De masivas a selectivas las violaciones a DDHH en el marco del golpe de Estado

El informe destaca la criminalización que el actual régimen ha hecho, de las manifestaciones contra el golpe de estado, cuya persecución se ha enfocado contra maestros, maestras, dirigentes políticos, líderes juveniles y dirigentes campesinos.

Para “satanizar” a miles de manifestantes contra el golpe de Estado, el gobierno usurpador ha utilizado una campaña sistemática de desprestigio hacia la resistencia y que es ejercida por presentadores de radio, televisión y columnistas de periódicos, alineados a los grupos de poder que idearon y financiaron la ruptura del orden constitucional.

Incluso hay personajes de la vida política y empresarial que se han encargado de difundir en el exterior que la situación está en completa calma y que la única salida a la crisis es la realización de los comicios generales del 29 de noviembre.

Los datos sobre las violaciones a la vida, la integridad personal, la libertad de movilización, de expresión y del ejercicio periodístico, manifiestan los alarmantes niveles de represión, ordenados por el gobierno de facto de Roberto Micheletti

El Cofadeh documentó violaciones al derecho a la vida, en el que se registraron 108 denuncias por amenazas a muerte, 3 atentados contra personas y 21 asesinatos.

Los asesinatos se produjeron entre el 28 de junio y el 10 de octubre directamente vinculados a la resistencia contra el golpe de estado.

El primer período en el que ocurrieron los asesinatos comprende del 28 de junio al 15 de julio en el que 4 personas fueron asesinadas, luego el segundo período que va del 16 de julio al 20 de septiembre en el que 5 personas fueron asesinadas y el último período que es del 21 de septiembre al 15 de octubre en el que 12 personas han muerto.

La última etapa que reporta 12 personas que murieron violentamente es justamente la fase en la que, la represión ejercida por el gobierno de facto, comienza a tener un carácter selectivo.

Entre los asesinatos se presentan dos aspectos, por una parte se registraron entre personas que han muerto directamente en las movilizaciones contra el golpe de estado y otras en las que se trata de ciudadanos o ciudadanas que han muerto en forma selectiva y que por la forma y modus operandi, parece ser que obedecieran a un patrón ejercitado por paramilitares, con el propósito de eliminar objetivos políticos.

El COFADEH ha identificado que la represión en primer momento fue abierta y masiva, para luego irse sectorizando y ahora está siendo individualizada y selectiva a través de líderes comunitarios de barrios, colonias y dirigentes juveniles, políticos, sindicales y magisteriales.

Hay que tomar en consideración que la mayoría de las víctimas mortales han sido maestros, pero también se debe apuntar que los miembros de colegios magisteriales que han participado en las movilizaciones contra el golpe de estado están siendo criminalizados, amenazados, tanto ellos y ellas, como sus familiares.

Se ha verificado que hay maestros que han sido amenazados por el ejercicio laboral. Para el caso hay unos 600 maestros acusados en la Fiscalía de la Niñez porque se resisten a brindar clases en el marco del golpe de estado.

Con estos datos se deduce que centenares de maestros han enfrentado acusaciones por resistirse a dar clases en al menos 2 días durante las semanas posteriores al golpe de estado y luego por brindar clases después de la fecha que el gobierno de facto designó, para concluir el período lectivo.

En un tercer plano también se acusa a los maestros y maestras porque se niegan a entregar las escuelas para desarrollar las elecciones generales que los golpistas pretenden ejecutar a toda costa, porque creen que esto validará al próximo gobierno como legítimo.

Aspecto que para la comunidad internacional es inaceptable, ya que la realización de los comicios esta condicionada a la restitución del presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales, según el acuerdo de San José, aceptado para su discusión por ambas partes.

El informe destaca 4 mil 234 violaciones a derechos humanos debidamente documentadas y que no necesariamente significan el total de las que han ocurrido en el país a partir del golpe de estado perpetrado el 28 de junio de 2009.

Para el caso, se ha reportado que entre julio y agosto se produjeron 5 mil detenciones ilegales durante los 52 retenes militares- policiales ubicados en varias regiones del país y a lo largo de la carretera que desde Tegucigalpa conduce hacia la frontera con Nicaragua a raíz de los constantes toques de queda ordenados por el gobierno de facto.

Esas acciones fueron ejecutadas durante el tiempo en que el presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales permaneció en la frontera honduro-nicaraguense y que perseguían evitar por un lado, el ingreso del mandatario a territorio hondureño e impedir que miles de ciudadanos y ciudadanas se reunieran con él, para brindarle su respaldo.

En el informe se destacan violaciones a la integridad personal en donde se han caracterizado los tratos crueles, degradantes e inhumanos con 133 casos. En el primer período de la represión no se registró ningún caso por tratos crueles e inhumanos.

En el segundo período, el Cofadeh comenzó a documentar tratos crueles e inhumanos. Además se han registrado lesiones leves con 21 casos, pero existen registros por lesiones y golpes que suman 453 casos, que reflejan cómo el gobierno de facto ha criminalizado las movilizaciones sociales, las que ha sido disueltas en forma violenta y con uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares.

Durante más de 3 meses de manifestaciones continuas, el Cofadeh documentó 40 de las movilizaciones pacíficas, han sido disueltas violentamente por miembros de la policía y el ejército.

En centenares de testimonios, las víctimas denunciaron la participación directa de las fuerzas represivas del estado, que han provocado tratos crueles a la ciudadanía en las vías públicas.

Por otra parte se han contabilizan 3 mil 33 violaciones al derecho a la libertad personal. Este derecho generalmente es violentado, tanto en manifestaciones públicas de las principales ciudades del país, como en localidades municipales o en barrios y colonias.

En este aspecto, a los manifestantes o a las manifestantes, se les ha acusado de escándalo público, pero también la policía y el ejército han detenido a personas por violentar el toque de queda, que tiene que ver con el artículo 3 constitucional que señala que nadie debe obediencia a un gobierno surgido por la fuerza de las armas.

Hay que tomar en cuenta que este registro es el que ha realizado el Cofadeh a través de los centenares de personas, que han llegado hasta la sede, para brindar testimonio de las violaciones a derechos humanos.

Durante el monitoreo ejercido, se ha detectado que en algunos casos la policía no realiza los registros de las detenciones, lo que dificulta obtener cifras reales de las detenciones ocurridas en el país durante más de 3 meses.

Una gran preocupación para el Cofadeh ha sido que durante las detenciones, las personas hayan sido trasladadas a lugares no convencionales de detención. Por ejemplo, entre julio y agosto se detuvo a ciudadanos y ciudadanas en gimnasios municipales como en San Marcos de Colón, en donde 280 personas permanecieron detenidas en el gimnasio municipal de esa comunidad.

