Categoría: Incidencia

La señora Presidenta Electa y su propuesta de diálogo

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En función de ello, dos de las primeras medidas más necesarias que debería tomar el nuevo Gobierno para atacar, de raíz, semejante flagelo en contra de la integración social y, por ende, en contra de la democracia misma; tienen que ver, por un lado, con el diseño y la implementación de una Política Nacional de Empleo. Por otro, una Política Salarial Digna basada en los conceptos de Trabajo Decente que pregona la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el primer caso, el diseño e implementación de una Política Nacional de Empleo, pasa por la generación de condiciones para el relanzamiento de la política pública dirigida con vigor hacia el estímulo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas.

Se buscaría así que los emprendimientos productivos de tales dimensiones que hoy existen y los que lleguen a crearse, tengan un ambiente de alta confianza y de certeza de soporte estatal, aprovechando infraestructuras financieras de gran calibre, como el Banco Popular, al que sería necesario aplicarle una regulación financiera diferenciada.

Esto podría llevarnos hacia el fomento a gran escala de la Economía Social para que, por ejemplo, los movimientos cooperativo, solidarista y sindicalista (los grandes aglutinadores organizativos de la clase trabajadora), jueguen roles determinantes en esa estrategia de integración; misma que, a no dudarlo, tendría en las potencialidades del mercado interno un motor productivo todavía insuficientemente explotado.

En el plano del diseño de una Política Salarial Digna, aparte de emigrar de su sesgo restrictivo en vigencia, hacia uno de carácter expansivo para servir de sostén al renacimiento productivo del mercado interno; debería comprender la concepción de que los salarios son un mecanismo de redistribución de riqueza y de paz social de altísimo valor político.

Habría que atacar, para empezar, la grave circunstancia que presenta la realidad actual de los Salarios Mínimos, no solamente para revisar su fórmula de cálculo en función de un concepto redistribuidor de riqueza; sino que sería imprescindible hacer una relanzamiento estratégico de la inspectoría de Trabajo para combatir la pésima actitud de no pocos patronos de violentar tal derecho constitucional al salario mínimo, lo cual hoy está golpeando la estabilidad económica familiar de una de cada tres personas asalariadas con empleo formal y, en esencia, todas laborando para el sector Privado de la economía.

Por otro lado, las enormes desigualdades salariales en el propio sector Público obligan al desarrollo de una estrategia de negociación con los gremios laborales representativos para dar los primeros pasos sólidos a fin de corregir tan graves injusticias. El más reciente informe contralor al respecto es una riquísima base de partida. Se trata de una temática salarial que, necesariamente, habrá que vincularla con la iniciativa de Mideplan sobre un proyecto de “ley de empleo público”.

En todo caso, hay un planteamiento integral, de carácter multisectorial, que ya conoce la señora Presidenta Electa. Se trata del proceso social “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”. Para nosotros es un asunto completamente relevante y de alto contenido estratégico, si se ha de desarrollar un Diálogo Social de nuevo tipo.

Desde una perspectiva sindical, como firmes creyentes en el diálogo y con pruebas irrefutables de nuestra vocación para ello, estamos listos para entrar en un proceso así, algo sumamente necesario para los tiempos actuales.

Las dificultades que presenta la integración social y los diversos y calificados indicadores objetivos del crecimiento de la desigualdad, del crecimiento concentrado de la riqueza y del deterioro de la promoción del bien común como eje central de toda política pública; implican un abandono radical de las posiciones autoritarias, del personalismo verticalista subjetivo y de la instauración del tráfico de influencias para apuntalar negocios privados de dudosa reputación con la cosa pública. Así han sido los cuatro años de administración de los hermanos Arias Sánchez.

La señora Predidenta electa, doña Laura Chinchilla Miranda, ha estado enviando señales importantes de que la acción gubernativa podría ser distinta de todo ello a partir del próximo 8 de mayo.

Como firmes convencidos de que el diálogo social con negociación efectiva es el mejor instrumento para el desarrollo de la democracia, le hemos tomado la palabra y le presentaremos un planteamiento integral al respecto cuando ella nos haga el honor de hacerse presente en la sesión del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, prevista para este viernes 5 de marzo.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)


Fuente: “Página Abierta” de Diario Extra
Publicado este martes 2 de marzo de 2010

Mujica, ahora empieza el presente

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Reporte de Juan Kirchner desde Uruguay 1 (Pulsar-Agencia Informativa)




Reporte de Juan Kirchner desde Uruguay 2 (Pulsar-Agencia Informativa)

Recibió seis balazos en enfrentamientos armados en los duros setenta. Pasó quince años en la cárcel. Protagonizó dos fugas antes de ser amnistiado con el retorno a la democracia. Fue rehén de la dictadura cuando los militares amenazaban con ejecutarlo si los Tupamaros retomaban las acciones violentas. Fue diputado, ministro y senador. Este lunes asume la presidencia del Uruguay.

Después de los barbudos cubanos, el médico chileno y los muchachos nicaragüenses, parecía que este continente había agotado su capacidad de sorprender.

En los noventa flotó a la deriva de los mitos neoliberales y con el nuevo milenio patea el tablero mundial. Después de un militar venezolano y un obrero brasileño, un indio boliviano, un economista ecuatoriano y un cura paraguayo, llega este campesino que fue guerrillero. Cuando en Chile asume el multimillonario de derecha, la izquierda se anota un porotazo al poner al Uruguay nuevamente en manos del Frente Amplio. Se anota, además, un tremendo triunfo al haber optado Tabaré Vázquez y Lula por la alternancia. (Deberíamos ir buscando una Dilma Rousseff o un Pepe Mujica en estas tierras, sería el mejor regalo que le podríamos hacer a la revolución ciudadana).

Mujica es un hombre rústico que ha sorprendido a más de uno a diestra y siniestra. Extraña que un tipo con ese currículum y ese perfil atípico seduzca a trabajadores y a inversionistas, a los postmodernos y los nostálgicos.

Miles de uruguayos le fueron a esperar en la cárcel, cuando salió: “Fue un abrazo fraternal interminable con todos. Aunque no puedo dejar de señalar que nunca dejé de ser libre. Puede sentirse como una monstruosidad, aparente, lo que voy a decir: le doy gracias a la vida por lo que he vivido. Si no hubiera pasado esos años de aprender el oficio de galopar para adentro, para no volverme loco de pensar, me hubiera perdido lo mejor de mí mismo. Me obligaron a remover mi suelo y por eso me hice mucho más socialista que antes”.

