Incidencia

El AdA, un nuevo TLC con Europa

Publicada el 02/11/2009 | por | Dejar un comentario

La decisión política anunciada en el mes de mayo del 2006, por los representantes de los gobiernos Europeos y Centroamerica, incluyendo a Panamá, en el marco de la cumbre de Viena, de iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centro América, es considerada como la continuación de un proceso que comenzó en 1984, al que se le denominó Diálogo de San José, que sentó las bases para las
ulteriores conversaciones entre las partes, como las desarrolladas en Florencia en 1996 y en Madrid en el 2002 y especialmente el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, conocido como el Acuerdo de Roma firmado en el año 2003, en el que reafirman la disposición a consolidar las relaciones entre las partes mediante el desarrollo del dialogo político y la intensificación de la cooperación; así mismo, establecieron de manera explicita reforzar la cooperación en la esfera del comercio y de las inversiones y el compromiso de crear las condiciones para la negociación de un Acuerdo de Asociación, incluido el acuerdo de libre comercio.

Esta postura fue ratificada por las partes en el marco de la cumbre de presidentes y jefes de estado de América Latina y Europa, realizada en Guadalajara, México en el año 2004.

Es importante señalar que tanto el Acuerdo de Roma, como el de Guadalajara, establecieron como condicionante del proceso, la necesidad de que Centro América avanzara en su proceso de integración económica y política, particularmente en la constitución de la Unión Aduanera. De tal manera que las negociaciones del Acuerdo de Asociación serían a nivel de bloques y no de forma individual con cada país, distanciándose de esta manera con el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio que estaban llevando a cabo los países de la región Centroamericana con los Estados Unidos.

De lo anterior se puede concluir que se esta frente a dos procesos interdependientes, la negociación de la Unión Aduanera por los países Centroamericanos, pero este visto como condición para avanzar en la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centro América, incluyendo a Panamá.

Con el propósito de avanzar en el debate sobre este nuevo proceso de negociación y considerando su importancia tanto económica como política, se presentan a continuación lo que pudiera ser un primer acercamiento a los contenidos y posibles dinámicas que se desarrollarán durante el proceso negociador.

El documento completo se encuentra en la columna de la derecha, en archivos adjuntos. El documento se encuentra en formado PDF.

Honrar a las víctimas de la tragedia de Turrubares

Publicada el 02/11/2009 | por | Dejar un comentario

San José, 2 de noviembre de 2009.

S.G. 09-11-0230-09

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República

Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro de la Presidencia

Casa Presidencial
Sus despachos

Asunto: Deber de honrar y recordar siempre el sacrificio de las cinco personas fallecidas en la tragedia de Turrubares, con la caída del puente sobre el Río Grande de Tárcoles

Estimados señores:

Con respeto, les hacemos llegar atento saludo de nuestra parte, a nombre de las organizaciones que nos honramos en representar, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La muerte de cinco costarricenses producto de la negligencia mortal que significó la caída del puente sobre el Río Grande de Tárcoles, no debe quedar impune bajo ninguna circunstancia. La demanda de responsabilidades políticas, gracias a una gran presión ciudadana, obligó a la salida (_“renuncia”_), de la máxima responsable del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la señora Karla González Carvajal. En este plano de lo político, quedan más cuentas que pedir, como la que se refiere al papel jugado por el señor Pedro Castro Fernández, Viceministro del MOPT en el área de Obras Públicas.

En el plano judicial, las correspondientes autoridades ya están actuando y es de esperar que a nivel penal, muchas personas tendrán que rendir cuentas por la indicada negligencia mortal.

No obstante, los y las compatriotas que dieron su vida creyendo que la acción pública así se las garantizaba, no deben ser olvidados jamás, puesto que su sacrificio, producto de la indicada negligencia mortal, tiene que ser recordado siempre, dado que el mismo habrá preservado la vida de miles de otras personas que transitarán por aquellos puentes que serán reparados en el marco de condiciones generados por su muerte.

Efectivamente, en medio del dolor, el enojo, el escándalo y la indignación de la gente por una tragedia que pudo haber sido evitada, de un pronto a otro, aparecen quince millones de dólares que, ahora sí, tienen destino específico como por arte de magia: serán empleados en la reparación de aquellos puentes que ya se saben están en condición crítica, de riesgo y que, por tanto, deben ser atendidos con urgencia para que no haya más tragedias, con personas fallecidas incluidas, con la ocurrida en Turrubares, el pasado jueves 22 de octubre de 2009.

Es decir, tuvieron que dar su vida, como héroes de una tragedia más que anunciada, cinco costarricenses provenientes de la gente del pueblo, de la gente sencilla, de la gente de la clase trabajadora. Con su sacrificio, otros y otras no morirán, pues ahora aparecieron 15 millones de dólares para reparación de puentes en estado crítico, es decir, como indicamos, para que nadie muera más producto de la caída de un puente en mal estado.

En homenaje a quienes dieron su vida en la tragedia del puente sobre el río Grande de Tárcoles, estamos promoviendo por intermedio de sus dignas autoridades, que los primeros cinco puentes que se reparen con esos quince millones de dólares, honren la memoria de cada una de los y las cinco compatriotas que perdieron su vida por la ya consabida negligencia mortal, siempre y cuando sus respectivos núcleos familiares estén de acuerdo.

Las ciudadanas fallecidas, Norma Jiménez Cerdas, Marta Isabel Artavia Granados y Natalia Meléndez Quesada; así como los ciudadanos Efraín Merino Santamaría y William Gutiérrez Chaves, merecen un sitial de honor, merecen una placa que recuerde su nombre para que siempre tengamos presente las enormes consecuencias que implica priorizar una política pública centrada en propiciar las ganancias de negocios con los servicios públicos para unos cuantos; versus la búsqueda y la promoción del bien común para toda la sociedad, incluyendo a segmentos de la misma que pareciera que la atención de sus necesidades no generará rentas de corto plazo.

El martirio de estas distinguidas personas de nuestra comunidad costarricense, sin renombre público pero de enorme significado para sus familiares y para sus comunidades, debe recordarnos que el objetivo central de la política pública debe ser la vida de la gente y no el lucro de unos cuantos; y debe recordarnos que tal negligencia mortal no se hubiese manifestado si la prioridad de la política pública estuviese centrada en el bien común y no la ganancia egoísta de corto plazo.

Agradecemos al señor Presidente de la República y al Ministro de la Presidencia que nos brinden una respuesta a este planteamiento con base en lo que estable el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Reiterándoles nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

cc.: Organizaciones de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Movimientos sindical y social costarricenses.
cc.: Asamblea Legislativa de Costa Rica.
cc.: Honorable Consejo de Gobierno de la República.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Personas trabajadoras afiliadas a la ANEP.
cc.: Archivo.

Israel raciona el agua a pueblo Palestino

Publicada el 01/11/2009 | por | Dejar un comentario

Amnistía Internacional ha acusado a Israel de negar a la población palestina el derecho al agua al ejercer el control total de los recursos hídricos comunes y aplicar políticas discriminatorias.
Sin razón alguna, estas políticas restringen la disponibilidad del agua en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) e impiden a los palestinos desarrollar una infraestructura hídrica efectiva allí.

