Los presos políticos de Estados Unidos

Millones de palabras se han escrito o pronunciado en muy corto tiempo en los medios de difusión controlados por Washington para apoyar esa arremetida contra Cuba en la cual participan los sectores más conservadores latinoamericanos y europeos.

Ha resultado muy difícil a los organizadores de tal campaña convencer del carácter patriótico de elementos que se desgajan de una sociedad basada en la justicia social para alinearse por interés económico con quienes quieren destruirla.

Pero, además, es demasiado conocido el tratamiento recibido por verdaderos sancionados políticos en Estados Unidos encarcelados por causas relacionadas con la lucha contra la desigualdad, la explotación, el terrorismo o la opresión.

Casos emblemáticos son, por ejemplo, los de los estadounidenses Mumia Abu-Jamal y Leonard Peltier, el primero con una pena de muerte aún no ejecutada, pero que ha permanecido sobre su cabeza durante 27 años en una celda de aislamiento y el segundo condenado a dos cadenas perpetuas por la falsa acusación de dar muerte a dos agentes del FBI.

Abu-Jamal, periodista y ex militante del movimiento Panteras Negras, denuncia continuamente casi “al pie de la horca” las infrahumanas condiciones carcelarias que vive y Peltier, con graves y dolorosos problemas de salud, también las sufre y no conoce de la clemencia.

Y que decir de las noticias difundidas sobre la llegada a Georgia y a Suiza de un grupo de cinco hombres, quienes fueron secuestrados y durante ocho años, sufrieron tortura y prisión en la cárcel de Guantánamo, liberados ahora sin acusación ni juicio por ser inocentes.

En esa repudiada instalación aún quedan otras 183 personas, a las cuales no se ha podido probar delito alguno y vieron correr una década de sus vidas aislados del resto del mundo y sin derecho legal alguno por decisión expresa del gobierno norteamericano.

Igual se encuentra el grupo de una decena de independentistas puertorriqueños condenados hasta 105 años de privación de libertad, con denuncias de visitas restringidas de sus familias, incomunicación entre ellos y negativas hasta de asistir al funeral de un familiar.

Presos políticos son, sin lugar a dudas, los cinco antiterroristas cubanos que recibieron desproporcionadas penas de cárcel por infiltrar a los grupos violentos de origen cubano enclavados en la Florida, precisamente para evitar acciones terroristas contra su país.

Antonio Guerrero, René González, Fernando González, Ramón Labañino y Gerardo Hernández sufren no sólo esas injustas sanciones, sino la crueldad de impedir durante 11 años a un hombre la visita de su esposa y a otro durante varios años siquiera ver a su hija.

La historia de estos hombres en las prisiones estadounidenses pasa por reclusiones solitarias durante largos períodos de tiempo, colocación en alejados centros penitenciarios de distintos estados y juicios preñados de ilegalidad con limitaciones a su defensa.

De nada valieron las peticiones de 10 Premios Nóbel y centenares de personalidades políticas y culturales, organizaciones de derechos humanos, congresos y gobiernos de diversos países y hasta fallos de agencias de la ONU que declararon arbitrarias su detención y juicio.

En este caso pesaron más en las administraciones estadounidenses los sentimientos de rencor hacia una Cuba independiente que los reclamos provenientes de todo el mundo por la liberación de los CINCO.

Este ramillete de ejemplos pone en crisis todo intento de un acusador sin moral de presentar a la nación caribeña como violadora de derechos humanos que respeta escrupulosamente.

* Prensa Latina
Fuente: REBELION, ESPAÑA 310310

MEP-Seguridad y Vigilancia: Sobresueldos para los vigilantes de los centros educativos

San José, 22 de marzo de 2010.
S.G. 09-11-0491-10

Licenciado
Roberto Thompson Chacón
Viceministro
Ministerio de la Presidencia
Casa Presidencial
Su despacho

Estimado señor:

Con gran respeto para su digna autoridad, le expresamos el más atento y cordial saludo de nuestra parte.

En varias oportunidades, compañeros trabajadores integrantes de la Seccional ANEP-MEP-Seguridad y Vigilancia, le han comentado sobre la existencia del proyecto de ley, expediente legislativo No. 17.171, “Ley para reconocimiento del incentivo por peligrosidad a favor de agentes de seguridad y vigilancia del Ministerio de Educación Pública y otros ministerios”, mismo que se encuentra activo en la corriente legislativa.

Su digna autoridad ha escuchado con atención y respeto esas iniciativas que, como es lógico suponer, han sido promovidas y cuentan con al respaldo de la organización sindical que nos honramos en representar.

Ahora y por esta vía, formulamos una especial petición para que el Poder Ejecutivo, vía Ministerio de la Presidencia y, específicamente a través de su despacho, se considere la inclusión del mencionado proyecto como parte de la agenda de las actuales sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, de suerte tal que esta iniciativa se convierta lo más rápidamente posible en Ley de la República, valorando de nuestra parte que tiene el apoyo de una importante cantidad de señores diputados y de señoras diputadas.

Luego de que con la clara y oportunidad voluntad política mostrada por el actual Gobierno de la República para mejorar las condiciones salariales de varios de los más relevantes cuerpos de policía del país, los servidores encargados de las instalaciones educativas públicas de nuestro país, han quedado marginados de tan oportuna decisión.

Muchos de ellos, a raíz de las condiciones de marginalidad y de exclusión, cuidan escuelas y colegios en zonas de alta conflictividad social y hasta tenemos ya casos de pérdida de vidas ante la agresión delincuencial a tales instalaciones.

El proyecto de ley 17.171 haría un poco de justicia y ANEP lo ve totalmente congruente con los fines sociales alcanzados en las revaloraciones salariales de las policías de Fuerza Pública, Tránsito, Penitenciaria y de Migración; en todas las cuales, para nadie es un secreto, hubo un relevante papel del Ministerio de la Presidencia y, particularmente, el suyo propio y del máximo titular del mismo, el Lic. Rodrigo Arias Sánchez.

Reiteramos pues, con todo respeto, nuestra vehemente petición para lo arriba apuntado.

Reiterándole nuestra consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Dr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro, Ministerio de Educación Pública (MEP).
cc.: Personal trabajador, Seguridad y Vigilancia de las instituciones educativas públicas.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-MEP-Agentes de Seguridad y Vigilancia.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Sr. Carlos Monterrey López, Responsable ANEP-MEP-Agentes de Seguridad y Vigilancia, Unidad de
Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Archivo.

Hacienda: La ministra Phillips y la transparencia

San José, 22 de marzo de 2010.
S.G. 09-11-0489-10

Licenciada
Jenny Phillips Aguilar
Ministra
Ministerio de Hacienda
Su despacho

Estimada señora:

Con gran respeto para su digna autoridad, les expresamos el más atento y cordial saludo de nuestra parte.

Con ocasión de la reunión sostenida en su despacho el pasado lunes 15 de marzo de 2010, a intención suya, en la cual participamos el señor Fabricio Chavarría Bolaños, Oficial Mayor y Director Administrativo del Ministerio de Hacienda; el Lic. José Manuel Gómez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Hacienda, y el suscrito servidor suyo; es importante indicarle que de la valoración conjunta de las diversas situaciones objeto de preocupación por parte de la organización que nos honramos en representar, recogidas con seriedad por parte de la representación institucional de la misma; debe comprenderse que la alusión que hicimos sobre la cuestión de la transparencia, está referida a la necesidad fundamental de que como uno de nuestros ejes estratégicos de nuestra actividad sindical, se plantea la invocación a la transparencia de la gestión, como elemento rector de toda política pública.

Así debe ser interpretado correctamente por su autoridad, al momento en que desde la Presidencia de la Seccional ANEP-Hacienda se formuló una serie de señalamientos de situaciones que desde nuestra perspectiva representaron y siguen representando, visiones controversiales de cada caso. No se pretendió en ningún momento, personalizar la invocación a la necesidad de la transparencia como una alusión directa de orden negativo a su propia gestión ministerial. Así le quedó claro al suscrito servidor.

De la manera más atenta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda.
cc.: Lic. José Manuel Gómez Salazar, Presidente, Junta Directiva, Seccional ANEP-Hacienda.
cc.: Sra. Lorena Chavarría Martínez, Responsable ANEP-Hacienda, Unidad de Desarrollo
Organizacional (UDO), de la ANEP.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Archivo.