Impresiona su conciencia de necesidades esenciales como la crítica y el inconformismo para construir un cambio: “Queridos compañeros, critiquen, critiquen todo lo que quieran, pero no se sienten a criticar; vayan criticando en la medida que hacen, el que no hace no tiene derecho a criticar. Bienvenida la crítica de los que se comprometen, bienvenida la crítica de los que luchan. Malvenida la crítica de los cómodos, de los escépticos, de los que creen que no se puede cambiar nada. Estamos en una sociedad donde todos tendemos a ser un pequeño burgués, donde todos llevamos un consumista potencial adentro, no seamos tan jueces ni inflexibles con nuestros compatriotas y tengamos el coraje de ver nuestras propias debilidades. Si esta izquierda fracasa no viene una izquierda mejor, viene un derechazo que te hace retroceder décadas. Esta izquierda tiene sus defectos y sus carencias, pero esta izquierda es tu capital y es lo que pudimos conformar como sociedad y como pueblo a lo largo de muchas décadas”.

Lucidez. Audacia. Sencillez. Realismo. Tantas lecciones de ese Uruguay que produjo a Mujica. La izquierda no es ni la utopía por venir ni el pasado guerrillero: es el presente contradictorio y complejo, eso que empieza este lunes en el Uruguay.

* El Telégrafo (Ecuador)

Fuente: eltelegrafo.com

Altas multas de tránsito: ¿Cómo harán «los de abajo»?…

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Por estacionarse en raya amarilla ¢180,OOO por amor a dios, sabe quien paga los impuestos para la reconstrucción de las carreteras y el mantenimiento de ellas nosotros el pueblo y hoy no tenemos derechos ni de circular ni de estacionar para hacer diligencias,aclaro la calle no es un parqueo,en eso estamos claro y entiendo que en el puro centro de la capital no se puede transitar,pero usted viene a guadalupe, santo domingo, sabana sur y norte, don bosco, y el resto del país que no son el centro de la capital,si no que siguen siendo zonas no tan transitables,pero el gobierno y las municipalidades se dieron cuenta que, con los partes es una estrategia supuestamente legal para robarle el dinero al pueblo,le explico como le roban el dinero al pueblo:

1) IMPUESTOS EN EL TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA INSCRIBIR UN AUTO.
2) IMPUESTOS POR EL DESALMASENAJE DEL AUTO.
3) IMPUESTOS A RITEVE.
4) IMPUESTOS AL SEGURO.
5) IMPUESTOS POR LAS PLACAS.
6) IMPUESTOS POR EL MARCHAMO
7) IMPUESTOS POR LOS SERVICIOS DEL ABOGADO
8) RESTRICCIÓN VEHICULAR
9) IMPUESTOS A LA GASOLINA .

Estos nueve puntos son una parte de la cadena de lo que le cuesta a una persona en impuestos tener carro,mas el acoso de la dirección de transito en las carreteras a los conductores,a esto sumele los partes diarios que van con impuestos.

En una ocasión tube una discusión con un oficial de transito, sabe lo que me dijo,a nosotros nos reunen y nos dan tantos factureros y nos dicen eso tienen que quedar llenos hoy y me dijo yo solo cumplo ordenes.

Aquí los repuestos son bien caros,las llantas,el aceite,los frenos,porque el gobierno no quita los impuestos, a los repuestos de los vehículos para que la gente pueda tener la oportunidad de reparar su carro y tenerlos en buenas condiciones como lo pide el gobierno, díganme si tengo razón o no porque el INS se dio cuenta de lo caro de los repuestos y hoy le dan a los que tienen seguro dos opciones repuestos originales o genéricos, necesito explicarlo mejor o así esta bien explicado, porque si los del INS se dieron cuento, y que son de los mismos del gobierno que, aquí en costa rica los repuestos son muy caros, como pretenden exigir a los costarrisences que cumplan con la ley.

Pregunto porque al diputado que mato a un muchacho la vez pasado no lo condenaron a cárcel,pero a un pobre diablo,una persona sencilla si comete una infracción de transito, no solo le cuesta una gran multa, sino también le dan cárcel.Yo le digo al pueblo todo lo que el gobierno hace es solo para oprimir al pobre,para sacarle el dinero a como de lugar, saben ¿porque? porque aquí existen puestos políticos que hay que darles trabajo y la plata no alcanza,entonces hagamos multas mas caras.

Señores de costa rica las multas no están, alcanze del bolsillo de los pobres que se ganan el pan de cada día en carro,lo mas serio es que muchos van a perder sus carros y su motos, un solo parte solo por bajarse de su carro y dejar un sobre o dejar a su hijo en la escuela, le costara ¢ 180,000 y usted o su esposo tiene que pagar el salario del mes para el pago de ese parte,ustedes lo sabes muy bien el único servicio que realizan los tráficos es el de, hacer partes,si nos acosan y se esconden para hacer partes con las multas de hoy en dia,con estas nuevas multas estos señores hiran a muerte contra la ciudadania.muchos van a perder sus trabajos.”

“El pueblo hondureño es el Frente, la resistencia”

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23 feb | revista caminos Al subir al ómnibus, reconozco los rostros de una lucha permanente, admirable y heroica. Pienso entonces que el viaje no podía tener mejor destino. Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular en Honduras, junto a otros líderes de la organización, Carlos H. Reyes, Berta Cáceres —también dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas —y Wilfredo Paz, representante del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, en algunas horas estarán frente al Che. Visitarán en Villa Clara el conjunto escultórico dedicado al Guerrillero Heroico.

Durante el recorrido converso con Juan Barahona. Me cuenta de sus tiempos de estudiante cuando perteneció al Partido Comunista. Concluyente, y con una joven sonrisa, dice:_ “no he dejado de ser marxista-leninista”_. Luego recuerda los días antes del golpe de Estado en los que el Bloque popular profundizaba la lucha contra el neoliberalismo.

De inmediato, nos sumimos en el proceso político que vive hoy la nación centroamericana, y en la organización del Frente de Resistencia, principal fuerza para salir del marasmo y refundar Honduras.

“A ocho meses del golpe de Estado en Honduras, el Frente Nacional de Resistencia Popular tiene un enorme trabajo de organización de todo el pueblo, con cobertura nacional. En la Resistencia, están las organizaciones y movimientos populares del país, independientemente de pensamientos políticos e ideologías.

“La Resistencia es la organización más fuerte que tenemos porque es un amplio movimiento social, al cual se han incorporado todos aquellos sectores que tradicionalmente no han tenido una estructura que los aglutine. Por ello, ahora barrios, villas, aldeas, caseríos están activos y participan organizadamente en las movilizaciones.

“Entre el 12 y 13 de febrero tuvimos la primera Asamblea Nacional de la Resistencia, donde definimos el carácter antiimperialista, antioligárquico y antineoliberal del Frente. Además dejamos claro que la conducción de nuestro proceso es horizontal e incluyente, y delineamos tres ejes principales para la acción: organizar, formar y movilizar. Realizamos movilizaciones constantemente. El pasado 27 de enero hicimos una gigantesca marcha y este 25 de febrero tendremos una similar.

