Categoría: Incidencia

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS ­ COLOMBIA.

Declaración Final
XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ
Bogotá 10, 11 y 12 de septiembre de 2009

Los 920 delegados, provenientes de diversas regiones y sectores del país luego de realizar trece foros regionales preparatorios, en un ambiente pluralista y democrático nos hemos reunido en este XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ, en la ciudad de Bogotá, y hemos decidido unánimemente declarar ente la comunidad nacional e internacional que:

1. Colombia atraviesa hoy por la mayor crisis humanitaria conocida en su historia, la cual se expresa con la más alta tasa de desplazamiento del mundo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades inermes junto con las demás transgresiones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos.

2. La implementación en Colombia de siete bases militares norteamericanas, en áreas de influencia paramilitar, junto con la puesta en marcha de la IV Flota Naval Norteamericana determina la profundización de la confrontación interna, constituyendo uno de los mayores peligros para la paz regional. La estrategia de militarización de la región afecta la soberanía nacional y el proceso de cambios democráticos que vive América Latina y el Caribe, todo lo cual tiene como objeto el aseguramiento geoestratégico y la apropiación de nuestros recursos naturales. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS rechaza la presencia militar norteamericana en el país porque conllevará a la profundización de la crisis de derechos humanos en la medida que fortalece la guerra como estrategia para la solución del conflicto social y armado.

3. Rechazamos la doble moral del gobierno de los EE.UU., que al tiempo que expresa preocupación por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales y el espionaje del DAS, su Departamento de Estado certifica en derechos humanos al gobierno de Colombia soslayando las crecientes denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales (³falsos positivos²), desplazamientos, detenciones arbitrarias y otros crímenes de Estado.

4. La estrategia global de guerra del militarismo norteamericano del cual el régimen colombiano representa su mejor aliado en esta parte del hemisferio, constituye uno de los mayores peligros para la paz global y los derechos de los pueblos. En nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se justifica el asesinato, la barbarie y el genocidio en contra de pueblos y comunidades enteros con el objeto de apropiar recursos naturales y profundizar la hegemonía cultural y económica del decadente modelo de acumulación imperialista.

5. La actual crisis económica no es ajena a la situación colombiana y a los derechos humanos, a pesar de las falacias de prosperidad presentadas por la política económica del gobierno colombiano, se agudizan hoy más los factores estructurales que mantienen vivo el conflicto colombiano. Las cooperativas de trabajo asociado, el salario en condiciones indignas, el desempleo, subempleo, las exenciones al gran capital, el cierre y privatización masiva de universidades y hospitales; las familias guardabosques, la implementación de zonas francas, las enormes cargas tributarias constituyen la base y la estrategia con la cual el gran capital pretende superar la verdadera hecatombe del gobierno de Álvaro Uribe, la crisis económica. Continuaremos rechazando la aprobación de los TLC, con los EE.UU., la comunidad Europea y Canadá.

6. Nos solidarizamos con las víctimas y rechazamos la agresión y genocidio contra el movimiento indígena, el campesinado colombiano, el movimiento social y sindical, el cual durante los gobiernos de Uribe ha tenido más de 575 ejecuciones extrajudiciales, 14.000 asesinatos de carácter político entre los años 2002 y 2008, 1.700 colombianos ejecutados extrajudicialmente presentados por el Ejército Colombiano como guerrilleros dados de baja en combate, fenómeno que refleja la verdadera intención por parte de la política de ³seguridad y defensa democrática². La llamada desmovilización paramilitar y sus marcos legales legitimadores, como la ley 975 de 2005 han sido un completo fracaso. La extradición de los jefes del paramilitarismo confirma la intención del gobierno de evitar que se conozca la verdad e impedir la aplicación de los estándares universales de justicia y reparación respecto de los derechos de las víctimas. Denunciamos la impunidad generalizada frente a la crisis humanitaria que vive la población.