Reforma ley de tránsito: ANEP apoya reclamo del CNREE a favor de las personas con discapacidad

San José, 22 de marzo de 2010.
S.G. 09-11-0488-10

Licenciado
Francisco Antonio Pacheco Fernández
Presidente
Asamblea Legislativa
Su despacho

Honorable señor:

Con todo respeto, reciba usted nuestro más atento saludo.

Solicitamos oficialmente y por esta vía, que el contenido de la presente sea conocido, en el correspondiente capítulo de correspondencia según los procedimientos parlamentarios vigentes, en la respectiva sesión del plenario legislativo, de forma tal que todos los honorables señores diputados y todas las honorables señoras diputadas de la actual legislatura constitucional, pueden conocer de la posición de la ANEP en la materia que seguidamente se explica; amén de que, cumplido lo anterior, rogamos se nos indique por esta misma vía de que hubo conocimiento legislativo de la presente misiva.

Las autoridades del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), el ente rector de toda la política pública costarricense en materia de discapacidad, se ha dirigido a la opinión pública nacional por medio de campo pagado, aparecido en prensa escrita el pasado lunes 15 de marzo de 2010, manifestando diversas objeciones con relación al proyecto de “Reforma a varios artículos de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres número 7331 y sus reformas”, tramitado bajo el Expediente Legislativo No. 17.485”.

Al respecto, el autorizado CNRRE le dice al país lo siguiente:

“En esta reforma se fija, en el inciso M del artículo 32, una violación solapada a las Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y abre la posibilidad que los autobuseros sigan utilizando hasta los veinte años, unidades obsoletas que no reúnen las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad que requieren las Personas con Discapacidad para el ejercicio efectivo de sus derechos, fundamentalmente el de libre tránsito.

Otro error que señalamos es que el artículo 81 de la Ley de Tránsito es restrictivo, por cuanto solo contempla el permiso para que las personas con discapacidad visual (ciegos y baja visión) utilicen el transporte público con sus perros guías. Lo anterior en detrimento de otras personas con discapacidad que también requieren ese transporte y utilizan animales de asistencia.

Finalmente nos debemos oponer a que, en el artículo 96 de la nueva Ley de Tránsito, se haya eliminado la multa al gerente o administrador de un establecimiento público o privado en cuyo estacionamiento no se respeten los espacios destinados para las personas con discapacidad.

Al terminar su pronunciamiento, se señala que para la indicada institución, “Todo lo antes señalado es un claro retroceso y muestra de ignorancia sobre los derechos de las personas con discapacidad en la sociedad costarricense. Por eso instamos a los legisladores a tomar las medidas correctivas necesarias”.

Al respecto, señor Presidente legislativo, señores diputados, señoras diputadas; la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) , les formula un vehemente llamado para que se atienda con todo respeto, con gran cuidado y con las acciones correctivas de rigor, los anteriores señalamientos que ha formulado el CNREE en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, muchas de las cuales, prácticamente en abrumadora mayoría, integran la clase trabajadora costarricense en su amplio concepto y diversidad.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
cc.: Honorable Junta Directiva, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).
cc.: Honorable Dirección Ejecutiva, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).
cc.: Personas trabajadoras del colectivo laboral del CNREE.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-CNREE.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Licda. Milagro Gómez Araya, Integrante, Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Licda. Hazel Pérez Madrigal, Integrante, Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Sr. Deiby Porras Arias, Responsable ANEP-CNREE, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.

Nicaragua: Gobierno convierte en propietarios a trabajadores agrícolas

MANAGUA, 27 de marzo (PL).— En una multitudinaria ceremonia esta noche en la Plaza de la Revolución_ “Carlos Fonseca Amador”_, en el centro histórico de esta capital, el primer mandatario anunció la decisión y entregó personalmente el título de propiedad al líder del sindicato del sector cañero.

En una intervención previa, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, recordó que después de la firma de los Acuerdos de Concertación, en octubre de 1990, un total de 331 empresas agrícolas y agroindustriales fueron privatizadas y los trabajadores desposeídos de sus derechos.

A partir de hoy, el Gobierno del Poder Ciudadano les reconoce como co-propietarios del central azucarero “Javier Guerra Báez”, dijo Estrada a los varios miles de trabajadores agrícolas de los departamentos Chinandega, Rivas y Carazo, presentes en la emblemática Plaza capitalina.

En sus palabras de clausura del simbólico acto, Ortega recordó que la corrupción acompañó en todo momento esos procesos de privatización, y evocó los 16 años de lucha de los trabajadores cañeros, quienes dijo no se quedaron impasibles ante las injusticias sufridas durante ese período y defendieron con tenacidad sus propiedades y sus derechos.

Recomendó a los nuevos propietarios no vender el derecho recuperado hoy sobre el ingenio azucarero y aseguró que el Estado les acompañará con inversiones para capitalizar esa industria.

Asimismo, dijo sentirse orgulloso de haber entregado, durante este período de gobierno, títulos de propiedad a más de 50 mil familias en todo el país y de haber reconocido los derechos de propiedad de los pueblos originarios de la costa caribeña sobre las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales.

Fuente: GRANMA, CUBA 280310 – Prensa Latina

Frijoleros de Costa Rica obligados a ejercer medidas de presión

Debido a la falta de interés de los industriales por iniciar las negociaciones para comprar el frijol a los productores nacionales, cuya actividad dependen 10 mil familias, los frijoleros están dispuestos a ejercer diversas medidas de presión próximamente.

Desde febrero anterior tienen almacenados en sus bodegas unos 90 mil quintales de frijol de calidad, listos para vender, pero aún no han obtenido respuesta para negociar del sector industrial.

Para los productores que dependen de esta venta para poder subsistir, la situación está agravándose, ya que cada día que pasa tienen que asumir más costos, y más se ven afectadas las familias quienes trabajaron e invirtieron, y a la fecha no han podido vender nada de su producto.

En total unas 10 mil familias se ven beneficiadas de la producción del frijol en el país.

Un boletín de los productores señala que ellos se preguntan las razones por las cuales los industriales no quieren pagarles un precio justo, cuando cálculos realizados y presentados a directivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) confirman que el sector industrial tiene un ingreso 35 millones de dólares anuales aproximadamente.

Además, cuestionan por qué el sector industrial no está dispuesto a dar a conocer cuándo el consumidor nacional está verdaderamente comprando frijol costarricense. Esto debido a que sin importar el origen del grano el consumidor paga aproximadamente 54.000 colones por saco.

“El problema está en que no podemos aceptar un precio de ¢30 mil o menos por quintal, porque está muy por debajo del costo, y solamente esa opción han recibido algunos productores a quienes los industriales se han dirigido”, explicó Carmen Alvarado productora de frijol la Asociación de Desarrollo Social de Upala (ADSU).

Esto ha generado a que los industriales no se sienten a negociar con los frijoleros de tal zona, la cual produce el 80% del frijol nacional.

Ante este panorama, los productores están anuentes a efectuar manifestaciones en diferentes puntos de concentración masiva, y exponer la situación, con el fin de dar a conocer la problemática que enfrentan como parte del sector agrícola del país.

Incluso anunciaron, que de ser necesario, efectuarían bloqueos e intervendrían el 8 de mayo, día del Traspaso de Poderes de la Presidencia de la República.

“Nuestro propósito simplemente es vender nuestro frijol fresco a un precio justo, pero nos resulta imposible esa cifra, ya que nos dejaría grandes pérdidas, y por esto nos vemos obligados a considerar medidas de presión”, explicó Róger Murillo de la Cámara de Granos Básicos de Los Chiles.

Por el momento los frijoleros se mantienen en espera de un acercamiento por parte del industrial y extienden un llamado a la comunidad nacional, para que los apoyen y den a conocer su situación, y para ello disponen de una página en las redes sociales Twitter y Facebook, así como el correo electrónico frijoleroszonanorte@ gmail.com.


Fuente: elpais.cr | 27/03/2010

Represión y muerte en Honduras: Pueblo resiste

El Frente Nacional de Resistencia Popular comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:

1. La oligarquía hondureña a través de su representante, el régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa, ejecuta aceleradamente un plan para seguir enriqueciéndose a costa del robo y la explotación de pueblo. Aprovechándose del control absoluto de los poderes del Estado, que garantizan por la fuerza de las armas, están relanzando el modelo neoliberal que ha generado tanta pobreza y dependencia a nuestro país, y se aprestan a la privatización de los bienes públicos, la derogación de las conquistas sociales y la entrega de los recursos naturales.

2. En fechas recientes, la dictadura ha hecho manifiesta su intención de cerrar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), negando a la población el derecho a la educación pública, con el objetivo de beneficiar a grandes empresas privadas que convierten todo en mercancía.