“En el documento que aprobamos durante esa Asamblea, manifestamos que somos independientes de los partidos políticos. Y aunque existe gran diversidad en el Frente, reconocemos que está unida por objetivos comunes: una Asamblea Nacional Constituyente y la transformación de la sociedad hondureña. Esta organización no la teníamos en el pasado y es señal de fuerza y esperanza”.

En este momento el gobierno de Porfirio Lobo prepara una Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la lectura del Frente sobre esta maniobra?

“Los Acuerdos de San José, tomados días después del golpe de Estado, incluían entre los requisitos para la restitución del presidente Zelaya, la realización de una Comisión de la Verdad que esclareciera los acontecimientos del 28 de junio. Sin embargo, el plan norteamericano y de los golpistas fue no hacerla. La echan a andar ahora, con este heredero del golpe, cuando el Congreso de la República ya aprobó la amnistía para que los golpistas quedaran libres de culpa, impunes.

“Para nosotros no tiene sentido porque es extemporánea. Esa Comisión de la Verdad debió funcionar después de que Zelaya volviera a la presidencia. Y eso no pasó. En este momento no habrá castigo para los responsables de las violaciones que ha vivido Honduras. Sin embargo, los golpistas tienen un importante objetivo hacia afuera con esta maniobra.

“Pretenden dar una imagen de un gobierno democrático, respetuoso y lograr el reconocimiento internacional. Esto posibilitaría los desembolsos económicos, a través de ayudas, donaciones y préstamos que están detenidos.

“Nosotros nos hemos manifestado en contra porque además quienes están nombrados para participar pertenecen al partido en el poder. Para el pueblo hondureño no esperamos nada”.

¿Cuál es la vía para que las denuncias e informes sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras sean efectivos si estos han encontrado el silencio de las instituciones de justicia en el país?

“El castigo para los violadores de derechos humanos no se va a dar. En Honduras el gobierno actual sigue dirigiendo con las mismas estructuras que dieron el golpe. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policías siguen intactos. En el Congreso Nacional la mayoría de las diputadas y los diputados golpistas fueron reelectos.

“En el país solo hubo un cambio de cara al frente del Ejecutivo; la política es la misma y, además, la amnistía deja impune a los golpistas”.

Desde el 28 de junio, una ola de violencia ha inundado a Honduras. ¿La denominación de Oscar Álvarez como ministro de Seguridad, quien ya ha firmado con el gobierno colombiano un pacto en ese ámbito, puede considerarse una garantía de que la represión no cesará?

“El ministro de Seguridad Oscar Álvarez ejerció ese cargo en el gobierno de Ricardo Maduro Joest, desde el 2002 al 2006, durante el cual llevó a cabo capturas, persecuciones a dirigentes populares y otras acciones represivas.

“Ahora vuelve al ministerio con mucha más experiencia, y en un contexto en el que, como continuación del golpe de Estado, nos siguen asesinando a jóvenes, maestros, campesinos, sindicalistas. Durante los últimos días perdimos a tres compañeros. El miércoles pasado asistimos al entierro de un sindicalista de seguridad social. No tenemos esperanza de que la represión termine porque para los golpistas es un método que consolida a este gobierno y resguarda los intereses de la oligarquía.

“Pero tenemos una resistencia muy fuerte, organizada y movilizada. Eso es lo que podría contrarrestar o detener la represión que se ha desatado”.

No solo la represión ha profundizado la crisis social que vive el país. ¿Cómo han influido en esta situación otras medidas, por ejemplo, la paralización de proyectos vinculados al ALBA?

“Con el golpe de Estado el mayor perdedor ha sido el pueblo. Hemos dejado de recibir beneficios del ALBA como la Operación Milagro; becas para estudiantes en Venezuela y Cuba han sido canceladas, y el programa de alfabetización se detuvo. En octubre del 2009 queríamos declarar a Honduras libre de analfabetismo y no pudimos lograrlo.

“Desde el Frente vamos a intentar resolver esta situación a través de la ayuda de los gobiernos del ALBA. Estamos organizándonos para asumir esos proyectos y encaminarlos a través de la Resistencia”.

Como en otras ocasiones, Barahona reiteró el compromiso del Frente con un nuevo destino para Honduras y la decisión de no establecer diálogos con los golpistas. La Resistencia también se prepara como brazo electoral hacia los comicios del 2013, para conquistar la realización de una Asamblea Constituyente.

“Lo que justificó el golpe de Estado fue la cuarta urna. Pero más que a la consulta, le tuvieron miedo a la Constituyente porque íbamos a depositar el poder en el pueblo. Ahora lograr ese sueño es uno de nuestros principales desafíos. Por eso vamos a seguir luchando. Sabemos que ese es el único camino para los cambios políticos y sociales que necesita Honduras”.

Puntarenas: Denuncian a minera por destrucción en Miramar

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MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Dirección Geología y Minas
Fax 22 34 02 54
Expediente 7723
12-2-2010

Estimados Señores,

Con eso hago denuncia que la empresa “Exploraciones Mineras Quebrada Nancital SRL“ ha trabajado con equipo pesado en el puro cauce del Río Zamora.

A 100 metros río arriba de la planta de máquinas escarbaron un hueco de 6 × 6 metros y 3 metros de profundidad en el cauce y amontonaron el material en el centro del río. Hicieron un canal para el paso del agua.

Aparentemente con eso violaron las leyes de ambiente y de aguas.

Como pruebas ofrezco 3 fotos y 2 testigos y solicito la visita de un funcionario.

Contrario a esta actitud la empresa ha declarado en varias ocasiones, que sus exploraciones son de carácter netamente “artesanal“.

Por ejemplo en su Recurso de Revocatoria del 24-2-2004 (expediente 7723, folio 34) dice:

“Como se ha indicado en forma vasta y hasta la saciedad la actividad minera a desarrollar y su metodología es una minería de exploración prospectiva, no intensiva ni mecanizada, que consiste fundamentalmente en una actividad minera de simple colección de muestras en forma superficial a nivel de suelos, muestreo de rocas, muestreo geoquímico, muestreo de sedimientos, levantamientos topográficos, perforaciones manuales y no una actividad minera que vaya a causar un daño al medio ambiente incluyendose por supuesto daño alguno a los suelos.“ Véa también el Recurso de Apelación del 7-4-2003, folio 20, donde dice: „Que el programa de exploración aprobado así contempla una actividad meramente de exploración fundamentalmente superficial y en forma prospectiva como se indica en la solicitud, adicionalmente se establecen todas las previsiones que indica la ley para la protección del ambiente.“

En ambos casos el Señor Ministro acogió las apelaciones fundamentadas en estas afirmaciones.