“Israel sólo permite a los palestinos el acceso a una pequeña parte de los recursos hídricos comunes, que se encuentran en su mayor parte en la Cisjordania ocupada, mientras que los asentamientos israelíes, establecidos ilegalmente allí, tienen un suministro casi ilimitado de agua –ha manifestado Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional para Israel y los TPO–. En Gaza, el bloqueo israelí ha agravado una situación que era ya crítica.”

En un nuevo y extenso informe, Amnistía Internacional revela hasta qué punto el carácter discriminatorio de las políticas y prácticas hídricas de Israel niega a la población palestina su derecho de acceso al agua.

Israel consume más del 80 por ciento del agua del acuífero de la montaña, principal fuente de agua subterránea de Israel y de los TPO, a la vez que restringe a sólo el 20 por ciento el acceso palestino a él.

El acuífero de la montaña es la única fuente de agua de la población palestina de Cisjordania, pero sólo una de la varias que tiene Israel, que consume también todo el agua disponible del río Jordán.
Mientras que el consumo diario de agua palestino apenas alcanza los 70 litros por persona, el israelí es de más de 300 litros al día, el cuádruple.

En algunas comunidades rurales, los palestinos sobreviven con apenas 20 litros de agua al día, el volumen mínimo recomendado para uso doméstico en las situaciones de emergencia.

Entre 180.000 y 200.000 personas que viven en comunidades palestinas rurales no tienen acceso a agua corriente, y el ejército israelí con frecuencia les impide incluso recoger el agua de lluvia.

En cambio, los colonos israelíes, que viven en Cisjordania pese a violar con ello el derecho internacional, tienen cultivos de riego intensivo, exuberantes jardines y piscinas.

Los colonos, cuyo número asciende a alrededor de 450.000, tienen tanto o más agua que los 2,3 millones de personas que forman la población palestina.

En la Franja de Gaza, el 90 o el 95 por ciento del agua de su único recurso hídrico, el acuífero costero, está contaminada y no es apta para el consumo humano. Sin embargo, Israel no permite que se lleve agua del acuífero de la montaña de Cisjordania a Gaza.

Las fuertes restricciones que Israel ha impuesto en los últimos años a la entrada en Gaza de material y equipo necesarios para el desarrollo y la reparación de la infraestructura han agravado aún más la situación allí desde el punto de vista del suministro de agua y el saneamiento, que ha alcanzado proporciones de crisis.

Ante la falta de agua y de una red de suministro, muchos palestinos tienen que comprar el agua de cisternas ambulantes, que a menudo es de dudosa calidad y mucho más cara.

Otros recurren a medidas de ahorro de agua que son perjudiciales para su salud y la de sus familias y que obstaculizan el desarrollo socioeconómico.

“Durante más de cuatro decenios de ocupación, las restricciones impuestas por Israel al acceso de los palestinos al agua han impedido el desarrollo de infraestructuras e instalaciones hídricas en los TPO, negando así a millares de palestinos el derecho a llevar una vida normal, a tener una alimentación y una vivienda adecuadas o salud y al desarrollo económico”, ha señalado Donatella Rovera.

Israel se ha apropiado de grandes extensiones de las tierras palestinas con abundante agua que ocupa y prohíbe a los palestinos el acceso a ellas.

También ha impuesto un complejo sistema de permisos, que los palestinos deben solicitar al ejército y a otras autoridades israelíes para emprender cualquier proyecto hídrico en los TPO. Es habitual que las solicitudes de tales permisos sean rechazadas o tarden mucho en atenderse.

Las restricciones impuestas por Israel a la circulación de personas y mercancías en los TPO agravan aún más la dificultades que encuentran los palestinos para poner en marcha proyectos de suministro de agua y saneamiento, e incluso para distribuir pequeñas cantidades de agua.

Los camiones cisterna se ven obligados a dar grandes rodeos para evitar los controles militares israelíes y las carreteras por las que los palestinos tienen prohibido circular, lo que genera enormes subidas del precio del agua.

En las zonas rurales, los habitantes de los pueblos palestinos se esfuerzan continuamente por encontrar agua suficiente para sus necesidades básicas, pues el ejército israelí les destruye a menudo las cisternas de agua de lluvia y les confisca los tanques de agua.

En cambio, en los cercanos asentamientos israelíes, los aspersores riegan los cultivos al sol del mediodía, cuando se desperdicia gran parte del agua, que se evapora antes de llegar al suelo.
En algunos pueblos palestinos, como el acceso al agua está sujeto a tan rigurosas restricciones, los campesinos no pueden cultivar la tierra, ni siquiera para cosechar pequeñas cantidades de plantas para su consumo personal o para el forraje de los animales, y se han visto obligados a reducir el tamaño de sus rebaños.

“El agua es una necesidad básica y un derecho, pero para muchos palestinos incluso conseguir pequeñas cantidades de agua de mala calidad para subsistir se ha convertido en un lujo que apenas pueden permitirse”, ha explicado Donatella Rovera.

“Israel debe poner fin a sus políticas discriminatorias, levantar de inmediato todas las restricciones que impone al acceso de los palestinos al agua y asumir la responsabilidad de ocuparse de los problemas que ha creado, permitiendo a los palestinos hacer uso de la parte de los recursos hídricos comunes que les corresponde.”

Documento completo

27 octubre 2009

Con 187 votos la ONU condenó el bloqueo de EE.UU. contra Cuba

Publicada el 28/10/2009 | por | Dejar un comentario

Video de TeleSurtv.net

Mensaje de ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras

Compañeros y compañeras, Embajada de Cuba en Costa Rica:

Sinceras felicitaciones por esta nueva y extraordinaria victoria política del pueblo y del gobierno de Cuba, en el seno de las Naciones Unidas, obteniendo un nuevo récord, en el número de países que condenan el criminal bloqueo que ejerce el gobierno de los Estados Unidos en contra de vuestro país. La abrumadora mayoría de los pueblos del planeta, incluso aquellos que tienen gobiernos contrarios a la ideología política del gobierno de Cuba, coinciden en que ese bloqueo es una violación intolerable y condenable del Derecho Internacional y va contra toda norma ética, humanista, cristiana y moral de la convivencia entre naciones.
Las organizaciones laborales costarricenses aglutinadas en las agrupaciones Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), saludamos esta nueva victoria cubana y reafirmamos la ocasión para condenar ese criminal bloqueo. ¡Felicitaciones!.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

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La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles por aplastante mayoría una resolución que de nuevo pide el levantamiento del bloqueo económico y comercial, que desde hace casi medio siglo Estados Unidos decretó en contra de Cuba.

El documento logró un apoyo casi unánime de los 192 países que integran la ONU, ya que a favor votaron 187 países, en contra tres EE.UU., Israel y Palau y hubo dos abstenciones

Esta es la décimo octava ocasión que se reúne la plenaria para discutir el tema de la_ “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”_.

La última reunión fue el 29 de octubre de 2008, donde se aprobó la Resolución 63/7 que contó con la votación de 185 Estados miembros a favor del levantamiento y tan sólo tres en contra: EE.UU., Israel y Palau.

