Categoría: Incidencia

El documento en el que manifiestan sus razones para no apoyar la candidatura a la presidencia de Chinchilla, está firmado por algunas de las fundadoras y activistas de las principales organizaciones feministas y de mujeres del país, de organizaciones comunales y gremiales, académicas, artistas y mujeres independientes.

_ “Laura Chinchilla ha expresado públicamente sus reservas en relación con el movimiento y el pensamiento feminista, negando así más de 200 años de lucha por los derechos humanos de las mujeres, que son los que han generado las condiciones que le permiten hoy a ella aspirar a la Presidencia de la República “_, dice el comunicado.

Y agregan que “la candidata presidencial oficialista, Laura Chinchilla, le ha atribuido a su partido conquistas emblemáticas del movimiento de mujeres y feminista internacional y local, invisibilizando las arduas luchas sociales por conquistar derechos y ampliar la ciudadanía que las mujeres hemos librado a lo largo de la historia”.

El movimiento feminista también critica el apoyo incondicional de Chinchilla al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, al que identifican como “la herramienta“ de institucionalización de las políticas neoliberales como políticas de Estado y “que tanta exclusión social, desigualdad y deterioro de las condiciones de vida, en particular de las mujeres, ha generado”.

Las firmantes también reclaman a Chinchilla que en sus declaraciones públicas y a lo largo de su carrera política “nunca ha asumido un compromiso claro y consecuente con la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, por la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ni a favor de la eliminación de las condiciones que generan y reproducen la opresión de género y que atentan contra el logro de la completa emancipación de las mujeres”.

Otra crítica de las feministas a la candidata liberacionista es su falta de autonomía al considerar que “el vínculo político entre Chinchilla y Oscar Arias sólo puede ser calificado como subordinación”.Las feministas concluyen diciendo que “respetamos a Laura Chinchilla, como mujer y como ciudadana, pero no compartimos sus principios ético-políticos, su discurso ni su praxis.

Ella no nos representa y, por lo tanto, no podemos manifestar satisfacción por su candidatura ni apoyar su pretensión de convertirse en la primera mujer presidenta de este país”.

Entre las firmantes del documento están Roxana Arroyo Vargas, Victoria Saxe Fernández, Alda Facio Montejo, Carmen Muñoz Quesada, Montserrat Sagot Rodríguez, Rocío Alfaro Molina, Julia Ardón Morera, Cristina Nogués Civit, Marcia Ugarte Barquero, Heidi Venegas Rojas, Marielos Giralt Bermúdez, Flor de Lis Monestel Corrales, Alicia Gurdián Fernández, Julieta Dobles Yzaguirre, Sila Chanto Quesada, Roxana Reyes Rivas.

Fuente: Informa-tico. com

En septiembre de 2008 Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en incorporar a la Constitución “los derechos de la naturaleza”, codificando así un nuevo sistema jurídico de protección del medio ambiente.

Reflejando creencias y tradiciones de la población indígena de Ecuador, la Constitución declara que la naturaleza “tiene derecho a existir, persistir, mantenerse y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos en la evolución”. Este derecho constitucional “es independiente de la obligación de las personas naturales y jurídicas o del estado de indemnizar a la gente que depende de los sistemas naturales”.

La nueva carta fundamental redefine la relación de la gente con la naturaleza afirmando que ésta no es un objeto para apropiárselo y explotarlo, sino una entidad con derechos que deberá tratarse con igualdad ante la ley.

Mari Margil, directora adjunta del Fondo de Defensa Legal Ambiental, trabajó de cerca durante el último año con miembros de la asamblea constitucional de Ecuador en la elaboración de “los derechos de la naturaleza” legalmente ejecutoriados, que marcan con una línea de agua la trayectoria de la ley ambiental.

El liderazgo de Ecuador en este ámbito puede tener un efecto dominó global. Margil dijo que su organización está ocupada atendiendo llamadas desde países interesados, como Nepal, que actualmente está escribiendo su primera constitución.

Pese a toda la esperanza y progreso tangible que representa el articulado de “los derechos de la naturaleza” en la Constitución de Ecuador, sin embargo surgieron conflictos y contradicciones con las leyes y la realidad política de la tierra. Un defecto fundamental en la Constitución también responde a la negativa de Correa a incluir una cláusula que por mandato libre, anterior e informado asigne consentimiento a las comunidades para el desarrollo de proyectos que afectarían los ecosistemas locales.