Solicito que se aplique los artículos correspondientes de la ley 7554 y del decreto ejecutivo 25705 MINAE, en lo referente a las sanciones a que es sujeta la actividad en caso de incumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos.

Solicito pedir cuentas al Responsable Ambiental de la empresa cuyo nombre no aparece en el expediente y a los funcionarios de la DGM encargados de inspeccionar el proyecto mensualmente.

Vecinos de Miramar de Puntarenas, Tajo Alto
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MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Dirección Geología y Minas
Expediente 7723
12-2-2010

Estimados Señores,

El Sr. Jorge Dobles Montealegre en su calidad de gerente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa „Exploraciones Mineras Quebrada Nancite SRL“ declara en su solicitud (expediente 7723, folio 6 -hay 2 folios de esta numeración) : „ La extensión de (de la concesión, Ursula Hockauf) es de cuatro kilómetros cuadrados equivalente a cuatrocientos hectáreas de terreno … señalo que el proprietario de la extensión de los terrenos supracitados es la misma sociedad solicitante.“

El ministerio (aparentemente sin controlar inscripciones y planos catastrados) ha acceptado esta declaración, de manera que después apareció igualmente en La Gazeta 256 del 30-12-04, página 15, notificaciones del MINAE. Basado en el memorandum de la geóloga Sirzabel Ruíz: “4. – propietarios de los terrenos : El permisionario.“ (VER IMAGEN 3)

Igualmente el INTA en su nota al registro Nacional Minero del 27-1-2004 (expediente 7732, folio 30) dice: „El inmueble que no tiene plano catastrado es de cuatrocientos hectáreas…“.

hectáreas…“. Yo tengo fincas dentro de los terrenos señalados. Tengo escrituras y planos catastrados válidos.

Yo se que en los terrenos que le empresa declara de su propiedad, hay muchos otros propietarios de fincas.

Me opongo a las declaraciones supracitados. Solicito que se corrijan esta falsedad.

Que se consideren las consecuencias que ésta ha tenido en el otorgamiento de permiso de exploración.

Que se tomen las medidas correspondientes por la omisión de los funcionarios encargados.

Ursula Hockauf Gilbert
cédula 127 60012 1002
Miramar de Puntarenas, Tajo Alto, Calle Pavones, del cruce 1000m sur.

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Denuncia 3 y 4

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN GEOLOGÍA Y MINAS

Asunto: expediente 7723, dos denuncias 24-2-2010

Estimados Señores,

Al estudiar el expediente 7723, „Exploraciones Mineras Quebrada Nancital SRL“ dos asuntos económico – administrativos me llaman la atención. Me parece que se han tratado a estos de una manera irregular.

Primero:

En el expediente de SETENA 258-2000 que se refiere al mismo proyecto se lee: „Con la fecha 7-11-06 los representantes de la empresa solicitan la devolución de la Garantía Ambiental depositada aduciendo que la etapa de prospección ha finalizado.“ (Resolución 2394-06-SETENA, Resultando Tercero). En la misma Resolución en el

Por Tanto Segundo se lee „Se procede a la devolución del deposito de Garantía Ambiental por vencimiento debido a que el proyecto ha finalizado.“

Entiendo que la Viabilidad Ambiental de SETENA seguido por el Plan de Gestión Ambiental y el correspondiente Deposito de Garantía Ambiental son requisitos indispensables para mantener una concesión de exploración minera vigente.

Entiendo que por medio de varias solicitudes de prórrogas, que la DGM ha otorgado, la empresa ha mantenido vigente la concesión 7723 hasta la fecha. (El último pago de canon de superficie correspondiente al año 2010 se hizo el 30-12-09)

Resulta que desde 2006 esta concesión carecía del respaldo de la garantía Ambiental. Ahora que se observa varios daños ambientales en el terreno del proyecto me parece preocupante esta situación.

Solicito que la DGM tome las medidas que por derecho corresponden.

Para mi lo lógico sería la anulación de la concesión.

Segundo.

En el folio 67 de este expediente 7723 aparece el „detalle de derechos de superficie“ correspondiente al plazo 17-1-05 a 31-12-05, que con cierta demora fue cancelado el 19-10-05. (folio 68)

En la Resolución 154 (1-2-07, folio 93) la DGM advierte a la empresa que tiene que cancelar la suma de Colones 800.800.00, pago de canon 2006.

El 20-2-07 la empresa presenta un Recurso de Revocatoria contra esta Resolución.

En la Resolución 906 del 4-10-07, folio 101 la DGM rechaza este Recurso, aduciendo que „La obligación de cancelar el canon anual de superficie en el periodo de suspensión de labores… persiste.“

En el expediente 7723 no aparecen más Recursos de la empresa contra la Resolución 154. Supongo que entonces quedó firme.

En el folio 111 se encuentra el detalle de derechos de superficie (DGM 003-09, del 4-8-09) que indica que la empresa no había pagado estos derechos correspondienes a los 4 años 2006 – 2009.

En el expediente no aparece nota que hasta la fecha (19-2—10) se hubiere cancelado esta deuda que inclusvie las multas se suma a Colones 8.271.861,37.

Supongo que el pago de los canones es un requisito obligatorio para mantener vigente una concesión de exploración.

Solicito que la DGM tome las medidas que por derecho corresponden.

Para mi lo lógico sería la anulación de la concesión.

Atentamente

Julio Müller
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Denuncia 5

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
Dirección Geología y Minas

5-3-2010

Asunto: expediente 7723, denuncia

Denuncio la falta de información a las y los habitantes y errores en la tramitación del proyecto.

En la Resolución 429-2001-SETENA (9-7-00, expediente 258, folio 33) la Comisión Plenaria de la SETENA resuelve, que la empresa minera debe presentar algunos documentos faltantes. Bajo el título „Descripción del Proyecto“ dice: „No se adjunta copia del plano catastrado, ni se indica quíen es el propietario de los inmuebles donde se desarrollará esta etapa del proyecto y si cuentan con la autorización por escrito de los mismos.“

En una nota del 29-8-01 (folio 35) el representante de la empresa declara: „Conforme a la Resolución de esta Secretaria número 429-2001, aporto la documentación pertinente así requerida.“

Esta documentación (las autorizaciones de los propietarios en el AP) no se encuentra en el expediente. En realidad nunca se les había solicitado a los propietarios.

Más bien la empresa declaró que ella misma es propietaria de los terrenos del Àrea del Proyecto. (Exp.7723,folio 6 y La Gazeta 256, 2004, pag.15)

Ni obstante la SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental el 22-10-01 (Resolución 711-2001) y en base de esta la DGM otorgó el permiso de exploración.