7. Denunciamos la permanencia del paramilitarismo como estrategia del Estado Colombiano; son conocidas las constantes acciones y amenazas que han conllevado al desplazamiento y eliminación física de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y populares. Llamamos la atención respecto de la doble confrontación en contra de jóvenes inermes e indefensos por parte de la política de seguridad democrática y del paramilitarismo que además de promover la estigmatización profundiza las constantes amenazas a través de panfletos amenazantes y toques de queda con el fin de profundizar su control político y territorial.

8. La posibilidad de la segunda reelección del gobierno de Álvaro Uribe a través de la iniciativa del referendo aprobado recientemente por el Parlamento Colombiano representa un grave retroceso para la democratización de la sociedad y la solución negociada del conflicto; el mismo órgano legislativo que aprobó esta iniciativa se encuentra acusado por estar controlado en un 30 % por parte de grupos paramilitares, con más de 45 congresistas en la cárcel y 80 más vinculados por crímenes cometidos por estos grupos. La lucha contra el referendo debe convocar las salidas pacificas, la lucha por un nuevo poder alternativo y democrático que haga frente al proyecto guerrerista e inaceptable del Presidente Uribe.

9. La necesidad de un Acuerdo Humanitario es urgente por parte de las fuerzas democráticas en contra del embrujo guerrerista que pretende el rescate militar a sangre y fuego de los secuestrados y retenidos por parte de la insurgencia colombiana. Por otro lado el actual gobierno profundiza la criminalización y judicialización a dirigentes sociales y populares, al mismo tiempo que desconoce la justeza del carácter político del delito de rebelión. El XI Foro Nacional por los Derechos Humanos, exige la libertad inmediata de los secuestrados y retenidos en las selvas colombianas, de los miles de luchadores y presos políticos y de conciencia que se encuentran en las cárceles colombianas.

10. Saludamos la presencia histórica y activa de los afro-colombianos, población LGTB, indígenas y demás minorías víctimas de la discriminación y la violencia. Nos solidarizamos con la lucha por sus reivindicaciones. El XI Foro Nacional se compromete de manera activa con sus iniciativas y acciones tendientes a visualizar este tipo de violencia y posicionar sus derechos, que son también nuestros derechos, en una agenda de lucha en contra de la discriminación en todas sus formas.

11. Ratifica en el actual contexto la necesidad de la búsqueda de una salida política y negociada al actual conflicto armado que vive el país, e invita a la Gran Coalición Democrática, a la Cumbre Social y Política, a Colombianos y Colombianas por la Paz, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a las Plataformas de Derechos Humanos, a las comunidades de indígenas y afrodescendientes, a las mujeres y los jóvenes, a los diversos sectores políticos democráticos y al conjunto de la sociedad colombiana, a realizar esfuerzos conjuntos para superar tendencias de dispersión en la lucha y desarrollar en las calles y plazas un movimiento amplio, unitario por la paz democrática que vincule e invite a tod@s los sectores de la sociedad colombiana por la posibilidad de un cambio democrático y la construcción del Estado Social de Derecho.

12. El XI Foro expresa su solidaridad con las Organizaciones Populares, Defensores de Derechos Humanos, Sindicalistas, Magistrados, Periodistas y Líderes de la Oposición, objeto de espionaje Estatal e interceptaciones telefónicas, perseguidos por los agencias de inteligencia del Palacio de Nariño y exige de los órganos de justicia y control la más rápida investigación y sanción a los responsables.

PROPONEMOS:

1. Impulsar la más amplia agenda de movilización social y popular en todos los niveles con el fin de concientizar al conjunto de la sociedad colombiana en favor de los cambios democráticos, la plena vigencia y respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las jornadas de movilización son:

– 23 de septiembre de 2009, por los Estatales y FECODE. – 7 de octubre por el trabajo digno. – 14 de octubre Paro Nacional e inicio del Paro Nacional de FECODE.

2. Movilización por los derechos humanos y la paz 10 de diciembre de 2009.

3. Emprender en forma unitaria y a la mayor brevedad las acciones jurídicas, políticas y sociales que sean necesarias para enfrentar el referendo reeleccionista ilegítimo.

