes no admitidos”.

El informe contiene varias listas de estudiantes que fueron admitidos “por mecanismos no acordes a los autorizados en el Proceso de Admisión” y “que no necesariamente garantizaron los principios de equidad, igualdad de oportunidades, excelencia y transparencia”.

*En los cuadros, se detalla el ingreso de varias decenas de estudiantes sin que se incluyeran las razones por las cuales debían ser admitidos, y en varios de los casos, que fueron supuestamente seleccionados por encima de muchos otros con mejores notas de admisión o ubicados en mejores puestos en el padrón de la matrícula extraordinaria.

En este particular, la Contraloría señala indicios y recomienda la investigación de la posible participación de la Vicerrectora Académica, Sandra León, el Director de Docencia, José Solano, el Director de Registro, Marvin Sánchez y el Encargado de la Sección de Informática del Departamento de Registro, Melvin Cortés; así como otras dos funcionarias.

VICERRECTORA ABSUELTA

A la vicerrectora y candidata a la rectoría, se le instauró un órgano director de proceso disciplinario para que se llevara a cabo un “procedimiento administrativo abreviado de carácter disciplinario”, que estuvo a cargo de un integrante del Consejo Universitario.

Consultada por UNIVERSIDAD, la vicerrectora y aspirante a la rectoría aseguró que prefería no referirse al fondo del asunto, pues aún hay “procesos pendientes” y además recordó que el informe fue declarado “confidencial” por el Consejo Universitario.

En la audiencia oral de este proceso, León explicó que la extensión que se realizó de la matricula extraordinaria, se diseñó como respuesta durante el proceso de admisión 2008, en el cual no se alcanzó el número de estudiantes que la institución podía recibir.

León señaló que siempre fueron las escuelas las que tomaron la decisión de quienes serían las personas admitidas, e indicó que se giraron instrucciones a los decanatos, para que se siguieran los procedimientos y principios de admisión.

El órgano director aceptó como válidas estas explicaciones y la necesidad de una “ampliación” del proceso de matrícula para que la Universidad llenara todos los cupos disponibles.

Sin embargo, la resolución no se refiere a los criterios por los cuales fueron seleccionados muchos de los estudiantes en esta etapa, y la falta de verificación en algunos de los casos.

Olman Segura, rector de la UNA:
“No toleramos la corrupción”

El Consejo Universitario de la UNA emitió una “Aclaración pública” el 30 de abril anterior, en la cual indica a la comunidad universitaria que hay una “garantía de confidencialidad” que se debe guardar en este caso.
Para esto invoca el artículo 6 de la Ley de control interno, en la que se señala que el contenido del expediente se considerará confidencial hasta que se resuelva el proceso, excepto para las partes involucradas.

La insistencia de la “confidencialidad” por parte del Consejo, se da luego de que el documento de la Contraloría empezara a circular por la red y causara revuelo en el campus, pues se ha convertido en uno de los temas de la campaña electoral hacia la rectoría, la cual se define el próximo 4 de junio.

Incluso UNIVERSIDAD recibió la advertencia de confidencialidad por parte del rector de la UNA, Olman Segura, luego de que se enterara que este Semanario investigaba sobre este tema. Así lo dice en una carta enviada a la directora de este medio, Laura Martínez, el pasado 14 de mayo.
“Dado que uno de los periodistas del Semanario Universidad le consultó a la señora Vicerrectora Académica de nuestra casa de estudios, sobre el contenido de un supuesto documento de Contraloría Universitaria que circuló mediante un anónimo en nuestra red Universidad, le envío el acuerdo del Consejo Universitario”, señala el documento.

Consultado directamente por UNIVERSIDAD, el rector Segura mantuvo su postura de no referirse al fondo del asunto, ni al hecho de que la vicerrectora académica, y ahora representante ante el CONARE para la parte final de la negociación del FEES, esté dentro de las personas denunciadas.

El rector insistió en que el documento de la Contraloría es “supuesto” y fue circulado por un anónimo, pero hasta el cierre de edición ni él ni ningún funcionario de la UNA ha salido a desmentirlo. Fuentes consultadas por UNIVERSIDAD, que prefirieron el anonimato ante las advertencias de confidencialidad, aseguraron que el documento que ha circulado es fiel al original.