Resulta que de esta manera se logró que los afectados ni se dieran cuenta de la existencia del proyecto.

En consecuencia se evitó que ellos se opusieran en el debido plazo a las declaraciones falsas sobre las características del Área del Proyecto, presentadas por la empresa y acogidas tanto por la SETENA como por la DGM. Así las y los habitantes en el AP quedaron en absoluta indefensa.

Denuncio estas omisiones y solicito que por esta razón se anule el permiso de exploración.

Las declaraciones que cuestiono son las siguientes:

„En cuanto a la flora y fauna se refiere, se nota una ausencia casi total de especies propias de la zona las cuales han cedido su lugar a especies introducidas para la agricultura y la ganadería. Por lo tanto las condiciones iniciales con las cuales se iniciará la fase de prospección son muy negativas .“(expediente 258-2000-SETENA, EIA, 9. Diagnóstico Ambiental, sín foliar).

Igualmente la Geol. Sirzabel Ruiz en su Memorando DGM-CPLC-73-2006, base de la Resolución 155 (folio 90), repite esta afirmación, detallando que „la zona ya está impactada por las actividades ganadera, agrícola y maderables, por lo que es notable la ausencia de flora, fauna natural o primaria.“

En su EIA la empresa declara : „Aspecto Turístico y Recreativo: La zona no tiene por el momento ningún desarrollo turístico…“ (Exp.258, Diagnóstico Ambiental sin foliar,) Igualmente en la „Información Ambiental Básica“ declara que „Dentro del AP y AIID no se encuentra una zona de atracción o utilización turística.“ (folio 8)

En realidad ya desde el siglo pasado funcionan 2 hoteles de alta categoría, el „Hotel Vista Golfo“ y „El Mirador“ en el Área del Proyecto, además una soda muy popular „Dilan“.

Al contrario a las informaciones de la empresa ,el Área del Proyecto es de una extraordinaria belleza escénica. Hasta el momento las aguas de la Zamora son cristalinas, corren por muchas cataratas y grandes pozas en roca lisa, un paraiso para los visitantes. Hay reservas privadas en las fincas de las familias Rojas y Cortez y hay anchas zonas de bosque primario en los litorales de las quebradas Zamora, Orozco, Nancital y dos más sín nombre, todas persistentes. Varias fincas tienen terrenos en reforestación.

Como prueba ofrezco 12 fotos. Son fotos del AP, no son fotos „ilustrativas de la región“.

Solicito la inspección ocular de un funcionario para que corrobore mis observaciones. Aparentemente (no se encuentra reporte) nunca se efectuó una visita en el AP, ni de parte de la SETENA ni de la DGM. A pesar de que la Resolución 407 (folio 61) pide la inspección de un funcionario “al menos una vez al mes.“

Yo personalmente he observado Osos Hormigueros, Pizotes, Perezosas, Coyotes, Venados, Armadillos, Monos Congo, Monos Cariblanco y una gran variedad de aves: Toledos, Gallinas del Monte, Pavas, Tucanes, Oropendulas, Motmots, Gavilanes, Halcones, Garzas, Lechuzas y muchos otros en el Área del Proyecto.

Varios vecinos están dispuestos a corroborar esto con sus propias observaciones.

Resulta que las aseveraciones de la empresa y de la DGM son absolutamente falsas.

Las y los habitantes lamentamos que nuestros esfuerzos de conservar un ambiente equilibrado en una zona „común“ – no hay Parque Nacional ni otro museo natural – son despreciados de esta manera.

Me preocupa que más tarde, después de realizar talas de bosque y otras destrucciones en el ambiente la empresa podría insistir que éstas ya hubieren existido como „condiciones iniciales“ acogidas por la DGM.

La misma estrategia se ha observado en otros proyectos de la zona.

Solicito que – en caso que no se anule la concesión – se rectifique las afirmaciones falsas en el expediente.

Julio Müller

Posición de la U.C.R. sobre el caso JAPDEVA

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El Consejo Universitario,

CONSIDERANDO QUE:

1. En el artículo 3, del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, se establece que: La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.

2. El futuro de los puertos de Limón, dada la importancia estratégica que tienen estas actividades para JAPDEVA, esta provincia y el país, debe tomar en cuenta no solo criterios de eficiencia y mercado, sino, principalmente, su impacto social, en términos de empleo, calidad de vida e inversión pública; por ello, las decisiones que se adopten deben ser producto de un amplio consenso nacional y no el resultado de la imposición de intereses corporativos.

3. La política de concesión de obra pública en Costa Rica se inició en 1994, mediante la creación de la Ley General de Concesión de Obra Pública, Ley N. ° 7404. En sus 16 años, el impulso de esta política en nuestro país no ha demostrado la eficiencia ni la atracción de inversión extranjera prometida y, en cambio, sí ha tenido efectos negativos en usuarios, trabajadores(as), las comunidades afectadas y el Estado, que terminan en muchos casos costeando la inversión y asumiendo las pérdidas. Algunos ejemplos fallidos son el caso de Marnhos y de Alterra.

4. La libertad sindical está expresamente regulada en el artículo 60 de la Constitución Política, como parte de las Garantías Sociales. La libertad y la autonomía del sector laboral de organizarse, sin intervención del Estado, está tutelada por diversos convenios internacionales
de derechos humanos ratificados por nuestro país, incluyendo los convenios 87 (Libertad sindical y protección del derecho de sindicalización) y 98 (Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados mediante la Ley N.° 2561; el Convenio 11 de la OIT (Derecho de Asociación en la Agricultura), ratificado por Ley N.° 3172, y la Recomendación 143 y el Convenio 135 de la OIT, ratificados por medio de la Ley N.° 5968.

5. La libertad sindical está expresamente recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Ley N.° 4229; en el artículo 8 del Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales (Protocolo de San Salvador), ratificado por Ley N.° 7907, y en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por Ley N.° 4534. Asimismo, el Código de Trabajo tutela la libertad sindical en los artículos 332 y siguientes.

6. El Estado costarricense no ha ratificado los Convenios de la OIT números 151 y 154 para la negociación de convenciones colectivas en el sector público.

7. El rechazo del Sindicato de JAPDEVA a la propuesta del Gobierno de entregar en concesión al sector privado transnacional los puertos de Moín y Limón, se fundamenta en las consecuencias lesivas que esta tendría no solo para JAPDEVA, sino, también, para el desarrollo de la provincia de Limón y el desarrollo nacional, debido a que la principal fuente de financiamiento de esta entidad es producto de la administración de un 11% del total de los servicios portuarios.