A lo largo de todos estos años, la comunidad internacional se ha pronunciado en contra del bloqueo impuesto a la isla, y han solicitado el término del mismo, petición a la que se han sumado los presidentes latinoamericanos en diversos foros y recintos internacionales.

Respecto al tema de Cuba, la sesión de la V Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea celebrada en Lima, Perú, rechazó “todas las medidas coercitivas de carácter unilateral y efecto extraterritorial que sean contrarias al Derecho Internacional y a las normas generalmente aceptadas del libre comercio”, como prácticas que representan una amenaza grave para el multilateralismo.

“El reclamo a favor de que se elimine el bloqueo contra Cuba y cese la política de hostilidad contra un pequeño país es más fuerte y firme que nunca”, subraya la nota distribuida a la prensa acreditada ante la ONU.

Otros foros que se pronunciaron en el mismo sentido fueron la cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, celebrada en Brasil, y dos citas de alto nivel la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que sesionaron en Cumaná y Maracay, ambas en Venezuela.

Así como la pasada cita del ALBA efectuada en Cochabamaba con representantes de Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, Paraguay y representantes de Ecuador, San Vicente y Granadinas, exigieron levantar el bloqueo que EE.UU. impuso a la isla hace 47 años y condenaron la exclusión de la isla de la Organización de Estados Americanos.

El repudio al bloqueo estadounidense contra Cuba también fue manifestado por las reuniones ministerial y Cumbre de los Países No Alineados, realizadas en La Habana (Cuba) y Sharm El Sheikh (Egipto), respectivamente.

Ese último encuentro reiteró el reclamo de los No Alineados contra el bloqueo, el cual calificó de unilateral y contrario a la Carta de la ONU, al derecho internacional y al principio de vecindad.

La nación caribeña ha arrastrado sanciones económicas, sociales y financieras a lo largo de 47 años, en este contexto, Cuba acumula pérdidas por más de 96 mil millones de dólares, aunado a la imposibilidad de desarrollo para los niños y jóvenes de esa nación en el aspecto social e integral.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, quien señaló que su Administración haría la diferencia respecto al bloqueo y hasta el momento ha logrado muy poco, participó por primera vez en la votación de este miércoles.

Un informe presentado por el gobierno cubano expone que las autoridades norteamericanas incumplieron con el proyecto de resolución que hace un año adoptó el máximo órgano de la ONU para cesar la situación.

El informe de La Habana, resalta que el gobierno de Obama persiste en la aplicación del bloqueo y mantiene la ausencia de disposición de la Casa Blanca en acabar con el mismo.

El proyecto de resolución que fue sometido a votación, reafirma en su parte inicial, los principios de igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales.

“El actual gobierno de los Estados Unidos ha continuado aplicando el bloqueo contra Cuba con todo rigor. No se ha enunciado y mucho menos emprendido acción alguna para desmontar el complejo entramado de leyes y disposiciones administrativas que conforman las bases legales y las regulaciones del bloqueo. Tampoco han sido modificados los fundamentos sobre los que se erige esa política”, afirma el informe oficial “Cuba vs. Bloqueo”.
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Así votaron los países y regiones

Países que votaron a favor por primera vez (1): El Salvador. Nuevos votos a favor con respecto al año pasado (2): El Salvador e Iraq. Nuevos votos en contra respecto al pasado año: NINGUNO. Votos favorables que perdimos respecto al pasado año: NINGUNO. Países que se ausentaron: NINGUNO. Países que se abstuvieron (2): Islas Marshall y Micronesia. Votos en contra (3): Estados Unidos, Israel y Palau.

ANÁLISIS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

África Norte y Oriente Medio: de un total de 19 países, 18 votaron a favor y uno en contra (Israel).

África Subsahariana: de un total de 47 países, 47 votaron a favor.

Asia y Oceanía: de un total de 36 países, 33 votaron a favor, uno en contra (Palau) y dos abstenciones (Islas Marshall y Micronesia)

América Latina y el Caribe: de un total de 33 países, 33 votaron a favor.

Europa Occidental y otros Estados: de un total de 29 países, 28 votaron a favor y uno en contra (Estados Unidos).

Europa Oriental: de un total de 28 países, 28 votaron a favor.

Países que apoyaron nuestra resolución (187):

ÁFRICA NORTE Y ORIENTE MEDIO (18):
Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, Túnez y Yemen.

ÁFRICA SUBSAHARIANA (47):
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Cote d’ Ivoire, Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Rwanda, República Centroafricana, Rep. Democrática del Congo, Sao Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

ASIA Y OCEANÍA (33):
Afganistán, Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Fiji, Filipinas, Islas Salomón, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Paquistán, Papua Nueva Guinea, RPD Corea, Rep. de Corea, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (33):
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

EUROPA OCCIDENTAL Y OTROS ESTADOS (28):
Andorra, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza y Turquía.

EUROPA ORIENTAL (28):
Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Serbia.

Votación histórica contra el bloqueo

Año	A favor	En contra	Abstención
1992	59	3	71
1993	88	4	57
1994	101	2	48
1995	117	3	38
1996	137	3	25
1997	143	3	17
1998	157	2	12
1999	155	2	8
2000	167	3	4
2001	167	3	3
2002	173	3	4
2003	179	3	2
2004	179	4	7
2005	182	4	1
2006	183	4	1
2007	184	4	1
2008	185	3	2
2009	185	3	2

CONAVI: ANEP pide informes sobre obras de emergencia y de «imprevisibilidad»

Publicada el 28/10/2009 | por | Dejar un comentario

San José, 28 de octubre de 2009.
S.G. 07-09-0210-09

Ingeniero
Alejandro Molina Solís
Director Ejecutivo
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Su despacho

Estimado señor:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Con base en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le hacemos formal petición de información de lo que de seguido detallamos.

Se nos han acercado a nuestro despacho algunos ciudadanos representantes de empresas las cuales alegan haber ejecutado trabajos por encargo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en atención de emergencias y/u obras por la categoría de “imprevisibilidad”, indicando que se realizaron bajo la promesa de un pronto pago ante la inminente llegada de recurso económicos, según les fue notificado; pero, al parecer, ello no ha sido así y ya se han acumulado importantes deudas.

Es importante señalar que dada la crisis económico-financiera por la que atraviesa nuestro país conforme a su expresión mundial, es de vital importancia que las empresas logren recuperar su capital y dispongan de liquidez; y que con ello, entre otros aspectos, puedan cubrir las distintas obligaciones que tienen cada una, por cuanto, de lo contrario, estaríamos provocando la posible quiebra de algunas empresas si se les hace incurrir en gastos y oportunamente no se les paga, teniendo que incurrir éstas en altos costos de financiamiento. Además, desde nuestra lógica de organización sindical que vela por los intereses de la clase trabajadora, la crisis en las empresas es una crisis de empleo y no hay peor flagelo para una persona trabajadora asalariada que perder el mismo.