Asimismo se detuvo a manifestantes en tiendas de campaña instaladas en varias aldeas del departamento de El Paraíso. En Tegucigalpa, el parque de pelota Héctor “Chochi” Sosa al igual que el Cerro Juana Laínez, fueron utilizados para la detención de ciudadanos y ciudadanas.

En estos lugares no se realizó un registro de los detenidos y detenidas, lo que dificultó la tarea de las organizaciones de derechos humanos.

El informe revela datos importantes en torno a acusaciones por delitos políticos (en total 114 ), también se afectó el derecho a la libertad de circulación, y el derecho a recibir información, ya que un ciudadano o ciudadana que no se moviliza ¿cómo puede obtener información?.

El derecho a la libertad de expresión comprende dos aspectos: Primero el derecho a que la ciudadanía se exprese y también el derecho que se tiene a recibir información.

Estas violaciones quedaron manifiestas con la suspensión temporal de las emisiones informativas de Radio Globo, canal 36, Radio la Catracha, Radio Progreso y hostigamientos hacia Canal 11 y Diario Tiempo, entre otros.

El Cofadeh registró 27 de violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa, en donde se mencionan atentados contra medios de comunicación (27), agresiones contra periodistas (26) y el cierre de programas radiales independientes (3).

Todo esto aunado al cierre de medios y la confiscación de los equipos de transmisión en franca violación a la Ley de Emisión del Pensamiento, en que se señala que ni aún en estado de sitio, el recurso técnico de las emisoras puede ser confiscado.

La verdadera crisis fiscal

Primero, la preocupación que les genera la posibilidad de incumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Segundo, y directamente relacionado con lo anterior, el interés por encontrar un pretexto para presionar a favor de la aprobación legislativa de endeudamiento externo que permita cubrir posibles faltantes para así mantenerse dentro de los límites acordados con el FMI. Ello también ha dado pie para que el neoliberalismo criollo intente reverdecer sus marchitos laureles, y saque a relucir –como en los viejos tiempos- advertencias histéricas sobre una probable hecatombe macroeconómica.

Las tendencias que se observan a lo largo de este año apuntan a un déficit que, para el conjunto del sector público, muy probablemente se mantendrá abajo del 4% respecto del PIB. En el contexto fuertemente recesivo del último año, y a la luz de las evoluciones en curso hacia el crecimiento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, eso no constituye crisis fiscal alguna. Más bien debe ser interpretado como signo de insuficiencia en las políticas aplicadas para paliar los efectos de la crisis mundial. Si realmente interesaran las condiciones de vida de la gente, de seguro se habría optado por un déficit fiscal más elevado, mediante formas de gasto e inversión pública que promovieran la creación de empleos decentes, la protección de las condiciones de vida de nuestra gente y el apoyo a las empresas nacionales, en especial las pequeñas y las de economía social. Conviene enfatizar que, en el actual contexto recesivo, la evolución de diversas variables económicas –en particular la inflación y la balanza de pagos- concede suficiente margen de maniobra para la aplicación de esa política anti-recesiva.

La verdadera crisis fiscal está en otro lado y es asunto que las oligarquías y sus economistas oficiales procuran ocultar. Me refiero a dos datos estrechamente vinculados entre sí.

Primero, la insuficiencia en el nivel de tributación, es decir, el hecho de que el monto de los ingresos que el sector público percibe por conceptos de impuestos es limitado, tanto en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) –la así llamada carga tributaria (15% en 2008)- , como relativamente a las necesidades que deben ser atendidas por el sector público que, entre tantos otros asuntos de similar importancia, incluye salud y educación; seguridad pública; políticas sobre niñez, juventud y tercera edad; infraestructura de carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; vivienda popular; protección del medio ambiente, incluyendo, entre tantos otros, parques nacionales y agua; apoyo a la agricultura, así como a las pequeñas empresas nacionales y a las de economía social; investigación científico-tecnológica; infraestructura de cuido.

Segundo, la regresividad del sistema tributario, es decir, el hecho de que este principalmente se basa en impuestos que, por sus características inherentes, tienden a afectar sobre todo a los grupos sociales medios y, en especial, a los más pobre. El impuesto sobre las ventas es el mejor ejemplo de eso. En cambio, los impuestos sobre las ganancias empresariales, sobre la propiedad o sobre el consumo suntuario, constituyen alternativas que ponen el peso principalmente sobre los grupos que más riqueza tienen y mayores ingresos perciben. Este segundo tipo de impuestos no solo resultan más justos, sino que, además, tiene un mayor potencial de generación de ingresos, ya se dirigen hacia aquellos sectores de la economía donde se concentra la mayor parte de la riqueza.

Los datos demuestran con claridad que los impuestos en Costa Rica descansan principalmente sobre las espaldas de quienes menos tienen. Con base en cifras de la Contraloría General de la República, se observa que en 2008 los impuestos sobre ingresos y utilidades aportaban tan solo un 28,6% del total de los ingresos tributarios. Entretanto, los impuestos sobre bienes y servicios –generalmente de carácter muy regresivo- constituían un 59% del total. Dentro de este último componente, el impuesto sobre las ventas –seguramente el más injusto- aportaba por sí solo casi el 46% del total, mucho más de lo que da (menos del 20%) el impuesto sobre ganancias empresariales.

Otro componente al que debemos ponerle atención es el de los impuestos sobre las transacciones del comercio exterior, en especial exportaciones e importaciones de mercancías. Como consecuencia de los procesos de liberalización y apertura externa de la economía, los aportes que dan ese tipo de impuestos se han reducido sustancialmente. A mediados de los años ochentas del siglo pasado, aportaban cerca del 30% del total de los ingresos tributarios. En 2008 tan solo representaban un 8%. Recordemos que este tipo de impuestos, en conjunto con la exención de impuestos sobre las ganancias de actividades exportadoras (más otras exenciones al turismo), constituyen los dos componentes principales de la política tributaria del neoliberalismo. Ello ha contribuido decididamente a abrir un hueco fiscal gigantesco, lo cual está teniendo efectos terribles sobre la capacidad del sector público para atender necesidades fundamentales de nuestro pueblo. Con los TLC este proceso simplemente se ha consolidado y profundizado.

Esto plantea varios retos fundamentales, que resumo en lo siguiente:

– profunda modificación del sistema tributario: gravar principalmente a los grupos de mayores ingresos y a los sectores que más riqueza concentran, con lo que, además, se logrará mayor capacidad de generación de ingresos fiscales. Los impuestos principales deben ser los gravámenes sobre ganancias, propiedades, consumo suntuario y actividades ambiental y socialmente dañinas. Una meta posible es que estos lleguen a representar entre el 65% y el 70% del total de ingresos tributarios

– lo anterior debe complementarse y reforzarse mediante un esfuerzo destinado a profundizar los limitados avances logrados en los últimos años en materia de control de la evasión tributaria (especialmente en relación con los impuestos sobre ventas y ganancias)

– la carga tributaria (porcentaje del monto de impuestos recaudados relativamente al PIB) debe aumentar de forma significativa. Una propuesta para discusión: aumentarla del 15% (en 2008) al 20% en el próximo quinquenio, y hasta el 25% en el quinquenio siguiente.