8. Dentro de las acciones ilegítimas que ha realizado el Gobierno, está la oferta de otorgar una indemnización, adicional a las prestaciones legales, de aproximadamente 80.000 millones de colones (137 millones de dólares), a los trabajadores de JAPDEVA que se desafilien del Sindicato y acepten la concesión de los muelles al sector privado. Además, no hay claridad sobre la forma de financiación de los fondos para costear esta indemnización.

9. Otras acciones del Gobierno y la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA para doblegar la posición del Sindicato, incluyen impedimentos para que pudieran realizar su propia Asamblea y la convocatoria ilegal a un sector de los trabajadores de JAPDEVA, con el propósito de crear una organización sindical paralela que acepte la propuesta del Gobierno.

10. Promover y definir, por parte del Gobierno, agendas de las asambleas del Sindicato, tanto relacionadas con su plan de acción, como sería el rechazo o no de una propuesta gubernamental, como la sustitución a medio período de una junta directiva sindical, válidamente nombrada, constituyen graves violaciones a la libertad sindical, a la legislación nacional y a convenios internacionales que expone al país a una sanción internacional.

11. Es contradictorio que el Gobierno esté dispuesto a pagar a los trabajadores de JAPDEVA el monto antes señalado, mientras que la inversión para la modernización portuaria de Limón tiene un costo de aproximadamente 45.000 millones de colones (80 millones de dólares), un monto significativamente menor a lo ofrecido por parte del Gobierno a los trabajadores.

ACUERDA:

1. Instar al Gobierno a que implemente una política de desarrollo integral y de búsqueda del bien común en Limón y desestime la concesión de los puertos de Moín y Limón, por cuanto tendría un efecto social negativo para miles de trabajadores y trabajadoras limonenses y sus familias.

2. Demandar del Gobierno el respeto al principio constitucional de la autonomía sindical y el cese inmediato de las acciones hostiles e ilegales que ha desarrollado contra SINTRAJAP.

3. Censurar el ofrecimiento ilegítimo de pago adicional que ha hecho el Gobierno a los trabajadores de JAPDEVA, condicionado el pago a que se desafilien del Sindicato y acepten la propuesta de concesión de la administración de los puertos al sector privado transnacional.

4. Exhortar al Gobierno a que inicie de inmediato el fortalecimiento y la modernización de los
puertos de Moín y Limón, y no proceder a concesionarlos.

5. Instar a la Presidenta electa, señora Laura Chinchilla, a que no continúe con la política de imposición del actual Gobierno y retome la vía del diálogo para llegar a acuerdos sobre el futuro de los puertos de Limón y sobre la concesión de obra pública. En esa línea, también la instamos a revisar las concesiones que se han otorgado en los últimos años, que no han cumplido los compromisos formales adquiridos, ni han llenado las expectativas generadas.

6. Solicitar a la señora Presidenta electa que en su gobierno cesen los actos de violación a la autonomía sindical, las restricciones al derecho de negociación colectiva y se ratifiquen los Convenios números 151 y 154, para la negociación de convenciones colectivas en el sector
público.

7. Publicar en los diferentes medios de comunicación el presente acuerdo y darle la mayor difusión.

SINTRAJAP: Costa Rica se expone a sanciones

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Don Óscar Arias y sus ministros de la Presidencia y de Trabajo, al no poder convencer al Sindicato de Trabajadores de Japdeva (SITRAJAP) para que acepte su plan de concesiones para los Puertos de Limón, promueven abiertamente la desestabilización de esa organización sindical: ofrecen millonarias indemnizaciones directamente a los trabajadores, en contraposición a la convención colectiva de trabajo vigente; promueven una demanda judicial para ilegalizar al Sindicato y facilitan las condiciones para que trabajadores disidentes conformen una estructura paralela a los órganos sindicales, sustituyendo ilegalmente a la representación independiente.

Más allá de las bondades o defectos del plan de concesiones portuarias, de lo cual ya se ha escrito mucho, al intervenir en SITRAJAP, el Gobierno está incurriendo en violaciones flagrantes a la Libertad Sindical, entendida en su ámbito colectivo, como la independencia del sindicato – garantizada por el Estado – para realizar sus actividades de manera libre y efectiva, frente a los empleadores y frente al propio Estado.

En relación con éste último, impera el deber de garantizar una serie de prerrogativas de la organización: la libertad de representación (o derecho de elegir libremente a sus representantes), la libertad de administración, de organización interna y de formación del programa de acción.

Para evidenciar la gravedad de la falta en que incurre el Gobierno en este caso, cabe recordar que la Libertad Sindical es uno de los Derechos Humanos que, como tal, es un derecho consuetudinario internacional, lo que significa que independientemente de su cita en los convenios internacionales está por encima y fuera del alcance de éstos, siendo también uno de los denominados derechos de postguerra, que se caracterizan por ser derechos para la paz y la democracia.

Razón tienen los sindicalistas de protestar airadamente ante el Ministro de Trabajo, pues si el propio Estado no respeta la Libertad Sindical, en el futuro no habrá ningún empleador que se sienta obligado a cumplir con ella.

El asunto debería preocupar también a los sectores empresariales en actividades de exportación y a la Presidenta Electa, porque el capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio con EEUU y otros países de la región (CAFTA) impone a Costa Rica la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores internacionalmente reconocidos. Entre ellos se encuentran, por supuesto, los relativos a la Libertad Sindical.

El gobierno de don Óscar Arias, al intervenir en los asuntos internos de SITRAJAP, expone a Costa Rica, que podría recibir por ello las sanciones previstas en el CAFTA. Para evitar el riesgo, debería cesar de inmediato todo acto de agresión al Sindicato y regresar con él a una negociación respetuosa acerca de sus diferencias sobre el desarrollo portuario.

*Abogado.

Fuente: Página Abierta – Diario Extra
Martes 16 de Febrero de 2010 14:55

¡Urgente! Crear trabajo decente

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No obstante, hay una dimensión en este proceso de reactivación que preocupa y que es motivo de atención: no se están generando los puestos de trabajo necesarios para recobrar las plazas perdidas durante la crisis y para brindar empleo a los jóvenes que buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral.

El presidente Obama en su primer informe del Estado de la Unión hace pocas semanas se refirió a la situación de los millones de desempleados y las dificultades que afrontan, señalando que la generación de empleo será la máxima prioridad de su gobierno. “El empleo debe ser nuestro objetivo número uno en 2010 y por eso pido este año un proyecto de ley para la creación de nuevos trabajos”, dijo Obama al Congreso.

Según el director del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, “la mayor parte de las economías avanzadas y algunas emergentes tienen un alto desempleo, así que es difícil afirmar que la crisis ha terminado cuando el paro no se reduce”. En su criterio la crisis mundial no concluirá mientras el desempleo sea elevado y las políticas públicas deben dirigirse a la creación de trabajo.