“Espero que ellas no luchen”, dijo Margil, refiriéndose a las industrias extractivas transnacionales. “Su pan y mantequilla está basado en su capacidad de tratar a los países y ecosistemas como hoteles baratos. Las corporaciones transnacionales están dependiendo de la devastación del planeta para aumentar sus fondos”.

La nueva Ley Minera de Ecuador, introducida por el propio presidente Rafael Correa y apoyada por las compañías canadienses que explotan la mayoría de las concesiones mineras en ese país, es un testamento al pronóstico de Margil. La Ley Minera permitiría la explotación de metales a gran escala y a cielo abierto en prístinas montañas andinas y en la selva amazónica. Importantes manifestaciones a escala nacional han protestado y acusado a Correa de invitar al desastre social y ambiental, por vender los intereses mineros a empresas a foráneas.

Carlos Zorrilla, director ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de la región ecuatoriana de Intag, quien ha sido un defensor incansable del ambiente contra las corporaciones mineras transnacionales, dijo que mientras la nueva Constitución parece buena en el papel, _“en la práctica invalida los derechos de la naturaleza_” porque los gobiernos, como el de Correa, argumentarán que financiando su proyecto político traerán “bienestar y aliviarán la pobreza”.

Incluso, aunque el presidente ecuatoriano Correa abrace el modelo extractivo de desarrollo económico, la inclusión de “los derechos de la naturaleza” en una constitución nacional fija un precedente inspirador y revolucionario. Si la historia es algún indicador, los ecuatorianos lucharán con éxito por “los derechos de la naturaleza”, con o sin su presidente.

Cuando los ecuatorianos elaboraron y aprobaron la nueva Constitución que otorgó derechos inalienables a la naturaleza, los medios de EEUU ignoraron en gran parte este desarrollo histórico. En el caso del Los Ángeles Times, uno de los pocos grandes diarios que cubrió la noticia, el comité de redacción del periódico trivializó el acontecimiento (Ponen la naturaleza en la constitución de Ecuador, 09/02/08), sugiriendo que sonaba “como a un truco del Ayuntamiento de San Francisco” y que eso parecía_ “loco”._

_“Mientras alrededor del mundo colapsan los sistemas ecológicos, necesitamos cambiar fundamentalmente nuestra relación con la naturaleza. Esto requiere cambios en la ley y cultura y, en última instancia, nuestro comportamiento como parte de la naturaleza_”, dijo Mari Margil, directora adjunta del Fondo de Defensa, quien está decepcionada de cómo los medios de EEUU ignoraron en gran parte la noticia.

En Ecuador, a la hora del voto constitucional, hubo optimismo sobre cómo las cláusulas de “los derechos de la naturaleza” transformarían la política. “Así como estos progresos fueron emocionantes, también fue inevitable que la gente en el poder encontrara maneras de eludir, minar e ignorar esos derechos”, dijo Carlos Zorrilla, director ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de Intag.

Según Zorrilla, la mayor decepción ha sido la nueva ley de minería del presidente Rafael Correa.

“La ley ofrece escapatorias a ‘los derechos de la naturaleza’ y las ensancha de manera que los motores gigantes de la suciedad puedan conducirse fácilmente a través suyo”, dijo Zorrilla, quien ha estado trabajando con comunidades de la región ecuatoriana de Intag para resistir la minería y promover el desarrollo sustentable. “Para mencionar un par de ejemplos, la ley no prohíbe la explotación minera en grande en los hábitats que albergan a especies en peligro, ni tampoco la descarga de metales pesados en ríos y corrientes”.

Los líderes indígenas respondieron introduciendo un pleito ante el Tribunal Constitucional de Ecuador en marzo de 2009, intentando volcar la ley de minería, que creen inconstitucional. El artículo 1º de las cláusulas “derechos de la naturaleza” indica: “Cada persona, gente, comunidad o nacionalidad, podrá exigir el reconocimiento de derechos de la naturaleza ante los organismos públicos. La aplicación e interpretación de estos derechos seguirán los principios relacionados establecidos en la Constitución”.

Sin observar las luchas en desarrollo por asegurar la preservación de los verdaderos significados y alcances de la Constitución, el Dr. Mario Melo, un abogado especializado en legislación ambiental y derechos humanos y consejero de la Fundación Pachamama-Ecuador, cree que las cláusulas de la naturaleza que reflejan las tradiciones de los pueblos indígenas podrían ofrecer una trayectoria para un futuro ecológicamente sostenible.