Considerando que, en nuestro criterio, la Administración Pública únicamente podrá cubrir y/o adquirir obligaciones económicas conforme a sus capacidades de financiamiento y que los recursos estén debidamente presupuestados; estamos peticionando la siguiente información:

– ¿Qué mecanismos utiliza el CONAVI para hacer estas contrataciones? – ¿Cuáles son las obras que se han ejecutado y que todavía no se han pagado? – ¿Cuáles son los montos pendientes de pago, deudas, en cada caso? – ¿Cuál es la o las firmas acreedoras en cada caso?; ¿cuál es el respectivo representante legal? – ¿Quiénes son los responsables de contratar, de dar orden de inicio y de supervisar dichas obras, en cada uno de los casos en que hay deudas por honrar? – ¿A cuánto asciende el monto de las obras contratadas por “imprevisibilidad” y cuál es el detalle correspondiente? – ¿Cuál es el detalle de lo que sí se ha podido pagar, desde el 8 de mayo de 2006 a la fecha? En este caso, el detalle debe incluir la obra, su categoría, la empresa y el monto – ¿Quiénes toman las decisiones de contratar sin el debido y previo respaldo presupuestario?

Por otra parte, creemos oportuno que el despacho a su digno cargo nos aclare los alcances del concepto de “imprevisibilidad”, así como los conceptos del principio de legalidad y si el CONAVI tiene la autonomía suficiente para no utilizar un procedimiento de contratación administrativa que refleje transparencia, imparcialidad, participación libre, entre otros principios que garantizarían la total objetividad de la administración en este tipo de decisiones; o bien, cuál es la garantía de esa objetividad en el caso de contrataciones millonarias decididas casi en forma discrecional, si fuese el caso, por “necesidad”.

Adicionalmente, deseamos tener información de primera mano sobre la debida planificación que el CONAVI tiene de obras por realizar y si las mismas cuentan con los recursos suficientes; además de aquella información de compromisos ya adquiridos que estén con o sin presupuesto y/o recursos financieros disponibles en este momento y en el corto-mediano plazo.

Nuevamente le expresamos nuestro mayor respeto y consideración y quedamos en espera de la información aquí con respeto solicitada.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Archivo.

Gobierno de Asturias insta a la UE no reconocer las elecciones en Honduras

Publicada el 27/10/2009 | por | Dejar un comentario

LA AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONDENA CON CONTUNDENCIA LOS CUATRO MESES DE GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, se suma al llamamiento a la acción mundial contra el golpe de estado ocurrido en Honduras y lo condena con contundencia cuando se cumplen cuatro meses. Las circunstancias que se generaron a partir del 28 de junio de 2009, continúan vigentes y siguen erosionando grave e irreversiblemente la institucionalidad de la democracia en Honduras.

El golpe de estado en Honduras supone una subversión del orden constitucional y legal del país, un atentado contra la democracia hondureña, la vuelta a expresiones de violencia militar que deben ser desterradas en toda América, y la consiguiente obstaculización del desarrollo social y humano del pueblo de Honduras.

La violación sistemática de los derechos humanos no ha cesado y son muchas y muchos los que han sido asesinados, torturados, heridos, exiliados, detenidos, asaltadas sus casas, perseguidos judicialmente y brutalmente reprimidos y reprimidas por participar en las protestas contra el golpe de estado y la dictadura.

Los esfuerzos por lograr la restitución del orden constitucional han sido boicoteados por la dictadura, a pesar de la firme voluntad de la sociedad, los partidos democráticos, los sindicatos de clase, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras y del propio Presidente Zelaya, por llegar a acuerdos que faciliten el retorno al orden constitucional.

Por todo ello, atendiendo al especial vínculo existente entre Honduras y la cooperación asturiana (se destinaron más de 4 millones de euros en los últimos cinco años), a la defensa de los derechos humanos y a la lucha a favor de los valores democráticos, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias se solidariza con el pueblo hondureño, haciéndose eco de sus denuncias y apoyando todas las acciones pacíficas llevadas a cabo por las sociedades del Norte y del Sur en defensa de la restitución de la legalidad democrática y los derechos humanos como base necesaria para alcanzar la justicia social.

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, al cumplirse los cuatro meses del golpe de estado en Honduras, se suma al llamamiento a todas las personas y organizaciones solidarias y comprometidas con la democracia en el Mundo, para que se unan a la protesta internacional contra la dictadura instaurada por la oligarquía y la extrema derecha hondureña, con el respaldo de sectores militares y económicos de los EEUU, la complicidad con el crimen organizado, el narcotráfico y las instituciones y por la cobertura ideológica de medios de comunicación y jerarquías de las iglesias católica y evangélica.

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, pide:

• Manifestar públicamente el rechazo al golpe de estado militar llevado a cabo en Honduras el 28 de junio de 2009.

• La restitución de la legalidad democrática del país, hoy violada por el uso ilegal de la fuerza militar y los actos llevados a cabo al margen de la ley.

• La restitución inmediata del Presidente electo Zelaya, legitimado por el pueblo hondureño, avalado por el marco constitucional y democrático del país, y las leyes internacionales. La garantía de seguridad e integridad física del Presidente Zelaya y de todos los hondureños y hondureñas, suspendiendo de inmediato todas las medidas represivas y el asedio ilegal de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

• Apoyar al movimiento democrático hondureño en su demanda de que se convoque una Asamblea Constituyente con el objetivo de superar los graves problemas sociales, económicos y políticos a los que históricamente se enfrenta el pueblo hondureño, con el objetivo de conseguir una democracia real con justicia social.

• La apertura de cauces de investigación, que garanticen el enjuiciamiento de los responsables del golpe de estado y el castigo a los violadores de los derechos humanos. Todos los autores intelectuales y materiales del golpe de estado en Honduras deben ser llevados ante la justicia para responder por todos los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas. Los represores y los asesinos tienen rostro, tienen nombre y han actuado con total impunidad hasta el momento.

• Exigir a la Presidencia de los EEUU, una posición contundente en contra de la dictadura de Micheletti. Que incluya la interrupción inmediata de todo tipo de cooperación militar, diplomática y económica, y la apertura de investigaciones que aclaren las acusaciones de complicidad de la Embajada de los EEUU y los organismos de inteligencia de los EEUU en el golpe de estado.

• La incidencia del Gobierno del Estado español en el seno de la UE con vistas a mantener la presión diplomática sobre las fuerzas ilegítimas que hoy controlan las instituciones de Honduras hasta poner fin a esta situación.

• Exigir a la comunidad internacional que no preste ayuda material, ni intelectual, ni asistencia financiera, ni mande observadores a las elecciones del 29 de noviembre, ni reconozca sus resultados, si previamente no se restituye el orden constitucional y democrático.