– reformas profundas en el sistema político-institucional de Costa Rica que fortalezcan de forma sustancial los mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano –desde revocación de mandato y elecciones de medio período a formas diversas y creativas de auditoria ciudadana- a fin de garantizar el cumplimiento de varios objetivos: extirpar la corrupción; garantizar eficiencia en el uso de los recursos públicos; establecer mecanismos democráticos que orienten el gasto e inversión pública en función de las necesidades de la gente, respetando la rica pluralidad de los movimientos y organizaciones ciudadanas en la Costa Rica actual.

Es obvio que llevar estas propuestas a la realidad exige tener capacidad para poder hacerlo. Y ello sería factible solamente con base en una amplia, plural y muy democrática e inclusiva alianza, a la vez político-partidaria y cívico-ciudadana. Debo reconocer que en Costa Rica estamos muy lejos de contar con algo que ni remotamente se parezca a tal cosa.

Luis Paulino Vargas Solís,25 de Octubre de 2009

Carta para un mundo sin violencia

Estamos convencidos que la adhesión a los principios de la noviolencia introducirá un orden mundial mas civilizado y pacifico, en el que sistemas mas justos y eficaces de gobernar, respetuosos de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida puedan ser una realidad.

Nuestras culturas, nuestras historias y nuestras vidas individuales están interrelacionadas y nuestras acciones son interdependientes. Hoy como nunca antes, creemos encontrarnos frente a una verdad: el nuestro es un destino común, un destino que será determinado por nuestras intenciones, decisiones y acciones de hoy.

Estamos firmemente convencidos que crear una cultura de la paz y de la no violencia, aun siendo un proceso largo y difícil, es un objetivo noble y necesario. Afirmar los principios enunciados en esta Carta es un paso de vital importancia, para garantizar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad y lograr un mundo sin violencia.

Nosotros, Premios Nobel de la Paz y Organizaciones Nobel por la Paz,

Reafirmando nuestro compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Preocupados de la necesidad de poner fin a la propagación de la violencia en todos los niveles de la sociedad y, sobre todo, a las amenazas que asestan a nivel global contra la humanidad,

Reafirmando que la libertad de pensamiento y de expresión está en la raíz de la democracia y de la creatividad,

Reconociendo que la violencia se manifiesta de muchas formas, como conflicto armado, ocupación militar, pobreza, explotación económica, destrucción del medioambiente y prejuicios basados en raza, religión, genero u orientación sexual,

Notando que el culto a la violencia, así como se expresa a través de la cultura popular, acostumbra a la aceptación de la misma como condición normal y admisible,

Convencidos de que la violencia causa el mayor daño a aquellos que son más débiles y vulnerables;

Reparando en que la paz no es solamente la ausencia de la violencia sino también la presencia de la justicia y el bienestar de la gente;

Considerando que un inadecuado reconocimiento, de parte de los Estados, de las diversidades étnicas, culturales y religiosas está en la raíz de mucha de la violencia que existe en el mundo,

Reconociendo la urgencia de desarrollar un planteo alternativo a la seguridad colectiva basado en un sistema en el que ningún país, o grupo de países, deba contar con las armar nucleares para la propia seguridad;

Conscientes de que el mundo necesita mecanismos globales eficientes y prácticas noviolentas de prevención y resolución de conflictos, las cuales tienen mayor éxito cuando son adoptadas en la fase más precoz posible.

Afirmando que aquellos que tienen investiduras de poder tienen la mayor responsabilidad de poner fin a la violencia, donde sea que se manifieste y de prevenirla cada vez que sea posible,

Convencidos que los principios de la no violencia deben triunfar en todos los niveles de la sociedad, así como en la relaciones entre los Estados y las personas;

Llamamos a la comunidad internacional a favorecer el desarrollo de los siguientes principios:

Primero: En un mundo interdependiente, la prevención y el cese de los conflictos armados entre Estados y dentro de los Estados requiere una acción colectiva de parte de la comunidad internacional. El mejor modo de garantizar la seguridad de los estados individuales es avanzar en la seguridad global humana. Esto requiere reforzar la capacidad de implementación de la ONU y de las organizaciones de cooperación regional.

Segundo: Para lograr un mundo sin violencia, los Estados deben respetar siempre el estado de derecho y honrar sus acuerdos jurídicos.

Tercero: Es esencial encaminarse sin más demoras hacia la eliminación verificable de las armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva. Los Estados que detentan tales armas deben dar pasos concretos hacia el desarme y adoptar un sistema de defensa que no se base en la disuasión nuclear. Al mismo tiempo los Estados deben empeñarse en consolidar un régimen de no proliferación nuclear, reforzando también verificaciones multilaterales, protegiendo el material nuclear y llevando adelante el desarme.

Cuarto: Para reducir la violencia en la sociedad, la producción y la venta de armas pequeñas y ligeras debe reducirse y ser rigurosamente controlada a nivel internacional, estatal, regional y local.

Además, debe existir una total y universal aplicación de los acuerdos internacionales en materia de desarme, como por ejemplo el Tratado para la Prohibición de Minas de 1997, y el sostén de nuevos esfuerzos dirigidos a eliminar el impacto de las armas indiscriminadas y activadas por las víctimas, como por ejemplo las municiones en racimo.

Quinto: El terrorismo jamás puede tener justificación, porque la violencia genera violencia y porque ningún acto de terror contra las poblaciones civiles de ningún país puede ser perpetrado en nombre de ninguna causa. La lucha contra el terrorismo no puede, sin embargo, justificar la violación de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional, de las normas de la sociedad civil y de la democracia.

Sexto: Poner fin a la violencia doméstica y en las familias exige el respeto incondicional de la igualdad, de la libertad, de la dignidad y de los derechos de las mujeres, de los hombres y de los niños, de parte de todos los individuos e instituciones del estado, de la religión y de la sociedad civil. Tales tutelas deben incorporarse a las leyes y a las convenciones locales e internacionales.

Séptimo: Cada individuo y Estado comparten la responsabilidad de prevenir la violencia contra los niños y los jóvenes, quienes representan nuestro futuro común y nuestro bien más preciado, y promover oportunidades de instrucción, el acceso a la asistencia sanitaria primaria, la seguridad personal, la tutela social y un entorno favorecedor que refuerce la no violencia como estilo de vida y no como sueño utópico. La educación en la paz, la promoción de la no-violencia y el énfasis en la compasión como cualidad innata deben ser parte esencial de los programas educativos a todos los niveles.