3. Asimismo, han iniciado la persecución política de líderes sindicales a quienes se amenaza con la cárcel por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La dictadura amenaza con desconocer el fuero sindical y anular la contratación colectiva del sindicato de trabajadores de la UNAH, lo que aumentaría la ya grave violación de derechos humanos, señalada y condenada internacionalmente, y representaría un precedente para el desmontaje de conquistas sociales que costaron enormes sacrificios a las clases oprimidas.

4. La estrategia de represión por vía jurídica complementa la campaña de terror que desarrollan desde el día mismo del golpe de Estado de manera continua y que en los últimos días se ha potenciado con el asesinato de los compañeros José Manuel Flores, Francisco Castillo, José Antonio Cardoza, José Carías y Nahun Palacios. Todos ellos víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y los organismos paramilitares conformados por la oligarquía a instancias de personas como Óscar Álvarez, ministro de seguridad de facto, o Miguel Facussé, emblemático representante de la oligarquía.

5. Ante este panorama afirmamos que la única forma de regresar a un orden institucional que garantice la participación democrática y haga posible un cambio estructural del sistema social de manera pacífica, es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con mayoría popular.

6. En ese sentido volvemos a anunciar el la realización de una Consulta Nacional para recoger la voluntad de las mayorías a favor del proceso de Refundación del país, fortaleciéndose esta manera la organización popular que hará inevitable que se escuche la voz soberana del pueblo.

¡Resistimos y Venceremos!

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de marzo 2010

El triunfo de Chinchilla sella veinte años de derechización

La mañana del 28 de octubre de 2009 fue singular en San José. El tránsito hacia el distrito de Zapote era bastante más lento que lo acostumbrado. Lo usual es que la aglomeración de vehículos a esa hora sea en sentido inverso. No parecía haber un accidente que justificara la tardanza.

A la distancia se divisaba una larga fila de vehículos que bloqueaban el acceso a la vía que conduce a la Casa Presidencial. Eran “porteadores” a veces llamados taxistas “informales”, que prestan servicio de domicilio a domicilio y se supone no recogen pasajeros en la vía pública. La movilización procuraba persuadir al Poder Ejecutivo para que enviase a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que eliminaría el “porteo” al lugar 120 de la agenda parlamentaria, para que no hubiese posibilidad de que fuese dictaminado. En los parabrisas de los autos de aquella larga fila se podían leer algunos rótulos que repetían consignas como “Disculpe, estamos trabajando” y “Operación arroz y frijoles”.

LA DERECHA LOS CONVOCA

Las organizaciones de taxistas han manifestado que el ”porteo” es competencia desleal, pues entre otras cosas desestimula el empleo de taxis, un sector al que se le exige, entre otras cosas, una licencia de conducir específica, el empleo de automóviles de modelo reciente y un seguro obligatorio y específico.

Independientemente de consideraciones sobre la disputa, lo más sugerente es que se trataba de una medida de presión cuyos principales protagonistas no eran afines a tesis de izquierda, como suele ser lo usual. Fueron convocados por el Movimiento Libertario, la organización partidaria situada más a la derecha del espectro político en Costa Rica.

Sectores empobrecidos, conduciendo automóviles cercanos al final de su vida útil, eran convocados por un discurso que insiste en que las regulaciones del Estado en este caso, las referidas al transporte público les impiden trabajar. Ese día la derecha convenció a miles de conductores a que tomaran las calles y lo consiguió.

HAGAMOS MEMORIA

Movilizaciones de este tipo tomaron fuerza justo al iniciar la campaña oficial rumbo a las elecciones del 7 de febrero de 2010, en las que el partido Movimiento Libertario (ML) obtuvo el 20.89% de los votos para Presidente y en las que el gobernante partido Liberación Nacional (PLN) triunfó holgadamente con un 46.78%. Los resultados de 2010 pueden resultar sorprendentes si se recuerda que hace apenas cuatro años, en las elecciones de 2006, Óscar Arias Sánchez, candidato por el PLN, ganó por un estrecho margen de 1.1% a Ottón Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana (40.92% vs 39.80%) y (a)penas alcanzó el 40% necesario para ganar en primera ronda. En 2006, el ML obtuvo un 8.5% y el abstencionismo llegó al 35%.

En octubre 2007, el primer referéndum en la historia de Costa Rica, en el que se decidió la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos dio como resultado también un triunfo muy ajustado a favor de la aprobación del TLC, con una diferencia de apenas 3.22%. Los resultados finales indicaron que un 51.61% aprobó el TLC y un 48.39% votó en contra del TLC. El abstencionismo alcanzó un 40%.

CHINCHILLA: TRIUNFO HOLGADO

Laura Chinchilla, la presidenta electa, obtuvo el 46.78% de los votos, 5.86% más que los obtenidos por Óscar Arias en 2006. Otto Guevara, candidato en ambas elecciones por el Movimiento Libertario obtuvo un 12.39% más que en las elecciones de 2006. Ottón Solís obtuvo 25.11%, un 14.69% menos que los votos que él mismo obtuvo cuatro años antes.

Sumados los votos por Solís y Guevara no alcanzan los votos por Chinchilla. La diferencia de votos de Chinchilla con Ottón Solís, candidato que ocupó el segundo lugar, es la más alta después de los resultados de 1953 y 1982. Si se comparan los votos obtenidos por el PLN en las elecciones de 2010 a nivel presidencial con el total de votos válidos, el PLN obtuvo su tercer mayor porcentaje de votos, sólo superado con los que ganó en 1953 y 1982.

Para la conformación de la Asamblea Legislativa el PLN obtuvo 24 diputados. El PAC descendió de 17 a 11, uno menos que hace cuatro años. El ML pasó de 6 a 9 diputados. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) obtuvo 6 diputaciones, una más que hace cuatro años.

El Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), que reivindica los derechos de personas con discapacidad, pasó de 1 a 4 diputados. El Partido Frente Amplio, de izquierda, obtuvo un diputado, como hace cuatro años. Y dos partidos de orientación religiosa obtuvieron un diputado cada uno. Uno de ellos obtuvo una diputación hace cuatro años y el otro la obtuvo ocho años atrás.

El abstencionismo, que había ido en ascenso en las elecciones de 1998, 2002 y 2006 disminuyó ligeramente para situarse en 30.85%, menor que en las dos últimas elecciones.

A pesar de los miles de millones de colones invertidos en publicidad y propaganda, la mayor parte del electorado no conocía a la mayoría de las personas que se presentaron a los cargos en la Asamblea Legislativa. Menos aún, a quienes se los disputaron en los consejos municipales. El acceso desigual a la campaña política, financiada con recursos públicos, es la crítica más frecuente al sistema electoral costarricense.

En su 60 aniversario, y luego de las elecciones de 2002, 2006 y del referéndum tres consultas con resultados muy ajustados, el Tribunal Supremo de Elecciones interpretó el nuevo Código Electoral en el sentido de que su deber es escrutar la documentación electoral provista por las juntas electorales. Se exceptúan de esta norma aquellas juntas electorales sobre las que haya apelaciones, existan inconsistencias, hayan tenido presentes menos de tres miembros, en ellas se haya extraviado el patrón registro o tengan resultados que arrojen diferencias de dos puntos porcentuales o menos entre el primero y el segundo lugar en la elección presidencial. El amplio margen obtenido por el PLN no despertó mayores impugnaciones.

DEBILITADA INSTITUCIONALIDAD

A lo largo de la primera década del siglo 21 han ocurrido cambios decisivos en la institucionalidad costarricense. En el año 2000 se intentó privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con una iniciativa conocida como el Combo ICE. La Sala Constitucional lo declaró improcedente. Pocos años más tarde, con cambios importantes en su conformación, la Sala Constitucional avaló la reelección presidencial no consecutiva, lo que permitió la postulación de Óscar Arias, quien ya había sido presidente (1986-1990). Finalmente, las leyes aprobadas en el marco del TLC con los Estados Unidos acabaron con el monopolio de las telecomunicaciones en manos del Estado.

En 2007, la muy desigual distribución de recursos en el referéndum entre los sectores que apoyaban el TLC y los que lo adversaban, y las irregularidades que se presentaron muy pocos días antes de la consulta popular, delinearon un debilitamiento de la institucionalidad a manos de los grupos de mayor poder en el país. A ello se sumó la dilación de la Asamblea Legislativa en nombrar a uno de los magistrados de la Sala Constitucional, así como el nombramiento de una diputada de la actual legislatura como nueva Defensora de los Habitantes.