El pasado día 22 de octubre, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha presentado su Segundo Informe, y los datos son escalofriantes: en los 120 días de resistencia contra el golpe de estado y la dictadura en Honduras las violaciones de los derechos humanos son constantes, permanentes y sistemáticas y no dejan de crecer. Ejecuciones, atentados, amenazas, detenciones ilegales y persecuciones a líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, son constantes en Honduras desde el golpe. El Informe denuncia 21 asesinatos, de los cuales 4 son maestros, 3 atentados y 108 amenazas de muerte. Se recibieron 4.324 denuncias de violaciones de los derechos humanos, 133 denuncias de torturas y 114 casos de personas acusadas de sedición. Las cifras aumentan cada vez más en relación con las personas lesionadas y afectadas por golpes, 453 en total, y 211 personas heridas por armas no convencionales. Además, más de 3.000 personas han sido detenidas ilegalmente, 26 periodistas fueron agredidos, varios medios de comunicación fueron asaltados, reprimidos y violentados, 4 organizaciones sufrieron atentados, entre ellas la propia COFADEH, y se produjeron más de 200 denuncias por delitos políticos entre julio y octubre. Se producen permanentemente acciones de castigo y persecución contra las personas y organizaciones que forman parte del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado en Honduras.

Desde la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias, expresamos nuestra solidaridad y nuestra voluntad de acompañar la lucha y la resistencia del pueblo hondureño ante el golpe de estado y la dictadura.

Y denunciamos con rotundidad nuestro temor ante la posibilidad de que este golpe de estado en Honduras pueda desencadenar acciones similares de ejércitos y poderes económicos en otros estados del continente.

En Honduras podría estar en juego una parte del futuro de los procesos participativos y democráticos logrados en los últimos años en América Latina, así como el de los avances en la lucha por la justicia social y contra las causas del empobrecimiento y las desigualdades.

De masivas a selectivas las violaciones a DDHH en el marco del golpe de Estado

Publicada el 27/10/2009 | por | Dejar un comentario

El informe destaca la criminalización que el actual régimen ha hecho, de las manifestaciones contra el golpe de estado, cuya persecución se ha enfocado contra maestros, maestras, dirigentes políticos, líderes juveniles y dirigentes campesinos.

Para “satanizar” a miles de manifestantes contra el golpe de Estado, el gobierno usurpador ha utilizado una campaña sistemática de desprestigio hacia la resistencia y que es ejercida por presentadores de radio, televisión y columnistas de periódicos, alineados a los grupos de poder que idearon y financiaron la ruptura del orden constitucional.

Incluso hay personajes de la vida política y empresarial que se han encargado de difundir en el exterior que la situación está en completa calma y que la única salida a la crisis es la realización de los comicios generales del 29 de noviembre.

Los datos sobre las violaciones a la vida, la integridad personal, la libertad de movilización, de expresión y del ejercicio periodístico, manifiestan los alarmantes niveles de represión, ordenados por el gobierno de facto de Roberto Micheletti

El Cofadeh documentó violaciones al derecho a la vida, en el que se registraron 108 denuncias por amenazas a muerte, 3 atentados contra personas y 21 asesinatos.

Los asesinatos se produjeron entre el 28 de junio y el 10 de octubre directamente vinculados a la resistencia contra el golpe de estado.

El primer período en el que ocurrieron los asesinatos comprende del 28 de junio al 15 de julio en el que 4 personas fueron asesinadas, luego el segundo período que va del 16 de julio al 20 de septiembre en el que 5 personas fueron asesinadas y el último período que es del 21 de septiembre al 15 de octubre en el que 12 personas han muerto.

La última etapa que reporta 12 personas que murieron violentamente es justamente la fase en la que, la represión ejercida por el gobierno de facto, comienza a tener un carácter selectivo.

Entre los asesinatos se presentan dos aspectos, por una parte se registraron entre personas que han muerto directamente en las movilizaciones contra el golpe de estado y otras en las que se trata de ciudadanos o ciudadanas que han muerto en forma selectiva y que por la forma y modus operandi, parece ser que obedecieran a un patrón ejercitado por paramilitares, con el propósito de eliminar objetivos políticos.

El COFADEH ha identificado que la represión en primer momento fue abierta y masiva, para luego irse sectorizando y ahora está siendo individualizada y selectiva a través de líderes comunitarios de barrios, colonias y dirigentes juveniles, políticos, sindicales y magisteriales.

Hay que tomar en consideración que la mayoría de las víctimas mortales han sido maestros, pero también se debe apuntar que los miembros de colegios magisteriales que han participado en las movilizaciones contra el golpe de estado están siendo criminalizados, amenazados, tanto ellos y ellas, como sus familiares.

Se ha verificado que hay maestros que han sido amenazados por el ejercicio laboral. Para el caso hay unos 600 maestros acusados en la Fiscalía de la Niñez porque se resisten a brindar clases en el marco del golpe de estado.

Con estos datos se deduce que centenares de maestros han enfrentado acusaciones por resistirse a dar clases en al menos 2 días durante las semanas posteriores al golpe de estado y luego por brindar clases después de la fecha que el gobierno de facto designó, para concluir el período lectivo.

En un tercer plano también se acusa a los maestros y maestras porque se niegan a entregar las escuelas para desarrollar las elecciones generales que los golpistas pretenden ejecutar a toda costa, porque creen que esto validará al próximo gobierno como legítimo.

Aspecto que para la comunidad internacional es inaceptable, ya que la realización de los comicios esta condicionada a la restitución del presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales, según el acuerdo de San José, aceptado para su discusión por ambas partes.

El informe destaca 4 mil 234 violaciones a derechos humanos debidamente documentadas y que no necesariamente significan el total de las que han ocurrido en el país a partir del golpe de estado perpetrado el 28 de junio de 2009.

Para el caso, se ha reportado que entre julio y agosto se produjeron 5 mil detenciones ilegales durante los 52 retenes militares- policiales ubicados en varias regiones del país y a lo largo de la carretera que desde Tegucigalpa conduce hacia la frontera con Nicaragua a raíz de los constantes toques de queda ordenados por el gobierno de facto.

Esas acciones fueron ejecutadas durante el tiempo en que el presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales permaneció en la frontera honduro-nicaraguense y que perseguían evitar por un lado, el ingreso del mandatario a territorio hondureño e impedir que miles de ciudadanos y ciudadanas se reunieran con él, para brindarle su respaldo.

En el informe se destacan violaciones a la integridad personal en donde se han caracterizado los tratos crueles, degradantes e inhumanos con 133 casos. En el primer período de la represión no se registró ningún caso por tratos crueles e inhumanos.

En el segundo período, el Cofadeh comenzó a documentar tratos crueles e inhumanos. Además se han registrado lesiones leves con 21 casos, pero existen registros por lesiones y golpes que suman 453 casos, que reflejan cómo el gobierno de facto ha criminalizado las movilizaciones sociales, las que ha sido disueltas en forma violenta y con uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares.

Durante más de 3 meses de manifestaciones continuas, el Cofadeh documentó 40 de las movilizaciones pacíficas, han sido disueltas violentamente por miembros de la policía y el ejército.

En centenares de testimonios, las víctimas denunciaron la participación directa de las fuerzas represivas del estado, que han provocado tratos crueles a la ciudadanía en las vías públicas.

Por otra parte se han contabilizan 3 mil 33 violaciones al derecho a la libertad personal. Este derecho generalmente es violentado, tanto en manifestaciones públicas de las principales ciudades del país, como en localidades municipales o en barrios y colonias.