En Costa Rica la desocupación de la mano de obra es también un problema que exige respuestas urgentes del gobierno. El aumento de la tasa de desempleo en el último año, al pasar del 4,9% en 2008 al 7,8% el año pasado, constituye una señal de alarma por las implicaciones humanas y sociales que significa y por el desperdicio económico que representa.

Resulta impostergable la formulación de una “política nacional de empleo”, de la que carecemos en el país desde hace muchos años. Así lo expresó la OIT en el estudio elaborado por Eduardo Alonso publicado en marzo de 2004; y lo reiteró recientemente la Contraloría General de la República en relación con el empleo público.

La generación de puestos de trabajo se ha visto en nuestro país como un subproducto del crecimiento de la producción y del aumento de las exportaciones, y no como un elemento esencial de la estrategia de desarrollo nacional. Esa visión la contradice la realidad actual. Las economías se recuperan de la recesión pero no están creando empleos.
Durante la campaña electoral, la candidata Laura Chinchilla, ahora presidenta electa, puso gran énfasis en el “trabajo decente para los adultos”. Creemos que esa debe ser, efectivamente, una prioridad en su administración. Y no debe subordinarla a los criterios extremistas de quienes reverencian la estabilidad macroeconómica como virtud suprema, algo que muchos males le ha ocasionado a Costa Rica al postergar obras esenciales en infraestructura en aras del equilibrio fiscal y al contener la inversión privada con altas tasas de interés.

La formulación de un plan nacional de empleo sustentado en los principios del trabajo decente, concebido como “ocupación productiva justamente remunerada que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana” debe ser un imperativo.

Un plan de esa naturaleza debe contemplar tanto el corto como el mediano plazo; elaborarse de manera tripartita entre el gobierno y los gremios laborales y empresariales; integrar políticas públicas y contar con una decidida voluntad política. Ojalá doña Laura ponga todo su empeño en lo prometido.

Vacunación AH1N1: Ciudadanía solicita intervención de Defensoría

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Carta entregada el 1 de febrero a la Defensora de los Habitantes

San José, 20 de enero, 2010

Señora Ofelia Taitelbaum Joselevich
Defensora de los Habitantes
Defensoría de los Habitantes
San José

Estimada Sra. Defensora:

Por medio de la presente, solicitamos a la Defensoría de los Habitantes realizar, con carácter de urgencia, una investigación en relación con la decisión tomada por las autoridades sanitarias de Costa Rica de efectuar una vacunación obligatoria masiva contra el virus de la Influenza AH1N12009, en nuestro país. La palabra masiva deriva de las dosis de vacuna que han sido solicitadas por nuestras autoridades (1.800.000 dosis), y de la afirmación de que se podría obligar por decreto, a las personas a vacunarse, particularmente a mujeres embarazadas, al personal de salud, de la Fuerza Pública, de los Bomberos, y a los pacientes con determinadas patologías (La Nación, 15 de enero 2010, página 8A, y La Extra, 15 de Enero de 2010, página 18), a diferencia de la escogencia voluntaria de vacunarse o no, ofrecida, a los ciudadanos, por los gobiernos de México, España, los Estados Unidos, Italia, Francia y otros países.

Algunos de los solicitantes de esta investigación habíamos dirigido, el 21 de octubre de 2009, una excitativa al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, con copia a esta Defensoría, para que se pronunciara sobre este asunto, e idealmente para que organizara un debate sobre el tema. Desafortunadamente, la Junta Directiva del Colegio de Médicos, puso oídos sordos a estas gestiones y no dio razón de su posición al respecto. La Defensoría tiene copia de la carta mencionada, pero la adjuntamos nuevamente.

La OMS eliminó de la definición tradicional de pandemia el criterio de severidad y de esa forma pudo declarar como “pandemia” a la gripe AH1N1 2009 (Doshi P. ‘ How should we plan for Pandemics, BMJ 2009, vol. 339:603-605). Algunas publicaciones internacionales, han sugerido que este cambio se hizo por presión de las compañías farmacéuticas. Estas sospechas, junto con el descubrimiento de profundos conflictos de interés entre las farmacéuticas y las autoridades mundiales de salud, llevaron al Comité de Salud del Consejo Europeo, presidido por el Dr. Wolfgang Wodard, a solicitar, en forma unánime, una investigación sobre el tema a su Asamblea Parlamentaria, iniciativa que será conocida entre el 25 y el 28 de enero en Estrasburgo. El Dr. Wodarg se refirió a esta pandemia como “…uno de los mayores escándalos médicos del siglo.” En su criterio, “…millones de personas saludables están siendo expuestas innecesariamente a los riesgos de una vacuna insuficientemente probada” ( L´ Humanité 7 de enero de 2010; Le Monde. FR. Avec AFP, 7 de enero 2010; L´ Humanité 19 de enero de 2010; Le Temps 19 de enero 2010).

Ha quedado demostrado que el virus de Influenza AH1N12009 es más benigno que el de la gripe estacional. Esto deja sin sustento el Decreto de Emergencia N° 35217-MP-S, del Ministerio de Salud costarricense, que se basó en premisas que pudieron haber sido ciertas, pero no lo fueron. El decreto cimentado en esas presunciones ha ocasionado gastos extraordinarios en la implementación de una campaña de vacunación masiva, que en este momento no se justifica. Más importante aún, las vacunas que se utilizarán se produjeron en muy corto tiempo, y carecen de estudios que demuestren la seguridad y eficacia de las mismas, como se exige a cualquier medicamento en condiciones normales (PANENZA, reporte de evaluación público FR/H/447/01-02/DC de la afssaps de Francia; Timerosal in vaccines http://www.fda.gov/BiologicBloodVaccines/Safety Availability /).

La vacuna PANENZA que se usará en Costa Rica, contiene Timerosal, en una dosis de 45 mcg/0.5cc, producto de muy dudosa seguridad, particularmente cuando se usa en niños menores de 6 años y en mujeres embarazadas. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que a los niños con edades entre 6 meses y 8 años se les vacunará con dos dosis de esta vacuna (La Nación, 20 de Enero 2010, página 15A). Dosis consideradas inaceptables por su alto contenido de mercurio. En los Estados Unidos no se recomiendan las vacunas que contienen Timerosal para niños ni mujeres embarazadas. En Estados Unidos, las vacunas con Timerosal no serán utilizadas en esas poblaciones. Ya hay acciones legales, incluyendo una sentencia, asociando el autismo con vacunas del Timerosal.

Se desconoce quién asumirá las responsabilidades, en Costa Rica, si se dan efectos secundarios, en los vacunados, con PANENZA. Según expresó la Sra. Ministra de Salud, hay un contrato entre la OMS-OPS y los productores de vacunas, cuyo texto se desconoce, donde constarían las responsabilidades de los firmantes. De modo que para la protección de los ciudadanos costarricenses, es obligatorio conocer cómo se gestionó, desde su raíz, esta compra de vacunas, y a qué se comprometió cada actor (OMS-OPS- Farmacéuticas y el Gobierno costarricense).