Segura rechazó que se haya postergado la investigación por intereses políticos o de cualquier otro tipo, y recalcó que el Consejo Universitario ha actuado desde que conoció las denuncias.

“Hemos actuado desde el principio, y todo esto se está investigando. En el caso del acoso laboral también actuamos de inmediato y se instauró un órgano director independiente”, afirmó.

Segura afirmó que espera que las anomalías señaladas no sean por corrupción o negligencia, sino solo errores; y espera que como es lo justo, las personas involucradas reciban un debido proceso.

“Desde que llegamos a la rectoría hemos estado comprometidos en no permitir la corrupción. Esta ha sido una administración nítida y transparente”, aseguró el rector.

El jerarca descartó que el sistema de admisión vaya a perder la confianza de la gente, pues es “muy sólido”, y solo hay errores que se deben corregir. “En caso de que haya corrupción, que se busquen las pruebas y que se castigue”, apuntó el rector.

Carlos Cruz, ANEP-UNA:
“La confidencialidad es para barrer debajo de la alfombra”

Para Carlos Cruz, presidente de la Seccional de la ANEP-UNA, la “confidencialidad” solo ha servido para que las autoridades de la UNA intenten “barrer debajo de la alfombra” y protejan sus intereses en el proceso electoral.

“Claramente lo que intentan es proteger los intereses de este grupo que representa Sandra León. A nosotros aquí no nos importa si gana o no gana ella o cualquier otro, lo que nos preocupa es que por estos intereses se tapen y alarguen procesos de denuncias tan graves”, cuestionó Cruz.

“Lo que ha habido es un bloqueo total, so pretexto de una confidencialidad, que su principal objetivo debe ser el salvaguardar al denunciante de buena fe; pero aquí desde el inicio se supo quién era el denunciante, que tuvo el respaldo de la ANEP; y empezaron a hacerle la vida imposible; dejándola incapacitada por el acoso laboral que sufrió”, acotó.

Cruz aseguró que para la ANEP esta confidencialidad declarada no tiene valor, en el tanto ellos como parte denunciante, nunca fueron tomados en cuenta en el proceso.

Incluso, la ANEP ya tiene en su sitio web (www.anep.or.cr) un vínculo en el que se puede descargar el documento que ha circulado en la UNA, y que según la organización sindical, han verificado que mantiene todo su contenido original.

El sindicalista comentó que se valoran acciones legales para impugnar el proceso por el cual fue absuelta la vicerrectora León, ya que en la resolución del Consejo Universitario se señala que esta no tiene apelación posible.

“Esto es un proceso en el que solo hubo dos partes, un juez, que es afín a la vicerrectora, y una acusada. Nunca se tomó en cuenta a los demandantes ni a nadie que apelara por otros argumentos en el proceso. Además dice que no tiene apelación, cuando los estatutos son claros en que toda resolución debe tener apelación”, afirmó Cruz.

La ANEP también valora impugnar el órgano director nombrado en el caso de acoso laboral hacia Sonia Salazar, pues según explicó, primero se nombró a la vicerrectora León para esa función, pero al ser parte ella de las denuncias, se nombró a un subalterno de ella.

“¿Cómo con un subalterno de una de las involucradas van a garantizar la transparencia y el equilibrio en el criterio del órgano director?”, indicó Cruz.
El dirigente se manifestó preocupado por el hecho de que con los órganos directores instaurados se “personalizó” el proceso, pero no se han tomado las medidas para corregir las anomalías, que según afirmó, aún continúan.

“Recientemente supimos que un estudiante que no traía su título de bachillerato por algún motivo, lo que hizo fue presentarle a la universidad un recurso de amparo que él había planteado ante la Sala Constitucional por algún problema con su título, y con ese documento, se le aceptaron los papeles”, relató Cruz.

“El problema es que se admitió a esta persona, sin antes ir a preguntar a la Sala Constitucional. Ahora sabemos que la Sala había rechazado “ad portas” ese recurso, entonces se aceptó un documento rechazado a una persona que no cumple con los requisitos”, acotó el sindicalista.
Cruz se manifestó preocupado por el hecho de que la denuncia por el caso de Sonia Salazar se presentó desde septiembre del 2009, y a esta fecha no ha sido resuelto.