Octavo: Prevenir los conflictos derivados del agotamiento de los recursos naturales y, en particular, de las fuentes de agua y de energía exige que los Estados desarrollen un rol activo e instituyan sistemas jurídicos y modelos dedicados a la protección del ambiente y a la contención de su consumo en base a la disponibilidad de los recursos y a las reales necesidades humanas

Noveno: Llamamos a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros a promover un reconocimiento significativo de las diversidades étnicas, culturales y religiosas. La regla de Oro de un mundo no violento es: “Trata a los demás como quisieras ser tratado”.

Décimo: Los principales instrumentos políticos necesarios para forjar un mundo no violento son las instituciones democráticas eficaces y el diálogo basado en la dignidad, el conocimiento y el compromiso, conducidos en el respeto del equilibrio entre las partes involucradas, y, donde sea apropiado, teniendo también presente los aspectos de la sociedad humana en su totalidad y del ambiente natural en que vive.

Décimoprimero: Todos los Estados, instituciones e individuos deben apoyar los esfuerzos por superar las desigualdades en la distribución de los recursos económicos y resolver grandes iniquidades que crean un terreno fértil para la violencia. La disparidad de condiciones de vida lleva inevitablemente a la falta de oportunidades, y en muchos casos, a la pérdida de esperanza.

Décimosegundo: La sociedad civil, inclusos los defensores de los derechos humanos, los pacifistas y los activistas ambientales, debe ser reconocida y protegida como esencial para la construcción de un mundo no violento, así como todos los gobiernos deben servir a sus propios ciudadanos y no al contrario. Deben crearse las condiciones para permitir y alentar la participación de la sociedad civil, en particular de las mujeres, en los procesos políticos a nivel mundial y local.

Décimotercero: Implementando los principios de esta Carta, nos dirigimos a todos para que se trabaje juntos por un mundo justo y libre de matanzas, en el que cada uno tenga el derecho a no ser muerto y a su vez el deber de no dar muerte a nadie.

Para remediar todas las formas de violencia, alentamos la investigación científica en los campos de la interacción humana y del dialogo, e invitamos a las comunidades académicas, científicas y religiosas a ayudarnos en la transición hacia una sociedad no-violenta y no-asesina.

Firman la Carta para un Mundo sin Violencia

Mairead Corrigan Maguire
Dalai Lama
Mikhail Gorbachev
Lech Walesa
Frederik Willem De Klerk
Arzobispo Desmond Mpilo Tutu
Jody Williams
Shirin Ebadi
Mohamed ElBaradei
John Hume
Carlos Filipe Ximenes Belo
Betty Williams
Muhammad Yanus
Wangari Maathai
International Physicians for the Prevention of Nuclear War
La Cruz Roja
International Atomic Energy Agency
American Friends Service Committee
International Peace Bureau

Apoyan la Carta para un Mundo Sin Violencia

Walter Veltroni, Ex Alcalde de Roma
Mr. Tadatoshi Akiba Presidente de Alcaldes por la Paz y Alcalde de Hiroshima
Agazio Loiero, Gobernador de la Región de Calabria, Italia
Prof. M.S. Swaminathan, Ex Presidente del Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Organización Premio Nobel de la Paz.
David T Ives, Instituto Albert Schweitzer
George Clooney, actor
Don Cheadle, actor
Bob Geldof, cantante
Peace People, Belfast, Irlanda del Norte
Memoria Collettiva, Asociación
Hokotehi Moriori Trust, Nueva Zelanda

Uruguay: José Mujica gana pero debe ir a balotaje

La postulación de Mujica, de la coalición Frente Amplio (FA), alcanzó el 47 por ciento frente al 29 por ciento de Lacalle, del Partido Nacional (PN), según proyecciones del escrutinio de encuestadoras.

El gran vencedor de la noche fue el histórico Partido Colorado (PC), afín al PN, con la candidatura de Pedro Bordaberry, que registró una votación superior a la prevista, con un 17 por ciento del electorado.

De esta manera, se aplazó 30 días la definición del sucesor de Tabaré Vázquez (2005 -2010), el primer mandatario de izquierda del país.

“No se pueden hacer pronósticos sobre lo que puede ocurrir en noviembre”, reconoció el director de la consultora Cifra, Luis Eduardo González, por lo que pidió “prudencia” al evaluar el escenario.

Aún no estaba claro esta madrugada si el FA obtuvo la mayoría del Parlamento, (Cámara Senadores y Diputados), que también se renovaba.

Mujica pidió a sus militantes un “último esfuerzo” de cara al balotaje. “La sociedad nos exige un esfuerzo más, participar en una segunda vuelta, hemos quedado muy cerca de tener una mayoría”, reflexionó.

En tanto, el candidato a vicepresidente del FA, Danilo Astori, señaló su satisfacción “por la votación recibida que supera a la de los dos partidos tradicionales juntos”.

Eso “indica que nos dirigimos hacia la victoria”, destacó Astori, para quien el balotaje será un plebiscito entre dos modelos de país.

De su lado, Lacalle se mostró confiado en imponerse.

“Vamos a conducir el Poder Ejecutivo”, dijo Lacalle, porque “somos una mejor opción para la seguridad, para la certeza, para la paz y el diálogo”, destacó Mujica.

Tras conocer los datos de las elecciones nacionales, que dejaron segundo a su Partido Nacional (PN), Lacalle llamó a dejar a un lado las banderas partidarias para la segunda vuelta.

En su discurso en la sede partidaria, en Montevideo, Lacalle dijo que durante estos más de 30 días se despojaría de su condición de “blanco” (partidario del PN).

El líder del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, anunció la noche del domingo que apoyaría a Lacalle en el balotaje.

Al mismo tiempo, los uruguayos rechazaron las dos iniciativas de Reforma Constitucional que se pusieron a consideración simultáneamente con las elecciones, al no alcanzar el 50 por ciento.

Según las estimaciones preliminares, la propuesta para anular la ley de amnistía a los militares represores durante la última dictadura (1973-1985) recogió sólo una adhesión del 47 por ciento.

En tanto, la iniciativa de incluir en la Constitución el derecho de voto de los compatriotas que emigraron al exterior tuvo el apoyo del 38 por ciento de la ciudadanía.

La Corte Electoral anunciará las cifras oficiales este lunes al mediodía.

Las elecciones se desarrollaron con normalidad, con un alto nivel de participación entre los más de dos millones 500 mil habilitados para sufragar.

Feministas no apoyan candidatura de Laura Chinchilla

El documento en el que manifiestan sus razones para no apoyar la candidatura a la presidencia de Chinchilla, está firmado por algunas de las fundadoras y activistas de las principales organizaciones feministas y de mujeres del país, de organizaciones comunales y gremiales, académicas, artistas y mujeres independientes.