¡SE ACABA LA PURA VIDA!

Este giro hacia la derecha en términos políticos se ha complementado con un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. El Coeficiente de Gini, parámetro para aproximarse a la concentración del ingreso, pasó de 0.37 en 1990 a 0.43 en 2009, un cambio que indica, como lo han apreciado Juan Pablo Pérez y Minor Mora en un reciente libro, emblemáticamente titulado “Se acabó la Pura Vida” (FLACSO, 2009). En él afirman que “conforme las transformaciones estructurales fueron madurando, el ingreso tendió a ser apropiado, en mayores proporciones, por los sectores que se ubican en los estratos superiores de la estructura social”.

La geografía de las desigualdades, que contrapone las áreas residenciales exclusivas con las comunidades empobrecidas, es seguramente el mejor registro del crecimiento de la inequidad. La ironía es que muchas de las personas que trabajan como empleadas domésticas, vigilantes privados, constructores o jardineros en las áreas residenciales viven en las comunidades empobrecidas y criminalizadas y son responsables de la reproducción de la vida en los espacios privilegiados.

MODERNIZACIÓN VS. CONSERVADURISMO

El debilitamiento de la institucionalidad del Estado y la concentración del ingreso no se ha dado solamente en la última década. Podría afirmarse que la cultura política costarricense surge de la tensión entre la modernización producida por instituciones prestadoras de servicios y una esfera pública anclada en el conservadurismo.

La sociedad costarricense experimentó cambios institucionales de largo aliento en las décadas de 1940 y 1950, que condujeron al establecimiento de un sistema público de seguros, salud, electricidad, telecomunicaciones, educación superior. Este sistema favoreció el acceso a mejores condiciones de vida a un buen sector de la población. Estas instituciones de lo que se podría llamar un Estado del bienestar estuvieron acompañadas de un sistema político que durante buena parte de la segunda mitad del siglo 20 logró consolidar un sistema electoral legitimado como mecanismo de elección de gobernantes.

Sin embargo, esta consolidación de las instituciones y del sistema político no se acompañó de un ímpetu similar en las políticas culturales, en aquellas instituciones desde las cuales, o con apoyo de las cuales, se producen imágenes, discursos, prácticas, incluidos los medios de comunicación. Ésta es una de las paradojas del Estado costarricense que no ha recibido suficiente atención y, mientras las instituciones proveedoras de servicios claves para el bienestar público se consolidaban, las instituciones culturales no seguían la misma tendencia.

LA CONVERGENCIA DE LAS ÉLITES

Si existe una cierta continuidad autoritaria a lo largo de la última década, que hunde raíces en años anteriores, ¿cuál sería la principal novedad de esta coyuntura? Tentativa y provisionalmente argumentamos que, tanto en términos electorales como ideológicos, se ha profundizado el giro hacia la derecha experimentado por la sociedad costarricense en la última década.

Al menos dos rasgos caracterizan la consolidación de este giro. Por una parte, bajo la consigna “Adelante” del PLN se fundieron los intereses del gran capital otrora vinculado sobre todo al PUSC, venido a menos luego de que dos de sus ex-Presidentes, Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, están a la espera de resoluciones en tribunales judiciales del país.

La inversión, sobre todo en los sectores turismo y financiero habrían acercado a quienes en otras épocas estaban definidos más por sus divergencias políticas que por sus coincidencias empresariales. Como promesa de campaña, “Adelante” parece haber persuadido a amplios sectores del electorado, y también a importantes grupos del capital, que ya habían apostado por la candidatura de Óscar Arias, aunque también entonces simpatizaran con otros partidos.

EL AUTORITARISMO POPULISTA

La segunda novedad es el recurso al autoritarismo populista empleado por el ML para convertir la inseguridad en el principal y prácticamente único tema de discusión durante la campaña electoral. alentando políticas de mano dura, acompañándolas de una retórica populista. Respuestas punitivas a la inseguridad se complementan con un discurso que apela al imaginario popular, ávido de respuestas simples a problemas complejos.

El autoritarismo populista articula y traduce ideas que de otro modo tendrían poca circulación. No se trata de una derecha promoviendo tesis neoliberales, debilitadas hoy con la actual crisis económica internacional, sino prometiendo orden a través de un repertorio de imágenes que echan mano del lenguaje coloquial (“El que la hace la paga”) o imágenes de un hombre joven semidesnudo, que se ha desprendido de casi toda su vestimenta para no ser asaltado.

El argumento de la mano dura contra los delincuentes fue el caballo de batalla del Movimiento Libertario. Con un claro tinte masculinista, empleó un discurso en el que los hombres son los llamados a defender el orden.

UNA HIPÓTESIS EN LIMÓN

No es casual que en las provincias costeras, Guanacaste, Puntarenas y Limón, en donde la desigualdad y la inseguridad han aumentado, el ML alcanzó el segundo lugar en las elecciones 2010, por encima del PAC. En Limón, la provincia en que la tasa de homicidios dolosos se ha incrementado más, el abstencionismo fue del 45.04% en 2006 y de 38.48% en 2010, una disminución del 6.56%. A nivel nacional el abstencionismo disminuyó sólo en un 4.14%. En 2006, el ML obtuvo apenas un 13.50% en esa provincia. Cuatro años después obtiene el 31.41%, superior al 20.82% a nivel nacional. A manera de hipótesis se podría señalar que la disminución del abstencionismo habría estado motivada por el incremento de los votos por el ML, sobre todo en áreas del país, como Limón, en donde es mayor la inseguridad.

A propósito del triunfo de Margaret Thatcher y del ascenso del neoconservadurismo en Inglaterra hace 30 años, Stuart Hall publicó en 1979 un conocido artículo titulado “El gran espectáculo hacia la derecha”, traducido y publicado en 1981 en la Revista Mexicana de Sociología. En él caracterizaba el autoritarismo populista. Siguiendo la argumentación de Hall, se podría afirmar que este viraje no es un reflejo de la crisis, pero sí un modo de intentar legitimar la hegemonía en tiempos en que la reproducción del sistema social en Costa Rica arriesga dos de sus pilares más apreciados, según los parámetros de América Latina: la institucionalidad y una menor desigualdad en el ingreso.

LA VÍA PUNITIVA

El autoritarismo populista permite a sectores con poder presentar concepciones ideológicas que adversan los intereses y expectativas de los sectores subalternos, haciéndolo de tal manera que éstos reconocen como propias las concepciones de los poderosos.

Las tesis del Movimiento Libertario, que insisten en que las políticas punitivas y no la inversión social pueden resolver la inseguridad, atraen a los sectores sociales que padecen la carencia de inversión pública, que entre otras cosas, ha deteriorado la calidad de la educación pública de sus hijos.

El autoritarismo populista que procura suplir por la vía punitiva lo que el Estado del bienestar ya no ofrece se inscribe en un viraje de más amplio alcance hacia la derecha, caracterizado no sólo por el autoritarismo, sino también por políticas económicas neoliberales y por el debilitamiento de la institucionalidad. Tanto el autoritarismo populista como el viraje hacia la derecha encuentran un terrero fértil en una esfera pública conservadora, que la modernización de las instituciones de Costa Rica no ha modificado.

EL ML Y EL PLN SE REQUIEREN

El ML increpó fuertemente la candidatura de Laura Chinchilla, llamándola “candidata de los ricos” y demandándole abrir las puertas de su casa, ubicada en uno de los residenciales más selectos del oeste de San José, al tiempo que respondía a las críticas del diario “La Nación” por informaciones en torno al origen no del todo claro de los dineros empleados en su profusa pauta publicitaria. Las críticas al autoritarismo populista del ML y, sobre todo, a los presuntos orígenes de sus fondos, debilitaron en las últimas semanas la aceptación del electorado a su promesa “Hagamos el cambio YA”, en una campaña muy semejante a las de Honduras y Panamá, que dieron la victoria a Lobo y a Martinelli.

A pesar del discurso, las propuestas del PLN y del ML comparten, en un plano menos evidente, algunos rasgos. El proyecto de acumulación de las élites y la desigualdad creciente que han caracterizado las políticas neoliberales y que parecen convocar a grupos empresariales de diferentes persuasiones políticas en torno a la nueva Presidenta, producen contradicciones que vuelven a veces incierta la reproducción del sistema social. Ponderar mucho más la acumulación que la distribución incrementa la inseguridad y debilita vínculos sociales e interpersonales.