Para el dirigente, lo denunciado por Salazar es solo la “punta del iceberg”, y el sistema de admisión quedó altamente cuestionado; incluso, exponiendo a la universidad a reclamos de personas que no fueron admitidas.

“Imagínese que después de esto, personas no admitidas vengan y pidan que se verifiquen las listas de matriculados a la par de las notas de admisión, y se den cuenta de que admitieron a gente que tuvo notas inferiores a la suya; claramente hará su reclamo”, concluyó Cruz.

Candidatos reservados

Los aspirantes a la rectoría de la UNA, se mostraron reservados para opinar sobre el informe de la Contraloría Universitaria, que generó dudas alrededor de una de las candidatas, y actual vicerrectora.
Henry Mora, decano de Ciencias Sociales, recordó como el caso está en proceso de investigación, no se referirá a lo relacionado con la vicerrectora, quien ya fue absuelta por el órgano director.

“Todo lo que se diga son, por tanto, especulaciones, las cuales son producto de una política de falta de transparencia con que se ha manejado todo este asunto al no querer hacerse público el informe”, criticó Mora.

El economista Leiner Vargas, también lamentó el “secretismo” con que se ha manejado el tema en la institución, y prefirió no referirse al fondo del tema, por estar parte de la investigación en curso.

UNIVERSIDAD no pudo conocer el criterio de la candidata Carmen Méndez, integrante del Consejo Universitario, a pesar de las múltiples llamadas a su celular. Tampoco la pudimos ubicar en la oficina del Consejo.

Fuente: Semanario Universidad
JAVIERRDOBA MORALES (javier.cordoba@ ucr.ac.cr)

La crisis económica entra en una nueva fase

También fue un período de creciente polarización en la distribución de los ingresos. Este último ha sido un fenómeno mundial, presente también en todos o la mayoría de los países ricos –incluida la tradicionalmente igualitaria sociedad japonesa- y especialmente agudo en el capitalismo anglosajón, o sea, Estados Unidos y Gran Bretaña.

El empobrecimiento relativo de los grupos medios y las clases trabajadoras, en un contexto de enfebrecida presión consumista y agresiva sofisticación de los sistemas financieros, incentivó el endeudamiento a fin de sostener el crecimiento del consumo y, con este, el de la economía en su conjunto. Cuando en 2007 se precipita la crisis hipotecaria, lo que luego se produjo, en varias etapas sucesivas, fue el estrepitoso desmoronamiento de un edificio de especulación cuya base era el crecimiento en espiral de las deudas privadas.

El ciclo del endeudamiento privado choca así con pared. En el caso de Estados Unidos, ello se manifiesta en la aún inconclusa crisis inmobiliaria. Muchas familias continúan perdiendo su vivienda y, sin duda, pasará mucho tiempo antes que los precios de los inmuebles recuperen sus niveles previos a la crisis. Ello pone un freno al endeudamiento y obliga a un ajuste en los presupuestos familiares que, muy probablemente, se extenderá por varios años. Esto, a su vez, compromete la sostenibilidad del crecimiento de la economía estadounidense, justo porque, con mucha diferencia, su principal soporte del lado de la demanda es el consumo de las familias.

El enorme endeudamiento asumido por los bancos –que condujo al sistema financiero a una situación de colapso- posiblemente se ha alivianado mediante un mecanismo perverso: la socialización masiva de pérdidas, gracias a los creativos mecanismos puestos en marcha por diversos organismos del Estado durante los últimos dos años (compra masiva de activos tóxicos por la Reserva Federal, los paquetes de rescate financiero, la garantía estatal de deuda, etc.). De ahí que los grandes bancos –responsables directos del desastre- hayan pasado, como por ensalmo, de las pérdidas catastróficas a las ganancias más espectaculares. En cambio, el ajuste presupuestario de las familias queda librado a sus propias posibilidades, y se ve dificultado por los altos niveles de desempleo que persistirán todavía por mucho tiempo. Todo ello tendrá implicaciones de mediano y largo plazo.