4. Invitar al conjunto de la sociedad colombiana a vincularse en la iniciativa de la PAPELETA POR LA PAZ, impulsada por la Senadora Piedad Córdoba y demás actividades por el acuerdo humanitario como el mandato por la paz.

5. Exigir al Estado Colombiano facilitar el Acuerdo Humanitario , así como también la amnistía de todos los presos políticos y de conciencia como instrumento dinamizador de la democratización del país.

6. Regular mediante Ley Estatutaria el derecho fundamental del HABEAS DATA para archivos de inteligencia militar, policía y civil con el objeto especial de que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y de oposición, puedan controvertir y depurar la información errática sobre sus actividades legítimas que están poniendo en riesgo su vida e integridad personal.

7. Proponer octubre de 2009, articulada con la MINGA SOCIAL E INDIGENA, como fecha para el inicio de campañas, movilizaciones, foros, conciertos, encuentros y conferencias en contra de la presencia de las siete bases militares en Colombia.

8. Crear un observatorio de monitoreo y seguimiento a la presencia militar norteamericana en Colombia, en especial sobre las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Arauca; las bases navales de Malambo y Cartagena, sobre el Caribe, y de Málaga en el Pacifico, lo mismo que las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y Larandia

9. El XI Foro se compromete a contribuir en la conformación del Capítulo Colombia del Consejo Mundial por la Paz, el cual debe hacer parte del movimiento global contra la guerra y el militarismo.

10. Invitar a los capítulos regionales y locales del CPDH, con criterio de amplitud y pluralidad, a fortalecer nuestra presencia en el movimiento por la paz, la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral.

11. El XI FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS, invita a elevar la organización y unidad de las víctimas de crímenes de Estado así como fortalecer el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Coordinación de Víctimas del Genocidio contra de la Unión Patriótica.

12. Vincularse activamente en la solidaridad con los pueblos
agredidos, especialmente con el pueblo de Honduras sometido a un régimen de facto. Exigimos la libertad de los cinco patriotas cubanos detenidos arbitrariamente en los EE.UU.

EXIGIMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LAS BASES MILITARES NORTEAMERICANAS.

¡¡SOLUCION NEGOCIADA Y POLITICA DEL CONFLICTO INTERNO !!

LA REELECCION RESTRINGE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS,

¡¡EXIGIMOS APERTURA A LA DEMOCRACIA!!

¡¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION!!

Bogotá, 12 de septiembre de 2009

El Frente Nacional de Comunidades Costeras Amenazadas por Políticas de Extinción, hace invitación para el lunes 21 de setiembre, a las 10:00 a.m., en el Auditorio de la Asamblea Legislativa.

Los y las pobladoras de las comunidades costeras, nos sentiremos muy complacidas con su presencia, en el foro de discusión del Proyecto de Ley de los Territorios Costeros.

El evento se llevará a cabo en la Antigua Capilla de Sión, en el edificio de la Asamblea Legislativa, a las 10:00 del día 21 de setiembre del 2009.

Hay grandes intereses económicos, de empresas llamadas “desarrolladoras” que están impulsando las políticas de desalojo que sufren las comunidades costeras del país.

Urge detener esos desalojos en resguardo de la Paz y la Justicia Social en Costa Rica.

La Ley de los Territorios Costeros Comunitarios, ofrece una propuesta integral, que aborda muchos aspectos indispensables para promover el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades costeras y pesqueras así como asegurar el libre disfrute de nuestras playas.

Este proyecto de ley es el resultado del trabajo, la deliberación y la creación colectiva de hombres y mujeres de más de 53 comunidades costeras, pesqueras e isleñas agrupadas en el Frente Nacional de Comunidades Afectadas por Políticas de Extinción.

Un grito de dignidad recorre las costas de nuestro país.
Por fin ha llegado la hora de hacer justicia a las y los pobladores de nuestras zonas costeras.

Urgimos su apoyo con su presencia, en el Foro del 21 de setiembre.
¡Que los y las diputadas comprueben que todo Costa Rica, reclama un modelo de desarrollo a la tica!

En Paz y con Justicia Social.