“Considero que el reconocimiento de “los derechos de la naturaleza” como un progreso a escala global merece difusión universal para que sea comentado como una contribución de Ecuador a la búsqueda de nuevas maneras de hacer frente a la crisis ambiental debido al cambio de clima”.

Debemos continuar monitoreando y aprendiendo sobre las luchas de los movimientos sociales y del gobierno ecuatoriano por mantener “los derechos de la naturaleza” y crear un muevo modelo de desarrollo que coloque a los seres humanos como parte interdependiente de la naturaleza, todavía dominada por sus explotadores.

Fuentes:
Upside Down World, 25 de septiembre de 2008, “Ecuador’s Constitution Gives Rights to Nature”, por Cyril Mychalejko.
Estudiante investigador: Chelsea Davis
Evaluador académico: Elaine Wellin, Ph.D., Sonoma State University

* UPSIDE DOWN WORLD
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Mientras, su homólogo católico de Caguas, Rubén González, subrayaba la indignación expresada debido a decisiones tomadas por el gobierno sin contar con el pueblo.

A veces se nos olvida que la hermosa isla del Caribe oriental, cuyos habitantes originarios llamaban Borinquen, es sangre y carne de América Latina. Patria de Antonio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, Pedro Albizu Campos y Filiberto Ojeda Ríos, que hizo escribir a José Martí en los Estatutos del Partido Revolucionario Cubano: Se funda… para luchar por la independencia de Cuba y coadyuvar a la de Puerto Rico.

Borinquen no ha dejado de luchar un día por su libertad, primero del coloniaje español y luego del estadunidense, ni ha estado al margen de las batallas latinoamericanas contra las políticas neoliberales. De hecho, una gran coalición de fuerzas sociales de la isla libra hoy un combate frontal contra las feroces medidas de ese corte del gobernador anexionista/bushista Luis Fortuño, quien ha echado a la calle a más de 20 mil empleados públicos. Los planes de Fortuño –doblemente repudiado pues en la campaña electoral se comprometió a no despedir a ningún servidor público– desmantelarían numerosas agencias del gobierno, en especial aquellas que tienen que ver con la educación, la cultura, la salud, la asistencia social y los servicios públicos para convertirlas en un negocio del capital privado.

Frente a la arremetida del gobierno y de los grandes grupos económicos, una gran coalición, integrada por la multisectorial Todo Puerto Rico por Puerto Rico, la Coordinadora Sindical y el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha llevó a cabo el paro nacional, que paralizó San Juan y virtualmente todo el país. En San Juan dos grandes marchas que reunieron alrededor de 200 mil personas confluyeron en dos puntos cercanos para fundirse en una después de que contingentes muy diversos por su origen social o profesional recorrieran la ciudad desde distintas direcciones con gran despliegue de ingenio popular. Sindicatos, comunidades, estudiantes, colegios profesionales, desempleados, grupos feministas, líderes religiosos cristianos, intelectuales y artistas, entre ellos Danny Rivera y Andy Montañés. Ese día, desde la ceremonia de los premios MTV latinos el Residente del dúo Calle 13, René González, exhibía una camiseta con la consigna ¡Viva Puerto Rico Libre!, solidarizaba con la marcha y en español castizo (grosero dicen las buenas conciencias) le recordaba la autora de sus días al impopular gobernador Fortuño. Luego escribía en su blog: América Latina no está completa sin Puerto Rico y Puerto Rico no es libre. El paro fue convocado por una marcha/Asamblea del Pueblo reunida el 5 de junio frente al Capitolio de San Juan, en lo que parece haber sido una expresión precursora de parlamentarismo de calle, y según la opinión de sus organizadores es el preámbulo de una serie de acciones de protesta y resistencia civil pacífica que desembocarán en la huelga general del pueblo, aunque no solo. En palabras de Luis Peraza, vocero de la Coordinadora Sindical y del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, más allá del paro está la creación de conciencia para que el pueblo reconozca el poder que tiene para cambiar las cosas.