Entretanto, en Estados Unidos como en Europa, los desequilibrios fiscales se agudizaron de forma extraordinaria y, con ello, la deuda pública literalmente ha explotado. Ello es fruto de varios factores combinados: la caída de los ingresos fiscales resultantes de la recesión; el costo inmenso del rescate de los sistemas financieros; las políticas fiscales excepcionalmente expansivas necesarias para frenar la debacle económica. Vemos así ejecutarse un movimiento de traslación desde la deuda privada hacia la pública. Es decir, el sostenimiento del sistema parece depender crucialmente de la deuda. En un ayer muy reciente, el endeudamiento privado descontrolado. Hoy la bola de nieve de la deuda pública.

Pero conforme esta crece, aparecen tensiones que fácilmente se desbordan por los puntos más vulnerables. Es lo que estamos observando en Europa. Empieza en Grecia y, en cosa de días, la bola de demolición (la famosa metáfora de Soros a raíz de las crisis financieras de 1997-1998) golpea a España, Portugal e Irlanda. De momento frenaron el colapso, pero recurriendo a mecanismos que tienen toda la apariencia de ser una simple posposición del problema. Lo tiran para adelante, pero posiblemente no mucho.

La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional conciertan, primero, un paquete conjunto (unos $ 140 mil millones) para el “rescate” de Grecia y, en seguida, proponen un súper-paquete de casi $ 1 000 millones, como respaldo para cualquiera otra economía que pudieran verse amenazada.
El recuento de los daños se resume entonces en lo siguiente: hace muy poco frenaron la debacle de los sistemas financieros y las economías mediante deuda pública. Ahora enfrentan la crisis de la deuda pública mediante…más deuda pública. Es paradójico y no demasiado prometedor.

Por otra parte, la negociación que conduce a este acuerdo implica condiciones extremadamente severas para los países que se suponen están siendo salvados. No se diga Grecia; véase el caso español. El tipo de recorte fiscal que deben aplicar es tan brutal que garantiza, casi con total seguridad, el retorno a la recesión, de la cual España daba algunas débiles y vacilantes señales de estar saliendo. Empujada otra vez cuesta abajo, ¿qué posibilidades reales tendrá España de cumplir con sus deudas y no ser arrastrada a la bancarrota?
La amenaza que representaría una moratoria de pagos por parte de los españoles ya es asunto suficientemente grave. Pero el panorama se vuelve mucho más incierto al observar que economías más grandes que la española –Italia e incluso Gran Bretaña- están bajo amenaza.

¿Pero acaso Estados Unidos es muy distinto? Sus niveles de déficit fiscal se acercan a los peores casos europeos y el ritmo de crecimiento de su deuda federal es vertiginoso. Tiene la ventaja de que su moneda nacional es al mismo tiempo la divisa universal, lo cual facilita –lo ha hecho por mucho tiempo- que el resto del mundo financie sus excesos. Disponen de dos alternativas adicionales para manejar la deuda: el crecimiento económico y la inflación. Lo primero empequeñecería la deuda relativamente al tamaño de su producción nacional. Lo segundo tiene un efecto de “licuación”; cada dólar de deuda pagado implicará menos bienes y servicios sacrificados.

Y, sin embargo, todas estas son apuestas muy inseguras. Que el resto del mundo –y en especial la China- quieran seguir financiando al infinito la deuda estadounidense es cosa harto incierta, lo cual proyecta sombras de duda sobre la estabilidad y solidez del dólar (peor para la economía mundial, ahora que ya no queda duda posible acerca de la vulnerabilidad del euro). Incluso bajo las hipótesis más optimistas el crecimiento económico de la economía estadounidense –como comenté anteriormente- difícilmente recuperará en los próximos años los niveles del período inmediato anterior a la crisis. La alternativa inflacionaria podría ser más eficaz pero constituye una salida peligrosa, un arma de doble filo.

En lo inmediato, el fantasma de la recesión parece reinstalarse con firmeza en Europa, lo que recortará los índices de crecimiento económico mundial, incluyendo Estados Unidos. No es descabellado pensar que la crisis europea de la deuda dará en próximos meses nuevos y peligrosos bandazos, en cuyo caso no debería descartarse que el “contagio” alcance a la deuda estadounidense.