_ “Laura Chinchilla ha expresado públicamente sus reservas en relación con el movimiento y el pensamiento feminista, negando así más de 200 años de lucha por los derechos humanos de las mujeres, que son los que han generado las condiciones que le permiten hoy a ella aspirar a la Presidencia de la República “_, dice el comunicado.

Y agregan que “la candidata presidencial oficialista, Laura Chinchilla, le ha atribuido a su partido conquistas emblemáticas del movimiento de mujeres y feminista internacional y local, invisibilizando las arduas luchas sociales por conquistar derechos y ampliar la ciudadanía que las mujeres hemos librado a lo largo de la historia”.

El movimiento feminista también critica el apoyo incondicional de Chinchilla al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, al que identifican como “la herramienta“ de institucionalización de las políticas neoliberales como políticas de Estado y “que tanta exclusión social, desigualdad y deterioro de las condiciones de vida, en particular de las mujeres, ha generado”.

Las firmantes también reclaman a Chinchilla que en sus declaraciones públicas y a lo largo de su carrera política “nunca ha asumido un compromiso claro y consecuente con la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, por la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ni a favor de la eliminación de las condiciones que generan y reproducen la opresión de género y que atentan contra el logro de la completa emancipación de las mujeres”.

Otra crítica de las feministas a la candidata liberacionista es su falta de autonomía al considerar que “el vínculo político entre Chinchilla y Oscar Arias sólo puede ser calificado como subordinación”.Las feministas concluyen diciendo que “respetamos a Laura Chinchilla, como mujer y como ciudadana, pero no compartimos sus principios ético-políticos, su discurso ni su praxis.

Ella no nos representa y, por lo tanto, no podemos manifestar satisfacción por su candidatura ni apoyar su pretensión de convertirse en la primera mujer presidenta de este país”.

Entre las firmantes del documento están Roxana Arroyo Vargas, Victoria Saxe Fernández, Alda Facio Montejo, Carmen Muñoz Quesada, Montserrat Sagot Rodríguez, Rocío Alfaro Molina, Julia Ardón Morera, Cristina Nogués Civit, Marcia Ugarte Barquero, Heidi Venegas Rojas, Marielos Giralt Bermúdez, Flor de Lis Monestel Corrales, Alicia Gurdián Fernández, Julieta Dobles Yzaguirre, Sila Chanto Quesada, Roxana Reyes Rivas.

Fuente: Informa-tico. com

Ecuador estableció los derechos constitucionales de la naturaleza

En septiembre de 2008 Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en incorporar a la Constitución “los derechos de la naturaleza”, codificando así un nuevo sistema jurídico de protección del medio ambiente.

Reflejando creencias y tradiciones de la población indígena de Ecuador, la Constitución declara que la naturaleza “tiene derecho a existir, persistir, mantenerse y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos en la evolución”. Este derecho constitucional “es independiente de la obligación de las personas naturales y jurídicas o del estado de indemnizar a la gente que depende de los sistemas naturales”.

La nueva carta fundamental redefine la relación de la gente con la naturaleza afirmando que ésta no es un objeto para apropiárselo y explotarlo, sino una entidad con derechos que deberá tratarse con igualdad ante la ley.

Mari Margil, directora adjunta del Fondo de Defensa Legal Ambiental, trabajó de cerca durante el último año con miembros de la asamblea constitucional de Ecuador en la elaboración de “los derechos de la naturaleza” legalmente ejecutoriados, que marcan con una línea de agua la trayectoria de la ley ambiental.

El liderazgo de Ecuador en este ámbito puede tener un efecto dominó global. Margil dijo que su organización está ocupada atendiendo llamadas desde países interesados, como Nepal, que actualmente está escribiendo su primera constitución.

Pese a toda la esperanza y progreso tangible que representa el articulado de “los derechos de la naturaleza” en la Constitución de Ecuador, sin embargo surgieron conflictos y contradicciones con las leyes y la realidad política de la tierra. Un defecto fundamental en la Constitución también responde a la negativa de Correa a incluir una cláusula que por mandato libre, anterior e informado asigne consentimiento a las comunidades para el desarrollo de proyectos que afectarían los ecosistemas locales.

“Espero que ellas no luchen”, dijo Margil, refiriéndose a las industrias extractivas transnacionales. “Su pan y mantequilla está basado en su capacidad de tratar a los países y ecosistemas como hoteles baratos. Las corporaciones transnacionales están dependiendo de la devastación del planeta para aumentar sus fondos”.

La nueva Ley Minera de Ecuador, introducida por el propio presidente Rafael Correa y apoyada por las compañías canadienses que explotan la mayoría de las concesiones mineras en ese país, es un testamento al pronóstico de Margil. La Ley Minera permitiría la explotación de metales a gran escala y a cielo abierto en prístinas montañas andinas y en la selva amazónica. Importantes manifestaciones a escala nacional han protestado y acusado a Correa de invitar al desastre social y ambiental, por vender los intereses mineros a empresas a foráneas.

Carlos Zorrilla, director ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de la región ecuatoriana de Intag, quien ha sido un defensor incansable del ambiente contra las corporaciones mineras transnacionales, dijo que mientras la nueva Constitución parece buena en el papel, _“en la práctica invalida los derechos de la naturaleza_” porque los gobiernos, como el de Correa, argumentarán que financiando su proyecto político traerán “bienestar y aliviarán la pobreza”.

Incluso, aunque el presidente ecuatoriano Correa abrace el modelo extractivo de desarrollo económico, la inclusión de “los derechos de la naturaleza” en una constitución nacional fija un precedente inspirador y revolucionario. Si la historia es algún indicador, los ecuatorianos lucharán con éxito por “los derechos de la naturaleza”, con o sin su presidente.

Cuando los ecuatorianos elaboraron y aprobaron la nueva Constitución que otorgó derechos inalienables a la naturaleza, los medios de EEUU ignoraron en gran parte este desarrollo histórico. En el caso del Los Ángeles Times, uno de los pocos grandes diarios que cubrió la noticia, el comité de redacción del periódico trivializó el acontecimiento (Ponen la naturaleza en la constitución de Ecuador, 09/02/08), sugiriendo que sonaba “como a un truco del Ayuntamiento de San Francisco” y que eso parecía_ “loco”._

_“Mientras alrededor del mundo colapsan los sistemas ecológicos, necesitamos cambiar fundamentalmente nuestra relación con la naturaleza. Esto requiere cambios en la ley y cultura y, en última instancia, nuestro comportamiento como parte de la naturaleza_”, dijo Mari Margil, directora adjunta del Fondo de Defensa, quien está decepcionada de cómo los medios de EEUU ignoraron en gran parte la noticia.