El antecedente más importante de esta nueva etapa de lucha en Puerto Rico es la ejemplar brega por sacar a la marina yanqui de Vieques, un referente para América Latina ahora que Estados Unidos está instalando bases militares en países con gobiernos serviles como Colombia y Panamá, que entre otros objetivos persiguen cercar a la revolución bolivariana. El rechazo a las bárbaras medidas de Fortuño –como entonces la lucha por Vieques– ha tenido la virtud de unir un concierto de voluntades muy diverso y plural de sectores que usualmente han permanecido alejados entre sí o ajenos a la batalla social En opinión del periodista y académico independentista Carlos Rivera, La insurgencia civil es… sobre todo… construcción en torno a valores, experiencias… e instituciones comunes que representan ese otro Puerto Rico que va naciendo… a partir de sus diversas articulaciones… ya se asoma potencialmente ese pueblo que soberana y democráticamente decida tomar control de su destino…

Fuente: La Jornada, México 2210

Lea también: El Uruguay de Pepe Mujica
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ALAI AMLATINA, 22/10/2009.- A diferencia de países como Bolivia y Argentina, donde la cultura popular del abajo siempre tuvo una fuerte impronta que marcó a fuego la historia reciente, en Uruguay desde comienzos del siglo XX se impuso un modo poco estridente, pacato y medido de expresar las opiniones y movilizaciones de los sectores populares. Algunos han llamado “institucionalización” a esa cultura, en tanto otros han hecho hincapié en el predominio de una cultura política “amortiguadora” como forma de explicar las particulares configuraciones de un país donde las capas medias no sólo han sido cuantitativamente importantes, sino que pronto se convirtieron en referencia obligada para el conjunto de la sociedad. En este país, tener mucho está mal visto; mostrarlo supone un castigo social inevitable. De modo que los de arriba han sido desde hace mucho tiempo timoratos a la hora de alardear su riqueza. Y los de abajo, en contrapartida, siempre mostraron una tendencia a no considerarse como pobres sino como clases medias.

Dicho de otro modo, en Uruguay nunca existió una oligarquía, o sea una clase que siendo económicamente dominante sea a la vez políticamente gobernante. Ese dato crucial, hizo posible no sólo que surgiera una elite encargada de administrar la cosa pública sin relación material directa con la burguesía, sino que los de abajo tuvieran la capacidad de influir en ese sector. El batllismo fue la expresión política más acabada de esa estructura socio-política que diferenció al Uruguay al punto de convertirse, mas en el imaginario que en la realidad, en la Suiza de América.

José Mujica aspira a hacer batllismo desde el gobierno. O sea, a implementar modos de conciliación de clases, en la tradición de la política que impregna a todos los partidos uruguayos. Sin embargo, lo que lo diferencia del resto de los candidatos –tanto de derecha como de izquierda- es que, al decir de un político, es el político más parecido al uruguayo medio. En Mujica se siente reflejados los pobres de la ciudad y del campo, pero también una parte considerable de las clases medias que han trabajado duro para forjar o sostener su condición, en un período en que el ascenso social está vedado para las mayorías.

El indudable fervor que recoge Mujica no deviene de un programa de gobierno. Está influido, eso sí, por la gestión de Tabaré Vázquez que, guste o no, ha realizado una gestión considerablemente mejor que los gobiernos anteriores, cuestión no demasiado difícil por cierto. El apoyo a Mujica tiene una buena dosis de identificación afectiva con el candidato, lo que supone fidelidades mucho más sólidas y duraderas que los apoyos de carácter racional. Este es un primer cambio, de larga duración en la política uruguaya.

El triunfo de Mujica frente a Astori en las internas de junio, pese a que el ex ministro de Economía contaba con el apoyo de Vázquez y de los medios, fue la victoria de un estilo de hacer política, pero mirado desde la gente supuso una evidente identificación con un pasado, y un presente, de hacer política pegado a la gente. O, por lo menos, esa es la percepción de buena parte de quienes lo apoyan.

Algunos dirán “populismo”, pero se equivocan. El vocablo nubla la comprensión, impide ver la realidad, la enjuicio en base a consideraciones desde arriba que suponen que el caudillo puede modelar la realidad social y cultural a su antojo. No. La irrupción de Mujica en la política uruguaya, a mediados de la década de 1990, supuso un aire fresco en un sistema que pedía a gritos algún tipo de renovación. De hecho, los principales políticos en el Uruguay pos dictadura fueron los mismos que diez o quince años antes. Cero renovación.