Es frente a este panorama que surge el discurso del ML. La campaña del ML es la reacción autoritaria populista desde la derecha ante el riesgo de una crisis de legitimidad que se produce como consecuencia de la profundización de políticas sociales que excluyen y generan desigualdad. La campaña electoral se jugó en el terreno de la derecha, una ironía en un país en cuyo vocabulario político la palabra “derecha” no existe.

LOS “SUCESOS” EN LOS MEDIOS

La articulación entre autoritarismo y populismo no sería posible si no hubiese un contexto que la hiciera posible. En el caso de Costa Rica también en muchos otros países un factor sin duda decisivo ha sido el auge de los “sucesos” como tema predominante en la agenda de los medios de comunicación. La paradoja de instituciones modernas y una esfera pública conservadora ha sido alimentada en la última década por la expansión de la “tabloidización” de la televisión, caracterizada por un pronunciado aumento de las noticias de sucesos.

Si antes la “actualidad nacional” incluía los sucesos como una de sus secciones, a lo largo de esta década, los sucesos son el segmento de entrada y ocupan unos 15 minutos de las ediciones de los dos noticieros de mayor audiencia en el país, principal fuente de información de un buen sector de la sociedad costarricense, como ha mostrado el Informe de Desarrollo Humano 2005, publicado por el PNUD.

A esto se suma el crecimiento de la prensa tabloide, sobre todo el de los diarios “Al Día” y “La Teja”, ambos del Grupo Nación, el principal grupo de comunicación de Centroamérica. Con apenas más de dos años de circular, “La Teja” vende más de 125 mil ejemplares diarios. En ambos tabloides, sucesos, farándula y fútbol ocupan la mayor parte del espacio impreso. La imagen de sociedad que comunica, “La Teja” es la de un mundo en donde no hay instituciones, las personas son individuos sin relaciones interpersonales o sociales y la vida es una sucesión de episodios sin vínculos entre sí. Desde sus inicios, la última página de esta publicación presenta a una mujer en bikini. Y en las últimas semanas ha rifado implantes de senos, a lo mejor para acercar a más lectoras a sus páginas.

Las miles de personas que leen “La Teja” asumen la política como algo lejano y acaban sintiéndose objetos y no sujetos de la actividad política. Cobra aquí vigencia la tesis que sugiere que la ideología se vuelve hegemónica no sólo cuando impone sus puntos de vista, sino también cuando impide contar con otro punto de vista sobre lo que pasa. La edición del diario “La Teja” del lunes 8 de febrero 2009, al día siguiente de las elecciones, saturada de anécdotas de la jornada, fue una muestra del carácter profundamente político de la antipolítica populista.

EL AUTORITARISMO POPULISTA YA ECHÓ RAÍCES

En un sondeo telefónico nacional realizado por la Escuela de Estadística, con apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales para el semanario “Universidad” de la Universidad de Costa Rica, surgen conclusiones que abonan la tesis del autoritarismo populista. Por ejemplo, ante la pregunta de si lo que hace falta en el país es un líder autoritario que resuelva los problemas, un 56% de las respuestas avalaron esta proposición, ya sea con “muy de acuerdo” o un “de acuerdo”.

La identificación con la salida autoritaria ha sido documentada por diversas encuestas en las últimas dos décadas. Muy probablemente, lo novedoso es que, por primera vez, y a lo mejor no será la última ocasión, la inseguridad se politizó hasta el punto de constituir el principal tema de la campaña electoral, algo que ya veíamos venir. (ver Envío de agosto 2008).

El auge del autoritarismo populista abanderado por el Movimiento Libertario no hubiese conseguido tanta resonancia sin el abandono del centro político, tradicionalmente ocupado por el PLN, que ha renunciado a una agenda socialdemócrata y se identifica con el credo neoliberal. Así, la derecha se ha convertido en el centro del espectro político. Incluso ni la posibilidad de que una mujer fuese candidata y encabezara las encuestas a lo largo de la campaña hizo posible estructurar un discurso novedoso.

Temerosa de movilizar la cultura machista en su contra y temerosa también de que las organizaciones feministas le reclamaran su poca iniciativa en las reivindicaciones de las mujeres, la candidata Laura Chinchilla permaneció a la retaguardia de la propaganda de su propio partido. Eso sí, hizo explícita su oposición al matrimonio de personas del mismo sexo.

EL PAC NO PA©LPITÓ

Si la derecha ha respondido a un desarrollo excluyente y generador de desigualdad con un repertorio de discursos autoritarios populistas, las alternativas de centro contribuyeron poco al debate político en esta coyuntura electoral. El PAC el partido más innovador en la política electoral en la última década parece haber abandonado su promesa de la acción ciudadana. En un país en donde el anticomunismo continúa siendo una dimensión estructurante de la cultura política, Acción Ciudadana teme ser tildado de “izquierda” y no logró hacer visible siquiera una agenda ocialdemócrata, ya en extremo lejana del PLN.

La promesa del PAC de que la participación de la ciudadanía es indispensable en la concepción de propuestas políticas se fue borrando, tanto en la participación electoral como en la gestión gubernamental. La campaña giró en torno a Ottón Solís como figura. El PAC no expresó mayor interés en forjar alianzas a nivel municipal, que sumaron nueve para estas elecciones, lo que le hubiese permitido pa©lpitar mejor en el plano local.

Si bien el PAC ha manifestado que la desigualdad es un tema de especial relevancia y que es necesario llevar a cabo una reforma fiscal, postergada por los dos últimos gobiernos, esto no incidió en su agenda política ni sus candidatos parecen formar parte de iniciativas, grupos o movimientos que reivindiquen la importancia de la equidad como elemento cardinal de la vida social.

¿QUIÉNES QUEREMOS “ESA” COSTA RICA?

La promesa del PAC, “La Costa Rica que queremos” resultó en extremo vaga y difusa. No se explicitó quiénes son los que la quieren ni tampoco cuáles serían las iniciativas principales para alcanzar esa Costa Rica. Tampoco y a lo mejor ésa es la ausencia clave no se explicita cómo desde la participación ciudadana se va a construir “La Costa Rica que queremos”.

Mientras tanto, Liberación Nacional concretó su consigna “Adelante” en un sistema de cuido para que las mujeres jefas de hogar puedan trabajar de manera remunerada fuera del hogar, en opciones laborales para la juventud, en trabajo bien remunerado para las personas adultas y en pensiones dignas para las personas en edad de jubilación. A ello sumó el actual programa “Avancemos”, que apoya a estudiantes para que no abandonen la educación formal. Así, a la par que el PLN cohesionaba a importantes sectores del capital, también fue capaz de concretar iniciativas capaces de convocar a amplios sectores de la sociedad.

Ignorar esto puede conducir a obviar que toda ideología, para legitimarse, tiene que articularse con el sentido común. El PLN le dio un rostro humano a su neoliberalismo.

Los resultados de las elecciones 2010 muestran que un tercio de las personas que votaron por Ottón Solís no lo hicieron en las papeletas de diputados y diputadas del PAC. Esto confirma algo que Solís parece resistirse a reconocer: buena parte de los votos obtenidos por él fueron más que producto de identificación partidaria, motivados por la expectativa de impedir que Laura Chinchilla ganara. La base de apoyo al PAC es bastante menor a la que muestran los resultados electorales.

La crítica del PAC a las encuestas o al modo en que los medios de comunicación dan cuenta de ellas no puede ignorar que hay sectores sociales que se identifican con argumentos del centro derecha o de la derecha y que, en tercer lugar y a lo mejor lo más importante, “La Costa Rica que queremos” y el PAC como propuesta política no ha logrado constituirse en referente para los sectores empobrecidos.

EL CORAZÓN ESTÁ A LA IZQUIERDA

El panorama del centro izquierda es aún más difuso. Pese al enorme esfuerzo de las movilizaciones contra el TLC, la izquierda tiene una muy débil expresión en el panorama electoral. La democracia participativa parece haber ganado un aliento y una capacidad de convocatoria que no se expresa en las formas de democracia representativa. No parece haber condiciones para aglutinar a una constelación de fuerzas que puedan dar respuestas progresistas al proyecto neoliberal de las élites ni a la interpretación autoritaria y populista de la inseguridad.

Un sector importante de quienes votan por el Frente Amplio proviene de las clases medias urbanas, sobre todo de las empleadas en el Estado o en sus instituciones. Las iniciativas progresistas surgidas en las universidades públicas suelen tener pocos vínculos fuera de su propio entorno. En Costa Rica no hay una cultura política de izquierda enraizada en los sectores populares. La experiencia sindical de izquierda es esporádica y ya lejana de la tradición de los sindicatos bananeros, muy disminuidos aunque aún activos desde mitad de la década de los 80.