En este aspecto, a los manifestantes o a las manifestantes, se les ha acusado de escándalo público, pero también la policía y el ejército han detenido a personas por violentar el toque de queda, que tiene que ver con el artículo 3 constitucional que señala que nadie debe obediencia a un gobierno surgido por la fuerza de las armas.

Hay que tomar en cuenta que este registro es el que ha realizado el Cofadeh a través de los centenares de personas, que han llegado hasta la sede, para brindar testimonio de las violaciones a derechos humanos.

Durante el monitoreo ejercido, se ha detectado que en algunos casos la policía no realiza los registros de las detenciones, lo que dificulta obtener cifras reales de las detenciones ocurridas en el país durante más de 3 meses.

Una gran preocupación para el Cofadeh ha sido que durante las detenciones, las personas hayan sido trasladadas a lugares no convencionales de detención. Por ejemplo, entre julio y agosto se detuvo a ciudadanos y ciudadanas en gimnasios municipales como en San Marcos de Colón, en donde 280 personas permanecieron detenidas en el gimnasio municipal de esa comunidad.

Asimismo se detuvo a manifestantes en tiendas de campaña instaladas en varias aldeas del departamento de El Paraíso. En Tegucigalpa, el parque de pelota Héctor “Chochi” Sosa al igual que el Cerro Juana Laínez, fueron utilizados para la detención de ciudadanos y ciudadanas.

En estos lugares no se realizó un registro de los detenidos y detenidas, lo que dificultó la tarea de las organizaciones de derechos humanos.

El informe revela datos importantes en torno a acusaciones por delitos políticos (en total 114 ), también se afectó el derecho a la libertad de circulación, y el derecho a recibir información, ya que un ciudadano o ciudadana que no se moviliza ¿cómo puede obtener información?.

El derecho a la libertad de expresión comprende dos aspectos: Primero el derecho a que la ciudadanía se exprese y también el derecho que se tiene a recibir información.

Estas violaciones quedaron manifiestas con la suspensión temporal de las emisiones informativas de Radio Globo, canal 36, Radio la Catracha, Radio Progreso y hostigamientos hacia Canal 11 y Diario Tiempo, entre otros.

El Cofadeh registró 27 de violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa, en donde se mencionan atentados contra medios de comunicación (27), agresiones contra periodistas (26) y el cierre de programas radiales independientes (3).

Todo esto aunado al cierre de medios y la confiscación de los equipos de transmisión en franca violación a la Ley de Emisión del Pensamiento, en que se señala que ni aún en estado de sitio, el recurso técnico de las emisoras puede ser confiscado.

La verdadera crisis fiscal

Publicada el 27/10/2009 | por | Dejar un comentario

Primero, la preocupación que les genera la posibilidad de incumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Segundo, y directamente relacionado con lo anterior, el interés por encontrar un pretexto para presionar a favor de la aprobación legislativa de endeudamiento externo que permita cubrir posibles faltantes para así mantenerse dentro de los límites acordados con el FMI. Ello también ha dado pie para que el neoliberalismo criollo intente reverdecer sus marchitos laureles, y saque a relucir –como en los viejos tiempos- advertencias histéricas sobre una probable hecatombe macroeconómica.

Las tendencias que se observan a lo largo de este año apuntan a un déficit que, para el conjunto del sector público, muy probablemente se mantendrá abajo del 4% respecto del PIB. En el contexto fuertemente recesivo del último año, y a la luz de las evoluciones en curso hacia el crecimiento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, eso no constituye crisis fiscal alguna. Más bien debe ser interpretado como signo de insuficiencia en las políticas aplicadas para paliar los efectos de la crisis mundial. Si realmente interesaran las condiciones de vida de la gente, de seguro se habría optado por un déficit fiscal más elevado, mediante formas de gasto e inversión pública que promovieran la creación de empleos decentes, la protección de las condiciones de vida de nuestra gente y el apoyo a las empresas nacionales, en especial las pequeñas y las de economía social. Conviene enfatizar que, en el actual contexto recesivo, la evolución de diversas variables económicas –en particular la inflación y la balanza de pagos- concede suficiente margen de maniobra para la aplicación de esa política anti-recesiva.

La verdadera crisis fiscal está en otro lado y es asunto que las oligarquías y sus economistas oficiales procuran ocultar. Me refiero a dos datos estrechamente vinculados entre sí.

Primero, la insuficiencia en el nivel de tributación, es decir, el hecho de que el monto de los ingresos que el sector público percibe por conceptos de impuestos es limitado, tanto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) –la así llamada carga tributaria (15% en 2008)- , como relativamente a las necesidades que deben ser atendidas por el sector público que, entre tantos otros asuntos de similar importancia, incluye salud y educación; seguridad pública; políticas sobre niñez, juventud y tercera edad; infraestructura de carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; vivienda popular; protección del medio ambiente, incluyendo, entre tantos otros, parques nacionales y agua; apoyo a la agricultura, así como a las pequeñas empresas nacionales y a las de economía social; investigación científico-tecnológica; infraestructura de cuido.

Segundo, la regresividad del sistema tributario, es decir, el hecho de que este principalmente se basa en impuestos que, por sus características inherentes, tienden a afectar sobre todo a los grupos sociales medios y, en especial, a los más pobre. El impuesto sobre las ventas es el mejor ejemplo de eso. En cambio, los impuestos sobre las ganancias empresariales, sobre la propiedad o sobre el consumo suntuario, constituyen alternativas que ponen el peso principalmente sobre los grupos que más riqueza tienen y mayores ingresos perciben. Este segundo tipo de impuestos no solo resultan más justos, sino que, además, tiene un mayor potencial de generación de ingresos, ya se dirigen hacia aquellos sectores de la economía donde se concentra la mayor parte de la riqueza.

Los datos demuestran con claridad que los impuestos en Costa Rica descansan principalmente sobre las espaldas de quienes menos tienen. Con base en cifras de la Contraloría General de la República, se observa que en 2008 los impuestos sobre ingresos y utilidades aportaban tan solo un 28,6% del total de los ingresos tributarios. Entretanto, los impuestos sobre bienes y servicios –generalmente de carácter muy regresivo- constituían un 59% del total. Dentro de este último componente, el impuesto sobre las ventas –seguramente el más injusto- aportaba por sí solo casi el 46% del total, mucho más de lo que da (menos del 20%) el impuesto sobre ganancias empresariales.

Otro componente al que debemos ponerle atención es el de los impuestos sobre las transacciones del comercio exterior, en especial exportaciones e importaciones de mercancías. Como consecuencia de los procesos de liberalización y apertura externa de la economía, los aportes que dan ese tipo de impuestos se han reducido sustancialmente. A mediados de los años ochentas del siglo pasado, aportaban cerca del 30% del total de los ingresos tributarios. En 2008 tan solo representaban un 8%. Recordemos que este tipo de impuestos, en conjunto con la exención de impuestos sobre las ganancias de actividades exportadoras (más otras exenciones al turismo), constituyen los dos componentes principales de la política tributaria del neoliberalismo. Ello ha contribuido decididamente a abrir un hueco fiscal gigantesco, lo cual está teniendo efectos terribles sobre la capacidad del sector público para atender necesidades fundamentales de nuestro pueblo. Con los TLC este proceso simplemente se ha consolidado y profundizado.