Por último, hay que mirar no hacia el estrado sino hacia la calle, hacia la gente, para comprender lo que está sucediendo en Uruguay. La novedad mayor de esta campaña es que las extensas estructuras políticas del Frente Amplio, cientos de comités de base que llegan a todos los barrios y todos los rincones del país, han sido neutralizadas por iniciativas espontáneas, por convocatorios a través de Internet y celulares sin pasar por las lentas y pesadas orgánicas. Los grandes actos siguieron siendo importantes, pero la novedad vino de ese tipo de convocatorias inesperadas que algunos dirigentes atentos como Mújica supieron cazar al vuelo.

Por otro lado, mirando la calle pueden verse –como siempre- una abrumadora mayoría de clases medias apoyando al candidato del Frente Amplio. Pero esas clases medias no son las mismas que fundaron la coalición de izquierda casi cuatro décadas atrás. Se empobrecieron, sus hijos y amigos emigraron, dejaron de soñar con la Suiza de América y en ganar campeonatos de fútbol. De alguna manera, se hicieron algo más plebeyas, lo suficiente como para apoyar a un candidato que encarna un modo no tan tradicional de hacer política.

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* – Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.

ALAI AMLATINA, 21/10/2009.- El bloqueo es ilegal de acuerdo a los preceptos de la Convención de Viena, aun entre países en guerra, e, invicta durante tanto tiempo la decisión de resistir por parte de los bloqueados, su anacrónica aplicación únicamente obedece al sentimiento de odio y venganza que el gobierno imperialista profesa hacia el pueblo libre y soberano que, hace más de cincuenta años, decidió tomar las riendas de su propio destino.

Concebido casi desde el mismo triunfo de la Revolución, su primario objetivo era el de causar hambre y sufrimiento a la población cubana, para que ésta reaccionara contra su propio gobierno y, desesperada, reclamara ayuda precisamente a sus verdugos; como si los revolucionarios de la Isla fuesen bobos y desconocieran la verdadera procedencia de los males que despiadadamente les han golpeado durante todos estos años.

Desposeídos de sus perversos privilegios en tierra ajena, los imperialistas yanquis pensaron que, al igual que en ridículas películas Hollywoodenses, aún podían escribir un nuevo guión que les permitiera materializar sus parásitas ambiciones. Pero se equivocaron, porque Cuba ya había decidido revolucionar el podrido sistema sociopolítico existente hasta 1959, y la valiente decisión no fue el capricho temporal de un puñado de locos, sino la legítima y acertada determinación de todo un pueblo.

Pasado un tiempo, los imperialistas se dieron perfecta cuenta de que con el bloqueo causaban daño infinito al rebelde pueblo cubano, pero también llegaron a la conclusión de que, por inhumana que fuera, su obcecada política jamás serviría para rendirlo. En cualquier caso, lejos de derogarlo, decidieron mantenerlo y endurecerlo hasta límites insospechados –William Clinton, por ejemplo, llegó a afirmar que el bloqueo es “un tonto y fallido acto de proxenetismo”, pero no lo eliminó, sino que en 1996 firmó la Ley Helms-Burton; Lawrence Wilkerson, quien fuera Jefe de Despacho (2002-2005) del ex Secretario de Estado, Colin Powell, expresó que “el embargo es un fracaso total a un gran costo para el pueblo de Cuba y el pueblo de Estados Unidos”; y el propio Obama, cuando era Senador Estatal por Illinois, en 2004, opinó que se debía “terminar el embargo contra Cuba” porque “había fracasado absolutamente”-. A día de hoy, pues, el duro castigo que desde hace cinco décadas todavía mantienen contra Cuba, no puede obedecer a la esperanza de que aún puedan “recuperarla”, sino al sentimiento de odio y venganza, ya mencionado unas líneas más arriba, de un imperio que, decadente, se siente humillado y herido por no haber podido doblegar al pequeño país que, durante casi sesenta años y siempre mediante la fuerza, mantuvo a sus pies.