Ciudad Quesada, 13 de setiembre 2009

(Si desean descargar la versión con fotos aquí http://twitdoc.com/c/g6dwkk)

Cerca de las 9:30 alguien dijo que los magistrados estaban en el salón comunal, a lo que corrimos presurosos, en el tanto no sabíamos dónde era el inicio de la inspección, porque en las notificaciones solamente decía Coopevega a las 10 am. Llegamos al salón y acaban de salir, un vecino nos dijo que “andaban viendo unas fincas”, 15 minutos después llegaron y tras nuestra insistencia decidieron acreditar las personas ahí mismo. Incluso hubo un pulso para acreditar a Otto Méndez, presidente y representante legal de UNOVIDA.

En total, logramos acreditar unas 10 personas, pues la notificación decía recurrente y asesor legal, no se nos permitió acreditar asesores técnicos, sin embargo durante todo el recorrido hubo abundancia de personal técnico de la minera.

Se estaba terminando la acreditación cerca de las 10 am, cuando nos dimos cuenta los magistrados se habían ido, y alguien por ahí nos dijo: van para la sala de cómputo, que no se nos indicó ni dónde estábamos… así que de nuevo a correr detrás, a tratar de llegar al lugar, muchos de las y los compañeros no lograron llegar ni observar la inspección ni hacer las indicaciones que nos parecían pertinentes que quedasen consignadas en el acta.

Le solicitamos al la magistrada Calzada y al magistrado Mora que por favor se nos indicara la ruta y el itinerario de la visita, a los solamente nos indicaron que íbamos para el punto número 9 – ¿y los otros 7? – Pregunté yo, la respuesta fue el silencio… y ¡corra a abordar los carros porque vamos o nos dejan botados!

Así que abordamos los autos y llegamos a la intersección donde se unen la calle pública que va a Crucitas y la calle que hizo la minera. Ahí nos bajaron de los autos y nos dijeron que teníamos que caminar, que solamente 4 carros iban a entrar porque dentro no había donde dar vuelta (cosa que es totalmente falsa). De esta manera caminamos cerca de 2 Km, a medio día, hasta llegar a donde estaban los magistrados, la gente de Setena y los mineros. Hasta con el ganado se es más benevolente…

Evidentemente ya tenían cerca de 20 minutos o más de estar ahí, sin nosotros.

Entonces pedimos un momento para reunirnos, y fue donde decidimos interponer un Habeas corpus ante los magistrados presentes que quedó en el acta, en el tanto nos habían impedido circular por un camino público con nuestros vehículos, hasta plantear en algún momento que si las condiciones seguían así, era mejor cancelar la visita, a lo que el magistrado Mora reaccionó molesto y la magistrada Calzada guardó silencio, hasta que se dirigieron a deliberar y al regreso nos lo acogieron.

El diputado Merino también manifestó su descontento, pues no le fue posible acreditar su abogado José María Villalta, pues los encargados le pusieron a escoger entre el abogado y el biólogo Javier Baltodano, el otro técnico, Gabriel Rivas tampoco pudo ingresar. Así como también los técnicos que UNOVIDA había acreditado en el expediente.

Al regreso, las y los compañeros que caminaban, decidieron, en un acto de dignidad, caminar a su ritmo por media calle, impidiendo cuando menos que los magistrados se adelantaran nuevamente a llegar al siguiente punto de inspección sin nosotros, a lo que nuevamente don Luis Paulino Mora reaccionó molesto, increpando a los compañeros y amenazando con cancelar la inspección y doña Ana Virginia Calzada, guardó silencio.

Dejaron, al final, el paso libre porque algunas personas sufrimos problemas de salud por el sol y la alta temperatura que había en ese momento, en cuenta la bióloga Yamileth Astorga, recurrente y la diputada Lesvia Villalobos, persona adulta mayor, por lo tanto necesitábamos pasar para ser atendidas por la Cruz Roja que quedó también en la salida.

¡¡Si la intensión NO fue desgastarnos desde el principio… lo disimularon muy bien!!