Pese a ello hay una muy amplia constelación de grupos y organizaciones ecologistas, feministas, ecuménicas, comunales, con un gran potencial, pero con poco diálogo, a menudo mediatizado por disputas entre dirigentes particularmente autoreferenciados. Esto podría explicar, al menos en parte, por qué esta amplia constelación se articula muy bien en torno a la democracia participativa, pero luce errática en eventos de democracia representativa como las elecciones. Cuando están en juego puestos de elección se magnifican sus discrepancias internas.

PERO LA IZQUIERDA NO ESTÁ EN EL CORAZÓN

A las disputas entre dirigencias, a veces sin mayor presencia popular, se suma el reto de cómo traducir en iniciativas más propositivas, movilizaciones y protestas que han surgido articuladas en oposición y resistencia a proyectos nacionales como la privatización de las telecomunicaciones o el TLC. El paso de la protesta a la propuesta es una tarea aún pendiente que requiere nutrirse de la cultura popular, para que logre tener eco en la vida cotidiana de amplios sectores sociales.

Un tercer reto consistiría en cómo esa constelación de grupos y organizaciones articule propuestas de trabajo que, además de integrar perspectivas, pueda entrar en diálogo no sólo con sectores medios politizados, sino también con sectores sociales más amplios, quienes suelen ser asediados por el clientelismo político, que les ofrece, en una campaña sí y en otra también, viviendas y mejoras en las comunidades, lo que muchas veces termina en sólo promesas. En esta última elección, el clientelismo se alternó con el autoritarismo populista, que prometía seguridad y mano dura. Frente a un futuro como el actual, caracterizado por la incertidumbre, el clientelismo o el discurso autoritario encuentran terreno fértil y llenan un vacío.

LOS ROSTROS QUE LE FALTAN A LA IZQUIERDA

A mediados de enero, tres semanas antes del 7 de febrero, día de las elecciones, surgió la posibilidad de una alianza del PAC con dos pequeños partidos, Alianza Patriótica, socialdemócrata, e Integración Nacional. La expectativa era que “muchos organismos de la sociedad civil, igual que ocurrió en la lucha contra el TLC, se activarían de inmediato. Habría un efecto bola de nieve que, en cuestión de días, podría cambiar el rumbo de la elección y hacer trizas las encuestas de los grandes medios de comunicación”, manifestó a Informa.tico (www.informatico-tico.com), una de las personas que propició la alianza.

Aparte de ser una iniciativa tardía, a la que el partido de izquierda Frente Amplio, no se sumó, se trató más de una opción electoral que de una alternativa política. Se demostró que seguimos careciendo de iniciativas capaces de identificar los rostros del esfuerzo cotidiano de amplios sectores de la sociedad costarricense. Miles de adolescentes recogen café en este tiempo de elecciones para costearse los gastos de entrada a clases. Miles de maestros y maestras esperan meses para que se les deposite su salario. Obreros y obreras agrícolas producen la piña o el melón que identifican a Costa Rica en los mercados internacionales, para solo mencionar algunos ejemplos. Pero ni los muchachos y las jóvenes que recogen café ni las docentes comprometidas ni obreros y obreras para citar apenas estas tres posibilidades, adquirieron rostro en la campaña electoral.

Frente al proyecto neoliberal y a la respuesta autoritaria populista no hay en Costa Rica una alternativa popular democrática. Construir esa alternativa supone darle rostro a las personas ausentes del discurso político y de la política, a aquellos que sólo son comparsa de fondo en el escenario en el que desfilan los candidatos.

Este reto no sólo se plantea en términos de representación, sino también de participación en la construcción de una alternativa popular democrática, en la que la experiencia de tan amplios sectores sociales, a menudo desperdiciada, enriquezca la comprensión y la intervención en el terreno de las potencialidades y las capacidades.

El reconocimiento de esta experiencia desperdiciada supone una actitud humilde, capaz de reconocer que se requiere escuchar y dialogar para intentar recoger la diversidad de mundos de vida que caracterizan la sociedad costarricense. Universalizar la propia condición y actuar como si el único universo de vida fuese el propio ha encontrado en estas elecciones su más contundente refutación.

¿Y EL BALANCE DEL GOBIERNO ARIAS?

La ausencia de una alternativa popular democrática o de varias, ¡ni muchas ni pocas! evidencia la carencia de una política de la memoria. De hecho, una de las ausencias más (re)sentidas es un balance de la administración Arias. Por ejemplo, pese a que en materia ambiental, la propuesta del gobierno se tituló “Paz con la Naturaleza”, fueron numerosos y frecuentes los conflictos en esta materia: por agua, por concesiones a parientes de ministros, por minería de cielo abierto…

En materia de reforma fiscal ocurrió algo semejante, pues el gobierno la había prometido, luego de la aprobación del TLC y de las leyes complementarias. Sin embargo, transcurrido el segundo año de la administración Arias, la reforma fiscal, una de las herramientas de política pública que procura atenuar la desigualdad, quedó en el olvido. El olvido gubernamental era esperable, más grave es el olvido desde posiciones críticas.

Más relevante aún pudo ser la desatención del sector vivienda, pues veinte años antes, la promesa de construir 80 mil viviendas fue un factor clave en la elección de Óscar Arias, por un escaso margen de votos, como presidente para el período 1986-1990. En 2007 se dio a conocer que recursos del BCIE, destinados a proyectos sociales, fueron empleados en onerosas consultorías. Se estima que la actual administración apenas construyó un tercio de lo planeado.

Al final de la campaña circularon documentos en soporte digital como “La historia de los Arias”, presentaciones en power point o el documental “Santo fraude”, en referencia al modo en que se libró el referéndum 2007, pero no se logró posicionar en la esfera pública la importancia de un balance informado de la administración Arias.

El proyecto neoliberal del PLN, al tiempo que concentra poder y distribuye beneficios entre un pequeño sector, exhibe debilidades. Pero mayores han sido las debilidades de la oposición.

INSEGURIDAD Y DESIGUALDAD: UN VÍNCULO AUSENTE

La encuesta realizada desde la Universidad de Costa Rica, además de la identificación de amplios sectores sociales favorables a elementos del repertorio autoritario, también muestra rasgos de una experiencia y memoria desperdiciadas en términos políticos. Cuando se le consulta a las personas si el problema de seguridad se resolvería con una mejor distribución de la riqueza, un 47% está “muy de acuerdo” o “de acuerdo”, mientras un 39.2% está “muy en desacuerdo” y “en desacuerdo”.

Si bien el tema de la desigualdad no ha estado en la agenda de los medios ni lo estuvo en esta campaña electoral, salvo muy tenues insinuaciones del PAC, prácticamente la mitad de la población consultada considera que hay una relación entre desigualdad e inseguridad.

Ya desde 2004 había evidencia de que en Costa Rica, como suele ser el caso también en otras sociedades, hay una correlación estadística significativa entre el aumento de la desigualdad y el incremento de la criminalidad. Es la tendencia internacional. Así se constata en el documento “La Seguridad frente al delito”, preparado por Elías Carranza y Emilio Solana, para el “Décimo Informe del Programa Estado de la Nación”. Carranza y Solana demuestran que el incremento de homicidios y delitos contra la propiedad se correlaciona con el aumento de la desigualdad medido a través del Coeficiente de Gini. Esto significa que las respuestas ofrecidas por las personas en la encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica se corresponden con hallazgos de esta investigación.

La constatación de que la desigualdad se ha incrementado y que debilita los vínculos sociales y produce sociedades violentas pudo ser una referencia indispensable para construir una alternativa popular democrática, tanto al proyecto neoliberal que se expresa en términos electorales en el PLN, como al autoritarismo populista de la derecha.

PERDIMOS UNA OPORTUNIDAD

Las elecciones 2010 en Costa Rica podrían haber sido la oportunidad para decantar las movilizaciones y el esfuerzo político de resistencia al neoliberalismo. Además, en el último año Costa Rica vivió una crisis económica que también pudo ser un insumo para pensar críticamente el fundamentalismo del mercado. La oportunidad se desaprovechó y, tanto en términos electorales como ideológicos, el resultado parece ser una profundización del giro autoritario y de la legitimidad del centro derecha, caracterizado por opciones políticas que no impedirán que la desigualdad y la concentración del poder continúen profundizándose.