Así pues, la crisis económica mundial ha entrado en una nueva fase que se desata a partir del colapso de la deuda pública y revierte con furia sobre los sistemas de seguridad social, el empleo y los salarios. Eso es tema para un próximo artículo.

*especial para ARGENPRESS.info

Honduras: Asesinados 157 niños y jóvenes desde la asunción de Porfirio Lobo

La organización humanitaria Casa Alianza denunció que las ejecuciones de menores son una tragedia en este país, y que la violencia se recrudeció luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

No obstante, apuntó que desde 1998 se cometen estos crímenes de menores, que suman 5380, un promedio de 40 muertes violentas por mes.

Por otra parte, la Comisión de la Verdad instalada el 4 de mayo para indagar pormenores del golpe de Estado militar y de la derecha sigue enfrentando enorme polarización, dudas y escepticismo, dijo el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, en debate en el Diálogo Interamericano en Washington.

Stein, coordinador de la Comisión de la Verdad, dijo que la intensidad de la polarización no ha disminuido nada y que se buscan señales de acercamiento entre las partes, y ver si hay espacio para el diálogo político.

Indicó que la comisión es criticada desde ambos lados: quienes consideran que desde el golpe la Constitución sigue vigente y quienes lo cuestionan.

*Sindicalistas asesinados… *

El Frente Nacional contra el golpe de Estado en Honduras ha condenado reiteradamente la muerte de dirigentes sindical y sociales, como el caso de Jairo Sánchez, quien murió luego de permanecer en estado crítico por un disparo que recibió de fuerzas militares durante una manifestación.

Sánchez y otras cientos de personas fueron reprimidas por los organismos de seguridad a las órdenes del régimen golpista en una barriada de Tegucigalpa de nombre San Francisco. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que en los sucesos también recibieron heridas de bala otras seis personas.

La víctima era presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional (Sitrainfop), informó el coordinador del Frente de Resistencia, Juan Barahona, quien afirmó que esta nueva muerte es parte del esfuerzo del gobierno golpista para “paralizar, mediante el terror, la resistencia popular”. Esto no lo han logrado pese a las ilegales elecciones presidenciales bajo un régimen de facto.

En manos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de Honduras, Sitraunah, está una lista de 30 personas que la policía maneja para ser asesinadas.

Video sobre esta lista

…y periodistas

Los periodistas de Honduras corren grave peligro. Seis periodistas, todos ellos hombres, han muerto por disparos en las últimas ocho semanas, y muchos más han recibido amenazas de muerte. Nadie ha rendido cuentas por estos hechos, y no se ha emprendido ninguna acción para respaldar y proteger a los periodistas que hablan o escriben sobre la delincuencia organizada, las violaciones de derechos humanos o el gobierno.

El 20 de abril, el presentador de informativos Jorge Alberto Orellana se convirtió en el sexto periodista asesinado desde el 1 de marzo. Le dispararon al salir de la emisora de televisión TVH en la capital, Tegucipalpa, tras terminar su programa “En vivo con Georgino”.

Todavía no se ha identificado el motivo de los homicidios. Los seis periodistas asesinados murieron por disparos de agresores no identificados.

Entre los fallecidos se encontraban el periodista radiofónico David Meza Montesinos y Nahúm Palacios, director de informativos de la emisora de televisión Canal 5. David Meza Montesinos, muerto el 11 de marzo, había estado investigando sobre el narcotráfico y llevaba varias semanas recibiendo amenazas.

Nahúm Palacios fue asesinado tres días después. Había investigado una disputa de tierras en la región de Aguán y también había informado sobre el narcotráfico, además de condenar abiertamente el golpe de Estado de junio de 2009. El 24 de julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Honduras que tomara medidas para protegerlo, pero las autoridades no lo hicieron.Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de amenazas e intimidaciones contra periodistas.

Ricardo Oviedo Reyes, periodista de televisión y presidente de la Asociación de Comunicadores de Colón, en el noreste de Honduras, informó de que, el 9 de abril, un grupo de personas que estaban ante el estudio de televisión en el que se encontraba trabajando realizaron disparos.