En Ecuador, a la hora del voto constitucional, hubo optimismo sobre cómo las cláusulas de “los derechos de la naturaleza” transformarían la política. “Así como estos progresos fueron emocionantes, también fue inevitable que la gente en el poder encontrara maneras de eludir, minar e ignorar esos derechos”, dijo Carlos Zorrilla, director ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de Intag.

Según Zorrilla, la mayor decepción ha sido la nueva ley de minería del presidente Rafael Correa.

“La ley ofrece escapatorias a ‘los derechos de la naturaleza’ y las ensancha de manera que los motores gigantes de la suciedad puedan conducirse fácilmente a través suyo”, dijo Zorrilla, quien ha estado trabajando con comunidades de la región ecuatoriana de Intag para resistir la minería y promover el desarrollo sustentable. “Para mencionar un par de ejemplos, la ley no prohíbe la explotación minera en grande en los hábitats que albergan a especies en peligro, ni tampoco la descarga de metales pesados en ríos y corrientes”.

Los líderes indígenas respondieron introduciendo un pleito ante el Tribunal Constitucional de Ecuador en marzo de 2009, intentando volcar la ley de minería, que creen inconstitucional. El artículo 1º de las cláusulas “derechos de la naturaleza” indica: “Cada persona, gente, comunidad o nacionalidad, podrá exigir el reconocimiento de derechos de la naturaleza ante los organismos públicos. La aplicación e interpretación de estos derechos seguirán los principios relacionados establecidos en la Constitución”.

Sin observar las luchas en desarrollo por asegurar la preservación de los verdaderos significados y alcances de la Constitución, el Dr. Mario Melo, un abogado especializado en legislación ambiental y derechos humanos y consejero de la Fundación Pachamama-Ecuador, cree que las cláusulas de la naturaleza que reflejan las tradiciones de los pueblos indígenas podrían ofrecer una trayectoria para un futuro ecológicamente sostenible.

“Considero que el reconocimiento de “los derechos de la naturaleza” como un progreso a escala global merece difusión universal para que sea comentado como una contribución de Ecuador a la búsqueda de nuevas maneras de hacer frente a la crisis ambiental debido al cambio de clima”.

Debemos continuar monitoreando y aprendiendo sobre las luchas de los movimientos sociales y del gobierno ecuatoriano por mantener “los derechos de la naturaleza” y crear un muevo modelo de desarrollo que coloque a los seres humanos como parte interdependiente de la naturaleza, todavía dominada por sus explotadores.

Fuentes:
Upside Down World, 25 de septiembre de 2008, “Ecuador’s Constitution Gives Rights to Nature”, por Cyril Mychalejko.
Estudiante investigador: Chelsea Davis
Evaluador académico: Elaine Wellin, Ph.D., Sonoma State University

* UPSIDE DOWN WORLD
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Resistencia hondureña denuncia asesinatos masivos

Según informó la joven que se comunicó con la radio desde el lugar de los hechos, a las 8 de la noche del martes pasado se escucharon disparos en la colonia y cuando salieron los vecinos se dieron cuenta de que había cuatro personas asesinadas.

Las víctimas son José Alexander Rodas Osorto de 20 años; Marco Antonio Dubón Flores, de 28 años; un jóven llamado Cesar de 20 años y su hermano.

La vecina que informó de estos ataques también reportó otra posible agresión contra 7 personas más en la Colonia Montes de Bendición, pero no pudo brindar detalles.

Mientras tanto, desde Radio Flumabimetu y Radio Duruugubuty, emisoras de los pueblos garífunas del Triunfo de la Cruz y San Juan, en la Bahía de Tela, reportaron una serie de amenazas.

Explicaron que agentes de la Dirección General de Investigación Criminal llegaron a las instalaciones de las radios, supuestamente a hacer “investigaciones”, pero con claras intenciones intimidatorios.

Además, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, denunció la desaparición del Oficial de Policía Daniel Molina, quien fungía como Vocero de la Policía Nacional de Honduras.

La organización informó que “hasta hace aproximadamente una semana el Oficial Molina era un incondicional y su presencia era virtualmente inamovible de la zona militar de la periferia de la Embajada de Brasil”.

“Se presume que el Oficial Molina fue detenido por órdenes de sus propios superiores apenas horas después de la difusión internacional del famoso video donde admite plenamente la naturaleza militar del Golpe de Estado”, dice el comunicado de la CODEH.

Fuente: ARGENPRESS.info

Costa Rica: ¿Crisis fiscal?

Está claro que el déficit fiscal reapareció y ha aumentado considerablemente. En lo que se refiere al Gobierno Central el faltante acumulado en el lapso enero-agosto de 2009 alcanza -291 miles de millones de colones, muy lejos del superávit de 151 miles de millones y 60 miles de millones de colones que se registraba en el mismo lapso en 2008 y 2007, respectivamente.

Ese resultado es la obvia consecuencia de dos movimientos contrapuestos: la reducción de ingresos (-8,4% respecto de agosto 2008) y el notable aumento (21,7% respecto agosto 2008) en los gastos, muy por encima de la inflación registrada durante ese mismo período anual (5,7%). Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), es posible que este faltante del Gobierno Central represente, a fin de año, una proporción de entre 2 y 2,5%. Teniendo en cuenta lo anterior así como las tendencias observadas en años previos, el déficit total del sector público (que incluye otras instituciones y empresas públicas además del Gobierno Central) podría situarse entonces entre un 3 y 4% como proporción del PIB.

Es evidente que ese resultado deja muy insatisfecha a la usual ortodoxia económica (véase editorial de La Nación del pasado 5 de octubre), pero, la pura verdad, no es cosa del otro mundo. Si bien las condiciones son obviamente distintas, sin embargo resulta ilustrativo recordar que hoy día Estados Unidos está manejando niveles de déficit fiscal que sobrepasan cómodamente el 10% respecto de su PIB.

Este faltante fiscal de alguna forma constituye una política necesaria en el contexto actual de crisis mundial y recesión de la economía costarricense. Incluso, hay razones para creer que debió aplicarse una política fiscal aún más agresiva y, sobre todo, mejor direccionada a fin de compensar más eficazmente los efectos de la crisis. Aún así, acontece que los limitados datos disponibles sobre empleo –basados en los reportes de las planillas a la Caja del Seguro Social- sugieren que la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado (cerca de 50 mil entre octubre 2008 y julio 2009) se ha visto compensada en parte por el aumento del empleo en el sector público (casi 30 mil empleos). El efecto neto es una cifra que se acerca a los 20 mil puestos de trabajo perdidos.