Esto plantea varios retos fundamentales, que resumo en lo siguiente:

– profunda modificación del sistema tributario: gravar principalmente a los grupos de mayores ingresos y a los sectores que más riqueza concentran, con lo que, además, se logrará mayor capacidad de generación de ingresos fiscales. Los impuestos principales deben ser los gravámenes sobre ganancias, propiedades, consumo suntuario y actividades ambiental y socialmente dañinas. Una meta posible es que estos lleguen a representar entre el 65% y el 70% del total de ingresos tributarios

– lo anterior debe complementarse y reforzarse mediante un esfuerzo destinado a profundizar los limitados avances logrados en los últimos años en materia de control de la evasión tributaria (especialmente en relación con los impuestos sobre ventas y ganancias)

– la carga tributaria (porcentaje del monto de impuestos recaudados relativamente al PIB) debe aumentar de forma significativa. Una propuesta para discusión: aumentarla del 15% (en 2008) al 20% en el próximo quinquenio, y hasta el 25% en el quinquenio siguiente.

– reformas profundas en el sistema político-institucional de Costa Rica que fortalezcan de forma sustancial los mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano –desde revocación de mandato y elecciones de medio período a formas diversas y creativas de auditoria ciudadana- a fin de garantizar el cumplimiento de varios objetivos: extirpar la corrupción; garantizar eficiencia en el uso de los recursos públicos; establecer mecanismos democráticos que orienten el gasto e inversión pública en función de las necesidades de la gente, respetando la rica pluralidad de los movimientos y organizaciones ciudadanas en la Costa Rica actual.

Es obvio que llevar estas propuestas a la realidad exige tener capacidad para poder hacerlo. Y ello sería factible solamente con base en una amplia, plural y muy democrática e inclusiva alianza, a la vez político-partidaria y cívico-ciudadana. Debo reconocer que en Costa Rica estamos muy lejos de contar con algo que ni remotamente se parezca a tal cosa.

Luis Paulino Vargas Solís,25 de Octubre de 2009

Carta para un mundo sin violencia

Publicada el 26/10/2009 | por | Dejar un comentario

Estamos convencidos que la adhesión a los principios de la noviolencia introducirá un orden mundial mas civilizado y pacifico, en el que sistemas mas justos y eficaces de gobernar, respetuosos de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida puedan ser una realidad.

Nuestras culturas, nuestras historias y nuestras vidas individuales están interrelacionadas y nuestras acciones son interdependientes. Hoy como nunca antes, creemos encontrarnos frente a una verdad: el nuestro es un destino común, un destino que será determinado por nuestras intenciones, decisiones y acciones de hoy.

Estamos firmemente convencidos que crear una cultura de la paz y de la no violencia, aun siendo un proceso largo y difícil, es un objetivo noble y necesario. Afirmar los principios enunciados en esta Carta es un paso de vital importancia, para garantizar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad y lograr un mundo sin violencia.

Nosotros, Premios Nobel de la Paz y Organizaciones Nobel por la Paz,

Reafirmando nuestro compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Preocupados de la necesidad de poner fin a la propagación de la violencia en todos los niveles de la sociedad y, sobre todo, a las amenazas que asestan a nivel global contra la humanidad,

Reafirmando que la libertad de pensamiento y de expresión está en la raíz de la democracia y de la creatividad,

Reconociendo que la violencia se manifiesta de muchas formas, como conflicto armado, ocupación militar, pobreza, explotación económica, destrucción del medioambiente y prejuicios basados en raza, religión, genero u orientación sexual,

Notando que el culto a la violencia, así como se expresa a través de la cultura popular, acostumbra a la aceptación de la misma como condición normal y admisible,

Convencidos de que la violencia causa el mayor daño a aquellos que son más débiles y vulnerables;

Reparando en que la paz no es solamente la ausencia de la violencia sino también la presencia de la justicia y el bienestar de la gente;

Considerando que un inadecuado reconocimiento, de parte de los Estados, de las diversidades étnicas, culturales y religiosas está en la raíz de mucha de la violencia que existe en el mundo,

Reconociendo la urgencia de desarrollar un planteo alternativo a la seguridad colectiva basado en un sistema en el que ningún país, o grupo de países, deba contar con las armar nucleares para la propia seguridad;

Conscientes de que el mundo necesita mecanismos globales eficientes y prácticas noviolentas de prevención y resolución de conflictos, las cuales tienen mayor éxito cuando son adoptadas en la fase más precoz posible.

Afirmando que aquellos que tienen investiduras de poder tienen la mayor responsabilidad de poner fin a la violencia, donde sea que se manifieste y de prevenirla cada vez que sea posible,

Convencidos que los principios de la no violencia deben triunfar en todos los niveles de la sociedad, así como en la relaciones entre los Estados y las personas;

Llamamos a la comunidad internacional a favorecer el desarrollo de los siguientes principios:

Primero: En un mundo interdependiente, la prevención y el cese de los conflictos armados entre Estados y dentro de los Estados requiere una acción colectiva de parte de la comunidad internacional. El mejor modo de garantizar la seguridad de los estados individuales es avanzar en la seguridad global humana. Esto requiere reforzar la capacidad de implementación de la ONU y de las organizaciones de cooperación regional.

Segundo: Para lograr un mundo sin violencia, los Estados deben respetar siempre el estado de derecho y honrar sus acuerdos jurídicos.

Tercero: Es esencial encaminarse sin más demoras hacia la eliminación verificable de las armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva. Los Estados que detentan tales armas deben dar pasos concretos hacia el desarme y adoptar un sistema de defensa que no se base en la disuasión nuclear. Al mismo tiempo los Estados deben empeñarse en consolidar un régimen de no proliferación nuclear, reforzando también verificaciones multilaterales, protegiendo el material nuclear y llevando adelante el desarme.

Cuarto: Para reducir la violencia en la sociedad, la producción y la venta de armas pequeñas y ligeras debe reducirse y ser rigurosamente controlada a nivel internacional, estatal, regional y local.

Además, debe existir una total y universal aplicación de los acuerdos internacionales en materia de desarme, como por ejemplo el Tratado para la Prohibición de Minas de 1997, y el sostén de nuevos esfuerzos dirigidos a eliminar el impacto de las armas indiscriminadas y activadas por las víctimas, como por ejemplo las municiones en racimo.

Quinto: El terrorismo jamás puede tener justificación, porque la violencia genera violencia y porque ningún acto de terror contra las poblaciones civiles de ningún país puede ser perpetrado en nombre de ninguna causa. La lucha contra el terrorismo no puede, sin embargo, justificar la violación de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional, de las normas de la sociedad civil y de la democracia.

Sexto: Poner fin a la violencia doméstica y en las familias exige el respeto incondicional de la igualdad, de la libertad, de la dignidad y de los derechos de las mujeres, de los hombres y de los niños, de parte de todos los individuos e instituciones del estado, de la religión y de la sociedad civil. Tales tutelas deben incorporarse a las leyes y a las convenciones locales e internacionales.