Existen normativas en los Estados Unidos, y en Europa, que eliminan las responsabilidades de las compañías farmacéuticas sobre los efectos secundarios producidos por las vacunas. Este requisito lo exigieron esas compañías a los gobiernos, para acelerar la producción. Debido al rechazo de la mayoría de la población a vacunarse, varios países, entre ellos Francia, Alemania, España, Reino Unido, Italia etc. están tratando de devolver millones de dosis de vacunas, por lo que hay ahora en el mercado una sobreoferta.

No ha existido, hasta el momento, una campaña de información integral y actualizada a los ciudadanos, de parte del Ministerio de Salud y de la CCSS, sobre esta “pandemia”, y el posible riesgo-beneficio de la vacuna. No sería aceptable que se le obligue a cada ciudadano a levantarse la manga y se le ponga la vacuna, sin que éste conozca suficientemente de qué se trata. Aunque la ley permite en determinadas circunstancias una vacunación obligatoria, ésta medida debe tener, si éste fuera el caso, un debido proceso, ineludible e inobjetable que incluye el criterio de proporcionalidad y una motivación incuestionable. Es importante recordar que no se han hecho estudios que demuestren la efectividad de esta vacuna para prevenir la gripe H1N1, o sea no sabemos si sirve.

El gobierno francés exige al comercializador de la vacuna un seguimiento de cada vacunado y cada lote de vacuna, e informes periódicos y estudios post-mercadeo para asegurarse particularmente de que no hay efectos secundarios. En Costa Rica se desconoce cómo va a ser el proceso, y pareciera que la responsabilidad queda toda restringida a las autoridades de salud. Dado que hasta el 16 de diciembre supo nuestro país, según la Sra. Ministra de Salud, cuál vacuna nos había asignado la OPS, es de esperar que se requiere tiempo y organización para que cada candidato a la vacuna, conozca las características específicas de la vacuna PANENZA. Es de elemental prudencia y derecho de los ciudadanos, antes de ser vacunados, que se les suministren los instructivos que la Sanofi-Pasteur elaboró, con la composición, características y riesgos del producto que se pretende utilizar en Costa Rica.

Solicitamos que la Defensoría actúe en defensa de la salud de la población especialmente de embarazadas y niños, teniendo en cuenta que estamos frente a una campaña de vacunación masiva obligatoria, desconociendo la eficacia y seguridad de la vacuna, de cara a una gripe mas benigna que la gripe de todos los años.

También solicitamos a la Defensoría nuestra participación en los procesos que se deriven de esta investigación, para tener oportunidad de ampliar la documentación sobre lo aquí señalado, y que por razones de espacio, debimos dejar en el tintero.

Atentamente,

Firmas de decenas de personas en el original

Notificaciones al FAX 22631025

CC.
Dra. María Luisa Ávila. Ministra de Salud
Ing. Eduardo Dorian Garrón. Presidente Ejecutivo CCSS.
Directiva CCSS
Contraloría General de la República
Colegio de Médicos y Cirujanos
Colegios Profesionales
Asamblea Legislativa
Defensoría del Niño
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Universidades Públicas
Iglesias: Católica, Evangélica, Episcopal, Luterana etc.
Sindicatos
Medios de comunicación

El Salvador: terrible situación en la zonas francas de exportación

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Existe una clara política antisindical y de despido de los trabajadores o trabajadoras que tienen intensiones de unirse a un sindicato o de formar uno. Muchas personas consideran que las condiciones de trabajo en las zonas francas de exportación pueden asimilarse al trabajo forzoso.

El 15 de enero de 2010, Victoriano Abel Vega, Secretario General de SITRAMSA (Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de la Alcaldía de Santa Ana), fue asesinado cuando se dirigía a San Salvador, donde debía asistir a una reunión con otros sindicalistas para preparar un procedimiento de queja en relación con el despido injustificado de varios empleados del municipio de Santa Ana, en violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT. Había recibido amenazas de muerte en conexión con su papel como dirigente sindical y por haber manifestado su condena de los despidos. En una carta dirigida a las autoridades salvadoreñas, la CSI insta al Presidente Mauricio Funes a emprender inmediatamente una investigación para identificar y castigar con todo el rigor de la ley a todos los responsables de este brutal crimen.

El informe de la CSI, publicado para coincidir con la revisión de las políticas comerciales de El Salvador por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), concluye que numerosos empleados públicos tienen prohibido ejercer su derecho a organizarse y que el derecho de huelga es tan restringido, que resulta prácticamente imposible hacer huelga. Pese a que El Salvador ratificó recientemente los Convenios fundamentales de la OIT sobre los derechos sindicales a fin de poder beneficiarse del acceso al régimen de ventajas comerciales SGP de la Unión Europea, éstos aún no se aplican en la práctica. Los trabajadores y trabajadoras del sector privado se enfrentan a un gran número de restricciones, tales como el exceso de formalidades y requisitos antes de poder constituir o afiliarse a un sindicato. Las prácticas antisindicales están muy extendidas, y las autoridades públicas no intervienen para ponerles alto. Además, la ley no prevé la reincorporación de los trabajadores ilegalmente despedidos debido a su afiliación o sus actividades sindicales.

En El Salvador, las mujeres ganan el 88% del salario medio de los hombres y están insuficientemente representadas en los empleos altamente cualificados y con altos salarios. El informe revela que hasta la fecha, el gobierno no ha adoptado ninguna política en materia de igualdad de oportunidades y que su respuesta a la discriminación tanto en el empleo como en la remuneración ha sido sumamente insuficiente. La legislación nacional aún no menciona el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con lo estipulado en los Convenios de la OIT.

El trabajo infantil sigue siendo un problema generalizado, que el gobierno no ha abordado adecuadamente. Es particularmente preocupante la persistencia de las peores formas de trabajo infantil, tales como la fabricación de fuegos artificiales, el trabajo en los vertederos de basura y la prostitución. Según los datos oficiales, más del 67% de los niños y niñas trabajan en alguna forma. En las zonas rurales, las niñas y niños trabajan en la agricultura y el comercio, mientras que en las zonas urbanas, se emplean más frecuentemente en la venta ambulante y la manufacturación.

Otra de las conclusiones del informe es que el trabajo forzoso, si bien está fuera de la ley, se produce a través de la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. El trabajo forzoso también existe en las cárceles, donde los presos condenados están obligados a trabajar.

Fuente: rebanadasderealidad.com.ar
Bruselas, 10 de febrero de 2010