El papel del Ministro de ambiente, energía y telecomunicaciones fue de bajo perfil, como si no existiera, pero a partir de este primer regreso, siguió todo el resto del trayecto en el vehículo de la empresa. Lo cual me parece sumamente vergonzoso.

No así el protagonismo del “abogado del poder ejecutivo” Fabián Volio, quien no solo había participado en un programa de radio defendiendo el proyecto, … y no solo en la radio si no en persona parecía más bien ¡¡abogado de la minera!!

Luego, mi compañero Edgardo Araya de UNOVIDA solicitó que fuésemos a ver los puentes que se habían construido sin permiso, a lo que el magistrado Mora accedió y le dijo que se fuera adelante para guiar… ¡Cuál fue nuestra sorpresa cuando él junto con Jorge Mora, mi asesor legal, se fueron a los puentes y el resto de la caravana entró por un portón, el cual cerraron nuevamente a unos pocos carros e hicieron a los compañeros y compañeras ingresar de nuevo aproximadamente 1 Km hasta el cerro Fortuna.

El resultado de esta maniobra fue que, nuevamente, nuestros asesores llegaran tarde a la inspección y no quedara consignada nuestra observación con respecto al bosque y la tala.

La respuesta vergonzosa del magistrado Mora ante nuestro reclamo: – Ahí estaba un abogado de ustedes, pregúntenle para que vean que no conversamos nada, ya que le creen más a él…

Luego seguimos hacia el vivero, donde tuvimos que esperarlos cerca de media hora porque “andaban en el baño”…

Una vez dentro, observamos en el vivero que las especies que estaban ahí no correspondían ni en un 25% a las especies del bosque, dada la alta biodiversidad de la zona, pero al tratar de hacer consignar eso, callaron al biólogo Javier Baltodano, único técnico en todo el equipo; sin embargo a la regente ambiental, sí le permitieron dar toda la explicación… digo…, le preguntaron.

Lo mismo sucedió en la bodega del cianuro, cuando quisimos consignar la distancia que había entre la bodega y el río San Juan, y que ahí nacía la quebrada que daba al río Infiernillo, medida por un GPS, ya se habían ido a ver el siguiente punto, donde también quisimos ofrecer algunas observaciones pero solamente la empresa pudo… digo, solamente le preguntaron a la empresa…

Luego de eso fuimos a ver la escuela de Crucitas, donde los niños y las niñas estaban esperándonos, pero donde tampoco nos dieron tiempo de consignar la forma en que se abastece de agua la escuela: Mediante un pozo… ¿de dónde sale el agua de ese pozo? Posiblemente del acuífero que ellos dicen que no sirve para nada….

Curiosa la placa de la escuela, ¿No?

Después visitamos un par de nidos de lapa que hay en la finca de don Alfredo Arias

Pero el colmo de la humillación e indignación surgió cuando la magistrada Calzada y el magistrado Mora, ofrecieron una conferencia de prensa, no solamente en las instalaciones de la minera si no también rodeados de signos externos, incluso con una camiseta de la misma al frente de las mesas, de cara a los medios de comunicación presentes, haciendo caso omiso de nuestra advertencia.

Posterior a eso, no sabemos si por lástima o por disimular, al fin accedieron a visitar los puentes construidos sin permiso, siendo las 4 pm.
Después de llevar sol, agua, caminar por largas horas, regaños y sufrir humillaciones, volvimos a la casa de don Guillermo Herrera a reunirnos con los demás compañeros, compartir nuestra experiencia con quienes no habían podido entrar y a comer algo…

Como una apreciación personal, me parece que tanto la magistrada Calzada como el magistrado Mora, perdieron toda la perspectiva del papel histórico que en esta ocasión les tocaba asumir. Se olvidaron del título político de su investidura, no solamente como defensores de la Constitución POLÍTICA, o sea, el pacto político entre las y los costarricenses, donde tenemos como derecho fundamental el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no solamente simples trámites legales.