En otra ocasión, dos hombres que viajaban en una motocicleta lo siguieron hasta casa desde el estudio, y se les ha visto más veces rondando por su casa. El 21 de abril, un hombre no identificado telefoneó a Ricardo Oviedo y le dijo: “Te vas a morir”, antes de colgar. El 18 de abril, el periodista televisivo Jorge Otts Anderson fue amenazado mientras presentaba un programa informativo.

Tras presentar la historia de un joven golpeado por agentes de policía, recibió en directo la llamada de un hombre que dijo: “Te vamos ir a matar”, y colgó. Tan sólo un mes antes, también durante su programa, llamó un hombre que dijo: “Tu cabeza ya tiene precio”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a Honduras que proteja a más de un centenar de personas cuya vida corre peligro.

Fuentes consultadas: Prensa Latina, Afp, La Jornada, Amnistía Internacional.

Megapuerto de Transferencia del Atlántico

Ver en Archivos Relacionados: Actualización Enero 2010
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Descripción del proyecto.
Este proyecto propone la construcción y operación de una terminal de trasbordo de contenedores en la costa Atlántica de Costa Rica. Los componentes esenciales son una terminal de trasbordo de contenedores construida usando material dragado del lecho marino, formando un canal de acceso y un área de giro de profundidad suficiente para permitir el acceso de los barcos más grandes actualmente en operación o en operación. La terminal estará ubicada en su totalidad en tierras ganadas al mar evitándose la adquisición o expropiación de tierras.

Beneficios e Impactos Económicos y Ambientales.
El proyecto propuesto contribuirá al desarrollo de la infraestructura de transportes y a la eficiencia de los puertos, además de generar miles de empleos dignos y bien remunerados durante las fases de construcción y operación, mejorando significativamente las condiciones socioeconómicas de una de las zonas más necesitadas del país.

AMEGA pagará un canon por la explotación de la concesión, el cual no podrá ser superior al 5% de los ingresos brutos generados por la concesión otorgada. Se estima un ingreso anual para JAPDEVA del 2% de los ingresos brutos del proyecto debido a un canon indicativo. Además, el proyecto proveerá otros beneficios económicos adicionales al potencial beneficio fiscal del proyecto, originado en el impuesto sobre la renta a una tasa del 30% sobre los ingresos netos.

Los factores socio ambientales que serían afectados serían el suelo y el subsuelo, la calidad del agua de mar y de los cuerpos superficiales de agua dulce, la calidad del agua subterránea, la flora y fauna terrestre y marinas, el aire y ciertos aspectos socioeconómicos (incluyendo fundamentalmente cambios en las condiciones sociales y de empleo, impactos sobre las condiciones del tráfico e impactos sobre el paisaje).

Plazo de la Concesión.
El proponente solicitó 50 años, lo cual será revisado durante la etapa de proposición.

Costo del Proyecto.
US$652 Millones.

Empresa o Consorcio Proponente.
Americas Gateway Development Corporation (AMEGA) Ltda.

Servicios
El concesionario prestará los servicios de trasbordo, esto es, de descarga de contenedores del barco a la costa, manejo, almacenamiento y clasificación de contenedores de carga de costa a barco, así como todos los servicios auxiliares para los barcos que arriben al MTA, tales como remolque, pilotaje, amarre, etc. Este proyecto no realizará movimientos de importación o exportación de carga al territorio Nacional.

Coordinador del Proyecto.
Gerencia del Programa de Iniciativa Privada, en conjunto con una unidad ejecutora definida por JAPDEVA.

Marco Legal
Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos- Ley No.7762, sus disposiciones reglamentarias y sus reformas; particularmente, el Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y sus reformas; sin perjuicio de la aplicación supletoria de otras disposiciones como la Ley de Contratación Administrativa y normas reglamentarias.

Situación Actual
El proponente ha desarrollado los estudios de prefactibilidad que sustentan razonablemente los aspectos técnico, legal, financiero y ambiental. JAPDEVA y CNC han externado su interés en que el proponente continúe con la elaboración de los estudios de factibilidad. SETENA ha emitido la respectiva aprobación ambiental preliminar, indicando los términos de referencia que deberán ser cubiertos con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.