Este heroico pueblo con su admirable comportamiento ha sido –y es- ejemplo vivo para los pueblos oprimidos, no sólo de América sino de todo el mundo. Grandísimo “pecado” que un imperio tan dañino y orgulloso jamás podrá “perdonar”. Ante la inutilidad de esperar un “indulto” por parte de gente tan despreciable, el pueblo cubano sabe que sólo cabe continuar con la lucha, acrecentándola en la medida de lo posible. Y es que la población revolucionaria conoce muy bien las palabras que Antonio Maceo –hoy todavía vigentes- escribió el 14 de julio de 1896: “La libertad se conquista con el filo del machete, no se pide: mendigar derechos es propio de cobardes incapaces de ejercitarlos. Tampoco espero nada de los [norte]americanos: todo debemos fiarlo a nuestros esfuerzos; mejor es subir o caer sin ayuda que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso”.

Cuba no está sola en su empeño, sin embargo –aunque no todos los apoyos que reciba podrán considerarse provenientes de gobiernos realmente amigos, se verá claramente el próximo día 28-. Cuba no estará nunca sola en su reclamo de justicia por infinidad de razones, pero fundamentalmente por dos de ellas: las humildes semillas de su política internacionalista hoy son plantas vigorosas solidamente enraizadas en numerosos países del mundo; y la segunda razón –asociada de alguna manera a la primera- es que la defensa de Cuba revolucionaria es imprescindible para cualquier pueblo deseoso y necesitado de emancipación, ¡y desgraciadamente son tantos los ultrajados y oprimidos!

El genocida bloqueo ha privado a Cuba de más de 96.000 millones de dólares en todos estos años, cifra que llegaría a 236.221 millones si el cálculo fuera realizado a los precios actuales del dólar; y si le añadiéramos los gastos generados por los innumerables actos de terrorismo perpetrados por la contrarrevolución y la invasión mercenaria de Playa Girón estaríamos refiriéndonos a más de 300.000 millones dólares. Un monto económico muy importante que, bien gestionado, podía haber evitado el ingente sufrimiento causado por diez presidentes yanquis a los habitantes de la Isla irredenta. La cuestión ahora es si Obama se sumará a la siniestra lista al cabo de su mandato, o será, durante el mismo –o los mismos-, quien finalmente rompa con la estúpida costumbre. De momento, a pesar de su pretendida buena disposición y bajo el ridículo argumento de obrar “en el interés nacional de Estados Unidos”, el pasado 11 de septiembre renovó las sanciones.

A los que de manera intencionada tergiversan la realidad, culpando al socialismo cubano y a su Dirección de unos males claramente provocados por el imperio, no les diré nada, ni siquiera me molestaré en mostrarles el más grande de los desprecios. Para los escépticos sin malicia, que lamentablemente todavía quedan en demasía, he aquí algunos ilustrativos ejemplos que, en forma de grandes carteles y para todo aquel que quiera leerlos, se muestran visibles en diferentes lugares de la Isla: Un día de bloqueo equivale a 139 ómnibus urbanos; una semana a 48 locomotoras; tres semanas a los materiales para terminar la autopista nacional de Cuba; cinco minutos a los materiales para construir una vivienda de dos cuartos; tres días de bloqueo equivalen a la impresión de todos los libros de texto de un curso escolar; tres días a los lápices, libretas y demás materiales docentes de un curso escolar en Cuba; dos horas a todas las máquinas braille que se necesitan en toda la Isla; cinco horas de bloqueo equivalen a los dializadores anuales para todos los pacientes; doce horas a toda la insulina anual necesaria para los 60.000 pacientes de Cuba… Y podríamos seguir, ya que la lista es interminable, pero no creo que sea necesario.

El próximo día 28, más de 180 países exigirán al imperio norteamericano el cese del bloqueo contra Cuba. Consolidada tan importante demanda y para que ésta sea realmente efectiva, quizá haya que exigirles nuevos pasos a sus respectivos gobiernos, si quieren que la postura que el miércoles adopten sea del todo creíble.

La Carta Magna de Naciones Unidas no contempla ningún derecho a veto, ya que no menciona para nada la regulación del Consejo de Seguridad. En todo caso, lo que determina es la igualdad –siempre inexistente- de todas las naciones, y, además, prohíbe el uso de la fuerza militar a no ser que vaya en interés de todos los países miembros.

Urge una transformación radical de la ONU; su democratización es imprescindible si no se quiere que el sentir mayoritario de la organización caiga siempre en el cubo de la basura. No se debe aceptar de ninguna manera que un solo país pueda quebrantar la voluntad de todos los demás –el pasado año 185 votaron contra el bloqueo y 3, uno de ellos con derecho a veto, a favor de mantenerlo-. Con todo, la del miércoles será una victoria importante para Cuba.