La desigualdad pudo constituirse en un macrotema de referencia, articulador en términos de propuesta de muchas de las motivaciones que han animado las movilizaciones costarricenses en contra de las políticas neoliberales. Esto hubiese impedido que la campaña electoral se limitara a una disyuntiva entre la derecha y el centro derecha. La elección se libró en el terreno de la derecha, entre el neoliberalismo ortodoxo del Movimiento Libertario y el neoliberalismo heterodoxo de Liberación Nacional, que resultó triunfante. Una oportunidad perdida.

* Profesor de la Universidad de Costa Rica. Publicado en la Revista Envío de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, No. 336, Marzo 2010.

Apagón mundial: La Hora del Planeta

La Hora del Planeta

El sábado 27 de marzo, a las 8:30 p.m., millones de personas en todo el mundo apagarán la luz como acto simbólico a favor de un Planeta VIVO y contra el avance del Cambio Climático.

¿Qué es La Hora del Planeta?

El mundo unido por un mismo objetivo

La Hora del Planeta 2010 (LHP) es una campaña global de la Organización Mundial de Conservación (WWF), que busca aumentar el nivel de conciencia sobre el cambio climático y promover que los gobiernos aprueben leyes y ratifiquen un tratado internacional que reduzca las emisiones de CO2.

Apagando las luces durante una hora los argentinos nos uniremos a millones de personas alrededor del mundo en la lucha contra el avance del cambio climático y enviaremos un mensaje a todos los líderes políticos.

El calentamiento global es el tema más inminente del momento y sus impactos son más graves de lo que pensábamos. NECESITAMOS ACTUAR YA.

AGENDALO EN TU CALENDARIO

El sábado 27 de marzo a las 20:30 hs, La Hora del Planeta unirá a miles de millones de personas de todo el mundo en un llamado a la acción único y sencillo: PRENDETE, apagando la luz

Se parte de este movimiento mundial.

Con cada interruptor de luz que se apaga, se envía un voto a favor de la acción duradera sobre la creciente crisis climática.

Desde su creación, hace tres años, el enfoque no partidista de La Hora del Planeta capturó la imaginación del mundo y se convirtió en un fenómeno mundial. Casi mil millones de personas participaron en la Hora del Planeta 2009, involucrando a 4,100 ciudades en 87 países en seis continentes.

El año pasado, Costa Rica se sumó a esta campaña global y miles de personas apagaron la luz y votaron en pro de la acción.

También se sumaron sindicatos, empresas, organizaciones, universidades, escuelas, clubes de fútbol y otras organizaciones.

La hora del planeta 2010 de WWF

El cambio climatico ya esta aqui, ya no es a futuro y lo sentimos dia a dia en nuestras vidas, en las noticias, estan aqui, hoy, actuemos ya, por todo lo que queremos.

Hay mucha mas informacion sobre la hora del Planeta o en ingles Earth Hour les dejo algunos links. y no se olviden de registrar para votar contra el cambio climatico.

http://www.earthhour.org/Homepage.aspx?intro=no

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Anticapitalismo y justicia climática

Esther Vivas*

ALAI ALATINA, 23/03/2010.- El cambio climático es, a día de hoy, una realidad innegable. El eco político, social y mediático de la cumbre de Copenhague, en diciembre 2009, fue buena prueba de ello. Una cumbre que mostró la incapacidad del propio sistema capitalista de dar una respuesta creíble a una crisis que él mismo ha creado. El capitalismo verde se apunta a la carrera del cambio climático, aportando una serie de soluciones tecnológicas (energía nuclear, captación de carbono de la atmósfera para su almacenamiento, agrocombustibles, etc.) que generarán mayores impactos sociales y medioambientales. Se trata de soluciones falsas al cambio climático que intentan esconder las causas estructurales que nos han conducido a la situación actual de crisis y que buscan hacer negocio con la misma, a la vez que plantean la contradicción entre el cálculo cortoplacista del capital y los ritmos largos del equilibrio ecológico.

En este contexto, es urgente un movimiento capaz de desafiar el discurso dominante del capitalismo verde, señalar el impacto y la responsabilidad del actual modelo de producción, distribución y consumo capitalista y vincular la amenaza climática global con los problemas sociales cotidianos. Copenhague ha sido hasta ahora la mayor expresión del movimiento por la justicia climática, coincidiendo justamente con el décimo aniversario de las movilizaciones contra la OMC en Seattle. Una protesta que, bajo el lema “Cambiemos el sistema, no el clima”, expresa esta relación difusa entre justicia social y climática, entre crisis social y crisis ecológica. Pero el éxito de las protestas en Copenhague contrasta con la debilidad de las manifestaciones a nivel mundial, con algunas excepciones como Londres.

La actual crisis plantea la necesidad urgente de cambiar el mundo de base y hacerlo desde una perspectiva anticapitalista y ecosocialista radical. Anticapitalismo y justicia climática son dos combates que tienen que ir estrechamente unidos. Cualquier perspectiva de ruptura con el actual modelo económico que no tenga en cuenta la centralidad de la crisis ecológica está abocada al fracaso y cualquier perspectiva ecologista sin una orientación anticapitalista, de ruptura con el sistema actual, se quedará en la superficie del problema y al final puede acabar siendo un instrumento al servicio de las políticas de marketing verde.

Frenar el cambio climático implica modificar el actual modelo de producción, distribución y consumo. Los retoques superficiales y cosméticos no valen. Las soluciones a la crisis ecológica pasan por tocar los cimientos del actual sistema capitalista. Si queremos que el clima no cambie, es necesario cambiar el sistema. De ahí, la necesidad de tener una verdadera perspectiva ecosocialista, o ecocomunista como señalaba Daniel Bensaïd en uno de sus últimos artículos.

Asimismo, se deben de combatir las tesis del neo-malthusianismo verde que culpabilizan a los países del Sur por sus altas tasas de población y que buscan controlar el cuerpo de las mujeres, socavando el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Luchar contra el cambio climático implica enfrentar la pobreza: a mayor desigualdad social, más vulnerabilidad climática. Es necesario reconvertir sectores productivos con graves impactos sociales y ambientales (industria militar, automovilística, extractivas, etc.), creando empleo en sectores sociales y ecológicamente justos como la agricultura ecológica, servicios públicos (sanitarios, educativos, transporte), entre otros.

Acabar con el cambio climático implica apostar por el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria. El modelo agroindustrial actual (deslocalizado, intensivo, kilométrico, petrodependiente) es uno de los máximos generadores de gases de efecto invernadero. Apostar por una agricultura ecológica, local campesina y por unos circuitos cortos de comercialización permiten, como dice La Vía Campesina, enfriar el planeta. Asimismo, hay que integrar las demandas de los pueblos originarios, el control de sus tierras y bienes naturales, y su cosmovisión y respeto a la “pachamama”, la “madre tierra”, y la defensa del “buen vivir”. Valorizar estas aportaciones que plantean un nuevo tipo de relación entre humanidad y naturaleza es clave para enfrentar el cambio climático y la mercantilización de la vida y del planeta.

Desde una perspectiva Norte-Sur, justicia climática implica la anulación incondicional de la deuda externa de los países del Sur, una deuda ilegal e ilegítima, y reivindicar el reconocimiento de una deuda social, histórica y ecológica del Norte respecto al Sur resultado de siglos de expolio y explotación. En casos de catástrofe, es necesario promover mecanismos de “auxilio popular”. Hemos visto como el cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los sectores populares especialmente en los países del Sur. Los terremotos en Haití y en Chile son dos de los casos más recientes. Frente a estas amenazas son necesarias redes de solidaridad internacional de movimientos sociales de base que permitan una canalización de la ayuda inmediata y efectiva a las poblaciones locales. La iniciativa no puede quedar en manos de un “humanitarismo” internacional vacío de contenido político.

La lucha contra el cambio climático pasa por combatir el actual modelo de producción industrial, deslocalizado, “just on time”, masivo, dependiente de los recursos fósiles, etc. Las burocracias sindicales hacen seguidismo y legitiman las políticas del “capitalismo verde” con la farsa de que las “tecnologías verdes” crean empleo y generan mayor prosperidad. Es necesario desmontar este mito. La izquierda sindical debe poner en cuestión el actual modelo de crecimiento sin límites, apostando por otro modelo de “desarrollo” acorde con los recursos finitos del planeta. Las reivindicaciones ecologistas y contra el cambio climático tienen que ser un eje central del sindicalismo combativo. Los sindicalistas no pueden ver a los ecologistas como a sus enemigos y viceversa. Todas y todos sufrimos las consecuencias del cambio climático y es necesario que actuemos colectivamente.