Sin embargo, es muy posible que esos números tan solo aporten una visión parcial del verdadero grado de deterioro que ha registrado el empleo. Recordemos, primero, que la fuerza de trabajo aumenta cada año en unos 40 a 50 mil trabajadores y trabajadoras. Está claro que la economía no está generando los empleos necesarios para absorber esta mano de obra nueva. En consecuencia, es posible que en este momento haya unas 60 a 70 mil personas más desempleadas de las que había hace un año. Ello implica un deterioro violento. Segundo, desconocemos en qué medida puedan estarse dando tanto reducciones de jornadas laborales como congelamiento salarial, pero podemos apostar que ello está ocurriendo en gran escala.

Siendo así las cosas, a uno le resulta sorprendente la enorme alharaca montada, tanto por el gobierno al extremo de amenazar con no pagar aguinaldos como por la usual prensa neoliberal.

La histérica sobrerreacción del gobierno de los Arias podría quizá explicarse considerando los compromisos firmados meses atrás con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo concedió un pequeño margen para la aplicación de una política fiscal activa, pero estableció ciertos límites a la magnitud del déficit fiscal (el del Gobierno Central como el del conjunto del sector público). Posiblemente las autoridades económicas temen no poder cumplir con los topes establecidos, cosa que parece ponerles los nervios de punta. La pretensión –sobre la cual insisten machaconamente- para que la Asamblea Legislativa les apruebe deuda externa que se dedicará a cubrir gastos corrientes (por ejemplo salarios y aguinaldos), da evidencia adicional en apoyo de esa tesis. La racionalidad económica que subyace a esta pretensión es harto cuestionable. Como también resulta excesivo el justificarla aduciendo que de por medio hay una crisis fiscal de grandes proporciones. Esto último es simplemente una exageración irresponsable o bien una afirmación ideológicamente motivada (en fin, este es un gobierno neoliberal). Sin duda, lo que más les interesa es quedar bien con el FMI.

Por su parte, los economistas y medios conservadores han sacado a relucir –como en las épocas de gloria del neoliberalismo- todos los fantasmas del apocalipsis macroeconómico. Advierten que podría haber más inflación, mayores desequilibrios en la balanza de pagos y elevación de las tasas de interés. La cosa es risible ya que los datos advierten que la realidad camina por otros rumbos: la economía está en recesión; el desempleo aumenta; la inflación está en sus niveles más bajos desde hace más de 30 años; los desequilibrios de la balanza de pagos se han atenuado considerablemente. Todo lo cual testimonia que, en efecto, la recesión se ha sentido fuerte. Y si las tasas de interés han alcanzado en meses recientes niveles elevados (muy elevados relativamente a la inflación registrada) no es por causa del déficit fiscal, sino que es consecuencia del tipo de política monetaria –muy restrictiva- aplicada por el Banco Central. Conviene enfatizar que esto último también es un compromiso asumido con el FMI.

El coro neoliberal seguramente querría un ajuste hacia la baja del déficit fiscal. Quizá recortar presupuestos de salud y educación, bonos de vivienda, los fondos de la educación superior. Y de seguro se sentirían muy cómodos promoviendo un aumento en el impuesto sobre las ventas. Probablemente el gobierno de los Arias se resistirá a hacerlo, no por un asunto de convicción sino de oportunismo, en vista de la coyuntura electoral y la ya cercana finalización de su período.

Estas medidas tendrían indudables costos sociales y humanos pero, además, resultarían una salida por completo desafortunada, dadas las actuales circunstancias económicas. En realidad, la economía de Costa Rica sigue moviéndose en terreno negativo y continúa manifestando mucha debilidad. Pero lo cierto es que, además, la presunta recuperación de la economía mundial –en especial la estadounidense- es, en el mejor de los casos, un globito que arriesga desinflarse en cualquier momento.

En ese contexto, la restricción fiscal nos podría hundir en una recesión aún más severa de la que hemos tenido durante el último año.

Fuente: ARGENPRESS.info

Puerto Rico insurrecta

Mientras, su homólogo católico de Caguas, Rubén González, subrayaba la indignación expresada debido a decisiones tomadas por el gobierno sin contar con el pueblo.

A veces se nos olvida que la hermosa isla del Caribe oriental, cuyos habitantes originarios llamaban Borinquen, es sangre y carne de América Latina. Patria de Antonio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, Pedro Albizu Campos y Filiberto Ojeda Ríos, que hizo escribir a José Martí en los Estatutos del Partido Revolucionario Cubano: Se funda… para luchar por la independencia de Cuba y coadyuvar a la de Puerto Rico.

Borinquen no ha dejado de luchar un día por su libertad, primero del coloniaje español y luego del estadunidense, ni ha estado al margen de las batallas latinoamericanas contra las políticas neoliberales. De hecho, una gran coalición de fuerzas sociales de la isla libra hoy un combate frontal contra las feroces medidas de ese corte del gobernador anexionista/bushista Luis Fortuño, quien ha echado a la calle a más de 20 mil empleados públicos. Los planes de Fortuño –doblemente repudiado pues en la campaña electoral se comprometió a no despedir a ningún servidor público– desmantelarían numerosas agencias del gobierno, en especial aquellas que tienen que ver con la educación, la cultura, la salud, la asistencia social y los servicios públicos para convertirlas en un negocio del capital privado.

Frente a la arremetida del gobierno y de los grandes grupos económicos, una gran coalición, integrada por la multisectorial Todo Puerto Rico por Puerto Rico, la Coordinadora Sindical y el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha llevó a cabo el paro nacional, que paralizó San Juan y virtualmente todo el país. En San Juan dos grandes marchas que reunieron alrededor de 200 mil personas confluyeron en dos puntos cercanos para fundirse en una después de que contingentes muy diversos por su origen social o profesional recorrieran la ciudad desde distintas direcciones con gran despliegue de ingenio popular. Sindicatos, comunidades, estudiantes, colegios profesionales, desempleados, grupos feministas, líderes religiosos cristianos, intelectuales y artistas, entre ellos Danny Rivera y Andy Montañés. Ese día, desde la ceremonia de los premios MTV latinos el Residente del dúo Calle 13, René González, exhibía una camiseta con la consigna ¡Viva Puerto Rico Libre!, solidarizaba con la marcha y en español castizo (grosero dicen las buenas conciencias) le recordaba la autora de sus días al impopular gobernador Fortuño. Luego escribía en su blog: América Latina no está completa sin Puerto Rico y Puerto Rico no es libre. El paro fue convocado por una marcha/Asamblea del Pueblo reunida el 5 de junio frente al Capitolio de San Juan, en lo que parece haber sido una expresión precursora de parlamentarismo de calle, y según la opinión de sus organizadores es el preámbulo de una serie de acciones de protesta y resistencia civil pacífica que desembocarán en la huelga general del pueblo, aunque no solo. En palabras de Luis Peraza, vocero de la Coordinadora Sindical y del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, más allá del paro está la creación de conciencia para que el pueblo reconozca el poder que tiene para cambiar las cosas.