Séptimo: Cada individuo y Estado comparten la responsabilidad de prevenir la violencia contra los niños y los jóvenes, quienes representan nuestro futuro común y nuestro bien más preciado, y promover oportunidades de instrucción, el acceso a la asistencia sanitaria primaria, la seguridad personal, la tutela social y un entorno favorecedor que refuerce la no violencia como estilo de vida y no como sueño utópico. La educación en la paz, la promoción de la no-violencia y el énfasis en la compasión como cualidad innata deben ser parte esencial de los programas educativos a todos los niveles.

Octavo: Prevenir los conflictos derivados del agotamiento de los recursos naturales y, en particular, de las fuentes de agua y de energía exige que los Estados desarrollen un rol activo e instituyan sistemas jurídicos y modelos dedicados a la protección del ambiente y a la contención de su consumo en base a la disponibilidad de los recursos y a las reales necesidades humanas

Noveno: Llamamos a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros a promover un reconocimiento significativo de las diversidades étnicas, culturales y religiosas. La regla de Oro de un mundo no violento es: “Trata a los demás como quisieras ser tratado”.

Décimo: Los principales instrumentos políticos necesarios para forjar un mundo no violento son las instituciones democráticas eficaces y el diálogo basado en la dignidad, el conocimiento y el compromiso, conducidos en el respeto del equilibrio entre las partes involucradas, y, donde sea apropiado, teniendo también presente los aspectos de la sociedad humana en su totalidad y del ambiente natural en que vive.

Décimoprimero: Todos los Estados, instituciones e individuos deben apoyar los esfuerzos por superar las desigualdades en la distribución de los recursos económicos y resolver grandes iniquidades que crean un terreno fértil para la violencia. La disparidad de condiciones de vida lleva inevitablemente a la falta de oportunidades, y en muchos casos, a la pérdida de esperanza.

Décimosegundo: La sociedad civil, inclusos los defensores de los derechos humanos, los pacifistas y los activistas ambientales, debe ser reconocida y protegida como esencial para la construcción de un mundo no violento, así como todos los gobiernos deben servir a sus propios ciudadanos y no al contrario. Deben crearse las condiciones para permitir y alentar la participación de la sociedad civil, en particular de las mujeres, en los procesos políticos a nivel mundial y local.

Décimotercero: Implementando los principios de esta Carta, nos dirigimos a todos para que se trabaje juntos por un mundo justo y libre de matanzas, en el que cada uno tenga el derecho a no ser muerto y a su vez el deber de no dar muerte a nadie.

Para remediar todas las formas de violencia, alentamos la investigación científica en los campos de la interacción humana y del dialogo, e invitamos a las comunidades académicas, científicas y religiosas a ayudarnos en la transición hacia una sociedad no-violenta y no-asesina.

Firman la Carta para un Mundo sin Violencia

Mairead Corrigan Maguire
Dalai Lama
Mikhail Gorbachev
Lech Walesa
Frederik Willem De Klerk
Arzobispo Desmond Mpilo Tutu
Jody Williams
Shirin Ebadi
Mohamed ElBaradei
John Hume
Carlos Filipe Ximenes Belo
Betty Williams
Muhammad Yanus
Wangari Maathai
International Physicians for the Prevention of Nuclear War
La Cruz Roja
International Atomic Energy Agency
American Friends Service Committee
International Peace Bureau

Apoyan la Carta para un Mundo Sin Violencia

Walter Veltroni, Ex Alcalde de Roma
Mr. Tadatoshi Akiba Presidente de Alcaldes por la Paz y Alcalde de Hiroshima
Agazio Loiero, Gobernador de la Región de Calabria, Italia
Prof. M.S. Swaminathan, Ex Presidente del Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Organización Premio Nobel de la Paz.
David T Ives, Instituto Albert Schweitzer
George Clooney, actor
Don Cheadle, actor
Bob Geldof, cantante
Peace People, Belfast, Irlanda del Norte
Memoria Collettiva, Asociación
Hokotehi Moriori Trust, Nueva Zelanda

Uruguay: José Mujica gana pero debe ir a balotaje

Publicada el 25/10/2009 | por | Dejar un comentario

La postulación de Mujica, de la coalición Frente Amplio (FA), alcanzó el 47 por ciento frente al 29 por ciento de Lacalle, del Partido Nacional (PN), según proyecciones del escrutinio de encuestadoras.

El gran vencedor de la noche fue el histórico Partido Colorado (PC), afín al PN, con la candidatura de Pedro Bordaberry, que registró una votación superior a la prevista, con un 17 por ciento del electorado.

De esta manera, se aplazó 30 días la definición del sucesor de Tabaré Vázquez (2005 -2010), el primer mandatario de izquierda del país.

“No se pueden hacer pronósticos sobre lo que puede ocurrir en noviembre”, reconoció el director de la consultora Cifra, Luis Eduardo González, por lo que pidió “prudencia” al evaluar el escenario.

Aún no estaba claro esta madrugada si el FA obtuvo la mayoría del Parlamento, (Cámara Senadores y Diputados), que también se renovaba.

Mujica pidió a sus militantes un “último esfuerzo” de cara al balotaje. “La sociedad nos exige un esfuerzo más, participar en una segunda vuelta, hemos quedado muy cerca de tener una mayoría”, reflexionó.

En tanto, el candidato a vicepresidente del FA, Danilo Astori, señaló su satisfacción “por la votación recibida que supera a la de los dos partidos tradicionales juntos”.

Eso “indica que nos dirigimos hacia la victoria”, destacó Astori, para quien el balotaje será un plebiscito entre dos modelos de país.

De su lado, Lacalle se mostró confiado en imponerse.

“Vamos a conducir el Poder Ejecutivo”, dijo Lacalle, porque “somos una mejor opción para la seguridad, para la certeza, para la paz y el diálogo”, destacó Mujica.

Tras conocer los datos de las elecciones nacionales, que dejaron segundo a su Partido Nacional (PN), Lacalle llamó a dejar a un lado las banderas partidarias para la segunda vuelta.

En su discurso en la sede partidaria, en Montevideo, Lacalle dijo que durante estos más de 30 días se despojaría de su condición de “blanco” (partidario del PN).

El líder del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, anunció la noche del domingo que apoyaría a Lacalle en el balotaje.

Al mismo tiempo, los uruguayos rechazaron las dos iniciativas de Reforma Constitucional que se pusieron a consideración simultáneamente con las elecciones, al no alcanzar el 50 por ciento.

Según las estimaciones preliminares, la propuesta para anular la ley de amnistía a los militares represores durante la última dictadura (1973-1985) recogió sólo una adhesión del 47 por ciento.

En tanto, la iniciativa de incluir en la Constitución el derecho de voto de los compatriotas que emigraron al exterior tuvo el apoyo del 38 por ciento de la ciudadanía.

La Corte Electoral anunciará las cifras oficiales este lunes al mediodía.

Las elecciones se desarrollaron con normalidad, con un alto nivel de participación entre los más de dos millones 500 mil habilitados para sufragar.