Es falso pensar que podemos combatir el cambio climático sólo a partir del cambio de actitudes individuales, y más cuando la mitad de la población mundial vive en el “subconsumo crónico”, y también es falso pensar que podemos luchar contra el cambio climático sólo con respuestas tecnológicas y científicas. Son necesarios cambios estructurales en los modelos de producción de bienes, de energía, etc. En esta dirección, las iniciativas que desde lo local plantean alternativas prácticas al modelo dominante de consumo, producción, energético… tienen un carácter demostrativo y de concienciación que es fundamental apoyar.

Por su naturaleza, hablar de cómo enfrentar el cambio climático implica discutir de estrategia, de auto-organización, de planificación y de las tareas que, aquellas y aquellos que nos consideramos anticapitalistas, tenemos por delante.

-* Esther Vivas es autora “Del campo al plato” (Icaria editorial, 2009).

Ley de tránsito y alcohol: Carta abierta a la diputada Morales Díaz

San José, 21 de marzo de 2010.
S.G. 09-11-0483-10

Estimada señora diputada
Andrea Morales Díaz
Asamblea Legislativa
Su despacho

Asunto: Carta abierta. Intereses de negocios vs. vidas humanas: Presunto cabildeo parlamentario para subir de 0.50 a 0.75 tolerancia de ebriedad al conducir.

Estimada señora diputada:

Reciba el más respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La sociedad costarricense, un día y otro también, se impacta por la sangre que se vierte y las muertes que se dan en las vías públicas nacionales, cuando una persona fallece producto de un accidente de tránsito generado por un conductor o por una conductora en estado de ebriedad; crimen social, familiar, ético y moral que desde ningún punto de vista puede ser aceptable. Impacta sobremanera la circunstancia de ser testigos como sociedad, de la muerte de personas jóvenes cuando éstas estaban en la plenitud de su desarrollo individual, familiar y productivo.

Solamente aquellas personas familiares de la víctima pueden experimentar el profundo dolor de una situación de tanta tristeza e indignidad, los demás no… hasta que nos pueda suceder lo mismo. Aunque podríamos imaginar cuánto dolor puede ser eso, como no nos ha pasado, no atinamos ni siquiera a describirlo. Debe ser terrible y tan sólo nos queda la compasión humana para solidarizarnos con quien sufra tanto pesar, por un lado; y, por otro, no perder la cualidad de indignarnos ante tanta irresponsabilidad y tanta injusticia.

Usted como persona joven de la política nacional, ha dejado impactado a mucha gente a raíz de su militancia activa para evitar que la tolerancia de alcohol establecida en la nueva Ley de Tránsito para conducir, se quede en la cifra originalmente prevista de 0.50 porcentaje de alcohol en la sangre. Usted aboga para que tal cifra se “flexibilice” y se suba al 0.75 %.

No somos expertos en el tema y tratamos de informarnos al respecto. Una de nuestras consultas fue a la enciclopedia Wikipedia, llamándonos poderosamente la atención el siguiente dato que, por supuesto, puede ser vulnerable a la rigurosidad científica que usted argumenta como factor fundamental de que la tolerancia de ebriedad al conducir pase de 0.50 a 0.75 de porcentaje de alcohol en la sangre de la persona que maneja un carro, sin importar cuánta gente más pudiera morir por ello en las carreteras del país. Veamos:

Cálculo del consumo excesivo de alcohol

Existe una sencilla fórmula para averiguar si se está consumiendo una cantidad excesiva de alcohol con los perjuicios que ello supone, mediante el cálculo de los gramos de alcohol. Esta fórmula consiste en multiplicar la cantidad de bebida en ml o cc por el número de grados de alcohol y por 0,8, y este resultado se divide entre 100 para conocer los gramos de alcohol de la bebida en cuestión. Se considera un consumo excesivo diario, 40 gramos de alcohol en hombres, debido a su mayor tolerancia al alcohol, y 32 gramos de alcohol en mujeres.

Imagínese usted, entonces, que ya con 0.50 habríamos pasado esa barrera, pues según tal dato, lo aceptable es 0.40 en hombres y 0.32 en mujeres.

Para nadie es un secreto que el límite máximo permitido de ebriedad al conducir de 0.50 actualmente y todavía en vigencia, ha generado consecuencias negativas de carácter económico para las empresas fabricantes y/o distribuidores de diversos tipos de licores, especialmente la cerveza que es el consumo etílico más popular entre la población que usualmente ingiere licor.

Evidentemente, en consecuencia, si en el parlamento se reforma la actual Ley de Tránsito y tal límite se eleva a 0.75, habrá una considerable reducción de las pérdidas económicas que, de manera presunta, el negocio licorero viene experimentando por el actual límite legal de 0.50 %.

Como persona legisladora de la República que todavía usted es y dada su posición totalmente pública a favor de la variación hacia arriba del controversial porcentaje, es necesario que, con todo respeto, le formulemos las siguientes preguntas, de manera pública y por esta vía.

Parece ser que estas preguntas nadie se las ha querido formular a usted en el seno del parlamento, pero lo vemos como una necesidad desde una perspectiva de ciudadanía; a raíz de la presunta especie que se esparce en corrillos intra y extraparlamentarios de que usted, también presuntamente, estaría cabildeando tal reforma legislativa posiblemente para favorecer los poderosos intereses de negocios de una de esas empresas fabricantes de licor, la cual supuestamente está altamente afectada por la prolongación del actual límite de permisividad al conducir con ebriedad, en el 0.50. Al respecto, deseamos que usted nos responda lo siguiente:

1. ¿Ha tenido usted contacto telefónico, recientemente, con representantes de las empresas relacionadas con la producción, venta, distribución y similares de licores y cervezas?

2. ¿Se ha cruzado usted, recientemente, comunicaciones escritas, vía fax, vía correo electrónico, vía correspondencia tradicional, con representantes, con ejecutivos, de ese tipo de empresas?

3. ¿Ha formulado su despacho, recientemente, algún tipo de consulta a esas empresas, relacionadas con la pretendida reforma de ley para reducir el porcentaje de tolerancia de licor al conducir de 0.50 a 0.75%?

4. ¿Ha visitado usted y/o representantes de su despacho, recientemente, oficinas de personas representantes, ejecutivas, de las empresas fabricantes-distribuidoras-vendedoras de licores y de cerveza?

5. ¿Ha recibido usted y/o representantes de su despacho, recientemente, a personas con las características de la pregunta anterior?

6. ¿Ha usted adquirido, recientemente, bienes muebles o inmuebles de considerable valor económico, que hayan sido tan notables públicamente, como supuestamente habría sido la adquisición un automóvil de reciente modelo?

7. ¿Quién o quiénes, qué entidad, pública y/o privada, le ha explicado a usted que subir de 0.50 a 0.75 % es un argumento técnico que valide la modificación del actual límite legal para conducir en estado de ebriedad?

Estimada señora diputada: Hemos recibido diversa información sobre su supuesto activismo a favor del interés de negocios inmerso en el cambio de esas cifras de tolerancia alcohólica; y, como se siguen dando muertes tan injustas, tan crueles, tan sin sentido, recogiendo el dolor que embarga a los familiares de esas víctimas por la irresponsabilidad de conducir en estado de ebriedad, expresando de esta forma nuestra solidaridad personal y organizacional; hemos decidido formularle, de manera pública, las preguntas anteriores.

Tales preguntas le han sido planteadas con todo respeto pero con la urgente necesidad de que usted, de manera decidida, disipe esa especie de que su principal interés sería favorecer esos intereses de negocios y no las vidas humanas de compatriotas suyos expuestos a la muerte por tal circunstancia.

Confiando en la comprensión cabal de su parte de la necesidad de una referencia suya directa al respecto, nos despedimos con toda consideración y estima, anhelando un cambio radical de su posición al respecto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

P.D.: La decisión de enviarle una carta en este sentido a la señora diputada Andrea Morales Díaz se tomó en la semana previa al día domingo 21 de marzo de 2010, día éste en que fue finalmente redactada. Por tanto, es una coincidencia absoluta que el lunes 22 de marzo, haya salido publicada la entrevista a la citada legisladora en el Diario Extra. Como indicamos, algo completamente fortuito entre las dos situaciones.

cc.: Señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Organizaciones sindicales y sociales del movimiento popular costarricense.
cc.: Archivo.