El antecedente más importante de esta nueva etapa de lucha en Puerto Rico es la ejemplar brega por sacar a la marina yanqui de Vieques, un referente para América Latina ahora que Estados Unidos está instalando bases militares en países con gobiernos serviles como Colombia y Panamá, que entre otros objetivos persiguen cercar a la revolución bolivariana. El rechazo a las bárbaras medidas de Fortuño –como entonces la lucha por Vieques– ha tenido la virtud de unir un concierto de voluntades muy diverso y plural de sectores que usualmente han permanecido alejados entre sí o ajenos a la batalla social En opinión del periodista y académico independentista Carlos Rivera, La insurgencia civil es… sobre todo… construcción en torno a valores, experiencias… e instituciones comunes que representan ese otro Puerto Rico que va naciendo… a partir de sus diversas articulaciones… ya se asoma potencialmente ese pueblo que soberana y democráticamente decida tomar control de su destino…


Fuente: La Jornada, México 2210

El Uruguay de Pepe Mujica

Lea También: Uruguay: La cultura plebeya camino del gobierno
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ALAI AMLATINA, 20/10/2009.- Quienes seguimos con expectativa el desarrollo del acontecer latinoamericano, sentimos una alegría profunda a la hora en que fueron liberados, el año 1985. Pero, además, nos preguntamos entonces qué papel jugarían en la democracia que, tímidamente, se insinuaba en Nuestra América. Esos dirigentes: Sendic, Mujica, Huidobro, Marenales, estuvieron aislados durante 14 años. Fueron rehenes, sujetos a las peores condiciones carcelarias y, además, sin acceso a la información. Pero, por sobre todo, superando esas extremas limitaciones, nos demostraron que estaban conscientes de la realidad que vivía nuestro continente, cada uno nuestros países y, como era de esperar, su entrañable Uruguay.

Y ahora, Mujica, será presidente de ese país donde nació hace 75 años, donde militó siempre con su pueblo, donde entregó todo de sí por la liberación nacional, donde sufrió una prisión bárbara como rehén, donde finalmente se casó con una compañera combatiente como él y donde, con todo ese historial, mostró que la vida vale la pena vivirla. Mujica será el segundo presidente de las filas del Frente Amplio. ¿Cómo es que su vida lo ha llevado hasta ese punto?, ¿no será que dejó atrás las experiencias de los sesenta y está dispuesto a amoldarse al modelo? Esa, al menos, es la imagen que quisieron darme un par de jóvenes uruguayos que quieren luchar por la revolución socialista en su país. Para ellos, el Frente Amplio, ya no representa esa opción, si es que alguna vez la tuvo y, lo mismo Pepe Mujica que Tabaré Vásquez, seguirán sosteniendo el modelo neoliberal. Por supuesto, aquella pareja, había llegado a Bolivia con gran entusiasmo por el proceso que se está desarrollando aquí.

La realidad, en todo caso, es diferente. No se puede hacer lo mismo aquí que allí. Son realidades distintas. Realidades que deben ser tomadas con cautela. Tengo en mi mano un texto que dice precisamente eso. Se llama “Raúl Sendic, el primer Tupamaro” escrito por Sergio Góngora. Fue escrito en 2006 y la primera edición salió en abril de 2007. El prólogo fue escrito por Pepe Mujica, cuando no había ningún atisbo de que fuese candidato presidencial y, más bien, había dejado el gobierno para retornar al Senado Nacional.

Como el libro se refiere a Sendic, es lógico que el prólogo hable también de él. Mujica, refiriéndose a quien fue su jefe de toda la v ida, dice: “Era muy heterodoxo, tenía una cabeza terriblemente abierta, tanto que daba miedo. Porque también los hombres de izquierda inventan su Biblia. Y después creen en ella, aunque la realidad les esté rompiendo la cabeza. Es casi una actitud humana el ser un tanto conservadores y es muy difícil mantener la frescura, poder remover y remover las neuronas”.

En realidad, lo que hace Pepe en ese prólogo, que se extiende a lo largo de seis páginas, es retratarse. Porque, junto con Sendic, enfrentaron esa nueva realidad que la dictadura les había arrebatado durante 14 años y supieron fijar la línea correcta. Hubiese sido simple salir de su condición de rehenes gritando las viejas consignas del MLN Tupamaros. Hubiesen brillado en ese Uruguay que salía lentamente de la dictadura, aunque fuese sólo para recordar los tiempos heroicos. Eso es simple. Pero, como en los primeros tiempos de las marchas campesinas, como en la época de las “tatuceras”, buscaron el camino difícil de plantear la reconstrucción de su país trizado por las dictaduras civiles y militares que se turnaron desde Pacheco Areco hasta Álvarez, pasando por Bordaberry, Aparicio Méndez y otros más.

Es así que, Pepe Mujica, se plantea: “Porque cuanto más veteranos, más pacientes. Esta lucha no es para ‘apuraditos’. Esta lucha es para consecuentes”. ¿De qué lucha nos está hablando? Nos habla de: “Creo en las ideas fundamentales –porque de lo contrario sería no creer en la vida-, pero hay que tener la audacia de revisarlo todo”. Él tiene en cuenta que “si se pierde el camino al corazón de las masas, todo lo demás es mera filosofía militante de boliche”.

En esas condiciones, el Pepe sostiene: “Ningún pueblo va a salir adelante si no acumula trabajo, si no reparte el fruto de un trabajo real, y sobre todo cuando hay que tapar en lo inmediato la brecha social, no de los que tienen algún trabajo, de la brecha social de los que no tienen nada. Y esos deben estar primero”.

¡Cómo se agranda Mujica sentenciando! “No nos espera ningún paraíso, sobre todo a los viejos, sino salir del infierno y cultivar la esperanza, que es una cosa distinta”.

No sé si será suficiente para los jóvenes que, como corresponde, son impacientes, son ‘apuraditos’ como diría el Pepe. Así fuimos todos y qué bueno que fuimos así. La cosecha de esos tiempos tempranos, se hará cuando llegue el momento. Pero las semillas fueron sembradas. Aquí también; aquí, en Bolivia. Sembraron Tupac Katari y Bartolina Sisa. Lo hizo Zárate Willca y el pueblo combatiente en 1952. Fueron el Che Guevara y los guerrilleros en los años 60 y 70. Fueron los cochabambinos en 2000 y los alteños en 2003.

Es larga la lucha porque al final, según el Pepe, la prolongación de nuestra vida es la prolongación de la lucha del pueblo, y la lucha del pueblo necesita muchos hijos, miles de hijos. Miles de nietos que levanten las banderas de esperanza allí donde los hombres y las mujeres aflojan por el dolor y por el peso de la vida, y dando siempre gracias a la v ida que nos ha regalado tanto.

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* – Antonio Peredo Leigue es periodista, senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.