La magistrada Calzada con un perfil bajo, sin decir ni preguntar mucho, sin demostrar la más mínima compasión por el atropello a nuestros derechos de defendernos, no solamente con argumentos legales, técnicos si no también de trato igualitario en el proceso. Y el magistrado Mora, prepotente, insolente, cual Dios del Olimpo, demostrando que algunos ciudadanos son más iguales que otros.

La crónica de lo que vimos, lamentamos y soñamos ese día vendrá después… hasta aquí esta crónica triste, pero llena de dignidad y valor: nos hicieron sudar, caminar, aguantar hambre, regaños, humillaciones cuales mendigos de la justicia, pero resistimos, así como hemos resistido por 15 años cuando la Placer Dome inició este proyecto de muerte y seguiremos resistiendo y luchando hasta que logremos que Infinito Gold le devuelva el nombre a Crucitas, se vaya del pueblo y prohibamos de una vez por todas, la explotación de nuestros recursos naturales, mediante industrias tan agresivas como la minería, que es pan para hoy y hambre para mañana.

* Presidenta FECON

Más fotos y videos:
http://picasaweb.google.com/Hmurilloq/VisitaACrucitas
http://picasaweb.google.com/Hmurilloq/VisitasACrucitasII

09 de septiembre de 2009, 23:59

Imagen activaTegucigalpa, 10 sep (PL) La huelga fue convocada el martes último como parte de las acciones de las organizaciones sindicales del Frente Nacional contra el golpe de Estado, en demanda del regreso del presidente Manuel Zelaya.

El Frente programó en esta capital este jueves una nueva manifestación para demandar también la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, en su jornada número 75 consecutiva contra la asonada castrense.

Esa amplia alianza de fuerzas populares y partidos progresistas cumplió ayer una intensa jornada con marchas y caravanas multitudinarias en esta capital y otras importantes ciudades del país.

Apenas terminadas las caminatas en Tegucigalpa y la norteña San Pedro Sula, la segunda urbe de la nación, los opositores volvieron a salir a las calles en ruidosas filas de vehículos.

Corresponsales de la emisora Radio Globo reportaron también la realización de caravanas en departamentos del norte, occidente, sur y oriente de esta nación.

Durante sus protestas, los miembros de la resistencia se oponen también a la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre próximo si son organizadas por el gobierno de facto.

La celebración de caravanas simultáneas en todo el país fue acordada en la primera asamblea nacional del Frente el pasado domingo.

El coordinador general, Juan Barahona, ratificó ayer que las movilizaciones populares no se detendrán hasta lograr la derrota de los golpistas.

Subrayó que tras 74 días, el pueblo sigue su valiente lucha, que lo aproxima a la victoria. El triunfo del pueblo está cerca, dijo.

Estamos construyendo poder popular, desde abajo, desde el pueblo, y eso nos llevará a las transformaciones de Honduras y de las estructuras que nos oprimen, apuntó.

Fuente: Prensa Latina

La respuesta nunca será la guerra, la respuesta siempre será la paz. Estas breves palabras podrían resumir el pensamiento de Carlos Gamarra, diputado a la Asamblea Nacional Venezolana, sobre el conflicto que viven en estos días los países de América del Sur. Conflicto provocado por la firma del convenio entre Estados Unidos y Colombia para la instalación de bases militares del primer país en tierras colombianas.

Junto con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Nelson Pineda, el diputado Gamarra expuso las razones de la oposición a la instalación de estas bases militares, consideradas entrega de territorio y control, a cambio del TLC tan deseado por el Presidente Uribe.

A continuación las exposiciones de ambos políticos venezolanos:

Exposición del Diputado Venezolano Carlos Gamarra

Exposición del Embajador Venezolano Nelson Pineda
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Embajador y diputado venezolano advierten sobre bases en Colombia

Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20090904&ref=04-09-090003

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Costa Rica, Nelson Pineda, y el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Gamarra, advirtieron ayer jueves sobre el peligro de la instalación de seis nuevas bases militares norteamericanas en Colombia, que representarían una amenaza para los gobiernos progresistas de América Latina.

“Se ha dicho que las bases militares servirán para combatir el narcotráfico, pero es claro que el objetivo es intimidar y eventualmente intervenir para detener los procesos democráticos y el cambio que se está produciendo en América Latina en función de los intereses de los pueblos“, aseguró el diputado Gamarra.

Gamarra y Pineda brindaron una conferencia de prensa ayer jueves hacia el mediodía en la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en Rohrmoser.

Gamarra dijo que se desconocen las características que tendrán las nuevas bases, “pues todo se ha manejado de manera secreta y en medio de mucha oscuridad“, pero advirtió que de seguro contarán con los más modernos avances tecnológicos y militares.

“Estados Unidos, como potencia imperial, ha venido perdiendo espacios en el mundo, y en América Latina, entonces esta, la instalación de las bases, es parte de su respuesta para tratar de reconquistar las posiciones perdidas“, afirmó Gamarra.

Plan Colombia fue un fracaso

El embajador Pineda dijo que Estados Unidos inyectaron desde fines de la década anterior alrededor de 7.500 millones de dólares al llamado Plan Colombia de combate al narcotráfico y sin embargo su estrategia fracasó.

De acuerdo con datos oficiales, pese a la inyección millonaria, los niveles de producción de droga se mantienen por encima de las 600 toneladas métricas de cocaína anuales, tan solo 80 toneladas menos que cuando arrancó el plan.

“Ni la producción de cocaína ha disminuido, ni el consumo en Estados Unidos tampoco“, afirmó Pineda.

Pineda y Gamarra indicaron que la nueva pretensión estadounidense de instalar nuevas bases ha sido rechazada por los gobiernos de América Latina, como ocurrió en la reciente cumbre de UNASUR.

Estas son las bases que se pretenden construir:

1. La base Aérea de Apiay en el Departamento del Meta,
2. La base Aérea de Malambo , ubicada en el área metropolitana de Barranquilla,
3. La base Aérea de Palanquero situada en Puerto Salgar Cundinamarca.
4. La base Aérea de Tolemaida , en Melgar Tolima.
5 . La base Naval de Bahía Málaga , en el pacifico colombiano, cerca de Buenaventura
6. La base Naval de Cartagena
Estas se suman a las que ya venían siendo utilizadas por soldados de Estados Unidos:
7. La Base aérea de Tres Esquinas ubicada en el Departamento de Caquetá desde la que ya venían haciendo presencia militares norteamericanos y aviones de control.
8 . La base Aérea Larandida , de en el Departamento de Caquetá.

El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, manifestó que en la carta recibida por el Gobierno, los personeros de Correos informan que se está atravesando una situación muy difícil en el campo financiero, y solicitaron la autorización para que la entidad pueda adquirir un crédito bancario, hasta por ¢1.000 millones.

“La empresa ha tenido una disminución en sus operaciones y transacciones en sus últimos meses, a consecuencia de la crisis mundial y de una reestructuración que se está efectuando al seno de la empresa.

El Consejo de Gobierno consideró las razones expuestas y tomando en cuenta una contención del gasto que la misma ha logrado realizar por cerca de ¢244 millones, autorizó a que se adquiera el préstamo”, indicó Arias Sánchez.

Fuente: Diario Extra
Gerardo Sáenz Valverde
gsaenz@ diarioextra. com

Mucha más información del golpe de Estado en Honduras AQUí
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La medida fue anunciada por el portavoz del organismo, Ian Kelly, luego de la reunión que mantuvieron este viernes Manuel Zelaya y Hillary Clinton.

Kelly señaló que la decisión se debe a la negativa del Gobierno de facto de aceptar el Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Este implica el retorno de Zelaya a su cargo.

A su vez, anunció que Estados Unidos no reconocerá el resultado de las elecciones convocadas para noviembre, por considerar que el proceso se debe realizar “de forma libre, justa y transparente”.

Por último, el portavoz informó que revocarán las visas para entrar al país a todos los funcionarios del Gobierno de facto.

Manuel Zelaya había manifestado este miércoles que esperaba que Estados Unidos condenara duramente al Golpe de Estado.

Fuente: PÚLSAR/TeleSur